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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00045-01

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00045-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la decisión del 6 de febrero de 2026, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó por improcedente la solicitud de habeas corpus formulada en favor de la señora Martha Lucía Osorio Cárdenas, para, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho superado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 7 Sobre la carencia actual de objeto, por hecho superado, ver: Corte Constitucional, sentencia T 002 de 2002. 8 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación; así: “En concordancia con los postulados constitucionales y legales, se tiene que la naturaleza esencial de la acción de hábeas corpus, radica principalmente en proteger al ciudadano contra la amenaza o vulneración de su derecho fundamental a la libertad. Bajo ese contexto, dicha teleología se extingue al momento en que tal situación cesa, es decir, que la finalidad que motivó el ejercicio del mecanismo constitucional ha desaparecido del universo jurídico, ya que el derecho que se intentó proteger ya ha sido reparado; razón por la cual, en el presente caso nos encontramos frente a una carencia actual de objeto por hecho superado. Corolario de lo anterior, la orden pretendida por el o la demandante de hábeas corpus no tendría sentido legal ni vinculación formal de acatamiento, toda vez que por sustracción de materia dicha orden caería en el extremo vacío. En vista de lo anterior, dado que quedó debidamente acreditado que el señor William González Pinzón recobró su libertad por pena cumplida, no hay duda en que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues si bien, para el momento en el que se recepcionó por el Tribunal de instancia la solicitud de hábeas corpus (23 de noviembre de 2020) el actor se encontraba recluido en centro carcelario, el día 27 siguiente recobró su libertad, como quedó acreditado”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 2 de diciembre de 2020 (expediente: HC 2020-00427-01). 4 Expediente No. 73001-23-33-000-2026-00045-01 Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2026-00045-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A

Magistrado: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 73001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas
Accionado: Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Ibagué -Picaleña, Coiba-, Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga -Valle
del Cauca-
Acción: Habeas Corpus
Asunto: Sentencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 1, se
pronuncia el despacho sobre la impugnación presentada por el agente oficioso de
la accionante en contra de la providencia del 6 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó por improcedente la acción de habeas
corpus incoada2.

I. ANTECEDENTES

Hechos

1.El señor Leonardo Fabio Franco Guzmán presentó solicitud de habeas corpus
como agente oficioso de la señora Martha Lucía Osorio Cárdenas, a fin de que se
materialice la orden de sustitución de pena de prisión intramural por prisión
domiciliaria, esto por razones de salud.

2. Señaló que la agenciada se encuentra recluida en el Complejo Carcelario y
Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña -Coiba-, en
cumplimiento de la pena de prisión impuesta el 2 de mayo de 2024 por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga (Valle). Dicha
autoridad la declaró penalmente responsable de los delitos de trata de personas y
lavado de activos, dentro del proceso seguido bajo la radicación 2014 00002 00.

3.Dada la condición de salud que padece la referida señora por cuenta de un
cuadro clínico complejo y pluripatológico, principalmente de origen cardiovascular y
metabólico, el agente oficioso solicitó la sustitución de la pena intramural por

1 Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política (Diario Oficial n.º 46440 de 2 de noviembre

de 2006).
2 La impugnación fue recibida por este despacho el 19 de marzo de 2026.

Expediente No. 73001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas
Accionado: Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Ibagué Picaleña – Coiba y otros
Acción: Hábeas Corpus

detención domiciliaria a su favor, lo que negó el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, en proveído del 5 de noviembre de 2025.

4. Al ser apelada la decisión, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Guadalajara de Buga (Valle), en auto del 26 de enero de 2026, consideró que la
condición de salud de la acá accionante tornaba procedente la sustitución de la pena
solicitada, pues la enfermedad por ella padecida era incompatible con la vida en
reclusión intramural.

5. En consecuencia, revocó la providencia recurrida y concedió, por razones de
salud, la sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por prisión
domiciliaria en su lugar de residencia ubicada en Cartago (Valle), previo pago de
caución prendaria.

6. Pese a cumplir con el pago de la caución, haber suscrito el acta de compromiso
y emitido oficio de orden de traslado el 29 de enero de 2026, la referida señora
continuaba recluida intramuralmente en el establecimiento carcelario accionado, sin
que se hubiera materializado el traslado al domicilio ordenado por la vía judicial,
situación que considera una vía de hecho por la prolongación ilegal de la modalidad
de privación de la libertad, en detrimento de la vida y la salud de la agenciada.

