Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2024-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2024-00346-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
20 de febrero de 2025
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00346-01
Demandantes: JOHN FREDY MÉNDEZ CÁRDENAS Y OTROS
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE IBAGUÉ
Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional –
defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima que declaró la improcedencia del amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 20 de noviembre de 2024, los señores Yorwin Dair Cruz Méndez,
Wolner Stid Cruz Méndez, John Fredy Méndez Cárdenas y Yuderly Mildred
Vanegas Buitrago, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué. Con la solicitud de
amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a los autos del 9 de octubre
de 2024 y del 6 de noviembre del mismo año, proferidos dentro del proceso de
reparación directa1 promovido contra el departamento del Tolima – Secretaría de
Salud Departamental, la ESE Hospital María Inmaculada de Rioblanco, la ESE
Hospital San Juan Bautista, ASMET Salud EPS SAS y Meintegral SAS. En dichas
providencias se negó el amparo de pobreza solicitado por los actores en el marco
del trámite judicial en cuestión.
1.2. Pretensión constitucional
3. La actora solicitó lo siguiente:
1 Proceso identificado con el radicado 73001-33-33-002-2022-00297-00.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
Solicitamos al Honorable Magistrado, tutelar el derecho fundamental al debido
proceso, derecho al acceso a la administración de justicia, que consideramos están
siendo vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Ibagué
mediante auto de fecha 9 de octubre de 2024, por medio del cual el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, repuso parcialmente y concedió el
amparo de pobreza frente a los señores JOSE ALDEMAN VANEGAS MOTTA;
MAGDALENA MURCIA BUSTAMANTE; ESLEIBER MÉNDEZ CÁRDENAS,
RAMIRO MÉNDEZ GAVILAR; ADRIANA MÉNDEZ CÁRDENAS; ANA JESÚS
CÁRDENAS; BEYANIRA MÉNDEZ CARDENAS. Por considerar que son personas
en estado de vulnerabilidad por estar en régimen subsidiado, los demás YUDERLY
MILDRED VANEGAS BUITRAGO, JOHN FREDY MENDEZ CARDENAS,
YORWIN DAIR CRUZ MENDEZ y WOLNER STID CRUZ MENDEZ, negó el
amparo de pobreza por el simple hecho de estar en régimen contributivo, sin
analizar las pruebas allegadas en detalle.
Y el Auto de fecha 6 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
del circuito de Ibagué, negó por improcedente el recurso de reposición interpuesto
contra el auto de fecha 9 de octubre de 2024. E imponiendo a los señores
YUDERLY MILDRED VANEGAS BUITRAGO, JOHN FREDY MENDEZ
CARDENAS, YORWIN DAIR CRUZ MENDEZ y WOLNER STID CRUZ MENDEZ,
asumir el pago de los gastos periciales en el término de veinte días hábiles
siguientes a la ejecutoria del auto so pena de declarar desistida la prueba pericial
solicitada.
Solicitó entonces que se dejen sin efecto el Auto de fecha 9 de octubre de 2024,
para, en su lugar, “conceda el amparo de pobreza a favor de YUDERLY MILDRED
VANEGAS BUITRAGO, JOHN FREDY MENDEZ CARDENAS, YORWIN DAIR
CRUZ MENDEZ y WOLNER STID CRUZ MENDEZ”
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
4. El 11 de septiembre de 2020, la señora Narly Méndez Cárdenas falleció
debido a una presunta falla en el servicio médico de ginecología y obstetricia. Por
tanto, su núcleo familiar2 promovió demanda de reparación directa contra el
departamento del Tolima – Secretaría de Salud Departamental, la E.S.E Hospital
María Inmaculada de Rioblanco, la E.S.E Hospital San Juan Bautista, ASMET
Salud E.P.S S.A.S y Meintegral S.A.S.
