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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00218-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00218-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la Procuraduría 78 Judicial Penal II – Ibagué, la Fiscalía General de la Nación - Seccional Tolima y la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO: Revocar la sentencia del 22 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó el amparo por existir cosa juzgada constitucional para, en su lugar, declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por el señor Hernando Torres Gaitán. 5 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006. 6 Consejo de Estado, Sección Quinta, decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024- 02256- 00. 7 Ibidem. 8 Se consultó página de la Corte Constitucional: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consulta-y-tramite-de- procesos/tutela/buscador/expediente23Digitos/2020-01-01/2026-08- 03/73001318700220260004200/-tw_And1%3Dtorres/0 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Hernando Torres Gaitán Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01 TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2026-00218-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00218-01
Demandante: HERNANDO TORRES GAITÁN
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Temas: Temeridad, conductas temerarias como ejercicio abusivo del
derecho

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
22 de junio de 2026 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó
la solicitud de amparo por existir cosa juzgada constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Mediante escrito radicado el 3 de junio de 2026, el señor Hernando Torres Gaitán,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Procuraduría
General de la Nación, el procurador 78 judicial II para Asuntos Penales de Ibagué,
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, las Comisarías
Permanentes de Familia Turnos 2 y 3 de Ibagué, la Fiscalía General de la Nación -
Seccional Tolima y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el
fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, de petición y a la dignidad humana.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión del proveído del 26
de marzo de 2026, por medio del cual la Veeduría de la Procuraduría General de la
Nación se inhibió de iniciar investigación en contra del señor Román Ignacio
Guzmán Lozano, en su condición de procurador 78 Judicial II para el Ministerio
Público en Asuntos Penales de lbagué, porque no encontró omisión funcional
alguna dentro del procedimiento disciplinario con radicado 73001-25-02-001-2025-
00193-01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el tutelante elevó las siguientes pretensiones:

1
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Demandante: Hernando Torres Gaitán
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01

PRIMERO: DECLARAR QUE EL AUTO INHIBITORIO 26/03/2026 Y LAS OMISIONES
DEL DR. ROMÁN IGNACIO GUZMÁN LOZANO VULNERAN MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES.

SEGUNDO: ORDENAR LA NULIDAD INMEDIATA DEL AUTO INHIBITORIO Y EL
INICIO DE INDAGACIÓN PREVIA E INVESTIGACIÓN FORMAL DISCIPLINARIA
CONTRA EL DELEGADO Y DEMÁS RESPONSABLES.

TERCERO: MEDIDA CAUTELAR URGENTE (AR. 7 DECRETO 2591):
PRESERVACIÓN INMEDIATA DE EXPEDIENTE VIRTUAL AUDIO VIDEO 047-2022
Y DISCIPLINARIO, SUSPENSIÓN DE EFECTOS INHIBITORIOS, Y
REQUERIMIENTO A COMISARÍAS, FISCALÍA PARA RECONSTRUCCIÓN O
CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL AUDIOVISUAL 047-2022.

LA LLAMADA VIRTUAL AUDIO VIDEO 047-2022. SE REALIZÓ DE IBAGUÉ-
BOGOTÁ, SIN NINGUNA FALLA TÉCNICA. LUEGO EL VIDEO NO APARECIÓ, EL
VIDEO DEBE EXISTIR EN ALGÚN CELULAR DEL COMISARIO T3, DEL ABOGADO
DEMANDANTE JUAN CARLOS CAPERA ARABA O DE LA QUERELLANTE E.T.G.,
ESTÁ OCULTO O MEDIANTE PERITAJE.

CUARTO: ORDENAR INFORME DETALLADO Y NOTIFICACIÓN DE
ACTUACIONES.

QUINTO: VALORAR EXPRESAMENTE PRUEBA SOBREVINIENTE (ARCHIVO
FISCALÍA) Y APLICAR PRESUNCIÓN DE VERACIDAD FRENTE A SILENCIOS Y
OMISIONES.

SEXTO: DECLARAR EXPRESAMENTE PRUEBA; A LA PRUEBA SOBEVINIETE,
ESTA PRUEBA ALLEGADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2026. QUE ES LA ADMISIÓN
DEL COMISARIO T3 -ADJUNTA- COMO DEMOSTRACIÓN DE QUE TODO EL
SISTEMA INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FUE
ENGAÑADO POR LA EXISTENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL. DANDO UNA CARGA
PROBATORIA TOTALMENTE NUEVA AL CASO.

SÉPTIMO: DECLARAR CON BASE EN LA ANTERIOR PRUEBA. PRUEBA
SOBREVINIENTE (ADMISIÓN DEL COMISARIO T3. 11 DE MAYO DE 2026). QUE EL
ACTO SANCIONATORIO ES NULO PORQUE EL SOPORTE: LA AUDIENCIA NO
EXISTE. QUE CONLLEVA E INCURRE A INDUCCIÓN AL ERROR. EL ESTADO, A
TRAVÉS DE SUS DELEGADOS COMO LA ACTUACIÓN DEL DR. GUZMÁN
LOZANO, HA VALIDADO ACTUACIONES INEXISTENTES SIN SOPORTE
AUDIOVISUAL, Y ESTA VALIDACIÓN SE HA MANTENIDO ÚNICA Y
EXPLÍCITAMENTE DEBIDO A QUE LAS COMISARIAS T2 Y T3 HAN OCULTADO
CONTINUA Y SISTEMÁTICAMENTE LA CARENCIA DE REGISTRO AUDIO VISUAL
047-2022, INDUCIENDO A ERROR NO SOLO A LOS DELEGADOS, AL MINISTERIO
PÚBLICO, SINO TAMBIÉN A USTEDES SEÑORES (AS) JUECES DE TUTELAS Y A
LAS ALTAS CORTES.

