Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00317-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00317-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2025-00317-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00317-01 (9914)
Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
Tema: tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: defecto sustantivo.
Subtema 2: derecho de postulación. Subtema 3: delegación de funciones
administrativas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué contra
la sentencia del 23 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional presentó acción de
tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Ibagué, en las que se abstuvo de reconocerle personería para
actuar a la abogada designada por la entidad dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. La autoridad judicial accionada sostuvo que el acto
de delegación que facultó al director de Asuntos Legales para conferir el poder no
estaba vigente, por cuanto fue suscrito por el ministro del momento, quien ya no
ostentaba la representación legal de la entidad.
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00317-01 (9914)
Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Harwel Guerrero Chicangana interpuso demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional1. Mediante auto del 7 de
noviembre de 20232, el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio admitió la
demanda, ordenó la notificación a la entidad mencionada, al Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y corrió traslado conforme a lo
previsto en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
3. Dentro del término previsto, la abogada Ana Luz Dary Bejarano Bejarano, como
apoderada judicial de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y presentó excepciones previas
y de fondo3. Posteriormente, esa profesional del derecho renunció al poder especial
conferido por la entidad4, razón por la cual pidió dar por terminada su actuación
judicial en el proceso. Con base en lo anterior, en auto del 18 de noviembre de
20245, el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio tuvo por terminado el
poder otorgado y declaró probada la falta de competencia territorial, por lo que
remitió el expediente al Circuito Judicial de Ibagué.
4. Por medio de auto del 31 de enero de 20256, el Juzgado Primero Administrativo
de Ibagué avocó el conocimiento del asunto y convocó a las partes e intervinientes
a la audiencia inicial programada para el 26 de agosto de 2025. Tiempo después, el
26 de marzo de 2025, la abogada Martha Ximena Sierra Sossa allegó poder
especial conferido por el director de Asuntos Legales de la entidad demandada7.
Igualmente, remitió el acto de nombramiento del referido directivo, con su
correspondiente acta de posesión, así como la Resolución 8615 de 2012, que
delega en esa dependencia la facultad de constituir apoderados en los procesos
contencioso-administrativos.
5. Mediante auto del 25 de abril de 20258, el Juzgado consideró que el poder
conferido no cumplía con una de las exigencias previstas en la Ley 2213 de 2022,
debido a que no se consignó el correo electrónico inscrito en el Registro Nacional
1 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 3,
3ED_C01Princip_002Demandapdf(.pdf) NroActua 3.
2
Ibidem. 10ED_C01Princip_009autoAdmiteDemanda(.pdf) NroActua 3.
3 Ibidem. 13ED_C01Princip_012ContestacionDeman(.pdf) NroActua 3.
4 Ibidem. 16ED_C01Princip_015RenunciaPoderpdf(.pdf) NroActua 3.
5 Ibidem. 17ED_C01Princip_016AutoDecretaFaltaC(.pdf) NroActua 3.
6 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 6.
7 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 9.
8 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 11.
2
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Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
de Abogados, aspecto que impidió reconocerle personería para actuar a la abogada
Martha Ximena Sierra Sossa. La referida profesional del derecho allegó la
subsanación del poder y agregó la dirección electrónica requerida9.
6. No obstante, a través de auto del 23 de mayo de 202510, la autoridad judicial dio
cuenta que en el expediente no obraba acto administrativo expedido por el actual
ministro de Defensa Nacional que delegara la representación judicial en el director
de Asuntos Legales de la entidad. En otras palabras, señaló que «el acto
administrativo con el que se pretenda acreditar la delegación de la representación
judicial debe estar suscrito por quien actualmente detenta la representación legal de
la entidad». En consecuencia, requirió a la profesional del derecho para que
subsanara la irregularidad señalada, so pena de abstenerse a reconocerle
personería para actuar.