5. En audiencia de pruebas celebrada el 23 de abril de 2024, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Ibagué, por solicitud de los demandantes, ordenó
la práctica de un dictamen pericial a cargo del Departamento de Obstetricia y
2 Los señores Aldemar Vanegas Murcia, en nombre propio y en representación de los menores
Emanuel Vargas Méndez y Yulieth Alexandra Méndez; Yuderly Mildred Vanegas Buitrago; José
Aldemar Vanegas Motta; Magdalena Murcia Bustamante; Ramiro Méndez Gavilar; Ana Jesús
Cárdenas, en nombre propio y en representación de la menor Sara Méndez Cárdenas; Beyanira
Méndez Cárdenas, en nombre propio y en representación de los menores Carol Yuliana Gutiérrez
Méndez, Laura Valentina Gutiérrez Méndez; Esleiber Méndez Cárdenas, en nombre propio y en
representación del menor Juan José Méndez Cárdenas, Adriana Médez Cárdenas, en nombre
propio y en representación de los menores Wedny Leanny Cruz Méndez y Nicer Lein Cruz
Méndez, Jhon Fredy Méndez Cárdenas, Yorwin Dair Cruz Méndez y Wolner Stid Cruz Méndez.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta entidad comunicó que el costo de los honorarios por el dictamen era de
$13.000.000.
6. Los accionantes del proceso ordinario, dentro del término legal y bajo la
gravedad de juramento, solicitaron el reconocimiento del amparo de pobreza.
Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Ibagué concedió el amparo pedido únicamente frente al señor Aldemar
Vanegas Murcia y lo negó frente a los demás actores. Lo anterior, dado que
únicamente el señor Vanegas Murcia cumplió con la obligación de presentar su
declaración juramentada en la que comunicó su imposibilidad de sufragar los
gastos de la práctica de la prueba.
7. Inconformes con lo anterior, la parte actora promovió recurso de reposición
contra dicha providencia y aportó las declaraciones juramentadas de los señores
José Aldemar Vanegas Motta, Esleiber Méndez Cárdenas, Ramiro Méndez
Gavilar, Adriana Méndez Cárdenas, Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid Cruz
Méndez, Beyanira Méndez Cárdenas y Jhon Fredy Méndez Cárndeas. A su vez,
aportó los certificados de la plataforma ADRES del Sistema de Seguridad Social
de tales personas.
8. Mediante auto del 9 de octubre de 2024, la autoridad judicial accionada
repuso parcialmente la providencia del 4 de septiembre de 2024, en el sentido de
conceder el amparo de pobreza a los señores José Aldemar Vanegas Motta,
Magdalena Murcia Bustamante, Beyanira Méndez Cárdenas, Adriana Méndez
Cárdenas, Esleiber Méndez Cárdenas y Ana Jesús Cárdenas.
9. Sostuvo que únicamente se acreditó la condición de vulnerabilidad frente
a estos demandantes, dado que se encontraban afiliados al régimen subsidiado
de salud. En relación con los señores Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid Cruz
Méndez, John Fredy Médez Cárdenas y Yuderly Mildred Vanegas Buitrago
concluyó que contaban con ingresos y podían asumir el pago de la prueba
pericial, debido a que se encontraban vinculadas el régimen contributivo de
seguridad social, de conformidad con los certificados de la plataforma ADRES.
10. Contra dicha decisión, la parte actora promovió recurso de reposición, el
cual fue declarado improcedente mediante auto del 6 de noviembre de 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
11. La parte actora sostuvo que, para el caso de la señora Yuderly Mildred
Vanegas Buitrago, no se tuvo en cuenta la declaración juramentada de su padre,
el señor Aldemar Vanegas Murcia, quien manifestó que su hija, a pesar de ser
mayor de edad, dependía económicamente de él, al ser una estudiante. Agregó
que no hacía parte del régimen contributivo ni era beneficiaria del régimen
subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal como se
acreditó en el certificado de la plataforma ADRES aportado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
12. Con respecto a los señores Yorwin Dair Cruz Méndez y Wolner Stid Cruz
Méndez, afirmó que pertenecen al régimen contributivo porque devengan un
salario mínimo. Sin embargo, pusieron de presente que dicho ingreso les permite
sufragar únicamente sus gastos de vivienda, servicios, alimentación y los de su
familia, por lo que no les es posible asumir el pago del dictamen pericial. Al
respecto, argumentaron que la negativa del amparo de pobreza afecta su mínimo
vital.