COMPULSAR COPIAS A COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
FISCALÍA POR POSIBLES FALTAS PENALES Y DISCIPLINARIAS.

1.3. Hechos

El actor se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes
para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra
del señor David Ricón Hernández, en calidad de Comisario Permanente de Familia
Turno 3 de Ibagué, por presuntas irregularidades que cometió en el trámite del
proceso promovido por la señora Diva Gaitán de Torres en contra de él, como hijo,
por violencia intrafamiliar con radicado 2022-047.

2
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Demandante: Hernando Torres Gaitán
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01

Narró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante
proveído del 23 de julio de 2025, emitido dentro del radicado 73001-11-02-002-
2025-00193-00, decretó la terminación de las diligencias disciplinarias adelantadas
en contra del señor David Rincón Hernández, en condición de Comisario
Permanente de Familia Turno 3, porque sus decisiones estuvieron enmarcadas en
el principio de autonomía funcional1.

Agregó que en esta providencia se mencionó que, por Oficio 1510-044 del 6 de
marzo de 2025, el aludido comisario aportó copia digital del radicado 047-2022, el
cual contenía, entre otros registros: solicitud de medida de protección de la señora
Diva Gaitán de Torres, auto de apertura del procedimiento por violencia de género
e informes de los resultados de visita y entrevistas a la afectada.

Precisó que apeló la anterior decisión y, en consecuencia, la actuación se encuentra
en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en adelante CNDJ).

Expuso que el 9 de febrero de 2026 presentó queja ante la Procuraduría General
de la Nación en contra del señor Román Ignacio Guzmán Lozano, porque, en su
condición de procurador delegado, incurrió en omisiones dentro del aludido
procedimiento disciplinario 73001-11-02-002-2025-00193-00. Enfatizó que tales
infracciones consistieron en: (i) inasistencia injustificada a audiencias clave «(30/04
y 16/07/2025)», (ii) no solicitar ni practicar prueba esencial «expediente audiovisual
047-022» y (iii) dar respuestas evasivas a una petición2.

Refirió que la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, en lugar de abrir
una indagación previa, profirió el auto inhibitorio del 26 de marzo de 2026, en el que
aplicó de manera mecánica el artículo 209 del Código General Disciplinario; y
reprodujo las explicaciones ofrecidas por el señor Guzmán Lozano, relacionadas
con el disfrute de vacaciones, la carga laboral y el rol del ministerio público. Lo
anterior, porque:

[…] a la luz de las anteriores consideraciones, estarían descartados los posibles
escenarios de reproche, dado que no se observa una conducta irregular que amerite
iniciar una pesquisa disciplinaria, por lo que, no habría lugar a enrostrar algún tipo de
falta disciplinaria —por estos hechos—a funcionarios adscritos a la Procuraduría 78
Judicial II Para el Ministerio Publico en Asuntos Penales de lbagué para la fecha de los
hechos.

Contó, como hecho nuevo y conexo, que la Fiscalía General de la Nación emitió
una orden de archivo de la noticia criminal 73001-60-99-093-2026-11879, el 5 de
marzo de 2026, pronunciamiento que confirma la inexistencia del expediente
audiovisual 047-2022.

1 Máxime cuando la jurisdicción disciplinaria no es el escenario para el quejoso pueda lograr la

eliminación de las medidas de protección otorgadas a la señora Diva Gaitán de Torres.
2 En palabras del accionante, el procurador delegado «OMITIÓ SOLICITAR EL EXPEDIENTE

VIRTUAL AUDIO-VIDEO 047-2022 a los Comisarios Turno 2 y 3, retardó la respuesta a mi petición
(violando CPACA), y NO ALERTÓ SOBRE LA INCOMPLETITUD PROBATORIA, reafirmando el
archivo basado únicamente en la narrativa del Comisario Turno 3, sin escrutinio independiente. Su
justificación por "carga laboral y vacaciones" NO EXCUSA la omisión estructural, ya que la
Resolución 372 de 2020 obliga a priorizar vigilancia en procesos con impacto en derechos
fundamentales, sin delegar o informar superior».

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Recalcó que el referido expediente constituía una pieza clave dentro del proceso de
violencia intrafamiliar, por cuanto permitía verificar lo realmente sucedido y constatar
la vulneración de sus derechos fundamentales.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Afirmó que el proveído del 26 de marzo de 2026 calificó su queja como una simple
inconformidad y dejó de analizar los hechos denunciados y el impacto que éstos
tendrían sobre sus derechos fundamentales.

Detalló que las Comisarias Permanentes de Familia Turnos 2 y 3 han ocultado
continua y sistemáticamente «LA CARENCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL 047-
2022, INDUCIENDO A ERROR NO SOLO A LOS DELEGADOS, AL MINISTERIO
PÚBLICO, SINO TAMBIEN A USTEDES SEÑORES JUECES DE TUTELAS […]».

