Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00250-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2026-00250-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00250-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00250-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
31 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: HERNEY BETANCOURT VARGAS
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
JUDICIAL. MORA JUDICIAL. PUBLICACIÓN DE
ESTADOS ELECTRÓNICOS
Síntesis del caso: el actor atribuyó al juzgado demandado una mora en la decisión de una
solicitud de secuestro y varias irregularidades en la publicación de estados electrónicos. La
Sala modificará el fallo impugnado para declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado únicamente frente a la solicitud de secuestro y negará el amparo respecto de los
demás reclamos, debido a que no se acreditó una afectación concreta de los derechos
fundamentales de la parte demandante.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 15 de julio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en la cual se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir un hecho
superado frente al derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, deprecados por el señor HERNEY
BETANCOURT VARGAS.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por cualquier medio efectivo a los
interesados en los términos del Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.
Ejecutoriada esta providencia remítase a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.”. (mayúsculas y negrillas del
original –índice 00014 SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 1 de julio de 20261, el señor Herney Betancourt
Vargas promovió acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
1
Índice 00001 del SAMAI en primera instancia.
2
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia, previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, los cuales
estimó vulnerados por la falta de decisión frente a una solicitud de secuestro que
formuló dentro del proceso ejecutivo con radicación no. 73001-33-33-007-2018-
00151-00 y por presuntas inconsistencias en la publicación de estados electrónicos
de ese despacho.
1. Los hechos de la demanda y fundamentos de la vulneración
Como fundamento fáctico de la acción la parte actora señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Es demandante en el proceso ejecutivo de cumplimiento de fallo judicial con
radicación no. 73001-33-33-007-2018-00151-00, tramitado por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en el cual persigue el pago de una
obligación económica cuyo reconocimiento, según afirmó, data de varios años atrás.
2) El 25 de julio de 2025, su apoderado judicial solicitó el decreto de medidas
cautelares dentro de ese expediente y ante la falta de pronunciamiento promovió
una primera acción de tutela, durante cuyo trámite el juzgado mencionado expidió
un auto el 4 de noviembre de 2025, mediante el cual decretó el embargo y secuestro
de los inmuebles señalados por la parte ejecutante.
3) Esa acción constitucional fue decidida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante sentencia del 12 de noviembre de 2025 en la
cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con fundamento en
que la pretensión había sido satisfecha con el referido auto del 4 de noviembre de
2025.
4) El 19 de diciembre de 2025, la parte actora acreditó las gestiones de pago
efectuadas ante la oficina de registro competente para obtener la inscripción de las
medidas cautelares decretadas.
5) El 16 de marzo de 2026, allegó a la autoridad judicial demandada los certificados
de libertad y tradición que daban cuenta de la inscripción de los embargos y solicitó
3
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
que se continuara con el trámite del proceso mediante la práctica del secuestro de
los inmuebles.
6) El expediente ingresó al despacho el 21 de abril de 2026 para resolver esa
petición, sin embargo, ante la falta de pronunciamiento presentó un memorial de
impulso el 9 de junio siguiente.
7) No obstante, al consultar el expediente en la página de la Rama Judicial y en el
aplicativo SAMAI, el 30 de junio de 2026 constató que continuaba al despacho y
que la solicitud de secuestro permanecía pendiente de decisión, pese a que no
revestía complejidad jurídica o técnica y se limitaba a continuar la ejecución de unas
medidas cautelares previamente decretadas e inscritas.
8) Alegó que esa dilación afectaba la satisfacción de una obligación económica
perseguida durante varios años y comprometía sus intereses y los de su familia; la
necesidad de promover esta nueva acción de tutela evidencia una situación
reiterada en tanto la decidida en noviembre de 2025 también estuvo relacionada
con la falta de impulso de las medidas cautelares dentro del mismo proceso, trámite
que se había prolongado por cerca de un año desde la solicitud formulada el 25 de
julio de 2025.
9) De otra parte, al consultar las publicaciones generales efectuadas por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué en el portal de la Rama
Judicial, no encontró los estados electrónicos números 6, 21 y 28 de 2026 y alegó
que la secuencia disponible pasaba de los estados números 5, 20 y 27 a los
números 7, 22 y 29, respectivamente.
