Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00110-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00110-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00110-01
Accionante: JEAN PEARE FERNÁNDEZ PÉREZ
Accionado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
IBAGUÉ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato en el
cumplimiento de un fallo de tutela. Defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Jean Peare Fernández Pérez, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 6 de abril de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones del amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de marzo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de igualdad, así como el principio de seguridad jurídica, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Solicito respetuosamente al Despacho decretar como MEDIDA
PROVISIONAL la SUSPENSIÓN INMEDIATA de cualquier trámite de cobro coactivo,
ejecución administrativa o reporte de deuda derivado de la multa impuesta de un (1)
SMMLV contra el señor JEAN PEARE FERNÁNDEZ PÉREZ, hasta tanto se dicte
sentencia de fondo en el presente proceso de tutela. Esta medida se hace necesaria y
urgente dado que, de ejecutarse el cobro de la sanción antes del fallo de tutela, se
afectaría de manera injustificada el patrimonio y el mínimo vital del accionante por una
obligación que como se ha demostrado, ha perdido su causa jurídica al haberse
acreditado el cumplimiento de la orden de protección en favor de la señora Cecilia
Yáñez de Murillo.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
SEGURIDAD JURÍDICA, IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor JEAN PEARE FERNÁNDEZ PÉREZ,
vulnerados por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
IBAGUÉ dentro del incidente de desacato dentro del incidente de desacato derivado de
la sentencia de tutela del 7 de marzo de 2025.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS jurídicos los autos proferidos el 19 de junio de
2025, 21 de agosto de 2025, 27 de noviembre de 2025, 18 de febrero de 2026 y 12 de
marzo de 2026, mediante los cuales el despacho accionado negó la solicitud de
inaplicación y cesación de la sanción impuesta al accionante.
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Radicación: 73001-23-33-000-2026-00110-01
Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
CUARTO: DEJAR SIN EFECTO la sanción de multa equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, impuesta mediante auto del 12 de mayo de 2025,
confirmada en grado jurisdiccional de consulta al haberse acreditado el cumplimiento
de la orden de tutela impartida en favor de la señora Cecilia Yáñez de Murillo.
CUARTA: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, profiera una nueva decisión en la que
• valore integralmente las pruebas aportadas por la entidad accionada
• aplique el precedente constitucional vigente sobre la naturaleza del desacato,
y
• declare la inaplicación o cesación definitiva de la sanción, al encontrarse
acreditado el cumplimiento de la orden judicial.
Teniendo en cuenta que se encuentra debidamente acreditado en el expediente el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela del 7 de marzo de
2025 (programación de terapias Bio Feed Back y examen de elastografía).
QUINTA: ORDENAR que se deje sin efectos cualquier actuación dirigida al cobro
coactivo, recaudo o ejecución de la multa, así como cualquier reporte administrativo
derivado de la sanción impuesta.
SEXTA: ORDENAR que, en caso de haberse remitido el expediente al superior
jerárquico en grado jurisdiccional de consulta, se informe de la presente decisión
constitucional a fin de que se abstenga de continuar con el trámite de ejecución de la
sanción.
SEPTIMA: PREVENIR al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
para que en adelante se abstenga de adoptar decisiones contrarias al precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional de Colombia respecto de la naturaleza
del incidente de desacato y la posibilidad de inaplicación de sanciones cuando se
acredite el cumplimiento de la orden de tutela.
OCTAVO. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Solicito se aplique la presunción de
veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en caso de que la
autoridad judicial accionada no desvirtúe los hechos expuestos en la presente acción
de tutela.
NOVENO: ORDENAR que, una vez concedido el amparo constitucional, se archive
definitivamente el incidente de desacato en lo relacionado con la sanción impuesta al
accionante, por pérdida de objeto al haberse acreditado el cumplimiento de la orden de
tutela”.
2. Hechos1
El accionante relató que el señor Marcial Murillo Yáñez, en representación de la
Señora Cecilia Yáñez Murillo, presentó acción de tutela contra Sanidad Tolima –
Policía Nacional y la Unidad Prestadora de Salud Tolima, con la pretensión de que
se ordenaran las “terapias reed back para fortalecimiento del aro rectal y la práctica
de elastografía”. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué2, mediante
sentencia de 7 de marzo de 2025 amparó el derecho fundamental a la salud de la
señora Cecilia Yáñez Murillo. En consecuencia, ordenó a la Sanidad Tolima de la
Policía Nacional y a la Unidad Prestadora de Salud Tolima adelantar todas las
actuaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para autorizar y
asegurar la práctica de las terapias de bio feed back y el examen de elastografía
prescritos por el médico tratante. Adicionalmente, dispuso la garantía de un
tratamiento integral, en atención a las múltiples patologías que padecía la
accionante. En ese sentido, se estableció que la atención debía comprender la
totalidad de los servicios requeridos para su adecuada atención en salud,
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Los hechos que se relacionan se desprenden del escrito de tutela y del trámite incidental.
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Proceso no. 73001-33-33-005-2025-00052-00.
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Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
incluyendo procedimientos, medicamentos, terapias y cualquier otra intervención
necesaria para el diagnóstico, manejo y proceso de rehabilitación de sus afecciones.