Igualmente, consideró que el procurador delegado Guzmán Lozano debió detectar
y denunciar esa situación en ejercicio de sus funciones como garante de la
legalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 277 de la Constitución
Política y 39 del Código General Disciplinario.

Insistió en que la orden de archivo de la noticia criminal 73001-60-99-093-2026-
11879, pone al descubierto la imposibilidad «DE UBICAR EL EXPEDIENTE
AUDIOVISUAL 047-2022, pieza clave del proceso de violencia intrafamiliar PARA
ESTABLECER LO SUCEDIDO; Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES. ESTO EVIDENCIA IRREGULARIDADES GRAVES EN
POSIBLE OCULTAMIENTO Y ALTERACIÓN. QUE EL PROCURADOR GUZMÁN
LOZADO DEBIÓ DETECTAR Y DENUNCIAR COMO GARANTE DE LEGALIDAD
(ART. 277 CP Y ART 39 FUNCIONES MP EN DISCIPLINARIO».

Adujo que las acciones de tutela promovidas con anterioridad, en especial la que
culminó con la sentencia del 13 de mayo de 20263, no valoraron integralmente la
prueba sobreviniente referenciada ni analizaron los defectos fáctico y sustantivo en
que incurrió el auto inhibitorio cuestionado. Con fundamento en ello, sostuvo que
afronta un perjuicio de carácter continuado e irremediable desde el año 2022.

1.5. Trámite y contestación

Mediante auto del 10 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió
la solicitud de tutela y ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, al
procurador 78 Judicial II para Asuntos Penales de Ibagué, a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Tolima, a las Comisarías Permanentes de Familia Turnos
2 y 3 de Ibagué, a la Fiscalía General de la Nación - Seccional Tolima y a la Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo, se negó la medida provisional solicitada.

3 Emitida dentro del radicado 73001-31-87-002-2026-00042-01, por el Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Ibagué.

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Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima señaló que
carece de legitimación en la causa por pasiva respecto de los hechos objeto de la
presente acción de tutela, razón por la cual solicitó su desvinculación.

Informó que tramitó el proceso disciplinario adelantado en contra del señor David
Rincón Hernández, en su condición de Comisario Permanente de Familia Turno 3,
con ocasión de la queja formulada por el señor Hernando Torres Gaitán 4, radicada
bajo número 73001-25-02-001-2025-00193-01, actuación a la que le impartió el
trámite previsto en la Ley 1123 de 2007 con observancia de garantías
fundamentales y procesales.

Resaltó que, por auto del 19 de mayo de 2026, remitió el expediente a la CNDJ para
que resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 23 de
julio de 2025, que dispuso la terminación anticipada de la actuación en favor del
disciplinable David Rincón Hernández.

Puntualizó que, por Oficios CSDJT-06108 del 3 y 4 de junio de 2026, materializó el
envío del expediente digital al superior y de los nuevos memoriales allegados por el
señor Torres Gaitán.

Evidenció que contestó dos acciones de tutela instauradas por el actor contra la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la CNDJ y otros; identificadas,
en su orden, con los radicados 11001-03-15-000-2026-00848-00 y 1001-02-30-000-
2026-00496-00; y adelantadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

1.5.2. La Procuraduría General de la Nación solicitó denegar el amparo al
considerar que no existió vulneración de derechos fundamentales atribuible a la
entidad. Destacó que el auto inhibitorio del 26 de marzo de 2026 fue proferido
conforme a los presupuestos previstos en el Código General Disciplinario (en
adelante CGD), con observancia del debido proceso y en ejercicio legítimo de la
potestad disciplinaria.

Sostuvo que el veedor de la entidad, mediante dicha actuación, se inhibió de iniciar
acción disciplinaria con fundamento en el artículo 209 del CGD y ordenó comunicar
su decisión al quejoso, en los términos del artículo 129 ibidem, actuación que fue
notificada el 27 de marzo de 2026 al correo electrónico suministrado por éste,
advirtiéndole la improcedencia de recursos.

Explicó que dicha autoridad (i) concluyó que los hechos denunciados carecían de
relevancia disciplinaria, por no evidenciar incumplimiento de deberes,
extralimitación funcional u otra conducta disciplinariamente reprochable, y (ii)
precisó que la inhibición no hacía tránsito a cosa juzgada y que el asunto podría ser
reexaminado en caso de aportarse nuevos y serios elementos de juicio.

4 Por presuntas irregularidades en el trámite del proceso de la señora Diva Gaitán de Torres en

contra del tutelante por violencia intrafamiliar con radicado 2022-047

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Puso de relieve que el señor Hernando Torres Gaitán interpuso una acción de tutela,
el 21 de mayo de 2026, identificada con el radicado 73001-31-87-002-2026-00042-
01, en contra de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación y la
Procuraduría 78 Judicial II para Asuntos Penales de Ibagué, por los mismos hechos
relacionados en este mecanismo.

1.5.3. La Procuradora 78 Judicial Penal II - Ibagué pidió que se declarara probada
la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se dispusiera su
desvinculación del presente trámite constitucional.

Aseguró que tomó posesión del cargo el 20 de enero de 2026, cuando los hechos
relatados en la demanda ya habían ocurrido y las decisiones cuestionadas habían
sido adoptadas. En tal sentido, sostuvo que la sola circunstancia de ejercer
actualmente la titularidad del despacho no implica asumir responsabilidad
constitucional por actuaciones desplegadas por un funcionario distinto, en una
época anterior.

