Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-004-2014-00337-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso de apelación en acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-004-2014-00337-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-004-2014-00337-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
19 de octubre de 2018
RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - De las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral Tolima / DERECHO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - Importancia como derecho humano indispensable para vivir dignamente
[C]orresponde a la Sala determinar si ¿hubo vulneración de los derechos colectivos invocados, por causa de que las entidades públicas demandadas omitieron el cumplimiento de sus funciones en aras de garantizar el derecho humano de acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y permanente, sin discriminación y de forma prioritaria y reforzada de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima? (…) [L]a Sala evidencia la afectación de los derechos colectivos invocados por los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, por cuenta de que ni el Municipio de Chaparral ni la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral- demostraron que, actualmente, se les esté garantizado a los reclusos el acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y de forma prioritaria, habida cuenta de la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra dicho grupo poblacional. (…) la USPEC no acreditó haber realizado el mantenimiento adecuado del sistema hidráulico del penal para su óptimo funcionamiento, aun cuando es la entidad encargada de gestionar y operar la prestación de los servicios y la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios. (…) la Sala le ordenará a la Administración Municipal de Chaparral y a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral- que de inmediato garanticen la prestación oportuna, eficiente, continuada y prioritaria del servicio público domiciliario de agua a las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra dicho grupo poblacional. Por su parte, la USPEC deberá garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, (…) El INPEC, por virtud de sus funciones de: prestar los servicios de atención integral, incluidos aquellos relacionados con la adecuación de una planta física adecuada y funcional y la dotación de los medios materiales mínimos para las personas privadas de la libertad; determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la USPEC; y diseñar, implementar, seguir, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos necesarios para ejecutar la política penitenciaria y carcelaria de manera coordinada con las autoridades competentes, en el marco de los derechos humanos, los principios del sistema progresivo, a los tratados y pactos suscritos por Colombia en lo referente a la privación de la libertad; deberá desempeñar un papel de acompañamiento y verificación del funcionamiento adecuado del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, en los términos indicados anteriormente.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 78 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 366 / LEY 65 DE 1993 - ARTÍCULO 3 / LEY 65 DE 1993 - ARTÍCULO 16 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3 / LEY 715 DE 1994 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 14 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 37 / LEY 1122 DE 2007 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 / LEY 1709 DE 2014 / DECRETO 2160 DE 1992 / DECRETO 1141 DE 2009 / DECRETO 1170 DE 1999 / DECRETO 2777 DE 2010 / DECRETO 2897 DE 2011 / DECRETO 4151 DE 2011 / DECRETO 2496 DE 2012 / DECRETO 2519 DE 2015 / DECRETO 4151 DE 2011 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES - ARTÍCULO 11 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES - ARTÍCULO 12
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 73001-23-33-004-2014-00337-01(AP)
Actor: IDELFONSO CENTENO PATERNINA Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- Y OTROS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-; MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA; Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL – EMPOCHAPARRAL -
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, en contra de la sentencia de 2 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
SOLICITUD
El ciudadano Idelfonso Centeno Paternina y varios internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral - Tolima, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011 presentaron en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con la salubridad pública; la moralidad administrativa; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y la dignidad humana de la población privada de la libertad; los cuales consideraron vulnerados en virtud de las deficiencias que se presentan en las actividades dirigidas a la integración social de los internos tales como trabajo, educación, cultura, deporte y recreación; en la asistencia profesional en asuntos jurídicos, sicológicos y sociales; y en los servicios básicos de agua y aseo, salud y telefonía.
LOS HECHOS
Los hechos que fundamentaron la demanda de acción popular fueron los siguientes:
II. 1. El ex convicto Idelfonso Centeno Paternina y varios internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima, expresaron que en esta penitenciaría se presentan las siguientes irregularidades:
II. 2. La inexistencia de un grupo interdisciplinario de profesionales, integrado por abogados, profesores, trabajadores sociales y sicólogos, produce poca actividad cultural en beneficio de los internos.
II. 3. La ley ordena que por cada cincuenta internos debe haber un abogado del Estado atendiendo sus intereses; sin embargo, en el penal no hay abogados de planta de parte de la Defensoría del Pueblo, aun cuando en varias oportunidades le han sido solicitados a esta entidad pública. Esta situación ha traído como consecuencia:
“(…) [A]pelaciones denegación de libertad condicional o beneficios administrativos. Otro elemento que contribuye con nuestra ignorancia en derecho es que la gran mayoría de los penados somos analfabetas (…). A muchos penados se nos niega la libertad condicional, redención de pena y no hay nadie bien preparado para que nos asesore. Si bien existe abogado de la Defensoría del Pueblo que la Personera nos consigue, estos cuando son asignados ya es demasiado tarde porque los términos han vencido. (…). [E]ste hecho agrava más nuestra indefensión con el Estado (…). [L]a oficina jurídica de la cárcel no tiene abogado titulado hace más de 6 meses”.
II. 4. Aun cuando la ley dispone de un proyecto de resocialización para los internos, en el penal no hay sicólogo ni trabajador social para que trabaje con los internos en actividades culturales como baile, obras de teatro, cine-foro o lecturas dirigidas. Sobre esta situación los accionantes manifestaron:
“(…) [Q]ue no hay actividad organizada que procure sacar al preso del patio. Las 24 horas al día el interno permanece encerrado o entre reja (…). La única actividad cultural son los juegos y campeonatos de microfútbol. Solamente los jóvenes son los que se benefician, en cambio los mayores de 40 (que somos la mayoría de internos no disfrutan (sic) de dicha recreación) no participan.
La cárcel carece de un psicólogo, a pesar que somos muchos los que sufren (sic) por falta de libertad, conllevando a crisis emocionales y depresiones que a veces intentan quitarse la vida.
Existe un gran número de internos consumidores de todo tipo de estupefacientes que necesitan asesoramiento. (…). Un psicólogo en la cárcel es bien porque le da valía, lo estimula y le ayuda a salir adelante en su proyecto de vida”.
II. 5. A pesar de que la mayoría de reclusos no ha superado el “5º grado” y que el penal cuenta con salones, sillas y tres internos licenciados, el servicio educativo es casi nulo en tanto que los internos no son “sacados” para enseñar y aprender, no existe algún directivo que se preocupe por organizar la educación en la cárcel y durante ese año no se presentó la profesora, y “como no existe un proyecto claro en educación, los estudiantes no salen, creando un abandono y desesperanza total por parte del interno”.
II. 6. En materia de talleres, los poquitos equipos y maquinarias que hay están dañados y son obsoletos. Además, los horarios afectan el trabajo, toda vez que, aunque necesitan trabajar ocho horas, sólo se trabajan dos en la mañana y una en la tarde y a veces no se sale por falta de guardia. La parte actora concluyó:
“La cárcel de Chaparral se caracteriza por el ocio y el abandono por parte del Inpec Central y del Gobierno, conllevando que (sic) los internos en su gran mayoría permanezcamos entre reja o alojamiento. Es una cárcel muerta, sin vida, es un cementerio de hombres vivos que cuando salimos a la libertad, en vez de estar reeducados, estamos desocializados.
(…).
En esta cárcel no hay forma de trabajar y ayudar a la familia. La mayoría permanecemos en el alojamiento, jugando, hablando, viendo televisión y durmiendo (…)”.
II. 7. Los directivos de la prisión no han gestionado ante la alcaldía que se garantice la prestación ininterrumpida del servicio de agua. “La falta de agua produce malestar, incomodidad, enfermedad en la piel, agresión entre los internos al querer ser primero en llenar las canecas o botellas particulares. Se necesita agua las 24 horas del día, todos los días y si no se puede, un depósito grande que prevea la falta de ella producto de la racionalización sectorial del pueblo”.
II. 8. Debería entregarse a cada persona privada de la libertad un kit de aseo mensual que incluya máquina de afeitar, desodorante, crema dental, jabón de baño, jabón para lavar, papel higiénico y cepillo dental; sin embargo, el “año pasado” sólo se entregaron tres kits de aseo a todos los internos. “Dentro del presupuesto anual que se hace por toda la entidad estatal debería incluirse los kits de aseo al igual que las colchonetas. Las colchonetas hoy son una necesidad apremiante en especial para los nuevos que se ven muchos de ellos [obligados] a dormir en el piso”.
II. 9. En cuanto a los servicios de salud, es necesario interponer acción de tutela si se requieren de segundo o tercer nivel. No hay medicamentos, ni siquiera una nevera para guardar la insulina. Para acceder rayos X, cirugías o terapias es casi imposible. Y solamente se entregan píldoras y se aplican inyecciones para cualquier dolor.
“En la actualidad existe un interno que padece de tuberculosis, a pesar de que fue descubierto hace meses no se ha vacunado al 100% de la población reclusa. (…). No existe facilidad para tratar y curar la enfermedad, no existe la facilidad para acceder a exámenes de sangre, esputo, materia fecal, orina y otros”.
II. 10. El servicio de telefonía constantemente está dañado, en especial en época de invierno, y la tarifa es muy costosa en comparación con la que pagan los colombianos que están en libertad, pues en la penitenciaría un minuto cuesta $300.
II. 11. Y, finalmente, se señala que: “Todos estos problemas se ventilan en las reuniones mensuales que se tienen entre los directivos de la cárcel con los monitores de los 4 patios, pero los problemas continúan, no hay solución de fondo a ellos, en especial, salud, educación, kits de aseo y ocupación recreativa y cultural”.
PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“(…).
Lo que solicitamos a través de este recurso es que se cumpla con los fines del tratamiento penitenciario, para cuando recuperemos la libertad, nos integremos de forma positiva a la sociedad, así como (…) en estos momentos no se está cumpliendo con dicho propósito.
(…).
Los abajo firmantes solicitamos a la autoridad protección de los derechos e intereses colectivos como: moralidad administrativa, acceso al servicio de agua eficiente y oportuno, derecho del consumidor y usuario y en conexidad con ellos la salud, la dignidad humana”.
ACTUACIÓN PROCESAL
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 25 de junio de 2014, decidió admitir la demanda y vincular como autoridades accionadas al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Municipio de Chaparral, a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral- y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, por tener interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, el Tribunal ordenó la notificación de tal providencia a las autoridades accionadas para que contestaran la demanda y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes; así como al Procurador Judicial Delegado y al Defensor Regional del Pueblo.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
V. 1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante escrito presentado el 8 de septiembre de 2014, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que, de conformidad con el Decreto 2897 de 11 de agosto de 2011, la entidad que representa no es competente para administrar y crear los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país ni para adoptar medidas administrativas tendientes a adecuar y velar por la eficiente prestación de los servicios de salud, alimentación, recreación, estudio, rehabilitación, resocialización, mantener la salubridad, el ambiente y la convivencia. Estas funciones les han sido atribuidas expresamente a la USPEC y al INPEC, según lo establecido, en los decretos 4150 de 3 de noviembre y 4151 de 30 de noviembre de 2011; 1170 de 29 de junio de 1999 y 2160 de 30 de diciembre de 1992.
