Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00223-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de agosto de 2026
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
Accionados: Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra actuación de autoridad administrativa. Derecho al descanso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 23 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Edgar Mauricio Castañeda Piñeros, en nombre propio1, promovió acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al descanso, a las
vacaciones, a la desconexión laboral, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
igualdad, al debido proceso administrativo y de acceso efectivo a la administración de
justicia2, que consideró vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Ibagué, ante la negativa de reconocimiento de 2 días adicionales de
vacaciones por los turnos de disponibilidad prestados durante la Semana Santa de
2026 y limitar el nombramiento de su reemplazo al período inicialmente autorizado.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
1
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 05F6CD97FC5CA5DD
32A4DF2876CEFC71 17F2CEC56C412BC8 A39BFD4C3523F9B5.
2
Ibid.
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
2.1. El accionante manifestó que se desempeña en propiedad como oficial mayor del
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Ibagué y que el 9 de mayo de 2026 consolidó su derecho al disfrute de
las vacaciones correspondientes al período comprendido entre el 10 de mayo de 2025
y el 9 de mayo de 2026.
2.2. Señaló que solicitó el reconocimiento de 22 días de vacaciones ordinarias, así
como la adición de 2 días hábiles continuos, debido a haber permanecido en
disponibilidad obligatoria y al servicio de la Rama Judicial durante los días 30 y 31 de
marzo de 2026, correspondientes a la Semana Santa.
2.3. Explicó que durante dichas fechas estuvo sujeto al teléfono institucional del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con restricción para
abandonar la ciudad y bajo subordinación funcional, por lo que, a su juicio, no disfrutó
efectivamente del receso judicial de Semana Santa. En consecuencia, consideró que
los dos días laborados debían adicionarse de manera continua a su período de
vacaciones, y no ser sustituidos por descansos compensatorios aislados.
2.4. Indicó que, mediante la Resolución No. 006 del 5 de mayo de 2026, el Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Ibagué le concedió 22 días de
vacaciones, comprendidos entre el 9 y el 30 de junio de 2026, y negó la adición de los
2 días solicitados, con fundamento en las directrices contenidas en el Acuerdo
CSJTOA26-36 del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.
2.5. Refirió que, posteriormente, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué expidió la Certificación DESAJIBCER26-225 y el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 24826 del 12 de mayo de 2026, mediante las cuales
limitó los recursos destinados al nombramiento de su reemplazo al período
comprendido entre el 9 y el 30 de junio de 2026, correspondiente únicamente a 22 días
de vacaciones.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones la parte actora solicitó:
“PRIMERA: AMPARAR de forma definitiva mis derechos fundamentales al
descanso necesario (Art. 53 C.P.), vacaciones individuales e indivisibles (Decreto
Ley 1660 de 1978), desconexión laboral efectiva (Ley 2191 de 2022), igualdad
material (Art. 13 C.P.), favorabilidad laboral, y debido proceso administrativo.
SEGUNDA: APLICAR la excepción de inconstitucionalidad (ART. 4º C.P. Y
SENTENCIA SU109/22) para mi caso concreto y, en consecuencia, declarar
inaplicables e ineficaces de pleno derecho los efectos restrictivos, regresivos y
prohibitivos del acuerdo CSJTOA26-36 expedido por el consejo seccional de la
Judicatura del Tolima y de la circular DESAJIBC25-108 de la dirección seccional,
única y exclusivamente en cuanto pretenden sustituir la interrupción y suspensión
de mi descanso por simples "descansos compensatorios" fragmentados por las
jornadas de disponibilidad hábil ordinaria y voluntaria que ejecuté los días lunes 30
y martes 31 de marzo de la semana santa de 2026.
2
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Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
TERCERA: ORDENAR al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Ibagué que, en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, proceda a
REFORMAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. 006 DEL 5 DE
MAYO DE 2026, en el sentido de ADICIONAR Y ACUMULAR DOS (02) DÍAS
HÁBILES CONTINUOS DE VACACIONES REMUNERADAS a mi periodo
vacacional ordinario, reconociendo mi derecho subjetivo a gozar de un descanso
ininterrumpido de veinticuatro (24) días hábiles continuos, desatando el nudo
administrativo que mantenía maniatada a la autoridad nominadora.
CUARTA: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué (DESAJ) que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la expedición del acto administrativo de reforma
ordenado en la pretensión anterior, proceda a MODIFICAR, ACTUALIZAR Y
AMPLIAR EL OBJETO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL (CDP) No. 24826 del 12 de mayo de 2026 en la plataforma SIIF
Nación, garantizando que la cobertura financiera para el rubro de mi reemplazo
temporal como Oficial Mayor ampare la totalidad de los veinticuatro (24) días
hábiles continuos de mi descanso consolidado, absteniéndose de congelar los
recursos en 22 días.
QUINTA: ORDENAR a las entidades accionadas (DESAJ Tolima y Consejo
Seccional) respetar de forma estricta e inalterable mi fecha de salida programada
para este nueve (09) de junio de dos mil veintiséis (2026) de conformidad con los
planes consolidados con mi núcleo familiar, autorizando mi cese total de funciones
y desconexión laboral absoluta desde dicha fecha y hasta el dos (02) de julio de
dos mil veintiséis (2026) inclusive (1.1), garantizando que el Oficial Mayor no sea
compelido a interrumpir de forma intempestiva su ventana de recuperación
biológica el 1º de julio.