Sostuvo que, en todo caso, carece de competencia legal para modificar, revocar,
anular o dejar sin efectos las decisiones adoptadas por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima, la Fiscalía General de la Nación o las Comisarías de
Familia vinculadas al trámite constitucional.

Indicó que este mecanismo es improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por cuanto el tutelante no acreditó el agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial y administrativa disponibles para
controvertir las actuaciones cuestionadas, ni demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención del juez constitucional como mecanismo
transitorio de protección.

1.5.4. La Fiscalía General de la Nación - Seccional Tolima requirió su
desvinculación, al considerar que no ha vulnerado ni puesto en riesgo derecho
fundamental alguno del actor.

Puso de presente que, el 12 de junio de 2026, el Grupo Jurídico de la Dirección
Seccional Tolima realizó consultas en las herramientas WATSON y SPOA respecto
de la noticia criminal 73001-60-99-093-2026-11879, mencionada en el escrito de
tutela, en las que verificó que el señor Hernando Torres Gaitán figuraba como
denunciante dentro de una investigación por el presunto delito de ocultamiento,
alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Subrayó que dicho asunto apareció, en principio, asignado a la Fiscalía 77 Local -
Unidad de Intervención Temprana GATED Tolima, en estado inactivo por archivo,
en razón a conducta atípica. Luego, al efectuar una nueva consulta en el sistema
SPOA, constató que la referida noticia criminal figura en estado activo y adscrita a
la Fiscalía 49 Seccional - Unidad de Administración Pública Tolima.

Sostuvo que también efectuó consultas a partir del documento de identidad y del
nombre del accionante, en las que identificó diversos registros que hacían referencia
al expediente «047-22» o «047-2022», así:

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Exhibió que, con fundamento en los anteriores resultados, el 12 de junio de 2026
remitió la información a la Fiscalía 77 Local - Unidad de Intervención Temprana
GATED Tolima para que, en el ámbito de sus competencias, se pronunciara
respecto de los hechos expuestos por el accionante en relación con la noticia
criminal 73001-60-99-093-2026-11879.

De igual forma, teniendo en cuenta las vinculaciones efectuadas en este
mecanismo, dio traslado a la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia y a la Fiscalía 33 Delegada ante el Tribunal – Unidad Especializada DECC
Región Cuatro, para que se pronunciaran respecto de las noticias criminales 73001-
60-99-093-2026-12002 y 73001-60-99-093-2026-12768, respectivamente.

1.5.5. La Fiscalía 33 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Ibagué dio cuenta de que adelanta la investigación con radicado 73001-60-99-093-
2026-12768, originada en la denuncia presentada por el señor Hernando Torres
Gaitán, el 20 de febrero de 2026, por el presunto delito de prevaricato por omisión,
atribuida al señor Pablo Emilio Lozano Hernández, en su condición de juez Quinto
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.

Esbozó que, de acuerdo con la denuncia, el aludido funcionario judicial habría
omitido un acto propio de sus funciones consistente en solicitar el expediente virtual
«audio-video 047-2022», circunstancia que habría retardado e impedido la

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valoración de dicho elemento probatorio y vulnerado sus derechos fundamentales.

Exteriorizó que el procedimiento está en etapa de indagación, concretamente en la
ejecución de las órdenes impartidas a la Policía Judicial relacionadas con la
inspección judicial al expediente 047-2022 de la Comisaría de Familia Turno 3 de
Ibagué. Añadió que, una vez se alleguen los informes respectivos, el despacho
continuará con la evaluación del material recaudado para determinar las
actuaciones posteriores y los elementos necesarios para avanzar en las siguientes
etapas.

1.5.6. La Fiscalía 77 Local GATED hizo saber que la noticia criminal 73001-60-99-
093-2026-11879 ya no se encontraba asignada a ese despacho. Precisó que, si
bien es cierto que mediante proveído del 16 de febrero de 2026 dispuso el archivo
de las diligencias por atipicidad de la conducta, también lo es que, con posterioridad,
se generó una controversia jurídica en torno a dicha decisión, suscitada por (i) la
interposición reiterada de acciones constitucionales y recursos por parte del
denunciante y (ii) la emisión de diversos pronunciamientos de primera y segunda
instancia, e incluso de la Corte Suprema de Justicia.

Concretó que la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que señaló que el
denunciante dispone de mecanismos ordinarios para controvertir la orden de
archivo y procurar la reanudación de la investigación penal, máxime cuando existen
varias noticias criminales relacionadas con los mismos hechos, aunque referidas a
diferentes conductas punibles, finalmente consideró procedente acceder a la
reapertura del proceso y disponer el inicio de la etapa de indagación.

Especificó que, lo último, se fundó en la necesidad de contar con un mayor margen
temporal y con mejores herramientas investigativas para profundizar en el estudio
del caso, ya sea para sustentar un eventual archivo o para verificar los
planteamientos formulados por el denunciante. Agregó que, el 12 de junio de 2026,
se activó nuevamente la noticia criminal y se remitió a la Fiscalía 49 Seccional de
Ibagué para que continuara con la investigación y adelantara las actuaciones
pertinentes.

1.5.7. La Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó su
desvinculación del trámite constitucional porque no participó en la actuación
cuestionada por el actor.