La adscripción del INPEC al Ministerio no configura una relación jerárquica, de subordinación o dependencia, sino un control de tutela, en donde se busca la orientación y controles sectorial y administrativo tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas. El control administrativo que los ministerios ejercen sobre las entidades vinculadas tiende a fomentar el cumplimiento mancomunado de metas, planes y programas gubernamentales, excluyendo la posibilidad de limitar o condicionar la autonomía administrativa que les corresponde.
El problema de política criminal, a partir del cual se diseñó el documento CONPES, consiste en que la actual política del Estado colombiano en esta materia es incoherente, reactiva, desarticulada, ineficaz e ineficiente. En materia penitenciaria, las políticas deben incluir no sólo las cuestiones relativas a la privación de la libertad, sino también aquellas que permiten el cumplimiento del fin resocializador de la pena. Esta política deberá enmarcarse en el cabal cumplimiento de los principios y derechos constitucionales; cumplimiento que se hace efectivo a través de la acción coordinada y efectiva de todos los componentes del sistema y la racionalización de todas las etapas de la criminalización.
V. 2. El apoderado judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, mediante escrito aportado el 17 de septiembre de 2014, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En atención al artículo 145 de la Ley 65 de 1993, el Cuerpo Colegiado Consejo de Evaluación y Tratamiento, no tiene bajo su cargo la realización de actividades deportivas, lúdicas o culturales, sino que está encargado de la evaluación de los reclusos a fin de que sean clasificados en fase de tratamiento penitenciario.
En lo que atañe a la ausencia de abogados, es a la Defensoría Pública a la que le corresponde brindar apoyo a los reclusos mediante los profesionales de su programa. Paralelo a ello, manifestó que:
“El hecho de que no se cuente con un abogado titulado en asesoría jurídica del establecimiento de Chaparral, no ha significado la parálisis de dicha dependencia ni ha impedido que se efectúen los trámites que por intermedio de ella se realizan a favor de los reclusos; puesto que a tal dependencia ha sido asignado un funcionario uniformado encargado de resolver los requerimientos de los internos relacionados con el trámite de libertades condicionales, domiciliarias, redención de pena, beneficios administrativos (…)”.
También informó que la entidad pública que representa no cuenta con una planta de personal suficiente, tanto de guardia, como administrativo, motivo por el cual, en virtud de un acuerdo celebrado con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se viene adelantando el concurso de méritos N.° 250 de 2012 con el que se pretende cubrir la totalidad de las vacantes existentes en la planta de personal administrativo.
La Dirección del establecimiento de Chaparral ha sido diligente en el sentido de buscar el apoyo de instituciones educativas como los colegios Álvaro Molina y El Rosario, los cuales han asignado algunos profesores; y el SENA, que adelanta capacitaciones para los internos en emprendimiento y electricidad. Adicionalmente, ha recibido apoyo de la Alcaldía Municipal en actividades lúdicas como de música, teatro y manualidades.
Frente al suministro de agua, indicó que es un problema que no se le puede endilgar al INPEC, habida cuenta que el Municipio de Chaparral no cuenta con acueducto y por esa razón es que pasan días sin que el agua fluya por la tubería. Es por ello que la cárcel cuenta con un tanque elevado para el almacenamiento de agua y el respectivo abastecimiento de los internos.
De conformidad con el Decreto 4151 de 2011, corresponde a la USPEC la ejecución del presupuesto asignado para proyectos de inversión relacionados con el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Mediante Resolución N.° 00035 de 8 de enero de 2014, el INPEC destinó una partida de $18´500.000 para la adquisición de elementos de aseo y colchonetas para los internos del establecimiento penitenciario y carcelario de Chaparral. Dicha partida fue ejecutada por la dirección de ese establecimiento, adquiriendo y suministrándoles a los internos los correspondientes kits de aseo. La última de estas entregas se produjo a mediados del mes de agosto 2014. De igual forma, la dirección del establecimiento, en acatamiento al memorando de la Dirección General del INPEC N.º 0251 de 10 de marzo de 2004, ha dispuesto de la provisión de los elementos de aseo personal tres veces por año, en los meses de abril, agosto y diciembre.
El objeto del INPEC es custodiar y vigilar a los internos, más no prestarles el servicio de salud, toda vez que dicha competencia le fue adjudicada a la EPS Caprecom, en virtud de la Ley 1122 de 9 enero de 2007, los decretos 1141 del 1º de abril de 2009 y 2777 de 3 de agosto de 2010 y los contratos de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud N.º 006 del 1º de febrero de 2011 y de prestación de servicios de salud intra-mural N.º 008 de 2011.
Las funciones del INPEC son incompatibles con el servicio de telefonía en razón a que este fue contratado con la empresa PREPACOL.
Finalmente, propuso las excepciones de “inexistencia del hecho dañino”, pues los servicios de agua, salud y telefonía escapan de las competencias del INPEC; “inepta demanda”, dado que los accionantes tenían a su disposición la acción de tutela; “hecho superado”, en vista de que se acreditó que los kit de aseo fueron entregados a los internos durante el año 2013 y lo que iba corrido del 2014; y “excepción genérica”.
V. 3. La Jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, mediante escrito allegado el 22 de septiembre de 2014, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda en lo que involucra a la entidad pública que representa, conforme a los siguientes argumentos:
El suministro de elementos de aseo y de cama a los internos recluidos en los establecimientos carcelarios, le corresponde al INPEC y está siendo asumido y garantizado con su presupuesto.
En el entendido de que los servicios penitenciarios y carcelarios que le corresponden a la USPEC son los que impactan directamente en la población privada de la libertad, salvo los relacionados con las labores de resocialización y tratamientos propios del INPEC, un ingeniero comisionado por la USPEC, con base en una visita técnica efectuada los días 1º y 2 de julio de 2014, rindió el Informe N.º 150-DINFRA-13154 de 22 de julio de 2014, en el que se precisa que el EPMSC de Chaparral requiere de arreglos eléctricos, mantenimiento de cubierta de asbesto, impermeabilización de cubiertas, adecuación de áreas, pintura general, arreglo cielo raso y de humedales bajo placa, construcción de tanque en concreto para agua potable, realización de redes principales de distribución del tanque de almacenamiento a redes de distribución internas, instalación de mallas de seguridad en celdas de internos, adecuaciones a baterías sanitarias, realización de enchape a lavaderos y mantenimiento de las redes sanitarias existentes. En virtud de lo anterior, atendiendo al presupuesto disponible, la USPEC revisará la posibilidad de contratar las obras en la presente vigencia o programarlas para la próxima.
La USPEC se encuentra en las gestiones para construir un tanque en concreto para agua potable y la realización de redes principales de distribución del tanque de almacenamiento a redes de distribución internas. La administración de la frecuencia y la determinación de horarios para el suministro del servicio público de agua es una medida que les corresponde adoptar al INPEC a través del Director del EPMSC de Chaparral en coordinación con la empresa prestadora de servicios públicos.
En virtud del Decreto 2496 de 2012, a la fecha de la presentación de la demanda de la referencia, la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad le correspondía a la EPS Caprecom. Sin embargo, la Ley 1709 de 20 de enero de 2014, actualmente dispone que: i) en todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria; ii) el Ministerio de Salud y la USPEC deben diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con los recursos del Presupuesto General de la Nación; y iii) se crea el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, al que le asigna la función de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad. En tal virtud, el nuevo esquema de salud está siendo elaborado por la USPEC y el Ministerio de Salud y su implementación será gradual y progresiva, tal y como lo establece la ley.
También informó que la Directora de Atención y Tratamiento del INPEC impartió instrucciones a los directores regionales y directores de los establecimientos de reclusión en el sentido de que la obligación de Caprecom EPS de prestar el servicio de salud a los internos tiene su fuente en la ley y que, por su parte, el INPEC adelanta el seguimiento y control del aseguramiento de la población privada de la libertad y de la prestación del servicio de salud que debe garantizarse conforme a lo contemplado en el artículo 4º del Decreto 2496 de 2012.
Por último, aseguró que la acción popular de la referencia es improcedente “por la inexistencia de acciones u omisiones que vulneren o amenacen los derechos colectivos alegados” y por la “inexistencia de un daño contingente o actual a un derecho colectivo [en tanto que] las personas privadas de la libertad (…) están siendo beneficiadas de los servicios que les está prestando el Estado a través de sus diferentes entes”.
V. 4. El apoderado judicial del Municipio de Chaparral – Tolima y de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral-, mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2014, se pronunció frente a los hechos de la demanda de la siguiente forma:
Tanto la Administración Municipal de Chaparral como su Empresa de Servicios Públicos –Empochaparral ESP-, carecen de legitimación en la causa para satisfacer las pretensiones relativas al grupo interdisciplinario, el sicólogo, el trabajador social, el servicio educativo, los talleres, los kits de aseo y los servicios de salud y telefonía.
En cuanto a la problemática del agua adujo que se debe “(…) a la falta de caudal de agua cruda que llega a la planta de tratamiento “El Edén”. Situación que se ha venido agravando con los cambios climáticos del planeta y la destrucción de la naturaleza por la mano del hombre (…)”. Por esa razón “(…) sólo es posible prestarse el servicio de manera intermedia, es decir, cada dos días (…)”.
No obstante lo anterior, la Administración viene haciendo ingentes esfuerzos para solucionar el problema de raíz, toda vez que: i) mediante Acta N.º 058 DDHH de 13 de junio de 2012, la Administración se comprometió a “hacer llegar al establecimiento una o dos veces por semana el carrotanque de bomberos con agua para ayudar a subsanar la necesidad que se presenta en el centro del establecimiento”; ii) mediante Acta N.º 0135 DDHH, se sugirió la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para efectos de corregir los problemas de convivencia que se producen entre los internos por la escasez de agua; y iii) se elaboró proyecto de “formulación optimización del sistema de redes de acueducto del casco urbano del Municipio de Chaparral Tolima”, el cual se encuentra incluido dentro del Plan de Desarrollo del Municipio. Seguidamente, complementó:
“Es de anotar que el presupuesto de dicha obra es de $7.810´885.819,42, de los cuales se le solicitó al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico la suma de $5.000´000.000, a la Gobernación del Tolima $1.500´000.000 y el Municipio participaría con $1.310´885.819,42”.
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
El Magistrado Sustanciador del proceso, mediante providencia de 5 de diciembre de 2014, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a que no compareció la parte demandante.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 2 de mayo de 2016, dirimió la controversia planteada, en los siguientes términos:
Encontró que no existe conexidad o incidencia entre las competencias del Ministerio de Justicia y del Derecho y la vulneración alegada por la parte demandante, pues en virtud de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 65 de 1993 y los Decretos 4150 y 4151 del año 2011, la creación, administración, mantenimiento, adecuación, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios corresponde al INPEC y a la USPEC. En consecuencia, dispuso:
“Primero. DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, en consonancia con los planteamientos señalados en la parte motiva de esta decisión”.