7. La abogada Martha Ximena Sierra Sossa contestó al requerimiento realizado y
explicó que, dentro de los anexos aportados, se incluyó la Resolución 8615 de 2012,
por la cual el ministro de Defensa Nacional delegó funciones en el director de
Asuntos Legales11. En ese sentido, precisó que dicho acto administrativo está
vigente, no ha sido modificado y goza de legalidad, validez y ejecutividad.
Finalmente, y luego de realizar una serie de consideraciones sobre la delegación
administrativa, concluyó que «a la fecha no existe resolución suscrita por el señor
ministro de defensa actual, puesto que la contenida en la Resolución 8615 de 2012,
está vigente y no ha sido objeto de modificación, derogación y/o anulación».
8. Por medio de auto del 25 de julio de 202512, el Juzgado Primero Administrativo
de Ibagué expuso que el acto de delegación contenido en la Resolución 8615 de
2012 «perdió eficacia toda vez que quien la suscribe no es quien tiene la
representación legal del ministerio». Reiteró que este «debe provenir del actual
representante legal, […] pues no tiene lógica que un acto de delegación realizado
por un exministro en el año 2012, tenga efectos en la voluntad del actual ministro al
suscribir el poder especial». Por consiguiente, se abstuvo de reconocer personería
para actuar por carencia total de poder.
9. Frente a esa decisión judicial, la abogada Sierra Sossa interpuso los recursos
de reposición y en subsidio apelación13, los cuales fueron rechazados por
considerarse que la recurrente carecía de legitimación para promover esos medios
de impugnación, a través de auto del 22 de agosto de 202514. A partir de lo expuesto,
en audiencia inicial celebrada el 26 de agosto de 202515, el Juzgado Primero
Administrativo de Ibagué fijó el litigio, decretó pruebas, dio traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y profirió sentencia sobre el asunto de la referencia,
9
Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índices 13 y 14.
10 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 17.
11 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 19.
12 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 22.
13 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 25.
14 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 29.
15 Samai Juzgado, expediente digital, radicado 73001-33-33-001-2024-00313-00, índice 31.
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todo ello en ausencia de la apoderada judicial de la entidad demandada, sin la
posibilidad de que pudiera controvertir las decisiones judiciales allí dictadas.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó, en su escrito de tutela16, lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar integralmente los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN que le fueron vulnerados a mi prohijada con la expedición de
las siguientes providencias judiciales:
1. Auto de fecha 23 de mayo de 2025, mediante el cual me requiere para
que subsane las irregularidades atinentes a los anexos del poder.
2. Auto de fecha 25 de julio de 2025, mediante el cual resuelve sobre el
escrito de subsanación y dispone la carencia total de poder.
3. Auto del 22 de agosto de 2025, mediante el cual rechaza el recurso de
reposición en subsidio apelación presentado por la suscrita contra el auto en
cita en el numeral anterior.
4. Sentencia del 26 de agosto de 2025, mediante el cual se desarrolla la
audiencia inicial y se procede a emitir sentencia con las formalidades de ley.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al JUZGADO PRIMERO
(01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, emitir nuevo
pronunciamiento dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
incoado por el señor HARWEL GUERRERO CHINCANGANA, Rad.
73001333300120240031300, mediante el cual me reconozca personería jurídica
para actuar en los términos del poder allegado y por consiguiente, tenga por
contestada la demanda que se presentó dentro del término legal. Así mismo, se
pueda interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida, y en
consecuencia surtir el grado de segunda instancia.
TERCERO: Que, en adelante, sea tenida en cuenta esta decisión por parte del
JUZGADO PRIMERO (01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, al
momento del reconocimiento de personería jurídica de los abogados que
representan a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-17.
11. Como fundamento de sus pretensiones, la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional argumentó que las providencias judiciales cuestionadas
desconocieron la vigencia y validez de la Resolución 8615 de 2012, la cual ha
acompañado los poderes otorgados a los abogados que adelantan la defensa
técnica de la entidad. Sobre el particular, enfatizó que no obra declaratoria de
nulidad alguna respecto de ese acto administrativo, por lo que, según expuso, el
cambio del funcionario que efectuó la delegación no implica que dicho acto pierda
vigencia ni que se requiera uno adicional, «máxime si se tiene en cuenta que, las
atribuciones delegadas no son personales sino funcionales».