Evidenció, en todo caso, que la noticia criminal 73001-60-99-093-2026-12002,
relacionada con la presunta actuación irregular atribuida al Procurador Judicial II
Román Ignacio Guzmán Lozano, se encuentra en curso en la Fiscalía Sexta
Delegada y en etapa de recaudo probatorio. Precisó que, dentro de dicho
procedimiento, se emitió orden a la Policía Judicial 12906608 del 22 de abril de
2026, dirigida a obtener los elementos materiales probatorios y evidencia física con
el objeto de adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Mostró que el actor cuestiona el auto inhibitorio del 26 de marzo de 2026, dentro del
procedimiento disciplinario seguido en contra del mencionado funcionario, decisión
frente a la cual no tuvo participación ni incidencia.

1.5.8. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad del

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Circuito de Ibagué y el Tribunal Superior del Distrito judicial de Ibagué - Sala
Penal allegaron los enlaces del expediente digital con radicado 73001-31-87-002-
2026-00042-00/01.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 22 de junio de 2026,
denegó el amparo por existir cosa juzgada constitucional.

Consideró que al confrontar este mecanismo con el decidido en el radicado 73001-
31-87-002-2026-00042-00–01 se constató que se configuró del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, en tanto se verificó la concurrencia de la triple identidad
[partes, causa y objeto], así como la existencia de un pronunciamiento judicial
previo, en firme, que resolvió de manera definitiva la controversia.

Determinó que, en cuanto a la identidad de partes, se observó que ambas acciones
fueron promovidas por el señor Hernando Torres Gaitán y dirigidas contra la
Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría 78 Judicial II para Asuntos
Penales de Ibagué, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la
Fiscalía General de la Nación y las Comisarías Permanentes de Familia de Ibagué,
Turnos 2 y 3.

Estimó que, respecto de la identidad de causa petendi, se encontró acreditado que
ambas solicitudes de amparo se fundamentaban en los mismos hechos,
relacionados con la decisión de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación
de inhibirse de iniciar investigación disciplinaria contra el entonces procurador 78
Judicial II para Asuntos Penales de Ibagué y con las presuntas irregularidades que,
según el accionante, se presentaron dentro del proceso disciplinario adelantado
contra el señor David Rincón Hernández, en condición de Comisario Permanente
de Familia Turno 3. Del mismo modo, en ambas acciones se invocó como elemento
novedoso la orden de archivo proferida dentro de la noticia criminal No. 73001-60-
99-093-2026-11879.

Estableció que, en relación con la identidad de objeto, se evidenció que las dos
demandas persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales y buscan
obtener, en esencia, que se deje sin efectos el auto inhibitorio del 26 de marzo de
2026, y se disponga la reapertura de las actuaciones que el accionante considera
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Aclaró que, aunque la jurisprudencia ha admitido de manera excepcional la
posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada frente a la acreditación de hechos nuevos
relevantes, en el presente caso no se evidencia la configuración de tales supuestos.

1.7. Impugnación

El tutelante impugnó la providencia de primera instancia y recalcó que los derechos
fundamentales invocados «NO SON COSA JUZGADA como lo acreditan los
magistrados de primera instancia».

Aseguró que en la actuación que cuestiona «NO HA EXISTIDO UNA SOLA
AUDIENCIA REAL NI VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA

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Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01

SOBREVINIENTE QUE DEMUESTRA LA INEXISTENCIA DEL EXPEDIENTE
AUDIOVISUAL 047-2022».

Planteó que, en este caso, existe una prueba sobreviniente decisiva que demuestra
que todo el sistema judicial, incluyendo la supervisión del Ministerio Público, fueron
engañados por la inexistencia del archivo digital 047-2022. Añadió que «ESTA
PRUEBA NO EXISTÍA EN LA TUTELA ANTERIOR Y GENERA UNA CARGA
PROBATORIAL TOTALMENTE NUEVA».

Especificó que el archivo, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la noticia
criminal 73001-60-99-093-2026-11879, confirma la imposibilidad de ubicar el
expediente audiovisual clave.

Sugirió que el Tribunal Administrativo del Tolima (i) omitió la valoración de una
prueba decisiva, (ii) aplicó de forma arbitraria la cosa juzgada, ignorando las
sentencias T-149 de 1995, SU-1219 de 2001, T-707 de 2003 y T-458 de 2003, y
(iii) validó implícitamente las excusas brindadas por el procurador delegado Román
Ignacio Guzmán Lozano dentro del procedimiento disciplinario.

1.8. Trámite en segunda instancia

El 9 de julio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión manifestó su
impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en las causales
previstas en los numerales 1° y 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal.

No obstante, por proveído del 15 de julio de 2026, la magistrada Gloria María Gómez
Montoya lo declaró infundado al no encontrar demostrados los supuestos para su
configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestión previa

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la Procuraduría 78 Judicial
Penal II – Ibagué, la Fiscalía General de la Nación - Seccional Tolima y la Fiscalía
Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidieron que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Estas solicitudes serán denegadas, en esta instancia, por cuanto dichas autoridades
fueron vinculadas como demandadas en este mecanismo, por lo que su
comparecencia resulta necesaria para garantizar su derecho de defensa y
contradicción.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó el amparo por existir
cosa juzgada constitucional.

Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: (i) estudio
de la temeridad y la cosa juzgada en el caso concreto y, de no encontrarse la
configuración de tales figuras jurídicas, se abordará (ii) el fondo del reclamo.