De conformidad con el artículo 145 de la Ley 65 de 1993, el grupo interdisciplinario de profesionales con el que deben contar los establecimientos penitenciarios se encuentra destinado exclusivamente a labores de evaluación y clasificación de los internos con miras a determinar su fase de tratamiento penitenciario y no para actividades deportivas, lúdicas o culturales.
En cuanto a la falta de abogados de planta en el establecimiento penitenciario, compete a la Defensoría del Pueblo el asesoramiento jurídico de los reclusos, en consonancia con lo prescrito en el numeral 4° del artículo 21 de la Ley 24 de 1992. Además, no se demostró que esa circunstancia haya desencadenado inconvenientes en los trámites administrativos y judiciales de los reclusos del centro carcelario de Chaparral.
Mediante el proceso de invitación pública de contratación de mínima cuantía N.° 144-006-2014, se adquirieron 1346 máquinas de afeitar, rollos de papel higiénico y jabones de baño personal; 1345 cremas dentales, cepillos de dientes y sobres de desodorante; y 170 colchonetas de 60*1.90 cm. Estos implementos fueron entregados a los internos durante el período comprendido entre el 23 de enero de 2013 y el 5 de agosto de 2014.
Es claro que dentro del establecimiento carcelario de Chaparral se brinda un servicio de telefonía a los internos, el cual, por lógicas razones, no puede ser comparado con el que se les ofrece a las personas en libertad, pues dicho servicio tiene unas condiciones y restricciones especiales al tenor del artículo 111 de la Ley 65 de 1993.
En virtud del Contrato de Administración de Recursos y Aseguramiento del Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud N.º 006 de 2011, suscrito entre el INPEC y Caprecom, esta entidad asumió la responsabilidad en la prestación del servicio médico de la población privada de la libertad. A pesar de que mediante el Decreto 2519 de 28 de diciembre de 2015, se ordenó la liquidación de Caprecom, esta entidad aún conserva la prestación de los servicios de salud de los reclusos del INPEC en atención al inciso segundo del artículo 4º de dicho decreto. Además, no obran pruebas que avisten una irregularidad en el servicio médico que afecte los derechos colectivos invocados.
En lo que concierne al estado de los talleres y salas de estudio del establecimiento carcelario de Chaparral, se evidenció que cuenta con los elementos necesarios para su funcionamiento. Además las autoridades carcelarias poseen plena autonomía para establecer los horarios de las distintas actividades que se desarrollen al interior de los centros de reclusión.
Se acreditó que existe una situación de desabastecimiento de agua que ha sido constante durante los últimos años en toda el área urbana del Municipio de Chaparral, por cuenta del bajo caudal del recurso hídrico que llega a la planta de tratamiento.
Dicha situación ha conllevado a que la empresa de servicios públicos implemente medidas de racionamiento en el servicio de acueducto, las cuales han condicionado el consumo del recurso hídrico de toda la población, incluida la confinada en el centro de reclusión. No obstante, frente a ello, el Municipio de Chaparral no tiene responsabilidad alguna, toda vez que, a través de un sistema de suministro programado, ha prestado el servicio en las cantidades necesarias para abastecer a las personas recluidas.
A pesar de que el centro penitenciario de Chaparral cuenta con una óptima infraestructura sanitaria y de almacenamiento de agua, existe un déficit en el suministro de agua potable, en el sentido de que su continuidad es de 96 horas semanales, esto es, un período insuficiente para abastecer la demanda mínima; además, tan sólo se suministran 24 litros de agua al día por cada interno, cantidad que dista sustancialmente de los parámetros establecidos en la Resolución N.º 2320 de 27 de noviembre de 2009.
Así pues, en tanto que el INPEC y la USPEC son las entidades encargadas de administrar, tanto la infraestructura sanitaria, como el recurso hídrico que se provee en la cárcel de Chaparral, el suministro deficiente de agua a la población reclusa es responsabilidad de dichas entidades, así como la vulneración de los derechos colectivos. Por estas razones el Tribunal dispuso:
“(…)
Segundo. ACCÉDASE parcialmente a las pretensiones demandatorias de la presente acción popular instaurada por IDELFONSO CENTENO PATERNINA Y OTROS contra el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- Y OTROS y en consecuencia, AMPÁRESE los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA tanto al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- como a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, para que en un término no superior a dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta providencia, garanticen un adecuado suministro de agua potable a toda la población reclusa del Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, para lo cual pondrán a disposición toda la capacidad de almacenamiento de ese centro carcelario (tanques subterráneos, tanque elevado y albercas) con miras a asegurar la oferta hídrica para afrontar las necesidades sanitarias de los reos, e igualmente, ampliarán de seis (06) a ocho (08) horas diarias el horario en que se permite a los internos hacer uso del servicio de acueducto.
Cuarto. ORDÉNESE al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- y a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, la remisión trimestral de los informes contentivos de las labores decretadas por esta Corporación, término que empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.
Quinto. ORDÉNSE la integración de un comité de verificación, el cual estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el Personero Municipal de Chaparral, un representante de los internos del EPMSC Chaparral y los delegados del Instituto Nacional Penitenciario y Carclario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.
Sexto. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, en consonancia con lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.
Séptimo. ABSUÉLVASE de toda responsabilidad en el presente caso a la accionada MUNICIPIO DE CHAPARRAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta sentencia.
(…)”.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación solicitando que los numerales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, en lo que respecta a dicha entidad pública, sean revocados, en consideración a que:
La frecuencia del suministro del servicio público de agua es una medida que le corresponde adoptar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, en coordinación con la empresa Empochaparral, puesto que, de conformidad con los artículos 16 y 36 de la Ley 65 de 1993, los directores están encargados de crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, controlar y vigilar los establecimientos de reclusión. De igual forma, la determinación de los horarios para el suministro de agua le corresponde al INPEC, a través del director del establecimiento carcelario de Chaparral.
Según el dictamen pericial, el establecimiento carcelario de Chaparral cuenta con un nuevo tanque de concreto con una capacidad de 104 m3 (104.000 litros) que, adicionado al que ya existía, de 75 m3 (75.000 litros), suman una capacidad de almacenamiento de 179.000 litros, los cuales se pueden sostener durante 5 días con un consumo normativo de 150 litros por persona.
En ese sentido el apoderado de la USPEC no entiende porqué se vinculó a la entidad que representa, la cual no tiene dentro de sus funciones las de revisar y llevar a cabo la adecuada provisión del recurso hídrico a la población privada de la libertad, máxime cuando el Tribunal reconoció que el establecimiento carcelario de Chaparral cuenta con una infraestructura idónea para el suministro de agua a los internos.
Finalmente, el apoderado adujo que la USPEC viene cumpliendo con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del establecimiento carcelario de Chaparral; que, en atención al presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, ha venido interviniendo 138 establecimientos a cargo del INPEC, entre ellos el de Chaparral y que para la vigencia 2015 celebró el Contrato N.º 246 cuyo objeto es el “Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios a nivel Nacional”.
ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
IX. 1. El apoderado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, mediante escrito de alegatos de conclusión allegado el 2 de febrero de 2018, solicitó que “se nieguen las pretensiones de la demanda y en su lugar declarar probadas las excepciones y defensa de la USPEC”, debido a que aportó acta de entrega de obras del establecimiento de Chaparral, las cuales fueron ejecutadas en virtud del contrato 246 de 2015, cuyo objeto consistía en realizar el mantenimiento y mejoramiento de la planta física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional. En esa medida, aseguró que la USPEC, dentro del ámbito de sus competencias y en atención a su presupuesto, ha desplegado todas las acciones tendientes a obtener mayores recursos para efectos de cumplir con todas las órdenes judiciales que le han impartido.
IX. 2. La apoderada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, mediante escrito de alegatos de conclusión presentado el 7 de febrero de 2018, solicitó que, frente a la entidad que representa “se revoque el fallo de primera instancia, se declare la prosperidad de las excepciones formuladas, la no configuración de responsabilidad y se nieguen las pretensiones de la demanda (…)”, toda vez que dicha entidad no tiene competencia para garantizar un adecuado suministro de agua potable a la población reclusa del establecimiento de Chaparral. Precisó que dicho suministro será posible en la medida en que por parte del Municipio y Empochaparral se abastezca el líquido en la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de la colectividad demandante. De otro lado, manifestó que a la USPEC le corresponde garantizar la infraestructura idónea para el almacenamiento y distribución del agua. Por estos motivos, no hay lugar a declarar la responsabilidad del INPEC por los hechos relatados en el escrito de la demanda.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, mediante escrito aportado el 21 de febrero de 2018, conceptuó en el sentido de poner en consideración de la Sala que se incluyan tres órdenes complementarias con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos de la población reclusa, así:
1.º Que la USPEC asegure por otros medios contractuales que la cantidad de agua que se suministra a los reclusos sea de 150 litros por día, para lo cual deberá adoptar otras formas de gestión que aseguren el suministro del líquido, incluida, entre otras, la posibilidad de contratar el transporte de carros tanque hasta tanto se amplíe la capacidad de los tanques del establecimiento penitenciario.
2.º En atención a que el dictamen pericial practicado indicó que la red hidráulica interna, por su antigüedad, requiere una evaluación para su mantenimiento, se sugiere que Empochaparral realice la evaluación de la red hidráulica para su mantenimiento.
3.º Que el Municipio, a través de su Secretaría de Salud, realice seguimiento y control a la prestación del servicio de agua potable en las condiciones previstas en la Observación N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, esto es, en la cantidad y con la calidad necesaria para que las persona privadas de la libertad puedan satisfacer sus necesidades básicas y así evitar que la situación de desabastecimiento de agua potable persista en el tiempo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
XI.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer, como ocurre en el presente caso, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en las acciones populares.
XI. 2. Las acciones populares y su procedencia
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
XI. 3. Planteamiento del problema
XI. 3.1. El ciudadano Idelfonso Centeno Paternina y varios internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima, le atribuyeron al INPEC la vulneración de los derechos colectivos relacionados con la salubridad pública; con la moralidad administrativa; con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y con la dignidad humana de la población privada de la libertad; en virtud de las deficiencias que se presentan en las actividades dirigidas a la integración social de los internos tales como trabajo, educación, cultura, deporte y recreación; en la asistencia profesional en asuntos jurídicos, sicológicos y sociales; y en los servicios básicos de agua y aseo, salud y telefonía.
XI.3.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 2 de mayo de 2016, decidió:
Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, al encontrar que no existe conexidad o incidencia alguna entre sus funciones y la vulneración alegada por la parte demandante, toda vez que de conformidad con la ley, la creación, administración, mantenimiento, adecuación, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios corresponde al INPEC y a la USPEC.