12. Explicó que la delegación de funciones administrativas está prevista en el
artículo 211 de la Constitución Política y fue desarrollada por el artículo 9 de la Ley
489 de 1998, que estableció sus reglas generales. Basada en esas consideraciones,
16 Samai, expediente digital, índice 2, 6ED_DemandaTutelaro_5_Re(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
17 Transcripción incluso con errores.
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relató que el director de Asuntos Legales de la entidad confirió poder especial a la
abogada Martha Ximena Sierra Sossa para que actuara como la apoderada judicial
en el proceso referido, respaldado en la delegación prevista en la Resolución 8615
de 2012, la cual fue expedida por el entonces ministro de Defensa Nacional, Juan
Carlos Pinzón Bueno.
13. Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que el Juzgado Primero Administrativo
de Ibagué incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
interpretar que el acto de delegación contenido en la Resolución 8615 de 2012
perdió su vigencia por el cambio en el representante legal de la entidad. En
consecuencia, estimó vulnerados sus derechos al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a la administración de justicia.
2.3. Trámite procesal
14. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 9 de septiembre de
202518, admitió la solicitud de amparo, ordenó las notificaciones correspondientes y
concedió el término de dos días para que se hiciera un pronunciamiento sobre los
hechos y pretensiones del accionante. Además, ordenó que se remitiera el
expediente del proceso ordinario en formato digital y reconoció personería a la
abogada Martha Ximena Sierra Sossa para que actuara como la apoderada judicial
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué19 explicó que, conforme a los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, la delegación de funciones
administrativas debe constar de manera expresa, tener un carácter temporal y ser
efectuada por quien ejerce actualmente la titularidad del cargo, sin perjuicio de que
este pueda reasumir la competencia cuando lo considere pertinente. También
señaló que los artículos 159 y 160 del CPACA disponen que, por regla general, la
representación judicial de las entidades públicas recae en su representante legal
debidamente acreditado, y que dicha función puede delegarse, «sin que ello
implique la extensión indefinida de sus efectos en el tiempo».
16. Argumentó que el poder carecía de validez porque no obraba un acto vigente
suscrito por el actual ministro de Defensa Nacional que delegara la función de
representación judicial al director de Asuntos Legales. Aunque concedió a la
abogada Martha Ximena Sierra Sossa la oportunidad para subsanar el poder en los
términos expuestos, indicó que ella no cumplió con ese requerimiento. Finalmente,
añadió que el rechazo de los recursos de reposición y en subsidio apelación
obedeció a la falta de postulación de la recurrente y a que se trataba de un asunto
no susceptible de apelación.
18 Samai, expediente digital, índice 2, 3ED_Autoadmitetut_ADMITE(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
19 Samai Tribunal, expediente digital, índice 7, 12_MemorialWeb_Respuesta-7300123330002025(.pdf)
NroActua 7.
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2.5. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 23 de septiembre
de 202520, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a la administración de justicia de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional. En consecuencia, ordenó al Juzgado Primero
Administrativo de Ibagué que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
esa decisión, reconociera personería para actuar a la abogada Martha Ximena
Sierra Sossa. Además, declaró la nulidad de las providencias judiciales «proferidas
en el expediente a partir del 23 de mayo de 2025, incluyendo la sentencia proferida
dentro de la audiencia inicial llevada a cabo el 6 de agosto de 2025».
18. Una vez constatado el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia
de la acción de tutela, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo que transgredió los derechos fundamentales de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Puntualizó que el cambio del
funcionario que efectuó la delegación no conduce a que ese acto pierda vigencia,
máxime cuando las funciones objeto de ese mecanismo «no son personales sino
funcionales». En esa línea, adujo que el hecho de que la Resolución 8615 de 2012
no esté suscrita por el actual ministro no determina su ilegalidad, pues no es viable
exigir la expedición de un nuevo acto de delegación con cada cambio que se dé.
