Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00068-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00068-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00068-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00068-01
Demandante: EDILFAN MONTAÑA VIUCHE
Demandados: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ Y OTROS
Temas: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental al
habeas data. Confirma y adiciona.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 3 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por no superar el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 18 de febrero de 20261, el señor Edilfan Montaña Viuche,
en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Séptimo
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, la Fiscalía General de la Nación
y la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC), con la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data, a la honra, al
buen nombre, a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión del: i) incumplimiento por parte de la SFC y el Banco Davivienda a los fallos
de tutela dictados el 1º de noviembre de 2023 por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué2 y el 2 de julio de 2025 por el Juzgado
1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
Radicado: 73001-33-33-007-2023-00382-00.
Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00068-01
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué3; ii) la presunta mora
judicial en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación al no darle trámite a la
denuncia presentada el 15 de diciembre de 2023 contra el Banco Davivienda por
fraude a resolución judicial y, iii) la omisión por parte de las autoridades judiciales
mencionadas de sancionar a la SFC y el Banco Davivienda por la falta de
cumplimiento de las órdenes señaladas en sus decisiones de amparo.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO: Que se le ordene a la fiscalía general de la nación adelantar las
actuaciones investigativas y se le pregunte al superintendente financiero al
representante legal de banco Davivienda y las sanciones con arresto de prisión, y
multas por 15 SMLV y cual ha sido la omisión de no cumplir el fallo.
SEGUNDO: Que se le pregunte a los juzgados en mención, cual fue el motivo y
porque se apartaron de sus derechos fundamentales y constitucionales de hacer
cumplir sus propios fallos también se le oficie a la comisión de diciplina judicial, para
que en su momento revisen las faltas que hubiesen cometido.
TERCERO: Que se le ordene a la superintendencia financiera de manera inmediata
que en medio de sus competencias sancione a banco Davivienda y se le pregunte
cual es la renuencia de no querer bajar unos reportes que llevan 11 años en el
sistema, pese a que hay una sentencia 282/2021 esta hace caso omiso al
cumplimiento en lo emanado en la honorable corte y también se le pregunte porque
ordena que se embarguen cuentas que gozan de inembargabilidad esta entidad
llamada Davivienda si hay una resolución de la superintendencia financiera que
habla de la inembargabilidad de las cuentas de ahorros.
CUARTO: Señor juez como aquí se violaron derechos humanos, debe llamarse
según el ART 277 al ministerio publico ya que miembros del estado son los que me
han violado mis derechos humanos, pues es la misma fiscalía y los mismos jueces
de la república donde sigue la violación en modo tiempo y lugar4.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 28 de septiembre de 2023, el señor Edilfan Montaña Viuche radicó petición ante
la Superintendencia de Industria y Comercio, la SFC, el Banco Davivienda - Credi
Express, AECSA, Cobrando S.A.S., el Banco Agrario de Colombia, DataCrédito
3
Radicado: 73001-33-33-002-2025-00111-00.
4
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00068-01
Experian y TransUnión CIFIN, en la que solicitó la eliminación de los reportes
negativos que estuvieran registrados a su nombre en las centrales de riesgo desde
el año 2010, por una presunta suplantación.
Ante el silencio de las mencionadas, el señor Montaña Viuche acudió a la acción de
tutela con el fin de que las fueran requeridas para que se pronunciaran sobre lo
peticionado.
El mecanismo fue conocido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Ibagué5 que en sentencia del 1º de noviembre de 2023, resolvió:
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el amparo constitucional formulado en
contra de DATACRÉDITO EXPERIAN, CIFIN y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data, del cual es titular el
señor EDILFAN MONTAÑA VIUCHE, identificado con la cédula de ciudadanía No.
93.452.911 de Chaparral Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.
TERCERO: En consecuencia de lo anterior, se ORDENA al BANCO DAVIVIENDA,
AECSA y COBRANDO SAS, que si aún no lo han hecho, procedan dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta decisión, a cotejar los documentos
utilizados para adquirir las obligaciones que disputa el accionante, según
corresponda en cada entidad, con los documentos allegados en las peticiones
formuladas el 28 de septiembre de 2023, conforme lo previsto en el numeral 7,
artículo 16, Ley 1266 de 2008, y en el evento de advertir una posible falsedad,
deberán modificar la información reportada a los operadores de las bases de datos,
para que se incluya la leyenda dentro del registro personal que diga “Víctima de
Falsedad Personal”. Cumplido lo anterior, deberán los accionados, dentro de los
cinco (5) días siguientes, emitir pronunciamiento de fondo frente al reclamo
formulado por el accionante, el cual deberá darse a conocer al interesado, dentro
del mismo término.