Señaló que el 3 de abril de 2025, el representante legal de la señora Cecilia Yáñez
Murillo promovió incidente de desacato3 contra el Área de Sanidad de la Policía
Nacional, al considerar que la entidad no había dado cumplimiento al fallo de tutela
del 7 de marzo de 2025, en particular, a las “terapias reed back para fortalecimiento
del aro rectal y la práctica de elastografía”. Así las cosas, mediante auto de 4 de
abril de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué requirió a la
capitana Luz Adriana Rodríguez Palacio, en calidad de jefe de la Unidad Prestadora
de Salud Tolima (E) y al coronel Carlos Alirio Fuentes Durán en calidad de director
de la Sanidad de la Policía, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la notificación de la decisión, (i) adoptaran medidas necesarias con el fin de lograr
el cabal cumplimiento de la sentencia de 7 de marzo de 2025, (ii) informaran a los
funcionarios requeridos que en caso de incumplimiento del fallo de tutela se
compulsarían copias por el posible fraude a resolución judicial, (iv) rindieran un
informe de cumplimiento de sentencia, y (v) indicaran el nombre, identificación,
cargo y correo electrónico del empleado o funcionario sobre el cual recaía la
responsabilidad.
Con posterioridad, mediante constancia secretarial de 11 de abril de 2025, se
advirtió que, fuera del término otorgado, el jefe de la Dirección de Sanidad de la
Policía informó haber requerido por correo electrónico el 9 de abril de 2025 a los
responsables del cumplimiento del fallo de tutela. Asimismo, señaló que el 11 de
abril de 2025 reiteró dicha solicitud a los funcionarios encargados, con el fin de que
atendieran de manera inmediata las órdenes impartidas en la sentencia del 7 de
marzo de 2025.
En atención a lo anterior, el juzgado mediante auto de 21 de abril de 2025 y con el
propósito de evitar dilaciones en el trámite incidental vinculó al teniente coronel
Edwin Puentes Guzmán como jefe regional de Aseguramiento en Salud No. 2,
requirió al capitán Jean Peare Fernández Pérez (E) o quien hiciera sus veces para
que diera cumplimiento a la sentencia de tutela de 7 de marzo de 2025, so pena de
dar apertura al trámite incidental, y para que rindieran informe sobre las actuaciones
adelantadas para el cumplimiento del fallo. Igualmente, ordenó que suministraran
sus datos de contacto y reiteró la obligación de acatar lo dispuesto en la providencia.
Finalmente, solicitó a la agente oficiosa de la accionante aportar las órdenes
médicas correspondientes.
En ese orden de ideas, al encontrarse vencido el término concedido y como las
entidades guardaron silencio en cuanto al cumplimiento de la sentencia de tutela, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué mediante auto de 30 de abril
de 20254 dio apertura al incidente de desacato contra el capitán Jean Peare
Fernández Pérez, en calidad de jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima y el
Coronel Carlos Alirio Fuentes Durán en calidad de Jefe de la Dirección de Sanidad
de la Policía. Asimismo, los requirió para que, dentro de los 3 días siguientes a la
notificación de la decisión, remitieran un informe debidamente documentado en el
que informaran las gestiones administrativas e institucionales realizadas, o en caso
de haberse dado cumplimiento a lo ordenado, debían allegar el respectivo soporte.
Mediante proveído de 12 de mayo de 2025, y como la entidad y los funcionarios
guardaron silencio, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué (i)
declaró que el capitán Jean Peare Fernández Pérez como jefe de la Unidad
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Proceso no. 73001-33-33-005-2025-00052-00.
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Decisión notificada por correo electrónico el 2 de mayo de 2025.
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Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
Prestadora de Salud Tolima incurrió en desacato a la sentencia de tutela de 7 de
marzo de 2025, (ii) lo sancionó con una multa equivalente a un (1) SMLMV, y (iii)
ordenó que se procediera sin dilación ni aplazamiento alguno a dar cumplimiento a
la orden de tutela, especialmente a lo relacionado a que la Unidad Prestadora de
Salud Tolima de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional realizara los trámites
administrativos correspondientes que permitieran el acceso a los procedimientos
que requería la señora Cecilia Yáñez Murillo.
En ese orden de ideas, impuesta la sanción correspondiente el proceso fue remitido
al Tribunal Administrativo del Tolima, que mediante auto de 20 de mayo de 2025
decidió en grado jurisdiccional de consulta en el sentido de confirmar la providencia
de 12 de mayo de 2025, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué impuso multa de 1 SMLMV al capitán Jean Peare Fernández
Pérez, en calidad de jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, al considerar
que omitió cumplir lo ordenado en el fallo de tutela, por lo que la sanción resultaba
idónea y proporcional para obtener el debido cumplimiento de la sentencia.
Posteriormente, mediante providencia de 5 de junio de 2025, el Juzgado obedeció
y cumplió lo dispuesto por el superior.
En ese contexto, el 23 de mayo de 2025, la entidad accionada solicitó la inaplicación
y/o cesación de la sanción impuesta, al sostener que ya había adelantado las
gestiones necesarias para asegurar la apropiación presupuestal correspondiente al
rubro de tutela. Indicó que ello permitió viabilizar la prestación de los servicios
ordenados, específicamente las terapias de “bio feed back” para el fortalecimiento
del área rectal y la realización de la elastografía. En respaldo de lo anterior, informó
que se autorizaron 10 sesiones del primer tratamiento y que, en relación con el
segundo, se había programado una cita para el 27 de mayo a las 2:45 p. m., con lo
cual consideró acreditado el cumplimiento de las órdenes impartidas.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué mediante decisión de 19 de
junio de 2025, negó la solicitud de inaplicación de la sanción solicitada por la parte
accionada, al considerar que no se aportó prueba de la efectiva prestación de los
procedimientos, lo que impedía verificar el cumplimiento real del fallo. Asimismo,
precisó que el incidente de desacato tenía como finalidad asegurar el cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela, no solo anunciar gestiones. Además, anunció un
cambio de criterio, en el sentido de no inaplicar sanciones impuestas por
incumplimiento, al considerar que dichas solicitudes habían favorecido la
inobservancia de órdenes judiciales, en detrimento de la eficacia de la tutela y la
protección de los derechos fundamentales.
