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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00127-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2026-00127-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: tutela contra trámite de
desacato. Subtema 2: defecto fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Julio Rojas Ortiz contra la sentencia del 22 de abril
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

1. Síntesis del caso

El señor Julio Rojas Ortiz presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de
su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión
del auto del 9 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Ibagué dentro del incidente de desacato identificado con radicado núm. 73001-33-
33-004-2025-00267-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. El señor Julio Rojas Ortiz presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición que estimó vulnerado por la

1 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 3.

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

Superintendencia de Notariado y Registro con motivo de la falta de respuesta a la
solicitud que presentó el 4 de noviembre de 2025.

3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, mediante sentencia del 26 de
noviembre de 2025, amparó el derecho fundamental invocado y ordenó a la
Superintendencia de Notariado y Registro darle el trámite de queja a la petición del
4 de noviembre de 2025 e informar al accionante de la gestión realizada sobre dicho
escrito.

4. El señor Julio Rojas Ortiz radicó memorial a través del cual solicitó la apertura
del incidente de desacato, al considerar que la entidad accionada no cumplió lo
dispuesto en la sentencia de tutela.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, mediante auto del 9 de febrero de
2026, declaró que la Superintendencia de Notariado y Registro cumplió la orden
emitida en el fallo de tutela y, en consecuencia, dio por terminado el trámite
incidental.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1.- REVOCAR, la Providencia del 9 de febrero de 2026, proferida por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE.

2.- ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
IBAGUE declarar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en
desacato2.

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que el
auto objeto de tutela desconoció el material probatorio allegado al expediente del
incidente de desacato, al declarar cumplida la orden de la decisión de amparo, toda
vez que no valoró que la Superintendencia de Notariado y Registro no informó el
trámite surtido a su queja ni anexó copia de las actuaciones realizadas frente a esta.

8. Expuso que la autoridad judicial accionada reabrió la discusión del proceso de
tutela en lugar de estudiar cada una de las órdenes emitidas en la sentencia que
amparó el derecho fundamental de petición y confrontarlas con el informe de
cumplimiento aportado por la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin
de verificar si la respuesta de la entidad efectivamente se ajustó a lo dispuesto en
el fallo de tutela.

9. Afirmó que la respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro
desconoció el procedimiento para la corrección de errores en el registro de
instrumentos públicos y erró en afirmar que el objeto de su petición fue resuelto por
una actuación administrativa que hizo tránsito a cosa juzgada.

2 Se transcribe incluso con errores.

2

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del
8 de abril de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado
Cuarto Administrativo de Ibagué y puso en conocimiento el escrito de tutela a la
Superintendencia de Notariado y Registro, en su condición de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

11. El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué4 pidió que se declare improcedente
la tutela, debido a que no se evidencia una vulneración de derechos fundamentales,
pues el auto del 9 de febrero de 2026 realizó un análisis de los elementos aportados
al expediente y fue dictado en el marco de sus competencias con observancia de
las garantías procesales.

12. Aseveró que la inconformidad del accionante está relacionada con el fondo de
la respuesta emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, lo cual escapa
del análisis propio del incidente de desacato, pues dicho trámite está destinado a
verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo.

13. La Superintendencia de Notariado y Registro guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

14.El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 22 de abril de
20265, declaró improcedente la tutela al considerar que carecía de relevancia
constitucional.

15. Al respecto, precisó que los argumentos planteados por el accionante en el
escrito de tutela están dirigidos a cuestionar el fondo de la respuesta de la
Superintendencia de Notariado y Registro y el sentido de la decisión adoptada por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué. Explicó que el alcance del juez
constitucional en sede de desacato se circunscribe a verificar el cumplimiento de la
orden impartida y no a analizar el sentido de la respuesta dada por la autoridad
obligada.

16. En este sentido, expuso que la autoridad judicial censurada valoró
adecuadamente la contestación de la Superintendencia de Notariado y Registro y
concluyó que satisfizo el núcleo del derecho fundamental de petición, conforme a la
sentencia que decretó el amparo, de manera que no le era exigible al juzgado
realizar un examen frente al sentido de la respuesta de la solicitud.

3 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 4.
4 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 7.
5 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 11.