2.4. La configuración de la temeridad

El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en el
artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco jurisprudencial
que regula la materia, para lo cual dispuso lo siguiente:

Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su posible
configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los siguientes: 1. Que se
presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas
de manera simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las
mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud. 2. Que el caso no
sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una
actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la
jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser
diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud.

De esta manera, el alto tribunal fue claro en señalar que el juez constitucional
deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la
misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se
dirija contra el mismo demandado.

• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela
se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción
de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos
fundamentales.

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Superado este estudio y de encontrarse acreditada la triple identidad, el fallador de
la acción deberá verificar si el actuar del demandante resultó contrario a la buena
fe, caso en el cual deberá declarar la temeridad del mecanismo constitucional e
imponer las sanciones a las que hubiere lugar.

2.5. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional

La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el juez
constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha corporación decide sobre
su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable y vinculante. En
este sentido, si la corte decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada
constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia corte y, en los casos
en los que no se selecciona el asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la
ejecutoria del auto en que se decide la no selección.

Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda ejecutoriada
desde el punto de vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera
un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya que eso desconocería el
principio de seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, la jurisdicción
constitucional no está autorizada para estudiar de fondo tutelas sobre las cuales
pesa ya la cosa juzgada constitucional.

De acuerdo con la particularidad del caso en concreto, la tutela deberá declararse
temeraria, en la medida en que en tales eventos la acción pierde su carácter de
instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales, para dar
lugar a un mecanismo que puede socavar los mínimos de seguridad exigidos a un
ordenamiento.

2.6. Caso concreto

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Hernando Torres Gaitán presentó acción
de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, el procurador 78 judicial II
para Asuntos Penales de Ibagué, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima, las Comisarías Permanentes de Familia Turnos 2 y 3 de Ibagué, la Fiscalía
General de la Nación - Seccional Tolima y la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de petición y a la dignidad
humana.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del auto del 26 de marzo de 2026,
por medio del cual la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación se inhibió
de iniciar investigación en contra del señor Román Ignacio Guzmán Lozano, en su
condición de Procurador 78 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales
de lbagué, porque no encontró omisión funcional alguna dentro del procedimiento
disciplinario con radicado 73001-25-02-001-2025-00193-01.

Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación y el a quo evidenciaron que el
accionante promovió otra acción de tutela que gira en torno a los mismos hechos
expuestos en esta ocasión. En consecuencia, lo primero que resulta necesario
verificar es si el accionante actuó de forma temeraria, para lo cual se compararán
los dos mecanismos, así:

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Demandante: Hernando Torres Gaitán
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01

Identificación Identificación
Tutela: Tutela:
73001-31-87-002-2026-00042-00/01 73001-23-33-000-2026-00218-01
(Sub judice)
Tramitada por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Trámite objeto de pronunciamiento en esta
seguridad del Circuito Judicial de Ibagué y providencia.
el Tribunal Superior del Distrito judicial de
Ibagué - Sala Penal.

Decisiones del: (i) 15 de abril de 2026, que
declaró la improcedencia de la acción de
tutela; y (ii) 13 de mayo de 2026 que
confirmó la decisión del a quo.

Identidad de partes Identidad de partes

Actor: Hernando Torres Gaitán Actor: Hernando Torres Gaitán

Demandados: Procuraduría General de la Demandados: Procuraduría General de la
Nación, Procuraduría 78 Judicial II para Nación, Procuraduría 78 Judicial II para
Asuntos Penales de Ibagué, Comisión Asuntos Penales de Ibagué, Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, Seccional de Disciplina Judicial del Tolima,
Fiscalía General de la Nación y Comisarías Fiscalía General de la Nación y Comisarías
Permanentes de Familia de Ibagué, Turnos Permanentes de Familia de Ibagué, Turnos
2y3 2y3

Identidad de objeto Identidad de objeto
La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretendió el amparo
de los derechos fundamentales de petición, de los derechos fundamentales al debido
al debido proceso, de acceso a la proceso, de acceso a la administración de
administración de justicia y a la dignidad justicia, de petición y a la dignidad humana.
humana.

Las pretensiones solicitadas fueron: Las pretensiones solicitadas fueron:

«PRIMERO: DECLARAR QUE EL AUTO «PRIMERO: DECLARAR QUE EL AUTO
INHIBITORIO DEL 26 DE MARZO DE INHIBITORIO 26/03/2026 Y LAS
2026 VULNERA LOS DERECHOS OMISIONES DEL DR. ROMÁN IGNACIO
FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE GUZMÁN LOZANO VULNERAN MIS
AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA DERECHOS FUNDAMENTALES.
JUSTICIA, PETICIÓN Y DIGNIDAD
HUMANA. SEGUNDO: ORDENAR LA NULIDAD
INMEDIATA DEL AUTO INHIBITORIO Y
SEGUNDO: ORDENAR A LA EL INICIO DE INDAGACIÓN PREVIA E
PROCURADURÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL
NACIÓN – VEEDURÍA LA INMEDIATA DISCIPLINARIA CONTRA EL DELEGADO
NULIDAD DEL REFERIDO AUTO Y DEMÁS RESPONSABLES.
INHIBITORIO Y EL INICIO DE
INDAGACIÓN PREVIA E TERCERO: MEDIDA CAUTELAR
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA URGENTE (AR. 7 DECRETO 2591):
CONTRA EL PROCURADOR JUDICIAL II PRESERVACIÓN INMEDIATA DE
ROMÁN IGNACIO GUZMÁN LOZANO EXPEDIENTE VIRTUAL AUDIO VIDEO
POR LAS OMISIONES DENUNCIADAS. 047-2022 Y DISCIPLINARIO,
SUSPENSIÓN DE EFECTOS
TERCERO: ORDENAR COMO MEDIDA INHIBITORIOS, Y REQUERIMIENTO A
CAUTELAR LA PRESERVACIÓN COMISARÍAS, FISCALÍA PARA
INMEDIATA DEL EXPEDIENTE RECONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN
DISCIPLINARIO 73001-11-02-002-2025- DEL REGISTRO VIRTUAL AUDIOVISUAL
00193-00 Y DEL AUDIOVISUAL 047-2022, 047-2022.
ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE […]

