Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00003-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00003-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2025-00003-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 730012333000202500003-01
Actora: Universidad de Cundinamarca
Demandado: Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela 22 de enero de 2025 proferida por Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, porque, a su juicio, al proferir, el
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Actora: Universidad de Cundinamarca
auto de 10 de julio de 2024 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de repetición identificado con el número único de radicación 73001-33-33-
008-2022-00238-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, en ejercicio del medio de control de repetición, el 2 de septiembre
de 2022 radicó una demanda, proceso identificado con el núm. de radicado:
730013333008202200238-00, que correspondió al Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito de Ibagué.
4. Expresó que, el 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Oral Administrativo
del Circuito de Ibagué, mediante sentencia, resolvió:
“[…] SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de esta decisión. […]”.
5. Indicó que, fue notificado de la decisión el 12 de enero de 2024 desde el correo
electrónico “[…] jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co […]” y que el 30 de enero de
2024, interpuso el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito de Ibagué que fue enviado al correo del que había
recibido la notificación.
6. Adujo que, “[…] solicitó aclaración de la constancia secretarial emitida el 31 de
enero de 2023, manifestando la presentación en el término establecido del recurso
de apelación, contra el fallo de primera instancia de fecha 19 de diciembre de 2023.
[…]”.
7. Señaló que, mediante auto de 3 de mayo de 2024, el Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió:
“[…] DENEGAR la solicitud elevada por la profesional del derecho JHENY LUCIA
CARDONA RICARD, Directora Jurídica de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.
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8. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] El 31 de enero de 2024 se controló el término de que trata el artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, dejándose constancia por la secretaria del juzgado, que dentro del
mismo, las partes guardaron silencio (Ad. 00036 Samai), quedando el expediente para
proceder a su archivo.
[…]
“[…] Tal como se indicó ab initio, ejecutoriado el fallo de instancia proferido en las
presentes diligencias y encontrándose el expediente para archivar, se recibió a través
de la Ventanilla Virtual SAMAI memorial suscrito por la apoderada especial de la
demandante, en el que solicita “aclaración a constancia de secretaria de l31 de
enero de 2023 toda vez que la UDEC presento recurso de apelación contra el fallo
de fecha 19 de diciembre de 2023”, allegando como “prueba” de su dicho, el oficio
remisorio del recurso de apelación interpuesto presuntamente de forma oportuna en la
dirección electrónica jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co
Esta instancia judicial, despachará de forma negativa la solicitud y son los siguientes
los argumentos que sustentan la posición:
En primer lugar, tal como se dejó sentado en los antecedentes de la actuación, en
procura de garantizar el debido proceso a todos los sujetos procesales, las
notificaciones electrónicas efectuadas por Secretaría contaron con la respectiva
información de advertencia, referida a que cualquier memorial o solicitud debía ser a
través de la Ventanilla Virtual de Atención SAMAI, copiando a su vez, no solo el link
del expediente sino tambien el enlace que direcciona a la Ventanilla Virtual de
Atención SAMAI.
Se trata de una sede electrónica de uso exclusivo y obligatorio desde la expedición del
Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 20231 y que ha contado con suficiente
publicidad a nivel nacional en las páginas del Consejo de Estado y el Consejo Superior
de la Judicatura, también a nivel local en los sitios web del H. Tribunal Administrativo
del Tolima y de todos los juzgados administrativos de la ciudad de Ibagué, incluido el
suscrito despacho sustanciador. En efecto, este juzgado desde el 14 de julio de 2023
procedió a publicar no solo en su micrositio -sección de atención al usuario-, sino en la
cartelera física dispuesta en la entrada al despacho […]”.
[…]
“[…] A pesar de lo anterior, y toda vez que este Despacho judicial excepcionalmente,
cuando se presenten deficiencias comprobadas en la disponibilidad de atención de la
Ventanilla Virtual de Atención SAMAI, acepta la recepción de memorial en el correo
institucional identificado con la cuenta adm08ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co,
procedió a revisar a bandeja de entrada del referido correo institucional sin encontrar
que la accionante hubiera presentado el memorial que afirma haber radicado el
pasado 30 de enero de 2024. Tampoco fue recepcionado de forma física en las
instalaciones del despacho que se encuentra abierto al público de lunes a viernes
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 M y de 1:00 a 5:00 pm.-
La profesional del derecho JHENY LUCIA CARDONA RICARD no acredita que se
hubiera recibido por este despacho judicial el memorial que alega y aporta a la
solicitud, ni de forma física, ni de forma electrónica; si se tiene en cuenta que, en
cualquiera de las dos modalidades, la recepción de los escritos es certificada por
el despacho, en el primer evento con un sello – con fecha y hora- y, en el segundo,
con una respuesta electrónica de gestión de acuse de recibido.