Amparar los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas, con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, toda vez que encontró que en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral existía un déficit en el suministro de agua potable de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución N.º 2320 de 2009.
El Tribunal advirtió que el Municipio de Chaparral se encontraba prestando el servicio de agua en las cantidades necesarias para abastecer a las personas recluidas en la cárcel de Chaparral, motivo por el cual lo absolvió de responsabilidad; sin embargo, señaló que el INPEC y la USPEC no habían adoptado las medidas idóneas para garantizar el suministro adecuado de agua en dicho establecimiento carcelario, aun cuando son las entidades encargadas de administrar, tanto la infraestructura sanitaria, como el recurso hídrico que allí se provee.
Por estas razones, el Tribunal les ordenó al INPEC y a la USPEC que garanticen un adecuado suministro de agua potable a toda la población reclusa del Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, indicándoles para el efecto, que pongan a disposición toda la capacidad de almacenamiento de ese centro carcelario (tanques subterráneos, tanque elevado y albercas), con miras a asegurar la oferta hídrica, al igual que amplíen de 6 a 8 horas diarias el horario en que se permite a los internos hacer uso del servicio de acueducto.
Finalmente, el Tribunal negó las demás pretensiones de la demanda, en atención a que: a) el grupo interdisciplinario de profesionales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, de conformidad con la ley, están destinados exclusivamente a labores de evaluación y clasificación de los internos con miras a determinar su fase de tratamiento penitenciario y no para actividades deportivas, lúdicas o culturales; b) no se acreditó algún tipo de dificultad o inconveniente en lo referente a los trámites administrativos y judiciales de los reclusos; c) se demostró la adquisición y la entrega de los correspondientes kits de aseo; d) el servicio de telefonía de los internos está sujeto a las condiciones y restricciones previstas en la ley; e) no se acreditó algún tipo de irregularidad en la prestación de los servicios médicos; y f) se demostró que los talleres y las salas de estudio cuenta con los elementos necesarios para su funcionamiento.
XI.3.3. Inconforme con la determinación del a quo, la USPEC interpuso recurso de apelación, solicitando que, en lo que a ella concierne, se revoquen los numerales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, en consideración a que:
La frecuencia del suministro del servicio público de agua es una medida que le corresponde adoptar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, en coordinación con la empresa Empochaparral, puesto que, de conformidad con los artículos 16 y 36 de la Ley 65 de 1993, los directores están encargados de crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, controlar y vigilar los establecimientos de reclusión. De igual forma, la determinación de los horarios para el suministro de agua le corresponde al INPEC, a través del director del establecimiento carcelario de Chaparral.
Según el dictamen pericial, el establecimiento carcelario de Chaparral cuenta con un nuevo tanque de concreto con una capacidad de 104 m3 (104.000 litros) que, adicionado al que ya existía, de 75 m3 (75.000 litros), suman una capacidad de almacenamiento de 179.000 litros, los cuales se pueden sostener durante 5 días con un consumo normativo de 150 litros por persona.
La USPEC no tiene dentro de sus funciones las de revisar y llevar a cabo la adecuada provisión del recurso hídrico a la población privada de la libertad, máxime cuando el Tribunal reconoció que el establecimiento carcelario de Chaparral cuenta con una infraestructura idónea para el suministro de agua a los internos.
La USPEC viene cumpliendo con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del establecimiento carcelario de Chaparral; que, en atención al presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, ha venido interviniendo 138 establecimientos a cargo del INPEC, entre ellos el de Chaparral y que para la vigencia 2015 celebró el Contrato N.º 246 cuyo objeto es el “Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios a nivel Nacional”.
XI.3.4. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si ¿hubo vulneración de los derechos colectivos invocados, por causa de que las entidades públicas demandadas omitieron el cumplimiento de sus funciones en aras de garantizar el derecho humano de acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y permanente, sin discriminación y de forma prioritaria y reforzada de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima?
Antes de resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar el núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos objeto de amparo.
XI.4. Núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos objeto de la solicitud
XI.4.1. Respecto del concepto de derecho colectivo, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:
“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.
En la misma línea conceptual, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.
XI.4.2. Seguridad y salubridad públicas
La Constitución de 1991, en su artículo 366, consagró el mejoramiento de la calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual fijó como un objetivo prioritario para las entidades del estado la solución de las necesidades insatisfechas en materia de salud.
La importancia de los derechos colectivos a la seguridad y a la salubridad públicas, ha sido abordada por esta Sección, entre otras, en la sentencia de 15 de mayo de 2014, en la cual señaló:
“La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a la vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la dignidad humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366 de la Carta, que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental de su actividad la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial se plasma también en el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos el deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo de esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la Ley Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del principio de solidaridad, responder con acciones humanitarias “ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también resaltarse el hecho que el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento expreso de la responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y servicios que, entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios; la cual, por virtud de lo previsto en la parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.
La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria”.
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva”.
XI.4.3. Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
Sobre este derecho cabe resaltar lo señalado por esta Sección, en cuanto a la relación entre el derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la seguridad y salubridad públicas, temas relacionados con la presente acción popular:
“La salubridad pública.
Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección, de manera coincidente con la Corte Constitucional:
“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”.
De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta Corporación:
“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública […].
Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo se obtendrá a través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios.
XI.4.4. El acceso a los servicios públicos y a su prestación en forma eficiente y oportuna
Este derecho colectivo busca la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, en cuanto a su la calidad, precio y cobertura. Frente a esos derechos, al Estado le corresponde su regulación y control con miras a que dichos elementos se cumplan en debida forma.
En relación con este derecho colectivo, la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que:
“EL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE no se está frente al desarrollo de una función administrativa en los términos del artículo 209 Constitucional, sino de una actividad económica intervenida por el Estado, cuya prestación debida se relaciona directamente con la consecución de sus fines (art. 2 C. N.). El modelo constitucional económico de la Carta Política de 1991 está fundado en la superación de la noción “francesa” de servicio público, conforme a la cual éste era asimilable a una función pública, para avanzar hacia una concepción económica según la cual su prestación está sometida a las leyes de un mercado fuertemente intervenido; así se deduce del artículo 365 constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que estos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.
Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que permite la concurrencia de Agentes (públicos, privados o mixtos) en su prestación. De acuerdo con tal disposiciones se destaca, jurídicamente, que los servicios públicos “son inherentes a la finalidad social del Estado”, pues contribuyen al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 2 y 366 ibídem.) y es por ello que su prestación comporta la concreción material de la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 ibídem); así lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, como mecanismo auxiliar en la administración de Justicia (art. 230).De manera que los derechos colectivos que se involucran en la prestación de los servicios públicos no aluden a la función pública propia del Estado, sino a una actividad económica que por implicar el tráfico de servicios inherentes a la finalidad social del Estado, que la doctrina colombiana, con base en expresión foránea, llama “bienes meritorios”, exige la intervención del mismo a través de los instrumentos tradicionales de policía administrativa: regulación y control (inc. 2 art. 365 C. N). En otras palabras, el bien jurídico colectivo por proteger no refiere a la función administrativa, sino a los derechos propios de los consumidores y usuarios particularmente en lo relativo a la calidad del servicio y a su precio. (…) (Subrayado fuera de texto)”.
XI.4.5. El derecho humano al agua
XI.4.5.1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 diciembre de 1966 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, indica en sus artículos 11 y 12 que los Estados parte están en la obligación de tomar las medidas apropiadas para asegurar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, mejorando de forma continua las condiciones de existencia en aspectos como alimentación, vestido y vivienda adecuados y salud física y mental.
XI.4.5.2. En ese sentido, la Observación general N.º 15 del derecho al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, establece que el agua es un recurso natural limitado; un bien público social y cultural fundamental para la vida y la salud y una garantía indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado en la medida en que es una de las condiciones esenciales para la supervivencia.
En tanto que el agua es imprescindible para desarrollar actividades cotidianas dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte y satisfacer necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica, el derecho a acceder a ella necesariamente implica la realización de otros derechos humanos tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la vivienda, la intimidad, entre otros.
El derecho humano al agua contiene las garantías de disponibilidad efectiva, suficiente, de calidad, salubre, aceptable, continua, accesible física y económicamente, progresiva, sin discriminación y con especial atención a personas y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el derecho, tales como, mujeres, niños, minorías, indígenas, refugiados, asilados, desplazados internos, trabajadores migrantes, presos y detenidos.
Frente al derecho al agua, los Estados parte asumieron las obligaciones de: i) respetar, la cual supone abstenerse de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua, negando o restringir su acceso, contaminando o afectando las instalaciones y reservas de agua potable; ii) proteger, impidiendo que terceros menoscaben de cualquier forma el disfrute del derecho al agua; y iii) cumplir, facilitando el acceso al agua mediante la adopción de medidas de carácter positivo; promoviendo medidas para que se difunda la información adecuada relativa a su uso higiénico, se protejan las fuentes de agua y se reduzcan los desperdicios; y garantizando el acceso cuando las personas, por razones ajenas a su voluntad, no están en condiciones de ejercer por sí mismos el derecho con los medios disponibles.
En el numeral 37 de la Observación, el Comité identificó las siguientes obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, las cuales tienen efecto inmediato:
“a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;
b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados;
c) Garantizar el acceso físico a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;
d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;
f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;
g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;
h) Poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo relativamente bajo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”.
Valga resaltar que, frente a las personas privadas de su libertad, el Comité indica que “(…) los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que: (…). [l]os presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”.
XI.4.5.3. En desarrollo del instrumento anotado, la Corte Constitucional ha amparado el derecho al agua de las personas privadas de la libertad, detallando su contenido de la siguiente manera:
“11.- El derecho humano al agua es el derecho que tienen todas las personas de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico[41]. Reiteradamente ha sido entendido por este Tribunal como una garantía indispensable para alcanzar la efectividad de muchos otros derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad humana y una vivienda y una alimentación adecuadas.
(…).
Estas obligaciones que constituyen el núcleo esencial del derecho al agua no pueden suspenderse, ni podrá justificarse su incumplimiento en la falta de recursos para garantizar su plena realización. Por esta razón, el Estado tiene el deber de asegurar este derecho a todos sus asociados, sin discriminación, de forma inmediata y atendiendo especialmente a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho.
(…).
En particular, sobre la garantía del derecho al agua de las personas privadas de la libertad establece que el Estado tiene el deber de adoptar medidas con el fin de que tanto los presos como los detenidos tengan agua suficiente y de calidad para atender sus necesidades diarias, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
24.- El deber del Estado de garantizarle a los reclusos su derecho al agua de forma prioritaria y reforzada también encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales y en informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General No. 15 del Comité reseñada en el acápite anterior. (…)”. [Resalta la Sala].
