Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00280-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2026-00280-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2026-00280-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00280-01
Accionante: Cooperativa de Transporte VELOTAX Ltda.
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
Tema: Derechos al debido proceso, defensa y contradicción de persona
jurídica dentro de acción de tutela. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad ante la existencia de trámite constitucional
pendiente de decisión. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Cooperativa de Transportes
Velotax Ltda., por conducto de su representante legal, en contra de la sentencia del
12 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
La Cooperativa promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, que considera
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué dentro
del trámite de la acción de tutela con radicado 73001-33-33-003-2026-00206-001.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
1 Promovida por Diego Alonso Amaya Montejo contra la Superintendencia de Transporte y la Cooperativa de
Transportes Velotax Ltda.
Radicado: 73001-23-33-000-2026-00280-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Que mediante Resolución No. 2004 del 13 de marzo de 2026, la Superintendencia
de Transporte declaró la ineficacia de diversas decisiones adoptadas por los
órganos de administración y dirección de la Cooperativa de Transporte Velotax
Ltda., removió a Diego Alonso Amaya Montejo del cargo de representante legal y
designó un administrador de saneamiento excepcional. Que mediante Resolución
No. 7922 del 3 de junio de 2026, confirmó las medidas adoptadas y designó como
administrador de saneamiento excepcional y representante legal a Guillermo
Buenaventura Cruz.
Que el 1° de Julio de 2026, Diego Alonso Amaya Montejo promovió acción de tutela
contra la Superintendencia de Transporte y la Cooperativa de Transportes Velotax
Ltda., con el propósito de obtener la suspensión de los efectos de las Resoluciones
Nos. 2004 y 7922 de 2026.
Que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la acción
de tutela y dispuso su notificación a las partes e intervinientes.
Que el 6 de julio de 2026, Jairo Pinilla Pérez, quien se identificó como miembro y
presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, presentó un escrito de
coadyuvancia en favor de las pretensiones formuladas por Diego Alonso Amaya
Montejo; indicó que actuaba en calidad de coadyuvante, solicitó tener por
coadyuvados los hechos, fundamentos constitucionales y pretensiones de la acción,
y anexó certificado de existencia y representación legal de la cooperativa.
Que, según afirma la parte actora, el referido escrito no acreditó facultades de
representación legal ni judicial de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., y el
certificado aportado permitía constatar que para ese momento el representante legal
inscrito era Guillermo Buenaventura Cruz.
Que mediante sentencia del 15 de julio de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué concedió el amparo solicitado por Diego Alonso Amaya
Montejo e incorporó en dicha providencia la intervención presentada por Jairo Pinilla
Pérez dentro del acápite correspondiente a la Cooperativa de Transportes Velotax
Ltda.
Que el 21 de julio de 2026, Guillermo Buenaventura Cruz, en representación de la
cooperativa, promovió incidente de nulidad dentro del trámite constitucional, al
considerar que la persona jurídica no había ejercido de manera efectiva su derecho
de defensa y contradicción.
Que, pese a ello, el juzgado continuó adelantando actuaciones encaminadas al
cumplimiento de la sentencia y ofició a la Superintendencia de Transporte para que
atendiera la suspensión transitoria ordenada. Agregó que, para la fecha de
presentación de esta acción, la nulidad promovida no había sido resuelta.
Considera que el despacho judicial accionado vulneró sus derechos fundamentales
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• Archivo Central.
al debido proceso, defensa y contradicción, porque atribuyó a la Cooperativa de
Transportes Velotax Ltda. la intervención presentada por una persona que no
ostentaba la representación legal de la entidad, a pesar de que en el expediente
existía documentación que identificaba a Guillermo Buenaventura Cruz como
representante legal de la cooperativa.
PRETENSIONES
Solicitó que se tutelen los derechos fundamentales invocados; que se deje sin
efectos «las actuaciones surtidas en el expediente 73001-33-33- 003-2026-00206-
00 desde el auto admisorio, incluida la sentencia y las actuaciones posteriores de
cumplimiento»; y que se ordene:
«rehacer el trámite con notificación efectiva a Velotax por conducto de Guillermo
Buenaventura Cruz o del apoderado que este designe»
«Que el escrito presentado por Jairo Pinilla Pérez, el 6 de julio de 2026, NO sea
atribuido a Velotax ni tenido como contestación, coadyuvancia o manifestación
institucional de la Cooperativa.»
(…)
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 28 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela; se negó la medida provisional
solicitada y se vincularon como terceros con interés la Superintendencia de
Transporte, y a los señores Jairo Pinilla y Diego Alonso Amaya Montejo.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué manifestó que la
acción de tutela promovida por Diego Alonso Amaya Montejo fue notificada a la
Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. a través del correo electrónico registrado
en el certificado de existencia y representación legal vigente para la fecha de la
admisión de la demanda. Precisó que dicho correo correspondía a
gerencia.general@velotax.com.co y que la modificación posterior del correo
institucional únicamente se registró el 14 de julio de 2026.