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El correo jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co no corresponde a una cuenta de
recepción de documentos, ni es administrado para tales efectos por el despacho
por no ser de entrada; por tanto, sin importar su naturaleza institucional, cualquier
memorial enviado al mismo debe tenerse por no presentado; máxime cuando ni
siquiera cumplió la carga de enviar a los demás sujetos procesales (demandante y
Ministerio Público) el ejemplar del respectivo memorial que alega haber presentado
oportunamente, no pudiendo en consecuencia alegar su propia culpa, menos aún
para lograr con ello, de manera exclusiva, obtener un beneficio propio2 y de paso,
vulnerar el derecho a la igualdad de su contraparte. […]”.
9. Expuso que, contra lo resuelto mencionado supra, presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación.
10. Indicó que, mediante auto de 10 de julio de 2024, el Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió:
“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto proferido el pasado tres (3) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto de
forma subsidiaria. […]”.
11. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Este despacho anticipa que no repondrá la decisión censurada, en tanto la
posición de la actora reside en insistir que el recurso de apelación interpuesto contra a
la sentencia fechada diecinueve (19) de diciembre de 2023, fue oportuno, por haber
sido presentado el treinta (30) de enero de 2024 al correo institucional
jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica que considera del dominio
de este Despacho judicial, por haber sido este, el medio electrónico a través del cual le
fue notificada la decisión que puso fin al debate procesal dentro de las diligencias de la
referencia; cuando el recuento procesal da cuenta que la entidad fue previamente
informada sobre la forma y dirección en la que debía radicar sus memoriales, […].
[…]
“[…] Debe precisarse que la advertencia contenida en la diligencia de notificación
personal referente a que cualquier memorial o solicitud debía ser a través de la
Ventanilla Virtual de Atención SAMAI, copiando a su vez no solo el link del expediente
sino también el enlace que direcciona a la Ventanilla Virtual de Atención SAMAI, no
obedeció a un antojo de esta instancia judicial sino a la ejecución de lo ordenado por
el Consejo Superior de la judicatura, entidad que mediante el Acuerdo PCSJA23-12068
del 16 de mayo de 20233, dispuso la obligatoriedad del aplicativo SAMAI en la
jurisdicción contencioso administrativa, decisión esta que contó con suficiente
publicidad a nivel nacional en las páginas del Consejo de Estado y el Consejo Superior
de la Judicatura, también a nivel local en los sitios web del H. Tribunal Administrativo
del Tolima y de todos los juzgados administrativos de la ciudad de Ibagué, incluido el
suscrito despacho sustanciador que desde el 14 de julio de 2023 procedió a publicar
no solo en su micrositio -sección de atención al usuario-, sino en la cartelera física
dispuesta en la entrada al despacho el aviso informativo sobre la radicación de
memoriales. […]”.
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[…]
"[...] No obstante lo anterior, la apoderada de la entidad alega que radicó su recurso en
el correo jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co que no es de recepción de documentos,
ni es administrado para tales efectos por el despacho por no ser de entrada; y aun en
gracia de discusión tampoco utilizó el correo institucional del juzgado:
adm08ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, ni cumplió la carga de enviar a los demás
sujetos procesales (demandante y Ministerio Público) el ejemplar del respectivo
memorial que alega haber presentado oportunamente, no pudiendo en consecuencia
alegar su propia culpa, menos aún para lograr con ello, de manera exclusiva, obtener
un beneficio propio y de paso, vulnerar el derecho a la igualdad de su contraparte.