CUARTO: EXHORTAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA para que, en el ámbito de
sus competencias, ejerzan la función de vigilancia que prevé la Ley 1266 de 2008,
sobre el BANCO DAVIVIENDA, AECSA y COBRANDO SAS, en aras de establecer
si les asiste o no, responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las
disposiciones de dicha ley.
En atención a que el fallo no fue impugnado, por medio de auto del 28 de noviembre
de 2023, el director del proceso dispuso enviar el expediente digital a la Corte
Constitucional para su revisión6.
5
Radicado: 73001-33-33-007-2023-00382-00.
6
Mediante auto del 29 de febrero de 2024, la Corte Constitucional, Sala de Selección de Tutelas
Número Dos resolvió no seleccionar para revisión la tutela en mención.
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Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00068-01
El 15 de diciembre de 2023, el actor presentó denuncia ante la Fiscalía General de
la Nación contra el Banco Davivienda por el delito de fraude a resolución judicial
ante el incumplimiento del fallo del 1º de noviembre de 2023.
En el 2025, el señor Montaña Viuche interpuso una acción de cumplimiento contra
la SFC7, por estimar vulnerado su derecho fundamental de hábeas data,
argumentando que la entidad se había negado a darle el trámite correspondiente a
las múltiples quejas y denuncias que había elevado en contra del Banco Davivienda,
con ocasión de los reportes negativos efectuados por la entidad ante los operadores
de los bancos de datos. El mecanismo fue conocido y adecuado por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué a una solicitud de amparo8.
En virtud de que en la acción de tutela 73001-33-33-007-2023-00382-00 el juez ya
se había pronunciado sobre las entidades vinculadas como terceras con interés, el
Juzgado Segundo Oral Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué únicamente
resolvió sobre el extremo accionado (SFC). En consecuencia, en providencia del 2
de julio de 2025, decidió:
Segundo. – ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA,
para que en el término no mayor a ocho (8) días, siguientes a la notificación de la
presente decisión, para que en marco de función de vigilancia establecida en la Ley
1266 de 2008 modificada por la Ley 2157 de 2021, inicie y adelante todas las
actuaciones administrativas e investigativas frente al Banco Davivienda S.A., en
relación con los hechos y pretensiones invocadas por el accionante señor EDILFAN
MONTAÑA VIUCHE, identificado con cédula de ciudadanía 93.452.911 de
Chaparral – Tolima, en la múltiples quejas radicadas ante la entidad, con el propósito
de establecer si la entidad financiera vigilada incurrió en las infracciones al régimen
de protección de datos personales y las normas de seguridad financiera, teniendo
en cuenta que se actuar se limitó únicamente a correr traslado de las quejas
elevadas sin ejercer la función de vigilancia establecida en la citada ley.
Igualmente, la mencionada sentencia no fue objeto de impugnación, por lo que fue
remitido a la Corte Constitucional el 10 de julio de 2025. Al día siguiente, el
accionante solicitó apertura de incidente de desacato9 en contra del Banco
Davivienda, sin embargo, en auto del 21 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué se abstuvo de darle trámite, dado que
el amparo proferido se dictó frente a la SFC.
Asimismo, se le indicó al tutelante que tampoco era viable dar apertura al incidente
de desacato en contra de la SFC, toda vez, que la entidad se encontraba en término
7
Fueron vinculados como terceros con interés a la Superintendencia de Industria y Comercio; Banco
Davivienda; Banco Caja Social; el Defensor del Consumidor Financiero del Banco Davivienda;
DataCrédito Experian y TransUnión CIFIN.
8
Radicado: 73001-33-33-002-2025-00111-00.
9
La solicitud fue reiterada el 15 de agosto de 2025, no obstante, por auto del de la misma fecha, la
autoridad judicial ordenó abstenerse a lo resuelto el 21 de julio de 2025.
4
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Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00068-01
para dar cumplimiento a la orden impartida.
