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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00320-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2025-00320-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2025-00320-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

26 de junio de 2026

Radicado: 73001-23-33-000-2025-00320-01
Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 73001-23-33-000-2025-00320-01
Accionantes: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales Requisitos generales de procedencia.
Subtema. Defecto sustantivo. Amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Juzgado Primero Administrativo del
circuito de Ibagué contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió al amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a través de apoderado judicial,
promovió acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
defensa y contradicción 1, que consideró vulnerados por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué, con ocasión de las providencias proferidas el 7
de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 25 de julio y 29 de agosto de 2025, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 73001-33-33-012-2023-00368-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La señora Sandra Janeth Ortiz Monroy presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de
Defensa Nacional-Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad del oficio del 16

1 Índice 00003 del expediente digital de primera instancia, certificado 3E801181B9F1C533 EBC405E9DE5B6E3B

A90D771E7FCA47BE 4B79195A5647A5A6.

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Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

de febrero de 2023, mediante el cual se negó el reconocimiento y reajuste del 100 %
del salario básico mensual de la accionante y el pago de la prima especial prevista en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 como un valor adicional al salario.

Como restablecimiento del derecho, solicitó inaplicar parcialmente, por
inconstitucionales, las disposiciones reglamentarias que califican dicha prima como
un componente no salarial equivalente al 30 % del salario básico, para que se
interprete como un incremento de la asignación básica; en consecu encia, pide el
reconocimiento y pago de esa prima entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de diciembre
de 2020, junto con los aportes pensionales correspondientes, así como la reliquidación
y pago de las diferencias en las prestaciones sociales y demás emolu mentos laborales
liquidados con base en el 70 % del salario, para que se calculen sobre el 100 % de la
remuneración básica.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué bajo el radicado 73001-33-33-012-2023-00368-00, autoridad
judicial que, mediante auto del 1° de noviembre de 2024 admitió la demanda y ordenó
notificar personalmente a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

2.3. Una vez notificada la providencia, la entidad demandada otorgó poder al director
de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional para ejercer su representación
judicial dentro del proceso. Este, a su vez, confirió poder al abogado Carlos Gilberto
Rueda Serrato, con fundamento en la Resolución 8615 del 24 de diciembre de 2012,
expedida por el ministro de Defensa Nacional.

2.4. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué se abstuvo de reconocer personería al apoderado judicial de la
entidad demandada. Consideró que el poder especial aportado no acreditaba
debidamente su origen o procedencia, por cuanto carecía de presentación personal
ante el juez, oficina judicial o notario, como lo exige el artículo 74 del Código General
del Proceso.

Asimismo, señaló que tampoco era posible establecer que el poder hubiera sido
otorgado mediante mensaje de datos, toda vez que no se acreditó que hubiese sido
remitido al apoderado desde el correo electrónico institucional autorizado del
otorgante, esto es, de quien afirmaba ostentar la representación judicial de la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, señor Luis Hernán Tutalchá
Ruiz.

Adicionalmente, advirtió que el poder no había sido conferido por el ministro de
Defensa Nacional, quien ostenta la representación legal de la entidad, sino por el
director de Asuntos Legales, sin que se allegara el acto mediante el cual el ministro
en ejercicio le hubiera delegado dicha representación judicial.

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Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

En consecuencia, requirió al abogado Carlos Gilberto Rueda Serrato para que
subsanara las inconsistencias advertidas y le informó que, de no hacerlo dentro del
término de ejecutoria de la providencia, tendría por no presentada la contestación de
la demanda.

2.5. El 12 de marzo de 2025 el abogado Carlos Gilberto Rueda Serrato presentó
memorial mediante el cual indicó que, a través del memorando
No.RS20241204180376 del 4 de diciembre de 2024, el director de Asuntos Legales
del Ministerio de Defensa dispuso que los correos institucionales autorizados para
remitir los poderes conferidos a los apoderados judiciales de la entidad correspondían
a poderes.contencioso@mindefensa.gov.co y/o
notificación.sgda@mindefensa365.onmicrosoft.com.

Igualmente, manifestó que la Resolución 8615 de 2012 delegó en el director de
Asuntos Legales la representación del Ministerio de Defensa Nacional.