10) Asimismo, cuestionó que el estado electrónico fechado el 22 de enero de 2026
solo hubiera aparecido publicado el 26 de enero siguiente, pese a que, en su criterio,
la anotación debía efectuarse al día siguiente de la correspondiente providencia.
11) También señaló que el estado no. 23 aparecía publicado en dos oportunidades:
inicialmente, el 26 de mayo de 2026 y, posteriormente, el 2 de junio del mismo año,
y que esa última publicación contenía los mismos documentos fechados e
incorporados desde el 26 de mayo, circunstancia que calificó como una duplicidad
en la información suministrada por el despacho.
4
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
12) Según la parte actora, las anteriores circunstancias evidenciaban desorden en
la administración de las publicaciones electrónicas del juzgado, podían afectar el
ejercicio oportuno de los derechos de defensa y contradicción de los usuarios y le
generaban incertidumbre acerca de si se había proferido alguna decisión dentro del
proceso no. 73001-33-33-007-2018-00151-00.
13) Finalmente, cuestionó el número de actuaciones incorporadas en algunos
estados electrónicos y sobre el particular señaló que había contabilizado dos
providencias en el estado no. 14; cinco en el no. 15; tres en el no. 17; diez
documentos en el no. 23 (incluido el archivo contentivo del propio estado) y una
providencia en cada uno de los estados números 25 y 26; en su criterio, esas cifras
eran inferiores a las que habitualmente registraban otros despachos judiciales y
constituían un indicio de baja actividad judicial que debía valorarse conjuntamente
con la demora presentada en su proceso.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó literalmente lo siguiente:
“1) Amparar mis derechos fundamentales consagrados en los artículos 29
(debido proceso) y 229 (acceso a la administración de justicia) de la
Constitución Política de Colombia, los cuales han sido vulnerados por la
mora judicial injustificada del Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué
y los errores presentados en la publicación de estados electrónicos.
2) Ordenar al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ que, en el
término que disponga el juez constitucional, informe de manera clara y
detallada los motivos por los cuales no se ha resuelto la solicitud de
secuestro radicada desde el día 16 de marzo de 2026 por mi apoderado
judicial Dr. Adán Valdés Cárdenas.
3) Ordenar al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ que
concrete y ordene fijar fecha de secuestro o subcomisione a la entidad
competente para llevar a cabo la diligencia de secuestro, lo anterior
conforme a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política y
dentro del término improrrogable señalado en el artículo 588 del Código
General del Proceso, garantizando el principio de celeridad y eficacia
judicial.
4) Ordenar al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ que, en el
término que disponga el juez constitucional, informe de manera clara y
detallada los motivos por los cuales los estados electrónicos del año 2026
número 2, 21 y 28, no fueron publicados en la página de la rama judicial.
5
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
5) Ordenar al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ que, en el
término que disponga el juez constitucional, informe de manera clara y
detallada los motivos por los cuales los estados número 2 de fecha 22 de
enero, fue publicado el 26 de enero, es decir con un día de posterioridad
a la fecha correspondiente, así mismo informe de manera clara y detallada
los motivos por los cuales fue publicado el estado 23 en dos fechas
diferentes esto es el 26 de mayo de 2026 y nuevamente el mismo estado
número 23 publicado el 02 de junio de 2026.
6) Ordenar al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ que, en el
término que disponga el juez constitucional, informe de manera clara y
detallada los motivos por los cuales la producción de providencias para
los estados 14, 15, 17, 23, 25 y 26 fueron notoriamente menores a los que
habitualmente se suelen publicar.
7) Compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura para que
se investigue disciplinariamente al funcionario judicial responsable de la
demora injustificada en el trámite de la solicitud de secuestro, radicada
desde el pasado 16 de marzo de 2026 dentro de las diligencias número
73001333300720180015100, y para que investigue las presuntas faltas
en las que haya podido incurrir el JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE
IBAGUÉ en la debida y correcta publicación de los estados electrónicos
de las providencias emitidas por ese despacho y por la posible afectación
al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de las partes y al
acceso a la administración de justicia.”. (archivo disponible en medio
magnético en el índice 0002 del aplicativo SAMAI)
3. Actuación en primer grado
El Tribunal Administrativo del Tolima, por auto del 2 de julio de 2026, admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al titular del juzgado, entregándole copia de la
demanda y los anexos2.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a los derechos
fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
El a quo consideró que la demora para decidir la solicitud de secuestro estaba
razonablemente explicada por la carga laboral acreditada en el informe de respuesta
presentado por la autoridad judicial demandada y que, en todo caso, el juzgado
había emitido el auto del 2 de julio de 2026 por medio del cual comisionó la práctica
de la diligencia.
2
Índice 0005 del aplicativo SAMAI en primera instancia.
6
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
De igual manera, tuvo por explicadas las inconsistencias en los estados electrónicos
con la referencia a fallas de los aplicativos y del servicio de internet.
Con fundamento en esos elementos concluyó que había desaparecido el motivo
que originó la acción y extendió la declaratoria de carencia actual de objeto a la
totalidad de los reclamos.
5. Impugnación
El demandante impugnó la sentencia mediante memorial presentado el 17 de julio
de 20263 y el recurso le fue concedido mediante auto del 4 de agosto de 20264.
Como razones de reproche contra lo decidido en primera instancia, la parte actora
sostuvo que la expedición del auto relacionado con el secuestro solo satisfizo una
parte de la demanda y que permanecían sin resolver las pretensiones dirigidas a
obtener explicaciones claras y verificables sobre los estados 2, 21, 23 y 28 y sobre
el menor número de providencias incluido en estados electrónicos de otros
despachos.
La explicación sobre posibles fallas tecnológicas fue vaga y no estuvo acompañada
de reportes, certificaciones o soportes técnicos, a partir de lo cual alegó falta de
congruencia y solicitó revocar la sentencia, amparar los derechos invocados y
ordenar al juzgado emitir una respuesta completa y probada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
3
Índice 014 del aplicativo SAMAI.
4
Índice 018 del aplicativo SAMAI.
7
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede utilizarse para sustituir los recursos
idóneos previstos por el legislador, desplazar los procedimientos judiciales
preestablecidos o provocar pronunciamientos abstractos sobre el funcionamiento
general de una autoridad, sin conexión demostrada con un derecho fundamental del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Ibagué con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora,
que estimó vulnerados por: i) la falta de decisión oportuna de la solicitud de
secuestro presentada el 16 de marzo de 2026 dentro del proceso ejecutivo con
radicación no. 73001-33-33-007-2018-00151-00, ii) las presuntas irregularidades en
la publicación de varios estados electrónicos del año 2026 y iii) el reducido número
de providencias incorporadas en algunos de ellos.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala modificará la sentencia
de primera instancia para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
únicamente respecto de la falta de decisión y trámite de la solicitud de secuestro y
negará el amparo frente a los demás reclamos, por las razones que se exponen a
continuación:
2.1. Caracterización de la mora judicial y de la carencia actual de objeto
En cuanto a la mora judicial, la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de
que los jueces dicten las providencias dentro de los términos legales, con el fin de
evitar la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
8
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Sin embargo, el solo incumplimiento de un término procesal no configura
necesariamente una vulneración constitucional, pues para establecer si una dilación
es injustificada deben valorarse, entre otros aspectos, i) la complejidad del asunto,
ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de la autoridad judicial y iv) el
análisis global del procedimiento5.
Asimismo, debe determinarse si existe una razón atendible para la tardanza y si
esta resulta imputable a una conducta omisiva o negligente de la autoridad, análisis
en el cual la congestión y las condiciones estructurales de la Rama Judicial pueden
constituir una explicación relevante, siempre que sean examinadas junto con la
actividad efectivamente desplegada y no sean invocadas como una justificación
automática de cualquier retraso6.
Por otra parte, la carencia actual de objeto se configura cuando, durante el trámite
de la acción de tutela, desaparece la situación que motivó la solicitud de protección
y, por tanto, una eventual orden del juez constitucional carecería de efectos útiles.