Nuevamente, el 11 de septiembre de 2025, el señor Montaña Viuche radicó
incidente de desacato, esta vez en contra de la SFC, no obstante, en auto del 25 de
septiembre de 2025, la autoridad judicial se abstuvo de imponer sanción por
desacato, tras encontrar cumplida la orden impartida en la sentencia del 2 de julio
de 2025, toda vez, que la entidad aporto la totalidad de los documentos que
acreditaban las actuaciones administrativas adelantadas en relación con las quejas
y acciones de tutela elevadas por el accionante en contra del Banco Davivienda.
Las solicitudes de trámite incidental fueron reiteradas el 11 de noviembre y 1º de
diciembre de 2025 y, el 27 de enero de 2026, frente a las cuales se dictaron
providencias en las que el juzgado se abstuvo de iniciarlo10.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora argumentó su inconformidad en torno al incumplimiento del Banco
Davivienda y la SFC frente a las órdenes de tutela señaladas en las sentencias del
1º de noviembre de 2023 y 2 de julio de 2025.
Asimismo, cuestionó la falta de trámite de la Fiscalía General de la Nación sobre la
denunciada presentada en el 2015 y la omisión del poder sancionatorio de los
jueces de amparo para hacer cumplir lo dispuesto en sus fallos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Tolima en providencia del 19
de febrero de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante11 y, como parte demandada, a la Fiscalía General de la Nación12, al
Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Ibagué13, al Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué14 y a la SFC15.
10
Autos del: 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2025 y, 6 de febrero de 2026.
11
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
asesoriasjt21@gmail.com.
12
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.
13
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
adm07ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web:
notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co y super@superfinanciera.gov.co.
5
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Ibagué
En informe recibido el 19 de febrero de 2026, el director del proceso expuso que
posterior al fallo del 1º de noviembre de 2023, Cobrando S.A.S. allegó
pronunciamiento al proceso en el que señaló que «[…] se procedió a eliminar estas
dos obligaciones de las centrales de riesgo DATACREDITO y TRANSUNIOM, y se
anexa paz y salvo de BANCO DAVIIENA obligaciones que se devolvieron a dicha
entidad toda vez que se realiza validación con el originador es decir BANCO
DAVIVIENDA y el cual nos confirma que estos valores corresponden a gastos de
administración (…)”, y la Superintendencia de Industria y Comercio allegó la
documentación y trámite relacionado con la tutela interpuesta […]».
Igualmente, informó que el Banco Davivienda «[…] aportó documentos y se
pronunció señalando lo siguiente: “Es por lo anterior que realizamos validación en
nuestro sistema y se emitió el día 07/11/2023 respuesta, clara, precisa y de fondo a
cada una de las solicitudes realizadas por el señor EDILFAN MONTAÑA VIUCHE
C.C.93.452.911, documento que anexamos para su debido conocimiento. Sumado
a lo anterior, se procedió a notificar el presente documento al señor EDILFAN
MONTAÑA VIUCHE, al correo electrónico reportessa895@gmail.com, dirección de
correo aportada por el peticionario como correo de notificaciones, lo cual confirmo
con la siguiente imagen de reporte email de notificación”».
Seguido de ello, adujo que no fue iniciado incidente alguno por parte del actor ni se
efectuó pronunciamiento con posterioridad al fallo proferido.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué
Mediante informe del 20 de febrero de 2026, el juez realizó un recuento de todas las
actuaciones procesales acaecidas en el proceso de tutela bajo radicado 73001-33-
33-002-2025- 00111-00, incluidas las solicitudes de desacato y sus resolutivas.
Al respecto, pidió que fuera rechazado el mecanismo constitucional por
improcedente, sin indicar una razón concreta y que se sancionara al accionante por
temeridad.
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Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
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1.6.3. Superintendencia Financiera de Colombia
El 20 de febrero de 2026, el profesional universitario del grupo contencioso
administrativo de la entidad refirió que, «[…] en relación con reportes negativos en
centrales de riesgo, es pertinente manifestar que inicialmente el banco eliminó
dichas anotaciones por no contar con la constancia de entrega de la notificación
previa al reporte negativo; pero volvió a reportar las dos obligaciones en esa
condición porque el consumidor financiero continuó con la mora».
Relató que sobre el fallo dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Ibagué dio cumplimiento a la orden a través del Oficio
2025105151-003-000 del 10 de julio de 2025. Asimismo, adujo que, respecto al
incidente de desacato promovido en la misma acción, la entidad dio respuesta por
medio del oficio 2025159571- 000-000 del 16 de septiembre de 2025 en el que se
indicó que las deudas sobre las cuales recaían los reportes negativos habían sido
cedidas a entidades no vigiladas por la superintendencia.