Así entonces, lejos de configurar el exceso ritual manifiesto que imputa el recurrente
al despacho, se presenta un descuido por parte del profesional del derecho que no
puede ser honrado en desmedro de los intereses de la parte accionada, máxime
cuando la posición del despacho se encuentra sustentada en el marco legal y
jurisprudencial, por cuanto el propio órgano de cierre tuvo oportunidad de advertir
sobre los memoriales radicados en un buzo diferente al destinado para su recepción
al decir que “los memoriales radicados en un buzón electrónico diferente a aquel
destinado para su recepción y que ha sido debida y previamente informado a
las partes, deben tenerse por no presentados” y agrega “el uso obligatorio y
correcto de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una carga
procesal para las partes”.
De igual modo, para el alto Tribunal, “así como la administración de justicia debe usar
el canal digital suministrado por las partes en aras de que la notificación de las
decisiones judiciales sea válida; los usuarios de este servicio público tienen la carga de
utilizar como medio de comunicación, la dirección electrónica establecida oficialmente
para tales efectos por el Juzgado” y que entender lo contrario, esto es, “afirmar que
cualquier correo electrónico, por el hecho de ser institucional, es apto para la
recepción y trámite de los memoriales, generaría caos en la administración de
justicia y una carga desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron
en otro buzón digital”, en suma, “entorpecería la prestación adecuada de este
servicio público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y
economía procesal”. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. La actora solicitó en su escrito de tutela1:
“[…] 1. Respetuosamente solicito al Honorable Juez Constitucional, TUTELAR los
derechos fundamentales al A LA IGUALDAD PROCESAL, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA JUSTICIA que le asisten a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
toda vez que el JUZGADO 08 DE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
IBAGUE en auto notificado por estado del el día 11 de julio de 2024 incurrió en
defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, error inducido, desconoció el
1 Transcripción literal del texto.
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precedente jurisprudencial y violó directamente la Constitución Política de Colombia,
por cuanto no dio trámite al recurso de apelación en contra de sentencia de primera
instancia formulado en debida forma y dentro de la oportunidad procesal
correspondiste.
2. ORDENAR al JUZGADO 08 DE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
IBAGUÉ, verificar el recurso de apelación contra la decisión del día 19 de diciembre
de 2023 formulado oportunamente por la Universidad de Cundinamarca el día 30 de
enero de 2024 y como consecuencia se proceda con el trámite procesal de admisión
del recurso de apelación.
3. Como conciencia de lo anterior, se deje sin efectos las decisiones tomadas por el
JUZGADO 08 DE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, con
posterioridad a la presentación del recurso. […]”.
13. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que2:
“[…] En este caso, el Juzgado accionado argumentó que el recurso de apelación no
fue radicado a través de la plataforma SAMAI, sino que se presentó mediante correo
electrónico institucional del Juzgado, el mismo medio por el cual el despacho notificó
la sentencia a la Universidad de Cundinamarca, sin embargo, este formalismo no
puede estar por encima del derecho fundamental de acceso a la justicia y debido
proceso, pues lo relevante es que el recurso fue presentado en el término procesal
establecido, lo que fue reconocido por el propio Juzgado en las constancias
secretariales. Al respecto la Universidad de Cundinamarca radicó el recurso de
apelación dentro del término legal, y el Juzgado accionado reconoció que tuvo
conocimiento de este, pero negó su trámite bajo el argumento de que fue presentado
por un canal de notificación distinto a la plataforma virtual habilitada para radicación
de escritos, este proceder es abiertamente contrario a la jurisprudencia
constitucional, que ha señalado en reiteradas oportunidades que los jueces deben
evitar interpretaciones excesivamente formalistas que impidan la prevalencia del
derecho sustancial.
2.2. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
El defecto procedimental absoluto en este caso se materializa a través del exceso
ritual manifiesto, figura ampliamente desarrollada por la Corte Constitucional como
en la sentencia T-398-17, en la que se estableció que:
"El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando un
funcionario judicial concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia
del derecho sustancial y, por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia."
Este exceso ritual manifiesto se evidencia cuando:
1. No se tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización
efectiva de los derechos sustantivos.
2. El funcionario renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los
hechos probados en el caso concreto.
2 Transcripción literal del texto.
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3. Se aplica en exceso rigurosa la normatividad procesal, pese a que esto genere la
violación de derechos fundamentales.