3

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

2.6. Impugnación

17. La parte actora presentó impugnación6 contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, con el argumento de que el asunto planteado en el escrito
de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, debido a que
no cuenta con otro medio de defensa y acude a este mecanismo para proteger un
interés colectivo, consistente en el ejercicio adecuado de la función pública. Aclaró
que la solicitud de amparo está dirigida contra el desacato por la falta de motivación
y estudio del material probatorio del proceso. En lo demás, reiteró los
cuestionamientos formulados en el escrito de tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 22 de abril de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

3.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa por activa del señor Julio Rojas Ortiz está
acreditada, porque fue el solicitante en el incidente de desacato en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué, debido a que fue la autoridad que profirió la decisión,
objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

22.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

6 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 16.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

24. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Procedencia excepcional de la tutela contra providencias en las que se
resuelve un incidente de desacato. Reiteración de jurisprudencia

25. Conforme con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
acción de tutela puede proceder excepcionalmente en contra de las decisiones a
través de las cuales se resuelve un incidente de desacato11. Esto, debido a que no
existen otros mecanismos diferentes a la acción de tutela para controvertir este tipo
de decisiones12.

26. De este modo, la Corte ha precisado que contra estas decisiones no procede el
recurso de apelación13 y que si bien el grado jurisdiccional de consulta deberá
surtirse en caso de que ese trámite culmine con la sanción de quien está obligado
a cumplir la orden de tutela, este no es en sí mismo un mecanismo de
impugnación14. Debido a lo anterior, el alto tribunal constitucional indicó que para

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencias T-424 de 2020, T-233 de 2018, SU-034 de 2018, T-129 de 2017, T-271 de

2015, T-254 de 2014, T-226 de 2012, T-512 de 2011, T-652 de 2010, T-171 de 2009, T-631 de 2008, T-1113
de 2005 y T-086 de 2003.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018.
13
Corte Constitucional, sentencia C-243 de 1996. En esa decisión, la Corte reconoció: “La correcta
interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad,
no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir,
consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de
apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta,
cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que
en sí mismo no se erige como un medio de impugnación”.
14 Ibidem.

5

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acudir a la acción de tutela es necesario que el auto a través del cual se pone fin al
incidente de desacato se encuentre debidamente ejecutoriado15.

27. Ahora bien, para que proceda el amparo de tutela es necesario acreditar el
desconocimiento del debido proceso de quien reclama su protección 16. Según ha
mencionado la Corte esto puede ocurrir en escenarios en los que «el juez del
desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el
derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria» 17,
incurriendo en alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

28. Con relación al derecho de defensa, la jurisprudencia constitucional destacó la
importancia de que se informe a los responsables del cumplimiento del fallo de tutela
sobre la apertura del trámite de desacato y que se les dé la oportunidad de que se
pronuncien sobre los motivos por los que se inició el incidente18.

29. Así las cosas, es posible concluir que cuando se cuestione a través de la acción
de tutela las providencias en las que se resuelve un incidente de desacato es
necesario corroborar: (i) que la decisión cuestionada se encuentre debidamente
ejecutoriada, (ii) se acrediten los requisitos generales de procedencia de las
solicitudes de amparo contra providencias judiciales y por lo menos una de las
causales específicas, y (iii) que los argumentos planteados por el actor sean
consistentes con lo planteado en el trámite del desacato19.

3.3.2. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

30. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la decisión cuestionada
se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió
que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó el procedimiento respectivo
dentro del trámite de incidente de desacato en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.

32. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
el auto proferido el 9 de febrero de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Ibagué, fue notificado el mismo día20, y la demanda de tutela se presentó el 7 de

15
Corte Constitucional sentencia T-1113 de 2005. Este criterio ha sido reiterado a través de las sentencias T-
226 de 2012, T-254 de 2014, T-424 de 2020 y SU-034 de 2018.
16 Corte Constitucional sentencias T-233 de 2018, SU-034 de 2018 y T-254 de 2014.
17 Corte Constitucional sentencia T-1113 de 2005. Esta decisión ha sido reiterada a través de las sentencias

SU-034 de 2018, T-399 de 2013 y T-123 de 2010.
18 Corte Constitucional sentencia T-325 de 2015.
19 Cfr. Sentencia SU-034 de 2018.
20 Samai, exp. 73001-33-33-004-2025-00267-00, índice 39.