De igual forma, la Corte, en sentencia T-815 de 12 de noviembre de 2013 (M. P: Alberto Rojas Ríos), resolvió amparar los derechos fundamentales a la vida digna, a la intimidad, al agua, a la salud, a la integridad física y psicológica, y al buen trato a favor de un grupo de internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bogotá - La Picota, habiendo considerado que:
“Por lo cual, se reitera que el Estado tiene el deber de adoptar medidas con el fin de que las personas privadas de la libertad tengan derecho fundamental al acceso de agua potable en forma continua, permanente y suficiente para atender sus necesidades diarias, de conformidad con las prescripciones de derecho internacional humanitario, la observación general no. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Así las cosas, el INPEC deberá garantizar la adecuada prestación permanente del servicio público de agua potable para la población de internos que incluya a lo sumo, servicio sanitario, baño diario y agua potable suficiente para el consumo”. [Subraya la Sala].
En sentencia T-282 de 14 de mayo de 2014 (M. P: Luis Ernesto Vargas Silva), la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al agua potable y a la salud, de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, Cesar, precisando que:
“19. Resumiendo el recuento jurisprudencial realizado, es posible concluir que la Corte Constitucional ha construido una línea bastante pacífica y reiterada sobre la fundamentabilidad del derecho al agua de las personas que se encuentran recluidas en prisión, así como su importancia para la garantía de una vida en condiciones dignas. Esto, con base en la relación de especial sujeción que existe entre los internos y el Estado, de la cual se derivan obligaciones específicas en cabeza de este último, una de las cuales es suministrar de manera continua y preferente cantidades de agua suficientes y con una óptima calidad, para que los presos puedan vivir en condiciones dignas, esto es, que no padezcan sed, puedan asearse a sí mismos, lavar su ropa y mantener sus celdas y patios en condiciones de higiene aceptables. Para lograr estos objetivos, ha optado por dar varios tipos de soluciones como la realización de obras de infraestructura hídrica, el suministro de agua mediante carro tanques, el aprovisionamiento temporal de envases para el almacenamiento de agua, entre otros; así mismo, ha sido clara al establecer que las cárceles, por ser un tipo de establecimiento especialmente protegido (al igual que los colegios y hospitales) no pueden ser privadas de los servicios públicos de acueducto y energía, bajo ninguna circunstancia, incluso si hay mora en el pago de las facturas”. [Resalta la Sala].
Finalmente, en sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017 (M. P: María Victoria Calle Correa), la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional señaló que:
“4.3.1. Las personas privadas de la libertad históricamente han tenido dificultades para ejercer de forma plena y efectiva su derecho al agua. Resulta natural que los reclusos en establecimientos penitenciarios se encuentren en imposibilidad absoluta de proveerse ellos mismos el referido servicio público. Lo anterior por cuanto las circunstancias propias del encierro impiden que puedan satisfacer por su cuenta una serie de necesidades básicas que son esenciales para una existencia digna, a diferencia de quienes disfrutan de su libertad de locomoción. De este modo, por estar bajo la custodia del Estado en virtud de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen el acceso al fluido con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad tal como quedó explicado con anterioridad[76].
La Corte ha resaltado la importancia de garantizarles a quienes presentan limitaciones determinantes en su libertad, el acceso suficiente al agua limpia necesaria para satisfacer unos niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de los establecimientos de reclusión. El fundamento constitucional es que ningún ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a acceder, por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y suficiente para poder calmar la sed y asearse. Por ello, a todo reo al igual que a cualquier otro ser humano se le debe asegurar su satisfacción pero de forma prioritaria y reforzada por tratarse de un sujeto especialmente vulnerable. La ausencia de suministro constituye una falta grave del Estado a los deberes de garantía especialmente a la dignidad humana[77]”. [Resalta la Sala].
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 2 de mayo de 2016, encontró demostrado que en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral existía un déficit en el suministro de agua potable de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución N.º 2320 de 2009, por cuenta de que el INPEC y la USPEC no habían adoptado las medidas idóneas para garantizar el suministro adecuado de agua en dicho establecimiento carcelario, aun cuando son las entidades encargadas de administrar, tanto la infraestructura sanitaria, como el recurso hídrico que allí se provee.
En consideración a lo anterior, el Tribunal resolvió amparar los derechos colectivos relacionado con la seguridad y salubridad públicas, con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; en consecuencia, les ordenó a las autoridades responsables que garanticen un adecuado suministro de agua potable a toda la población reclusa del Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, indicándoles para el efecto, que debían poner a disposición toda la capacidad de almacenamiento de ese centro carcelario (tanques subterráneos, tanque elevado y albercas), con miras a asegurar la oferta hídrica, al igual que amplíen de 6 a 8 horas diarias el horario en que se permite a los internos hacer uso del servicio de acueducto.
La USPEC apeló dicha decisión alegando fundamentalmente que: i) la adecuada provisión de agua (frecuencia y los horarios) dentro del establecimiento carcelario de Chaparral es una función que, de conformidad con la ley, le compete al INPEC, a Empochaparral y a la respectiva Dirección del penal; ii) en atención al dictamen pericial, la infraestructura hídrica existente en el establecimiento carcelario de Chaparral permite el almacenamiento de agua suficiente para abastecer el consumo durante 5 días con una cantidad normativa de 150 litros por persona; y en razón a que iii) viene cumpliendo con sus obligaciones de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura hídrica del establecimiento carcelario de Chaparral.
De conformidad con lo indicado, la Sala procederá a analizar si, en efecto, se produjo la vulneración de los derechos colectivos alegados, por causa de que las entidades públicas demandadas omitieron el cumplimiento de sus funciones en aras de garantizar el derecho humano de acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y permanente, sin discriminación y de forma prioritaria y reforzada de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima.
XII.1. Valoración probatoria
XII.1.1. Con base en una reunión para efectos de “atender algunas dudas, inquietudes e inconvenientes que se han presentado”, se elaboró el Acta de Derechos Humanos N.° 058 de 13 de junio de 2012, respecto de la cual se destacan los siguientes compromisos:
“(…).
4. Hacer llegar al establecimiento una o dos veces por semana el carrotanque de bomberos con agua para ayudar a subsanar la necesidad que se presenta dentro del establecimiento”. [Resalta la Sala].
XII.1.2. Mediante Oficio N.º 674 de 16 de abril de 2013, el Procurador Provincial le solicitó al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral- que restableciera de inmediato el servicio de agua en el establecimiento carcelario de Chaparral, en virtud de que no se prestaba durante varios días, hecho que generaba la vulneración de los derechos de los internos.
Así, mediante Oficio N.º 2013000121 de 17 de abril de 2013, el gerente de Empochaparral explicó que “(…) en el momento se está sectorizando el agua en el municipio cada dos días para ese sector no por hechos arbitrarios o voluntarios, esto debido que para poderle brindar un servicio de acueducto a todo el municipio tenemos que racionalizar el agua dividiendo el municipio en dos sectores para poder presentar un servicio continuo por dos días, por lo cual el centro penitenciario se le quitará el servicio del agua el día 17 de abril en horas de la noche y regresará nuevamente el día 20 de abril de 2013 a primera hora. (…)”.
XII.1.3. En atención a la visita técnica realizada los días 1 y 2 de julio de 2014, por parte del personal del INPEC y de la USPEC, para efectos de evaluar el estado físico general de toda la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral – Tolima, se suscribió el Informe Ejecutivo N.° 150-DINFRA-13154 de 22 de julio de 2014, en el cual se llegó a las siguientes conclusiones:
“(…).
5. CONCLUSIONES
Realizar arreglos eléctricos a redes generales del establecimiento, ya que las redes actuales presentan sobrecargas, por lo que se ocasionan daños en los equipos utilizados en el establecimiento.
Mantenimiento correctivo de cubierta de asbesto cemento, que presentan daños en su superficie.
Realización de impermeabilización a cubiertas, ya que se están presentando filtraciones en épocas de lluvias.
Adecuación de área de almacenamiento de cilindros de gas, área ranchos.
Pintura general del establecimiento.
Arreglo en cielo raso.
Arreglo a humedales bajo placa.
Construcción de tanque en concreto para agua potable.
Realización de redes principales de distribución del tanque de almacenamiento a redes de distribución internas.
Suministrar e instalar mallas de seguridad en celdas de internos.
Adecuaciones a baterías sanitarias de patios 1, 2, 3 y área de aulas.
Realización de enchape a lavaderos patio 1, 2 y 3.
Mantenimiento a redes sanitarias existentes, ya que presentan taponamientos.
6. CONCLUSIÓN GENERAL
De acuerdo a la visita técnica realizada al EPMSC de Chaparral Tolima, se pudo observar que el establecimiento presenta una serie de necesidades que se han generado por causas como el tiempo, y por falta de mantenimientos preventivos ante unas instalaciones que demandan un gran número de actividades constructivas.
El director del establecimiento expone que dentro de todas las necesidades presentes, las cuales deben ser intervenidas, la de mayor atención corresponde al almacenamiento para suministro de agua potable del centro penitenciario, ya que su capacidad no es suficiente para garantizar el servicio de manera óptima, por lo tanto solicita la construcción de un tanque de almacenamiento en concreto para aumentar el volumen de almacenamiento.
(…)”. [Resalta la Sala].
XII.1.4. En el marco del proyecto de inversión “Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura Física General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”, la Directora General de la USPEC, mediante Oficio N.º 150-DINFRA-6735 de 28 de julio de 2014, le informó al Director General del INPEC sobre la destinación de unos recursos para determinados establecimientos carcelarios, a efectos de realizar las obras contenidas en el Plan de Necesidades remitido por esta entidad. En ese sentido, la USPEC le solicitó colaboración al INPEC para impartir las instrucciones necesarias a los establecimientos de reclusión con el objeto de que las obras se ejecuten a la mayor brevedad y de conformidad con la ley.
Así pues, en un cuadro anexo, se identifica que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral tenía asignados, “250.000.000” de pesos, para obras de mantenimiento general e interventoría y “184.172.141” para obras en áreas de sanidad e interventoría para el año 2014.
XII.1.5. Mediante escrito de 6 de octubre de 2014, el Director del Hábitat de la Gobernación del Tolima le informó al alcalde del Municipio de Chaparral que después de haber revisado el proyecto radicado el 1° de octubre de 2014, cuyo objeto es la “Optimización del Sistema de Redes del Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Chaparral”, se hace necesario que sean subsanadas varias observaciones como certificado de titularidad del terreno en que se ejecutarán las obras; coincidencia del proyecto con las necesidades planteadas en el POT; certificado de que el proyecto está en el Plan de Desarrollo y en el banco de proyectos del Municipio; certificado de aprobación de recursos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; certificado de sostenibilidad del proyecto; certificado de concesión de aguas; aval técnico de la entidad prestadora del servicio en el Municipio y la reubicación del proyecto en el componente del presupuesto que cuenta con recursos de la Nación.