El 12 de agosto de 2025, el señor Ciro Andrés Correa Hermida, en calidad de jefe
de la Unidad Prestadora de Salud Tolima de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, presentó un nuevo requerimiento de inaplicación de la sanción, bajo los
mismos argumentos expuestos en el presentado el 23 de mayo de 2025. No
obstante, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante auto de
21 de agosto de 2025, negó dicha petición al concluir que no se evidenciaron
causales nuevas y en atención al cambio de criterio jurídico respecto de las
sanciones y multas.
Posteriormente, el 11 de noviembre de 2025, la entidad accionada presentó recurso
de reposición y en subsidio de apelación, en el que solicitó la inaplicación de la
sanción impuesta el 12 de mayo de 2025, al considerar que ya habían realizado las
labores correspondientes para dar cumplimiento íntegro al fallo de tutela de 7 de
marzo de 2025. Asimismo, informó los resultados del examen de elastografía
realizado a la señora Cecilia Yáñez Murillo el 27 de mayo de 2025 y allegó informe
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Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
de las terapias “bio feed back” practicadas a la accionante, por lo que concluyó que
le fueron garantizados los servicios médicos requeridos y ordenados en la
sentencia.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué por medio de auto de 13 de
noviembre de 2025, negó por extemporáneo e improcedente el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, al considerar que en el expediente
reposaban las constancias de ejecutoria de las providencias que resolvieron la
inaplicación de la sanción y del auto que acató lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por lo que dichas decisiones ya se encontraban en firme
al momento de interponerse los recursos. En consecuencia, precisó que los mismos
resultaban improcedentes, tanto por extemporáneos como porque, en el trámite de
desacato, no procedía el recurso de apelación sino únicamente el grado de consulta,
sin que fuera posible su habilitación por analogía y, además, señaló que contra el
auto que decidió el incidente no procedía recurso alguno. Por último, ante la falta de
respuesta de la entidad accionada al requerimiento previo, ordenó un último
requerimiento para que suministrara la identificación del funcionario responsable, so
pena de dar traslado a los órganos de control competentes.
Así las cosas, el capitán Jean Peare Fernández Pérez mediante escrito de 18 de
noviembre de 2025 presentó memorial denominado “quinta solicitud insistencia
inaplicación sanción por desacato”, al estimar que la entidad accionada solicitó la
inaplicación de la sanción al argumentar que el incidente de desacato tenía como
finalidad primordial asegurar el cumplimiento material y efectivo de las órdenes
impartidas por el juez constitucional, orientadas a la protección de los derechos
fundamentales, y no la imposición de sanciones con un carácter meramente
punitivo. Bajo ese entendido, sostuvo que había desplegado actuaciones concretas
y suficientes tendientes a satisfacer lo ordenado en el fallo de tutela, precisó que a
la accionante se le practicó un examen de elastografía el 27 de mayo de 2025 en la
Fundación Cardio Infantil y que, adicionalmente, se le realizaron 10 terapias de piso
pélvico, lo que, a su juicio, evidenciaba un cumplimiento sustancial de las órdenes
impartidas y, por ende, tornaba improcedente la sanción impuesta.
Frente a lo anterior, el Juzgado mediante proveído de 27 de noviembre de 2025
negó la solicitud de inaplicación de la sanción solicitada por la parte accionada, al
considerar que los documentos allegados por la entidad accionada solo acreditaban
la realización de una terapia, sin indicar su fecha, y no contenía soporte alguno
respecto de las demás, lo que evidenciaba el incumplimiento del fallo. Además,
constató que las gestiones fueron desplegadas de manera tardía y únicamente tras
la imposición de la sanción, incluso pese a existir una orden desde el 7 de marzo de
2025.
El 5 de diciembre de 2025, la parte accionada presentó nuevamente solicitud de
inaplicación de la sanción, y el 18 de febrero de 2026, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la decisión de 27 de noviembre de 2025
con la misma pretensión. En ese orden de ideas, el 19 de febrero de 2026, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó por extemporáneo el
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, al establecer que si bien la
entidad accionada adelantó gestiones orientadas al cumplimiento del fallo, las
mismas se realizaron de manera tardía y únicamente con ocasión de la imposición
de la sanción, evidenciando que no se adoptaron oportunamente las medidas
necesarias ni siquiera después de proferida la sentencia del 7 de marzo de 2025, lo
que obligó a la accionante -persona de 79 años con múltiples patologías que
requieren atención continua-, a promover incidente de desacato para obtener la
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Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
prestación de los servicios ordenados, pese a que se había dispuesto un tratamiento
integral.
El capitán Jean Peare Fernández Pérez mediante escrito de 23 de febrero de 2026,
interpuso nuevamente recurso de reposición y en subsidio de apelación, con el
propósito de obtener la inaplicación de la sanción, reiterando los mismos
argumentos expuestos en actuaciones previas. Adicionalmente, en el mismo escrito
formuló solicitud de nulidad, al considerar que no se realizó una valoración
probatoria integral de los documentos allegados al expediente. Al respecto, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué mediante auto de 12 de marzo
de 2026 resolvió rechazar por extemporáneo el recurso de reposición, negar la
solicitud de nulidad, y advirtió al apoderado judicial de la entidad demandada que
ya se habían resuelto 3 solicitudes con recursos que no procedían, por lo que de
persistir sobre el mismo tema, procedería a compulsar las copias correspondientes
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Precisó se encontraba cumplido
el requisito de inmediatez, toda vez que si bien la sanción fue impuesta el 12 de
mayo de 2025 “la entidad ha mantenido una actividad procesal ininterrumpida
solicitando la inaplicación basándose en hechos nuevos (el cumplimiento efectivo)”.