13. En relación con el señor John Fredy Méndez Cárdenas, señaló que sus
ingresos no superan los dos salarios mínimos y que debe alimentos y vestuario
a su cónyuge e hijo, por lo que la decisión del juzgado atenta contra su
subsistencia y la de su familia. Esto, a pesar de que se encuentra afiliado al
régimen contributivo al ser parte del Ejército Nacional y devengar menos de dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
14. Aseguró que estas situaciones fueron puestas de presente en las
declaraciones juramentadas allegadas en el proceso de reparación directa y que,
a pesar de ello, no fueron tenidas en cuenta por el juzgado.
15. Señaló que el amparo de pobreza es un beneficio de tipo legal, cuyo
propósito es garantizar el acceso a la administración de justicia respecto de
aquellos sujetos que, dada su incapacidad de asumir los costos del proceso,
están eximidos de asumir tales cargas económicas. Agregó que según el artículo
152 del Código General del Proceso, este mecanismo puede ser solicitado desde
antes de la presentación de la demanda y en cualquier oportunidad dentro del
curso del proceso.
16. Indicó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3 y del Consejo de Estado4, en el caso en concreto se encuentran
configuradas las causales de procedencia del amparo de pobreza pues:
I. Para acreditar la condición socioeconómica únicamente se requiere
manifestar, bajo la gravedad de juramento, la imposibilidad de sufragar los
gastos del proceso.
II. Los actores, bajo la gravedad de juramento, manifestaron cuáles eran las
condiciones de tipo socioeconómico que les impiden asumir los costos del
proceso.
III. La solicitud fue presentada por la persona que reúne los requisitos para
decretar la figura de amparo.
3 Sentencia T-339 de 2018.
4 Referenció las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 6 de marzo de 2020. Expediente 85001-23-33-
000-2019-00189-01(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2018,
Exp. 11001-03-25-0002017-00275-00 (1344-2017), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de mayo de 2019, Exp.
05001-23-33-000-2018-00420-01; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
17. Como fundamento de lo anterior, citó un extracto textual de la sentencia
T-339 de 2018 proferida por la Corte Constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
18. Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la
decisión de primera instancia admitió la acción constitucional. En consecuencia,
se ordenó notificar como accionado al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Ibagué. De igual forma, vinculó como terceros con interés a al departamento del
Tolima – Secretaría de Salud Departamental, la E.S.E Hospital María Inmaculada
de Rioblanco, la E.S.E Hospital San Juan Bautista, ASMET Salud E.P.S. S.A.S.
y Meintegral S.A.S.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Asmet Salud E.P.S S.A.S.
19. Solicitó que se negara el amparo invocado pues, a su juicio, los actores no
tienen derecho a que se les reconozca el amparo de pobreza solicitado.
20. Alegó que los demandantes debieron solicitar el amparo de pobreza desde
la presentación de la demanda y, por tanto, no supeditar la petición al decreto del
dictamen pericial. Agregó que la parte demandante era quien debía asumir el
costo de tal prueba, en la medida en que no acreditó los presupuestos para ser
beneficiario de la medida.
21. Indicó que al revisar la plataforma ADRES, se evidencia que los actores
se encuentran en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el
régimen contributivo y como cotizantes. Señaló que, por lo anterior, no es cierto
que aquellos no cuenten con la capacidad de pago para cumplir con la carga
procesal de sufragar el dictamen pericial.
22. Puso de presente que las declaraciones juramentadas anexadas con el
recurso de reposición promovido no debían tenerse en cuenta, en la medida en
que no se aportaron en la oportunidad procesal pertinente.
1.6.2. Hospital San Juan Bautista E.S.E.
23. Argumentó que la tutela era improcedente al no cumplir con los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
24. Señaló que, si la parte actora consideraba que cumplía con los requisitos
para que le fuera reconocido el amparo de pobreza, ha debido solicitarlo desde
la presentación de la demanda. Expuso que desde el momento en que se decretó
la prueba en la audiencia inicial, se determinó que la parte solicitante es quien
debe asumir los respectivos gastos.
25. Informó que el juez del proceso ordinario, mediante auto del 9 de octubre
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
de 2024, dio trámite a las razones expuestas en el recurso de reposición y otorgó
a cada prueba el valor conducente. Explicó que, al revisar la plataforma ADRES,
la autoridad judicial corroboró que los tutelantes están afiliados al régimen
contributivo como cotizantes.
26. Resaltó que el amparo de pobreza es un mecanismo que se utiliza con la
finalidad de garantizar la igualdad de las partes dentro de un proceso judicial y
no está previsto con el objeto de evitar el pago de las obligaciones procesales.