SEXTA: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
y al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima que, en cumplimiento de los
mandatos estructurales fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-112
de 2024, se abstengan a futuro de emitir circulares, directrices o certificaciones
administrativas (como la Certificación DESAJIBCER26-225) que alteren
fácticamente las solicitudes de vacaciones del personal de carrera o pretendan
recortar presupuestalmente los CDP en el SIIF Nación argumentando techos de
nómina por encima de la ley de la República y los precedentes unificados de las
Altas Cortes”3.
El accionante solicitó, como medida provisional, que se ordenara al juez segundo
penal municipal para adolescentes de Ibagué inaplicar, por excepción de
inconstitucionalidad, el Acuerdo CSJTOA26-36 y la Circular DESAJIBC25-108, y
reformar la Resolución No. 006 del 5 de mayo de 2026, con el fin de reconocer los 2
días hábiles laborados durante la Semana Santa como vacaciones adicionales,
continuas e indivisibles. Asimismo, pidió ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué modificar y ampliar el CDP No. 24826 del 12 de
mayo de 2026, para extender de 22 a 24 días hábiles continuos la cobertura
presupuestal destinada a su reemplazo temporal.
3
Ibid.
3
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Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
Como argumento de sus pretensiones la parte actora puso de presente que las
actuaciones del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial desconocen el precedente del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional sobre la protección del derecho al descanso y a
la desconexión laboral, al supeditar el disfrute integral de las vacaciones a criterios
presupuestales y administrativos.
Sostuvo que las circulares y actos administrativos expedidos por las autoridades
accionadas restringen injustificadamente el régimen especial de vacaciones aplicable
a quienes deben garantizar la continuidad del servicio judicial durante la vacancia de
Semana Santa, con lo cual se afectan sus derechos fundamentales al descanso
cualitativo, a la desconexión laboral, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
igualdad, al debido proceso administrativo y al acceso efectivo a la administración de
justicia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 11 de junio de 2026 4, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Tolima admitió la acción de tutela, requirió a las autoridades
accionadas para que presentaran sus respectivos informes y ordenó notificar a los
sujetos procesales.
4.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima5 se opuso a las pretensiones
de amparo y solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva y ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Señaló que, conforme al artículo 101 de la Ley 270 de
1996, dentro de sus competencias no se encuentra el reconocimiento de prestaciones
sociales, la modificación de períodos de vacaciones ni la resolución de controversias
relacionadas con derechos prestacionales individuales, asuntos que corresponden a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué. Precisó que su
intervención se circunscribe a la organización de los turnos de disponibilidad
necesarios para garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia.
Explicó que los Acuerdos No. CSJTOA26-28 del 11 de marzo de 2026 y CSJTOA26-
36 del 26 de marzo de 2026 fueron expedidos en ejercicio de sus competencias, con el
propósito de garantizar la prestación del servicio judicial durante la Semana Santa, y
establecieron que el tiempo laborado durante los turnos de disponibilidad sería objeto
de compensación y no se imputaría al período de vacaciones. Agregó que dichos
actos administrativos se encuentran amparados por la presunción de legalidad, por lo
que su cuestionamiento debe plantearse a través de los medios de control previstos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no
mediante la acción de tutela.
4
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado A25A8F25B6AA9E57 5504772184BD41A6
CE2CAB08EF8B5EE9 E2B5DBB027E0FAD5.
5
Índice 00007 del expediente digital de primera instancia, certificado 908471F966CE32F0 778DF31E28E4C45D
01C4ACCEA5005DEF 2DA6133A2DEAB52A.
4
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
Finalmente, manifestó que atendió de fondo las peticiones formuladas por el
accionante y las remitió por competencia a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué. Por ello, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al
considerar que la situación planteada debe ser definida exclusivamente por dicha
entidad.
4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué 6
manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante y que su actuación se ha desarrollado dentro del marco de sus
competencias legales y reglamentarias, conforme a las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En relación con el régimen de vacaciones, sostuvo que los servidores de la Rama
Judicial tienen derecho a veintidós (22) días continuos de vacaciones, mientras que
los compensatorios constituyen una figura independiente destinada a retribuir el
servicio prestado en jornadas especiales o durante la vacancia judicial. Por ello,
consideró que estos no sustituyen ni afectan las vacaciones y que la inconformidad del
accionante corresponde a una discrepancia frente a la interpretación del régimen
aplicable, mas no a una vulneración de derechos fundamentales.
Respecto de la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad al Acuerdo
CSJTOA26-36 y a la Circular DESAJIBC25-108, señaló que no existe una
contradicción manifiesta e insalvable con la Constitución. Explicó que el
reconocimiento excepcional de 25 días de vacaciones previsto en los artículos 107 y
108 del Decreto 1660 de 1978 está reservado para los supuestos allí establecidos,
mientras que el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de
2024, mantiene el período general de 22 días continuos. En consecuencia, la
prestación del servicio durante Semana Santa no genera, por sí sola, el derecho a 25
días de vacaciones.
Frente a la solicitud de garantizar el disfrute de las vacaciones entre el 9 de junio y el 2
de julio de 2026, afirmó que no existe vulneración ni amenaza cierta, pues no ha
modificado ni desconocido las fechas reconocidas al accionante.
Finalmente, respecto de las órdenes solicitadas hacia el futuro, indicó que las
circulares, certificaciones y demás actuaciones expedidas por la Dirección tienen por
finalidad aplicar el régimen vigente y no restringir derechos. Añadió que la tutela no es
el mecanismo idóneo para impartir órdenes generales y abstractas sobre actuaciones
administrativas futuras e indeterminadas.
