Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00211-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00211-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00211-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación1 presentada en contra de la sentencia proferida el
16 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 01 de junio de 20262, la Constructora CHILAPO S.A., a través de apoderado
judicial3, interpuso acción de tutela4 en contra del Juzgado Décimo Administrativo
de Ibagué, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al
cumplimiento de las órdenes de tutela y al derecho fundamental de petición, que
considera vulnerados con ocasión del Auto No. 00147 del 28 de mayo de 2026,
mediante el cual negó y cerró un incidente de desacato propuesto contra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi — IGAC, en el marco del expediente de tutela
identificado con radicado No 73001-33-33-010-2026-00123-00.
2. Hechos
2.1.- El 11 de marzo de 2026, la Constructora CHILAPO S.A. presentó derecho de
petición ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, relacionado con la
situación catastral histórica de los predios identificados con matrículas inmobiliarias
350-138874, 350-138951 y 350-52103, vinculados físicamente a la Avenida Ambalá
del municipio de Ibagué.
1 Obra impugnación en el índice 17, certificado 359524438D590B90 577BC50BEE3CC682
C4B45EF65CEB3254 82F957C19C82E4D4 , del expediente de tutela de primera instancia.
2 Índice 1 de SAMAI. Ibíd.
3 Obra poder en el índice 3, certificados B7102A825D9F9FB3 3947DA5DEC7C8A57 453CF2C67EF0895B
43B82D789E86040A y 20AEC18A61EC9B58 4DC3CAB1A87E6591 E2077CBEC03F1625
7FCDFE9812BCDF02, Ibíd.
4 Obra tutela en el índice 3, certificado 0D4C25B327250A2C 5157F77BBBC920B0 43D55D9DC32C693A
5C606444E8DFF66C, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
2.2.- Ante la falta de respuesta, la Constructora radicó acción de tutela, la cual fue
repartida al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Tal
despacho profirió sentencia el 17 de abril de 2026, en la cual amparó el derecho
fundamental de petición y ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC,
dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente al derecho de petición del 11 de
marzo de 2026, o acreditar de manera cierta y verificable una respuesta previa.
2.3.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC, mediante oficios No.
2621DTT-2026-0006708-EE del 21 de abril de 2026, y 2621DTT-2026-0007655-EE
del 30 de abril de 2026, comunicó su falta de competencia en el asunto y remitió la
solicitud al municipio de Ibagué al haber sido habilitado como gestor catastral.
Considera la parte actora que, en el oficio del 30 de abril, aunque la respuesta fue
más amplia, el IGAC persistió en la tesis de falta de competencia actual y no
respondió de manera material las preguntas centrales sobre el período 1999-2021,
cuando ejercía la gestión catastral en Ibagué.
2.4.- Posteriormente, mediante Auto No. 00449 del 12 de mayo de 2026, el Juzgado
accionado abrió el incidente de desacato, y requirió de manera perentoria al
Municipio de Ibagué —Catastro Multipropósito— para que informara el trámite real
y efectivo dado a la solicitud trasladada. Igualmente, corrió traslado al Director
Territorial Tolima y requirió al Director General del IGAC para adoptar de manera
inmediata las medidas necesarias que garantizaran el cumplimiento efectivo del
fallo.
2.5.- El Municipio de Ibagué —Dirección de Planeación Multipropósito— no rindió
oportunamente el informe ordenado. Luego, mediante Oficio No. 1260-2026-
059237 del 22 de mayo de 2026, emitió una comunicación extemporánea dirigida al
accionante, no al Juzgado Décimo, en la cual invocó la protección de datos
personales y supuesta falta de acreditación de representación, pese a tratarse de
un requerimiento judicial y no de una petición ordinaria.
2.6.- Asimismo, mediante oficios del 20 y 25 de mayo de 2026, emitidos por la
Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Territorial Tolima del IGAC, respectivamente,
la Entidad reiteró las respuestas emitidas en abril de 2026 y trató el requerimiento
judicial como una petición repetitiva.