En consecuencia, argumentó que en ningún momento había vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por lo que solicitaba la denegación del
mecanismo.
1.6.4. Fiscalía 50 Seccional
El 20 de febrero de 2026, la fiscal explicó que inicialmente la noticia criminal había
sido asignada a la Fiscalía 27 Seccional, sin embargo, por una redistribución que se
realizó el 18 de marzo de 2025, el conocimiento del caso había pasado a la Fiscalía
50 Seccional.
Así, manifestó que la investigación se encontraba activa y en curso con el programa
metodológico vigente. Por lo tanto, no se configuraba la vulneración de las garantías
fundamentales del actor, puesto que, de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 906
de 2004, el ente investigador contaba con un término de hasta 2 años desde la
noticia criminal para adoptar una decisión de fondo, sin que el tiempo se hubiere
vencido o se evidenciara una dilación injustificada.
1.6.5. Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional del Tolima
En escrito del 23 de febrero de 2025, el director seccional de Tolima comentó que
de la consulta efectuada en el Sistema Misional de Información SPOA con el número
del documento de identidad del tutelante, se encontraron los siguientes registros:
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Demandante: Edilfan Montaña Viuche
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00068-01
Así, manifestó que el 20 de febrero de 2026, a través de correo electrónico suscrito
por parte del Grupo Jurídico de la Dirección Seccional Tolima, se dio traslado de la
acción constitucional a la Fiscalía 79 Unidad De Intervención Temprana de
Denuncias – Bogotá, Fiscalía 32 Seccional - Admon Publica - Fraude Resolución
Bogotá, Fiscalía 56 Seccional - Administración Pública de Ibagué y Fiscalía 50
Seccional - Administración Pública de Ibagué, para que, en ejercicio de su
autonomía e independencia brindara respuesta con relación a los procesos de
noticia criminal antes relacionados.
Por último, pidió la desvinculación, tras no advertir vulneración alguna de los
derechos fundamentales del señor Montaña Viuche.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 3 de marzo de 2026, declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo.
Teniendo en cuenta que el juez a quo consideró que lo solicitado por el accionante
era que se le ordenara a la SFC aplicar al Banco Davivienda las sanciones
estipuladas en el artículo 18 de la Ley 266 de 200816, el señor Montaña Viuche
16
«ARTÍCULO 18. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia
Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el
procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente
ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones
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Judicial de Ibagué y otros
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contaba con un mecanismo judicial para que se impusieran las sanciones, por lo
que no podía pretender acudir al mecanismo constitucional de manera subsidiaria.
Por otro lado, respecto de la Fiscalía General de la Nación y la presunta mora de
adelantar la investigación, adujo que igualmente la tutela resultaba improcedente,
dado que se estaba utilizando como un mecanismo de impulso procesal.
1.8. Impugnación
Con escrito allegado el 10 de marzo de 202617, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado en el que manifestó que la vulneración a sus derechos persistía, en
tanto el Banco Davivienda aún seguía reportando información negativa a su nombre.
Asimismo, refirió que «[…] el superintendente no ha cumplido con lo dispuesto en
la tutela y si el juzgado en su momento no hace cumplir la norma de que me sirve
el fallo […]».
1.9. Trámite en segunda instancia
Por medio de auto del 27 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente ordenó poner
en conocimiento de la nulidad saneable en la acción tutelar a los siguientes: i) Banco
Davivienda S.A., ii) Banco Caja Social, iii) Banco Agrario de Colombia, iv) Credi-
Express, v) Aecsa, vi) Cobrando S.A.S., vii) Superintendencia de Industria y
Comercio, viii) Datacrédito Experian, y ix) CIFIN (Trasunion).
Pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
1.10. Manifestación de impedimento
E 11 de mayo de 2026, el Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
impedimento para conocer del caso, en atención a que su cónyuge se desempeña
en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior, adscrita a una unidad
impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras
subsista el incumplimiento que las originó.
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando
se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones
y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones
impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones.
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de
suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a
los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión.
Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos».
17
El fallo de primer grado fue notificado el 5 de marzo de 2026.