1.7. Sentencia de tutela de primera instancia
27. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 5 de
diciembre de 2024, declaró la improcedencia de la acción constitucional al no
superar algunos requisitos tanto generales como específicos de la tutela contra
providencia judicial.
28. Consideró que se incumplió con el requisito de inmediatez, puesto que el
proceso de reparación directa fue radicado el 4 de noviembre de 2022 y, a pesar
de ello, los demandantes solicitaron el amparo de pobreza el 15 de julio de 2024.
Agregó que este lapso evidenciaba la falta de diligencia por parte de los
interesados en defensa de sus derechos y en el uso oportuno de los mecanismos
procesales.
29. Expuso que los actores contaron con la posibilidad de manifestar su
situación económica desde el inicio del proceso y, en específico, al momento en
que se decretó la prueba pericial en la audiencia del 23 de abril de 2024. Agregó
que, a pesar de lo anterior, no objetaron la carga procesal impuesta ni
manifestaron en tal momento su imposibilidad de sufragar los gastos del
dictamen.
30. Sostuvo que el juzgado analizó las declaraciones juramentadas y los
documentos aportados por los demandantes concediendo el amparo de pobreza
a quienes demostraron su condición de vulnerabilidad, con fundamento en
criterios objetivos como la afiliación al régimen subsidiado de salud.
31. Argumentó que la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
fáctico, debido a que valoró las pruebas aportadas por la parte actora y la
negativa de acceder al amparo de pobreza solicitado por los tutelantes, se debió
a que no demostraron su incapacidad económica. Aunado a lo anterior, el juez
encontró que estaban afiliados al régimen contributivo de salud, lo que era
indicativo de que percibían ingresos regulares.
32. La sentencia de tutela de primera instancia fue notificada el 9 de diciembre
de 2024.
1.8. Impugnación
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
33. Mediante memorial remitido el 12 de diciembre de 2024, la parte actora
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las
pretensiones de la demanda.
34. Argumentó que el requisito de inmediatez se cumplió bajo el entendido
que, de conformidad con el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el amparo de
pobreza puede solicitarse antes de la presentación de la demanda o durante el
curso del proceso. Agregó que, por tanto, no existió una falta de diligencia en el
agenciamiento de sus derechos.
35. Con respecto a la señora Yuderly Mildred Vanegas Buitrago, insistió en
que el juzgado no estudió la declaración juramentada del señor Aldemar Vanegas
Murcia, su padre, quien manifestó que dependía económicamente de él a pesar
de ser mayor de edad. A su vez, indicó que no se valoró correctamente el
certificado de la plataforma ADRES, en la que consta que no está afiliada al
régimen contributivo ni subsidiado.
36. En relación con los señores Yorwin Dair Cruz Méndez y Wolner Stid Cruz
Méndez, sostuvo que, si bien hacen parte del régimen contributivo y devengan
un salario mínimo legal mensual vigente, este ingreso les permitía cubrir sus
gastos de subsistencia. Agregó que, por tanto, no les era posible cubrir los gastos
del dictamen pericial.
37. En cuanto a la situación del señor John Fredy Méndez Cárdenas reiteró
que, a pesar de ser un soldado profesional y pertenecer al régimen contributivo
de las fuerzas militares, sus ingresos no superan los dos salarios mínimos. Puso
de presente que esto le permite únicamente cubrir los gastos de manutención
propia y de su cónyuge e hijo, por lo que no le es posible asumir el costo procesal
en cuestión.
38. A su vez, insistió en lo expuesto en el escrito de tutela en relación con el
cumplimiento de los presupuestos para el acceso al amparo de pobreza, según
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
1.9. Trámite de segunda instancia
39. Mediante auto del 23 de enero de 2025, el despacho ponente de esta
decisión advirtió la necesidad de vincular a los señores Aldemar Vanegas
Murcia5, José Aldemar Vanegas Motta, Magdalena Murcia Bustamante, Ramiro
Méndez Gavilar, Ana Jesús Cárdenas6, Beyanira Méndez Cárdenas7, Esleiber
Méndez Cárdenas8 y Adriana Méndez Cárdenas9, quienes conformaron el
5 En nombre propio y en representación de sus hijos menores Emanuel Vanegas Méndez y Yulieth
Alexandra Vanegas Méndez.
