Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00151-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de julio de 2026
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00151-01
Accionante: Lisandro Trujillo Cendales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00151-01
Demandante: Lisandro Trujillo Cendales
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Derecho de petición - Niega el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo Nacional Electoral contra la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Tolima,
mediante la cual se concedió el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Lisandro Trujillo Cendales, en nombre propio, formuló acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición , el cual
considera vulnerado por el Consejo Nacional Electoral con ocasión de la falta de
respuesta al derecho de petición que radicó ante esa entidad el 16 de marzo de 2026.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos1:
2.1. Según lo manifestó el accionante, el 16 de marzo de 2026 radicó derecho de petición
ante el Consejo Nacional Electoral, a través del correo electrónico institucional
atencionalciudadano@cne.gov.co mediante el cual solicitaba:
“Ref: Solictud Concepto Formal inhabilidades e incompatibilidades para
ejercer cargos de elección popular por ser servidor público.
Cordial saludo, Lisandro Trujillo Cendales, identificado con número de cédula
No.1765454 de Florencia Caquetá, con domicilio y residencia en la ciudad de
Ibagué, por intermedio del presente escrito y de manera respetuosa me
permito solicitar información hasta que tiempo (día / año/ mes), se puede ser
servidor público de libre nombramiento y remoción, provisionalidad o carrera
1 Índice 0004 del aplicativo Samai, certificado EC249FC3565F1254 C473EDD7F0C00D96 0D6714C9DD1995F4
75105FD052DF64C8.
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Accionante: Lisandro Trujillo Cendales
administrativa previo a las elecciones regionales de alcaldía, gobernación,
concejo y asamblea de octubre 2027.
Lo anterior, teniendo en cuenta la aspiración política n participar en las
próximas elecciones regionales en el departamento del Tolima”2
2.2. Indicó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, el Consejo Nacional
Electoral no había dado respuesta a la petición ni se había pronunciado sobre los asuntos
planteados en ella.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, pidió ordenar al Consejo Nacional Electoral que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, emitiera una respuesta de fondo a la
solicitud presentada el 16 de marzo de 2026.
3.2. Sustentó su solicitud en la presunta omisión de la autoridad accionada en dar
respuesta al derecho de petición, con fundamento en los artículos 23 y 86 de la
Constitución Política, así como en las sentencias T-149 de 2023, relacionada con la
garantía inmediata del derecho de petición , y C-951 de 2014, referente al núcleo esencial
de ese derecho fundamental.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 24 de abril de 20263, el Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo del Tolima admitió la acción de tutela, ordenó la notificación a las partes
y concedió el término de dos días para que la accionada se pronunciara sobre los hechos
y las pretensiones de la acción.
Surtidas las notificaciones de rigor, el Consejo Nacional Electoral guardó silencio a
pesar de haber sido debidamente notificado.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 5 de mayo de 20264, el Tribunal Administrativo del Tolima
accedió al amparo solicitado.
La autoridad judicial precisó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela,
aún no había vencido el término de treinta (30) días hábiles previsto en la Ley 1755 de
2015 para dar respuesta a las peticiones formuladas en ejercicio del derecho de consulta.
En consecuencia, concluyó que el accionante promovió la acción constitucional de
2 Índ ice 0004 del aplicativo Samai, certificado EC249FC3565F1254 C473EDD7F0C00D96 0D6714C9DD1995F4
75105FD052DF64C8.
3 Índice 0005 del aplicativo Samai, certificado 7939627B931C6B2C EE33FD5AFD0B1BFB 5682A3B642E7B84F
C75DE88A58BE8514.
4 índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado B709E427F62D8CD2 201BBA219DA427B5
2E0C6C5C75409D74 14161FE34564A038.
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Accionante: Lisandro Trujillo Cendales
manera prematura, sin que hubiera expirado el plazo legal del que disponía el Consejo
Nacional Electoral para pronunciarse.