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Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
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2.7.- Finalmente, el Juzgado accionado profirió el Auto interlocutorio No. 00147 del
28 de mayo de 2026, mediante el cual negó el incidente de desacato y ordenó su
cierre, con fundamento en que el IGAC habría respondido en debida forma al
informar el traslado al Municipio competente, y en que este último no fue parte
accionada ni destinatario del fallo inicial.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostiene que el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué cerró
de forma equivocada un incidente de desacato, pues aceptó respuestas meramente
administrativas como cumplimiento efectivo de las órdenes dadas en el trámite del
expediente No. 73001-33-33-010-2026-00123-00. Además, la providencia atacada
no comprende que la competencia actual en materia catastral —en cabeza del
municipio de Ibagué— no puede confundirse con el deber del IGAC de responder
de fondo sobre su gestión histórica en el período 1999—2021. Por tal razón, su
actuación elude la obligación judicial de hacer cumplir una sentencia de tutela
ejecutoriada que no podía ser sustituida por un simple traslado de trámites al
Municipio de Ibagué.
Asimismo, considera la parte actora que el Auto interlocutorio No. 00147 del 28 de
mayo de 2026 configuró distintos defectos, a saber:
-Contiene una contradicción interna y una motivación aparente, pues requiere al
municipio de Ibagué, pero posteriormente señala que este no fue parte ni
destinatario de la acción constitucional. Sumado a ello, la ausencia de respuesta no
podía servir de fundamento para cerrar el incidente, sino para mantenerlo abierto
hasta obtener el esclarecimiento ordenado.
-Configura un defecto fáctico por omisión probatoria, dado que omitió valorar los
memoriales de oposición que demostraban, punto por punto, que las respuestas del
IGAC no resolvían el núcleo de la petición.
-Incurre en un defecto sustantivo por aplicar indebidamente la regla de traslado
administrativo, pues, a juicio de la accionante, el fallo de tutela no ordenó trasladar
la solicitud, sino darle respuesta. Asimismo, dicho traslado evade la responsabilidad
de responder respecto del período 1999-2021.
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-Desconoce el precedente relativo al derecho fundamental de petición, pues la Corte
Constitucional ha reiterado que este no se satisface con una respuesta formal,
evasiva o aparente. De igual forma, desconoce el precedente sobre los incidentes
de desacato, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes
impartidas en sede de tutela.
-Finalmente, incurre en una omisión al cerrar el incidente de desacato sin examinar
de manera real y efectiva la conducta ni los descargos personales de los
funcionarios que habían sido requeridos individualmente mediante el Auto No.
00449.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente5 lo siguiente:
“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo
a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, derecho fundamental de
petición y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela de CONSTRUCTORA
CHIPALO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y de su apoderado, en lo pertinente.
2. DEJAR SIN EFECTOS el Auto interlocutorio No. 00147 del 28 de mayo de
2026, proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué dentro del incidente de desacato de la acción de tutela rad. 73001-33-
33-010-2026-00123-00.
3. ORDENAR al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
que, dentro del término que fije el juez constitucional, profiera una nueva
decisión sobre el incidente de desacato, con valoración integral, expresa y
motivada de: (i) la orden contenida en el fallo de tutela No. 00045; (ii) las
respuestas del IGAC del 21 y 30 de abril, 20 y 25 de mayo de 2026; (iii) las
oposiciones presentadas por el accionante; (iv) el alcance de la obligación del
IGAC respecto de su gestión histórica 1999-2021; (v) la conducta personal del
Director Territorial Tolima y del superior jerárquico requerido; y (vi) la actuación
extemporánea de la Dirección de Planeación Multipropósito del Municipio de
Ibagué.
4. ORDENAR que la nueva providencia determine de manera expresa si las
respuestas del IGAC satisfacen o no las preguntas sustanciales del derecho de
petición, especialmente las relacionadas con la situación catastral histórica de
los predios 350-138874, 350-138951 y 350-52103 durante el período 1999-
2021.
5. ORDENAR que, si el Juzgado encuentra incumplimiento material, adopte las
medidas coercitivas y correctivas previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto
2591 de 1991, incluyendo los requerimientos personales, sanciones y órdenes
complementarias que resulten necesarias para obtener una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente.
5 A folio 12 del escrito de tutela, en el índice 3, certificado 0D4C25B327250A2C 5157F77BBBC920B0
43D55D9DC32C693A 5C606444E8DFF66C, Ibíd.