Aplicando estos criterios al caso concreto, se observa que el Juzgado accionado:
1. Reconoció expresamente la existencia y radicación del recurso de apelación
dentro del término legal, según consta en los documentos emitidos por la propia
secretaría del despacho.
2. Negó su trámite únicamente porque el memorial no se allegó a través de la
ventanilla virtual de la plataforma SAMAI, pese a que el medio utilizado fue el mismo
habilitado por el Juzgado para la notificación de la sentencia.
3. Impidió que se revisara en segunda instancia una decisión judicial, restringiendo
el derecho a la doble instancia y al debido proceso.
Este actuar por parte del Juzgado accionado es inadmisible desde la perspectiva del
derecho constitucional, pues convierte una formalidad procesal en un obstáculo
absoluto para el acceso a la justicia, contrariando el artículo 228 de la Constitución,
que ordena dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas procesales. […]”.
[…]
“[…] El presente caso se enmarca dentro de los parámetros antes mencionados,
pues la Universidad de Cundinamarca sí presentó el recurso de apelación en
término, el Juzgado reconoció su existencia, pero decidió desconocerlo con base en
una formalidad secundaria (el canal de radicación).
Por lo anterior, tenemos que el JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, incurrió en un defecto procedimental absoluto al
negarse a dar trámite al recurso de apelación presentado en término, pues
desconoció el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la justicia de la
Universidad de Cundinamarca.
Este defecto se agrava por el exceso ritual manifiesto, ya que el Juzgado reconoció
la radicación del recurso pero negó su trámite por razones meramente formales,
impidiendo la revisión en segunda instancia de una decisión judicial. Por lo tanto, se
hace necesario que el Juez Constitucional tutele los derechos fundamentales
vulnerados y ordene al Juzgado accionado dar trámite al recurso de apelación
presentado oportunamente. […].
Actuación
14. El Despacho del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 15 de
enero de 2025: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Juzgado Octavo
Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, concediéndole el término de dos (2) días
para rendir informe sobre el particular.
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Intervención del demandado
15. El Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué argumentó que:
“[…] Las notificaciones electrónicas efectuadas por Secretaría contaron con la
respectiva información de advertencia, referida a que cualquier memorial o solicitud
debía ser a través de la Ventanilla Virtual de Atención SAMAI, copiando a su vez,
no solo el link del expediente sino también el enlace que direcciona a la Ventanilla
Virtual de Atención SAMAI. Se trata de una sede electrónica de uso exclusivo y
obligatorio desde la expedición del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de
20231 y que ha contado con suficiente publicidad a nivel nacional en las páginas
del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, también a nivel local
en los sitios web del H. Tribunal Administrativo del Tolima y de todos los juzgados
administrativos de la ciudad de Ibagué, incluido el suscrito despacho sustanciador.
En efecto, este juzgado desde el 14 de julio de 2023 procedió a publicar no solo en
su micrositio -sección de atención al usuario-, sino en la cartelera física dispuesta
en la entrada al despacho el respectivo aviso informativo. [...]”.
15.1. Indicó que la actora fue previamente informada sobra la forma y la dirección
en la que debía radicar los memoriales.
15.2. Señaló que, la actora no presentó el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia a través del canal informado, el correo institucional del Juzgado
y tampoco cumplió con la carga de enviar el memorial a los demás sujetos
procesales.
15.3. Indicó que, la actora había radicado con antelación otros memoriales en la
ventanilla virtual SAMAI y que no es cierto que el despacho hubiera reconocido en
una constancia secretarial que el recurso hubiera sido radicado de manera
oportuna.
15.4 Consideró que, no se configura exceso de ritual manifiesto, sino descuido por
parte del profesional del derecho que representó a la actora en los intereses de la
entidad.
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15.5 Resaltó que no es cierto que el Juzgado hubiera reconocido una constancia
secretarial que el recurso de apelación se hubiera radicado oportunamente en el
buzón de salida de uso exclusivo de notificaciones electrónicas, y que esa
información fue allegada por parte de la actora, en un intento de aclaración cuando
el expediente ya se encontraba en curso de ser archivado.
La sentencia impugnada
16. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 22 de enero de
2025, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, frente
a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad procesal
y acceso a la administración de justicia, invocados por la Universidad de
Cundinamarca, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia. […]”.