6 En nombre propio y en representación de la menor Sara Méndez Cárdenas.
7 En nombre propio y en representación de los menores Carol Yuliana Gutiérrez Méndez, Laura
Valentina Gutiérrez Méndez.
8 En nombre propio y en representación del menor Juan José Méndez Cárdenas.
9 En nombre propio y en representación de los menores Wedny Leanny Cruz Méndez y Nicer Lein
Cruz Méndez.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
extremo activo del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-002-
2022-00297-00.
40. Por medio de memorial remitido el 5 de febrero de 2025, los sujetos
vinculados solicitaron que se accediera al amparo de pobreza del conjunto de los
demandantes en el proceso de reparación directa. Para el efecto, aportaron las
declaraciones juramentadas y los certificados de la plataforma ADRES que se
anexaron como pruebas al recurso de reposición promovido contra el auto del 9
de octubre de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 5 de diciembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima. Lo anterior de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
42. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
43. La Sala advierte que los señores Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid
Cruz Méndez, John Fredy Méndez Cárdenas y Yuderly Mildred Vanegas Buitrago
están legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte activa en
el proceso de reparación directa en el que se dictaron las providencias que les
negó el reconocimiento del amparo de pobreza y que declaró improcedente un
recurso de reposición, decisiones que se cuestionan mediante la presente acción
constitucional.
44. Por su parte, se advierte que el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Ibagué se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
45. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 5 de diciembre de 2024.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
46. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué vulneró los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, con ocasión de los autos
del 9 de octubre de 2024 y del 6 de noviembre del mismo año10?
47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento
en los cargos propuestos en la demanda de tutela.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales13.
49. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial15.
10 En la providencia del 9 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
repuso parcialmente el auto del 4 de septiembre del mismo año y confirmó la decisión de negar
el amparo de pobreza con respecto a los tutelantes. Mediante la decisión del 6 de noviembre de
2024, se declaró la improcedencia del recurso de reposición promovido contra aquella
providencia.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
50. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
51. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
52. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
53. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
54. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
55. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los criterios
jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
56. En primer lugar, es necesario poner de presente que la acción de tutela se
dirigió contra el auto del 9 de octubre de 2024 – que repuso parcialmente el auto
del 4 de septiembre del mismo año y confirmó la decisión de negar el amparo de
pobreza con respecto a los tutelantes – y contra la providencia del 6 de noviembre
del 2024, que declaró improcedente el recurso de reposición presentado contra
dicho auto.
57. A pesar de que en las pretensiones se solicitó dejar sin efectos lo dictado
por el juzgado el 6 de noviembre de 2024, los demandantes únicamente
formularon argumentos contra el auto del 9 de octubre de 2024. En efecto, no
presentaron motivos por los cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada
habría incurrido en algún defecto al declarar la improcedencia del recurso de
reposición. Por tanto, ante la evidente falta de carga argumentativa en relación
con dicha providencia, la sala considera que frente a esta no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
58. Ahora bien, con respecto al auto del 9 de octubre de 2024, la parte actora
hizo referencia a algunas generalidades en relación con la naturaleza y propósito
del amparo de pobreza.
59. A su vez, argumentó que, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el caso en concreto se
encontraban configuradas las causales de procedencia de tal mecanismo. Lo
anterior pues, a su juicio, cada uno de los actores presentó la respectiva solicitud
y cumplió con el requisito de manifestar bajo la gravedad de juramento su
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
condición socioeconómica y la imposibilidad de asumir los gastos del proceso.
Como fundamento de ello, citó un extracto textual de la sentencia T-339 de 2018.
60. En relación con lo expuesto, se concluye que no se cumplió con la carga
argumentativa requerida en la medida en que, en primer lugar, las razones
presentadas no fueron encuadradas en ninguno de los requisitos especiales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. La parte actora se limitó
a exponer generalidades sobre el mecanismo del amparo de pobreza y sobre los
requisitos que, a su juicio, ha establecido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
61. Al respecto, las referencias a las sentencias del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional fueron dadas sin brindar algún contexto sobre los
presupuestos fácticos de tales providencias. De tal forma, de la decisión del alto
tribunal constitucional se extrajo una cita textual sin exponer mínimamente alguna
regla o subregla de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida
por la autoridad judicial demandada, en consideración a las particularidades del
caso concreto. En efecto, la actora no abordó los asuntos que fueron tratados en
dicha providencia, con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para que
exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala.