No obstante, advirtió que, durante el trámite de la acción de tutela, el término legal para
responder la solicitud venció sin que la entidad accionada emitiera pronunciamiento
alguno ni rindiera el informe requerido dentro del proceso constitucional.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que, al haber vencido el término legal sin que el
Consejo Nacional Electoral hubiera dado respuesta a la petición presentada por el
accionante, se configuró la vulneración del derecho fundamental de petición. En
consecuencia, concedió el amparo y ordenó al Consejo Nacional Electoral que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, emitiera y
notificara una respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 16 de
marzo de 2026.
6. Impugnación
En el escrito de impugnación 5, la parte accionada sostuvo que no fue posible identificar
el derecho de petición cuya falta de respuesta alegó el accionante.
Al respecto, manifestó que existen dudas sobre la radicación efectiva de la solicitud, pues
los documentos aportados por el actor no contienen el número de radicado interno que
la entidad asigna a las peticiones recibidas y que permite efectuar su trazabil idad, el cual
generalmente se identifica con el consecutivo «CNE-DG-E-XXXXX-2026». Agregó que,
una vez verificado el sistema de gestión documental institucional, no se encontró registro
alguno de la petición invocada en la acción de tutela.
Asimismo, señaló que la solicitud no fue remitida al Consejo Nacional Electoral, toda vez
que el accionante la envió a la dirección electrónica antencionalciudadano@cne.gov.co,
la cual no corresponde a un correo institucional de la entidad.
De otra parte, afirmó que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para
atender la consulta formulada por el actor. Explicó que, de conformidad con el artículo
265 de la Constitución Política, sus funciones se circunscriben, entre otras, a conocer de
asuntos relacionados con la investigación de determinadas conductas y la eventual
revocatoria de candidaturas. Precisó que la determinación de las inhabilidades e
incompatibilidades para aspirar a cargos de elección popular corresponde al
Departamento Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, indicó que, de
haber recibido válidamente la petición, la habría remitido a esa entidad, por ser la
competente para pronunciarse sobre el asunto.
Igualmente, sostuvo que, cuando una petición es enviada a una dirección electrónica
ajena a la entidad, no puede predicarse una omisión en el deber de respuesta, puesto
que la administración no tuvo conocimiento efectivo del requerimiento. En respaldo de
esta tesis citó la sentencia T-230 de 2020 de la Corte Constitucional, relativa a la
5 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 226F166D592813B3 6C6D262AC3027CF5
E0230C75D549BB32 BBEDECAE45C3EB02
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necesidad de acreditar la recepción efectiva de la solicitud por parte de la autoridad
competente, así como la sentencia T-149 de 2013, referente a la carga mínima que recae
sobre el peticionario de utilizar los canales oficiales dispuestos para la recepci ón de
solicitudes.
En el mismo sentido, argumentó que, cuando se demuestre técnicamente que el correo
electrónico utilizado por el peticionario no pertenece a la entidad, la administración puede
promover el incidente de nulidad, solicitar la aclaración de la providencia o poner en
conocimiento del juez la imposibilidad material de cumplir la orden impartida.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que existe imposibilidad material de cumplir el
fallo de tutela, en la medida en que no es posible dar respuesta a un derecho de petición
que nunca fue recibido por la entidad, pues fue enviado a una dirección electrónica
distinta del correo institucional atencionalciudadano@cne.gov.co. Finalmente, solicitó
revocar la sentencia impugnada y exhortar al accionante para que radique su petición por
los canales oficiales y ante la autoridad competente para emitir el concepto solicitado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
5 de mayo de 20266, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual
se concedió el amparo solicitado.
Para tal efecto, deberá establecer si, en el caso concreto, se encuentra acreditada la
radicación del derecho de petición cuya falta de respuesta alega el accionante y, en
consecuencia, si se configuró la vulneración del derecho fundamental de petición.
6 índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado B709E427F62D8CD2 201BBA219DA427B5
2E0C6C5C75409D74 14161FE34564A038
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4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo
II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo7, y de acuerdo con el artículo 13 8 de dicho cuerpo normativo, las personas
tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general o
particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.