Asimismo, sostuvo que se cumplía con la subsidiariedad, comoquiera que no existía
otro mecanismo de defensa judicial para controvertir las decisiones que negaron la
inaplicación de la sanción dentro de un incidente de desacato.
En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que en la
decisión objetada se configuraron los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
En lo que respecta al defecto fáctico, precisó que existió una indebida valoración
probatoria, toda vez que existía “desobediencia y rebeldía basándose
exclusivamente en el tiempo transcurrido, omitiendo por completo el análisis de las
pruebas aportadas el 23 de mayo de 2025 y el 24 de junio de 2025. En dichos
documentos constaba la programación efectiva de las terapias con la Dra. Lida
Maricel Peña Velandia y el examen de elastografía en la Fundación Cardioinfantil”.
En relación con el defecto sustantivo, señaló que la autoridad judicial accionada
utilizó el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 bajo una interpretación “netamente
punitiva, alejándose de su naturaleza coercitiva”. Y sostuvo que la sanción por
desacato no era un fin en si mismo ni un castigo por la tardanza del funcionario, por
el contrario, afirmó que era una herramienta para que el ciudadano recibiera el
servicio.
Finalmente, frente al desconocimiento del precedente judicial, afirmó que se
desconocieron las sentencias T-459 de 2003, T-421 de 2003 y el “Auto 045 de
2004”. Lo anterior, al considerar que “el Juez Quinto Administrativo de Ibagué, al
manifestar que “cuando se impongan sanciones por incumplimientos no se aplicaran
ante solicitudes posteriores”, está declarando abiertamente su rebelión contra el
precedente de la Corte Constitucional”.
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4. Oposición
Respuesta del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué
El ponente rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que el actor pretendía reabrir el debate sobre diversas providencias
proferidas entre junio de 2025 y marzo de 2026, respecto de las cuales ya se había
surtido su ejecutoria a excepción del auto del 12 de marzo de 2026, respecto del
cual aún contaba con mecanismos de impugnación, lo que evidenciaba el
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
En ese sentido, precisó que la tutela no podía emplearse como una vía para revivir
términos procesales ni para sustituir los medios ordinarios de defensa, máxime
cuando no se acreditó una justificación válida para la inactividad ni la configuración
de un perjuicio irremediable. Asimismo, destacó, con apoyo en la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado, que este mecanismo debía ejercerse dentro
de un plazo razonable y únicamente cuando no existan otros instrumentos judiciales
eficaces, condiciones que no se configuraban en el caso concreto, donde el actor
incluso había hecho uso de recursos dentro del trámite ordinario.
Por último, expuso que había modificado su criterio frente a la inaplicación de
sanciones en incidentes de desacato, al advertir que el cumplimiento tardío de las
órdenes de tutela generalmente solo después de la imposición de sanciones
desnaturalizaba la finalidad de dichas decisiones y vulneraba el derecho a la tutela
judicial efectiva, especialmente cuando se encontraban comprometidos derechos
fundamentales como la salud, por lo que insistió en la necesidad de asegurar el
acatamiento oportuno, integral y efectivo de las órdenes judiciales.
5. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 6 de abril de 2026, negó
las pretensiones de la acción de tutela y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. NEGAR la acción de tutela promovida por JEAN PEARE
FERNANDEZ PEREZ, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: De la anterior decisión, notificar a las partes de conformidad con el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991”.
Señaló que la acción de tutela tenía como finalidad que el juez constitucional
interviniera en el trámite de un incidente de desacato adelantado por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, con el propósito de revocar la sanción
impuesta al accionante, por lo que concluyó que el amparo debía ser negado.
Para sustentar dicha decisión recordó que la tutela contra providencias judiciales,
especialmente aquellas proferidas en el marco de incidentes de desacato, tiene un
carácter excepcional, pues solo procede cuando se acredita la existencia de una vía
de hecho y el cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad, tanto generales
como específicos, conforme a la jurisprudencia constitucional. Además, precisó que
el análisis del juez de tutela debía limitarse a la actuación surtida dentro del incidente
sin reabrir el debate sobre el fallo de tutela que le servía de fundamento.
Asimismo, señaló que no se configuró vulneración alguna de derechos
fundamentales, pues evidenció que el incidente de desacato se tramitó conforme a
las reglas previstas en el Decreto 2591 de 1991, garantizando el debido proceso del
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accionante, y que la decisión sancionatoria estuvo precedida de un análisis
razonado, sustentado en la valoración probatoria y en la normatividad aplicable. En
ese sentido, no se advirtió arbitrariedad, capricho ni irracionalidad que permitiera
configurar una “vía de hecho”.
Asimismo, destacó que, aunque el actor presentó posteriormente solicitudes de
inaplicación de la sanción, las mismas fueron resueltas por el juzgado, el cual
decidió desestimarlas mediante una decisión motivada. Por tanto, la actuación
judicial se enmarcó dentro de los principios de autonomía e independencia judicial,
sin que fuera posible desvirtuarla a través de la acción de tutela.
Para terminar, concluyó que “surge entonces evidente que la autoridad judicial
accionada sustentó sus decisiones amparado en la normatividad y jurisprudencia
aplicable al caso y fundamentado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se desarrolló la litis, sin que, contrario a lo que aduce el accionante, lo resuelto
en tal determinación hubiese sido el producto de un juicio irracional, ya que se
encuentra amparado en la independencia y autonomía judicial, que también son
protegidas por la Carta Política, y que al estar desprovista de subjetividad, no puede
ser decaída por este mecanismo tutelar”.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Jean Peare Fernández Pérez impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque, al considerar que la providencia cuestionada se limitó a enunciar
de forma general los requisitos de procedibilidad, sin explicar las razones fácticas y
jurídicas por las cuales los mismos no se cumplían en el caso concreto, lo que
evidenciaba una ausencia de motivación real. Asimismo, señaló que la decisión de
primera instancia confundió las figuras de improcedencia y negación del amparo,
pues calificó la acción como improcedente y, aun así, realizó un análisis de fondo
para negarla, incurriendo en una contradicción que vulneró el debido proceso y la
seguridad jurídica.