Una de sus modalidades es el hecho superado, que tiene lugar cuando la
satisfacción de lo pretendido obedece a una actuación de la autoridad o del
particular demandado7.
La configuración de esta figura debe verificarse respecto de cada núcleo material
de la controversia; por consiguiente, cuando la actuación sobreviniente satisface
únicamente una de varias pretensiones autónomas no es posible extender la
carencia actual de objeto a los reclamos que conservan un objeto propio, respecto
de los cuales corresponde efectuar el examen constitucional pertinente.
5
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-441 de 13 de octubre de 2020, MP José
Fernando Reyes Cuartas.
6
Consejo de Estado, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2014-
01444-00, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-522 de 5 de noviembre de 2019, MP Diana Fajardo
Rivera.
9
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2.2. Análisis del caso concreto
2.2.1 La configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado
1) En el presente asunto se encuentra acreditado que, mediante auto del 4 de
noviembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Ibagué decretó el embargo y secuestro de varios inmuebles dentro del
proceso ejecutivo con radicación no. 73001-33-33-007-2018-00151-008.
2) El 19 de diciembre de 2025, la parte demandante allegó a ese expediente los
documentos relacionados con las gestiones de pago adelantadas ante la oficina de
registro competente para obtener la inscripción de las medidas cautelares y una vez
cumplido ese trámite, el 16 de marzo de 2026, aportó los correspondientes
certificados de tradición y libertad y solicitó que se continuara con la práctica
material del secuestro de los bienes.
3) Según la información registrada en el proceso ejecutivo, este ingresó al despacho
el 21 de abril de 2026 para resolver sobre esa solicitud y ante la ausencia de una
decisión, el actor presentó un memorial de impulso procesal el 9 de junio de 2026.
4) En el informe de respuesta presentado dentro de este trámite, la titular del
juzgado demandado reconoció que la petición se encontraba pendiente de decisión
para el momento de presentarse la acción de tutela y justificó esa tardanza en la
carga de asuntos constitucionales que debió atender durante ese periodo, dentro
de los cuales relacionó 15 incidentes de desacato, 3 acciones de cumplimiento y 70
acciones de tutela.
5) La autoridad judicial demandada también informó que el 2 de julio de 2026 profirió
un auto mediante el cual comisionó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Dolores para practicar las diligencias de secuestro y efectuar la correspondiente
designación de secuestres, actuación corroborada por esta Sala en el
correspondiente registro de la plataforma SAMAI.
8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300720180
0151007300133
10
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
6) De igual manera, en las actuaciones correspondientes a los índices 181 y 182 de
esa plataforma, ambas del 9 de julio de 2026, aparecen registradas la elaboración
del despacho comisorio y su envío a la autoridad judicial comisionada; por
consiguiente, no solo fue emitida la decisión reclamada por la parte actora, sino que
también se adelantaron las actuaciones necesarias para tramitar la comisión.
7) En esas condiciones, es claro que durante el trámite de la presente acción
constitucional desapareció la omisión que motivó las pretensiones segunda y
tercera de la demanda, dirigidas a obtener una explicación por la falta de decisión y
a que se ordenara o comisionara la práctica del secuestro.
8) Por lo anterior, resulta claro que una orden constitucional con ese propósito
carecería actualmente de utilidad porque tendría por objeto imponer una conducta
que ya fue realizada por la autoridad judicial demandada, de ahí que se configurara
una carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la falta de decisión y
trámite de la solicitud de secuestro.
9) Sin embargo, la Sala advierte que la actuación sobreviniente únicamente satisfizo
las pretensiones relacionadas con el trámite y decisión de la solicitud de secuestro
ya que, en efecto, durante el presente trámite constitucional el juzgado explicó las
razones de su tardanza, profirió el auto mediante el cual ordenó comisionar la
práctica de la diligencia y adelantó las actuaciones necesarias para tramitar el
despacho comisorio.