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Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
6. SUBSIDIARIAMENTE, ordenar al Juzgado accionado que mantenga abierto
el incidente hasta que se acredite de manera cierta y verificable el cumplimiento
material del fallo, sin que baste la mera existencia formal de oficios, traslados
o remisiones a respuestas anteriores”.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1.- Mediante Auto del 02 de junio de 20266, se admitió la acción de tutela, se
ordenó su notificación al Juzgado accionado y se le concedió el término de dos (2)
días para dar respuesta a esta acción constitucional. Asimismo, se vinculó a la
Dirección General y a la Dirección Territorial del Tolima del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC, así como a la Dirección de Planeación Multipropósito y a
la Oficina de Catastro Multipropósito del Municipio de Ibagué. Finalmente, se negó
la medida provisional solicitada.
5.2.- El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué dio respuesta7 en el
presente trámite constitucional. Para el despacho accionado, la acción de tutela es
improcedente al considerar que el accionante pretende obtener una respuesta
favorable a sus intereses y no solo de fondo, lo cual desborda el objeto del derecho
de petición. A su juicio, el IGAC cumplió su obligación al emitir una contestación
congruente y trasladar la solicitud al Municipio de Ibagué, entidad a la que señala
como competente. Asimismo, argumentó que las discrepancias sobre la
responsabilidad de brindar información del período 1999 — 2021 constituyen un
conflicto de competencia entre entidades que escapa a la órbita de esta acción
constitucional, de modo que el despacho accionado actuó dentro del marco de sus
atribuciones en el trámite incidental sin vulnerar derechos fundamentales.
Por otro lado, el Juzgado señala que un eventual incumplimiento por parte del
Municipio de Ibagué debería ser resuelto en el trámite incidental que al parecer
cursa ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Ibagué. En consecuencia, de existir un fallo dentro de dicha
actuación, correspondería a ese Juzgado conocer y resolver de fondo lo relacionado
con el eventual incumplimiento por parte del Municipio de Ibagué y el incidente de
desacato derivado de la falta de respuesta a la petición del 11 de marzo de 2026,
6 Obra Auto en el índice 5 de SAMAI, certificado 50818FFD09BA0ECF D20C814D42EF7EEE
D41161570052FF98 E217DC891BE45597, Ibíd.
7 Obra respuesta en el índice 8 de SAMAI, certificado 28782E47A0163B06 F413B4A48C302DA0
D1E128477EF3FE94 01B4C3DFB59CA119, Ibíd.
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máxime cuando incluso se evidencia que el Municipio ya habría emitido un
pronunciamiento al respecto.
El fallador concluyó que no existe una transgresión atribuible al juzgado accionado,
toda vez que las inconformidades del actor ya fueron analizadas y resueltas en
derecho en la actuación previa. Finalmente, remitió los enlaces de acceso al
expediente.
5.3.- La oficina Asesora Jurídica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi8 allegó
respuesta a la tutela, en la que solicitó declararla improcedente por no existir
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte accionante. La entidad
sostuvo que el amparo no puede usarse como una instancia adicional para revocar
el Auto Interlocutorio No. 00147 del 28 de mayo de 2026, el cual cerró el incidente
de desacato. A juicio del IGAC, el Juzgado accionado no actuó de forma arbitraria,
sino que evaluó el contenido material de los oficios emitidos y constató la ausencia
de los presupuestos para declarar el desacato, en la medida en que no existió una
conducta renuente u omisiva atribuible a la institución.
Adicionalmente, la entidad argumentó que no existe una vulneración actual del
derecho fundamental de petición, toda vez que se expidieron respuestas oportunas
y motivadas el 21 y el 30 de abril de 2026, cuyo núcleo esencial se satisface
independientemente de que la decisión no sea favorable al peticionario. Explicó que
el traslado de la solicitud al Municipio de Ibagué respondió a la reorganización legal
de competencias derivada de la habilitación del ente territorial como gestor catastral
desde 2021. Finalmente, aclaró que haber ejercido la gestión catastral previa entre
1999 y 2021 no le impone la obligación indefinida de reconstruir actuaciones
históricas ni elaborar conceptos retrospectivos que no fueron específicamente
exigidos en el fallo de tutela original.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 16 de junio de 20269 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró improcedente
la acción de tutela, al concluir que el Juzgado accionado no incurrió en la violación
de ningún derecho. Sostuvo que la remisión de la solicitud al Municipio de Ibagué
8 Obra respuesta en el índice 11 de SAMAI, certificado B9ED9603787AA30A 773B45E55AEA5EB0
6667A7914B84286C 2B3A94E0EE7B8B1B, Ibíd.
