Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00162-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00162-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2024-00162-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
Demandados: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y
otros1
Tema: Cosa juzgada constitucional y temeridad/alcance
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 25 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima por
medio de la cual resolvió “[…] RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de
tutela […]”.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Jeimmy Johanna Miranda
Valderrama y Juanita Rincón Roa2, porque, a su juicio, con ocasión a la presunta
contabilización indebida de los términos, lo cual, en particular, dio lugar a
desconocer que “[…] la contestación del IMDRI quedará extemporánea […]”, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 730013333008202100130-00,
vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal para el
Deporte y la Recreación de Ibagué, con el fin de que se declarara administrativa y
extracontractualmente responsables por los perjuicios materiales y morales que le
fueron causados con ocasión al cierre y posterior desalojo de un local comercial
ubicado dentro de las instalaciones del Centro Deportivo de Ibagué.
4. Manifestó que, por reparto le correspondió conocer del proceso mencionado
supra al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
5. Indicó que “[…] en constancia firmada por la señora secretaria del juzgado
octavo administrativo oral del circuito de Ibagué, JEIMMY JOHANA MIRANDA
VALDERRAMA, constancia secretarial del vencimiento del termino (sic) y/o
constancia secretarial del juzgado octavo administrativo de Ibagué de fecha 24 de
febrero de 2022, nos pone de presente un vencimiento hasta las 6 pm en donde
2 Secretarias del Juzgado accionado.
3
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
informa que la entidad accionadas guardo silencio, aquí tenemos una constancia
secretarial que corrió traslado hasta las 6 pm aun cuando en el acuerdo del consejo
de la rama judicial dice que el termino de vencimiento es hasta las 5 pm del día
hábil. […]”3.
6. Sostuvo que, “[…] aquí tenemos que en constancia de fecha 28 de abril de
2022, en dónde la señora secretaria JUANITA RINCON ROA, en dónde corre
términos hasta las 6 de la tarde del día 28 de abril de 2022, aun cuando el acuerdo
CSJ10A30-36 de junio 10 de 2020, violando flagrantemente el debido proceso.
[…]”4.
7. Advirtió que, “[…] en constancia secretarial de fecha 13 de mayo de 2022,
firmado por la señora secretaria del juzgado octavo administrativo oral del circuito
de Ibagué, en dónde en la misma corre traslado y controla términos para que la
parte demandante subsanarla (sic) la demanda términos que corrieron hasta las 6
pm del día 13 de mayo de 2022, violando flagrantemente el debido proceso, y
además violando la circular del consejo seccional de la judicatura acuerdo número,
CSJ TOA 20-36 de junio 10 de 2020. […]”.
8. Adujo que, “[…] tenemos que en contestación hecha por el instituto para la
recreación del deporte de Ibagué, IMDRI, por intermedio del apoderado judicial […]
teniendo en cuenta que el término de los 30 días hábiles otorgados por el despacho
vencieron el día 2 de septiembre de 2022 a las 5:pm, el IMDRI, contesto la demanda
pero no propuso excepciones y además de ello las comunicaciones llegaron a las
5:01 y 5:08 de la tarde del día 2 de septiembre de 2022, quedando las mismas
extemporánea. […]”5.
9. Expuso que, “[…] en memorial de fecha 7 de diciembre de 2022 radicado por
Nuestro apoderado judicial el DR. ENRIQUE HOMEZ VANEGAS en donde se
reitera en el memorial de fecha 30 de septiembre de 2022 que la contestación del
IMDRI quedo (sic) extemporánea además que no propuso excepciones ni de fondo,
ni previas ni de mérito. […]”.