Indicó también que el fallo careció de motivación cualificada, al limitarse a transcribir
jurisprudencia sobre autonomía judicial sin analizar los hechos ni las pruebas
aportadas, especialmente aquellas que acreditaban el cumplimiento de la orden de
tutela. En ese sentido, consideró que la decisión fue aparente, ya que evadió el
estudio de sus argumentos y omitió explicar por qué las pruebas allegadas en mayo
de 2025 no eran suficientes para dejar sin efectos la sanción.
De igual forma, afirmó que se desnaturalizó el incidente de desacato al darle un
carácter punitivo, pese a que la obligación ya había sido cumplida, y que se
configuró un defecto fáctico por omitir la valoración de las pruebas que demostraban
dicho cumplimiento. Finalmente, alegó la vulneración de la confianza legítima,
debido al cambio injustificado de criterio del juez, y reiteró que no se realizó un
análisis concreto de los requisitos de procedibilidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 6 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo del
Tolima que negó las pretensiones de la acción de tutela, y si debe acceder al amparo
constitucional en los términos propuestos por la parte actora.
3. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación
con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i)
cuando la tutela se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando
se dirige contra una actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra
de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven
incidentes de desacato, que es lo que se discute en este caso:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para
enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato,
es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido
el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b)
no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio”.
Con todo, las decisiones ejecutoriadas son susceptibles de control judicial a través
de la acción de tutela, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia y, al menos, uno específico o defecto en el que haya
incurrido la providencia objeto de tutela y no se propongan argumentos nuevos que
no fueron presentados en el trámite incidental.
4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato5
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento
por parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley
contempla mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y,
subsidiariamente, para sancionar a los responsables del desacato. Esos
5
Consideraciones tomadas del proceso núm. 11001-03-15-000-2025-01694-00 de 8 de mayo de 2025 CP Wilson Ramos
Girón.
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mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo y el desacato . El juez
constitucional deberá determinar si existe o no incumplimiento de la orden de
8
tutela , y para ello, le corresponde estudiar la responsabilidad subjetiva del
obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de acciones positivas
orientadas al cumplimiento.
9
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional ha establecido una
metodología para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del
juez de primera instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado
de cumplimiento de la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad
lograron superar el umbral de gestión diligente; y por el otro, la necesidad de
modular las órdenes impartidas para garantizar su cumplimiento.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar
10
si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa . El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo
de tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los
elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad
de culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de
2018, que no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
del fallo de tutela para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva.
Que no puede presumirse la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del
incumplimiento, pues «todo desacato implica incumplimiento, pero no todo
incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere decir que, ante la falta de
responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de las sanciones», pese
a que se acredite el incumplimiento.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 6 de abril de 2026, negó
la acción de tutela presentada por el señor Jean Peare Fernández Pérez, al
considerar que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué sustentó sus
decisiones relacionadas con la inaplicación de la sanción en la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso, y se fundamentó en las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolló la litis. Asimismo, concluyó que no se presentaron
6
Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable
del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a
lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal
del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
7
Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos
mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.
8
Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
10
Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que
debe cumplir la sentencia».
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los presupuestos de viabilidad de la acción de tutela contra providencias emitidas
en el marco de un incidente de desacato, toda vez que las decisiones cuestionadas
se apoyaron en la situación fáctica y probatoria planteada a la luz de la normativa
aplicable al caso.
Esta decisión fue impugnada por el accionante en el sentido de insistir en los
argumentos del escrito introductorio y, en particular, al considerar que el fallo careció
de una motivación cualificada, pues se limitó a transcribir jurisprudencia sobre la
autonomía judicial sin efectuar un análisis concreto de los hechos ni de las pruebas
aportadas, en especial aquellas que acreditaban el cumplimiento de la orden de
tutela, lo que tornó la decisión en aparente al eludir el estudio de sus argumentos y
omitir explicar por qué las pruebas allegadas en mayo de 2025 no resultaban
suficientes para dejar sin efectos la sanción. Asimismo, señaló que se desnaturalizó
el incidente de desacato al conferirle un carácter punitivo pese al cumplimiento de
la obligación, configurándose además un defecto fáctico por la falta de valoración
probatoria, y advirtió la vulneración del principio de confianza legítima ante el cambio
injustificado de criterio del juez, reiterando la ausencia de un examen concreto de
los requisitos de procedibilidad.
Así las cosas, para resolver sobre las inconformidades del señor Jean Peare
Fernández Pérez, la Sala considera pertinente realizar un recuento de las
actuaciones principales, visibles en el Sistema para Gestión Judicial Samai.
Al respecto, se observa que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué
en sentencia de 7 de marzo de 2025, accedió al amparo constitucional solicitado
por el señor Marcial Murillo Yánez, en representación de su madre Cecilia Yánez
de Murillo, contra Sanidad Tolima – Policía Nacional y ordenó lo siguiente:
“SEGUNDO: Ordenar a la Sanidad Tolima - Policía Nacional y a la Unidad Prestadora
de Salud Tolima. que dentro del término de las 48 horas siguientes a la comunicación de
esta providencia, realicen todas las gestiones que estén a su cargo para autorizar y
garantizar la realización de las terapias Bio Feed Back y la elastografía prescritas a la
señora Cecilia Yáñez de Murillo.