62. En virtud de lo anterior, frente a estas generalidades expuestas por la parte
actora, la ausencia de carga mínima argumentativa en clave de derechos
fundamentales requerida para activar la competencia del juez constitucional en
controversias de esta naturaleza permite concluir que el objetivo es reabrir una
controversia ya zanjada por el juez natural de la causa.
63. Ahora bien, en el escrito de tutela, se referenciaron algunas pruebas que
habrían sido valoradas erróneamente por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Ibagué. De tal forma, según la parte actora, la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico frente a la situación de cada uno de los actores. Lo
anterior, debido a que desconoció que el material probatorio aportado con el
recurso de apelación promovido frente al auto del 4 de septiembre de 2024 – la
declaración juramentada de su condición socioeconómica y el certificado de la
plataforma ADRES – acreditaba las condiciones requeridas para que se
accediera a reconocer el amparo de pobreza solicitado.
64. En relación con los señores Yorwin Dair Cruz Méndez y Wolner Stid Cruz
Méndez, la parte tutelante afirmó que pertenecen al régimen contributivo, porque
devengan un salario mínimo que les posibilita únicamente cubrir sus gastos de
subsistencia y los de su familia. En tal sentido, argumentaron que la negativa del
amparo de pobreza afecta su mínimo vital.
65. Con respecto al señor John Fredy Méndez Cárdenas, señaló que sus
ingresos no superan los dos salarios mínimos y que debe alimentos y vestuario
a su cónyuge e hijo, por lo que la decisión del juzgado atenta contra su
subsistencia y la de su familia. Esto, a pesar de que se encuentra afiliado al
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
régimen contributivo al ser parte del Ejército Nacional y devengar menos de dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
66. Frente a la señora Yuderly Mildred Vanegas Buitrago, no se tuvo en cuenta
la declaración juramentada de su padre, el señor Aldemar Vanegas Murcia, quien
manifestó que su hija, a pesar de ser mayor de edad, dependía económicamente
de él al ser una estudiante. Agregó que no hacía parte del régimen contributivo
ni era beneficiaria del régimen subsidiado en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, tal como lo demostraba el certificado de la plataforma ADRES
obrante en el expediente.
67. Sobre lo anterior, es importante destacar que la autoridad judicial
demandada, en el auto cuestionado, adoptó como criterio objetivo para no otorgar
el reconocimiento del amparo de pobreza, el hecho de pertenecer al régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social y Salud, de conformidad
con el certificado de la plataforma de la ADRES aportado. En tal sentido, el
juzgado repuso parcialmente la providencia del 4 de septiembre de 2024, en el
sentido de reconocer el amparo de pobreza frente a algunos de los demandantes
en el proceso de reparación directa.
68. El juzgado accionado sostuvo que únicamente se acreditó la condición de
vulnerabilidad frente a estos accionantes, debido a que se encontraban afiliados
al régimen subsidiado de salud. En relación con los tutelantes, concluyó que
contaban con ingresos y podían asumir el pago de la prueba pericial, en la medida
en que se encontraban vinculados el régimen contributivo de seguridad social, de
conformidad con los certificados de la plataforma ADRES.
69. Es necesario enfatizar que los actores no cuestionaron el criterio objetivo
adoptado por el juzgado. En otras palabras, los accionantes no reprocharon que
el juez hubiese empleado el referido certificado de afiliación como prueba de la
vulnerabilidad económica. Sus argumentos estuvieron dirigidos a establecer de
qué forma, en su criterio, las pruebas aportadas permitían inferir una condición
socioeconómica que les impedía asumir la carga procesal asociada al costo del
dictamen pericial que solicitaron.
70. En tal sentido, la sala considera que con respecto a la situación de los
señores Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid Cruz Méndez y John Fredy
Méndez Cárdenas, los argumentos esbozados son una simple manifestación de
su inconformidad con las consideraciones y conclusiones a las que llegó el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué en el auto objeto de la acción
constitucional. Lo anterior, puesto que se limitaron a afirmar que, a pesar de
pertenecer al régimen contributivo de salud, según su declaración juramentada
no contaban con los ingresos suficientes para asumir el costo del peritaje.
