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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00203-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00203-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2026-00203-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00203-01
Accionante: DIEGO ALBERTO VILLANUEVA POLO
Accionado: JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO
DE IBAGUÉ

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de nulidad simple –
suspensión provisional. Falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Diego Alberto Villanueva Polo, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 11 de junio de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de mayo de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado
por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: se ampare el derecho fundamental conculcado.

SEGUNDA: se deje sin efectos el auto de mayo 25 de 2026 que negó la medida
cautelar.

TERCERA: se ordene al juzgado accionado dictar un nuevo auto interlocutorio
sobre la medida cautelar, para mejor proveer, teniendo en cuenta las
recomendaciones procesales del juez de tutela con base en la información
sobreviviente (sic) al plenario de la acción de nulidad.

CUARTA: las demás que en extra y ultra petita considere pertinentes el
despacho”.

2. Hechos

El accionante relató que el Concejo de El Espinal en sesión extraordinaria celebrada
el 26 de diciembre de 2025 aprobó el Acuerdo no. 016, mediante el cual facultó al

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Accionante: Diego Alberto Villanueva Polo

alcalde municipal para contratar un empréstito hasta por la suma de
$18.000.000.000, con el fin de financiar la ejecución de diversas obras públicas.
Indicó que uno de los proyectos que sirvió de fundamento para la aprobación del
citado acuerdo fue el denominado “Parque Lineal”, cuyo diseño comprendía la
ocupación de una parte del corredor férreo que atraviesa el casco urbano del
municipio.

Señaló que previamente a la aprobación del acuerdo, el Ministerio de Transporte
mediante Oficio no. 20256001368591 de 21 de octubre de 2025 informó al Instituto
Nacional de Vías (Invías) y a la administración municipal que dicho proyecto no
podía ejecutarse por resultar incompatible con las políticas del Gobierno Nacional
orientadas a la recuperación del corredor férreo. No obstante, afirmó que la
administración municipal mantuvo el proyecto como uno de los soportes esenciales
del Acuerdo no. 016 de 2025 e incluyó recursos provenientes del empréstito
autorizado para su financiación.

Asimismo, indicó que el 17 de marzo de 2026 el municipio de El Espinal celebró con
Bancolombia un contrato de empréstito por valor de $10.278.481.876,12,
correspondiente a una parte del monto autorizado en el acuerdo, cuyo desembolso
se pactó para el 9 de febrero de 2027.

En virtud de lo anterior, refirió que los señores César Wilfredo Morales Espinosa y
Juan Manuel Ospina Carvajal, presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad simple contra el municipio y el Concejo de El Espinal, con el fin
que se declarara la nulidad del Acuerdo Municipal no. 016 de 2025, al considerar
que existió una infracción de normas superiores y vicios en el trámite. En la misma
demanda, solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de sus
efectos.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Doce
Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué1, que mediante auto de 16 de marzo de
2026 admitió la demanda y corrió traslado de la medida cautelar solicitada.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2026 negó la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional del Acuerdo Municipal no. 016 de 2025, al considerar que
no se cumplían los presupuestos previstos en el artículo 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para
decretar la medida cautelar. Explicó que la principal disposición invocada como
vulnerada correspondía al Reglamento Interno del Concejo, el cual tenía la misma
jerarquía normativa del acuerdo demandado y había sido expedido por la misma
autoridad, razón por la cual no constituía una norma superior que permitiera efectuar
el juicio de confrontación exigido por la ley.

Asimismo, agregó que los demás reproches formulados por la parte demandante
requerían un estudio integral sobre las competencias del Concejo, la relación del
acuerdo con el Plan de Desarrollo, los límites del endeudamiento territorial y la
naturaleza jurídica del acto acusado, aspectos que solo podían resolverse al
momento de dictar sentencia, una vez agotadas las etapas procesales y practicadas
las pruebas correspondientes. En consecuencia, estimó que acceder a la
suspensión provisional implicaría anticipar un juicio de legalidad propio del fallo
definitivo.

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Proceso no. 73001-33-33-012-2026-00018-00.
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Accionante: Diego Alberto Villanueva Polo

Finalmente, concluyó que “la exigencia de salvaguardar el bien jurídico tutelable de
interés general en cuanto a las finanzas municipales, exige protegerlas al máximo
de cualquier ligereza insubsanable, sin que se obstaculice la labor de la justicia en
la nulidad incoada que debe seguir su curso, mientras se detiene a modo prudencial
cualquier actuación que pueda ocasionar perjuicio al erario y poner en riesgo futuros
planes de inversión social”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección
de su derecho al debido proceso, al considerar que la providencia cuestionada
comprometía la defensa del interés general y de los recursos públicos. Agregó que
al no ser parte dentro del proceso de nulidad simple, carecía de otro medio judicial
para controvertir la decisión que negó la medida cautelar, por lo que acudió a la
acción de tutela en ejercicio de su labor de control ciudadano.

