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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00327-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00327-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 15 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2024-00327-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-23-33-000-2024-00327-01
Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – MODIFICA
– Improcedencia – carencia de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de octubre de 2024, el señor Alex Fernando Martínez Guarnizo presentó
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad personal,
acceso a la administración de justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva,
presunción de inocencia, habeas data, libre movilidad, trabajo y buen nombre .
Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del auto de
2 de septiembre de 2024, a través del cual se negó la inaplicación de la sanción
impuesta mediante providencia del 12 de noviembre de 2019, dentro del incidente
de desacato1 que se promovió en su contra cuando era presidente de Medimás EPS
S.A.S.

2.
El actor informó que fue designado como presidente de Medimás EPS S.A.S.
mediante acta número 14 del 11 de abril de 2019, cargo que desempeñó hasta el 22
de abril de 2020, en razón a la terminación de su contrato laboral, acto formalizado
mediante renuncia inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá, a través de documento privado de 30 de abril de 2020.

1 Radicado 73001-33-33-003-2017-00357-00.

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Radicación: 73001-23-33-000-2024-00327-01
Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. El 26 de octubre de 2023 recibió en su correo electrónico una comunicación de la
división de cobro de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central,
donde le informaban que era deudor del Estado y que lo reportarían a la “Base de
Datos de Morosos del Estado”. El 1 de abril de 2024 elevó petición a dicha entidad
con el fin de obtener la información más completa acerca de los Juzgados en donde
se originaron las sanciones y en qué procesos se adoptaron esas decisiones.

4. En respuesta al derecho de petición, el 17 de junio de 2024 la División de Cobro
Coactivo de la DEAJ le informó sobre la existencia de 835 procesos coactivos
vigentes en su contra. El accionante afirmó haber presentado más de 400 solicitudes
de inaplicación de sanciones a los diferentes juzgados a nivel Nacional, obteniendo
respuesta de más de 100, brindándole en su mayoría información sobre las
sanciones que ya habían sido inaplicadas e informadas a las autoridades y a la
Oficina de Cobro Coactivo.

5. Adicionó que desconoce la notificación de las providencias a su nombre como
persona natural, muy seguramente porque la misma se efectuó a través del correo
electrónico definido para tal fin (notificacionesjudiciales@medimas.com.co), el cual
era atendido por el representante legal y judicial y su equipo de apoyo.

6. Indicó que el 8 de marzo de 2022, mediante Resolución 2022320000000864 de
2022 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud se ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar a Medimás EPS S.A.S., motivo por el cual, no solo la
entidad está en proceso de liquidación, sino que el ciudadano parte del proceso que
dio lugar al trámite incidental fue trasladado a otra EPS, quien está a cargo de la
gestión del riesgo en el marco del aseguramiento en salud. Sumado a lo anterior, se
debían inaplicar las sanciones vigentes en su contra ya que no trabaja para Medimás
EPS desde el 22 de abril de 2020, lo que lo imposibilita a cumplir órdenes judiciales.

7. Por lo anterior, sostuvo que carece de cualquier sentido seguir con el incidente,
cuando su finalidad es el cumplimiento del fallo constitucional y no la imposición de
una sanción. Además, la sanción del incidente de desacato debe recaer en quien es
responsable de atender el mandato judicial, tal y como lo establece el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991, que en su caso ya no es él.

8.
Por último, trajo a colación el fallo de 29 de mayo de 2024, dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial - Sala Civil de Bogotá, asunto en el cual se le concedió
el amparo en una acción de tutela, por los mismos supuestos de hecho, pero contra
otros juzgados.

B. Sentencia de primera instancia

9. En fallo de 15 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
el amparo solicitado. Indicó que la sentencia de tutela objeto de desacato fue

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Radicación: 73001-23-33-000-2024-00327-01
Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

proferida el 15 de noviembre del 2017 y en la misma se ordenó practicar una cirugía
de implante de ojo al señor Víctor Rodríguez Torres. Ante el incumplimiento el 2 de
septiembre del 2019 se sancionó al señor Julio Cesar Rojas Padilla, pero en sede
de consulta se declaró la nulidad de lo actuado por indebida individualización del
incidentado quien era el representante legal y judicial.