TERCERO: Ordenar la Sanidad Tolima - Policía Nacional y a la Unidad Prestadora de
Salud Tolima que garanticen un tratamiento integral para la señora Cecilia Yáñez de
Murillo, quien padece de enfermedad diverticular del intestino grueso sin
perforación ni absceso, incontinencia fecal, pólipo de colon y hemorroides sin
complicación. Este tratamiento deberá incluir todos los procedimientos,
medicamentos, terapias y demás servicios de salud que sean necesarios para el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de sus afecciones, según la prescripción
de su médico tratante. La integralidad del tratamiento implica la eliminación de barreras
administrativas y económicas que puedan obstaculizar el acceso oportuno y efectivo a
los servicios de salud requeridos. Asimismo, se deberá garantizar la continuidad del
tratamiento, evitando interrupciones injustificadas que puedan comprometer la salud y la
vida digna de la paciente”.
El 3 de abril de 2025, la parte accionante promovió incidente de desacato por el
presunto incumplimiento de la orden de tutela. En consecuencia, el 4 de abril de
2025 el juzgado requirió a los funcionarios responsables para que, en el término de
24 horas, adoptaran medidas de cumplimiento, rindieran informe y señalaran al
funcionario encargado, con advertencia de posibles sanciones. El 11 de abril de
2025 se dejó constancia de que la entidad respondió de forma extemporánea,
indicando que había realizado requerimientos internos para el cumplimiento. Ante
ello, el 21 de abril de 2025 el juzgado vinculó a nuevos funcionarios, reiteró las
órdenes, solicitó informes detallados y requirió soportes médicos.
El 30 de abril de 2025, al evidenciarse el silencio de las entidades, el juzgado abrió
formalmente el incidente de desacato contra los funcionarios responsables y les
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concedió tres días para justificar el cumplimiento o allegar pruebas. El 12 de mayo
de 2025, ante la falta de respuesta, el juzgado declaró en desacato al jefe de la
Unidad Prestadora de Salud Tolima, le impuso multa de un (1) SMLMV y ordenó el
cumplimiento inmediato del fallo. El Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
providencia de 12 de mayo de 2025, mediante la cual el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué impuso multa de 1 SMLMV al capitán Jean
Peare Fernández Pérez
El 23 de mayo de 2025, la entidad solicitó la inaplicación de la sanción alegando
gestiones de cumplimiento, no obstante, el 19 de junio de 2025 el juzgado negó
dicha solicitud al no evidenciarse el cumplimiento efectivo y anunció un cambio de
criterio frente a esa tipología de peticiones. El 12 de agosto de 2025 se presentó
una nueva solicitud de inaplicación, la cual fue negada el 21 de agosto de 2025 por
ausencia de hechos nuevos y en aplicación del nuevo criterio adoptado.
El 11 de noviembre de 2025, la entidad interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación aportando soportes de cumplimiento, sin embargo, el 13 de
noviembre de 2025 el juzgado los rechazó por extemporáneos e improcedentes, al
reiterar que no procedían tales recursos en el trámite de desacato. El 18 de
noviembre de 2025, se presentó una nueva solicitud de inaplicación, la cual fue
negada el 27 de noviembre de 2025, al considerar insuficientes las pruebas y
evidenciar cumplimiento tardío.
El 5 de diciembre de 2025 se radicó otra solicitud y el 18 de febrero de 2026 se
interpusieron nuevamente recursos, los cuales fueron rechazados el 19 de febrero
de 2026 por extemporáneos, destacando que el cumplimiento se produjo de manera
tardía y solo tras la sanción.
Finalmente, el 23 de febrero de 2026 se presentó un nuevo recurso junto con
solicitud de nulidad, y el 12 de marzo de 2026 el juzgado rechazó el recurso, negó
la nulidad y advirtió sobre la reiteración indebida de solicitudes, con posibilidad de
remitir el asunto a la autoridad disciplinaria.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Tolima en
la sentencia del 6 de abril de 2026, el accionante sí planteó cuestionamientos que
trascienden el ámbito de la mera inconformidad con las decisiones adoptadas en el
incidente de desacato, pues insistió en la ausencia de una motivación cualificada,
en la falta de valoración integral de las pruebas allegadas, especialmente, aquellas
que acreditaban el cumplimiento de la orden de tutela y en la desnaturalización del
incidente al conferirle un carácter punitivo, aspectos que, en principio,
comprometían la garantía del debido proceso.
Por otro lado, se observa que el señor Jean Peare Fernández Pérez no contaba con
otro mecanismo de defensa judicial idóneo para controvertir las decisiones
adoptadas dentro del trámite de desacato, en la medida en que, conforme lo señaló
el propio juzgado, contra dichas providencias no procedían recursos ordinarios, lo
que habilitaba la procedencia excepcional de la acción de tutela en aras de verificar
la eventual vulneración de derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el requisito de inmediatez, la Sala advierte que respecto
de los autos de 19 de junio de 202511 y 21 de agosto de 202512 no se satisface dicha
exigencia, en la medida en que entre la notificación de esas decisiones y la
presentación de la acción de tutela -16 de marzo de 2026-, transcurrió un lapso
11
Notificado por estado el 20 de junio de 2025.
12
Notificado por estado el 22 de agosto de 2025.
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superior a seis meses sin que se evidencie una justificación válida para dicha
inactividad.
En consecuencia, respecto de esas providencias se declarará la improcedencia de
la acción de tutela.
En contraste, la Sala considera procedente efectuar el análisis de fondo respecto
de los autos de 27 de noviembre de 2025, 18 de febrero de 2026 y 12 de marzo de
2026, mediante los cuales el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué
negó las solicitudes de inaplicación de la sanción, porque esas decisiones se
enmarcan dentro de un término razonable para efectos del control concreto de
constitucional.