El 10 de diciembre de 2014, el Gobierno Departamental del Tolima y el Municipio de Chaparral suscribieron el Convenio Interadministrativo N.º 1104 con el objeto de “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Chaparral para la Optimización del Sistema de Redes del Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Chaparral Tolima, en el Marco del Contrato Plan Sur del Tolima”.
XII.1.6. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 11 de marzo de 2015, consideró que, en virtud de que “(…) el asunto materia de controversia reviste caracteres complejos y técnicos (…), es preciso decretar de oficio una prueba pericial, para lo cual se nombra de la lista de auxiliares de la justicia al ingeniero civil Maximiliano Mesa Rubio (…) [quien] deberá conceptuar sobre lo siguiente:
Determinar si en el Establecimiento Penitenciario de Chaparral existe interrupción, insuficiencia y/o falta de precisión en el suministro de agua potable, y de ser así, establecer cual es la causa de esas circunstancias.
Establecer se presenta insuficiencia de instalaciones sanitarias en el aludido centro carcelario, y si las existentes se encuentran en adecuadas condiciones de funcionamiento.
Examinar el real estado de las conexiones de acueducto y alcantarillado de la Penitenciaría de Chaparral.
Establecer si el Establecimiento Penitenciario de Chaparral, requiere la construcción de uno o más tanques en concreto para agua potable con sus respectivas redes de distribución; y de ser así, precisar la correspondiente capacidad de almacenamiento de esas estructuras.
Precisar si en el mentado centro de reclusión existen aulas donde se preste el servicio de educación, y en caso afirmativo, señalar las condiciones en que se encuentran los salones de clase.
Verificar el estado actual de la infraestructura de los talleres donde se realizan las actividades de resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de Chaparral, y describir las condiciones de la maquinaria destinada para dichas labores”.
En consecuencia, en el mes de agosto de 2015, el perito aportó dictamen pericial en el cual se consignaron los siguientes hallazgos:
(i) “(…) [L]a logística con que cuenta el complejo (…) consiste de (sic) una sola acometida de la red del acueducto local y la que se encuentra bajo la administración de empresa Empochaparral E.S.P. Dentro de las instalaciones, el sistema cuenta con un antiguo tanque subterráneo de concreto para una capacidad de almacenamiento de 75 m3 (75.000 lts.) y otro subterráneo, de reciente construcción en el mismo material, con una capacidad de 104 m3 (104.000 lts.) para un total de almacenamiento subterráneo de 179 m3 (179.000 lts.). Consta también de un tanque elevado con una capacidad aproximada de 25m3 (25.000 lts.) con una altura aproximada de 7 mts. para dar presión a la red interna del Establecimiento, el cual se encuentra construido en una sola planta. Lo anterior significa que el sistema cuenta con una capacidad de almacenamiento total de 204 m3 (204.000 lts.). El tanque de presión o elevado es alimentado desde los tanques subterráneos por sendas motobombas de 3 y 6 HP respectivamente.
La red hidráulica interna no presenta irregularidades notables, sin embargo, por su antigüedad, se hace necesario hacer una evaluación para su buen mantenimiento.
Para conocer el consumo de agua (…) se tomó el consumo de agua de la factura del mes de mayo del año en curso, el cual registra un gasto de 185 m3 (185.000 lts.) mes. Para conocer el consumo diario por el personal del Establecimiento, basta con dividir este factor por 30 días, lo que nos da un guarismo 6.167 lts./día. Actualmente el Establecimiento soporta una población de 257 usuarios repartidos así: Internos: 232. Guardias: 21. Personal administración: 4. Total: 257. Si dividimos el consumo de 6.167 lts. por 257 humanos nos daría un consumo de 24 lts., cifra muy por debajo de la norma establecida para el diseño de las instalaciones carcelarias que es de 150 lts. por día.
Si sumamos la capacidad de almacenamiento de los tanques, se puede apreciar que pueden contener 204 m3, o sea 204.000 lts., cifra superior a la demanda por diseño, teniendo en cuenta que para atender a un personal de 257 personas se necesitan por norma 150 lts./día para un total de 38.550 lts., es decir, podría soportar un suministro normal de agua durante cinco (5) días, concluyendo con esto que hay capacidad de almacenamiento.
Se entiende que el Establecimiento, con el fin de evitar el mal uso de este servicio, el cual puede producir fuertes erogaciones y más cuando se trata de servir a un personal que por sus condiciones sociales lo utilizan sin la debida consideración, han sometido su suministro a períodos horarios así: Desde las 6 a.m. hasta las 8 a.m. – de las 11 a.m. hasta la 1 p. m. – y desde las 4 p.m. hasta las 6 p.m.
Lo anterior da a entender que (…) cada persona está consumiendo la siguiente cuantía: Consumo mes 185.000 lts. / 30 días = 6.167 lts.
Consumo día personal: 6.167 lts. / 257 = 24 lts., cifra muy inferior a lo normativo que señala en 150 lts. día.
Este bajo consumo indica que los tanques no están trabajando en su plena capacidad o el suministro de agua desde el exterior no es suficiente para copar la capacidad de los mismos. Lo anterior debe corregirse, puesto que en estas condiciones se puede presentar en cualquier ocasión alguna emergencia sanitaria.
Como solución para aumentar el suministro de litros de agua por recluso, se recomienda mantener a plena capacidad los tanques subterráneos o dotar de una acometida adicional del acueducto con su respectivo tanque prefabricado que separe el consumo exclusivo y directo para los reclusos del personal administrativo y el utilizado para alimentos y ampliar el horario en los días de aseo general de patios, corredores, servicios sanitarios, etc.”.
(ii) “Los documentos gráficos anexos muestran que se han adelantado adecuaciones importantes en los servicios sanitarios, los cuales se encuentran funcionando adecuadamente. (…)”.
(iii) “Se apreció en la visita que se han adelantado mejoras tales como, un nuevo tanque de agua para consumo y servicios; no se notaron fugas o deterioros en las líneas de conducciones hidráulicas y sanitarias”.
(iv) “Como se ha manifestado, el Establecimiento cuenta con un nuevo tanque de concreto con una capacidad de 104 m3 (104.000 litros) que adicionado al que existía de 75 m3 (75.000 litros) suman 179 m3 (179.000 litros) como capacidad de almacenamiento y que puede sostener durante cinco (5) días, con un consumo normativo de 150 litros por persona, la población carcelaria actual del Establecimiento”.
(v) “Se ha adecuado un salón de aulas con su respectiva dotación para adelantar actividades educativas. Manifiesta el Establecimiento que se encuentra en período de organización”.
(vi) “Dicha área [de talleres] se encuentra en período de reorganización, que consiste en la adquisición del material didáctico y unidades mecánicas nuevas para ampliar y atender el desarrollo de las diferentes aptitudes que se puedan observar en los reclusos.
(…).
RECOMENDACIÓN.- Como recomendación final se advierte lo siguiente: Que a pesar del hacinamiento del 53% que soporta el Establecimiento, las condiciones higiénicas no son preocupantes como se pueden apreciar en otras instituciones similares. Se recomendaría ampliar el número de celdas puesto que tiene espacio suficiente para el caso, pues en algunos patios se apreció que varios reclusos tienden sus tendidos de cama en los pisos del sector exterior contigua a las celdas ocupadas.
(…)”. [Resalta la Sala].
XII.1.7. En atención a las solicitudes de aclaración y/o complementación del dictamen pericial, formuladas por los apoderados del Municipio de Chaparral y de Empochaparral y del INPEC, el ingeniero civil Mesa Rubio emitió los siguientes conceptos:
“CUESTIONARIO EMPOCHAPARRAL.-
1.- SOLICITA.- 1.- Qué tiene que ver el tema del consumo por persona, el cual determina que es muy bajo, en relación con que los tanques estén copados y falte suministro en el exterior?
SE ACLARA.- La normativa fijada por MINDESARROLLO, en su Resolución 1096 de noviembre 17 del 2000, en el sentido de adoptar en los diseños, como dotación para el sistema de acueductos en las áreas urbanas la cifra de 100 lts./hab./día, sirve de base para aclarar lo solicitado.
En nuestro caso se toma como base la información consignada en la factura del mes de mayo del presente año por la empresa prestadora de este servicio Empochaparral, donde se consigna el valor unitario y su cantidad de M3 consumidos en el respectivo período y que al dividir la cantidad de agua que ingresa durante el mes por el número de días, obtenemos el gasto total diario, que al dividirlo por el número de usuarios obtenemos el consumo habitante/día, así:
185 M3/30 días = 6,167 M3/día
Si esta cifra la dividimos por la población carcelaria, obtenemos el consumo por persona-litro diaria, así:
6.167/257 = 24,7 lts./hab./día.
Como se aprecia, debe existir una restricción severa en el suministro, dado que se encuentra este consumo (24,7) muy por debajo de la norma (100 Lts./hab./día).
Manejo semanal del suministro de agua potable.- De acuerdo con la certificación de Empochaparral (se anexa), manifiesta que en este lapso se tiene un racionamiento de tres (3) días y cuatro (4) días de servicio. En estos cuatro (4) días el Establecimiento carcelario ofrece al personal de la cárcel sólo seis (6) horas diarias de servicio, o sea un 25% de las 24 horas, dejando un 75% para almacenamiento expresado en cifras así:
6.167 lts. x 75/100 x 4 días = 18.501 lts. de agua de reserva para los tres (3) días de racionamiento.
Agua que se consume en los tres (3) días de racionamiento:
lts. x 3 días = 18.501 lts.
Como se puede apreciar, la cantidad de agua que se ahorra en los 4 días de servicio, es la que se consume en los tres (3) días de racionamiento.
Como se aprecia en este balance hídrico, los tanques tienen una capacidad superior para atender el consumo programado por el Establecimiento carcelario, así: capacidad de los tanques: 204.000 lts. Almacenamiento máximo para atender el racionamiento: 18.501 lts.
2.- SOLICITA.- Si tiene alguna relación, explique por qué no determinó cuál de las dos hipótesis era la acertada?
SE ACLARA.- Las dos hipótesis son válidas, lo que no es válido es que Empochaparral no se encuentra en capacidad técnica de suministrar el agua, para dar cumplimiento a lo establecido por Mindesarrollo para conseguir lo normativo de 100 lts.hab.día.
3.- SOLICITA.- O si obedece simplemente a medidas administrativas por parte del INPEC, tal y como lo expresó en el mismo documento.
SE ACLARA.- Las medidas son de las partes, porque ambas entidades no se encuentran en capacidad en dar cumplimiento a las mismas y aplicarlas perjudicarían a los pobladores. Por lo tanto, una actitud contraria al estado actual no sería equitativa.
CUESTIONARIO DEL INPEC
1.- SOLICITA.- Cuál es la regularidad con la que se suministra agua al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral.
SE ACLARA.- Empochaparral certifica lo demandado.- Ver anexo.- [96 horas semanales].
(…).
