RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2025-00181-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00181-01

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00181-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones esgrimidas en esta sentencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2025-00181-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de julio de 2025

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 73001-23-33-000-2025-00181-01
Demandante: CRISTHIAN CAMILO VALDERRAMA REYES
Demandado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
IBAGUÉ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA
EXPEDICIÓN DEL CDP PARA EL DISFUTE DE VACACIONES A UN SERVIDOR
JUDICIAL ADSCRITO EN EL RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUAL –
Improcedencia porque no se acreditan las condiciones apremiantes y de urgencias
señaladas en la sentencia SU-296 de 2003, para tener por superada la exigencia de
subsidiariedad.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 11 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 7 de mayo de 2025, el señor Cristhian Camilo Valderrama Reyes interpuso acción
de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Ibagué
(DESAJI), por considerar vulnerado su derecho fundamental al descanso, como
expresión del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, con ocasión del Oficio
SP 612 de 2025, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué le
informó que la DESAJI manifestó que «no es posible generarle el CDP para Reemplazo
de vacaciones solicitado». Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

Solicito se ampare mi derecho fundamental al descanso, como expresión del
derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.

En consecuencia, se ordene al DIRECTOR SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE, que, en un término no superior a
48 horas, emita Certificado de disponibilidad presupuestal para proveer las
vacaciones individuales a que tengo derecho y el nombramiento del
respectivo remplazo.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1
Se advierte que el 16 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

3. El señor Cristhian Camilo Valderrama Reyes se vinculó a la Rama Judicial desde el 1º
de agosto de 2012. Inicialmente, prestó sus servicios como juez penal municipal, por lo
que estaba amparado por el régimen de vacaciones individuales.

4. Posteriormente, entre el 7 de marzo de 2016 y el 19 de junio de 2023, fungió como
juez penal del circuito y, por consiguiente, su régimen cambió al de vacaciones
colectivas.

5. A partir del 20 de junio de 2023, fue designado como juez sexto de ejecución de penas
de Ibagué, con lo cual retornó al régimen de vacaciones individuales.

6. El 30 de abril de 2025, solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que
le fueran concedidas las vacaciones individuales que tenía pendientes de disfrutar. En
consecuencia, dicha autoridad solicitó a la DESAJI, que emitiera el respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP) para el nombramiento del reemplazo.

7. Mediante Oficio SP 612 de 2025, dicho tribunal le informó al señor Valderrama Reyes
que la DESAJI señaló que no era posible generar el CDP, para conceder las vacaciones
solicitadas y proveer el reemplazo, toda vez que no se encontraron periodos de
vacaciones pendientes por disfrutar a la fecha.

8. El accionante invocó la sentencia SU-296 de 2023, mediante la cual, a su juicio, la
Corte Constitucional señaló que la acción de tutela es procedente para solicitar que las
Direcciones Ejecutivas expidan el correspondiente CDP, cuando sea necesario para que
el nominador conceda oportunamente el disfrute de las vacaciones a los funcionarios y
empleados amparados por el régimen individual.

9. Explicó que los cambios de cargo en la Rama Judicial ocasionaron su traslado del
régimen individual de vacaciones al colectivo, y su posterior retorno al régimen individual,
de modo tal que, uno de los periodos causados cuando estuvo en el régimen individual
por primera vez (entre el 1º de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016), se quedó sin
disfrutar, razón por la cual, cuando culminó su nombramiento como juez penal del circuito
(19 de junio de 2023), retornó su vinculación al régimen individual y, por ende, solicitó
que se le concediera su disfrute, toda vez que mientras estuvo bajo el régimen de
vacaciones colectivas no podía hacerlo porque se encontraba vigente la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, que lo prohibía.