71. En efecto, de las razones presentadas no es posible inferir alguna
arbitrariedad o yerro por parte del operador judicial, pues no se enfatizó en que
se hubiera desconocido o valorado erróneamente alguna prueba en la decisión
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
cuestionada. En tal sentido, los juicios formulados en el escrito de tutela
corresponden simplemente a un ánimo de corrección de la providencia judicial,
objetivo que desnaturaliza la acción de tutela. Al respecto, la sala advierte que
formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar
la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto
puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia constitucional.
72. Sin embargo, en relación con la señora Yuderly Mildred Vanegas Buitrago
se concluye que se cumplió con la carga mínima de evidenciar una presunta
arbitrariedad en el estudio del certificado de la plataforma ADRES, prueba que, a
su juicio, acreditaba que la actora no se encuentra afiliada al régimen contributivo
ni subsidiado. En criterio de la parte actora, dicho análisis erróneo desconoció a
su vez la declaración juramentada del señor Aldemar Vanegas Murcia, quien
manifestó que la actora dependía económicamente de él, al ser una estudiante
que no contaba con ingresos mensuales fijos.
73. Tal valoración habría influido directamente en la decisión adoptada por el
juzgado de negar el amparo de pobreza frente a la tutelante. En esta medida, la
sala considera que los motivos expresados por la parte actora en relación con la
condición de la señora Vanegas Buitrago ameritan un estudio de fondo por parte
del juez constitucional y activan su competencia para el examen de la presente
controversia.
74. En dicha medida, se concluye que el requisito de relevancia constitucional
se acreditó exclusivamente con respecto a la situación de la accionante
mencionada con antelación. En esta medida, la sala estudiará si se cumplen con
los demás requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales.
2.5.2. Tutela contra tutela
75. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al
interior del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-002-2022-
00297-00.
2.5.3. Subsidiariedad
76. Se advierte que la parte actora no cuenta con mecanismos judiciales
ordinarios ni extraordinarios para controvertir la providencia cuestionada. Esto,
dado que cuestiona un auto que resolvió un recurso de reposición, frente al cual
no procede ningún mecanismo judicial.
2.5.4. Inmediatez
77. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
cuestionada se dictó el 9 de octubre de 2024 y la solicitud de amparo se interpuso
el 20 de noviembre del mismo año. Por tanto, sin que se requiera establecer la
fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte que la acción de tutela se
presentó dentro de un término razonable.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos desconocidos
78. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que se consideró que a la señora Yuderly Mildred
Vanegas Buitrago le fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
79. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que las autoridades accionadas incurrieron
en una vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello,
se determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió
en un defecto fáctico.
80. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, ante la presunta configuración del defecto fáctico.
2.6. Generalidades del defecto alegado
2.6.1. Del defecto fáctico
81. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201516, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
82. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.
83. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de
los postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
84. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica;
y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
2.7. Análisis del caso en concreto
85. Como se expuso con antelación, la parte actora manifestó que, con
respecto a la señora Yuderly Mildred Vanegas Buitrago, el juzgado accionado
habría incurrido en una presunta arbitrariedad en el estudio del certificado de la
plataforma ADRES, prueba que, a su juicio, acreditaba que la tutelante no se
encuentra afiliada al régimen contributivo ni subsidiado. En criterio de la parte
actora, dicho estudio erróneo desconoció a su vez la declaración juramentada del
señor Aldemar Vanegas Murcia, quien manifestó que la actora dependía
económicamente de él, al ser una estudiante que no contaba con ingresos
mensuales fijos.
86. Por su parte, mediante auto del 9 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Ibagué negó el amparo de pobreza solicitado por la señora
Vanegas Buitrago pues, a su juicio, el certificado de dicha plataforma acreditaba
que estaba afiliada al régimen contributivo de salud, motivo por el cual contaba
con ingresos que le permitían cubrir los gastos del dictamen pericial solicitado en
el proceso de reparación directa. En tal sentido, concluyó que no se comprobó la
condición de vulnerabilidad requerida para acceder al amparo de pobreza.