3. SE SOLICITA.- Se indique si la Empresa de Servicios Públicos Empochaparral, tiene la capacidad de garantizar el suministro constante de agua potable al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral.-
SE ACLARA.- Si existe un racionamiento programado y se está cumpliendo, es porque no se encuentra en capacidad de garantizar un suministro de agua potable en tiempo continuo.
(…)”. [Resalta la Sala].
XII.1.8. La USPEC y la Sociedad Especializada en Ingeniería S.A.S. SENING S.A.S., el 29 de septiembre de 2015, celebraron Contrato de Obra N.º 246, para el “mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional (segunda entrega)”, dentro de los cuales se encuentra el “EPMSC CHAPARRAL”.
XII.2. Las competencias de las autoridades accionadas frente a la controversia planteada
El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señaló que son fines esenciales del Estado, entre otros, “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Igualmente, se estableció que “(…). [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
XII.2.1. En lo que atañe al Municipio de Chaparral y a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral-, el artículo 311 de la Constitución indica que “(…) le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. [Subraya la Sala].
De igual forma, al alcalde, como director de la función administrativa, le corresponde “[c]umplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo” y “(…) asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo (…)”.
En virtud del artículo 3º de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, son funciones del municipio, entre otras, las de: i) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley; ii) Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. (…); iii) Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. (…); iv) Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional; y v) Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
Igualmente, el artículo 91 de la misma regulación establece que, además de las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que les fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo, son competencias de los alcaldes, las siguientes: i) Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales; ii) Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e intervención; iii) Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio; y iv) Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
Por otro lado, en lo que refiere a la prestación de servicios públicos, el artículo 14 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994, define como servicios públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible.
El servicio público domiciliario de acueducto o agua potable es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. La ley también se aplica a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte y cataloga al usuario o consumidor como la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio.
El artículo 5° de la Ley 142 señala que son competencias de los municipios: i) Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, entre otros, los servicios domiciliarios de acueducto y telefonía pública básica conmutada (…); ii) Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia.
A su vez, la misma ley indica que las entidades que presten servicios públicos tienen, entre otras, las obligaciones de: i) Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros; ii) Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio público respectivo; y iii) evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia, tales como el cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, entre otras.
La Ley 715 de 21 de diciembre de 1994 dispone que son competencias de los distritos y los municipios, entre otras: i) Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a ello haya lugar; ii) Promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal; iii) Realizar la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos; iv) En coordinación con el INPEC, podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad; y v) Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar.
XII.2.2. El Decreto 2897 de 11 de agosto de 2011, establece que el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene “como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en (…) asuntos carcelarios y penitenciarios (…)” y en otras materias. En esa medida el Decreto le asignó las siguientes competencias en asuntos penitenciarios y carcelarios:
i) Diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en la prevención del delito y las acciones contra la criminalidad organizada; ii) Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de Lucha contra las Drogas. A través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria: iii) Elaborar los estudios y presentar las propuestas sustantivas y de procedimiento en materia de política criminal, carcelaria y penitenciaria y del tratamiento normativo de la libertad individual; iv) Efectuar el seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la operación y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y los relativos a las medidas privativas de la libertad para los adolescentes, atendiendo la finalidad del mismo; v) Promover la revisión anual de las condiciones de reclusión y de resocialización del sistema penitenciario, de los centros de privación de la libertad de los adolescentes y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de la finalidad de estos sistemas; vi) administrar el Fondo de Infraestructura Carcelaria y ordenar el gasto.
XII.2.2. El Decreto 4151 de 3 de noviembre de 2011, señala que el objeto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- es ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.
Dentro de las funciones del INPEC, se encuentran: i) Ejecutar la política penitenciaria y carcelaria, en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los derechos humanos, los principios del sistema progresivo, a los tratados y pactos suscritos por Colombia en lo referente a la ejecución de la pena y la privación de la libertad. ii) Diseñar e implementar los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. iii) Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos mencionados en el numeral anterior. iv) Prestar los servicios de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario a la población privada de la libertad. v) Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC. vi) Impulsar y realizar investigaciones y estudios sobre la ejecución de la política y el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, encaminados a la formulación de planes, proyectos y programas, en lo de su competencia.
Además, a través de la Dirección General, al INPEC también le corresponde, entre otros, los siguientes deberes: i) promover y dirigir la aplicación de la normativa, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre el tema penitenciario y carcelario; ii) definir, establecer y hacer seguimiento a las políticas institucionales sobre respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus familiares y
Visitantes; iii) definir, establecer y hacer seguimiento a las políticas institucionales sobre la atención integral de la población privada de la libertad; iv) coordinar la ejecución de las políticas encaminadas al respeto de la dignidad humana brindando las garantías constitucionales y de los derechos humanos universalmente reconocidos; y v) expedir el acto administrativo por medio del cual se establezcan las actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités de internos que se asimilan a estudios para efectos de redención de la pena.
XII.2.3. El Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011, establece que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.
Igualmente, de las funciones que le asisten a la USPEC, la Sala resalta las de: i) coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria; ii) desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la USPEC al INPEC; y iii) adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.
Por conducto de sus distintas direcciones y subdirecciones, a la USPEC también debe propender por:
Dirección de Infraestructura: i) asistir al Director en la definición de los lineamientos de política y estrategias en materia de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria, en el marco de las políticas y los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y de acuerdo con las orientaciones del Consejo Directivo; ii) coordinar y orientar la elaboración y formulación del Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura y el plan anual de necesidades de funcionamiento en materia de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria, en concordancia con las políticas y directrices del Gobierno Nacional y orientaciones del Consejo Directivo; iii) coordinar la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de inversiones para la gestión penitenciaria y carcelaria en materia de infraestructura; y iv) hacer seguimiento y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria.
Subdirección de Construcción y Conservación: i) asistir a la Dirección de Infraestructura en la planeación, programación y ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria; ii) elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura el plan anual de necesidades de funcionamiento en materia de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria; iii) proponer los planes, programas y proyectos de inversiones orientados a la construcción, ampliación, adecuación, refacción, mantenimiento, mejoramiento, conservación y dotación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el INPEC y efectuar el seguimiento a su ejecución; y iv) ejecutar los planes, programas y proyectos de inversiones y de funcionamiento en materia de infraestructura penitenciaria y carcelaria, en coordinación con las dependencias internas y el INPEC.
Subdirección de Suministro de Servicios: i) apoyar a la Dirección de Logística en la formulación de políticas y estrategias para la determinación de los servicios necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria; ii) recibir y analizar las solicitudes de servicios para el desarrollo de las funciones relativas a la gestión penitenciaria y carcelaria, y evaluar su incorporación en el plan anual de compras, de conformidad con las necesidades presentadas por el INPEC; y iii) ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la provisión de servicios para la gestión penitenciaria y carcelaria.
Subdirección de Suministro de Bienes: i) apoyar a la Dirección de Logística en la formulación de políticas y estrategias para la determinación de los bienes requeridos para la gestión penitenciaria y carcelaria; ii) recibir y analizar las solicitudes de provisión de bienes para el desarrollo de las funciones relativas a la gestión penitenciaria y carcelaria, y evaluar su incorporación en el plan de anual de compras, de conformidad con las necesidades presentadas por el INPEC; ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la provisión de bienes para la gestión penitenciaria y carcelaria.
Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión: i) controlar el efectivo suministro de bienes y servicios, así como de la infraestructura penitenciaria y carcelaria en los establecimientos de reclusión; y ii) apoyar la elaboración de los planes de necesidades y planes de suministro de bienes y servicios, así como de la infraestructura penitenciaria y carcelaria.
XII.3. El servicio público domiciliario de agua
Como pudo observarse en el apartado XI.4.5. de esta providencia, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Observación general N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y la jurisprudencia constitucional, el agua es un bien público social y cultural de carácter limitado, fundamental e indispensable para asegurar las condiciones esenciales para la supervivencia y, por ende, alcanzar un nivel de vida adecuado. Se trata de un bien imprescindible para desarrollar actividades cotidianas dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte y satisfacer necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica; por consiguiente, el derecho a acceder al agua necesariamente implica la realización de otros derechos humanos tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la vivienda, la intimidad, entre otros.
Por tales razones, acceder al agua es un derecho humano el cual debe garantizarse en condiciones de disponibilidad efectiva, física y económica; en cantidades suficientes; de calidad, salubre, aceptable; de manera continua, progresiva, sin discriminación y con especial atención a personas y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer ese derecho, tales como, presos y detenidos.
En tal virtud, frente al derecho humano al agua, al Estado le corresponde abstenerse de imposibilitar el ejercicio debido del derecho; impedir las circunstancias que supongan la perturbación del mismo y asumir las medidas de carácter positivo necesarias para garantizar de manera efectiva el acceso al derecho en las condiciones señaladas, además de asistir a la población en la pedagogía del uso sostenible y responsable del recurso hídrico.
Así pues, nótese cómo, respecto a las personas privadas de la libertad, precisamente por cuenta de su estado de cautiverio y la consecuente imposibilidad para acceder al agua de manera autónoma, la obligación de las autoridades, consistente en adoptar medidas positivas para garantizar el acceso al agua, se torna imperativa ante la especial relación de sujeción entre las personas privadas de la libertad y el Estado.
Valga acotar que el mismo Código Penitenciario y Carcelario -Ley 65 de 19 de agosto de 1993-, ordena que en las construcciones de centros de reclusión se debe garantizar la adecuada y permanente prestación del servicio público de agua potable para la población de internos y personal administrativo, para el uso del servicio sanitario y el baño diario.
La misma Ley establece que en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos, y que la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, el artículo 10A Ibídem., enfatiza en que el sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los cuales solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.
Es importante poner de presente que cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos. Por ello, “la Uspec, previo concepto del Inpec, elaborará un manual de construcciones con las debidas especificaciones, según su clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno de su ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación, recreación, materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones” .
El artículo 67 de la ley bajo examen, obliga al INPEC y a la USPEC a que, conforme a sus competencias, provean los elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario deben suministrarse en los establecimientos de reclusión.
Finalmente, el director de cada establecimiento de reclusión, previa delegación del Director General del INPEC, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y funcionamiento del centro de reclusión.
Pues bien, en virtud del dictamen pericial y de su respectiva aclaración y complementación, obrantes en el expediente, se determinaron los siguientes aspectos:
La Resolución N.° 2320 de 27 de noviembre de 2009, indica que la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante de clima cálido, al día, en un nivel bajo de complejidad del sistema de acueducto, es de 100 litros. Teniendo en cuenta que el número de personas que se benefician del recurso hídrico del establecimiento carcelario de Chaparral (personas privadas de la libertad, personal de guardia y administrativo), equivale a 257, se advirtió que el consumo total reglamentario en dicho establecimiento debe ser de 25.700 litros de agua diarios.
Sin embargo, el perito constató que el consumo de agua total promedio mensual en el centro penitenciario de Chaparral, es de 185 m3, esto es, 185.000 litros de agua al mes; con lo cual precisó que el consumo promedio diario es de 6.167 litros y, por persona, de 24 litros por día, es decir, una cifra muy por debajo del consumo reglamentario.