16.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Ahora bien, de otra parte, se aprecia que la tutela fue no fue interpuesta dentro
un término razonable, dado que, la constancia secretarial por la cual se indicó que
dentro del término de traslado para presentar recurso de apelación contra la
sentencia emitida por el Juzgado accionado, la Universidad de Cundinamarca,
guardó silencio; y ordenó el archivo de las diligencias, data del 31 de enero de
2024, y solo hasta el 13 de enero de 2025, se instauró el mecanismo constitucional,
sin que obre prueba alguna que respalden una situación especial que permita a
esta Corporación, pasar por alto el extenso periodo de tiempo que ha transcurrido
entre la presunta vulneración alegada por la Universidad de Cundinamarca y el
ejercicio tardío de la tutela, por consiguiente no se encuentra acreditado el requisito
de inmediatez.
Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, se pasará a efectuar el
siguiente análisis, para determinar si se cumple o no con este requisito:
En primer lugar, es menester señalar que la acción de tutela se caracteriza por ser
subsidiaria, es decir, que su procedencia se da siempre y cuando no existan otros
medios para amparar los derechos solicitados.
En este sentido, se avizora que, la parte accionante pretende que se ordene, al
Juzgado accionado, dar trámite al recurso de apelación impetrado contra la
sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso con radicado No.
73001-23-33-000-2025-0003-00, puesto que a su juicio fue radicado
oportunamente, mediante mensaje al correo electrónico
jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co.
Ahora bien, con base en la revisión del expediente digital remitido por el Despacho
accionado, se advierte que, la Universidad de Cundinamarca, a través de memorial
radicado en la ventanilla virtual SAMAI, solicitó aclaración de la constancia
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secretarial emitida el 31 de enero de 2023, manifestando la presentación en el
término establecido del recurso de apelación, contra el fallo de primera instancia
de fecha 19 de diciembre de 2023. […]”.
[…]
“[…] Finalmente, el Juzgado procedió a la verificación de la bandeja de entrada del
referido correo electrónico sin que se encontrara registro de la presentación del
memorial que la parte accionante afirma haber radicado el 30 de enero de 2024.
Asimismo, constató que dicho memorial no fue recibido de forma física en las
instalaciones del Despacho.
Inconforme con la anterior decisión, la Universidad de Cundinamarca presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual fue resuelto de manera
desfavorable a través de auto de fecha 10 de julio de 2024, en el cual se decidió
no reponer el mentado auto y rechazar por improcedente el recurso de apelación
interpuesto de forma subsidiaria.
Bajo tales circunstancias, advierte la Sala que la parte actora, contaba con los
mecanismos judiciales ordinarios, para alcanzar lo pretendido, pues si bien
presentó el recurso de reposición en término, omitió la carga procesal de presentar
de forma subsidiaria el recurso de queja. […]”.
La impugnación
17. La actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima. En ese orden de ideas expresó lo siguiente3:
“[…] El fallo impugnado presenta varias falencias argumentativas que
afectan directamente el análisis de la procedencia y la protección de los
derechos fundamentales de la Universidad de Cundinamarca, por lo cual,
este fallo debe ser revocado, atendiendo las siguientes razones:
1. Sobre la alegada falta de inmediatez
El Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un error al interpretar la
supuesta falta de inmediatez en la interposición de la acción de tutela, ya
que desde el momento en que el Juzgado Octavo Administrativo notificó a
la Universidad de Cundinamarca el fallo de primera instancia, el 12 de enero
de 2024, el apoderado de la Universidad actuó de manera diligente y
reiterada para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Este
comportamiento procesal es evidente a partir de una serie de actuaciones
que demuestran su compromiso con el principio de inmediatez y su
intención de agotar todos los recursos disponibles antes de recurrir al
amparo constitucional.
Las siguientes actuaciones así lo demuestran:
1. 12 de enero de 2024: Notificación del fallo que negó las pretensiones
de la Universidad.
3 Transcripción literal del texto
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2. 30 de enero de 2024: Radicación del recurso de apelación dentro del
término legal, utilizando el correo electrónico oficial desde el cual el juzgado
notificó la decisión.
3. 31 de enero de 2024: Emisión de constancia secretarial que indicó, de
manera errónea, que la Universidad guardó silencio respecto del recurso
de apelación.