7. Por lo anterior, el agente oficioso solicitó conceder el amparo a favor de su
agenciada y, en consecuencia, se ordene al establecimiento carcelario que, dentro
del término perentorio no superior a 24 horas, disponga su inmediato traslado al
lugar de su domicilio, para continuar cumpliendo su condena en modalidad de
prisión domiciliaria por razones de salud.

La providencia impugnada

8.En proveído del 6 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
por improcedente la acción de habeas corpus incoada.

9. Consideró que la señora Martha Lucía Osorio Cárdenas se encontraba privada
de la libertad en establecimiento carcelario en cumplimiento de una pena de prisión
intramural de 180 meses, de los cuales solo había redimido 27.99 meses, faltándole
aún por cumplir más de dos (2) años de pena de prisión. Señaló que como la
accionante no había cumplido la totalidad de la pena, la prolongación de la limitación
de su libertad no podía calificarse injusta o injustificada.

10. Agregó que, como la alegación principal del agente oficioso se centró en que no

se había materializado la sustitución de la pena intramural por prisión domiciliaria,
era palmario que tal situación no se enmarcaba dentro de los supuestos para activar
el mecanismo constitucional incoado, pues, conforme lo había sostenido la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia3, la naturaleza de esa acción

3 Mencionó las providencias del 27 de marzo de 2019 (expediente AHP1134-2019, radicado 55007) y del 2 de

septiembre de 2021 (expediente AHP3863-2021, radicado 60118).

2

Expediente No. 73001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas
Accionado: Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Ibagué Picaleña – Coiba y otros
Acción: Hábeas Corpus

constitucional era incompatible para obtener la efectivización de una decisión que
no otorga la libertad, sino que varía la forma de cumplimiento de la privación4.

La impugnación

11. Elagente oficioso de la accionante formuló recurso de apelación contra la
decisión anterior.

12. En lo fundamental, consideró que el a quo: (i) no analizó lo injusto de la
prolongación de la libertad, dada la modalidad de privación intramural que
soportaba la accionante; (ii) desconoció la línea jurisprudencial de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado, según la cual el mecanismo constitucional
invocado sí procede ante la falta de materialización de la prisión domiciliaria5, pues
no realizar el traslado al domicilio donde se debía purgar la pena configuraba una
vía de hecho con la posibilidad de amparo constitucional; y, (iii) desconoció que el
mecanismo incoado puede ser preventivo o correctivo con la finalidad de prevenir
afectaciones a garantías fundamentales como la vida e integridad personal,
derechos que en este caso encontraban en riesgo, en tanto que la permanencia
intramural de la agenciada afectaba su grave condición de salud.

II. CONSIDERACIONES

13. El despacho, en auto del 19 de marzo de 2026, requirió al establecimiento
carcelario accionado, a fin de que rindiera informe sobre el estado de cumplimiento
del traslado de la agenciada al lugar de su residencia.

14. En el término concedido, el establecimiento carcelario informó que “… la persona

privada de la libertad … fue trasladada del establecimiento COIBA el pasado 13
de febrero de 2026. Dicho traslado se realizó con destino al EPMSC CARTAGO,
con el fin de que se proceda a dar cumplimiento a la medida de prisión domiciliaria
otorgada por el JUZGADO 1 DE EJECUCIÓN DE PENAS DE IBAGUÉ-TOLIMA”.

15. En el mismo término, el agente oficioso presentó memorial en el cual indicó “…

me permito con todo respeto, informar a su honorable despacho, que, desde el 15
de febrero de 2026, mi prohijada ya fue trasladada a su lugar de domicilio”.