87. En el índice 136, folio 36 del expediente digital con radicado 73001-33-33-
002-2022-00297-00 que reposa en Samai, obra la siguiente prueba que
corresponde al certificado de la plataforma ADRES en el que se especifica el
estado de afiliación de la señora Vanegas Buitrago al sistema de salud:
88. En efecto, tal como lo señaló la parte actora, en dicho certificado puede
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
establecerse que la señora no se encuentra actualmente afiliada al régimen
contributivo de salud y tampoco se menciona que pertenezca al subsidiado. Tal
como puede apreciarse de la pieza procesal traída a colación por la sala, el
estado actual de la tutelante en el sistema es de «RETIRADO», con fecha de
finalización de su afiliación del 2 de diciembre de 2022.
89. A su vez, la condición económica de la actora en relación con su falta de
ingresos mensuales fijos se confirma con la manifestación bajo la gravedad de
juramento17 que llevó a cabo el señor Aldemar Vanegas Murcia, padre de la
tutelante, quien expresó que la señora Vanegas Buitrago es estudiante y
depende económicamente de él.
90. En virtud de lo expuesto, es necesario concluir que el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Ibagué incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, pues estudió arbitrariamente dicha pieza procesal al llegar
a una conclusión radicalmente opuesta a la consecuencia lógica y acorde con las
reglas de la sana crítica que permitía el tenor literal de lo allí consignado y
acreditado. En efecto, del estado «RETIRADO» del sistema contributivo de salud
consignado en tal prueba no era posible establecer que la actora se encontraba
afiliada a dicho régimen. Por el contrario, esta pieza documental da cuenta de
que la señora Vanegas Buitrago no cuenta actualmente con afiliación alguna al
sistema general de salud.
91. En esta medida, la sala concluye que es necesario revocar parcialmente
el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el
5 de diciembre de 2024, en el sentido de:
I. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia exclusivamente de la señora Yuderly Mildred
Vanegas Buitrago, en la medida en que se acreditó la configuración del
defecto fáctico por indebida valoración de las siguientes pruebas obrantes
en el expediente digital con radicado 73001-33-33-002-2022-00297-00
que reposa en Samai y aportadas por la parte actora en el proceso: (i)
certificado de la plataforma ADRES, que reposa en el índice 136, folio 36
y (ii) declaración juramentada del señor Aldemar Vanegas Murcia que se
encuentra en el índice 136, folio 29.
II. Como consecuencia de ello, ordenar al Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Ibagué que, en el término de 10 días contados desde la ejecutoria
de esta providencia, profiera una providencia de reemplazo frente al auto
del 9 de octubre de 2024, de conformidad con lo establecido en esta
sentencia de tutela, exclusivamente frente a la situación de la señora
Yuderly Mildred Vanegas Buitrago.
III. Confirmar la improcedencia de la acción de tutela con respecto a los
17 Índice 136, folio 29 del expediente digital con radicado 73001-33-33-002-2022-00297-00 de
Samai.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
señores Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid Cruz Méndez y John Fredy
Méndez Cárdenas, bajo el entendido de que no se superó el requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de primera instancia proferido
por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2024.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia exclusivamente de la señora Yuderly
Mildred Vanegas Buitrago, en la medida en que se acreditó la configuración del
defecto fáctico por indebida valoración de las siguientes pruebas obrantes en el
expediente digital con radicado 73001-33-33-002-2022-00297-00 que reposa en
Samai y aportadas por la parte actora en el proceso: (i) certificado de la
plataforma ADRES, que reposa en el índice 136, folio 36, y (ii) declaración
juramentada del señor Aldemar Vanegas Murcia que se encuentra en el índice
136, folio 29.
TERCERO: como consecuencia de ello, ORDENAR al Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Ibagué que, en el término de 10 días contados desde la
ejecutoria de esta providencia, profiera una providencia de reemplazo frente al
auto del 9 de octubre de 2024, de conformidad con lo establecido en esta
sentencia de tutela, exclusivamente frente a la situación de la señora Yuderly
Mildred Vanegas Buitrago.
CUARTO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción de tutela con respecto a
los señores Yorwin Dair Cruz Méndez, Wolner Stid Cruz Méndez y John Fredy
Méndez Cárdenas, bajo el entendido de que frente a su situación no se superó
el requisito de relevancia constitucional.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con salvamento de voto
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: John Fredy Méndez Cárdenas y otros
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00346-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.