9 Obra Sentencia en el índice 14 de SAMAI, certificado F66E2300BF5DC42D B3280A14FC95B2C2
CBA7CC5439BE3191 7453A8B41A087ECF, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
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—Catastro Multipropósito— por parte del IGAC constituye una respuesta válida
ajustada al marco de sus competencias, por lo que le corresponde al nuevo gestor
catastral la obligación de contestar de fondo. En otras palabras, para el a quo
constitucional, la responsabilidad de dar una respuesta de fondo no desaparece. Es
la entidad a la cual se le remitió la petición la que, en virtud de su competencia, debe
dar una contestación satisfactoria dentro de los quince días posteriores al recibo de
la remisión de la solicitud.
Asimismo, la providencia reiteró que la protección del derecho de petición exige una
respuesta oportuna, clara y congruente, pero no implica que la decisión deba ser
necesariamente favorable a los intereses del peticionario ni coincidir con sus
expectativas. Al constatar que la actuación del juez del incidente estuvo fundada en
la valoración del material probatorio, el Tribunal consideró que no se configuraron
las causales específicas de procedibilidad contra providencias judiciales.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 10.
El recurrente argumenta que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en una
confusión entre la procedencia y la prosperidad de la acción, pues, aunque
reconoció que se cumplían las condiciones formales establecidas en la Sentencia
SU-034 de 2018, terminó declarando improcedente la tutela mediante un análisis de
fondo incompleto y contradictorio que dio por cumplida la orden judicial con una
simple remisión administrativa.
La impugnación se fundamenta en diez (10) cargos que se sintetizan a continuación:
7.1.- Defecto fáctico y motivación aparente por silencio frente a las oposiciones: El
Tribunal omitió analizar y responder los escritos de oposición radicados por el
accionante el 3 y 12 de junio de 2026, los cuales refutaban directamente las
contestaciones del Juzgado de origen y del IGAC.
7.2.- Tergiversación del objeto de la acción de tutela: La providencia asumió sin
verificación la tesis de que el accionante pretendía una respuesta favorable, cuando
10 Obra impugnación en el índice 17, certificado 359524438D590B90 577BC50BEE3CC682
C4B45EF65CEB3254 82F957C19C82E4D4 , Ibíd.
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en realidad solicitaba el cumplimiento material y la verificación de una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente.
7.3.- Error fáctico manifiesto sobre el término de inmediatez: El fallo afirmó
falsamente que la tutela se interpuso un mes después de conocida la providencia
censurada, cuando entre la notificación del Auto No. 00147 —29 de mayo de 2026—
y la radicación de la tutela —01 de junio de 2026—, solo transcurrieron tres (3) días.
7.4.- Lectura contradictoria sobre la Sentencia SU-034 de 2018: El Tribunal constató
que el accionante cumplió con el requisito de consistencia argumentativa (al no traer
alegaciones ni pruebas nuevas), pero usó dicho cumplimiento para descalificar la
tutela como una mera repetición de inconformidades en lugar de estudiar los
defectos invocados.
7.5.- Defecto sustantivo por convalidar la remisión administrativa como
cumplimiento judicial: Se aplicó indebidamente el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015
(traslado por competencia) para dar por cumplida una orden judicial de tutela, al
equiparar un trámite administrativo ordinario con una respuesta de fondo.
7.6.- Motivación contradictoria sobre el alcance del traslado: La providencia sostuvo
simultáneamente que la remisión del IGAC era una respuesta válida, pero reconoció
al mismo tiempo que la responsabilidad de responder de fondo no desaparece, por
lo que incurrió en premisas jurídicas irreconciliables.
7.7.- Motivación aparente por falta de cotejo entre preguntas y respuestas: El
Tribunal dio por sentado que el IGAC respondió de fondo sin haber confrontado las
preguntas específicas planteadas en el derecho de petición con los oficios emitidos
por la entidad.
7.8.- Defecto fáctico por omitir la prueba sobre la gestión histórica 1999 —2021: Se
dejó de valorar la certificación del Municipio de Ibagué que demostró que el IGAC
entregó los predios con destino habitacional en 2021, por lo que se omitió verificar
la responsabilidad de la entidad durante el período en que fue competente.
7.9.- Omisión de análisis de los demás defectos alegados: La Sala de primera
instancia limitó su examen únicamente al defecto fáctico y guardó absoluto silencio
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sobre el defecto sustantivo, la contradicción lógico—jurídica y la violación directa de
la Constitución.