2.6. Impugnación
19. El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué presentó impugnación en contra
de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 202521. Concretamente, afirmó que
no se realizó un estudio detallado de la facultad de delegar funciones administrativas
y su vigencia. Según expuso, el fallo no profundiza en la naturaleza funcional de la
delegación, ni en la validez del acto administrativo que la sustenta, «omitiendo
consideraciones esenciales sobre la continuidad jurídica de las facultades
delegadas en el marco institucional».
20. Con apoyo en la jurisprudencia de esta corporación, señaló que la delegación
de funciones tiene carácter transitorio y concluyó que, ante el cambio del titular,
dichas atribuciones se reasumen y queda a discreción del nuevo funcionario
ejercerlas directamente o delegarlas de nuevo. En ese orden, recalcó que la
actuación judicial de las entidades públicas solo puede ser delegada por su
representante legal actual, «evitando que alguien que ocupó el cargo en el pasado
continúe ejerciendo funciones que ya no le corresponden».
21. Respecto al caso de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, afirmó que el poder carece de validez porque se sustenta en un acto de
delegación expedido por un ministro que ocupó el cargo hace más de una década.
Ello desconoce, a su juicio, los requisitos normativos y jurisprudenciales que rigen
20 Samai, expediente digital, índice 2, 8ED_Sentenciatutel_sente(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
21 Samai, expediente digital, índice 2, 7ED_Impugna17_7300123330(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
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Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
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la representación judicial de las entidades públicas. Finalmente, reiteró que, aunque
otorgó a la abogada Martha Ximena Sierra Sossa la oportunidad para subsanar el
poder, ella no cumplió con el requerimiento, a pesar de haber sido informada sobre
las consecuencias jurídicas de su omisión.
2.7. Concepto del Ministerio Público
22. Durante el trámite de impugnación de la sentencia de tutela, el Ministerio Público
allegó concepto22, ya que «no puede pasar por alto el excesivo rigor y formalismo
de la decisión adoptada por la titular del juzgado accionado, sacrificando – sin
justificación alguna – derechos fundamentales». Explicó que, si bien la función
administrativa se materializa a través de personas naturales que ocupan
determinados cargos, ello no significa que actúen a título personal. Por ende,
enfatizó que, al expedirse la Resolución 8615 de 2012, quien la suscribió actuó en
virtud del cargo que desempeñaba y no como persona natural.
23. Para contrarrestar las consideraciones del Juzgado Primero Administrativo de
Ibagué, expuso que, independientemente de los términos «temporal» o «transitorio»
relacionados con la delegación, se ha hecho mención sobre la facultad del
delegante para reasumir en cualquier momento el ejercicio de la competencia
delegada, lo cual no puede interpretarse «en el sentido de perder vigencia en el
tiempo por el cambio de la persona natural que ejerza el cargo respectivo». Así,
estimó que los argumentos invocados por la autoridad judicial accionada carecen
de respaldo normativo y contrarían los principios de la función administrativa.
24. Por último, adujo que el acto de delegación contenido en la Resolución 8615 de
2012 goza de las características propias de los actos administrativos, por lo que,
salvo que se sugiera su inconstitucionalidad o ilegalidad, produce efectos jurídicos
y debe cumplirse. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los
derechos fundamentales de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 23 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
22 Samai Tribunal, expediente digital, índice 22.
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Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
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3.2. Legitimación en la causa
26. La legitimación en la causa por activa de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional se encuentra acreditada, por cuanto es la entidad
demandada en el proceso ordinario en donde se profirieron las providencias
judiciales objeto de tutela. Por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró
vulnerados.
27. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado Primero Administrativo de Ibagué porque fue la autoridad que profirió
las providencias judiciales objeto de tutela que, según afirmó la entidad
accionante, quebrantaron sus derechos fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
28. Aunque la entidad accionante argumentó que las providencias judiciales
cuestionadas incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
del examen de la solicitud de amparo se advierte que su propósito real fue alegar
un defecto sustantivo, dado que plantea la vulneración de sus derechos
fundamentales a partir de una interpretación errónea de las normas que regulan la
delegación de funciones administrativas. En consecuencia, el asunto será analizado
bajo la óptica del defecto sustantivo, tal como lo entendió el Tribunal Administrativo
del Tolima en la sentencia de primera instancia.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado23 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional24.
30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso
con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T-
1334615 (acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería.
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v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales25 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución26.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional27 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
34. Así pues, la Corte Constitucional28 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»29 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»30;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
25 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-024 del 5 de abril de 2018, proceso con radicado T- 6.221.520.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
26 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, proceso con radicado
T-2.021.124. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de junio
de 2018, proceso con radicado T-6.304.188. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.
27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-
8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en las
providencias judiciales cuestionadas se configuró un desconocimiento del
ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión
ajustada a derecho.
36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ordinario en el que se profirieron las decisiones objeto de tutela.
37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto que rechazó los recursos interpuestos en contra de la decisión que se abstuvo
de reconocerle personería a la abogada Martha Ximena Sierra Sossa fue proferido
y notificado el 22 de agosto de 2025. Por su parte, la acción de tutela fue presentada
el 8 de septiembre de 202531, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por
la jurisprudencia constitucional32 y el Consejo de Estado33 como razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de las decisiones que no permitieron que constituyera su apoderada judicial, en aras
de garantizar su derecho de contradicción.
39. Finalmente, las providencias reprochadas no fueron emitidas dentro de un
trámite de tutela, sino que se dictaron al interior de un proceso ordinario.
40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con la causal de defecto sustantivo alegado,
por lo que continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
31 Samai Tribunal, expediente digital, índice 2. 4Repartodelpro_CORREOREPARTO(.pdf) NroActua 2.
32 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con
radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso
con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
3.5. Problema jurídico
41. ¿Incurrió la autoridad judicial accionada en un defecto sustantivo en la
providencia objeto de tutela, al abstenerse de reconocer personería al apoderado
de una entidad, por considerar que el acto de delegación utilizado para conferir el
poder debía estar expedido por su actual representante legal?
42. En ese sentido, se estudiarán: (i) las generalidades del defecto sustantivo y (ii)
el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
43. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado34.
44. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
45. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación […]35.
46. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
34 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T-
3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.
35 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado
T-1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en: Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
47. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)36.
3.6. Caso concreto
48. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Ibagué se abstuvo de reconocer personería a la abogada Martha Ximena Sierra
Sossa para que actuara como la apoderada judicial de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional. Sostuvo que, pese a que se aportó la
Resolución 8615 de 2012 con el fin de acreditar la delegación para conferir los
poderes judiciales, dicho acto carecía de eficacia por haber sido suscrito por alguien
que ya no ejerce la representación legal de la entidad. En otras palabras, afirmó que
«no tiene lógica que un acto de delegación realizado por un exministro en el año
2012, tenga efectos en la voluntad del actual ministro».
49. Tal decisión judicial impidió que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional pudiera asistir a la audiencia inicial convocada, en la que el
Juzgado fijó el litigio, decretó pruebas, dio traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y profirió la sentencia de primera instancia. Por esa razón, la entidad
presentó acción de tutela y adujo una vulneración de sus derechos al debido
proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, ya que,
según indicó, se interpretaron erróneamente las disposiciones jurídicas que rigen la
delegación de funciones administrativas.
50. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los derechos
fundamentales de la entidad estatal, ordenó al Juzgado Primero Administrativo de
Ibagué que reconociera personería para actuar a la abogada Martha Ximena Sierra
Sossa y dejó sin efectos las providencias «proferidas en el expediente a partir del
23 de mayo de 2025, incluyendo la sentencia proferida dentro de la audiencia inicial
llevada a cabo el 6 de agosto de 2025». Sin embargo, la autoridad judicial accionada
impugnó esa decisión y reiteró que la delegación de funciones administrativas solo
puede ser efectuada por el representante legal actual de la entidad.