Que dentro del trámite de tutela se recibió una intervención remitida desde el correo
institucional de la cooperativa, suscrita por Jairo Pinilla Pérez, quien se identificó
como presidente del Consejo de Administración. Que la circunstancia de que la
contestación hubiese sido presentada por una persona distinta de quien
posteriormente ejerció la administración excepcional de la entidad no constituía una
irregularidad atribuible al despacho judicial.
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• Archivo Central.
Afirmó que la actuación adelantada respetó las garantías procesales de las partes
y que la notificación se efectuó conforme a la información oficial registrada por la
cooperativa.
Solicitó negar el amparo invocado, pues la parte actora contaba con mecanismos
judiciales idóneos para controvertir las actuaciones cuestionadas dentro del mismo
trámite constitucional.
La Superintendencia de Transporte manifestó que la controversia planteada por
la parte actora se encontraba estrechamente vinculada con las actuaciones surtidas
dentro del expediente de tutela radicado 73001-33-33-003-2026-00206-00 y que
existían mecanismos judiciales que permitían formular las inconformidades allí
planteadas.
Que la Cooperativa de Transporte Velotax Ltda. presentó solicitud de nulidad dentro
del trámite constitucional original, actuación que evidenciaba lo afirmado
anteriormente. Agregó que la sentencia proferida dentro de dicho proceso fue objeto
de impugnación y se encontraba pendiente de decisión por parte del superior
funcional.
Dijo que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados y que las actuaciones desarrolladas dentro del proceso constitucional se
ajustaron al ordenamiento jurídico.
El señor Diego Alonso Amaya Montejo, manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente porque pretende cuestionar actuaciones surtidas dentro de otro
trámite constitucional y señaló que la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. tuvo
conocimiento de la tutela promovida en su contra y contó con la posibilidad de
intervenir en el proceso.
Expresó que la intervención presentada por Jairo Pinilla Pérez correspondió a una
coadyuvancia formulada dentro del trámite constitucional y que la controversia
existente al interior de la cooperativa respecto de su representación y administración
no podía trasladarse al juez de tutela como fundamento para desvirtuar las
actuaciones adelantadas en dicho proceso. Solicitó declarar improcedente la acción
o negar el amparo solicitado.
No se presentaron más intervenciones.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 12 de agosto de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la controversia planteada
por la parte actora se relacionaba con presuntas irregularidades ocurridas dentro
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• Archivo Central.
del trámite de la acción de tutela con radicado 73001-33-33-003-2026-00206-00,
particularmente en lo referente a la intervención de Jairo Pinilla Pérez y a la forma
en que dicha actuación fue considerada dentro de la sentencia proferida el 15 de
julio de 2026.
Indicó que la censura formulada no se dirigía contra el contenido material de la
sentencia de tutela, sino contra una presunta irregularidad procesal autónoma
relacionada con la integración del contradictorio, la calidad en la que intervino Jairo
Pinilla Pérez y la atribución de su escrito a la Cooperativa de Transportes Velotax
Ltda.
No obstante, concluyó que la solicitud de amparo no satisfacía el requisito de
subsidiariedad, puesto que la cooperativa había promovido una solicitud de nulidad
dentro del trámite constitucional original con el propósito de corregir la presunta
irregularidad alegada y, además, la acción de tutela radicada bajo el número 73001-
33-33-003-2026-00206-00 continuaba en curso ante el superior funcional debido a
la impugnación presentada por la Superintendencia de Transporte.
Agregó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara
el desplazamiento de los mecanismos disponibles dentro del proceso original, por
cuanto no existía prueba de una alteración registral efectiva de actuaciones
materiales de administración, derivadas del cumplimiento del fallo o de una
afectación inminente que no pudiera ser examinada dentro de la tutela en trámite.
IMPUGNACIÓN
La Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., impugnó la sentencia por considerar
que la decisión declaró improcedente la acción con fundamento en una apreciación
que dejó de corresponder a la realidad procesal a partir de hechos sobrevinientes
posteriores al fallo.
Manifestó que la sentencia de tutela de primera instancia reconoció expresamente
que Jairo Pinilla Pérez se presentó como coadyuvante, no aportó poder para
representar judicialmente a la cooperativa, anexó un certificado en el que figuraba
Guillermo Buenaventura Cruz como representante legal y que su intervención fue
incorporada en la sentencia de tutela original bajo el acápite correspondiente a
VELOTAX.
Que dicho fallo admitió que el cuestionamiento formulado constituía una
irregularidad procesal autónoma susceptible de ser analizada mediante tutela, pero
se abstuvo de resolver el fondo por considerar que el trámite constitucional original
permanecía abierto y sometido a revisión por el superior funcional.
Afirmó que esa conclusión perdió sustento después de la expedición del auto del 13
de agosto de 2026, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
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Circuito de Ibagué no repuso la decisión que negó la nulidad, rechazó - Archivo Central.
por
improcedente la apelación subsidiaria y dispuso continuar el trámite, situación que,
en su criterio, eliminó la eficacia que la sentencia impugnada había atribuido a los
mecanismos existentes dentro del proceso original.