En consecuencia, solicitó mantener la aplicación del régimen de veintidós (22) días de
vacaciones y reconocer, cuando corresponda, los compensatorios derivados de la
prestación del servicio en jornadas especiales, sin que haya lugar a reconocer
6
Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado ECD5EE12C0FB29A9 773670AEE96D0CE2
2650D17F51D5391C F029A8F8922838BC.
5
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
veinticinco (25) días de vacaciones ni tres (3) días adicionales por anualidades
anteriores.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de junio de 2026 7 el Tribunal Administrativo del Tolima
negó la desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y denegó las
pretensiones de amparo en la medida en que no se acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, el a quo constitucional concluyó
que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Ibagué y el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué se encontraban
legitimados, en atención a las funciones asignadas a las dos primeras entidades por la
Ley 270 de 1996 y a que la controversia estaba relacionada con el disfrute de las
vacaciones del accionante. Por esta razón, negó la solicitud de desvinculación
formulada por el Consejo Seccional.
Respecto del derecho al descanso y a las vacaciones, la Sala recordó que el artículo
53 de la Constitución reconoce el descanso remunerado como un principio mínimo
fundamental del trabajo y que la jurisprudencia constitucional ha considerado las
vacaciones como un derecho destinado a permitir la recuperación física e intelectual
del trabajador. Asimismo, destacó que el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 establece,
para los empleados judiciales sometidos a vacaciones individuales, un período de
veintidós (22) días continuos por cada año de servicio.
La Sala también acudió al precedente del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 5 de
mayo de 20228, según el cual el descanso constituye un derecho fundamental que
puede ser protegido mediante la acción de tutela cuando resulte vulnerado, sin que
puedan imponerse trabas administrativas que afecten su núcleo esencial. En ese
precedente se resaltó, además, que corresponde al empleador o nominador otorgar
las vacaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar tanto su disfrute
como la continuidad del servicio.
Sin embargo, al abordar el caso concreto, el tribunal consideró determinante el
contenido del Acuerdo CSJTOA26-36 del 26 de marzo de 2026. Señaló que dicho acto
reguló los turnos de disponibilidad durante la vacancia judicial de Semana Santa y
estableció que los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026 correspondían a turnos
de disponibilidad en horario hábil para los jueces penales municipales para
adolescentes con función de control de garantías de Ibagué, con el propósito de
garantizar la continuidad del servicio de justicia. Por tanto, esos días fueron
considerados jornadas de servicio activo y no períodos de descanso o vacancia.
7
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado C1BE385D7E34D2C3 C8E76C792D62DEBF
5FCD47BE2A27CD61 80BA165E7494D06E.
8
Identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2022-00072- 01
6
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
A partir de ello, concluyó que los días 30 y 31 de marzo no podían adicionarse al
período de vacaciones individuales, pues fueron objeto de una designación de turno
de disponibilidad de obligatorio cumplimiento. Además, destacó que el artículo 3.º del
mismo Acuerdo estableció expresamente que quienes prestaran dichos turnos
tendrían derecho a un descanso compensatorio, cuya autorización debía solicitarse
ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima dentro de los treinta (30) días
siguientes a la prestación del servicio. En consecuencia, para la Sala, el ordenamiento
interno ya había previsto un mecanismo específico para reconocer el servicio
prestado, distinto de la acumulación de esos días al período de vacaciones.
Así, el tribunal consideró que la pretensión de adicionar los dos días a las vacaciones
carecía de sustento fáctico y normativo, puesto que estos correspondían a jornadas de
servicio activo legalmente asignadas y respecto de las cuales existía un mecanismo
de compensación expresamente previsto. Además, señaló que el accionante no
acreditó haber solicitado el descanso compensatorio dentro del término establecido.
En conclusión, la Sala determinó que no estaba demostrada la vulneración de derecho
fundamental alguno, pues el Acuerdo CSJTOA26-36 gozaba de presunción de
legalidad y había establecido el descanso compensatorio como mecanismo de
reconocimiento del servicio prestado durante los turnos de Semana Santa. Al no
acreditarse el agotamiento de dicho mecanismo ni una actuación u omisión arbitraria
de las entidades accionadas, denegó la solicitud de amparo.
6. Impugnación9
Inconforme con la decisión, el accionante la impugnó y solicitó su revocatoria, para
que, en su lugar, se concediera el amparo de sus derechos fundamentales al
descanso, a las vacaciones, a la desconexión laboral, a la igualdad, a la confianza
legítima y al debido proceso administrativo.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defectos sustantivo y
fáctico e incongruencia omisiva, al avalar la aplicación del Acuerdo CSJTOA26-36 y de
la Circular DESAJIBC25-108, mediante los cuales se habría modificado el régimen
que, según afirmó, históricamente permitía a los servidores judiciales que laboraban
durante la Semana Santa disfrutar posteriormente de un período vacacional
extendido. En su criterio, los artículos 107 y 108 del Decreto Ley 1660 de 1978
amparan también a los juzgados para adolescentes, por ser estos la evolución de los
antiguos juzgados penales y promiscuos de menores expresamente contemplados en
dicha normativa.