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
5 Transcripción literal del texto.
4
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
10. Advirtió que, “[…] la suscrita en fecha del 20 de septiembre de 2023,
interpuse acción de tutela en contra de la señora juez octavo administrativo de
Ibagué con radicado número 730012333002202300354-00 y como magistrado
ponente el DR. […] quien en sentencia de fecha 5 de octubre de 2023, nego (sic) la
presente acción por el fenómeno de la inmediatez y la subsidieriedad (sic), y no se
tuvo en cuenta los argumentos de la audiencia del día 16 de marzo en dónde mi
apoderado judicial le manifestó que el despacho se había equivocado en la hora de
controlar la hora del termino (sic) ya que no era hasta las seis de la tarde sino hasta
las 5 pm horas que está plasmada en el acuerdo del consejo de la judicatura y el
mismo despacho emitió un concepto de que la hora es hasta las 5 pm del día hábil
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. La actora solicitó en su escrito de tutela6:
“[…] 1. Ruego muy respetuosamente a este despacho judicial que se avoque el
conocimiento de la misma y sea admitida la misma para su estudio.
2. Solicito a su honorable despacho me sea concedida la medida exepcional (sic)
consagrada en el artículo 7 de la ley 2591 de 1991 y sea el proceso objeto de
suspensión mientras se tramita esta tutela.
3.Solicito a esta Honorable Corporación, de manera atenta y respetuosa, TUTELAR
los derechos fundamentales de la suscrita atinentes en el preámbulo de la Carta
política y artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 15, 16, 28, 29, 31, 46, y 51, en conexidad con la
Dignidad humana, Garantía de efectividad de los principios y derechos consagrados
en la Constitución, Primacía de los derechos inalienables de las personas,
Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas civiles, y Derechos
adquiridos conforme a las leyes sociales. Por violar directamente el debido proceso
y el derecho de defensa y los demás derechos indirectamente.
4. que se notifique y vincule al juzgado octavo administrativo oral del circuito de
ibague (sic) y sea solicitado el link del proceso, para demostrar la violación en que ha
incurrido este depacho (sic) judicial.
5. que se notifique y vincule formalmente, a la señora juez octava administrativa la
DRA. DIANA MILENA ORJUELA CUARTAS, para que se pronuncie sobre estos
hechos y ejerza su derecho de defensa.
6. solicito muy respetuosamente se notifiquen y vinculen las señoras secretarias del
6 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
juzgado octavo administrativo las señoras JEIMMI LORENA MIRANDA
VALDERRAMA Y JUANITA RINCON ROA, para que se pronuncien sobre estos
hechos y ejerzan el derecho de defensa.
7. Que luego de que se tutele mis derechos fundamentales vulnerados, se ordene al
juzgado octavo oral administrativo del circuito de Ibagué, que en las próximas 48
horas habiles despues de la sentencia de tutela, sea decretada la ulidad del proceso
desde el día 2 de septiembre de 2022, del proceso con radicado número
73001333300820210013000354-00
8.. Que en caso de desacato, se proceda a imponer a los infractores las sanciones
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 del Decreto
Reglamentario 2591 de 1991.
9. que se compulsen copias a la jurisdicción penal en lo que respecta al FRAUDE
PROCESAL, FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO Y PRIVADO,
PREVARICATO POR OMIISION Y ACCION y los demás delitos por establecer por
la presunta conducta punible en que incurrieron la señora, juez octava administrativa
de Ibagué y las señoras secretarias de este despacho judicial. […]”7.
12. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que8:
“[…] en circular de la Secretaría de la sala civil familia y el juzgado octavo
administrativo de Ibagué en donde informan a los apoderados, partes terceros
intervinientes y público en general en donde dice: que el horario de recepción de
memoriales será de lunes a viernes de 8:00 am hasta las 12:00 pm y de la 1:00 pm
hasta las 5:00 pm
ADEMAS SE ADVIERTE QUE LOS CORREOS QUE SEAN ENVIADOS FUERA DEL
HORARIO DE ATENCION SE TENDRAN COMO RECIBIDOS EL DIA HABIL
SIGUIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CON LO ESTABLECIDO EN
EL INCISO CUARTO DEL ARTICULO 109 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, está demostrado que las señora secretaria corrio hasta las 6 pm
la constancia del el día 2 de septiembre de 2022, para que la supuesta contestación
del instituto para la recreación y el deporte de Ibagué no le quedará extemporáneo,
aun cuando a la señora juez octava en la audiencia que se celebro de manera virtual
el 16 de marzo del 2023, se le informo de esta anomalía, haciendo caso omiso a la
misma y en este momento procesal se dieron cuenta y ahora sí están corriendo los
términos hasta las 5 pm ya que el acuerdo número CSJTOA20-36 de junio 10 de
2022 del consejo de la rama judicial los términos se contabilizan hasta las 5:pm y no
hasta las 6:pm como lo hicieron inicialmente las secretarias del juzgado octavo
administrativo oral del circuito JEIMMI JOHANA MIRANDA VALDERRAMA Y
JUANITA RINCON ROA. […]”.