10. Agregó que la DESAJI sustenta su negativa en que, según lo previsto en la Circular
PSAC11-44 de 2011, si a un servidor le quedan pendientes periodos de vacaciones por
disfrutar, se le pueden reconocer en el marco de la liquidación final de las prestaciones
sociales. No obstante, dicha directriz ya no rige la materia, porque se derogó por el
Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024, según el cual, cuando un servidor pasa
del régimen de vacaciones individual al colectivo, y le quedan periodos pendientes de
vacaciones por disfrutar, es posible proveer un reemplazo para que el funcionario o
empleado judicial goce de su descanso.

B. Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 28 de mayo de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

Administración de Judicial de Ibagué. Además, ordenó que se notificara a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de
Ibagué.

12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que no tiene
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones del señor Valderrama
Reyes, dado que este se encuentra adscrito a la DESAJI, autoridad competente para
expedir el CDP que le permita disfrutar de las vacaciones.

13. La DESAJI no intervino, pese a que fue debidamente notificada del auto admisorio.

C. Fallo impugnado

14. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima
«negó por improcedente» el amparo solicitado, por considerar que, del material
probatorio allegado al expediente, especialmente el informe expedido por el Área de
Talento Humano de la Seccional de Ibagué, se colige que el último periodo de vacaciones
disfrutado por el señor Cristhian Camilo Valderrama Reyes, se causó entre el 1º de
agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024, por lo que en la actualidad no existen periodos
pendientes de conceder. El próximo descanso serían las vacaciones causadas por el
tiempo laborado entre el 1º de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

D. Impugnación

15. El accionante reprochó que en el fallo de primera instancia se haya realizado el
análisis respecto de la existencia del último periodo de vacaciones causado y disfrutado,
cuando lo cierto es que la reclamación gira en torno a un periodo de vacaciones causado
entre el 1º de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016, lapso en el que estuvo cobijado
por el régimen individual de vacaciones, y que, debido a su traslado de cargo y al cambio
de régimen que ello implicó, dejó de disfrutar de un periodo vacacional.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problemas jurídicos

17. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima. Para tal efecto, en primer lugar, se deberá establecer
si la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
subsidiariedad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

18. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo, con el fin de determinar si las
autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor
Cristhian Camilo Valderrama Reyes, al no concederle las vacaciones solicitadas
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué) y negarse a expedir el CDP (DESAJI)
para designar un reemplazo mientras disfruta de ellas.

G. Análisis de la Sala

19. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo
constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para la
protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se encuentra reiterada en
el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional2,
los cuales, en general, insisten en la improcedencia de la tutela para propiciar debates
respecto de los cuales existen otros recursos o instrumentos judiciales y, en particular,
para discutir la legalidad de decisiones contenidas en actos administrativos, salvo que se
acredite la falta de eficacia de esos mecanismos.

20. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable 3 , es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.

21. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.

22. En el asunto examinado, el señor Cristhian Camilo Valderrama Reyes argumentó que
las autoridades demandadas le vulneraron sus derechos fundamentales, pues no solo
negaron las vacaciones reclamadas, por considerar que no se habían causado, sino
también el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para designar a su
reemplazo. Según el actor, la Corte, en la sentencia SU-296 de 2023, determinó que la
acción de tutela es procedente para solicitar que las Direcciones Ejecutivas expidan el
correspondiente CDP, a fin de que el nominador conceda oportunamente el disfrute de
las vacaciones a los funcionarios y empleados amparados por el régimen individual.

23. En orden a resolver el problema jurídico planteado, conviene señalar que, en un
tiempo4, la tesis mayoritaria5 de esta Subsección consistía en que en este tipo de casos

2 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se destacan

las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de 2019 y T-451 de
2022.
3 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
4 Al respecto, ver, entre muchas otras, las sentencias del 8 de mayo de 2023, exp. 2022-06182-01, y del
4 de julio de 2023, exp. 2023-02118-00 y 2023-01218-01.
5 Criterio que no era compartido por la magistrada ponente de esta sentencia, quien, por tanto, salvó el

voto en esas ocasiones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

la parte demandante debía agotar los mecanismos ordinarios de defensa para obtener
la protección de sus garantías fundamentales, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como la solicitud de medidas cautelares, que le
permitirían debatir la legalidad de los actos administrativos que le negaron sus
vacaciones y la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal para designar
su reemplazo.