Afirmó que la primera instancia confundió la denominación formal de los días 30 y 31
de marzo de 2026 como jornadas de servicio activo con su realidad material, pues
durante esas fechas estuvo sometido a disponibilidad obligatoria, por lo que, a su
juicio, se produjo una interrupción de la vacancia judicial que no podía ser
9
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 987A91734D80CC24 F291294BE5C2F8B1
CC563B3ED4243575 5F7BECF016ABA2F1.
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
compensada mediante días de descanso fragmentados. En esa medida, cuestionó
que el Tribunal hubiera considerado que debía solicitar previamente los
compensatorios, pues precisamente su pretensión constitucional estaba dirigida a
controvertir la idoneidad de ese mecanismo para reparar la afectación del derecho al
descanso.
Asimismo, alegó que el fallo omitió valorar elementos probatorios relevantes,
particularmente el Decreto No 209 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual, según
indicó, la Presidencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado reconoció
veinticinco (25) días de vacaciones a una servidora cuyo período coincidió con la
Semana Santa. También sostuvo que se desconocieron precedentes de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre la protección del descanso, la
desconexión laboral y la improcedencia de supeditar el disfrute de las vacaciones a
restricciones presupuestales.
De igual manera, insistió en que la modificación del régimen vacacional desconoció los
principios de progresividad, no regresividad, igualdad y confianza legítima, pues,
según afirmó, durante más de dos décadas se había reconocido el descanso
extendido a quienes prestaban sus servicios durante la Semana Santa. Agregó que la
reducción de la financiación de su reemplazo provisional, reflejada en el CDP No.
24826, evidenciaba una finalidad presupuestal que no había sido debidamente
justificada por las autoridades accionadas.
Finalmente, señaló que la tutela continuaba siendo procedente pese a que el período
vacacional ya había transcurrido, pues, en su criterio, la vulneración seguía
produciendo efectos y los descansos compensatorios ofrecidos no constituían una
reparación efectiva. Por ello, solicitó que se ordenara al Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué reformar
la Resolución No. 006 del 5 de mayo de 2026, para adicionar 2 días hábiles continuos
de vacaciones correspondientes a los turnos cumplidos el 30 y 31 de marzo de 2026, y
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué modificar el
CDP No. 24826 para garantizar la financiación del respectivo reemplazo.
Mediante auto del 6 de julio de 202610, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Tolima concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
10
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 080D337FD24A5D0C 32687D451500CC10
030B89191C9BB86E 4C5404AA01935690.
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó
las pretensiones de amparo al no encontrarse acreditada la vulneración de derecho
fundamental alguno.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se configuró la carencia
actual de objeto por daño consumado, por la presunta vulneración de los derechos
invocados por el accionante.
3. Carencia actual de objeto
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se creó como un
procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, frente a violaciones o amenazas de las autoridades públicas o de
particulares. En este sentido, el juez de tutela debe dictar órdenes de cumplimiento
inmediato para hacer cesar la vulneración de los derechos.
Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reiterado que “ante la
alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”11.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la controversia
desaparece en tres eventos que se conocen como daño consumado, hecho superado
o situación sobreviniente; situaciones en las que carece de sentido un
pronunciamiento de fondo, pues “la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío”.12
Así las cosas, la carencia de objeto se presenta: i) por hecho superado, cuando por
alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado,
cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez
constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela, y iii) por
11
Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de 2008:
“[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación
expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado
sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar
justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato
cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de
cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.
12
Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también, sentencias T-535 de 1992. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; y T-033 de 1994. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
situación sobreviniente, cuando se presenta cualquier circunstancia que haya hecho
cesar la vulneración de los derechos fundamentales.
En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por daño consumado, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente:
“(…) 33. El daño consumado se presenta cuando se ha perfeccionado la
afectación que mediante la tutela se pretendía evitar, de manera que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es posible que el juez de tutela dicte una orden para retrotraer la situación. 13
Esta figura amerita algunas precisiones adicionales: i) si al presentar la tutela es
claro que el daño ya ocurrió, el juez, en principio, debe declarar improcedente el
amparo, pero si éste se consuma durante el trámite de primer o segunda instancia
o en sede de revisión, el juez puede dictar órdenes adicionales a fin de proteger la
dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar a los
responsables; y ii) el daño debe ser irreversible pues de lo contrario si es posible
interrumpirlo, retrotraerlo o mitigarlo por orden judicial, no puede decretarse la
carencia de objeto”14.
En este punto, se pone de presente que el alto tribunal constitucional ha sostenido que
cuando se configura la carencia actual de objeto, es posible que el proceso amerite un
pronunciamiento adicional del juez. Esto no es para resolver el objeto de la tutela, el
cual desapareció por sustracción de materia, sino por otras razones que superan el
caso concreto. Por ejemplo, avanzar en la comprensión de un derecho fundamental o
para prevenir que ocurra una nueva violación en el futuro. Bajo ese entendido, cuando
se declara la carencia actual de objeto por daño consumado, “el juez constitucional no
solo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones
por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar
las advertencias respectivas, para efectivizar la garantía de no repetición” 15.
4. Derecho al descanso y régimen individual de los empleados judiciales
El artículo 25 de la Constitución Política reconoce el trabajo como un derecho y una
obligación social que goza de especial protección del Estado y garantiza que toda
persona tenga derecho a desempeñarlo en condiciones dignas y justas. A su vez, el
artículo 53 de la misma regulación establece, entre los principios mínimos
fundamentales del trabajo, la garantía del descanso necesario.