36 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T-
5.375.361. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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51. Es importante anotar que el artículo 209 de la Constitución Política precisó que
la delegación es un postulado que permite cumplir la función administrativa37, la cual
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad. Por su parte, el artículo 211 ibidem estableció que la ley fijaría las
condiciones para que las autoridades administrativas pudieran delegar funciones en
sus subalternos u otras autoridades.
52. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que la delegación tiene una
doble finalidad: i) prevenir la concentración del poder como una garantía para el
normal funcionamiento de la Administración e ii) impedir que se desatienda, diluya
o desdibuje la gestión a cargo de las autoridades 38. Dadas esas características, se
ha entendido a este mecanismo como una excepción al principio de
improrrogabilidad de la competencia, razón por la cual tiene reserva legal39. Por esa
razón, el legislador expidió la Ley 489 de 1998 40, la cual fijó reglas que rigen la
delegación de las funciones administrativas.
53. Concretamente, el artículo 9 de la Ley ibidem estableció que las autoridades
administrativas pueden transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores u
otras autoridades, con funciones afines o complementarias, mediante acto de
delegación41. En ese sentido, estableció que los ministros pueden delegar «la
atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados
al organismo correspondiente». Además, el artículo 10 fijó los siguientes requisitos
para el acto de delegación: i) estar escrito y ii) estipular la autoridad a quien se le
delegará las funciones, las cuales deberán estar determinadas42.
54. Sobre el régimen de los actos del delegatario43, el artículo 12 indicó que estos
están sometidos a los mismos requisitos para su expedición por la autoridad o
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 11001-03-26-000-2004-00030-00 (28061). M.P. Guillermo Sánchez Luque.
38 Ibidem.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de enero de 2002, proceso con radicado 25000-23-
24-000-1998-00455-01(7217). M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
40 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
41
«ARTICULO 9o. DELEGACION. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución
Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. […] Sin perjuicio
de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor
vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. […]».
42
Asimismo, el artículo 11 ibidem estableció las funciones que no se puede delegar en los siguientes términos:
«[s]in perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante
delegación: […] 1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente
autorizados por la ley. […] 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. […] 3.
Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación».
43 El delegante es el funcionario que titular de la competencia y decide trasladarla; el delegatario es el inferior a
quien se le traslada para que este la ejerza en nombre de aquel. Libardo Rodríguez Rodríguez (1996). Derecho
Administrativo general y colombiano. Editorial Temis (Colombia); citado en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
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entidad delegante. A su vez, previó que la autoridad delegante tiene la facultad de
reasumir en cualquier momento la competencia y revisar los actos expedidos por el
delegatario. Fíjese que la disposición jurídica en mención es la que confiere a la
delegación el carácter transitorio, del que de manera reiterada hace mención la
accionada. De ahí que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación,
antes de la expedición de la Ley 489 de 1998, haya expresado que:
[E]l delegante puede transferir la función y la consiguiente responsabilidad al
delegado - también llamado delegatario en el lenguaje jurídico colombiano -, sin
que éste a su vez pueda subdelegar, salvo expresa autorización de la ley. Por su
naturaleza, la delegación es transitoria, pues el delegante siempre puede
reasumir la función, la que al ejercerla en forma directa, lo convierte de nuevo
en el titular de la responsabilidad (negrillas fuera del texto)44.