9
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nacional de la Fiscalía General de la Nación; entidad que integró la parte accionada
en el presente trámite.
Sin embargo, en providencia del 14 de mayo del año en curso, fue declarado
infundado el impedimento por los demás magistrados que conforman la Sección
Quinta de esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Edilfan Montaña Viuche contra la sentencia del 3 de marzo de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo
25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de
201918.
2.2. Cuestión previa
La Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional del Tolima solicitó su
desvinculación del presente trámite, por a su juicio, carecer de legitimación en la
causa por activa. No obstante, la petición será negada en atención a que la entidad
fue llamada al proceso como extremo accionado; en consecuencia, se debe realizar
un estudio de fondo respecto de la misma, con el fin de verificar si incurrió en la
vulneración de los derechos alegados por el señor Montaña Viuche.
2.3. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 3 de
marzo de 2026 del Tribunal Administrativo del Tolima, para lo cual deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:
● ¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en mora judicial con ocasión de la
falta de trámite a la denuncia presentada por el actor el 15 de diciembre de
2023 por fraude a resolución judicial?
● ¿Los juzgados Séptimo y Segundo Administrativos de Oralidad del Circuito
Judicial de Ibagué vulneraron los derechos del señor Montaña Viuche al no
sancionar a la SFC y el Banco Davivienda ante el incumplimiento de las
18
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Demandados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué y otros
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órdenes plasmadas en las sentencias de tutela del 1º de noviembre de 2023
y 2 de julio de 2025, respectivamente?
● ¿La SFC y el Banco Davivienda incumplieron los fallos dictados el 1º de
noviembre de 2023 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Ibagué y el 2 de julio de 2025 del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia; iii) mora judicial injustificada y, v) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir,
cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable19
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución20, del derecho fundamental al debido
19
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
20
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
11
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proceso21 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia22.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»23.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»24.
Frente a esto, debe además recordarse que, de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”25, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende
por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los
21
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
22
Sentencia T-006 de 1992.
23
Sentencia T-476 de 1998.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
25
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»26.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia27 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»28.
2.6. La mora judicial injustificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes29.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»30.
En esa línea, dicha Corporación precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
26
Ibídem.
27
Ley 270 de 1996. «Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional».
28
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
29
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
30
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial31, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.7. Caso concreto
El señor Edilfan Montaña Viuche acudió a la acción de tutela alegando la
vulneración de sus derechos fundamentales al habeas data, a la honra, al buen
nombre, a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso por parte del
Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué, el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, la Fiscalía
General de la Nación y la SFC.
En atención a que se trata de tres cargos distintos, por razones metodológicas, se
abordará cada uno de ellos de forma independiente, como pasa a resolverse:
2.7.1. Fiscalía General de la Nación
El señor Edilfan Montaña Viuche consideró vulnerados sus derechos fundamentales
con ocasión de la presunta mora judicial en la que incurrió la Fiscalía General de la
Nación ante la falta de trámite a la noticia criminal con ocasión a la denuncia
realizada el 15 de diciembre de 2023 contra el Banco Davivienda por el delito de
31
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-
23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-
000-2023-06923-01.
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fraude a resolución judicial.
De las contestaciones recibidas al presente mecanismo, se observa que la Fiscalía
50 Seccional es quien se encuentra adelantando la investigación, la cual recibió por
asignación el caso el 18 de marzo de 2025. Por lo cual, de acuerdo con el artículo
175 de la Ley 906 de 2004, el ente acusador cuenta con un término de hasta 2 años
desde la noticia criminal para adoptar una decisión de fondo.
La Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar actuación por parte del funcionario competente;
(ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos a
cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la
demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.
En atención a que no se evidencia una dilación injustificada en la investigación que
adelanta la Fiscalía, así como tampoco ha sobrepasado los términos que tiene para
proferir una decisión de fondo u archivo sobre el caso, de acuerdo a la normativa
revisada, se negará la solicitud de amparo.
2.7.2. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué y
Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué
Del recuento de los hechos se observa que el actor hizo uso del trámite incidental
únicamente en la acción de tutela identificada con el radicado 73001-33-33-007-
2023-00382-00, conocida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué en el cual, pese a que presentó múltiples solicitudes de apertura,
solamente una prosperó para ser estudiada de fondo, en atención a que cumplía los
requisitos de procedencia32.