13
Ver, entre otras, las sentencia T481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
14
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera
15
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-633 de 2017, T-841 de 2011, T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de
2001, T-498 de 2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
10
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Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
La jurisprudencia de esta corporación16, siguiendo los postulados de la Corte
Constitucional17, ha reiterado que el descanso es uno de los principios mínimos
fundamentales de los trabajadores, en tanto les posibilita reparar sus fuerzas
intelectuales y materiales, de modo que puedan mantener el equilibrio físico y mental
para lograr su realización como individuos, en los ámbitos laboral y personal. Por ello,
se puede solicitar su protección a través de la acción de amparo, cuando se evidencia
su quebranto y no haya otro mecanismo para garantizarlo de forma efectiva 18.
Lo anterior encuentra sustento en una interpretación sistemática de los artículos 1 19,
2520 y 5321 constitucionales y ha sido materializado a través de la limitación de la
jornada de trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un
periodo de vacaciones anuales22.
En punto de lo último, se ha señalado que el descanso solo está sometido a las
condiciones previstas en el desarrollo legal del respectivo régimen de vacaciones, en el
que, en términos generales, únicamente se debe haber laborado durante cierto periodo
preestablecido y, en ocasiones, formular la respectiva solicitud al empleador, para que
este proceda a su programación23. Así, el alto tribunal constitucional ha consignado
que:
“(…) La ley establece las condiciones para el reconocimiento del derecho del
trabajador a las vacaciones, y la obligación correlativa del patrono de permitir el
descanso remunerado, las cuales tienen que ver esencialmente con el tiempo
laborado dependiendo del oficio de que se trate. Por regla general, tiene derecho
a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas el trabajador
que cumple un año de servicios (C.S.T. art. 186). Excepcionalmente, el tiempo
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de
enero de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2020-04490-01(AC), C.P. William Hernández Gómez. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de abril de 2020,
radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de septiembre de 2019, radicado No.
11001-03-15-000-2019-03992-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, entre otras.
17
“Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo trabajador de
cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías
gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor
eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso
está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y,
por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador”. Corte Constitucional, C-019
de 2004.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de
abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Ver
también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 05 de noviembre de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-03992-01 (AC), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.”.
20
“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones digas y justas.”.
21
“[…] el artículo 53 de la Constitución enlistó una serie de principios mínimos fundamentales que constituyen la
base de la garantía del derecho al trabajo. // 42. Entre estos principios mínimos descritos en el texto constitucional
se encuentran: […] viii) garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
[…]”. Corte Constitucional, sentencia C-171 de 2020.
22
Ibidem.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de
abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
11
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
exigido para tener derecho a las vacaciones es menor para determinados
trabajadores (…)”24.
De ahí que una vez cumplido el tiempo laboral exigido se causan las vacaciones y el
trabajador adquiere el derecho a ellas, sin que pueda exigírsele otro tipo de requisitos,
es decir, sin que sea válido poner cortapisas administrativas o de otra índole, que
afecten el núcleo fundamental de este derecho 25. Ello, en la medida que “la
administración no puede trasladar en los funcionarios, su propia función”26.
Así las cosas, en lo que respecta a la Rama Judicial, la Ley 270 de 1996 27 reguló lo
relacionado con las vacaciones de sus funcionarios y empleados. Allí, en el artículo 146
determinó que el régimen de vacaciones es colectivo:
“(…) salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura; las de los Tribunal Nacional; las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía [28] y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
En otras palabras, se fijó, de un lado, un régimen general de vacaciones colectivas y,
del otro, uno excepcional de vacaciones individuales.
Para los primeros, la vacancia colectiva se disfruta entre el 20 de diciembre de cada
año y el 10 de enero siguiente, inclusive 29. En cambio, para los del régimen individual,
sus vacaciones son concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio “por la
Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los
demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. Las
cuales, en todo caso, pueden ser aplazadas por la autoridad competente, por
necesidades del servicio y a través de resolución motivada30.
En consecuencia, si se pertenece al régimen de vacaciones colectivas, para su
disfrute solo se requiere estar vinculado al 20 de diciembre en uno de los despachos
cobijados por este31. En cambio, para el régimen de vacaciones individuales, el
disfrute está supeditado a las necesidades del servicio, según lo valore el respectivo
nominador32, sin que ello pueda significar un desconocimiento del derecho.
24
Sentencia C-059 de 1996.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de
2018, radicado No. 08001-23-33-000-2018-00756-01(AC), C.P. Milton Chaves García.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de septiembre de
2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-03992-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno.
27
Estatutaria de la Administración de Justicia.
28
Se anota que conforme con el artículo 70 del Decreto Ley 021 del 2014, se determinó que: “Las vacaciones de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación serán colectivas, salvo las de los funcionarios y empleados que por
necesidades del servicio deben prestar sus servicios de forma continua y permanente.”.
29
Artículo 107 del Decreto 1660 de 1978.
30
Artículo 14 del Decreto 1045 de 1978.
31
Es de anotar que cuando el funcionario o empleado no haya servido el año completo, solo tendrá derecho al pago
de la prima de vacaciones a prorrata del tiempo trabajado, que se calcula a razón de una doceava parte de su valor
por cada mes completo de servicio. Artículo 109 del Decreto 1660 de 1978.