10. El Juzgado Tercero Administrativo Ibagué inició nuevamente el trámite incidental

el 7 de octubre del 2019, esta vez contra el representante legal y judicial y el
Presidente de Medimás EPS. Se notificó a los incidentados, quienes guardaron
silencio. Mediante auto del 12 de noviembre del 2019, se decidió declarar en
desacato a los funcionarios y ordenar una sanción de 5 SMLMV a cada uno.

11. Conforme con lo anterior, consideró que en el trámite incidental siempre se veló

por el cumplimiento de los derechos que integran el debido proceso, a tal punto que
fue declarada la nulidad de lo actuado por indebida identificación del incidentado.
Adicionó que, desde la sentencia de tutela hasta cuando se abrió el incidente de
desacato la situación de salud del accionante no se había solucionado, es decir 1
año y 8 meses después de la orden judicial.

12.
Expuso que el señor Martínez Guarnizo ostentó el cargo de presidente de
Medimás EPS desde el 11 de abril del 2019 hasta el 22 de abril del 2020, periodo
más que suficiente para haber dado cumplimiento a las órdenes impartidas. Como
representante de la entidad, debía responder por la falta de cumplimiento del
mandato judicial. Agregó que la decisión tomada en el trámite incidental no solo
encuentra su justificación en el Decreto 2591 de 1991, sino que también se adoptó
observando las garantías procesales consagradas en el artículo 29 constitucional.

13. Finalmente, sostuvo que la inaplicación de la sanción podría sentar un precedente

negativo que afectaría la efectividad de las decisiones judiciales en el ámbito de la
acción de tutela.

C. La impugnación

14.
La parte accionante citó las sentencias T-279 de 1997, T-647 de 2003, C-367 de
2014 y C-337 de 1993, y afirmó que nunca tomó una actitud pasiva para atender los
requerimientos emitidos por los Jueces de la República; todo lo contrario, fortaleció
el equipo de salud y jurídico en busca de brindar solución a la insuficiencia que
pudiere presentarse en la atención en salud de los afiliados, y en su función como
presidente emitió órdenes e instrucciones claras al equipo de Medimás EPS
mediante reuniones periódicas y memorandos a los diferentes vicepresidentes de
salud y gerentes en cada regional de la compañía para que se atendiera con especial
celeridad los requerimientos de los entes de control y Juzgados.

15. Solicitó valorar la situación en la cual se encuentra, ya que: (i) no puede brindar

solución a lo solicitado debido a su retiro de la compañía desde el 2020; (ii) los
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Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

afiliados de Medimas EPS fueron trasladados a otras EPS en el 2022, como
consecuencia de la entrada en liquidación de esa entidad, por lo que está en
imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir; (iii) en los meses que estuvo a cargo de
Medimás EPS mejoró sustancialmente los indicadores de atención y entrega de
medicamentos a los afiliados; y, (iv) conforme a los estatutos debidamente
registrados, era el representante legal y judicial de la entidad quién debía atender
con la debida oportunidad y eficacia los asuntos relacionados con los requerimientos
judiciales, cargo que ocupó Julio César Rojas Padilla y Fredy Darío Segura Rivera.

16.
Trajo de nuevo a colación el fallo de 29 de mayo de 2024, dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial - Sala Civil de Bogotá, y reiteró todas las acciones que
ha realizado frente a las autoridades judiciales con el fin de inaplicar sus sanciones.