10) No ocurrió lo mismo con los cuestionamientos relacionados con la publicación
de los estados electrónicos ni con el número de providencias incorporadas en ellos,
razón por la cual, la Sala se aparta de las consideraciones del a quo de extender la
configuración de la carencia actual de objeto a la totalidad de pretensiones de la
acción de tutela y examinará separadamente los reclamos que conservaron un
objeto propio.
2.2.2 Análisis sobre las demás pretensiones de la acción de tutela
1) En este caso, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto la parte demandante invocó la
afectación de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
11
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
administración de justicia, presuntamente vulnerados por ocasión de la falta de
decisión frente a una solicitud de secuestro que formuló dentro del proceso ejecutivo
con radicación no. 73001-33-33-007-2018-00151-00 y por presuntas
inconsistencias en la publicación de estados electrónicos de ese proceso.
2) Asimismo, el señor Herney Betancourt Vargas está legitimado en la causa por
activa, pues, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama y
quien actúa como parte ejecutante en el referido proceso ejecutivo.
3) A su vez, la autoridad judicial demandada está legitimada por pasiva en cuanto
es a quien se endilgó de manera directa la alegada vulneración de derechos
fundamentales, por la presunta mora judicial en que incurrió en un proceso a su
cargo y por los supuestos errores e inconsistencias en la publicación de estados
electrónicos.
4) Igualmente, el presupuesto de inmediatez se encuentra superado, en atención a
que los hechos cuestionados comprendían publicaciones efectuadas entre enero y
junio de 2026: el estado no. 2 apareció publicado el 26 de enero; la duplicidad del
estado no. 23 se habría presentado entre el 26 de mayo y el 2 de junio, y las
restantes omisiones alegadas correspondían igualmente a estados del año 2026 y
la parte actora afirmó que la incertidumbre generada por esas circunstancias
subsistía cuando consultó el expediente el 30 de junio de 2026.
5) En cuanto al requisito de subsidiariedad, el ordenamiento jurídico no contempla
un medio de defensa judicial específico, idóneo y eficaz para controvertir la
ausencia, publicación tardía o duplicidad de los estados generales de un despacho
judicial.
6) En consecuencia, la acción de tutela cumplió con los requisitos generales de
procedibilidad respecto de las pretensiones dirigidas a cuestionar la publicación de
estados electrónicos y el número de providencias incorporadas en ellos.
7) Frente a ese segundo grupo de reclamaciones, el actor afirmó que los estados
electrónicos números 6, 21 y 28 de 2026 no aparecían publicados; que el estado
no. 2, fechado el 22 de enero de 2026, solo estuvo disponible el 26 siguiente y que
el estado no. 23 figuraba publicado tanto el 26 de mayo como el 2 de junio del mismo
12
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
año, aunque esta última publicación contenía los documentos incorporados desde
el 26 de mayo.
8) Antes de abordar tales reclamos, la Sala advierte una falta de claridad en la
demanda acerca de los estados que presuntamente no fueron publicados ya que,
en el hecho 11 de la acción de tutela, el actor afirmó que los estados números 6, 21
y 28 no aparecían en el micrositio del juzgado; sin embargo, en la pretensión cuarta
solicitó que se explicaran las razones por las cuales no habían sido publicados los
estados números 2, 21 y 28, es decir, sustituyó el estado no. 6 por el no. 2.
9) Además, respecto de este último, el propio demandante reconoció que sí fue
publicado y aportó una captura que permite verificarlo, aunque cuestionó que el
estado fechado el 22 de enero de 2026 solo hubiera aparecido disponible el 26
siguiente.
10) Por consiguiente, la supuesta falta de publicación se analizará respecto de los
estados números 6, 21 y 28, mientras que el reclamo relacionado con el estado no.
2 se examinará únicamente desde la perspectiva de su presunta publicación tardía.
11) Para resolver esos cuestionamientos la Sala considera necesario diferenciar
entre la existencia de posibles irregularidades en la administración del micrositio y
la afectación concreta de los derechos fundamentales de la parte demandante, ya
que la primera circunstancia no conduce automáticamente a la segunda, en tanto
debe demostrarse que la anomalía impidió al interesado conocer oportunamente
una providencia dictada en su proceso, ejercer algún recurso judicial o adelantar
una actuación dentro del término correspondiente.