2.6. Mediante providencia del 25 de abril de 2025 el despacho judicial nuevamente se
abstuvo de reconocer personería al abogado y tuvo por no contestada la demanda.
Expuso que quien afirmaba actuar como apoderado del Ministerio de Defensa
Nacional no dio cumplimiento a lo ordenado en el auto del 7 de marzo de 2025, pese
a la advertencia expresa sobre las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Indicó que el Ministerio de Defensa Nacional no compareció al proceso por conducto
de su representante legal, Pedro Sánchez, quien para ese momento era el ministro de
Defensa Nacional, sino a través del director de Asuntos Legales, Luis Hernán Tatalchá
Ruiz, quien otorgó el poder.

No obstante, sostuvo que la delegación contenida en la Resolución 8615 de 2012
había perdido eficacia, por cuanto fue expedida por un ministro distinto de quien
ejercía la representación legal de la entidad al momento del otorgamiento del poder.
En ese sentido, precisó:

“El acto de delegación de la representación judicial de la entidad al Director de
Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, debe provenir del actual representante
legal, es decir, del señor Pedro Sánchez, actual Ministro de Defensa, pues no tiene
lógica que un acto de delegación realizado por un exministro en el año 2012 tenga
efectos en la voluntad del actual ministro al suscribir el poder especial. Esto se
debe a que, al tomar posesión, el nuevo ministro asume todas las funciones que
la Constitución y la ley le otorgan, debiendo decidir nuevamente cuáles delegar”2.

2.7. Contra la anterior decisión, el apoderado de la Nación -Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

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Índice 00060 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-33-33-012-2023-00368-
00, en el aplicativo SAMAI, certificado 9E188FCD95BF13A9 A9EDD773451CC650 F328C974D9B42D0E
4AC81EE26C19EB8F.
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Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el poder fue conferido conforme
a la Ley 2213 de 2022, la cual autoriza su otorgamiento mediante mensaje de datos
sin necesidad de firma manuscrita ni de presentación personal, y que dicho poder fue
remitido desde los correos institucionales previamente autorizados.

Asimismo, afirmó que el director de Asuntos Legales tenía competencia para conferir
el poder en virtud de la delegación contenida en la Resolución 8615 de 2012, la cual
continuaba vigente, sin que fuera necesaria la expedición de un nuevo acto
administrativo con ocasión del cambio de ministro.

En consecuencia, solicitó que se revocara la decisión recurrida, se le reconociera
personería y se tuviera por contestada la demanda.

2.8. Mediante auto del 30 de mayo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué resolvió no reponer la providencia del 25 de abril del mismo año y
negó, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto.

Para sustentar su decisión, recordó que la representación judicial de las entidades
públicas corresponde, por regla general, a su representante legal, quien únicamente
puede delegarla mediante acto expreso, escrito y formal, de conformidad con los
artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998 y 159 y 160 del CPACA.

Igualmente, destacó que la delegación implica la transferencia temporal del ejercicio
de funciones y debe provenir del funcionario que ostenta la competencia al momento
de conferirla. Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló que
las facultades delegadas no subsisten automáticamente cuando cambia el titular del
cargo, pues corresponde a cada nuevo ministro determinar si ejerce directamente la
representación judicial o si decide delegarla nuevamente.

Con base en lo anterior, concluyó que el poder carecía de validez, toda vez que
provenía de una delegación contenida en la Resolución 8615 de 2012, expedida por
un exministro de Defensa, sin que existiera un acto administrativo suscrito por el
ministro que ejercía el cargo al momento de otorgarse el poder -o por alguno de sus
sucesores- mediante el cual se delegara nuevamente la representación judicial en el
director de Asuntos Legales.

Finalmente, reiteró que la entidad había sido requerida para subsanar dicha
irregularidad mediante auto del 7 de marzo de 2025 y, como no atendió ese
requerimiento, confirmó la decisión de tener por no contestada la demanda y
abstenerse de reconocer person ería al abogado que pretendía representar al
Ministerio de Defensa Nacional.

2.9. Posteriormente, mediante auto del 25 de julio de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué declaró no probadas las excepciones previas de
pleito pendiente y de falta de integración del litisconsorcio necesario, propuestas por

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el apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar
y Policial.