4. 21 de febrero de 2024: Solicitud de aclaración de la constancia
secretarial, insistiendo en que el recurso fue presentado dentro del término
procesal.
5. 3 de mayo de 2024: El Juzgado Octavo Administrativo negó la solicitud
de aclaración.
6. 10 de julio de 2024: El juzgado rechazó el recurso de apelación y la
reposición presentada.
Es importante resaltar que estos hechos evidencian un actuar continuo y
diligente por parte de la Universidad, la cual no dejó transcurrir el tiempo de
manera pasiva, por el contrario, agotó todas las instancias posibles dentro del
proceso judicial antes de acudir al mecanismo de tutela, […]”.
[…]
“[…] El Tribunal erró al considerar que la acción de tutela no cumplía con el
requisito de subsidiariedad, pues este análisis desconoce que el recurso de
queja, contemplado en el artículo 245 del CPACA, no era idóneo ni eficaz en
este caso particular debido a la naturaleza del defecto procedimental absoluto
configurado por el Juzgado Octavo Administrativo al negar injustificadamente
el trámite del recurso de apelación. […]”.
[…]
“[…] Por último, es relevante traer a colación el salvamento de voto presentado
por el Magistrado […] en relación con la misma sentencia impugnada, pues
este salvamento subraya que la acción de tutela debió ser considerada
procedente, ya que el recurso de queja no constituía un medio adecuado para
resolver la controversia planteada, además, destaca que exigir dicho recurso
significaba un uso inadecuado de los medios procesales, dado que su
interposición no habría garantizado el análisis del asunto de fondo.
El Magistrado […] concluye que la tutela debía proceder, incluso si en última
instancia no se otorgaba el amparo, ya que era imprescindible garantizar un
análisis constitucional del defecto procedimental, pueste análisis bajo esta
perspectiva refuerza la necesidad de revocar el fallo impugnado y reconocer
que la acción de tutela es el único mecanismo eficaz y adecuado para
garantizar la protección de los derechos fundamentales de la Universidad.
En este contexto, solicitamos respetuosamente que se valoren los argumentos
expuestos en la acción de tutela, en la impugnación y el respaldo del
salvamento de voto, procediendo a revocar el fallo impugnado y a amparar los
derechos fundamentales vulnerados. […]”.
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Actora: Universidad de Cundinamarca
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii)
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; vi) análisis del caso concreto; y finalmente vii) las
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
23. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
29. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199112, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
30. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.
31. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional13:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200914 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
13 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo
sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.
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que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con
la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
32. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
37. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
16 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
39. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, porque, a su juicio, al proferir, el
auto de 10 de julio de 2024 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de repetición identificado con el número único de radicación 73001-33-33-
008-2022-00238-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
40. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
42.1 Copia del informe rendido por el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué
en el presente trámite de tutela.
42.2 Copia digital del proceso de repetición, identificado con el número único de
radicación 730013333008202200238-00.
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Solución del caso concreto
43. La actora adujo en su escrito de impugnación que la autoridad accionada
vulneró los derechos fundamentales invocados, al señalar 18:
“[…] “[…] El fallo impugnado presenta varias falencias argumentativas que
afectan directamente el análisis de la procedencia y la protección de los
derechos fundamentales de la Universidad de Cundinamarca, por lo cual, este
fallo debe ser revocado, atendiendo las siguientes razones:
7. Sobre la alegada falta de inmediatez
El Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un error al interpretar la
supuesta falta de inmediatez en la interposición de la acción de tutela, ya que
desde el momento en que el Juzgado Octavo Administrativo notificó a la
Universidad de Cundinamarca el fallo de primera instancia, el 12 de enero de
2024, el apoderado de la Universidad actuó de manera diligente y reiterada
para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Este
comportamiento procesal es evidente a partir de una serie de actuaciones que
demuestran su compromiso con el principio de inmediatez y su intención de
agotar todos los recursos disponibles antes de recurrir al amparo
constitucional.
Las siguientes actuaciones así lo demuestran:
1. 12 de enero de 2024: Notificación del fallo que negó las pretensiones de la
Universidad.
30 de enero de 2024: Radicación del recurso de apelación dentro del término
legal, utilizando el correo electrónico oficial desde el cual el juzgado notificó la
decisión.
