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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00125-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00125-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00125-01 Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2026-00125-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2026-00125-01
Accionante: SERGIO AUGUSTO AYALA SILVA
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE IBAGUÉ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
23 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Sergio Augusto Ayala Silva, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 24 de octubre de 2025 y 23 de enero
de 2026, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con el número de radicación 73001-33-33-001-2022-00046-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió
que presentó la demanda de protección de los derechos e intereses
colectivos núm. 73001-33-33-001-2022-00046-00/01 contra el municipio de
Rioblanco, con el fin de que se protegiera el derecho e interés colectivo a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente en las edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zona de amenaza
sísmica alta o intermedia, construidas antes del 15 de julio de 2010 por el municipio,
departamento o la nación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00125-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

2.2. Informó que el proceso le fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué, autoridad que mediante sentencia de 5 de septiembre de 2023
amparó el derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

2.3. Adujo que el municipio de Rioblanco interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión y mediante sentencia de 28 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Tolima confirmó la sentencia de primera instancia.

2.4. Comentó que, el numeral segundo de la providencia de segunda instancia, condenó
al apelante en costas y agencias en derecho y ordenó fijarlas a través del juez de
primera instancia.

2.5. Indicó que mediante acta de liquidación de costas de 23 de octubre de 2025 el
secretario del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué liquidó el valor
de las costas y agencias en derecho en cero pesos ($0).

2.6. Señalóque a través de auto de 24 de octubre de 2025 el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué aprobó la liquidación de costas efectuada.

2.7. Manifestó que presentó recurso de reposición en subsidio de apelación contra la
anterior decisión y que la autoridad judicial mediante providencia de 23 de enero de
2026 resolvió no reponer el auto de 24 de octubre de 2025 y rechazar por
improcedente el recurso de apelación.

2.8. Expuso que las providencias acusadas incurrieron en un defecto sustantivo por
cuanto aplicaron “[…] normatividad inexistente, frente a la liquidación de costas y
agencias en derecho, según lo expuso en auto que resuelve el recurso de reposición,
indicando que por tener el amparo de pobreza, no tenía derecho a las agencias en
derecho al ir en contravía de las disposiciones normativa y jurisprudenciales,
contradiciendo la decisión […]”, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 366
del Código General del Proceso.

2.9. Agregó que “[…] el hecho de acudir al amparo de pobreza, sólo garantiza el acceso
real y efectivo a la administración de justicia a las personas que no cuentan con
recursos económicos suficientes, más no significa automáticamente que este
impedido para recibir agencias en derecho y/o costas procesales […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Señor juez, con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, le solicito a usted respetuosamente la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso, los cuales fueron afectados,

3

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

Primero: Se reconozcan la violación y se protejan mis derechos fundamentales
tal como está consagrado en la constitución, en su artículo 29, “El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”, del proceso que curso acción popular.

Segundo: Dejar sin valor ni efecto el auto que liquidó y aprobó las costas en $0
incurriendo en defecto sustantivo.

Tercero: Ordenar al juzgado 01 Administrativo del circuito judicial de Ibagué
Tolima, realizar nueva liquidación aplicando estrictamente la regla fijada por el
Consejo de Estado, valorando las agencias en derecho conforme a los criterios
objetivos del artículo 366 del CGP. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 8 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Tolima a cargo
de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al
municipio de Rioblanco - Tolima.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué Indicó que las
decisiones del 24 de octubre de 2025 y 23 de enero de 2026, mediante las cuales
se aprobó la liquidación de costas en $0, no vulnera los derechos fundamentales
del accionante, pues responden a la aplicación estricta y razonada de las reglas que
gobiernan la liquidación de costas en acciones populares.

5.2. Refirió que la inconformidad planteada por el accionante no se refiere a una
vulneración concreta de derechos fundamentales, sino a una discrepancia
interpretativa respecto de la aplicación de las normas sobre costas, por lo que, la
decisión cuestionada no configura una vía de hecho ni presenta defectos
sustantivos o procedimentales; por el contrario, constituye el resultado de una
interpretación razonada y ajustada a la ley y al precedente, adoptada dentro del
margen de autonomía judicial.

5.3. El municipio de Rioblanco señaló que de conformidad con el artículo 38 de la
ley 472 de 1998, así como el artículo 364 del CGP para el caso que nos atañe la
autoridad judicial no encontró comprobadas expensas en el proceso o agencias en
derecho que demanden el reconocimiento económico a favor del accionante por no
estar acreditadas su causación presupuesto legal y jurisprudencialmente exigido
para tal efecto.