En consecuencia, el 25 de septiembre de 2025, la autoridad judicial se abstuvo de
imponer sanción por desacato, tras encontrar cumplida la orden impartida en la
sentencia del 2 de julio de 2025, toda vez, que la SFC aportó la totalidad de los
documentos que acreditaban las actuaciones administrativas adelantadas en
relación con las quejas y acciones de tutela elevadas por el señor Montaña Viuche
en contra del Banco Davivienda.
Cabe resaltar que la orden plasmada en el fallo del 2 de julio de 2025 consistió en:
«ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, para que
32
Todas las otras solicitudes fueron tramitadas, sin embargo, en ellas se profirieron autos en los que
el juzgado se abstuvo de iniciar el incidente.
15
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en el término no mayor a ocho (8) días, siguientes a la notificación de la presente
decisión, para que en marco de función de vigilancia establecida en la Ley 1266 de
2008 modificada por la Ley 2157 de 2021, inicie y adelante todas las actuaciones
administrativas e investigativas frente al Banco Davivienda S.A., en relación con los
hechos y pretensiones invocadas por el accionante señor EDILFAN MONTAÑA
VIUCHE, identificado con cédula de ciudadanía 93.452.911 de Chaparral – Tolima,
en la múltiples quejas radicadas ante la entidad, con el propósito de establecer si la
entidad financiera vigilada incurrió en las infracciones al régimen de protección de
datos personales y las normas de seguridad financiera, teniendo en cuenta que se
actuar se limitó únicamente a correr traslado de las quejas elevadas sin ejercer la
función de vigilancia establecida en la citada ley».
Al respecto, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué
con auto del 12 de septiembre de 2025 dispuso previo a dar apertura al incidente
de desacato, requerir al señor Cesar Attilio Ferrari Quine, en su calidad de
Superintendente Financiero y al señor Nicolás Pavel Cortes Alonso, en su calidad
de Superintendente Delegado para la Delegatura para el Consumidor Financiero,
para que rindieran un informe detallado y pormenorizado de todas y cada una de
las actividades y gestiones desplegadas por cada uno de los funcionarios a fin de
dar cabal cumplimiento a la orden impartida en la sentencia.
Ante la falta de pronunciamiento, la autoridad judicial resolvió iniciar el incidente en
providencia del 16 de septiembre de 2025. Vencido el término del traslado
concedido a los incidentados, se allegó informe por parte de la SFC en el que
demostró cada una de las actuaciones adelantadas por la entidad en relación con
las múltiples quejas y tutelas elevadas por el accionante, concluyendo que no había
necesidad de iniciar ninguna actuación diferente a las ya adelantadas, pues las
respuestas del Banco habían sido de fondo, claras y concretas a los requerimientos
efectuados por el consumidor financiero.
Asimismo, la SFC refirió que se procedió a «[…] brindarle respuesta final al
accionante bajo radicado 2025159571-000, el cual le fue remitido por medio
electrónico, aunado a que los escritos de tutela fueron trasladados a la
Superintendencia de Industria y Comercio con radicados 2023113838-004-000,
2024058923-005-000 y 2024163042-007-000 porque las sociedades AECSA S.A. y
COBRANDO S.A.S., a quienes el banco cedió las obligaciones, no son vigiladas por
la Superfinanciera. (Archivo 008, 010 y carpetas 007 y 008 ibidem)».
Así las cosas, esta Sala de Decisión encuentra que las autoridades judiciales
accionadas han cumplido a cabalidad con sus deberes, en atención a que han
adelantado los procedimientos solicitados por el actor y, respecto de las
providencias citadas, el señor Montaña Viuche no argumentó yerro alguno que
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permita la intervención del juez de tutela. Por lo tanto, respecto de estas, se negará
la solicitud de amparo.
2.7.3. Superintendencia Financiera de Colombia y Banco Davivienda
La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
En el presente caso, el señor Edilfan Montaña Viuche sostuvo que la SFC y el Banco
Davivienda no han dado cumplimiento a las órdenes dictadas en las sentencias del
1º de noviembre de 2023 y 2 de julio de 2025.
En relación con el cumplimiento del fallo de tutela, el Decreto Ley 2591 de 1991, por
medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política, estableció en
su artículo 27, lo siguiente:
Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del
mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta
que cumplan la sentencia. (Negrita y subrayado fuera del texto).