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abril de 202621, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia
constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.

33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad las circunstancias y los fundamentos de la afectación
alegada, y no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en
sede del trámite objeto de estudio precisamente, porque su cuestionamiento está
dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

34. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un proceso de
tutela, sino que se dictó en el marco de un trámite de incidente de desacato.

35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a la causal de defecto fáctico y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

36. La Sala debe determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 22 de
abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró
improcedente la solicitud de amparo interpuesta por el señor Julio Rojas Ortiz.

37. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad judicial accionada vulneró el
derecho fundamental al debido proceso e incurrió en defecto fáctico al dictar el auto
del 9 de febrero de 2026, mediante el cual cerró el incidente de desacato promovido
por la parte accionante?

38.Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

39. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»25 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

40. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados

21 Samai, exp. 73001-23-33-000-2026-00127-00, índice 2, certificado A5B9C8E65C9D69D0
72E6A6A2E9412751 43AE1FEAE336C996 0D791CAEF278DF69.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.

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o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»26.

41. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso27.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»29.

43. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas

25 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
29 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]30.

3.5. Caso concreto

44. En el asunto bajo estudio, el señor Julio Rojas Ortiz instauró acción de tutela
contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, con la pretensión de que se
deje sin efectos el auto del 9 de febrero de 2026, a través del cual decidió cerrar el
incidente de desacato. En dicha decisión, la autoridad accionada consideró que la
Superintendencia de Notariado y Registro atendió lo dispuesto en la sentencia del
26 de noviembre de 2025, que amparó el derecho fundamental de petición del
accionante en el expediente identificado con el radicado núm. 73001-33-33-004-
2025-00267-00.

45. La parte tutelante afirmó que en la providencia cuestionada se configuró un
defecto fáctico, por cuanto desconoció los elementos de prueba que obraban al
interior del expediente del trámite incidental, con los cuales se acreditó que la
Superintendencia de Notariado y Registro no tramitó la queja interpuesta, conforme
lo ordenó el fallo de tutela. Además, que la autoridad judicial accionada no realizó
un examen de las órdenes emitidas en la decisión de amparo frente al informe de
cumplimiento allegado.

46. Por último, el actor expuso que el Juzgado accionado no tuvo en cuenta que la
Superintendencia de Notariado y Registro ignoró el proceso establecido para la
corrección de errores en el registro de instrumentos públicos y que no le asiste razón
al afirmar que el objeto de la solicitud fue resuelto en el marco de una actuación
administrativa ya en firme.

47.Pues bien, en lo concerniente al fallo del 26 de noviembre de 2025, que amparó
el derecho fundamental del señor Julio Rojas Ortiz, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y REGISTRO,
que en caso de no haberlo hecho ya, se pronuncie sobre la petición radicada bajo el
número SNR2025ER-259848-2 del 04 de noviembre de 2025, dándole el trámite de
QUEJA a dicha solicitud y en consecuencia deberá informar al accionante en las
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, del
trámite otorgado a la misma, de acuerdo con los reglamentos internos que al efecto
rijan esta función.

48. A su vez, el accionante solicitó la apertura del incidente de desacato debido a
que, según afirmó, la entidad no cumplió la referida orden. Como consecuencia, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué profirió el auto del 9 de febrero de 2026,
objeto de censura, en el que declaró que la Superintendencia de Notariado y

30 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

Registro acató lo ordenado en la sentencia del 26 de noviembre de 2025. Al
respecto, expuso las siguientes consideraciones:

[L]a incidentada indicó al despacho que, ya había dado cumplimiento a la orden emitida
en sede de tutela, dando respuesta de fondo a cada uno de los interrogantes
presentados por la parte actora, actuación que fue notificada el pasado 23 de enero de
2026, por lo anterior solicita la terminación del presente trámite incidental.

El despacho se permite replicar la respuesta de la siguiente manera:

Por otra parte, de la revisión integra del expediente administrativo, de las decisiones
adoptadas y de las actuaciones surtidas tanto por la ORIP de El Espinal como por esta
Superintendencia, no se advierten elementos probatorio ni indicios que permitan inferir
la posible comisión de faltas disciplinarias.