Afirmó que la acción se dirigía contra el juzgado que profirió la providencia
cuestionada, por ser la autoridad presuntamente responsable de la vulneración de
sus derechos fundamentales.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué

El titular del despacho rindió informe en el que precisó que el medio de control de
nulidad simple contra el Acuerdo Municipal no. 016 de 2025 fue repartido el 23 de
enero de 2026 y que mediante auto de 16 de marzo del mismo año, admitió la
demanda y corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional. Precisó que,
una vez surtidas las notificaciones y vencido el traslado de la medida cautelar,
mediante providencia de 25 de mayo de 2026 negó la suspensión provisional del
acto administrativo. Agregó que para el momento de rendir el informe, el proceso
continuaba en trámite y se encontraba en curso el traslado de los recursos
interpuestos contra dicha decisión.

Sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno, pues el accionante contaba
con otros mecanismos judiciales para la protección de los intereses que consideraba
afectados, como intervenir dentro del proceso de nulidad y ejercer los recursos
previstos por el ordenamiento jurídico, sin que hubiera acreditado la existencia de
un perjuicio irremediable. En consecuencia, afirmó que la acción de tutela pretendía
reabrir el debate propio del proceso contencioso administrativo y obtener la revisión
de una decisión judicial por una vía excepcional, razón por la cual solicitó que se
declarara su improcedencia.

4.2. Respuesta del Concejo de El Espinal

El presidente del Concejo rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela y su desvinculación del trámite. Sostuvo que
el accionante carecía de legitimación en la causa por activa, por cuanto no era parte
ni interviniente dentro del proceso de nulidad simple en el que se profirió la decisión
cuestionada. Asimismo, afirmó que tampoco estaba legitimado por pasiva, ya que
la presunta vulneración de los derechos fundamentales se atribuía exclusivamente
al Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué y no a la corporación,

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la cual se limitó a expedir el Acuerdo municipal no. 016 de 2025 en ejercicio de sus
competencias legales.

De igual forma, indicó que la acción de tutela desconocía su carácter residual y
subsidiario, puesto que las inconformidades del accionante debían ventilarse
mediante los mecanismos procesales previstos dentro del proceso contencioso
administrativo, escenario en el que ya se había resuelto la solicitud de suspensión
provisional del acuerdo demandado.

En consecuencia, solicitó que la tutela fuera declarada improcedente y en todo caso,
que cualquier orden se dirigiera únicamente a la autoridad judicial accionada.

4.3. Respuesta del municipio de El Espinal

La apoderada del ente territorial rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar el amparo, al considerar que
el auto que negó la medida cautelar no vulneró el derecho al debido proceso ni
incurrió en defecto alguno que habilitara la intervención del juez constitucional.

Sostuvo que la providencia efectuó un análisis razonado de los argumentos y de las
pruebas obrantes en el expediente, por lo que la tutela no podía utilizarse como una
instancia adicional para controvertir una decisión judicial adversa.

En cuanto a los cargos formulados en el proceso de nulidad afirmó que el artículo
96 del Acuerdo 012 de 2008 debía inaplicarse por exceder las competencias del
reglamento interno del Concejo y, en todo caso, que la eventual omisión de su
cumplimiento constituía una irregularidad meramente formal que no afectaba la
validez del Acuerdo Municipal no. 016 de 2025, pues la publicidad y la participación
ciudadana se garantizaron durante el trámite del proyecto. Asimismo, sostuvo que
el acuerdo respetó las normas sobre planeación y endeudamiento territorial, dado
que el municipio acreditó su capacidad financiera y los proyectos financiados se
encontraban incorporados en el Plan de Desarrollo.

Finalmente, señaló que la suspensión provisional carecía de utilidad práctica, por
cuanto los contratos de empréstito autorizados por el Acuerdo no. 016 de 2025 ya
habían sido celebrados.

4.4. Respuesta del señor Cristian Leonardo Ortegón Quimbaya

El señor Ortegón Quimbaya rindió informe en el que precisó que había solicitado
ser reconocido como coadyuvante dentro del proceso de nulidad simple, aunque
dicha petición aún no había sido resuelta. Sostuvo que el incumplimiento de las
reglas de publicidad previstas en el reglamento interno del Concejo durante el
trámite de expedición del Acuerdo Municipal no. 016 de 2025 vulneró los principios
de publicidad, transparencia y participación ciudadana, al impedir el adecuado
conocimiento y control por parte de la comunidad.