Sostuvo que dicha providencia mantuvo la tesis según la cual la intervención
presentada por una persona distinta al representante legal garantizaba la
participación de la cooperativa, circunstancia que, a su juicio, confundió la existencia
material de un memorial con el ejercicio efectivo del derecho de defensa por quien
podía expresar la voluntad institucional.
Dijo no controvertir la notificación al correo electrónico inscrito para notificaciones
judiciales de la cooperativa y que no pretende reabrir el debate de fondo relativo a
la situación jurídica de Diego Alonso Amaya Montejo. Insistió en que la presunta
vulneración la circunscribe al hecho de que el juzgado atribuyó a la cooperativa un
escrito de quien no ostentaba la representación legal ni acreditó poder para actuar
en su nombre, pese a que el mismo documento allegado al proceso identificaba a
otra persona como representante legal vigente.
Expuso que el 3 de agosto de 2026 interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación contra el auto que negó la nulidad; que el expediente fue remitido al
Tribunal sin haberse resuelto esos recursos; que mediante auto del 5 de agosto de
2026 el magistrado competente ordenó devolver el expediente al juzgado de origen
para que decidiera los recursos pendientes; que dicha devolución se ejecutó el 6 de
agosto siguiente; y que posteriormente, mediante auto del 13 de agosto de 2026, el
juzgado negó la reposición y rechazó la apelación subsidiaria.
A partir de esos hechos sostuvo que el asunto no avanza materialmente ante el
superior funcional y que la controversia acerca de la nulidad quedó finalmente en
conocimiento exclusivo del despacho cuya actuación cuestiona.
Finalmente reitero los hechos expuestos en la solicitud inicial y cuestionó que el
juzgado hubiera exigido demostrar que, de no haberse presentado ese memorial, el
fallo necesariamente habría sido distinto, pues, según indicó, la trascendencia de la
irregularidad radicaba en «la privación de una oportunidad procesal relevante para
ejercer el derecho de defensa».
Invocó las sentencias SU-627 de 2015, SU-387 de 2022 y T-023 de 2024 para
sostener que la acción de tutela procede excepcionalmente frente a irregularidades
procesales autónomas relacionadas con la notificación, vinculación o
representación de quienes resultan afectados por una decisión judicial.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00280-01
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Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las- Archivo Central.
siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)» (negrilla fuera de texto
original).
Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
sentencias de tutela4, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente- Archivo Central.
la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales5.
Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando
(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
Pese a que la accionante señala que su único cuestionamiento es en relación con
el trámite de la acción de tutela con radicado 73001-33-33-003-2026-00206-00;
claramente solicita que se deje sin efectos la sentencia allí proferida, porque en ella
se atribuyó a la cooperativa una intervención presentada por Jairo Pinilla Pérez,
quien compareció al proceso como coadyuvante y no acreditó facultades de
representación legal o judicial; cuando adicionalmente, en el expediente obraba
certificación que acreditaba a Guillermo Buenaventura Cruz como representante
legal de la entidad.
Por ello, resulta necesario verificar los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra actuaciones judiciales; encontrándose razón en lo decidido por la
primera instancia al determinar que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad.
Lo anterior, por cuanto para el momento de radicación de la presente solicitud de
amparo, la accionante había promovido solicitud de nulidad con fundamento en los
mismos argumentos expuestos en esta actuación y dicha solicitud se encontraba
4 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502
y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver
también la sentencia SU-627 de 2015.
5 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00280-01
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pendiente de decisión ante el juez de la causa. - Archivo Central.
Así mismo, el proceso constitucional principal continuaba en curso y la sentencia allí
proferida había sido impugnada, circunstancia que impedía afirmar que la
controversia hubiera quedado definitivamente sustraída del conocimiento del juez
constitucional llamado a revisar integralmente la actuación.
El actor considera que el hecho de que durante el trámite de primera instancia de la
presente acción constitucional se hubiera resuelto por parte del Juzgado accionado
la nulidad solicitada de manera desfavorable, hace procedente un examen del
asunto en esta instancia, obviando el hecho de que con posterioridad el expediente
fue remitido con impugnación al Tribunal Administrativo del Tolima, donde se
encuentra pendiente de decisión.
Adicionalmente, la Sala advierte que el asunto tampoco reviste la relevancia
constitucional necesaria para habilitar la intervención excepcional del juez de
tutela; si se tiene en cuenta que la parte actora se limita a afirmar que la
intervención de Jairo Pinilla Pérez fue indebidamente atribuida a la cooperativa;
sin embargo, no explica de qué manera ello tuvo incidencia determinante en la
decisión adoptada dentro de la tutela con radicado 73001-33-33-003-2026-00206-00
y cómo, de no darse dicha circunstancia, la decisión hubiera sido contraria; es
decir, no sustenta un verdadero error en la sentencia.
Téngase en cuenta que, para que proceda la acción de tutela contra decisiones de
la misma naturaleza se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos generales
de procedencia contra decisiones judiciales y adicionalmente, los requisitos
específicos establecidos en la sentencia SU-627 de 2015; entre ellos, que se esté
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; situación que claramente no se
presenta en el caso.
Por las razones expuestas, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 73001-23-33-000-2026-00280-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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