Pues se evidencia que las decisiones cuestionadas, fueron adoptadas mediante actos
administrativos debidamente motivados y a través del debido proceso, y que fueron
objeto de control en sede administrativa, sin que se evidenciara irregularidad que
pudiesen configurar una posible falta disciplinaria.

Finalmente, se precisa que, si usted cuenta con nuevos elementos probatorios distintos
a los ya valorados dentro de la mencionada actuación administrativa, podrá acudir a
los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico o a la jurisdicción
ordinaria, en los términos y condiciones que la ley le permita.

Tal y como se extrae de la comunicación, la Superintendencia accionada revisó el caso
desde la órbita disciplinaria y concluye que no existen elementos probatorios ni indicios
que permitan inferir que se ha cometido una falta disciplinaria.

Con esta declaración, se zanja cualquier duda que pudiera existir en el administrado y
hoy incidentante, sobre la actuación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de El Espinal en el asunto expuesto en su momento ante la Superintendencia de
Notariado y Registro.

Finalmente, se ha de indicar que esta instancia judicial procedió a contrastar la
respuesta emitida por la incidentada, con la orden dada por el despacho en el fallo de
tutela dentro del proceso de la referencia, observando el cumplimiento de la orden
emitida […] pues se hace evidente que la entidad incidentada ha cumplido con la carga
impuesta en el fallo de tutela sin que, en consecuencia, se pueda predicar que existe
el desacato endilgado por el incidentante31.

49. De lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada examinó el
contenido del documento del 23 de enero de 2026 y constató que la
Superintendencia de Notariado y Registro revisó el expediente administrativo que
tramitó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Espinal, respecto del
inmueble con matrícula núm. 357-176 y encontró que no existían elementos
probatorios o indicios suficientes y concretos para inferir la existencia de una falta
disciplinaria contra los servidores de la entidad, que exigiera adoptar medida
sancionatoria alguna.

31 Se transcribe incluso con errores.

10

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

50. En efecto, se observa que el Juzgado accionado revisó el informe y la
respuesta32 brindada por la Superintendencia de Notariado y Registro, el 23 de
enero de 2026, al señor Julio Rojas Ortiz. También, confrontó los elementos
recaudados en el trámite incidental con la orden emitida en la sentencia que amparó
el derecho fundamental de petición del accionante e indicó que la entidad
convocada acató lo dispuesto en dicha decisión, al pronunciarse de fondo sobre la
queja presentada el 4 de noviembre de 2025, relacionada con posibles
inconsistencias en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 357-176. Por consiguiente,
concluyó que no había lugar a continuar con el trámite incidental.

51.En este orden de ideas, es evidente que la autoridad judicial accionada realizó
un análisis razonable y adecuado de los elementos allegados a la diligencia de
desacato, que la llevó a la conclusión de que la Superintendencia de Notariado y
Registro cumplió a cabalidad lo dispuesto en la decisión del 26 de noviembre de
2026.

52. Así las cosas, la Sala considera que el auto del 9 de febrero de 2026, proferido
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, no incurrió en defecto fáctico, pues
la decisión de declarar el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela y, en
consecuencia, disponer la terminación del incidente de desacato, estuvo soportada
en un estudio racional de los hechos y las pruebas aportadas en dicha actuación.

53. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en la diligencia de
desacato. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

54. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite incidental de desacato, con
el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses
y pretensiones.

4. Conclusión

55. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué no vulneró el derecho fundamental invocado por el
accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por defecto fáctico, que exija la intervención del
juez de tutela.

32 Se aclara que, si bien la SNR no aportó constancia de envío del Oficio núm. SNR2026EE-014814-1 del 23

de enero de 2026, lo cierto es que el accionante cuestiona el fondo de la respuesta contenida en este. Por
tanto, se infiere que tuvo conocimiento del mencionado oficio.

11

Radicado: 73001-23-33-000-2026-00127-01 (6307)
Accionante: Julio Rojas Ortiz
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué

56. En consecuencia, se modificará la sentencia del 22 de abril de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se negará la solicitud de
amparo promovida por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 22 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por los motivos contenidos en esta providencia. En su
lugar, quedará así:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Julio Rojas
Ortiz contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y Cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

12

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