2.10. Finalmente, mediante auto del 29 de agosto de 2025, el citado despacho decretó
las pruebas, fijó el litigio y corrió traslado a las partes para presentar alegatos de
conclusión.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones de amparo solicitó:

PRIMERO: Tutelar integralmente los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN que le fueron vulnerados a mi prohijada con la expedición de
las siguientes providencias judiciales:
1. Auto de fecha 07 de marzo de 2025, mediante el cual me requiere para que
subsane las irregularidades atinentes a los anexos del poder.
2. Auto de fecha 25 de abril de 2025, mediante el cual no se reconoce personería
jurídica y se da por no contestada la demanda.
3. Auto de fecha 30 de mayo de 2025, mediante el cual resuelve y niega recurso
de reposición en subsidio apelación.
4. Auto del 25 de julio de 2025, mediante el cual se pronuncia sobre las
excepciones
5. Auto de fecha 29 de agosto de 2025, mediante el cual de fija litigio y se corre
traslado para sustentar alegatos de conclusión

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al JUZGADO PRIMERO
(01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, emitir nuevo
pronunciamiento dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
incoado por la señora SANDRA JANETH ORTIZ MONROY, Rad.
73001333301220230036800, mediante el cual me reconozca personería jurídica
para actuar en los términos del poder allegado y por consiguiente, tenga por
contestada la demanda que se presentó dentro del término legal. Así mismo, se
pueda interponer los alegatos de conclusión, y en consecuencia surtir las etapas
subsiguientes.

TERCERO: Que, en adelante, sea tenida en cuenta esta decisión por parte del
JUZGADO PRIMERO (01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, al
momento del reconocimiento de personería jurídica de los abogados que
representan a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL”3.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
exigir un requisito no previsto en el ordenamiento jurídico para acreditar la
representación judicial de la entidad y, con fundamento en esa interpretación, tener
por no contestada la demanda. Asimismo, afirmó que la Resolución 8615 de 2012
constituye un acto administrativo vigente mediante el cual se delegó en el director de
Asuntos Legales la facultad de conferir poderes judiciales, cuya eficacia no se
encuentra supeditada al cambio del titular del Ministerio de Defensa Nacional.

3 Índice 00003 del expediente digital de primera instancia, certificado 3E801181B9F1C533 EBC405E9DE5B6E3B

A90D771E7FCA47BE 4B79195A5647A5A6.
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Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
auto del 11 de septiembre de 20254 admitió la acción de tutela; vinculó, en calidad de
tercera con interés, a la señora Sandra Janeth Ortiz Monroy; requirió a los sujetos
procesales para que rindieran un informe detallado sobre los hechos objeto de la
solicitud de amparo; y ordenó la notificación a las partes.

Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. El Juzgado Primero Administrativo del circuito de Ibagué 5 solicitó negar el
amparo. Explicó que el requerimiento formulado mediante auto del 7 de marzo de
2025 obedeció al deber del juez de verificar la representación judicial de las partes.
Indicó que, al revisar el poder allegado por la Nación -Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional, advirtió que este había sido conferido por el director de Asuntos
Legales con fundamento en una delegación contenida en la Resolución 8615 de 2012,
expedida por un ministro que ya no ejercía la representación legal de esa cartera
ministerial.

Señaló que, de conformidad con los artículos 209 y 211 de la Constitución Política; 9,
10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998; y 159 y 160 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la delegación de la representación
judicial debía provenir del representante legal que ejercía el cargo al momento de
conferir el poder. Por tal razón, consideró que la Resolución 8615 de 2012 no
acreditaba la competencia del director de Asuntos Legales para otorgar el poder
judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Agregó que la entidad accionante fue requerida para subsanar dicha irregularidad; sin
embargo, insistió en que la Resolución 8615 de 2012 era suficiente para acreditar la
facultad de representación. En consecuencia, el despacho se abstuvo de reconocer
personería al apoderado judicial y tuvo por no contestada la demanda. En su criterio,
las decisiones cuestionadas obedecieron a una interpretación razonada del
ordenamiento jurídico y no constituyeron una actuación arbitraria o caprichosa
susceptible de control mediante la acción de tutela.

4.2. La señora Sandra Janeth Ortiz Monroy, pese a haber sido notificada en debida
forma, guardó silencio durante el trámite de la presente acción constitucional.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de septiembre de 20256, el Tribunal Administrativo del

4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado B397982D1927B0DC 8AF7C109A002E4F3

EF187DC26C4EE637 4FDC32B9221A1641.
5
Índice 00007 del expediente digital de primera instancia, certificado FBB509C1751BDB4B 88F57D56B42FA443
15B06AD5C6E6C2C7 CD20CEB47000A23F.
6 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado F2F240B84F3D0E12 AC577C4B48D17471