12) Ahora bien, en relación con la existencia de las irregularidades, la autoridad
judicial demandada reconoció en su informe de respuesta que los estados números
21 y 28 no aparecían publicados en el micrositio y que el estado no. 23 podía figurar
en dos oportunidades, para lo cual explicó que tales situaciones posiblemente
obedecieron a fallas en los aplicativos web o en el servicio de internet, y agregó que
las providencias correspondientes habían sido comunicadas a los interesados
mediante la plataforma SAMAI.
13
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
13) No obstante, el aspecto determinante no consiste únicamente en establecer si
se presentaron deficiencias en el portal de publicaciones generales del despacho,
sino en verificar si alguna de ellas incidió materialmente en el proceso ejecutivo no.
73001-33-33-007-2018-00151-00.
14) Para efectos de determinar la presunta vulneración alegada, la Sala efectuó una
consulta de ese expediente en el aplicativo SAMAI de la Rama Judicial, a partir de
la cual pudo establecer que entre enero y junio de 2026 no fue proferida ninguna
providencia susceptible de notificarse mediante los estados cuestionados, ya que,
durante ese periodo únicamente aparecen registradas las siguientes actuaciones:
• i) El 13 de enero de 2026 se incorporó el memorial presentado el 19 de
diciembre de 2025, mediante el cual la parte demandante acreditó las
gestiones adelantadas para la inscripción de las medidas cautelares.
• ii) El 16 de marzo de 2026 se registró el memorial por medio del cual aportó
los certificados de tradición y libertad que daban cuenta de la inscripción de
los embargos.
• iii) El 21 de abril de 2026 el expediente ingresó al despacho para resolver la
solicitud de secuestro.
• iv) El 10 de junio de 2026 se incorporó la solicitud de impulso procesal
presentada el día anterior.
15) Como se observa, entre el ingreso del expediente al despacho, ocurrido el 21
de abril de 2026 y la presentación de la acción de tutela no se registró ninguna
providencia judicial, por consiguiente, los estados números 2, 6, 21, 23, 26 y 28 no
podían contener una decisión adoptada dentro del proceso ejecutivo del actor, pues
14
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
para las fechas de esas publicaciones el juzgado todavía no había resuelto la
solicitud de secuestro.
16) La primera providencia posterior fue proferida el 2 de julio de 2026 y aparece
registrada en el índice 177 de SAMAI con la actuación “Auto resuelve solicitud” y la
anotación “Auto ordena comisionar”; seguidamente, en el índice 178 se registró la
fijación en estado para el 3 de julio de 2026 y, en el índice 179, el envío de la
correspondiente notificación.
17) El 9 de julio siguiente se dejó constancia de la ejecutoria de la decisión y fueron
registradas la elaboración y remisión del despacho comisorio, actuaciones que
aparecen en los índices 181 y 182, lo cual demuestra que la decisión que resolvió
la petición del aquí demandante sí fue incorporada al expediente, fijada en estado,
comunicada y posteriormente tramitada.
18) La revisión del contenido de los estados electrónicos que se encuentran
disponibles en la plataforma SAMAI conduce a la misma conclusión: el estado no.
2 contenía únicamente una providencia dictada en el proceso no. 73001-33-33-007-
2024-00067-00; el estado no. 23 comprendía actuaciones correspondientes a otros
expedientes —entre ellos uno con terminación 2026-00151, que no debe
confundirse con el proceso 2018-00151 del actor— y el estado no. 26 contenía un
auto proferido en el expediente 2026-00171. Ninguno de esos estados incluía una
decisión correspondiente al proceso ejecutivo objeto de la tutela.
19) Aunque no fue posible recuperar el contenido de los estados números 6, 21 y
28, esa circunstancia no modifica la conclusión anterior ya que el registro integral
15
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del proceso en SAMAI demuestra que, durante las fechas en las cuales aquellos
debieron publicarse, no existía ninguna providencia dictada dentro del expediente
del actor que pudiera haber sido incorporada en ellos.