12
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Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
Se colige entonces que el descanso ha sido definido como un derecho fundamental; la
tutela puede ser empleada para su protección, cuando se evidencie su quebranto y no
haya otro medio de defensa judicial eficaz; los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial tienen derecho a materializarlo por medio de las vacaciones, sean colectivas o
individuales; la causación de las vacaciones depende del tiempo laborado y, en
algunos casos, de las necesidades del servicio; y el aplazamiento de las vacaciones
no puede ser indefinido o por periodos ostensiblemente extensos, so pena de cercenar
o hacer nugatorio el derecho al descanso.
En la SU-296 de 2023, la Corte Constitucional efectuó una revisión amplia del régimen
de vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales y destacó que el derecho al
descanso no se satisface con una posibilidad meramente formal de apartarse
temporalmente de las labores, sino que debe garantizarse su disfrute efectivo,
atendiendo también a la calidad del descanso, al bienestar físico y mental del
trabajador y a su autonomía para disponer de su tiempo libre.
En esa oportunidad, la Corte precisó que las dificultades administrativas,
presupuestales o logísticas propias de la Rama Judicial no pueden convertirse en
barreras para el disfrute de las vacaciones causadas y señaló la necesidad de
establecer mecanismos que permitan conciliar la continuidad del servicio de
administración de justicia con el derecho fundamental al descanso de sus servidores.
De manera posterior, en la Sentencia T-112 de 2024, la Corte reiteró que las
vacaciones remuneradas materializan el derecho al descanso y que este comprende,
además, una dimensión de desconexión laboral. Asimismo, recordó que, conforme al
artículo 146 de la Ley 270 de 1996, los empleados y funcionarios de determinados
despachos judiciales están sometidos a un régimen de vacaciones individuales, las
cuales se conceden por un término de veintidós (22) días continuos por cada año de
servicio.
En efecto, el inciso segundo del artículo 146 de la Ley 270 de 1996 dispone que las
vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la autoridad competente, por un término de veintidós (22) días continuos
por cada año de servicio. Esta regla resulta aplicable, entre otros, a los servidores de
los juzgados penales municipales.
Así, tratándose de un empleado judicial sometido al régimen de vacaciones
individuales, el derecho a las vacaciones se concreta en el disfrute de los veintidós
(22) días continuos correspondientes a cada año de servicio, sin perjuicio de que
32
“Lo anterior no implica que el nominador, en aras de satisfacer los requerimientos del servicio, esté autorizado
para suspender o aplazar indefinidamente las vacaciones del personal subordinado. De hecho, la Corte Suprema
de Justicia, en repetidas sentencias de tutela ha explicado que por razones del servicio el nominador puede
programar el derecho al descanso de sus empleados de forma en que genere la menor afectación al despacho,
pero nunca impedir que lo disfruten.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 03 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas.
13
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Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
puedan existir otras formas de descanso previstas por el ordenamiento jurídico con
ocasión de la prestación del servicio en circunstancias particulares.
Ahora bien, la protección constitucional del derecho al descanso no significa que
cualquier día en que un servidor judicial preste sus servicios deba necesariamente
convertirse en un día adicional de vacaciones. Una conclusión de esa naturaleza
requiere fundamento en una disposición constitucional, legal o reglamentaria que así
lo establezca.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por daño consumado, por las razones que se
exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora aduce la vulneración
de los derechos fundamentales con ocasión de la Resolución 006 expedida el 5 de
mayo de 2026, a través de la cual el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes de Ibagué le concedió 22 días de vacaciones, comprendidos entre el 9 y
el 30 de junio de 2026, y negó la adición de los 2 días solicitados. Asimismo, cuestiona
el CDP No. 24826 del 12 de mayo de 2026, dado que solo garantizó la cobertura de los
22 días concedidos por el nominador y no adicionó los 2 días deprecados.
5.2. En consecuencia, se advierte que, en concreto, las pretensiones del accionante
se encaminan a obtener la modificación de la Resolución 006 del 5 de mayo de 2026
que le negó los dos días solicitados de forma adicional.
5.3. Sobre el particular, esta judicatura advierte que sería del caso entrar a determinar
si la acción de tutela supera los requisitos de procedibilidad para establecer si se debe
realizar un estudio de fondo, de no ser porque, a la fecha, ya no sería posible acceder
a la pretensión de la acción de tutela, consistente en que se procediera a “REFORMAR
EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. 006 DEL 5 DE MAYO DE 2026, en el
sentido de ADICIONAR Y ACUMULAR DOS (02) DÍAS HÁBILES CONTINUOS DE
VACACIONES REMUNERADAS a mi periodo vacacional ordinario, reconociendo mi derecho
subjetivo a gozar de un descanso ininterrumpido de veinticuatro (24) días hábiles continuos,
desatando el nudo administrativo que mantenía maniatada a la autoridad nominadora”. Esto
en el entendido que, en el presente asunto, ya se produjo la presunta afectación que
se quería evitar con el ejercicio del mecanismo constitucional de la referencia.
Lo anterior, en la medida en que, para la fecha en que se profiere esta decisión, ya
transcurrió el período comprendido entre el 9 de junio y el 2 de julio de 2026, durante el
cual el accionante pretendía disfrutar de sus vacaciones y permanecer en
desconexión de sus labores. En consecuencia, no resulta posible impartir una orden
encaminada a garantizar el disfrute de dicho período en las fechas inicialmente
previstas, pues estas ya culminaron. Por tanto, frente a esta pretensión se configura
una carencia actual de objeto, al haber desaparecido la situación fáctica que habría
14
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
permitido adoptar una medida de protección dirigida a garantizar el disfrute de las
vacaciones en ese lapso.