7.10.- Errores materiales que evidencian falta de examen riguroso: El texto del fallo
contiene imprecisiones de fechas (confusión entre el Auto No. 00449 y el Auto No.
00147), citas normativas erróneas (Resolución 494 de 2011 en lugar de 2021) y
errores tipográficos (“IGAG” por IGAC), lo que confirma un análisis descuidado del
expediente.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 19 de junio de 202611 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 16 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
11 Obra Auto en el índice 19 de SAMAI, certificado 62505CE74942E6DD 4085445A0F391C0A
AD4B392148314510 468203B24E47C191, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
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requisitos de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el marco del trámite incidental de desacato
La Corte Constitucional precisó que la procedencia de la acción de tutela contra las
providencias dictadas en el trámite de incidente de desacato se circunscribe a los
siguientes requisitos: (i) que la decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentre ejecutoriada; (ii) que se acrediten los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por
lo menos, la configuración de una de las causales específicas (defectos); y (iii) que
los argumentos del promotor de la acción de tutela sean consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que (a) no debe
traer a colación alegaciones nuevas que dejó de expresar en el incidente de
desacato, y (b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio14.
En definitiva, la tutela contra la providencia que resuelve el incidente de desacato
tiene por objeto determinar si el juez en cuestión tomó una decisión en el marco del
respeto al debido proceso.
El aludido Tribunal Constitucional determinó, también, la procedencia excepcional
del amparo en contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite
constitucional igual; para lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de
la sentencia. Sobre el particular, explicó que, si la actuación atacada es previa al
fallo, consiste en la omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen
los requisitos generales, la tutela será procedente15. Por su parte, si se trata de una
circunstancia posterior y esta tiene relación con el cumplimiento del fallo
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
14 Ver Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018, T-013 de 2022 y T-170 de 2023.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
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constitucional, no procede, salvo que se discuta la vulneración de un derecho
fundamental derivado del incidente de desacato, caso en el que será procedente
siempre que se cumplan los requisitos genéricos16.
5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”17.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla con su carga
argumentativa y justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219, al
pronunciarse sobre el requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2.- Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el Juzgado Décimo Administrativo
16 Ibidem.
17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
18 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
19 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
Oral del Circuito de Ibagué dentro del incidente de desacato de tutela, identificado
con el radicado 73001-33-33-010-2026-00123-00, como si este mecanismo fuera
una instancia adicional, según se explicará.
En el caso concreto, el accionante cuestiona, en esencia, que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi — IGAC no ha dado cumplimiento al fallo de tutela dictado a su
favor, y que la autoridad judicial accionada se ha negado a proferir las sanciones
respectivas con ocasión del incidente de desacato propuesto.
5.3.- Ahora bien, al verificar los argumentos contenidos en el Auto interlocutorio No.
00147 del 28 de mayo de 2026, proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Ibagué, se observa el siguiente análisis textual:
“Así las cosas, en primer lugar, observa el despacho que el Municipio de Ibagué
– Oficina de Catastro Multipropósito no fue vinculado como parte accionada
dentro del trámite constitucional ni fue destinatario de una orden judicial
específica derivada del fallo de tutela; asimismo, se advierte que su
intervención posterior obedeció exclusivamente a requerimientos de carácter
informativo y complementario efectuados por esta judicatura, los cuales
estuvieron dirigidos a esclarecer actuaciones administrativas relacionadas con
los hechos objeto de análisis.
De igual manera, obra dentro del expediente respuesta emitida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, entidad que atendió los requerimientos
formulados dentro del ámbito de sus competencias legales y funcionales,
allegando la información correspondiente, sin que se evidencie conducta
omisiva o renuente que permita estructurar los presupuestos necesarios para
la prosperidad del incidente de desacato.
Al respecto, considera el despacho que el incidente de desacato objeto de
estudio no está llamado a prosperar, en la medida en que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC dio respuesta en debida forma, informando el traslado
de la petición al Municipio competente, en este caso la ciudad Ibagué, a través
de su Oficina de Catastro Multipropósito, actuación que se enmarca dentro de
los límites de sus funciones legales y administrativas, sin que de ello se advierta
incumplimiento alguno de la orden judicial ni conducta renuente que le sea
atribuible.