De igual forma, el perito determinó que la capacidad de almacenamiento de agua del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral es de 204 m3, es decir, el equivalente a 204.000 litros de agua, esto es, la cantidad suficiente para soportar un suministro reglamentario de agua durante 7 días.
Además, el ingeniero informó que el suministro de agua en la prisión de Chaparral está sometida a los siguientes horarios: “desde las 6 a.m. hasta las 8 a. m. – de las 11 a. m. hasta la 1 p. m. – y desde las 4 p.m. hasta las 6 p. m.”.
Por lo anterior, el perito llegó a la conclusión de que la carencia de abastecimiento de agua en penal de Chaparral, se debe a que los tanques del sistema de acueducto no están trabajando a plena capacidad, o a que el suministro de agua desde el exterior no es el suficiente para aprovisionar el sistema de acueducto del reclusorio.
El 23 de octubre de 2014, la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral- certificó que presta el servicio de suministro de agua potable al centro penitenciario del INPEC ubicado en la Calle 9 con Carrera 5 del Barrio Carmenza Rocha y que “se presta de forma intermedia con espacio de tiempo de dos días, es decir dos días se presta el servicio y dos días no. La anterior situación se da debido al insuficiente caudal de agua cruda que llega a la Planta de Tratamiento El Edén, lo anterior afecta no solamente al mencionado centro penitenciario, sino a la totalidad de la población Chaparraluna”.
Adicionalmente, la misma empresa, mediante certificado de 23 de septiembre de 2015, manifestó que “el suministro de agua en el caso urbano del municipio de Chaparral se realiza mediante dos sectores hidráulicos; y que el centro penitenciario del Municipio hace parte del Sector Hidráulico II, cuya continuidad en el suministro de agua corresponde a 96 horas semanales”.
En primer lugar, la Sala coincide con el Tribunal Administrativo del Tolima en que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en materia penitenciaria y carcelaria, tiene asignadas unas competencias relacionadas mayormente con la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas y de administración de fondos, las cuales no coinciden de manera específica y concreta con la garantía del derecho humano al agua de las personas privas de la libertad. Por tal motivo, se confirmará la decisión de haber declarado probada la excepción de falta de legitimación en la causa frente a dicho Ministerio.
Ahora bien, visto lo anterior y las pruebas relacionadas en el acápite XII.1. de esta providencia, la Sala evidencia la afectación de los derechos colectivos invocados por los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, por cuenta de que ni el Municipio de Chaparral ni la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral- demostraron que, actualmente, se les esté garantizado a los reclusos el acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y de forma prioritaria, habida cuenta de la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra dicho grupo poblacional.
De otro lado, a pesar de que la prueba pericial concluyó que la red hidráulica interna del establecimiento carcelario de Chaparral, “por su antigüedad se hace necesario hacer una evaluación para su buen mantenimiento”, la realidad es que la USPEC no acreditó haber realizado el mantenimiento adecuado del sistema hidráulico del penal para su óptimo funcionamiento, aun cuando es la entidad encargada de gestionar y operar la prestación de los servicios y la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios.
En atención a lo anterior, la Sala le ordenará a la Administración Municipal de Chaparral y a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral- que de inmediato garanticen la prestación oportuna, eficiente, continuada y prioritaria del servicio público domiciliario de agua a las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra dicho grupo poblacional.
Por su parte, la USPEC deberá garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, asegurándose que: a) de inmediato, sus tanques permanezcan funcionando a plena capacidad; b) encargándose de que, de inmediato, las personas privadas de la libertad tengan acceso al agua durante las 24 horas del día; y c) realizando los mantenimientos correspondientes en el término de dos (2) meses.
El INPEC, por virtud de sus funciones de: i) prestar los servicios de atención integral, incluidos aquellos relacionados con la adecuación de una planta física adecuada y funcional y la dotación de los medios materiales mínimos para las personas privadas de la libertad; ii) determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la USPEC; y iii) diseñar, implementar, seguir, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos necesarios para ejecutar la política penitenciaria y carcelaria de manera coordinada con las autoridades competentes, en el marco de los derechos humanos, los principios del sistema progresivo, a los tratados y pactos suscritos por Colombia en lo referente a la privación de la libertad; deberá desempeñar un papel de acompañamiento y verificación del funcionamiento adecuado del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, en los términos indicados anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal Séptimo de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Por las razones planteadas en la parte considerativa de esta sentencia, MODIFICAR los ordinales Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la sentencia de 2 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:
“Segundo. ACCÉDASE parcialmente a las pretensiones demandatorias de la presente acción popular instaurada por IDELFONSO CENTENO PATERNINA Y OTROS contra el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- Y OTROS y en consecuencia, AMPÁRENSE los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas; con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; con el acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades suficientes, de manera continua y permanente, sin discriminación y de forma prioritaria y reforzada de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral - Tolima, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA:
1.° A la Administración Municipal de Chaparral y a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral- que de inmediato garanticen la prestación oportuna, eficiente, continuada y prioritaria del servicio público domiciliario de agua a las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra dicho grupo poblacional.
2.° A la USPEC que garantice el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, asegurándose que: a) de inmediato, sus tanques permanezcan funcionando a plena capacidad; b) encargándose de que, de inmediato, las personas privadas de la libertad tengan acceso al agua durante las 24 horas del día; y c) realizando los mantenimientos correspondientes en el término de dos (2) meses.
3.° El INPEC deberá desempeñar un papel de acompañamiento y verificación del funcionamiento adecuado del sistema de acueducto del establecimiento carcelario de Chaparral, en los términos indicados en el numeral anterior.
Cuarto. ORDÉNESE al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHAPARRAL y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL -EMPOCHAPARRAL-, la remisión trimestral de los informes contentivos de las labores decretadas por esta Corporación, término que empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.
Quinto. ORDÉNESE la integración de un comité de verificación, el cual estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el Personero Municipal de Chaparral, un representante de los internos del EPMSC de Chaparral y los delegados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, la Defensoría del Pueblo, la Administración Municipal de Chaparral y la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral -Empochaparral”.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Folios 1 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. Ley 65 de 19 de agosto de 1993. “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. (…).
“ARTÍCULO 145. CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 87 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En cada establecimiento penitenciario habrá un Centro de Evaluación y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos serán integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el Inpec, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación. Estos consejos deberán estar totalmente conformados dos (2) años después de promulgada la presente ley”. Ibíd., ARTÍCULO 9o. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Ley 599 de 24 de julio de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal. (…). ARTICULO 4o. FUNCIONES DE LA PENA. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. Demanda presentada el 4 de abril de 2014. Ibídem. Folios 41 y 42 del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 76 y ss.
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”.
“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se reestructura el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC"”. Decreto declarado inexequible mediante sentencia C-969 del 1º de diciembre de 1999. M. P: Fabio Morón Díaz.
“Por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia”. Folios 228 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia.
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se reglamenta la afiliación de la población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
“por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1141 de 2009”.
Folios 235 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia.
“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. Oficio N.º 8310-SUBAS-04152 de 6 de junio de 2014. Folios 273 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 345 y ss. Ibíd., folios 509 y ss. del cuaderno N.º 2.
“Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia”.
“Por el cual se suprime la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM", EICE, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-”. Folios 739 y ss. del cuaderno N.º 2 del expediente de la referencia. Ibíd., anverso del folio 526. “ORDÉNASE al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, la remisión trimestral de los informes contentivos de las labores decretadas por esta Corporación, término que empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión”. Ibíd., folios 809 y ss. Ibíd., folios 815 y ss. Ibíd., folios 824 y ss. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-”. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de octubre de 2009, Rad. No. 19001-23-31-000-2005-00067-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2013, Rad. No. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). C.P.: Enrique Gil Botero. Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Seccion Primera Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación Número: 25000 23 24 000 2010 00609 01(Ap) Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada Y Otros Demandado: Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos – Invima, Red Bull Colombia Sas Y Ministerio De Salud. Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834. C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 14 de noviembre de 2002. AP- 533. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP) de fecha 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, Colombia incorporó al orden interno los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-077 de 14 de febrero de 2013 (M. P: Alexei Julio Estrada).
“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-”. La Sala resalta los elementos materiales de prueba con mayor pertinencia y utilidad para resolver la controversia. Ibíd., folios 11 y ss. Ibíd., folio 286. Ibíd., folios 284 y 285. Ibíd., folios 253 y ss. Ibíd., folios 100 y ss. Ibíd., folios 280 y 281. Ibíd., folios 408 y ss. Ibíd., folios 423 y 424. Ibíd., folios 431 y ss. Ibíd., folios 456 y 457. Ibíd., folio 466. Ibíd., folios 485 y ss. Ibíd., artículo 315, numeral 3º. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 3º.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Numeral 1º. Ibíd., numeral 3º. Ibíd., numeral 5º. Ibíd., numeral 7º. Ibíd., numeral 19. Ibíd., numeral 2°. Ibíd., numeral 5°. Ibíd., numeral 13. Ibíd., numeral 19.
“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Numeral 14.21. Ibíd., numeral 14.22. Ibíd., numeral 14.33. Ibíd., numeral 5.1. Ibíd., numeral 5.6. Ibíd., artículo 11.1. Ibíd., artículo 11.4. Ibíd., artículo 30. Ibíd., artículo 34.1.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. Artículo 7°. Ibíd., artículo 7.9. Ibíd., artículo 76. Ibíd., artículo 76.1. Ibíd., artículo 76.6.
Ibíd., artículo 76.11.
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”. Artículo 2, numeral 6. Ibíd., numeral 11. Ibíd., artículo 2, numeral 2. Ibíd., numeral 5. Ibíd., numeral 9. Ibíd., artículos 24 y ss.
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1°. Artículo 2°. Ibíd., numeral 2°. Ibíd., numeral 3°. Ibíd., numeral 4°. Ibíd., numeral 12. Ibíd., numeral 16. Ibíd., numeral 19. Ibíd., artículo 8º. Ibíd., numeral 3º. Ibíd., numeral 9º. Ibíd., numeral 10. Ibíd., numeral 11. Ibíd., numeral 16.
“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”. Artículo 4°. Artículo 5º. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 2º. Ibíd., numeral 5º. Ibíd., artículo 17. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 3º. Ibíd., numeral 4º. Ibíd., numeral 5º. Ibíd., artículo 18. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 2º. Ibíd., numeral 3º. Ibíd., numeral 4º. Ibíd., artículo 21. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 2º. Ibíd., numeral 4º. Ibíd., artículo 22. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 2º. Ibíd., numeral 4º. Ibíd., artículo 27. Ibíd., numeral 1º. Ibíd., numeral 2º. Artículo 34. Artículos 5 y 143. Artículo 34. Artículo 87. Folio 276 del expediente.
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