16. Sin desconocer que, por su naturaleza, el mecanismo constitucional invocado

propugna por la protección del derecho fundamental a la libertad6, no se puede
desatender que en este asunto se advierte una carencia actual de objeto de la
solicitud invocada por hecho superado, lo que impide emitir un pronunciamiento de

4 Índice 3 aplicativo SAMAI.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 2 de mayo de 2022 (expediente HC 2022-00119-01) y Sala de

Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, auto AHP1172-2023 (Rad. 63712).
6 De manera pacífica y uniforme, esta Corporación, como juez constitucional del habeas corpus, ha sostenido

que este mecanismo está instituido para proteger el derecho a la libertad y procede cuando: (i) la privación de
la libertad es arbitraria, es decir, cuando se transgreden las garantías constitucionales o legales; esto significa
que si a lo largo del procedimiento se han respetado las garantías que establece el ordenamiento jurídico para
la respectiva detención, la acción de habeas corpus se torna improcedente y, (ii) la privación de la libertad se
prolonga indebidamente por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley o se omite resolver dentro
de los términos legales la solicitud de libertad presentada por quien tiene derecho a ello.

3

Expediente No. 73001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas
Accionado: Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Ibagué Picaleña – Coiba y otros
Acción: Hábeas Corpus

fondo que resuelva los planteamientos del impugnante, contra la decisión de
instancia que declaró la improcedencia de la acción.

17. Los pedimentos centrales del agente oficioso se dirigieron a invocar la protección

del derecho a la libertad de la agenciada, el que consideró vulnerado en tanto no se
había surtido su traslado desde las instalaciones del Complejo Carcelario y
Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña – Coiba, en donde
purgaba la pena de prisión impuesta en su contra, hasta el lugar de su domicilio
ubicado en la ciudad de Cartago (Valle).

18. Sin embargo, a partir de la respuesta ofrecida por ese establecimiento carcelario,

la cual fue corroborada por el agente oficioso, se encuentra plenamente demostrado
que el pretendido traslado ya se surtió, situación que revela la carencia actual de
objeto, por hecho superado7, en la medida en que en que se superó la circunstancia
que se invocó como objeto jurídico fuente del amparo constitucional accionado.

19. Lo anterior implica que cualquier pronunciamiento y análisis de cara a establecer

si se incurrió en una eventual trasgresión del derecho a la libertad resultaría estéril
y tornaría inane cualquier orden del juez constitucional encaminada a su
protección8. Vistas así las cosas, procede modificar la sentencia recurrida que negó
por improcedente la acción incoada.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la decisión del 6 de febrero de 2026, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Tolima denegó por improcedente la solicitud de habeas
corpus formulada en favor de la señora Martha Lucía Osorio Cárdenas, para, en su
lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho superado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

7 Sobre la carencia actual de objeto, por hecho superado, ver: Corte Constitucional, sentencia T 002 de 2002.
8 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación; así: “En concordancia

con los postulados constitucionales y legales, se tiene que la naturaleza esencial de la acción de hábeas corpus,
radica principalmente en proteger al ciudadano contra la amenaza o vulneración de su derecho fundamental a
la libertad. Bajo ese contexto, dicha teleología se extingue al momento en que tal situación cesa, es decir, que
la finalidad que motivó el ejercicio del mecanismo constitucional ha desaparecido del universo jurídico, ya que
el derecho que se intentó proteger ya ha sido reparado; razón por la cual, en el presente caso nos encontramos
frente a una carencia actual de objeto por hecho superado. Corolario de lo anterior, la orden pretendida por el o
la demandante de hábeas corpus no tendría sentido legal ni vinculación formal de acatamiento, toda vez que
por sustracción de materia dicha orden caería en el extremo vacío. En vista de lo anterior, dado que quedó
debidamente acreditado que el señor William González Pinzón recobró su libertad por pena cumplida, no hay
duda en que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues si bien,
para el momento en el que se recepcionó por el Tribunal de instancia la solicitud de hábeas corpus (23 de
noviembre de 2020) el actor se encontraba recluido en centro carcelario, el día 27 siguiente recobró su libertad,
como quedó acreditado”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 2 de diciembre
de 2020 (expediente: HC 2020-00427-01).

4

Expediente No. 73001-23-33-000-2026-00045-01
Accionante: Martha Lucía Osorio Cárdenas
Accionado: Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Ibagué Picaleña – Coiba y otros
Acción: Hábeas Corpus

SEGUNDO: COMUNÍQUESE por la Secretaría General esta decisión a los
interesados.

TERCERO: por Secretaría, CARGAR la sentencia al respectivo índice de SAMAI y
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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