En ese sentido, la respuesta allegada por el IGAC resulta clara, suficiente y
ajustada a su ámbito de competencia, razón por la cual no es posible predicar
responsabilidad por desacato frente a dicha entidad, al no evidenciarse
omisión, desatención o desconocimiento de los requerimientos efectuados por
este despacho.
Por otro lado, en lo que respecta al Municipio de Ibagué – Oficina de Catastro
Multipropósito, se advierte que resulta improcedente cualquier tipo de sanción
por desacato, toda vez que dicha entidad no fue vinculada como parte dentro
de la acción de tutela ni fue destinataria de orden judicial alguna dentro del fallo
objeto de seguimiento, circunstancia que impide jurídicamente extenderle los
efectos sancionatorios propios de este mecanismo excepcional.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
En consecuencia, al no encontrarse acreditados los presupuestos necesarios
para la configuración del desacato, el espacho dispondrá el cierre del presente
incidente”20.
5.4.- Se advierte que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué negó
el incidente de desacato al estimar que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC había actuado de forma diligente para dar cumplimiento a la orden del 17 de
abril de 2026, emitida mediante sentencia de tutela.
En primer lugar, consideró el Juzgado accionado que el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi no incurrió en omisión ni renuencia, pues consideró que cumplió de manera
clara, suficiente y ajustada a sus competencias al haber trasladado la petición al
Municipio de Ibagué —Oficina de Catastro Multipropósito—, por falta de
competencia actual. En segundo lugar, en lo relativo al Municipio de Ibagué,
concluyó el Despacho que es jurídicamente improcedente imponerle sanciones por
desacato, dado que no fue vinculado originalmente como parte accionada ni fue
destinatario de una orden directa en el fallo de tutela, máxime cuando su
intervención se limitó a requerimientos informativos posteriores.
En otras palabras, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué
consideró satisfecho el derecho fundamental de petición respecto del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al estimar que la remisión de la solicitud
constituía una respuesta válida.
Contrario a lo afirmado por el actor, a pesar de que el Despacho accionado amparó
los derechos fundamentales invocados por la parte solicitante, ello no implicaba que
la respuesta debiera ser favorable a las pretensiones de aquella. Bajo esta línea
argumentativa, la Sala advierte que los argumentos presentados por la Constructora
CHILAPO S.A. se encaminan a volver sobre una controversia ya decidida por el juez
de conocimiento y reflejan una mera inconformidad con las resultas del proceso.
Dicho de otro modo, para esta Subsección resulta claro que la parte accionante
pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el
debate que tuvo lugar en el trámite incidental de tutela, con lo cual el asunto sale de
la competencia del juez constitucional.
20 Índice 38 del expediente no. 73001-33-33-010-2026-00123-00, certificado 19F657E725F140F5
D3E9EF8CFDD301B8 0F1C0FE4A0280AE7 FE446407F7BC42E8.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21; lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
primario22.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y el alcance dados por el juez natural del asunto. La acción de tutela
no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer
la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
5.5.- En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial y procedió a declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, la Sala
confirmará aquel proveído, pero de acuerdo con las consideraciones expuestas
líneas atrás, comoquiera que la solicitud de tutela es improcedente al no cumplir el
requisito de relevancia constitucional.
6.- Asimismo, es de recibo el argumento expuesto por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué en relación con la necesidad de que
la respuesta por parte del Municipio de Ibagué a la solicitud radicada se tramite en
el marco de la acción de tutela que cursa en el Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué identificada con
radicado No. 73001-40-71-002-2026-00115-0023.
7.- Finalmente, es necesario aclarar que, aunque, como se explicó, la acción de
tutela no constituye el mecanismo idóneo para controvertir las decisiones adoptadas
por el juez natural dentro de un incidente de desacato, salvo que se evidencie una
flagrante vulneración de derechos fundamentales, ello no obsta para que el
21 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
23 A folio 3 de la respuesta emitida por el Juzgado accionado, que reposa en el índice 8 de SAMAI, certificado
28782E47A0163B06 F413B4A48C302DA0 D1E128477EF3FE94 01B4C3DFB59CA119, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00211-01
Accionante: Constructora CHILAPO S.A. en liquidación
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué
accionante, de contar con los elementos probatorios correspondientes, promueva
los incidentes de desacato que considere pertinentes para obtener la satisfacción
de tales derechos.
8.- En razón de lo anterior, se confirmará el fallo impugnado, pero con fundamento
en las razones previamente expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 16 de junio de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró la improcedencia de la acción
de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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