55. Así las cosas, el carácter transitorio de la delegación no significa que tenga una
vigencia supeditada al período de nombramiento del representante legal que lo
efectúa, ni a la permanencia de quien ejerza el cargo delegatario. La delegación es
transitoria porque la autoridad delegante puede reasumir la función que le competía
en cualquier momento, por lo que no puede entenderse este mecanismo como una
atribución personal. Al respecto, la Sección Cuarta de esta corporación ha señalado
que:
[E]n materia de competencia de la Administración Tributaria, «las normas no
señalan atribuciones personales sino funcionales, porque establecen las
actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las divisiones o
dependencias de aquélla». También ha puntualizado que «el Administrador
Especial de Impuestos, a través de resoluciones expedidas conforme al
ordenamiento vigente, puede delegar en sus subalternos el cumplimiento de las
funciones que legalmente se le asignan»45, de modo que, el cambio de aquel que
delegó funciones al interior de la entidad, no conduce a que dicho acto pierda
vigencia, de ahí que no sea necesario que se expida un nuevo de acto de
delegación para que se pueda continuar con el trámite administrativo
correspondiente (negrillas fuera del texto)46.
56. Con esto no se desconoce el carácter transitorio de la delegación, sino que se
precisa su verdadero alcance conforme a los principios de la función administrativa
previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Resultaría desproporcionado
condicionar la vigencia del acto de delegación a que sea expedido por el actual
representante legal, pues entidades como los ministerios presentan una dinámica
interna marcada por la alta movilidad inherente a los cargos de libre nombramiento
y remoción. Incluso aceptar la interpretación de la autoridad judicial accionada
sentencia del 12 de agosto de 2013, proceso con radicado 11001-03-28-000-2012-00043-00. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
44 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de marzo de 1998, trámite con radicado
1089. M.P. Javier Henao Hidrón.
45 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de noviembre de 2010, proceso con radicado 25000-
23-27-000-2008-00103-01(17936). M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
46 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2023, proceso con radicado 5000-23-37-
000-2018-00553-01 (26269). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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desconocería uno de los fines mismos de la delegación: facilitar y agilizar la gestión
de los asuntos administrativos47.
57. En suma, que la delegación de funciones sea transitoria no implica que cuente
con un límite temporal predeterminado por sí misma. Caso contrario es el escenario
previsto en el artículo 14 de la Ley 489 de 199848, relativo a la delegación de
funciones de entidades del orden nacional en favor de las descentralizadas o
territoriales, pues la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de dicha
disposición jurídica a que los convenios a los que alude el inciso primero «tengan
carácter temporal, es decir término definido»49.
58. Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que el numeral 1 del artículo 1 de
la Resolución 8615 de 2012, expedida por la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, establece:
ARTÍCULO 1. Delegar en el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa
Nacional las siguientes funciones:
1. Notificarse de las demandas, atenderlas directamente y constituir apoderados
en los procesos contencioso-administrativos que cursen contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional, ante el Honorable Consejo de Estado, Tribunales
Contencioso-Administrativos y Juzgados Contencioso-Administrativos, así como
en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional por demandas de
inconstitucionalidad.
59. Posteriormente, en el artículo 6 de ese mismo acto administrativo se prevén las
reglas aplicables a la delegación de funciones, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN. Las
delegaciones efectuadas a través de la presente resolución serán ejercidas por los
funcionarios delegatarios conforme a las siguientes condiciones:
[…]
3. Cuando lo estime conveniente, el ministro de Defensa Nacional podrá reasumir
en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias
delegadas por medio del presente acto.
[…]
13. En virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción
de legalidad de los actos administrativos, el simple cambio de funcionario
delegante y/o delegatario no extingue los efectos del acto de delegación. De ahí
47 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-561 del 4 de agosto de 1999, proceso con radicado D-2376.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
48 «ARTICULO 14. DELEGACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. La delegación de las funciones de los
organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o
entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y
obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente convenio podrá
determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones
delegadas. […] Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios
o contratos entre entidades públicas o interadministrativos».
49 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-727 del 21 de junio de 2000, proceso con radicado D-2696.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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que, en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos,
las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos que se han citado en el
presente acto administrativo para la delegación de competencias, hasta tanto se
expida un nuevo acto administrativo que las reasigne.