24. No obstante, la Sala modificó su posición en atención a lo resuelto recientemente por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 20236, bajo el entendido de que en
asuntos en los que la autoridad competente niega al servidor judicial el disfrute del
descanso obligatorio aduciendo razones presupuestales y de necesidades del servicio,
la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de subsidiariedad y, por ende, es
procedente analizar el fondo de la controversia. Textualmente, esto dijo la Corte:

125. Unificación de la jurisprudencia. En vista de las anteriores
circunstancias, la Sala considera necesario dictar una regla de unificación en
torno a la procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección del
derecho al descanso, cuando quiera que se advierta la negativa de la DESAJ
de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que el nominador
pueda conceder el periodo vacacional al cual tienen derecho los funcionarios
y empleados judiciales. Esto, bajo el entendido de que, en estos casos, resulta
desproporcionado exigirle a los funcionarios y empleados judiciales que han
causado periodos vacacionales, como es el caso de los actores en los
procesos sub examine, que acudan ante al juez contencioso administrativo,
cuando lo que se encuentra en juego es la salud mental y física del trabajador
y esta afectación se causa por una compleja interacción entre al menos tres
actos administrativos: la circular del Consejo Superior de la Judicatura, que
regula en términos generales el asunto; la negativa de las Seccionales, que
con fundamento en la circular niegan el certificado de disponibilidad
presupuestal; y la cancelación, suspensión o negativa de las vacaciones, por
parte de los nominadores, al no tener dicho certificado y, por tanto, no poder
designar un reemplazo.

126. Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad
se encuentra acreditado en cada uno de los casos objeto de examen. Esto es así
porque, tratándose de la negativa de la concesión de las vacaciones a las cuales
tienen derecho los empleados judiciales, los medios de control previstos en el
proceso contencioso administrativo no constituyen un mecanismo judicial idóneo y
eficaz para proteger el derecho de los actores al descanso. Dada la posibilidad de
que se prolongase en el tiempo la negativa de las DESAJ sin que los actores puedan
disfrutar de manera efectiva de las vacaciones a las cuales tienen derecho, esto
podría incrementar el desgaste físico y mental del trabajador, lo cual contraría el
derecho fundamental al descanso, como se verá más adelante. (Destacado original).

25. En casos con contornos fácticos como el que viene de exponerse, en los que la
autoridad competente, pese a existir certeza de la causación del derecho, niega el
disfrute del periodo vacacional por simples motivos presupuestales o invocando razones
del servicio, la Sala ha considerado que, a pesar de que el accionante puede instaurar
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el o los actos administrativos
que le negaron el derecho a disfrutar sus vacaciones, lo cierto es que este no sería un
mecanismo eficaz de protección de sus derechos, si se considera la duración promedio

6 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

de un proceso ordinario, lo que claramente podría repercutir sobre su estado de salud,
al punto de representar un serio riesgo de enfermedad física y sicológica.

26. Ahora bien, nótese que, en el caso particular, el CDP no se negó aduciendo razones
de disponibilidad presupuestal y/o necesidad del servicio, sino porque, en criterio de la
DESAJI, no existen periodos de vacaciones causados pendientes de conceder, puesto
que así lo certificó el Área de Talento Humano de esa Dirección Seccional, al señalar
que el último periodo de vacaciones se ocasionó por el servicio prestado entre el 1º de
agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024. Es decir, la Administración no tiene certeza del
derecho reclamado.

27. Decisión con la que no está de acuerdo el señor Valderrama Reyes, quien explicó
que su solicitud no versa sobre el último periodo de vacaciones, sino, incluso, sobre un
periodo anterior (1º de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016), que se causó y se dejó
de disfrutar debido a un cambio de cargo, que también trajo consigo el cambio de régimen
de vacaciones del individual al colectivo.