7B6E5EB188794610 C1E4FB1A78BA2C96.
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Tolima, resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa
y contradicción y acceso a la administración de justicia de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las providencias del 7 de marzo, 25 de abril,
30 de mayo, 25 de julio y 29 de agosto de 2025 proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el Nro. 73001-33-33-012-2023-00368-
00

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que, en el término de dos (2) días hábiles se
reconozca personería jurídica para actuar al abogado Carlos Gilberto Rueda
Serrato en representación de los intereses de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y se entienda por contestada la demanda por parte
de esta entidad.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que, tomen los correctivos procesales
necesarios para que esta decisión no este contravía de ninguna otra providencia
o decisión tomada en el transcurso del medio del control de nulidad y
restablecimiento 73001-33-33-012-2023 00368-00, para evitar cualquier barrera u
obstáculo en ejercicio de los derechos fundamentales aquí protegidos.

El a quo constitucional sostuvo que la controversia se originó en la negativa del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué de reconocer personería al
apoderado judicial de la entidad demandada, bajo el entendido de que la delegación
contenida en la Resolución 8615 de 2012 había perdido eficacia como consecuencia
del cambio del titular del Ministerio de Defensa Nacional.

Tras examinar el expediente del proceso ordinario, concluyó que el director de
Asuntos Legales acreditó su nombramiento y posesión, así como la existencia de la
Resolución 8615 de 2012, mediante la cual el entonces Ministro de Defensa Nacional
le delegó la facultad de conferir poderes judiciales.

Con fundamento en ello, consideró que la Resolución 8615 de 2012 conserva plena
eficacia jurídica, en la medida en que no existe acto administrativo o decisión judicial
que haya dispuesto su revocatoria, modificación, suspensión o nulidad. En
consecuencia, estimó que el juzgado accionado impuso una exigencia no prevista en
el ordenamiento jurídico al requerir un nuevo acto de delegación expedido por el
ministro que ejercía el cargo, circunstancia que configuró un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y vulneró los derechos fundamentales invocados por la
entidad accionante.

En ese orden, dejó sin efectos las providencias proferidas el 7 de marzo, 25 de abril,
30 de mayo, 25 de julio y 29 de agosto de 2025, y ordenó al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué reconocer personería al apoderado judicial de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, tener por contestada la

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demanda y adoptar las medidas procesales necesarias para dar cumplimiento a lo
resuelto dentro del proceso ordinario.

6. Impugnación7

El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, por conducto de la titular del
Despacho, impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que el Tribunal
Administrativo del Tolima efectuó una interpretación incompleta del régimen
constitucional y legal aplicable a la delegación administrativa y a la representación
judicial de las entidades públicas.

Sostuvo que la sentencia de primer grado partió de una premisa equivocada al concluir
que la sola vigencia formal de la Resolución 8615 de 2012 era suficiente para acreditar
la representación judicial del Ministerio de Defensa Nacional. En su criterio, el Tribunal
omitió analizar integralmente los artículos 209 y 211 de la Constitución Política; 9, 10,
11 y 12 de la Ley 489 de 1998 y, 159 y 160 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, normas de las cuales se desprende que la
delegación constituye una manifestación de la voluntad del representante legal
vigente y, por ello, corresponde al nuevo titular del ministerio determinar si mantiene
o no el ejercicio delegado de dicha competencia.

Adujo que las decisiones cuestionadas no obedecieron a un formalismo excesivo, sino
al cumplimiento del deber de verificar la debida representación judicial de las partes,
para lo cual incluso concedió a la entidad accionante la oportunidad de subsanar la
irregularidad advertida. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y
negar el amparo solicitado.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 8 de
octubre de 20258, concedió la impugnación interpuesta.

7. Trámite en segunda instancia

7.1. El conocimiento del asunto en segunda instancia correspondió inicialmente a la
consejera ponente. No obstante, mediante escrito del 11 de noviembre de 2025, esta
y el consejero Nicolás Yepes Corrales manifestaron impedimento para conocer del
asunto, al considerar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, por estimar que tenían un interés en la actuación.

Lo anterior, por cuanto las providencias cuestionadas fueron proferidas dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se controvierte el
reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y

7
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado C422CE7A9F9DFC19 91771D774456FDCD
9D3B281C2667C037 A4F3175FE6D52AD0.
8 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado BFA0E03571592158 E355E9F055FE2716

4266E4FA0D3D8888 B2DF502A4F10D137.
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Accionantes: Nación-Ministerio de Def ensa-Ejército Nacional

su incidencia en la liquidación de prestaciones sociales de un a funcionaria de la
justicia penal militar. Razón por la cual podría verse involucrada si imparcialidad.