5.4. Al margen de lo anterior, a fin de determinar si la mencionada situación vulneró las
garantías del accionante, se tiene que en el asunto bajo examen se encuentra
acreditado que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima expidió el Acuerdo
CSJTOA26-36 del 26 de marzo de 2026, mediante el cual reguló los turnos de
disponibilidad correspondientes a la Semana Santa de ese año.
Dicho acuerdo estableció que los días lunes 30 y martes 31 de marzo y miércoles 1º de
abril de 2026 correspondían a turnos de disponibilidad en horario hábil para los jueces
penales municipales para adolescentes con función de control de garantías de Ibagué,
con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio de
administración de justicia.
De igual manera, el artículo 3.º33 del citado acuerdo estableció un mecanismo
específico de compensación por los turnos prestados durante esos días. La
disposición señaló que los funcionarios que prestaran el turno de Control de Garantías
tendrían derecho al respectivo compensatorio y precisó que, tratándose de los
empleados que apoyan los despachos judiciales, la concesión del descanso
compensatorio correspondería al respectivo nominador.
5.5. Lo anterior permite establecer como primera conclusión que el acuerdo no
desconoció el servicio prestado durante los días de Semana Santa ni privó a los
servidores de una forma de descanso asociada a esa prestación. Por el contrario,
estableció expresamente un mecanismo para compensar el tiempo servido durante
los turnos correspondientes.
De otra parte, la Sala no encuentra en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, ni en las
reglas constitucionales sobre el derecho al descanso, una disposición que permita
afirmar que los días trabajados durante Semana Santa deban incorporarse
necesariamente a las vacaciones individuales reguladas por dicha norma.
5.6. La circunstancia de que el accionante sostenga que bajo una regulación anterior
se reconocían esos días mediante su adición al período vacacional no permite, por sí
sola, concluir que dicha modalidad constituya un derecho adquirido a mantener
indefinidamente una determinada forma de compensación. Para arribar a esa
conclusión sería necesario acreditar, de manera concreta, cuál era la regulación
anterior, cuál era su alcance y si efectivamente reconocía a los empleados en la
situación del actor el derecho a adicionar tales días a sus vacaciones.
33
ARTICULO 3°. Compensatorio por turno. Los funcionarios que presten el turno de Control de Garantías los días
lunes treinta (30), martes treinta y uno (31) de marzo y miércoles primero (1°) de abril de 2026, tendrán derecho al
respectivo compensatorio. Una vez cumplido el turno, deberán solicitar ante el Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima la autorización para su disfrute, el cual deberá programarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
prestación del servicio.
En relación con los empleados que apoyan los despachos judiciales, la concesión del descanso compensatorio
corresponderá al respectivo nominador. Cuando se trate de empleados adscritos al Centro de Servicios Judiciales
de los Juzgados Penales para Adolescentes de Ibagué, dicha concesión será otorgada por la Jueza Coordinadora.
15
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
En el expediente objeto de estudio no se advierte acreditado que exista una
disposición de rango constitucional o legal que imponga que la única forma válida de
reconocer el servicio prestado durante Semana Santa sea la ampliación del período de
vacaciones individuales. Por el contrario, para el año 2026 existe una regulación
específica que previó el descanso compensatorio como mecanismo de
reconocimiento.
Por ello, no puede sostenerse que la sola expedición del Acuerdo CSJTOA26-36 haya
desconocido el derecho fundamental al descanso del accionante por el hecho de
establecer una modalidad diferente de compensación.
5.7. Pues bien, al analizar el caso concreto, la Subsección advierte que el señor Edgar
Mauricio Castañeda Piñeros se desempeña como oficial mayor en propiedad del
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Ibagué. El 9 de mayo de 2026 consolidó el período de vacaciones
correspondiente al año de servicio comprendido entre el 10 de mayo de 2025 y el 9 de
mayo de 2026 y solicitó el reconocimiento de 22 días de vacaciones, junto con 2 días
adicionales, correspondientes al lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026, fechas en las
que, según afirma, estuvo en disponibilidad al servicio de la Rama Judicial.
Mediante Resolución 006 del 5 de mayo de 2026, el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué le
concedió los veintidós (22) días de vacaciones correspondientes al período causado y
negó la adición de los dos días solicitados, con fundamento en las directrices
contenidas en el Acuerdo CSJTOA26-36.
La controversia constitucional no gira, entonces, alrededor de la existencia del
derecho del actor a disfrutar de sus vacaciones causadas, pues este fue reconocido
por el nominador mediante la concesión de los 22 días previstos en el artículo 146 de
la Ley 270 de 1996. El debate se circunscribe a determinar si los dos días en que
prestó el servicio durante Semana Santa deben incorporarse como días adicionales a
ese período vacacional.
5.8. En ese orden de ideas, en primer lugar, la Sala pone de presente que los 22 días
continuos constituyen el período de vacaciones individuales que corresponde al
servidor por cada año de servicio, de conformidad con el artículo 146 de la Ley 270 de
1996. La jurisprudencia constitucional que reconoce el carácter fundamental del
derecho al descanso no ha establecido que la prestación del servicio durante días de
vacancia o turnos especiales genere, por sí misma, una ampliación del período anual
de vacaciones.