[…]
“[…] Para el caso concreto de la presente acción, considero, que se incurre en vía de
7 Transcripción literal del texto.
8 Transcripción literal del texto.
6
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
hecho judicial por el despacho accionado mediante los actos enunciados en los
hechos de esta acción, de esta manera se observa que fue violado el debido proceso
y el derecho de defensa y es de sana lógica inferir, que la vía de hecho se presenta
de manera evidente por defecto sustantivo. […]”.9
Actuación
13. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
auto de 11 de junio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) negó la medida
provisional solicitada por la actora; y iii) ordenó notificar al Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, a Jeimmy Johanna Miranda Valderrama
y a Juanita Rincón Roa, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada
14. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] Me permito inicialmente indicar que la misma demanda de tutela ya había sido
presentada por la señora NUBIA OSPINA PEÑA, en el mes de septiembre del año
202310, en contra del despacho judicial que titulo (sic), siendo declarada
improcedente por el H. Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 05 de
octubre de 2023 y confirmada por el H. Consejo de Estado – Sección Tercera en
fallo del 20 de noviembre de 2023; en tanto no se agotaron los recursos ordinarios y
las herramientas procesales a disposición para recurrir la decisión que tuvo por
oportunamente contestada la demanda por parte de la demandada IMDRI. […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la cosa juzgada es una institución del derecho que garantiza la
seguridad jurídica y el respeto al derecho fundamental al debido proceso. En nuestro
marco jurídico dicha figura se encuentra regulada en el artículo 3039 de la Ley 1564
de 2012 —Código General del Proceso - C.G.P. Y, frente a la jurisdicción
constitucional ha señalado la H. Corte Constitucional que se predica la existencia de
cosa juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad
a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa; sin haberse presentado hechos nuevos.
Como las mismas pretensiones procuradas en la demanda de tutela de la referencia
ya habían sido objeto de estudio por parte del H. Tribunal Administrativo del Tolima
y el H. Consejo de Estado – Sección Tercera- bajo el radicado 73001-23-33-000-
2023-00354-00 /01 en sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, no
podía instaurarse una nueva acción de tutela por expresa prohibición del artículo 38
9 Idem pie de página núm. 3 supra.
10 Radicación acción de tutela 73001233300020230034500 y 01.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
del decreto 2591, máxime cuando la señora Nubia Ospina Peña no justifica la nueva
presentación, exhibiendo una conducta de abuso de las vías de derecho, no solo con
esta nueva acción, sino que por los mismos hechos también ha presentado queja
disciplinaria y denuncia penal, siendo conocedora del trámite y resultado, y sin
embargo insiste en satisfacer sus intereses individuales a toda costa, efectuando
afirmaciones temerarias y contrarias a la realidad contra los servidores judiciales del
despacho. […]”.
15. Jeimmy Johanna Miranda Valderrama rindió informe en los siguientes
términos: “[…] Me opongo a las pretensiones formuladas, no solo porque es
temeraria, en tanto la aquí actora ya había presentado esta acción constitucional
por los mismos hechos, sino también porque su pedimento carece de fundamentos
fácticos y jurídicos respecto de la suscrita, como quiera que no he vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por el contrario, en virtud de
la emergencia sanitaria, el ostensible cambio de horario que sufrió la administración
de justicia, y las nuevas tecnologías de la información y comunicación que se
implementaron para el efecto, lo que hacía era garantizar a los usuarios su derecho
al acceso a la administración de justicia y defensa para que allegaran sus escritos
al correo designado para recepción de memoriales. […]”.