7.2. Dicho impedimento fue declarado infundado en Sala de Conjueces a través de
auto del 26 de abril de 2026.

7.3. Como consecuencia de lo anterior, el 15 de mayo de 20269 el expediente ingresó
al despacho de la consejera ponente para resolver la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es la entidad titular de las garantías
constitucionales que afirma son vulneradas, en su condición de demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 73001-33-33-001-2023-00368-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el
Juzgado Primero Administrativo de Ibagué fue la autoridad que profirió las decisiones
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que, según el
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 26 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió al amparo.

Para resolver el asunto, la Sala verificará, en primer lugar, si se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso
afirmativo, abordará el estudio de fondo de los argumentos formulados por la parte
accionante.

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Índice 00024 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
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4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de tutela ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providen cias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela en contra de providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

5.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el

10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
10

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asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia 14.

En el presunto asunto, la controversia reviste relevancia constitucional toda vez que,
de encontrarse configurado el defecto sustantivo, prosperaría la pretensión de amparo
de ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva providencia en la que resuelva
sobre el reconocimiento de personería del apoderado del aquí accionante.

5.2. Asimismo, se satisface el requisito de subsidiariedad, por cuanto la parte actora
no dispone de otro mecanismo judicial ordinario o extraordinario idóneo y eficaz para
obtener la protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados. Además,
ejerció los medios de impugnación procedentes dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 73001-33-33-012-
2023-00368-00, en el que se profirieron las decisiones cuestionadas.

5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el auto que
decidió no reponer y negó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en
contra de la decisión que requirió al abogado Carlos Gilberto Rueda Serrato fue
proferido el 30 de mayo de 2025 15 y ejecutoriado el 13 de junio de 202516. Por su
parte, la acción de tutela fue presentada el 10 de septiembre de 202517, esto es, dentro
del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 18 y el Consejo de
Estado19 como razonable.

5.4. De igual forma, la parte actora identificó de manera clara y razonada los hechos
que considera lesivos de sus derechos fundamentales, así como la causal específica
de procedibilidad que atribuye a las providencias cuestionadas. Además, las
irregularidades alegadas fueron puestas de presente durante el trámite del proceso
ordinario, siempre que ello resultó procesalmente posible. Finalmente, las decisiones
objeto de reproche no corresponden a sentencias proferidas dentro de un trámite de
tutela.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental » ; ii) que el asunto no sea exclusivamente
económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo
comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii ) que la solicitud de amparo cumpla
con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió
en una afectación grave de derechos fundamentales».
15 Índice 00066 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001 -33-33-012-2023-00368-

00, en el aplicativo SAMAI, certificado 5249F0669F794080 FF798353058AA074 57EEB7A6F4A7ADD0
9D468CD9EBB1E7B9.
16 Índice 00068 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001 -33-33-012-2023-00368-

00, en el aplicativo SAMAI,
17
Índice 00001 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11

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5.5. En consecuencia, Sala encuentra acreditados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, por tanto, procederá
a examinar la causal específica de procedibilidad invocada por la parte accionante.

6. Defecto sustantivo

La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se
presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 20.

De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.

Así entonces, el alto tribunal constitucional se pronunció sobre la limitación del
principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los
siguientes términos:

“(…) Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación (…)” 21.

En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido
a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

20 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T
3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.
21
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado T-
1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en: Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
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Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)22

7. Caso concreto

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto el auto del 30 de mayo
de 2025 incurrió en un defecto sustantivo, por las razones que se exponen a
continuación:

7.1. Como cuestión previa, la Sala estima necesario precisar el alcance del control
constitucional que ejercerá en esta oportunidad.

Si bien la parte accionante dirigió la solicitud de amparo contra los autos proferidos el
7 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 25 de julio y 29 de agosto de 2025, lo cierto es
que el análisis se circunscribirá a la providencia del 30 de mayo de 2025, mediante la
cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la providencia del 25 de abril del mismo año y confirmó
la decisión de no reconocer personería al apoderado judicial de la Nación -Ministerio
de Defensa Nacional-Ejército Nacional y de tener por no contestada la demanda.