Asimismo, afirmó que la divulgación posterior de la información no subsanaba esa
irregularidad y reiteró que uno de los proyectos que justificaban el endeudamiento
municipal presentaba presuntos problemas de viabilidad, circunstancia que, en su
criterio, comprometía la validez del acuerdo. En consecuencia, respaldó la solicitud
de medida cautelar y las pretensiones formuladas en la acción de tutela, por

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Accionante: Diego Alberto Villanueva Polo

considerar que buscaban la protección del interés público y de los recursos del
municipio.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11 de junio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes y una vez en firme,
remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, REMÍTASE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El juzgador de primera instancia indicó que aunque el asunto planteado involucraba
la presunta vulneración del debido proceso, ello no bastaba para habilitar la
procedencia de la acción de tutela, pues debían satisfacerse los demás requisitos
generales de procedibilidad. Al respecto, concluyó que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad, dado que el proceso contencioso administrativo continuaba en
trámite y el accionante contaba con mecanismos ordinarios para intervenir en él, en
particular la posibilidad de solicitar su reconocimiento como coadyuvante, de
conformidad con el artículo 223 del CPACA, sin que hubiera acreditado haber
agotado dichas herramientas ni la existencia de un obstáculo que le impidiera
hacerlo.

Asimismo, consideró que tampoco se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la procedencia excepcional de la tutela, toda vez que la
controversia sobre la legalidad del Acuerdo Municipal no. 016 de 2025 continuaba
bajo conocimiento del juez natural, quien conservaba plena competencia para
resolverla.

De otra parte, advirtió que los cuestionamientos del accionante se dirigían
exclusivamente a controvertir el auto que negó la medida cautelar y no evidenciaban
una vulneración autónoma de sus derechos fundamentales. Destacó que dicha
providencia se encontraba debidamente motivada, pues el juzgado explicó que la
norma invocada como vulnerada no tenía el carácter de disposición superior frente
al acto acusado y que los demás reproches exigían un estudio de fondo que solo
podía efectuarse al momento de dictar sentencia, previa valoración integral del
material probatorio.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el accionante pretendía utilizar la
acción de tutela como un mecanismo adicional para cuestionar una decisión judicial
desfavorable, pese a que no ostentaba la calidad de parte dentro del proceso de
nulidad y disponía de mecanismos ordinarios para intervenir en él. Además, resaltó
que la tutela se dirigía contra un auto interlocutorio, respecto del cual la
jurisprudencia constitucional ha establecido un análisis especialmente estricto de
procedencia, al existir recursos y actuaciones procesales idóneas dentro del trámite
principal.

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Accionante: Diego Alberto Villanueva Polo

En consecuencia, determinó que no se configuraban los requisitos excepcionales
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto,
declaró improcedente el amparo solicitado.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia, al considerar que el Tribunal efectuó un análisis limitado de la
procedencia de la acción de tutela, pues únicamente concluyó que disponía de otros
mecanismos judiciales y que no existía afectación a sus derechos.

Sostuvo que el asunto revestía relevancia constitucional por comprometer el interés
general y la protección de los recursos públicos, debido a que el Acuerdo Municipal
no. 016 de 2025 autorizó un empréstito para financiar, entre otros proyectos, el
denominado “Parque Lineal”, cuya ejecución, a su juicio, resultaba inviable por
afectar el corredor férreo, circunstancia que era conocida previamente por la
administración municipal.

Asimismo, afirmó que no contaba con un mecanismo judicial eficaz para controvertir
el auto que negó la medida cautelar, razón por la cual acudió a la acción de tutela,
a lo que agregó que dicha providencia omitió valorar integralmente las
circunstancias del caso y realizó un análisis insuficiente del deber de publicidad del
trámite de expedición del acuerdo, sin confrontarlo con los principios
constitucionales y legales que rigen la función administrativa y la participación
ciudadana.

Finalmente, insistió en que su actuación no obedecía a un interés particular, sino al
ejercicio del control ciudadano en defensa del interés general y del patrimonio
público.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo
invocado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 11 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima que declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.

De manera previa, se verificará el cumplimiento del presupuesto general de la
legitimación en la causa por activa, en tanto se está cuestionando una decisión
proferida en un proceso judicial en el que el demandante no ostenta la condición de
parte ni interviniente.
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3. De la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente
y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la
informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés
del actor de acuerdo a lo estipulado en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de
la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados, sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano
permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del
ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y
las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial
(caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y
al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso”.