16. Juanita Rincón Roa manifestó que, “[…] considero que además de temeraria
la acción constitucional presentada por la tutelante, es improcedente y distante de
la realidad, pues las actuaciones secretariales se encuentran registradas en el
Sistema de Información SAMAI en la que se evidencia hora y fecha de cada
actuación, herramienta tecnológica pública y de fácil acceso y consulta. […]”.
17. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué allegó copia
digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 730013333008202100130-00 y del
proceso de tutela identificado con el número único de radicación
730012333000202300354-01.
La sentencia impugnada
18. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia, en primera instancia, el
25 de junio de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
8
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
“[…] Primero: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la accion (sic) de tutela
interpuesta por la señora NUBIA OSPINA PEÑA contra JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, JEIMMY JOHANNA MIRANDA
VALDERRAMA y JUANITA RINCÓN ROA, conforme a las consideraciones
expuestas en precedencia. […]”.
18.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Conforme a los argumentos que fueron expuestos por los extremos de la litis,
esta instancia advierte que la señora NUBIA OSPINA PEÑA ha interpuesto en
reiteradas ocasiones tutelas por los mismos hechos y pretensiones acreditándose lo
siguiente: […]”.
[…]
“[…] En el caso en concreto, los tres requisitos o elementos se cumplen teniendo en
cuenta que ambas tutelas tienen los mismos hechos, las mismas pretensiones e
iguales sujetos procesales. Conforme a lo anterior, se deberán denegar las
pretensiones por la interposición de varias tutelas por lo que se está frente a la figura
establecida en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 ya que la señora NUBIA
OSPINA PEÑA actuó con temeridad y mala fe.
Adicional a lo anterior, se debe advertir que no existen hechos diferentes o
adicionales a los que dieron origen a la interposición de las tutelas por parte del
extremo accionante, contrario a lo que afirmó la señora NUBIA OSPINA PEÑA en el
escrito que adjuntó al expediente en data del 20 de junio de 2024, dado que si bien
adiciona constancias secretariales en donde si se corre el término hasta las 5:00
p.m., la tutelante reafirma que su inconformidad que radica en las constancias que
ya se habían relacionado en los extensos hechos del escrito de tutela que se
adelantó en este Tribunal, bajo la ponencia del Magistrado LUIS EDUCARDO (sic)
COLLAZOS, hechos que vuelve a relacionar como sustento de la tutela en este
proceso.
De igual forma en el mencionado memorial, la señora NUBIA OSPINA PEÑA vuelve
a reiterar que la contestación de la demanda dentro del proceso ordinario de
Reparación Directa identificado con radicado Nro. 73001-33-33-008-2021-00130-
00, que se adelanta en el juzgado accionado, se generó extemporáneamente,
situación que se le repite ya fue analizada dentro del estudio que se emitió en la
sentencia de tutela calendada el 5 de octubre de 2023, con radicado N° 73001-23-
33-000-2023-00354-00, que al igual resolvió la impugnación que fue elevada por la
misma señora NUBIA OSPINA, ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, en sentencia fechada el 20 de
noviembre de 2023, en donde confirmó la decisión emitida por esta Corporación.
Se advierte que tampoco se observa que en el fallo de tutela identificado con el
radicado 73001-23-33-000-2023-00354-00 y proferido por este Tribunal, en data del
5 de octubre de 2023, no se hubiera efectuado un análisis de fondo en relación a las
pretensiones interpuestas por la accionante.
Motivos suficientes para indicar que no se presentó en el sub judice ninguna
condición que acreditara que la señora NUBIA OSPINA PEÑA estuviera en una
situación en donde se pudiera interponer de forma excepcional la misma tutela en
reiteradas ocasiones, dado que como ya se expuso, no se presentaron hechos
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
fácticos adicionales ni se probó la falta de pronunciamiento de fondo en la sentencia
de tutela que emitió esta Corporación previamente. […]”.
La impugnación
19. La actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima por las siguientes razones11:
“[…] se probó que he presentado dos veces la acción de tutela, por violación del
debido proceso, lo anterior por contestación dada por los funcionarios del juzgado
octavo administrativo, de Ibagué, esta nueva acción de tutela es diferente a la
anterior y basada en hechos muy diferentes.