Ello obedece a que dicha providencia constituye el pronunciamiento definitivo de la
autoridad judicial respecto de la controversia planteada por la entidad accionante, en
tanto examinó nuevamente la totalidad de los argumentos expuestos para sustentar
la validez del poder conferido y ratificó la interpretación jurídica que sirvió de
fundamento a las decisiones inicialmente adoptadas. En consecuencia, es ese
proveído el que contiene la motivación definitiva sobre el asunto objeto de debate y el
que consolida los efectos procesales cuya constitucionalidad se cuestiona mediante
la presente acción de tutela.

En ese orden, aunque las demás providencias hacen parte de la secuencia procesal
que culminó con la decisión objeto de reproche, el examen constitucional se centrará
en el auto del 30 de mayo de 2025, sin perjuicio de las referencias que resulte
necesario efectuar a las actuaciones precedentes para comprender el contexto en el
que fue proferido.

7.2. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, si bien la parte accionante y el a quo
constitucional consideraron que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, del análisis de los cargos formulados se

22 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T 5.375.361.

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13

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concluye que la controversia corresponde, en realidad, a la eventual configuración de
un defecto sustantivo.

En efecto, la entidad accionante no cuestiona que la autoridad judicial hubiera aplicado
de manera rígida o desproporcionada las normas procesales, ni sostiene que el
trámite hubiese privilegiado las formas sobre el derecho sustancial. Su inconformidad
radica, por el contrario, en la interpretación que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué efectuó de las disposiciones que regulan la delegación
administrativa y la representación judicial de las entidades públicas, al concluir que la
Resolución 8615 de 2012 no era suficiente para acreditar la facultad del director de
Asuntos Legales para conferir el poder judicial.

En ese sentido, el reproche no recae sobre la aplicación de una regla procesal, sino
sobre la interpretación del derecho sustancial que sustentó la decisión judicial.
Precisamente, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto sustantivo puede
configurarse cuando la autoridad judicial adopta una interpretación del ordenamiento
jurídico manifiestamente irrazonable, arbitraria o incompatible con el contenido y
alcance de las disposiciones aplicables 23.

7.3. Sobre el particular, la Sala recuerda que el artículo 209 de la Constitución Política
consagra la delegación como un instrumento para el adecuado ejercicio de la función
administrativa24, la cual se encuentra al servicio de los intereses generales y debe
desarrollarse con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, el artículo 211 superior dispone que corresponde al legislador establecer
las condiciones bajo las cuales las autoridades administrativas pueden delegar el
ejercicio de determinadas funciones en sus subalternos o en otras autoridades.

La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la delegación cumple una
doble finalidad: evitar la concentración de funciones en cabeza de una sola autoridad
administrativa y propiciar un ejercicio más eficiente de la función pública. Asimismo,
ha señalado que, por constituir una excepción al principio de improrrogabilidad de la
competencia, su regulación está sometida a reserva legal 25.

En desarrollo de los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el legislador expidió
la Ley 489 de 1998. El artículo 926 autoriza a las autoridades administrativas para

23 Ibid.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2021, radicado núm.
11001-03-26-000-2004-00030-00 (28061). M.P. Guillermo Sánchez Luque.
25 Ibidem.
26
“ARTICULO 9o. DELEGACIÓN. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución
Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funcione s afines o complementarias. […] Sin perjuicio
de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estruc tura
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados
14

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delegar, mediante acto escrito, el ejercicio de determinadas funciones en sus
colaboradores o en otras autoridades con funciones afines o complementarias.
Tratándose de los ministros, dicha disposición permite delegar la atención y decisión
de los asuntos a su cargo en empleados públicos de los niveles directivo y asesor
vinculados al respectivo organismo. A su turno, el artículo 10 dispone que el acto de
delegación debe constar por escrito e identificar de manera expresa la autoridad
delegataria y las funciones objeto de delegación 27.

7.4. A su turno, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 establece que los actos expedidos
por el delegatario se sujetan a los mismos requisitos exigidos para la actuación de la
autoridad delegante. Asimismo, dispone que esta puede, en cualquier tiempo,
reasumir el ejercicio de la competencia delegada y revisar las decisiones adoptadas
por el delegatario.

Precisamente, esta facultad de reasunción es la que confiere a la delegación su
carácter esencialmente revocable, aspecto sobre el cual la autoridad judicial
accionada edificó buena parte de su argumentación. Sobre este particular, incluso
antes de la expedición de la Ley 489 de 1998, la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta corporación había señalado que:

“[E]l delegante puede transferir la función y la consiguiente responsabilidad al
delegado - también llamado delegatario en el lenguaje jurídico colombiano -, sin
que éste a su vez pueda subdelegar, salvo expresa autorización de la ley. Por su
naturaleza, la delegación es transitoria, pues el delegante siempre puede reasumir
la función, la que al ejercerla en forma directa, lo convierte de nuevo en el titular
de la responsabilidad”28.