17. Concluyó que se encuentra en imposibilidad física y jurídica de resolver las
órdenes solicitadas y el Juzgado accionado negó su solicitud sin tener en cuenta las
consideraciones de la Corte Constitucional esgrimidas en la sentencia C-367 de
2014 relacionadas con el tema, y que han sido valorados por diferentes jueces en
los demás casos presentados, accediendo positivamente a su solicitud.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

19. Con fundamento en ello, la Sala modificará la decisión de primera instancia, para

en su lugar declarar improcedente el amparo solicitado, toda vez que los
argumentos plasmados no superan el requisito de relevancia constitucional. La parte
actora pretende convertir esta acción constitucional en una instancia adicional al
incidente de desacato, situación que se hace evidente al advertir que la insuficiencia
de argumentos de estirpe constitucional que habiliten la intervención del juez de
tutela.

20. La demanda denota una natural discrepancia del accionante por la decisión del

juzgado de no inaplicar la sanción impuesta el 12 de noviembre de 2019, confirmada
el 28 de noviembre siguiente. La intención de reabrir la discusión se refleja en el
hecho de que sus argumentos van dirigidos defender la idea de que no está en
posibilidad de cumplir el fallo, pues (i) actualmente no labora en Medimás EPS en
liquidación, por lo que no puede brindar solución a lo ordenado en la acción de tutela;
(ii) no era el responsable del cumplimiento; y, (iii) desde el 2022 la entidad se
encuentra en proceso de liquidación.

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

21. Esos mismos argumentos fueron estudiados y resueltos en forma clara y
razonable por la autoridad judicial accionada mediante el auto de 2 de septiembre de
2024, hoy cuestionado. En esa providencia, lejos de desconocerse las circunstancias
fácticas planteadas por el señor Martínez, la autoridad judicial hizo una evaluación
pormenorizada y sentó una postura que frente a la cual no media reproche
constitucional.

22. Así,se tiene que en el auto acusado se explicó que el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Ibagué a través de sentencia de tutela de 15 de noviembre de
2017 amparó los derechos constitucionales fundamentales a la salud, vida y
seguridad social del señor Víctor Rodríguez Torres, y le ordenó a Medimás que en
48 horas adelantara todas las gestiones administrativas necesarias para la cirugía
de ojo que requería. Pero, al no verificarse el cumplimiento de esa orden, a pesar del
tiempo transcurrido, en auto del 12 de noviembre de 2019 fue sancionado el señor
Alex Fernando Martínez Guarnizo, por ser el presidente de Medimás EPS, decisión
confirmada por el ad quem.

23. De forma precisa, indicó frente al argumento de que se inaplique la sanción en

atención a que el señor Martínez Guarnizo se encuentra desvinculado de la entidad
desde el 22 de abril de 2020, que si bien aquel presentó su renuncia al cargo de
presidente de Medimás EPS, lo cierto era que el auto que declaró probado el
desacato al fallo de tutela fue proferido el 12 de noviembre de 2019, es decir, cuando
el señor Martínez Guarnizo aún ejercía el cargo y tenía la posibilidad jurídica y
material de acatarlo, pero fue renuente.

24. Respecto a la intervención forzosa y liquidación de Medimás EPS, resaltó que

según el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la persona que incumpliere una orden
de un juez, proferida con base en dicho decreto incurrirá en desacato sancionable
con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Así mismo, la sanción será impuesta por el mismo juez
mediante trámite incidental y será consultada con el superior funcional, quien
decidirá, si debe revocarse o no la sanción.

25. Advirtió que la finalidad del incidente era lograr el cumplimiento de la orden de

tutela impartida el 15 de noviembre de 2017, para la protección de los derechos
fundamentales conculcados al señor Víctor Rodríguez Torres por parte del
presidente de Medimás EPS. Esto, teniendo en cuenta el requerimiento previo hecho
el 28 de octubre de 2019, relacionado con la programación del procedimiento
quirúrgico y la prestación del tratamiento integral de la patología. Por ende, estimó
que el señor Alex Fernando Martínez Guarnizo como el presidente de Medimás EPS,
incumplió el mandato previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, pues se
abstuvo de darle cabal cumplimiento al mencionado fallo de tutela.