SEGUNDO: en auto se dice que se admitió la contestación de la demanda por qué
el juzgado tenía un acuerdo del consejo de la judicatura en dónde hace énfasis que
los correos serán recibidos hasta las 5:00 pm que después de esta hora se tiene
como recibidas el día siguiente hábil, así las cosas en la nueva tutela se basa en
hechos diferentes y la soporto en pruebas emanadas por el juzgado que son las
constancias secretariales en dónde en unas controlaron términos hasta las 6:00 pm
y otras hasta las 5:00 pm de la contestación hecha por el IMDRI, el día 2 de
septiembre de 2022, quedó extemporánea cosa que no se ha querido ser aceptada
ni por las e tuteladas y ahora por el fallador de primera instancia, y dónde es fácil
concluir que el juzgado no tiene acatamiento de la hora de recibir los correos y la
contestación recibida, donde se actúa contrariamente como lo dice la ley y
desconociendo el acuerdo de la rama judicial dónde regulo el consejo superior de la
judicatura que reglamento por la pandemia los horarios para recibir correos de todo
tipo a los despachos judiciales, pero el despacho atacado, ha presentado conductas
omisivas y tendenciosas a favorecer a la parte demandada, ya que mi apoderado
reclama y deja como constancia en la audiencia ya citada, y en oficios al despacho
que la contestación se recibió extemporánea demostrada en los hechos de la
presentación de la acción de tutela. […].
[…]
“[…] QUINTO: manifiesto a su despacho que está acción de tutela es procedente ya
que está basada en hechos nuevos que emitió el mismo juzgado, como lo son las
constancias de fechas de diciembre de 2023, febrero de 2024, y abril de 2024, cosa
que no avizoro el señor, magistrado de la primera instancia.
SEXTO: con todos estos hechos se demostró que las constancias secretariales en
dónde controlaron los términos hasta las 5 pm, está se debió aplicar en la fecha 2
de septiembre de 2022, para que la contestación del IMDRI quedará extemporánea
cosa que no se hizo en esta fecha. […]”.
11 Transcripción literal del texto.
10
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202113 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201914, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
22. En el caso sub examine, de conformidad con lo expuesto por la actora en el
escrito de impugnación, corresponde a la Sala establecer: i) si existe cosa juzgada
y temeridad respecto a esta acción constitucional frente a los reparos propuestos
contra el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Jeimmy
Johanna Miranda Valderrama y Juanita Rincón Roa; en caso negativo, ii) establecer
si el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué desconoció el
derecho fundamental al debido proceso de la actora dentro del proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 730013333008202100130-00.
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
13 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y
jurisprudencial de la figura de la temeridad; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) análisis del caso
concreto, y finalmente v) las conclusiones de la Sala.
La cosa juzgada constitucional
24. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de
201815, señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más
acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi
y objeto.
25. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por
el mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la
identidad de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo
o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de
causa y; iii) la identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental16.
26. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la
emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo,
susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la
interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos
mismos hechos […]”17. Estos casos han sido definidos por la Corte de manera
restrictiva, pues sólo se han considerado como hechos nuevos, es decir los que
justificarían la interposición de una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada,
15 Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
aquellos pronunciamientos con efectos erga omnes que tienen vocación de
universalidad.
27. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que18:
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada19, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.20
Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad
28. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 21
sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante
varios jueces. La referida norma jurídica señala:
“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.
29. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:
“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada
constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre
de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
19 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de
julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22
de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
21 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes
distintos de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela
de manera repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona
interpone la acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta
cuando, después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es
nuevamente presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar
el juez, para el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben
resolverse desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio
de cosa juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en
cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un
motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las
sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.
[…]
La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones22. La
verificación de esta triple identidad, prima facie23, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable24. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil25, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.26
Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional27 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en
la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones28; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”29; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”30; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”31.
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
24 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
25 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada […]”.