60. Como se puede observar, el acto administrativo cuya validez se cuestionó
reconoce expresamente el carácter transitorio de la delegación, pues prevé que el
titular de la función puede reasumirla en cualquier momento, conforme a lo
establecido por la jurisprudencia de esta corporación. Asimismo, señala que, en
virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de
legalidad de los actos administrativos, el cambio del funcionario delegante o
delegatario no extingue los efectos del acto de delegación; aspecto que, sin
embargo, no fue considerado en el análisis de la autoridad judicial accionada.
61. Por lo anterior, la Sala concluye que el Juzgado Primero Administrativo de
Ibagué incurrió en un defecto sustantivo, pues, al interpretar de manera errónea el
carácter transitorio de la delegación de funciones administrativas, impidió que la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional pudiera constituir un
apoderado judicial para ejercer sus derechos de defensa y contradicción, los cuales
integran el derecho al debido proceso50. En efecto, se le restringió la posibilidad de
comparecer al proceso, hacerse parte del mismo, formular alegatos de conclusión
y controvertir las pruebas allegadas51.
62. Debe acotarse que el artículo 160 del CPACA establece que quienes comparecen
al proceso contencioso-administrativo deben hacerlo por conducto de abogado
inscrito, salvo que la ley autorice su intervención directa. Bajo ese marco, la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional estaba obligada a actuar mediante
un profesional del derecho. Sin embargo, la interpretación errada del Juzgado
Primero Administrativo de Ibagué acerca de la vigencia del acto de delegación
impidió que la abogada designada fuera reconocida como apoderada, lo que a su
vez bloqueó la participación de la entidad en el proceso en el que figuraba como
parte demandada.
63. Tampoco se le permitió a la entidad accionante interponer el recurso de
apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo
de Ibagué, lo cual llevó a una afectación de sus derechos a la doble instancia y de
acceso a la administración de justicia52. Sobre el particular, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que la doble instancia:
50 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia T-018 del 20 de enero de 2017, proceso con radicado T-
5.737.760. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
51
Ibidem.
52 Al respecto, se ha dicho que «[e]l entendimiento de la segunda instancia como garantía parece asimilarse a
una suerte de mecanismo de protección de otros derechos, suele ser una compresión usual, la cual, se
evidencia cuando se desestiman los reclamos a acceder a una segunda instancia por considerar que no se
están quebrantando otros derechos como el debido proceso o, el acceso a la administración de justicia». Corte
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-388 del 26 de junio de 2015, proceso con radicado T-
3.657.161. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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se materializa, principalmente, mediante el recurso de apelación o de impugnación,
toda vez que permite la controversia de una decisión judicial por parte de quien
tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del
superior jerárquico. Por su relevancia e intrínseca relación con el debido proceso,
la Corte le ha reconocido a la doble instancia una triple condición: derecho,
garantía y principio53.
64. Ahora bien, si la autoridad judicial tenía dudas sobre la vigencia del acto de
delegación en el que se sustentó el poder conferido por el director de Asuntos
Legales de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, podía haber requerido a la
propia entidad con el fin de verificar ese aspecto 54. No obstante, privilegió una
suposición teórica propia que va en contra de los principios de la función
administrativa e hizo nugatorios los derechos fundamentales de la aquí accionante.
4. CONCLUSIÓN
65. La Sala concluye que el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué incurrió en
un defecto sustantivo que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la accionante. En su análisis, consideró
que el acto de delegación utilizado para conferir el poder debía estar suscrito por el
actual ministro de Defensa Nacional, a partir de una interpretación equivocada del
carácter transitorio de la delegación de funciones administrativas. Sin embargo, esa
transitoriedad no significa que la vigencia del acto quede supeditada al período de
nombramiento del representante legal que lo expide. En consecuencia, se confirmará
la sentencia de primera instancia, que amparó los derechos invocados.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
53 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-715 del 7 de diciembre de 2017, proceso con
radicado T-6.361.171. M.P. Carlos Bernal Pulido.
54 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de octubre de 2025, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2025-03852-01. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicado: 73001-23-33-000-2025-00317-01 (9914)
Accionante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Ibagué
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
18
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