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CUALQUIER EFECTO INHIBITORIO
HASTA QUE SE RESUELVA DE FONDO. CUARTO: ORDENAR INFORME
DETALLADO Y NOTIFICACIÓN DE
CUARTO: ORDENAR AL ACCIONADO ACTUACIONES.
REMITIR INFORME DETALLADO EN EL
TÉRMINO Y NOTIFICAR LA SENTENCIA QUINTO: VALORAR EXPRESAMENTE
A LAS PARTES. PRUEBA SOBREVINIENTE (ARCHIVO
FISCALÍA) Y APLICAR PRESUNCIÓN DE
QUINTO: HONORABLE JUEZ(A) DE VERACIDAD FRENTE A SILENCIOS Y
TUTELA; POR FAVOR TENER EN OMISIONES.
CUENTA, VALORAR Y CONSIDERAR
EXPRESAMENTE COMO PRUEBA SEXTO: DECLARAR EXPRESAMENTE
SOBREVINIENTE LA ORDEN DE PRUEBA; A LA PRUEBA SOBEVINIETE,
ARCHIVO PROFERIDA POR LA ESTA PRUEBA ALLEGADA EL DÍA 11 DE
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – MAYO DE 2026. QUE ES LA ADMISIÓN
SECCIONAL TOLIMA, DE FECHA 5 DE DEL COMISARIO T3 -ADJUNTA- COMO
MARZO DE 2026, RADICADO NÚMERO DEMOSTRACIÓN DE QUE TODO EL
ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL SISTEMA INCLUYENDO LA
730016099093202611879, LA CUAL SE SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO
ANEXA A LA PRESENTE ACCIÓN DE PÚBLICO FUE ENGAÑADO POR LA
TUTELA COMO PRUEBA […]» EXISTENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL.
DANDO UNA CARGA PROBATORIA
TOTALMENTE NUEVA AL CASO.

SÉPTIMO: DECLARAR CON BASE EN LA
ANTERIOR PRUEBA. PRUEBA
SOBREVINIENTE (ADMISIÓN DEL
COMISARIO T3. 11 DE MAYO DE 2026).
QUE EL ACTO SANCIONATORIO ES
NULO PORQUE EL SOPORTE: LA
AUDIENCIA NO EXISTE. QUE
CONLLEVA E INCURRE A INDUCCIÓN
AL ERROR. EL ESTADO, A TRAVÉS DE
SUS DELEGADOS COMO LA
ACTUACIÓN DEL DR. GUZMÁN
LOZANO, HA VALIDADO ACTUACIONES
INEXISTENTES SIN SOPORTE
AUDIOVISUAL, Y ESTA VALIDACIÓN SE
HA MANTENIDO ÚNICA Y
EXPLÍCITAMENTE DEBIDO A QUE LAS
COMISARIAS T2 Y T3 HAN OCULTADO
CONTINUA Y SISTEMÁTICAMENTE LA
CARENCIA DE REGISTRO AUDIO
VISUAL 047-2022, INDUCIENDO A
ERROR NO SOLO A LOS DELEGADOS,
AL MINISTERIO PÚBLICO, SINO
TAMBIÉN A USTEDES SEÑORES (AS)
JUECES DE TUTELAS Y A LAS ALTAS
CORTES.

COMPULSAR COPIAS A COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
FISCALÍA POR POSIBLES FALTAS
PENALES Y DISCIPLINARIAS […]»

Causa petendi Causa petendi
El accionante refirió que presentó queja El accionante indicó que presentó queja en
disciplinaria contra el doctor Román contra del señor Román Ignacio Guzmán
Ignacio Guzmán Lozano, en su calidad de Lozano, porque, en su condición de
procurador 78 Judicial II, por presuntas procurador delegado, incurrió en omisiones
omisiones dentro del proceso disciplinario dentro del procedimiento disciplinario
con radicado 73001-11-02-002-2025- aludido 73001-11-02-002-2025-00193-00.