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa,
debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 2015 , indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
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significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es solo la persona capaz para hacerlo.

Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que
se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa,
caso en el cual deberá declararla.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Diego Alberto Villanueva Polo, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué,
al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión del
auto de 25 de mayo de 2026, mediante el cual se negó la solicitud de suspensión
provisional Acuerdo Municipal no. 016 de 2025, dentro del medio de control de
nulidad simple no. 73001-33-33-012-2026-00018-00.

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11 de junio de 2026
declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no se cumplía el requisito
de subsidiariedad, por cuanto el proceso contencioso administrativo continuaba en
trámite y el accionante disponía de mecanismos ordinarios para intervenir en él, sin
que hubiera demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia excepcional del amparo.

Inconforme con esa decisión, el accionante presentó escrito de impugnación en el
que insistió en que la tutela constituía el único mecanismo eficaz para controvertir
el auto que negó la medida cautelar, pues en su criterio, dicha providencia
desconoció la relevancia constitucional del asunto, omitió valorar integralmente los
argumentos relacionados con la presunta inviabilidad del proyecto “Parque Lineal”"
y puso en riesgo el interés general y los recursos públicos del municipio de El
Espinal.

Al respecto, la Sala advierte que confirmará la decisión de declarar improcedente la
presente acción de tutela, aunque por razones distintas a las expuestas por el juez
de primera instancia. En efecto, antes de analizar los demás requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, resulta
necesario verificar si el accionante se encuentra legitimado en la causa por activa
para promover el presente mecanismo constitucional.

De las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que el medio de control de
nulidad simple contra el Acuerdo Municipal no. 016 de 2025 fue promovido por los
señores César Wilfredo Morales Espinosa y Juan Manuel Ospina Carvajal, quienes
solicitaron igualmente la suspensión provisional del acto administrativo. Asimismo,

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se observa que el auto de 25 de mayo de 2026, objeto de reproche constitucional,
fue proferido exclusivamente dentro de dicho proceso judicial.

En ese contexto, la Sala encuentra que el señor Diego Alberto Villanueva Polo no
ostentó la calidad de demandante, demandado, tercero interviniente ni coadyuvante
dentro del proceso de nulidad simple del que provino la providencia objeto de
reproche constitucional. Por el contrario, el propio accionante reconoció en el escrito
de tutela que no hacía parte de ese trámite judicial y que precisamente por esa
circunstancia acudía al mecanismo constitucional.

Así las cosas, la Sala observa que el accionante fundamentó la presunta vulneración
del debido proceso en la decisión mediante la cual el Juzgado Doce Administrativo
Mixto del Circuito de Ibagué negó la suspensión provisional solicitada dentro del
medio de control de nulidad simple. Sin embargo, dicha decisión produjo efectos
respecto de los sujetos procesales que intervinieron en ese trámite, sin que el señor
Villanueva Polo hubiera demostrado la existencia de una afectación directa,
personal y concreta de sus derechos fundamentales derivada de esa providencia
judicial.

Si bien el accionante sostuvo que actuó en defensa del interés general, de las
finanzas del municipio y de los recursos públicos, la Sala considera que tales
razones, aunque evidencian un interés ciudadano en el resultado del proceso, no
son suficientes para atribuirle legitimación en la causa por activa dentro de una
acción de tutela promovida contra una providencia judicial.

Además, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para que cualquier
persona intervenga en los procesos de nulidad, entre ellos la posibilidad de actuar
como coadyuvante en los términos del artículo 223 del CPACA. Sin embargo, el
accionante no acreditó haber acudido a dicho mecanismo ni demostró la existencia
de alguna circunstancia que le hubiera impedido ejercer esa facultad antes de
promover la presente acción constitucional.

En esas condiciones, la Sala concluye que el señor Diego Alberto Villanueva Polo
carece de legitimación en la causa por activa para solicitar que se deje sin efectos
el auto de 25 de mayo de 2026, proferido dentro de un proceso judicial de nulidad
simple del cual no hizo parte. En consecuencia, al no satisfacerse este presupuesto
general de procedencia de la acción de tutela, no resulta necesario efectuar un
análisis adicional sobre los demás requisitos exigidos para la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 11 de junio de 2026
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró improcedente la acción
de tutela, pero por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Radicación: 73001-23-33-000-2026-00203-01
Accionante: Diego Alberto Villanueva Polo

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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