7.5. En ese contexto, el carácter transitorio de la delegación no significa que su
vigencia dependa del período del servidor público que la confirió ni de la permanencia
en el cargo de quien ejerce la función delegada. La transitoriedad responde a que la
autoridad delegante conserva, en todo momento, la facultad de reasumir el ejercicio
de la competencia delegada y de revisar los actos expedidos por el delegatario, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, la delegación
no constituye una atribución de carácter personal, sino funcional.

En ese sentido, la Sección Cuarta29 de esta corporación ha precisado que las
competencias atribuidas a la administración no recaen sobre las personas que ocupan
los cargos, sino sobre las funciones asignadas a las respectivas autoridades
administrativas. Por ello, el relevo del servidor público que expidió el acto de

al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. […]”.
27 Asimismo, el artículo 11 ibidem estableció las funciones que no se puede delegar en los siguientes términos:

“[s]in perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante
delegación: […] 1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados
por la ley. […] 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. […] 3. Las funciones
que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”.
28
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de marzo de 1998, trámite con radicado
1089. M.P. Javier Henao Hidrón.
29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2023, Exp. 5000 -23-37-000-2018-00553-

01 (26269). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15

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delegación no comporta, por sí mismo, la pérdida de su vigencia ni exige la expedición
de un nuevo acto administrativo para que continúe el ejercicio de la función delegada.

7.6. Esta conclusión no desconoce el carácter transitorio de la delegación; por el
contrario, precisa su verdadero alcance a la luz de los principios que rigen la función
administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política.

En efecto, resultaría desproporcionado supeditar la vigencia de un acto de delegación
a la permanencia del servidor público que lo expidió o exigir que cada nuevo
representante legal reproduzca el acto delegatorio. Una interpretación en ese sentido
desconoce la naturaleza funcional de la delegación y afecta los principios de eficacia,
economía y celeridad que orientan la función administrativa, máxime si se tiene en
cuenta que entidades como los ministerios están sujetas a frecuentes cambios en la
titularidad de sus cargos directivos, dada la naturaleza de libre nombramiento y
remoción de estos. Además, una exigencia de esa naturaleza frustraría uno de los
propósitos esenciales de la delegación, consistente en facilitar y hacer más eficiente
el ejercicio de la función administrativa30.

7.7. En suma, el carácter transitorio de la delegación no implica que esta se encuentre
sometida a un término de vigencia previamente determinado ni que cese
automáticamente por el cambio del titular del cargo de la autoridad delegante. Distinta
es la hipótesis prevista en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 31, relativa a la
delegación de funciones de entidades del orden nacional en favor de entidades
descentralizadas o territoriales. Respecto de esta disposición, la Corte Constitucional
condicionó su exequibilidad al entendimiento de que los convenios allí previstos deben
tener una duración determinada, dada la naturaleza excepcional de ese mecanismo
de delegación 32.

7.8. Precisado el alcance jurídico de la delegación administrativa, la Sala procede a
examinar la documentación allegada por la entidad accionante para acreditar la
representación judicial dentro del proceso ordinario.

Al respecto, se advierte que el numeral 1 del artículo 1 de la Resolución 8615 de 2012,
expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Delegar en el Director de Asuntos Legales del Ministerio de
Defensa Nacional las siguientes funciones:
1. Notificarse de las demandas, atenderlas directamente y constituir apoderados
en los procesos contencioso-administrativos que cursen contra la Nación -

30
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-561 del 4 de agosto de 1999.
31 «ARTICULO 14. DELEGACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. La delegación de las funciones de los
organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o
entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y
obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente convenio podrá
determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas.
[…] Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos
entre entidades públicas o interadministrativos».
32 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-727 del 21 de junio de 2000, proceso con radicado D-2696. M.P.

Vladimiro Naranjo Mesa.
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Ministerio de Defensa Nacional, ante el Honorable Consejo de Estado, Tribunales
Contencioso-Administrativos y Juzgados Contencioso-Administrativos, así como
en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional por demandas de
inconstitucionalidad”.