En segundo lugar, al revisar las normas pertinentes, se tiene que para la Semana
Santa de 2026 existió una regulación específica expedida por el Consejo Seccional de
la Judicatura del Tolima, que calificó los días 30 y 31 de marzo, entre otros, como
jornadas de disponibilidad destinadas a garantizar la continuidad del servicio y
16
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
estableció expresamente un mecanismo de descanso compensatorio para quienes
prestaran esos turnos.
5.9. En consecuencia, no resulta procedente que, por vía de tutela, se ordene
transformar el mecanismo de compensación previsto en el acuerdo en dos días
adicionales de vacaciones, pues ello supondría desconocer la diferencia existente
entre el período anual de vacaciones individuales y el descanso compensatorio
originado en la prestación de un turno especial.
No obstante, a diferencia de lo manifestado por el juez constitucional de primera
instancia, el artículo 3º del Acuerdo CSJTOA26-36 no estableció que los empleados
que apoyan los despachos judiciales debieran solicitar el descanso compensatorio
ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Por el contrario, la disposición señala
expresamente que, respecto de dichos empleados, la concesión del descanso
corresponde al respectivo nominador.
Por consiguiente, no resulta acertado concluir, como lo hizo el a quo, que el accionante
debía acudir al Consejo Seccional para obtener la autorización de su compensatorio.
En su condición de oficial mayor del Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué, la autoridad llamada a
conceder dicho descanso, conforme al propio acuerdo, es el respectivo nominador.
Sin embargo, esta precisión no conduce, por sí sola, a conceder el amparo solicitado,
toda vez que la pretensión formulada por el accionante estuvo dirigida principalmente
a obtener la modificación de la Resolución 006 de 5 de mayo de 2026 para adicionar
dos días a su período de vacaciones y reconocerle, de esta manera, un total de 24 días
hábiles continuos de vacaciones.
Así entonces, tal pretensión no encuentra respaldo en las disposiciones examinadas,
dado que la protección constitucional del derecho al descanso exige que el servidor
pueda disfrutar efectivamente de las vacaciones que ha causado y que las autoridades
no establezcan obstáculos administrativos que hagan nugatorio ese derecho. Así lo ha
señalado la Corte Constitucional en las providencias SU-296 de 2023 y T-112 de 2024.
Sin embargo, en este caso, no se advierte que las autoridades hayan negado al actor
sus vacaciones causadas. Por el contrario, la Resolución 006 de 5 de mayo de 2026 le
reconoció los 22 días de vacaciones correspondientes al período laborado.
5.10. Tampoco se encuentra acreditado que el mecanismo de descanso
compensatorio previsto en el Acuerdo CSJTOA26-36 haya sido efectivamente
solicitado por el accionante al nominador y que este se haya negado a concederlo. Lo
que se evidencia es que el actor reclamó que los días laborados durante Semana
Santa fueran incorporados a sus vacaciones individuales, pretensión que es diferente
de la solicitud de reconocimiento y programación del compensatorio previsto en el
artículo 3º del acuerdo.
17
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
Tal distinción resulta relevante porque no puede predicarse una vulneración actual del
derecho al descanso derivada de la negativa a conceder un compensatorio cuya
solicitud ante la autoridad competente no aparece acreditada en el expediente.
Además, la jurisprudencia constitucional invocada por el actor no autoriza al juez de
tutela para sustituir las reglas legales y reglamentarias que determinan la duración de
las vacaciones individuales. La SU-296 de 2023 exige que existan mecanismos
efectivos para garantizar el descanso, pero no establece que cualquier mecanismo
reglamentario de compensación del servicio prestado deba traducirse en una
extensión del período de vacaciones.
En ese orden, la Sala concluye que la negativa del Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué a adicionar dos
días al período de vacaciones del actor no comporta, por sí misma, una vulneración de
sus derechos fundamentales.
Con todo, dado que el propio Acuerdo CSJTOA26-36 reconoce a los empleados que
apoyan los despachos judiciales el derecho al descanso compensatorio y atribuye su
concesión al respectivo nominador, debe precisarse que la negativa a adicionar los
días a las vacaciones no puede entenderse como una decisión que elimine o
desconozca el derecho al compensatorio previsto en el acuerdo.
En consecuencia, si el actor considera que tiene derecho al descanso compensatorio
por los servicios prestados los días 30 y 31 de marzo de 2026, deberá solicitar su
concesión ante el respectivo nominador, quien deberá resolver lo que corresponda de
conformidad con el artículo 3º del Acuerdo CSJTOA26-36 y con las reglas aplicables al
caso.
5.11. Finalmente, tampoco hay lugar a impartir una orden relacionada con la
modificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24826 del 12 de mayo
de 2026, pues este fue expedido para respaldar el reemplazo del accionante durante
los 22 días de vacaciones que le fueron reconocidos. Al no existir fundamento para
ampliar el período vacacional a 24 días, tampoco existe razón para ordenar, por esta
vía, la ampliación del respaldo presupuestal correspondiente a un período que
jurídicamente no fue reconocido como vacaciones.
Lo anterior no desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual las
razones administrativas o presupuestales no pueden convertirse en barreras para el
disfrute efectivo de las vacaciones causadas. En este caso, sencillamente, el período
vacacional reconocido al actor corresponde a los 22 días previstos por el artículo 146
de la Ley 270 de 1996 y no se encontró acreditado que se le haya impedido disfrutar de
ellos.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión impugnada para, en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto por daño consumado.
18
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00223-01
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Tolima y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por
daño consumado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
19
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