26 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
27 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
28 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
31 Sentencia T-001 de 1997.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación
de la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la
existencia de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y
torticera, de manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con
especial cuidado si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por
dichos criterios o si, por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas
dentro del principio de buena fe que cobija al actor.’
En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia32 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe33; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho34, o,
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante35. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión36.
En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay
un mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos”37. En general, quienes acuden a
los jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices
que puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de
informar al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma
materia, así presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo
resultaría contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la
actividad judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del
accionante, resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al
cual ahora se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos
elementos que ya fueron objeto de decisión judicial.
Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
32 Sentencia T-184 de 2005.
33 Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de
1996, T-001 de 1997.
34 Sentencia T-721/03.
35 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
36 Sentencia SU-388/05.
37 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.
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Actora: Nubia Ospina Peña
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.
En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos
de tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y
temeridad, como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya
decidido previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no
temeridad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y,
usualmente, con expresa manifestación de estar acudiendo al amparo por
segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y,
finalmente, casos en los cuales hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que
acontece cuando se presenta simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo
que presentan la triple identidad a la que se ha aludido.
En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en
orden a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”38. (Resaltado de la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
38 Sentencia T-560 de 2009
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional39 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
32. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Jeimmy Johanna Miranda
Valderrama y Juanita Rincón Roa40, porque, a su juicio, con ocasión a la presunta
contabilización indebida de los términos, lo cual, en particular, dio lugar a
desconocer que “[…] la contestación del IMDRI quedará extemporánea […]”, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 730013333008202100130-00,
vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
33. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
39 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
40 Secretarias del Juzgado accionado.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
34. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
35.1. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto
36. Antes de abordar el estudio del caso concreto, la Sala advierte que resulta
necesario verificar si en efecto se configuró la cosa juzgada frente a los reparos
que la actora propuso contra el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué, en relación con la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 730012333000202300354-01. Para tal efecto, se analizará la identidad
entre ambas acciones de tutela, cómo se observa a continuación:
Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
730012333000202300354-01 730012333000202400162-01
(Proceso actual)
Partes Actora: Nubia Ospina Peña Actora: Nubia Ospina Peña
Demandado: Juzgado Octavo Demandado: Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Administrativo Oral del Circuito de Ibagué,
Ibagué. Jeimmy Johanna Miranda Valderrama y
Juanita Rincón Roa.
Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la actora, el Juzgado que, a juicio de la actora, el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Octavo Administrativo Oral del Circuito de
de Ibagué al proferir “[…] la providencia Ibagué y sus secretarias, con ocasión a la
a través de la cual se declaró contestada presunta contabilización indebida de los
oportunamente la demanda […]”, en el términos, lo cual, en particular, dio lugar a
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
proceso adelantado en ejercicio del desconocer que “[…] la contestación del
medio de control de reparación directa IMDRI quedará extemporánea […]”, en el
identificado con el número único de proceso adelantado en ejercicio del medio
radicación 730013333008202100130- de control de reparación directa
00, vulneró su derecho fundamental al identificado con el número único de
debido proceso. radicación 730013333008202100130-00,
vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso.
Objeto La solicitud de tutela pretendió el La solicitud de tutela pretende el amparo
amparo del derecho fundamental al del derecho fundamental al debido proceso
debido proceso y, en consecuencia, la y, en consecuencia, la actora solicitó42:
actora formuló las siguientes
pretensiones41: “[…] 1. Ruego muy respetuosamente a
este despacho judicial que se avoque el
“[…] 1. solicito muy respetuosamente se conocimiento de la misma y sea admitida la
avoque el conocimiento de la presente misma para su estudio.
acción constitucional.