Respecto del desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha precisado:
Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva
Dice el artículo 52 del decreto (sic) 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere
una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte
salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso.
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(…)
Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva.
Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento33. (Negrita y subrayado fuera del texto)
Bajo estas consideraciones, la Sala, advierte que no se encuentra satisfecho el
requisito de subsidiariedad, en la medida que, la parte actora pretende que, por vía
de esta acción, se exija el cumplimiento de órdenes de tutela; sin embargo, para
ese propósito el sistema jurídico colombiano tiene previsto dos mecanismos
judiciales idóneos y eficaces.
El primero, es el control de cumplimiento, actuación que, si bien procede de oficio
de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, también
puede solicitarse por el afectado, con el fin de que el juez que dictó la sentencia de
tutela dé inicio a esta actuación procesal34.
El segundo, es el incidente de desacato, previsto en los artículos 52 y 57 del Decreto
2591 de 199135, mecanismo de naturaleza sancionatoria que le permite al afectado
concurrir ante la autoridad judicial de conocimiento para que ésta a su vez requiera
el cumplimiento de lo ordenado al funcionario competente. En este punto, es preciso
señalar que la interposición del incidente de desacato puede realizarse cuantas
veces sea necesario para asegurar el cumplimiento de la orden por parte de las
33
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 del 07.12.98., M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
34
Al respecto, ver sentencia C- 367 de 2014 decisión en la que expuso lo siguiente: «La
administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la providencia judicial, no puede
ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe,
efectuarse aún en contra de la voluntad de quien está llamado a ello, por medios coercitivos. El
incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es
imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos ámbitos. Y puede comprometerla,
porque si bien el incumplimiento obedece a una situación objetiva, dada por los hechos y sólo por
los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva, en la cual es relevante la
culpabilidad de su autor. En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la
voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una
situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino
de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en
estos eventos, para la satisfacción material del derecho involucrado “es procedente acudir a otros
medios que permitan equiparar la protección del derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia o que mitiguen los daños causados a la persona afectada”, valga decir, se puede prever
formas alternas de cumplimiento del fallo»
35
En la misma providencia, la Corte Constitucional precisó que «[…] A pesar de ser una sanción, el
objeto del desacato no es la sanción en sí misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela.
Cumplir con la orden serviría para evitar la sanción, valga decir, evitar que se imponga el arresto y
la multa previstos en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que el desacato puede
hacer que se cumpla con el fallo en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de
manera adecuada el acceso a la administración de justicia»
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autoridades. Esto implica que el mecanismo no se agota con una única presentación
ni se ve limitado por una decisión judicial previa que haya sido adversa.
Se advierte entonces que, existiendo una orden de tutela previa, cualquier reclamo
que involucre dicho asunto, debe ser resuelto por medio del incidente de desacato
o la solicitud del control del cumplimiento, pues estos deben ser los escenarios
donde se resuelvan las inconformidades del actor las veces que considere
necesario.
En ese orden de ideas, el juez constitucional no puede invadir la órbita de
competencia del juez natural del proceso y proferir algún pronunciamiento sobre un
tema que solamente le compete al otro, ya que se estaría utilizando la acción
constitucional en reemplazo de los medios de defensa pertinentes establecidos en
la ley.
Igualmente, se pone de presente que en el radicado 73001-33-33-007-2023-00382-
00 en el que el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Ibagué dictó orden en la sentencia del 1º de noviembre de 2023 frente al Banco
Davivienda, aun no se ha solicitado el inicio de incidente alguno, razón por la que el
señor Montaña Viuche tiene a su alcance y disposición tal posibilidad.
Por lo tanto, se declarará la improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad frente a la SFC y el Banco Davivienda.
En conclusión, se confirmará el fallo del 3 de marzo de 2026, proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima en el que declaró la improcedencia por no superar
el requisito de subsidiariedad, pero por las razones expuestas. Adicionalmente, se
negará la solicitud de amparo respecto de la Fiscalía General de la Nación y los
juzgados Segundo y Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Ibagué.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General
de la Nación, Dirección Seccional del Tolima.
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SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 3 de marzo de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima que declaró la improcedencia de la acción de tutela
instaurada por el señor Edilfan Montaña Viuche, por las razones mencionadas.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo respecto de la Fiscalía General de la
Nación y los juzgados Segundo y Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Ibagué, de acuerdo con lo expuesto.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
20
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