28. Es claro, entonces, que la controversia suscitada por el accionante en sede de tutela
no guarda coincidencia fáctica con los casos analizados en la sentencia SU-296 de 2023,
toda vez que la situación particular expuesta por el señor Valderrama Reyes evidencia
una discusión en torno al derecho reclamado, toda vez que la DESAJI estima que no
existen periodos de vacaciones pendientes por disfrutar, mientras que el servidor judicial
insiste en que sí tiene uno causado de tiempo atrás (entre el 1º de agosto de 2015 y el
31 de julio de 2016). Es decir, que el certificado de disponibilidad presupuestal no se
negó por razones meramente presupuestales, sino porque para la Administración no
existe certeza del periodo de descanso reclamado.

29. En ese orden de ideas, la Sala considera que la cuestión planteada por el señor
Valderrama Reyes debe ventilarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 20117,
mecanismo que resulta idóneo y eficaz para que el juez natural de la causa defina la
existencia o no del derecho reclamado.

Ese es el escenario para que el accionante demuestre, si es del caso, que, en efecto,
laboró entre el 1º de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016, y no disfrutó el descanso
por ese periodo, para que el operador judicial, en aplicación de la regulación vigente en
la materia, resuelva de fondo la controversia. Recuérdese que la acción de tutela no está
llamada a suplir el ejercicio del mecanismo principal o preferente, dado su carácter
residual. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que recientemente el actor disfrutó de
su último periodo vacacional, concedido por el periodo laborado entre el 1º de agosto de
2023 y el 31 de julio de 2024, lo que, en principio, permite descartar una vulneración de

7 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

sus derechos a la salud y a la dignidad humana, principal razón de la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-296 de 2023, para tener como superado el requisito de
subsidiariedad, en los casos en que se niega el disfrute de las vacaciones a los
servidores judiciales por meras razones presupuestales o de necesidades del servicio.

30. En todo caso, cabe recordar, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales.
De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto o actos administrativos, medida
cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y
garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

31. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la
acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se
exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo8.

32. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad cuando se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite la intervención
urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como mecanismo transitorio,
sin embargo, en el caso particular no se advierte tal afectación.

33. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del
perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se presenta
en este caso.

34. Obsérvese que la reclamación del señor Valderrama Reyes se encamina finalmente
a obtener el disfrute de un periodo de vacaciones supuestamente causado entre 2015 y
2016, pero, como se analizó, viene de disfrutar de su descanso obligatorio por el trabajo
realizado en el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2023 y el 31 de julio de
2024.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de 2014.
Expediente con radicado 25000-23-42- 000-2013-06871-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 73001-23-00-000-2025-00181-01
Demandante: Cristhian Camilo Valderrama Reyes

35. De lo anterior se colige que el accionante no se encuentra en esas circunstancias
apremiantes y de urgencia que experimentan los servidores judiciales adscritos al
régimen de vacaciones individuales, a quienes se les acumulan los periodos de descanso
y la Administración les niega tal derecho fundamental, basada en razones meramente
presupuestales o del servicio, desconociendo, de paso, el postulado constitucional del
trabajo en condiciones dignas, e incluso vulnerando las garantías superiores de la vida y
la salud, en los términos de la sentencia SU-296 de 2023.

36. Conforme al análisis expuesto, la Sala confirmará el fallo de tutela impugnado, pero
por lo señalado en esta providencia, esto es, porque la solicitud de amparo no satisface
el requisito de subsidiariedad, en virtud de lo cual, además, debe entenderse que la
solicitud de amparo se declaró improcedente, aun cuando el fallador de primer grado
haya optado por la incorrecta fórmula de «negar por improcedente».

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por las razones esgrimidas en esta sentencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.