Asimismo, en el artículo 6 de ese mismo acto administrativo se disponen las reglas
aplicables a la delegación de funciones, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN. Las
delegaciones efectuadas a través de la presente resolución serán ejercidas por
los funcionarios delegatarios conforme a las siguientes condiciones:
(…)
3. Cuando lo estime conveniente, el ministro de Defensa Nacional podrá reasumir
en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias
delegadas por medio del presente acto.
(…)
13. En virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción
de legalidad de los actos administrativos, el simple cambio de funcionario
delegante y/o delegatario no extingue los efectos del acto de delegación. De ahí
que, en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos,
las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos que se han citado en el
presente acto administrativo para la delegación de competencias, hasta tanto se
expida un nuevo acto administrativo que las reasigne”.

Como puede observarse, el acto administrativo cuya validez se cuestiona reconoce
expresamente el carácter transitorio de la delegación, al prever que la autoridad
delegante puede reasumir, en cualquier momento, el ejercicio de la competencia
delegada, en los términos previstos por el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y conforme
a la jurisprudencia de esta corporación. Asimismo, dispone que, en aplicación de los
principios de continuidad de la función administrativa y de presunción de legalidad de
los actos administrativos, el cambio del servidor público que actúa como delegante o
delegatario no extingue los efectos del acto de delegación. No obstante, este aspecto
no fue considerado por la autoridad judicial accionada al resolver la controversia
sometida a su conocimiento.

7.9. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué incurrió en un defecto
sustantivo, al interpretar de manera errónea el alcance del carácter transitorio de la
delegación administrativa y concluir que la Resolución 8615 de 2012 había perdido
eficacia como consecuencia del cambio del titular del Ministerio de Defensa Nacional.
Esa interpretación condujo a desconocer la validez del acto de delegación y, por ende,
a impedir que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
compareciera al proceso por conducto del apoderado judicial válidamente designado
para ejercer su representación.

Como consecuencia de ello, la entidad accionante se vio privada de ejercer
plenamente sus derechos de defensa y contradicción, los cuales constituyen

17

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manifestaciones esenciales del derecho fundamental al debido proceso33. En efecto,
la decisión cuestionada le impidió intervenir en el proceso, contestar la demanda,
solicitar y controvertir pruebas, así como ejercer las demás facultades procesales
inherentes a su condición de parte 34.

Lo anterior reviste especial relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 160 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone
que quienes comparecen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben
hacerlo por conducto de abogado debidamente inscrito, salvo los casos expresamente
exceptuados por la ley. En consecuencia, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional únicamente podía ejercer su defensa técnica mediante un
apoderado judicial.

En ese contexto, la interpretación acogida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué acerca de la vigencia del acto de delegación impidió el
reconocimiento del abogado designado por la entidad como su apoderado judicial y,
con ello, restringió injustificadamente el ejercicio de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha
señalado que:

“[L]a protección del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia tiene
dos dimensiones: (i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las
pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y (ii) que dicho
acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las
pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a través de su
correcta ejecución (negrillas fuera del texto)35.

En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada adoptó una
interpretación del régimen jurídico de la delegación administrativa que carece de
sustento normativo y desconoce los principios que orientan la función administrativa.
Como resultado de ello, restringió injustificadamente el ejercicio de los derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa, de contradicción y de acceso a la
administración de justicia de la entidad accionante.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada. En efecto, el
defecto sustantivo se materializó en el auto del 30 de mayo de 2025, mediante el cual
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué confirmó la decisión de no
reconocer personería al apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y mantuvo la determinación de tener por no contestada
la demanda.

No obstante, dado que dicha providencia consolidó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y constituyó el fundamento jurídico para la continuación del

33 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia T-018 del 20 de enero de 2017, proceso con radicado T-5.737.760.

M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
34
Ibid.
35 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia T-608 del 12 de diciembre de 2019, proceso con radicado T-

7.185.421. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18

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trámite del proceso ordinario, resulta procedente dejar sin efectos no solo ese
proveído, sino también los autos proferidos el 7 de marzo, 25 de abril, 25 de julio y 29
de agosto de 2025, por cuanto hacen parte de una misma secuencia procesal y sus
efectos se encuentran inescindiblemente vinculados a la decisión que dio origen a la
vulneración constitucional.

Así las cosas, se ordenará al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué
retrotraer la actuación al estado en que se encontraba antes de proferirse el auto del
30 de mayo de 2025. Para tal efecto, deberá reconocer personería al apoderado
judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, tener por
contestada la demanda y continuar el trámite del medio de control con plena
observancia de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción y al acceso a la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

19

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