Finalmente, el asunto reviste relevancia constitucional, dado que se expuso de
manera clara una posible afectación al debido proceso por presunta falta de
motivación, indebida valoración probatoria, desconocimiento de los fines del
incidente de desacato y vulneración del principio de confianza legítima ante el
cambio de criterio del juzgado, identificándose de forma precisa los hechos que
sustentan la acción, lo que impone un análisis de fondo del problema jurídico
planteado.
5.2. La autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados
El señor Jean Peare Fernández Pérez invocó la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, análisis que se
realizará de manera conjunta.
En relación con el desconocimiento del precedente judicial, se advierte que el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante auto del 19 de junio
de 2025, anunció un cambio de criterio en el sentido de no inaplicar sanciones
impuestas en el marco de incidentes de desacato por incumplimiento de órdenes de
tutela, postura que fue reiterada en decisiones posteriores, bajo los siguientes
argumentos:
“Las decisiones de inaplicación de sanciones han servido de patente de corso, para que
los incidentados incumplan las órdenes de tutela que son perentorias, para burlar la
ordenes de los Jueces de la República en sede de tutela, desconociendo el ordenamiento
jurídico, el Estado Social y Democrático de Derecho y más aún, los derechos
fundamentales de los incidentistas, es decir, que no basta con que un juez emita una
sentencia de tutela, que palabras más, palabras menos, significa el amparo de un
derecho fundamental; en la actualidad un juez no se legitima por reunir los requisitos
para ocupar un cargo, lo hace en la medida en que protege los derechos fundamentales
de las partes; las ordenes de tutela son de obligatorio cumplimiento en el tiempo, para
ello se profieren, no para ser obviado su cumplimiento, y acatadas en el tiempo en el que
se le antoje al funcionario de turno, para simplemente como si se tratara de una obra de
teatro, aplicar el mismo libreto, pedir la inaplicación de la sanción; es por ello que cuando
se impone una sanción, se hace en derecho, con la plena prueba de que en ese
momento, en ese preciso momento se presentó una desobediencia y rebeldía,
convirtiendo para ese momento, valga la pena insistir, la orden de un juez en un rey de
burlas; este Despacho modifica su posición y cuando se impongan sanciones por
incumplimientos a ordenes de tutela, no se inaplicaran ante solicitudes posteriores, en
reivindicación y dignificación de la persona cuyo amparo ha sido ordenado mediante
sentencia de tutela”.
Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que existe un precedente judicial
constitucional consolidado contenido en las sentencias C-367 de 2014 y SU-034 de
2018, entre otras, que precisan los elementos que se deben tener en cuenta para
mantener la imposición de una sanción impuesta en el curso del incidente de
desacato de tutela.
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Adicionalmente, se precisa que de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
desacato es un procedimiento de naturaleza sancionatoria que permite imponer
multa de hasta veinte salarios mínimos mensuales, e incluso arresto de hasta seis
meses, a quien debe cumplir la orden y no lo hace. En reiteradas oportunidades, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha dispuesto que
su propósito no es la imposición de la sanción, realmente lo que se persigue es
propiciar el acatamiento del mandato proferido por el juez de tutela. El desacato, en
consecuencia, no es más que un instrumento procesal para inducir o coaccionar a
la autoridad competente de cumplir una determinada orden de tutela.
Así, al tratarse de un procedimiento sancionatorio no basta que se acredite el
incumplimiento objetivo de la orden. Debe corroborarse, además, la existencia de
responsabilidad subjetiva, lo que implica acreditar que la persona llamada a cumplir
la orden de tutela actuó con dolo o culpa, e incluso si tales condiciones se presentan,
pero en el curso del incidente se logra el cumplimiento no habrá lugar a la imposición
de la sanción, pues como se indicó la finalidad de este trámite no es la sanción en
sí misma, sino la protección real del derecho fundamental amparado, mediante el
cumplimiento de la orden de tutela.
En relación con el elemento subjetivo en el marco del incidente de desacato de
tutela, se resalta que en la sentencia C-367 de 2014, la Corte Constitucional explicó
que para imponer la sanción se debe probar el dolo o la culpa del llamado a cumplir
el fallo judicial. Igualmente, en la sentencia SU-034 de 2018 indicó que no basta con
constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para concluir que en el
asunto existe responsabilidad subjetiva. Por el contrario, para determinar si esta se
configura es necesario “examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el
dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado– pues si no hay
contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es
procedente la sanción”13. (negrillas por fuera del texto original).
También en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional explicó que “todo
desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un
desacato”14. Esto se debe a que es posible que en el curso del incidente se
compruebe la falta de acatamiento de la sentencia de tutela, pero no por negligencia
o dolo del obligado. En ese evento, ante la falta de responsabilidad subjetiva, “no
habría lugar a la imposición de las sanciones”15, pese a que se acredite el
incumplimiento.
En ese sentido, el precedente constitucional ha sido claro en señalar que el análisis
no puede fundarse exclusivamente en la oportunidad del cumplimiento, sino que
debe atender a la verificación material de la orden impartida y a la existencia de
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) por parte del obligado. Así, el hecho de que
las actuaciones de cumplimiento se hubieren adelantado con posterioridad a la
imposición de la sanción no excluye per se, la posibilidad de dejarla sin efectos, en
la medida en que la finalidad del desacato es lograr la protección efectiva del
derecho fundamental comprometido.
Bajo este entendido, si bien las autoridades judiciales pueden apartarse del
precedente constitucional, lo cierto es que dicho apartamiento exige una carga
argumentativa reforzada, consistente en identificar de manera expresa las razones
que justifican el cambio de criterio frente a la línea jurisprudencial vigente. En el
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
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caso concreto, el juzgado se limitó a anunciar un cambio de criterio sin desarrollar
una justificación suficiente que explique las razones para apartarse de los
parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional, particularmente en lo
relacionado con la finalidad del incidente de desacato y la posibilidad de revisar la
sanción ante el cumplimiento de la orden, aun cuando este sea tardío.