2. Solicito a su honorable despacho me sea
2. Ruego a esa Honorable Corporación, concedida la medida exepcional
de manera atenta y respetuosa, consagrada en el artículo 7 de la ley 2591
TUTELAR los derechos fundamentales de 1991 y sea el proceso objeto de
de la suscrita atinentes en el preámbulo suspensión mientras se tramita esta tutela.
de la Carta política y artículos 1º, 2º, 4º,
5º, 13, 15, 16, 28, 29, 31, 46, y 51, en 3.Solicito a esta Honorable Corporación, de
conexidad con la Dignidad humana, manera atenta y respetuosa, TUTELAR los
Garantía de efectividad de los principios derechos fundamentales de la suscrita
y derechos consagrados en la atinentes en el preámbulo de la Carta
Constitución, Primacía de los derechos política y artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 15, 16,
inalienables de las personas, 28, 29, 31, 46, y 51, en conexidad con la
Irrenunciabilidad a los beneficios Dignidad humana, Garantía de efectividad
mínimos establecidos en normas de los principios y derechos consagrados
civiles, y Derechos adquiridos conforme en la Constitución, Primacía de los
a las leyes sociales. Por violar derechos inalienables de las personas,
directamente el debido proceso, y el Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
derecho de defensa y los demás establecidos en normas civiles, y Derechos
derechos indirectamente violados. adquiridos conforme a las leyes sociales.
Por violar directamente el debido proceso y
3. Que, como consecuencia de lo el derecho de defensa y los demás
anterior, se DECLARE la nulidad de la derechos indirectamente.
contestación extemporánea del IMDRI y
se ORDENE dejar sin valor jurídico la 4. que se notifique y vincule al juzgado
decisión, tomada por la señora juez octavo administrativo oral del circuito de
octava administrativa oral del circuito de ibague y sea solicitado el link del proceso,
Ibagué, en lo concerniente a la para demostrar la violación en que ha
contestación hecha por el instituto para incurrido este depacho judicial.
la recreación y el deporte de Ibagué
IMDRI en donde no contesto nada solo 5. que se notifique y vincule formalmente, a
informo en dos correos todo el contrato la señora juez octava administrativa la
y el acta de inicio. DRA. DIANA MILENA ORJUELA
CUARTAS, para que se pronuncie sobre
4. que por sentencia judicial sea estos hechos y ejerza su derecho de
declarada nula dicha contestación defensa.
hecha por el instituto para la recreación
y el deporte de Ibagué IMDRI que tenía 6. solicito muy respetuosamente se
vencimiento el día 2 de septiembre de notifiquen y vinculen las señoras
2022 y que llegaron a las 5:01 y 5:08 secretarias del juzgado octavo
respectivamente. administrativo las señoras JEIMMI
LORENA MIRANDA VALDERRAMA Y
41 Transcripción literal del texto.
42 Transcripción literal del texto.
19
Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
5. Que como consecuencia de todo lo JUANITA RINCON ROA, para que se
anterior se declare la nulidad del pronuncien sobre estos hechos y ejerzan el
proceso eso hasta la fecha cronológica derecho de defensa.
del 2 de septiembre de 2022.
7. Que luego de que se tutele mis derechos
6. que se investigue quien o quienes fundamentales vulnerados, se ordene al
manipularon el link del proceso e juzgado octavo oral administrativo del
introdujeron al proceso dos circuito de Ibagué, que en las próximas 48
contestaciones ilegales en el mes de horas habiles despues de la sentencia de
agosto de 2023 contestaciones de tutela, sea decretada la ulidad del proceso
fechas 6 y 22 de septiembre de 2023. desde el día 2 de septiembre de 2022, del
proceso con radicado número
7. Que, en caso de desacato, se 73001333300820210013000354-00
proceda a imponer a los infractores las
sanciones correspondientes, de 8.. Que en caso de desacato, se proceda a
acuerdo a lo previsto en el artículo 52 imponer a los infractores las sanciones
del Decreto Reglamentario 2591 de correspondientes, de acuerdo a lo previsto
1991. en el artículo 52 del Decreto Reglamentario
2591 de 1991.
8. que se compulsen copias a la
jurisdicción penal en lo que respecta al 9. que se compulsen copias a la
FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD jurisdicción penal en lo que respecta al
IDEOLOGICA EN DOCUMENTO FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD
PUBLICO Y PRIVADO, IDEOLOGICA EN DOCUMENTO
PREVARICATO POR OMIISION Y PUBLICO Y PRIVADO, PREVARICATO
ACCION Y los demás delitos por POR OMIISION Y ACCION y los demás
establecer por la presunta conducta delitos por establecer por la presunta
punible en que incurrió la señora. Juez conducta punible en que incurrieron la
octava administrativa oral del circuito de señora, juez octava administrativa de
Ibagué.” […]”. Ibagué y las señoras secretarias de este
despacho judicial. […]”.
37. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos
por la actora contra el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué,
existe identidad de partes, puesto que coincide la actora en ambas acciones de
tutela y la parte demandada, tal cual se observa en el cuadro expuesto supra. La
Sala precisa que, si bien en la acción de tutela objeto de estudio se tienen como
accionadas a Jeimmy Johanna Miranda Valderrama y a Juanita Rincón Roa, esto
obedece a su calidad de secretarias del Juzgado accionado y a las funciones
realizadas en dicha calidad.
38. Igualmente, la Sala observa que, en relación con la autoridad mencionada
supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que en ambas
acciones de tutela la inconformidad de la actora gira en torno a que el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al tener por presentada la
contestación de la parte demanda presuntamente por fuera del término legal, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
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Actora: Nubia Ospina Peña
identificado con el número único de radicación 730013333008202100130-00,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
39. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que
en ambas acciones de tutela se alegó la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y, además, la pretensión es la misma frente
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
40. En ese orden de ideas, la Sala advierte la existencia de la cosa juzgada,
teniendo en cuenta que se encuentra demostrada la triple identidad y el expediente
del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
73001233300020230035400-01, fue remitido a la Corte Constitucional a efectos
de determinar su elección para una eventual revisión, sin que dicha providencia
haya sido seleccionada43.
41. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta de la actora
puede ser calificada como temeraria.
42. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación
es considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe
de la actora, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su
proceder es amañado, en la medida en que la actora se reserva para cada
demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se
advierta un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se
pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.
43Cfr.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-
01&date4=2024-07-15&radi=Radicados&palabra=OSPINA+PENA+NUBIA&radi=radicados&todos=%25.
21
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Actora: Nubia Ospina Peña
43. En el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso
previamente, frente a los reparos que la actora propuso contra el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué se configuró la identidad de partes,
causa y objeto entre la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 73001233300020230035400-01 y la presente acción de tutela.
44. Respecto de la actuación temeraria, la Sala considera que la actuación de
la actora resulta temeraria, si se tiene en cuenta que no se configura ninguna de
las circunstancias excepcionales a las que hace referencia la Corte Constitucional
para la no configuración de una actuación temeraria ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de dos acciones de tutela.
45. En ese sentido, atendiendo a que la actora ya había presentado una acción
de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que
tiene identidad de partes, causa y objeto respecto de la acción de tutela de la
referencia, la Sala considera que en el presente caso se configuró la temeridad,
razón por la cual, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 44,
la solicitud de tutela deberá ser rechazada.
46. Sin embargo, la Sala considera innecesaria la sanción derivada de una
actuación temeraria, en la medida en que no se advierte un propósito desleal por
parte de la actora de obtener la satisfacción de su interés individual a toda costa,
ni se evidencia una actuación de mala fe, toda vez que, dentro de la acción de
tutela de la referencia se advierte que la tutelante consideró como “[…] prueba
sobreviniente o excepcional […]” las constancias secretariales proferidas en el
proceso de reparación directa en las cuales los términos se contabilizaron hasta
las 5:00 pm del día hábil y no hasta las 6:00 pm que fue lo que, a su juicio, dio
origen a que se tuviera por presentada oportunamente la contestación de la parte
demanda en el proceso ordinario cuestionado; constancias que para la actora
justifican la interposición de la presente acción constitucional, pese a que el reparo
es el mismo.
44 “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto).
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
Conclusiones de la Sala
47. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 25
de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de
la cual resolvió “[…] RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela […]”,
para en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud de tutela presentada por la actora contra las accionadas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad la solicitud de tutela presentada por la actora
contra las accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 25 de junio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, para en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud de tutela presentada por la actora contra las accionadas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad la solicitud de tutela presentada por la actora
contra las accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Núm. único de radicación: 730012333000202400162-01
Actora: Nubia Ospina Peña
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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