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 23 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del
Tolima declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que “[…] la presente acción constitucional pretende dejar
sin efectos la decisión judicial que liquidó las costas procesales en cero pesos
dentro de un trámite de Protección de Derechos e Intereses Colectivos. Para
resolver este asunto, es preciso recordar que la tutela contra providencias judiciales
es un mecanismo excepcionalísimo, diseñado únicamente para corregir errores
graves, evidentes y arbitrarios que vulneren verdaderos derechos fundamentales, y
no para que las partes inconformes tengan una nueva oportunidad de discutir temas
que ya fueron evaluados por su juez natural. Al examinar el fondo de este caso, se
observa de entrada que el reclamo del accionante gira en torno a una inconformidad
netamente económica y procesal, lo cual carece de la relevancia constitucional
necesaria para que el juez de tutela pueda intervenir y convertir este mecanismo en
una tercera instancia de revisión […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. Laparte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia y solicitó
revocarlo para en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

9. Señaló que el caso en concreto sí tiene relevancia constitucional, toda vez que
“[…] [l]as agencias en derecho no constituyen un simple reembolso de gastos
comprobables ni están supeditadas a la presentación de facturas, sino que
representan la compensación legal objetiva por la gestión, el esfuerzo y el trabajo
realizado por la parte que resulta vencedora en el proceso […]”.

10. Expuso que “[…] la autonomía judicial no puede ser interpretada como una
facultad para el arbitrio o la ineficacia de las decisiones de superior jerarquía. El
hecho de que el juzgado accionado haya fijado inicialmente las agencias en CERO
PESOS ($0), a pesar de existir una condena expresa y en firme del Tribunal,
evidencia un criterio que desborda la razonabilidad y pone en riesgo la imparcialidad
de una futura liquidación […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

VIII.4. El caso concreto

21. Elseñor Sergio Augusto Ayala Silva, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 24 de octubre de 2025 y 23 de enero
de 2026, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con el número de radicación 73001-33-33-001-2022-00046-00/01.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00125-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00125-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
sustantivo.

29. Como argumento de la causal de procedencia del defecto sustantivo, señaló que la
providencia acusada aplicó “[…] normatividad inexistente, frente a la liquidación de
costas y agencias en derecho, según lo expuso en auto que resuelve el recurso de
reposición, indicando que por tener el amparo de pobreza, no tenía derecho a las
agencias en derecho al ir en contravía de las disposiciones normativa y
jurisprudenciales, contradiciendo la decisión […]”, lo cual es contrario a lo dispuesto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.

30. Agregó que “[…] el hecho de acudir al amparo de pobreza, sólo garantiza el acceso
real y efectivo a la administración de justicia a las personas que no cuentan con
recursos económicos suficientes, más no significa automáticamente que este
impedido para recibir agencias en derecho y/o costas procesales […]”.

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y
económico, y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00125-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no existe un
desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera
que se afectaron, sino que su inconformidad radica en la aprobación del monto
establecido en cero pesos a su favor, de conformidad con la respectiva acta de
liquidación de costas y agencias en derecho.

34. Resulta relevante traer a colación lo decidido por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, para evidenciar que lo pretendido
es convertir esta acción en una instancia adicional.

35. ElJuzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante
providencia 24 de octubre de 2025, señaló lo siguiente:

“[…] De conformidad con la liquidación de costas efectuada por la secretaría el
23 de octubre de 2025, el despacho le imparte su respectiva aprobación,
conforme a lo establecido en el numeral 1º del artículo 366 del Código General
del Proceso […]”.

36. A su vez mediante auto de 23 de enero de 2026 resolvió el recurso de reposición
en los siguientes términos:

“[…] Para resolver se considera;

El artículo 36 de la Ley 472 de 1998, establece que contra los autos dictados
durante el trámite de la acción popular procede el recurso de reposición, el cual
será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil, hoy código
general del proceso.

En relación con la procedencia del recurso de apelación, el artículo 37 de la
citada Ley 472 de 1998, establece claramente que aquel solo procederá contra
la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad
señalada en el Código de Procedimiento Civil, hoy código general del proceso
y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir
de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente.

El Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de agosto de 2019, unificó
jurisprudencia en el sentido de precisar el alcance de la interpretación del
artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las disposiciones que
regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de las costas.

Precisó allí que el citado artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

la parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectorias de los derechos colectivos.

Así mismo indicó que en las acciones populares la condena en costas a favor
del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con
independencia de que la parte actora haya concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente, pero que en cualquiera de los
eventos en que cabe el reconocimiento de las costas procesales, bien sea en
cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho, bien
sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará
atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y serán liquidadas en la medida de su comprobación.

[…]

De acuerdo a lo establecido en las disposiciones normativas citadas para el
despacho es claro que la Ley 472 de 1998, regula expresamente la procedencia
de los recursos de reposición y apelación al interior del trámite de las acciones
populares, evidenciándose con ello que el de reposición procede contra todas
las decisiones proferidas en el mismo, por lo que aquel resulta procedente en
el caso bajo estudio frente a la decisión que aprobó la liquidación de costas.

No ocurre lo mismo en relación con el recurso de apelación impetrado el cual
de acuerdo con lo señalado por el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, solo
procede frente a la sentencia que se dicte en primera instancia, motivo por el
cual el despacho lo rechazará.

Así las cosas, procede el despacho a emitir resolver el recurso de reposición
impetrado en contra del auto del 24 de octubre de 2025, mediante el cual se
aprobó la liquidación de costas en el presente medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos.

Al respecto encuentra esta juzgadora que la inconformidad del recurrente radica
en que pese a haber sido condenada en costas la entidad territorial demandada,
la liquidación efectuada por el juzgado arrojó la suma de $0.00.

Debe indicar el despacho que la liquidación objetada fue realizada con estricta
observancia a las directrices y parámetros fijados por nuestro órgano de cierre
el Consejo de Estado, que en sentencia de unificación fue claro en determinar
ante el evento de condenas en costas al interior de esta clase de medio de
control que su liquidación debe someterse exacta observancia a las probanzas
que se encuentren en el plenario.

Así entonces, al proceder con la liquidación correspondiente, este despacho
advirtió que no obra elemento de prueba alguno que evidencie la existencia de
expensa o gasto, ni que la gestión del accionante generara remuneración a
título de agencias en derecho. Por el contrario, se tiene que mediante auto
proferido el 29 de abril de 2022 se aprobó el amparo de pobreza solicitado por
el mismo, el cual fue decretado atendiendo la manifestación elevada bajo la
gravedad de juramento, en la que afirmó no disponer de recursos económicos
para sufragar ningún tipo de gasto dentro de la presente acción.

Así las cosas, liquidar cifra alguna a favor del actor popular cuando en primer
lugar no se encuentra acreditada expensa o gasto alguno, y en segundo lugar,
atendiendo a que fue beneficiario del amparo de pobreza porque el mismo
señaló que no invertiría recurso económico alguno, iría en contravía de las

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

disposiciones normativas y jurisprudenciales que rigen tanto la condena como
la liquidación de costas al interior de las acciones populares. Así las cosas, el
despacho no repondrá la decisión adoptada en auto del 24 de octubre de 2025,
mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en el presente medio de
control […]”. [Subrayado fuera del texto].

37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de de protección de
los derechos e intereses colectivos.

38. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso en aplicación a la sentencia
de unificación de 6 de agosto de 201920 concluyó que el accionante fue beneficiario
de amparo de pobreza y en consecuencia no se encuentra acreditada la expensa o
gasto alguno que haya de reconocerse a favor de la parte actora.

39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

41. Finalmente, esta Sección ha sostenido en forma reiterada que los conflictos
relacionados con la condena en costas que se impone en el marco de un proceso
judicial carecen de relevancia constitucional por tratarse de controversias de índole
meramente legal y económica. En ese sentido, la sentencia de 22 de abril de 202224,
señaló lo siguiente:

“[…] [L]a Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el TRIBUNAL, por medio de
la cual se confirmó la decisión de primera instancia y se condenó en costas
procesales al actor, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. C.P.

Rocío Araújo Oñate. Expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibid.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de abril de 2022, CP Nubia
Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-01777-00.

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

del derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-33-007-
2013-00026-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos procedimental y sustantivo al
desconocer el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, norma especial que regula
la condena en costas en los procesos que se adelantan en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

[...]

Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de
contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante
como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno
a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”. [Subrayado fuera
del texto].

42. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 23 de
abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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