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00193-00 adelantado ante la Comisión Enfatizó que tales infracciones consistieron
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. en: (i) inasistencia injustificada a
audiencias clave «(30/04 y 16/07/2025)»;
Señaló que dichas omisiones consistieron, (ii) no solicitar ni practicar prueba esencial
entre otras, en la inasistencia a audiencias, «expediente audiovisual 047-022»; y (iii)
la falta de solicitud y práctica de pruebas, dar respuestas evasivas a una petición.
así como la emisión de una respuesta que
consideró insuficiente frente a un derecho Refirió que la Veeduría de la Procuraduría
de petición previamente interpuesto. General de la Nación, en lugar de abrir una
indagación previa, profirió el auto inhibitorio
Manifestó que, con ocasión de la queja del 26 de marzo de 2026, en el que aplicó
presentada, la Veeduría de la de manera mecánica el artículo 209 del
Procuraduría General de la Nación Código General Disciplinario; y reprodujo
profirió auto inhibitorio del 26 de marzo de las explicaciones ofrecidas por el señor
2026, dentro del radicado IUS E-2026- Guzmán Lozano, relacionadas con el
065335 / IUC D-2025-4261247, disfrute de vacaciones, la carga laboral y el
absteniéndose de iniciar actuación rol del ministerio público.
disciplinaria, decisión frente a la cual
expresó su inconformidad. Contó, como hecho nuevo y conexo, que la
Fiscalía General de la Nación emitió una
Agregó que tuvo conocimiento de una orden de archivo de la notifica criminal
orden de archivo emitida por la Fiscalía 73001-60-99-093-2026-11879, el 5 de
General de la Nación dentro de una marzo de 2026, actuación que confirma la
noticia criminal relacionada con los mismos inexistencia del expediente audiovisual
hechos, lo cual, en su criterio, evidenciaría 047-2022.
irregularidades en el manejo del
expediente audiovisual 047-2022.

Como se advierte del análisis realizado, el actor ya había presentado una acción de
tutela en la que, como se hace ahora, (i) demandó las mismas autoridades, (ii)
solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, de petición y a la dignidad humana frente al auto
inhibitorio del 26 de marzo de 2026 de la Veeduría de la Procuraduría General de la
Nación, (iii) pretendió que se deje sin efecto ese pronunciamiento para que se
investiguen de fondo las omisiones que denuncia, y se preserve el expediente
disciplinario 73001-11-02-002-2025-00193-00 y el audiovisual 047-2022, y (iv)
evidenció que la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de archivo de la
notifica criminal 73001-60-99-093-2026-11879, el 5 de marzo de 2026, actuación
que confirma la inexistencia del expediente audiovisual 047-2022 y sirve de prueba
sobreviniente para sustentar sus afirmaciones.

Por lo anterior, se evidencia que el señor Torres Gaitán ejerció de manera
inapropiada y desmedida este mecanismo constitucional al intentar conseguir que
esta jurisdicción vuelva a estudiar la controversia que ya fue resuelta.

También, se vislumbra la mala fe del accionante, pues a pesar de tener
conocimiento de que la controversia ya fue decidida por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de seguridad del Circuito Judicial de Ibagué y el
Tribunal Superior del Distrito judicial de Ibagué - Sala Penal, insiste en presentarla
de nuevo, reprochando la misma decisión de la Veeduría de la Procuraduría General
de la Nación.

De lo anterior, se colige que la intención del tutelante era precisamente que la
discusión planteada fuera abordada nuevamente por la jurisdicción contenciosa, lo
que desvirtúa su buena fe y, por el contrario, denota que su propósito era «obtener

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la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de
una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable»5.

En ese sentido, la sala reitera lo expuesto en una acción de amparo6 de lo sostenido
por la Corte Constitucional: la temeridad «es un reproche de carácter subjetivo, que
sanciona a aquellas personas que radican la segunda tutela con la intención
deliberada de provocar una nueva decisión sobre lo ya resuelto» y con esta
declaratoria se busca «sancionar el uso irracional y desmedido del recurso de
amparo que (…) desconoce el deber de las personas de actuar de buena fe y con
moralidad en el desarrollo de las actuaciones judiciales».

Cabe anotar que en el asunto bajo estudio no se evidencia, y tampoco se manifestó
por el actor, la presencia de alguna circunstancia que justifique el ejercicio
simultáneo de la misma petición de amparo como, por ejemplo, (i) la ignorancia; (ii)
el asesoramiento desacertado por un profesional del derecho o (iii) el estado de
indefensión7. Por lo tanto, se revocará la decisión del a quo para declarar la
temeridad.

Finalmente, cabe precisar que, como la Corte Constitucional aún no ha
seleccionado la acción de tutela con radicado 73001-31-87-002-2026-00042-00/01
para su eventual revisión, no ha operado la cosa juzgada constitucional desde el
punto de vista formal y material8, situación que refuerza la necesidad de revocar lo
decidido en primera instancia para en su lugar declarar la temeridad en la solicitud
de amparo de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de declarar probada la falta de legitimación en
la causa por pasiva presentadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Tolima, la Procuraduría 78 Judicial Penal II – Ibagué, la Fiscalía General de la
Nación - Seccional Tolima y la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia.

SEGUNDO: Revocar la sentencia del 22 de junio de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Tolima denegó el amparo por existir cosa juzgada
constitucional para, en su lugar, declarar la temeridad en la acción de tutela
presentada por el señor Hernando Torres Gaitán.

5 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024-

02256- 00.
7 Ibidem.

8
Se consultó página de la Corte Constitucional:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consulta-y-tramite-de-
procesos/tutela/buscador/expediente23Digitos/2020-01-01/2026-08-
03/73001318700220260004200/-tw_And1%3Dtorres/0

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Demandante: Hernando Torres Gaitán
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00218-01

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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