26. De conformidad con lo anterior, concluyó que la sanción impuesta por desacato

era la consecuencia del incumplimiento a lo ordenado en el fallo, pese a que se tuvo
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por la EPS accionada la posibilidad real de brindar el servicio de salud al señor
Rodríguez. Por ende, no se puede sostener que la renuncia del señor Alex Fernando
Martínez Guarnizo el 22 de abril de 2020 o la intervención forzosa de la EPS en el
año 2022 justifiquen el incumplimiento a las órdenes judiciales que le fueron
impartidas durante el término que ostentó el cargo de presidente de Medimás EPS.

27. En esos términos, para esta Sala de Subsección es claro que el actor trae a
colación los mismos reparos que expuso ante la autoridad judicial accionada al
momento de solicitar la inaplicación de la sanción por desacato, sin tener en cuenta
que el Juzgado accionado ya abordó el estudio de los mismos, presentando razones
que responden a la lógica y sentido del incidente de desacato en materia de tutelas.
De ahí que se advierta en esta acción de tutela, una mera inconformidad con lo
resuelto, que no tiene contornos constitucionales.

28.
En relación con el argumento de los responsables del cumplimiento eran otras
personas, se observa que en el auto acusado el juzgado estimó que en su papel de
Presidente, el señor Martínez ejercía la representación judicial para esa época de la
EPS, y aquel no presenta argumentos que evidencien que esa consideración es
arbitraria o irracional. Que esa persona jurídica designara apoderados generales o
representantes para asuntos judiciales, no desdice de las potestades que ostentaba
el ahora accionante como Presidente y representante legal. Dicha falencia
argumentativa hace más clara la falta de relevancia constitucional del asunto.

29.
Por otra parte, frente al reparo de que nunca tomó una actitud pasiva para atender
los requerimientos emitidos por los jueces de la República, sino que por el contrario
fortaleció el equipo de salud y jurídico en busca de brindar solución a la insuficiencia
que pudiere presentarse en la atención en salud de los afiliados. Es claro que ese
reparo tuvo que ponerlo en conocimiento de los jueces ordinarios de la causa dentro
del incidente de desacato, pero no mediante el memorial en el que solicitó la
inaplicación de la sanción, tal como lo hizo, pues allí no se iba a estudiar el
cumplimiento o incumplimiento del fallo de desató en el mencionado incidente.

30. En ese sentido, los reproches del actor debían ir dirigidos a cuestionar desde la

óptica constitucional lo plasmado en el auto de 2 de septiembre de 2024, sin
embargo, no lo hizo; pues tal como se puede ver, únicamente reitera los argumentos
esbozados en su memorial de inaplicación de la sanción, sin hacer hincapié y
explicar el motivo por el cual las razones dadas por la autoridad judicial accionada
en el proveído acusado vulneran sus derechos fundamentales e incurren en algún
defecto, que dicho sea de paso, ni siquiera se invocó. La mera discrepancia con lo
resuelto no habilita la intervención del juez de tutela.

31. Finalmente, a pesar de que el accionante trae a colación una serie de sentencias

de la Corte Constitucional y otras proferidas por distintos Tribunales, en las cuales
se ha fallado a su favor en casos similares, esta Sala solo cuenta con su cita o copia,
sin verificar una explicación siquiera sumaria del motivo por el cual debían ser tenidas
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Accionante: Alex Fernando Martínez Guarnizo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

en cuenta por la autoridad judicial accionada al momento de dictar el auto de 2 de
septiembre de 2024. Mucho menos expone en qué medida aquellas resultan
vinculantes para la autoridad judicial.

32.
A eso se suma que la mayoría fueron proferidas en el marco de acciones de tutela
y en consecuencia tienen efectos inter partes, y las que no lo son, hacen referencia
a la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir una sentencia de tutela, aspecto que
debía haber esgrimido al interior del incidente de desacato para su defensa, no en
esta instancia judicial.

33.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala modificará la sentencia de 15 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado.

34. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 15 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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