20) De esta manera, aun si se aceptara que existieron posibles inconsistencias en
la publicación de algunos estados generales del juzgado, como así lo reconoció la
propia autoridad judicial demandada, lo cierto es que no se acreditó que esas
deficiencias hubieran impedido a la parte demandante conocer una decisión
adoptada en su proceso.
21) Adicionalmente, el señor Herney Betancourt Vargas tampoco identificó algún
término que hubiera dejado vencer, un recurso que no hubiera podido interponer o
una actuación procesal que no hubiera podido ejercer oportunamente como
consecuencia de esas anomalías.
22) Por el contrario, los registros de SAMAI permiten constatar que la incertidumbre
alegada por la parte actora no obedeció a la falta de publicación de alguna
providencia, sino a que su solicitud de secuestro todavía no había sido resuelta,
omisión que cesó con el auto del 2 de julio de 2026 y respecto de la cual se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, como se explicó previamente.
23) Finalmente, el cuestionamiento relacionado con la cantidad de decisiones
incluidas en determinados estados electrónicos del juzgado demandado y su
comparación con otras autoridades judiciales tampoco demuestra la vulneración de
un derecho fundamental por cuanto el número de providencias publicadas en una
fecha específica no permite, por sí solo, establecer la productividad de un despacho
judicial y no refleja la totalidad de las actuaciones adelantadas, la complejidad de
los asuntos, las audiencias practicadas ni la carga de acciones constitucionales y
demás trámites sometidos a su conocimiento.
24) Además, la consulta efectuada por la Sala permitió advertir que los diez
elementos contabilizados por el actor en el estado electrónico no. 23 no
correspondían a diez providencias ya que uno de ellos correspondía al archivo
contentivo del propio estado.
16
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
25) En cualquier caso, la acción de tutela no constituye un mecanismo para efectuar
un control general de productividad judicial cuando esa circunstancia no se relaciona
con la afectación concreta, subjetiva e individual de un derecho fundamental.
2.2.3. Análisis de la pretensión dirigida a que se ordene la remisión de copias
Finalmente, la Sala no accederá a la solicitud de remitir copias con destino al
Consejo Superior de la Judicatura porque, aunque se acreditó que la petición de
secuestro permaneció pendiente hasta el 2 de julio de 2026, esa circunstancia, por
sí sola, no permite inferir la posible comisión de una falta disciplinaria.
En el presente asunto, la autoridad judicial demandada explicó la carga de asuntos
constitucionales atendida durante el periodo cuestionado y durante el trámite de
esta acción resolvió la solicitud, comunicó la providencia y adelantó la
correspondiente comisión.
Las deficiencias advertidas en las publicaciones generales del despacho no tuvieron
incidencia material en el proceso ejecutivo del demandante y por consiguiente, no
existen elementos objetivos que justifiquen remitir copias para que se adelante una
investigación disciplinaria, sin perjuicio de que el interesado acuda directamente
ante la autoridad competente si considera que cuenta con fundamentos para
formular una queja disciplinaria.
Conclusión
En consecuencia, la Sala modificará la sentencia impugnada para precisar que la
carencia actual de objeto por hecho superado se configuró únicamente respecto de
la falta de decisión y trámite de la solicitud de secuestro y en cuanto a los
cuestionamientos relacionados con la publicación de los estados electrónicos y con
el número de providencias incorporadas en ellos, se negará el amparo porque no
se demostró que tales circunstancias hubieran vulnerado los derechos
fundamentales de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
17
Expediente: 73001-23-33-000-2026-00250-01
Demandante: Herney Betancourt Vargas
Acción de tutela – Impugnación de fallo
F A L L A:
Modifícase la sentencia del 15 de julio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
En su lugar se dispone:
1º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado únicamente respecto
de la omisión de decidir y tramitar la solicitud de secuestro presentada dentro del
proceso ejecutivo no. 73001-33-33-007-2018-00151-00, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Deniégase el amparo de los derechos fundamentales del debido proceso y de
acceso a la administración de justicia respecto de los reclamos relacionados con la
publicación de estados electrónicos y el número de providencias incorporadas en
ellos.
3º) Deniégase la solicitud de compulsar copias, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.