31 de enero de 2024: Emisión de constancia secretarial que indicó, de manera
errónea, que la Universidad guardó silencio respecto del recurso de apelación.
21 de febrero de 2024: Solicitud de aclaración de la constancia secretarial,
insistiendo en que el recurso fue presentado dentro del término procesal.
3 de mayo de 2024: El Juzgado Octavo Administrativo negó la solicitud de
aclaración.
10 de julio de 2024: El juzgado rechazó el recurso de apelación y la reposición
presentada.
Es importante resaltar que estos hechos evidencian un actuar continuo y
diligente por parte de la Universidad, la cual no dejó transcurrir el tiempo de
manera pasiva, por el contrario, agotó todas las instancias posibles dentro del
proceso judicial antes de acudir al mecanismo de tutela, […]”.
18 Transcripción literal del texto.
21
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[…]
“[…] El Tribunal erró al considerar que la acción de tutela no cumplía con el
requisito de subsidiariedad, pues este análisis desconoce que el recurso de
queja, contemplado en el artículo 245 del CPACA, no era idóneo ni eficaz en
este caso particular debido a la naturaleza del defecto procedimental absoluto
configurado por el Juzgado Octavo Administrativo al negar injustificadamente
el trámite del recurso de apelación. […]”.
[…]
“[…] Por último, es relevante traer a colación el salvamento de voto presentado
por el Magistrado […] en relación con la misma sentencia impugnada, pues
este salvamento subraya que la acción de tutela debió ser considerada
procedente, ya que el recurso de queja no constituía un medio adecuado para
resolver la controversia planteada, además, destaca que exigir dicho recurso
significaba un uso inadecuado de los medios procesales, dado que su
interposición no habría garantizado el análisis del asunto de fondo.
El Magistrado […] concluye que la tutela debía proceder, incluso si en última
instancia no se otorgaba el amparo, ya que era imprescindible garantizar un
análisis constitucional del defecto procedimental, pueste análisis bajo esta
perspectiva refuerza la necesidad de revocar el fallo impugnado y reconocer
que la acción de tutela es el único mecanismo eficaz y adecuado para
garantizar la protección de los derechos fundamentales de la Universidad.
En este contexto, solicitamos respetuosamente que se valoren los argumentos
expuestos en la acción de tutela, en la impugnación y el respaldo del
salvamento de voto, procediendo a revocar el fallo impugnado y a amparar los
derechos fundamentales vulnerados. […]”.
44. En relación con la subsidiaridad como requisito para la acción de tutela, la Sala
advierte que este es un mecanismo al que la actora acude cuando no disponga de
otros mecanismos ordinarios o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales.
45. La Sala considera que, pese a que la actora contó con la posibilidad de poner
en conocimiento de la autoridad judicial esos argumentos por los que está en
desacuerdo, lo cierto es que, fue notificado de la providencia proferida en primera
instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, y al haber
sido rechazado el recurso de apelación por el juez natural, la actora contaba con
el recurso de queja.
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46. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades 19,
la actora no puede pretender suplir su inactividad con esta acción constitucional,
toda vez que, si la actora estaba inconforme con la decisión en el proceso de
repetición y al haber sido rechazado el recurso de apelación, el escenario idóneo
para haberlo discutido era el recurso de queja.
47. En ese sentido, la Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional:
“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de
forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica.
Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de
demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están
siendo trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue
posible por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la
presunta transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en
atención a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la
autonomía de las autoridades judiciales […]”.20 (Resaltado por la Sala)
48. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, por un lado, la actora
debió presentar el recurso de queja contra providencias judiciales en el término de
ejecutoria, como lo establece el artículo 6521 de la Ley 2080 de 202122, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, por lo tanto, la acción de tutela resulta
improcedente al utilizarse como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de
defensa, en este caso, el recurso de queja en el proceso de repetición.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre
de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21 ARTÍCULO 65. QUEJA. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o
se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.
Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y cuando
no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este
código.
Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.
22 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
-ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción
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Estudio del perjuicio irremediable
49. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
50. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional23:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable24[…]”.
51. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
52. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que la actora contó, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, con el recurso de queja.
Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 22
de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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la improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de enero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Núm. único de radicación: 730012333000202500003-01
Actora: Universidad de Cundinamarca
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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