La Corte Constitucional 9 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del
término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real
de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben
tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al
peticionario”.
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este derecho
bajo los siguientes términos:
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles
que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser
intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte
ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la
petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al
peticionario de la decisión”10
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,
y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo 11.
7 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
8 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en
este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de f ondo
sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea nec esario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o f uncionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir inf ormación, consultar, examinar y requerir copias de documentos, f ormular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de
menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o f ormación”
9 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de
2005, T718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268
de 2013 y T083 de 2017, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
11 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
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Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondo
y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es
necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competenci a, y
explicar las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.
Otro punto para destacar es que a través de la Ley 1755 de 2015 12 se reguló el término
para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días
después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información se
deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da
respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por ende las
copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el artículo 20 ibídem
prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al
peticionario.
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado
como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la
democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos pueden acudir
ante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demás derechos
fundamentales.
5. Caso concreto
El accionante sostuvo que el Consejo Nacional Electoral vulneró su derecho fundamental
de petición al no emitir una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente frente a la
solicitud que, según afirmó, radicó el 16 de marzo de 2026. Mediante dicha petición
pretendía obtener información relacionada con el término durante el cual una persona
puede desempeñarse como servidor público de libre nombramiento y remoción, en
provisionalidad o de carrera administrativa, antes de las elecciones regionales de
alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas previstas para octubre de 2027.
5.1. Con fundamento en los documentos aportados por el accionante y en los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación, la Sala observa que el señor Lisandro Trujillo
Cendales presentó el derecho de petición al correo electrónico
antencionalciudadano@cne.gov.co como se evidencia en el recuadro amarillo a
continuación 13:
12 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
13 Índ ice 0004 del aplicativo Samai, certificado EC249FC3565F1254 C473EDD7F0C00D96 0D6714C9DD1995F4
75105FD052DF64C8.
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Del material probatorio aportado con la solicitud de tutela, la Sala observa que el derecho
de petición fue remitido a la dirección electrónica antencionalciudadano@cne.gov.co, la
cual no corresponde a un correo institucional del Consejo Nacional Electoral. En efecto,
el canal oficial dispuesto por esa entidad para la recepción de peticiones es
atencionalciudadano@cne.gov.co. Asimismo, no obra prueba de que el accionante
hubiera radicado la solicitud a través de alguno de los demás canales habilitados por la
entidad para ese efecto.
En esas condiciones, la Sala considera que el envío del derecho de petición a una
dirección electrónica ajena al dominio institucional impidió que el Consejo Nacional
Electoral tuviera conocimiento efectivo de la solicitud formulada por el señor Lisandro
Trujillo Cendales. En consecuencia, no es posible atribuir a la entidad accionada la
omisión de emitir una respuesta ni, por ende, predicar la vulneración del derecho
fundamental de petición.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional 14, ha señalado que el ejercicio del
derecho de petición supone la formulación de una solicitud ante la autoridad competente
y la correlativa posibilidad de que esta la reciba para efectos de su trámite y respuesta.
En el presente asunto, no se acreditó que la petición hubiera sido radicada a través de
alguno de los canales oficiales dispuestos por el Consejo Nacional Electoral, ni que
hubiera sido efectivamente recibida por esa entidad. Por consiguiente, al no demostrarse
la formulación válida de la solicitud ante la autoridad accionada, no puede concluirse que
esta hubiera desconocido el derecho fundamental de petición del actor.
5.2. En ese contexto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negará el amparo solicitado, por cuanto no se acreditó la vulneración del derecho
fundamental de petición invocado por el accionante.
14 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Accionante: Lisandro Trujillo Cendales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante la cual se concedió el amparo y, en su lugar, NEGAR
la acción de tutela interpuesta por Lisandro Trujillo Cendales contra el Consejo Nacional
Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
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