Ahora bien, si lo que la autoridad judicial accionada pretendía era adoptar una nueva
postura, debía cumplir con la carga argumentativa requerida por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Sin embargo, al analizar las decisiones del juzgado que
resolvieron negar las solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas por la
entidad demandada, se evidencia que, no se mencionó jurisprudencia
constitucional, con el fin de cumplir con la carga de trasparencia que se requiere en
aquellos casos en el que el juez o corporación judicial desea abandonar el
precedente. Igualmente, también se extraña la suficiencia o razón suficiente, es
decir, esos fundamentos que sustenten la necesidad de apartarse de sus propias
decisiones.
Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente constitucional aplicable al adoptar una regla general de no inaplicación
de sanciones sin efectuar un análisis particular del caso ni justificar de manera
suficiente su apartamiento de la jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico, la Sala observa que el juez del desacato
centró su decisión en la oportunidad en que fueron allegadas las pruebas de
cumplimiento y en la supuesta insuficiencia de estas, sin adelantar un análisis
integral, material y conjunto del acervo probatorio aportado por la entidad accionada.
En ese orden de ideas, la Sala observa que en los autos de 27 de noviembre de
2025, 18 de febrero de 2026 y 12 de marzo de 2026, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué mantuvo una línea decisoria orientada a negar
la inaplicación de la sanción, sustentada principalmente en la supuesta insuficiencia
de las pruebas allegadas y en el carácter tardío de las gestiones desplegadas por
la entidad accionada. En efecto, en el auto del 27 de noviembre de 2025, el
despacho consideró que los documentos aportados solo acreditaban parcialmente
el cumplimiento al evidenciar la realización de una terapia sin mayores soportes
respecto de las demás y concluyó que las actuaciones se habían adelantado de
manera extemporánea, esto es, con posterioridad a la imposición de la sanción.
Por su parte, en la decisión de 18 de febrero de 2026, el juzgado rechazó los
recursos interpuestos contra la providencia anterior por extemporáneos, reiterando
que las gestiones de cumplimiento se realizaron tardíamente y que ello no
desvirtuaba la sanción impuesta, énfasis que fue nuevamente retomado en el auto
de 12 de marzo de 2026, en el cual, además de rechazar nuevos recursos, negó la
solicitud de nulidad y advirtió sobre la reiteración de peticiones sobre el mismo
asunto.
En efecto, en el trámite incidental la entidad allegó particularmente en los escritos
de 18 de noviembre y 5 de diciembre de 2025, así como en los presentados el 18 y
23 de febrero de 2026, documentación con la que afirmó acreditar la programación
y efectiva realización de las terapias de “bio feed back” y la práctica del examen de
elastografía incluidos sus resultados, elementos que resultaban determinantes para
verificar el cumplimiento material de la orden de tutela. No obstante, el despacho
accionado desestimó dichos medios de convicción, principalmente por su carácter
tardío o por considerarlos insuficientes desde una perspectiva formal, sin adelantar
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un análisis orientado a establecer si, en efecto, con tales soportes verificaba
materialmente el cumplimiento de la orden.
A partir de lo anterior, la Sala observa que el análisis efectuado por la autoridad
judicial accionada se centró en la oportunidad del cumplimiento y en la suficiencia
formal de los soportes allegados, sin que se evidencie un examen integral y material
de las pruebas aportadas, particularmente aquellas relacionadas con la efectiva
realización del examen de elastografía y de las terapias ordenadas, aspectos
determinantes para establecer si la finalidad del incidente de desacato había sido
cumplida.
En ese sentido, el hecho de que el cumplimiento se hubiere acreditado con
posterioridad a la imposición de la sanción no releva al juez de la obligación de
valorar integralmente las pruebas allegadas, ni justifica mantener una sanción si se
evidencia que la finalidad del incidente fue realizada.
En ese orden de ideas, la Sala considera que el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué debe adelantar un estudio de fondo, completo y material de las
solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas por el accionante, en el que,
a partir de los elementos probatorios allegados por la entidad demandada, efectúe
una valoración integral, objetiva y orientada a determinar si se acredita el
cumplimiento de la orden de tutela y, en consecuencia, si se configuran los
presupuestos para mantener o dejar sin efectos la sanción impuesta, conforme a
los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional sobre la finalidad del incidente
de desacato. En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos de 27 de noviembre
de 2025, 18 de febrero de 2026 y 12 de marzo de 2026, mediante los cuales la
autoridad judicial accionada negó dichas solicitudes de inaplicación en el trámite
incidental.
Así las cosas, se revocará la sentencia del 6 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima que negó el amparo solicitado. En su lugar, se
amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor Jean Peare
Fernández Pérez, y se ordenará al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Ibagué que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que resuelva nuevamente las
solicitudes de inaplicación de la sanción, con observancia de los criterios expuestos
en esta providencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 6 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por las razones aquí expuestas. En su lugar,
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela respecto de los autos de 19
de junio y 21 de agosto de 2025, por no cumplir con el requisito de inmediatez.
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Radicación: 73001-23-33-000-2026-00110-01
Accionante: Jean Peare Fernández Pérez
Tercero.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Jean Peare
Fernández Pérez, por las razones aquí expuestas. En consecuencia,
Cuarto.- Dejar sin efectos los autos de 27 de noviembre de 2025, 18 de febrero de
2026 y 12 de marzo de 2026 proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué, mediante los cuales negó las solicitudes de inaplicación
presentadas por la parte actora.
Quinto.- Ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
una nueva decisión en la que analice de fondo las solicitudes de inaplicación de la
sanción, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
Sexto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Octavo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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