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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-1995-22007-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-1995-22007-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 8 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 8 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «TERCERO.- Como resultado de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho CONDENAR al Municipio de Cartago al pago de la suma de doscientos veintiún millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos ($221.298.832) a favor de los señores Blanca Victoria, Martha Lucía, José Saulo, Luis Fernando, Carlos Alberto y Luz Eugenia Murgueitio Gómez». TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Mario López Saavedra como apoderado de la parte demandante, en los términos del poder especial allegado. QUINTO: En firme esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-1995-22007-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

Radicación: 76001-23-31-000-1995-22007-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-1995-22007-01
Demandante: Blanca Victoria Murgueitio Gómez y otros
Demandado: Municipio de Cartago y otros

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
de 8 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

Los señores Blanca Victoria, Martha Lucía, José Saulo, Luis Fernando,
Carlos Alberto y Luz Eugenia Murgueitio Gómez, a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho1, presentaron demanda contra el Municipio de Cartago, con el fin
de que se accediera a las siguientes pretensiones2:

«1. Se declare la nulidad [del] acto administrativo contentivo del permiso de
demolición del 13 de julio de 1995 concedido al señor Rodrigo Durán
Carvajal para el inmueble de la carrera 4a No. 12 74 de Cartago (Valle), por
parte del Coordinador de Planeamiento Físico de Planeación Municipal de
dicho ente territorial, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

1
La demanda se presentó originalmente como de reparación directa, sin embargo, mediante auto de 1 de marzo
de 1996, visible a folio nro. 420 del cuaderno nro. 1 del Tribunal, se ordenó «la corrección de la demanda para
su adecuación a la acción descrita (artículo 85 del CCA)». La parte demandante a través de escrito de 18 de
marzo de 1996, visible a folios 425 a 430 del cuaderno nro. 1 del Tribunal, presentó escrito de subsanación de
la demanda, adecuándola a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Mediante sentencia de 16 de
octubre de 1998, visible a folio 1 a 45 del cuaderno nro. 2 de la primera instancia, el Tribunal accedió a las
pretensiones de la demanda, en ese sentido, dispuso lo siguiente: «1. DECLARAR la nulidad del acto
administrativo contenido en la comunicación dirigida al señor Rodrigo Durán Carvajal de fecha julio 13 de 1995
por medio del cual se le concede el permiso de demolición, proferida por el Coordinador [de] Planeamiento Físico
[de] Planeación Municipal del Municipio de Cartago Valle. // 2. Como resultado de la anterior declaración y a
título de restablecimiento del derecho – reparación del daño ocasionado por la actuación administrativa que se
nulifica, el Municipio de Cartago pagará a la parte actora […] la suma total de cuarenta y seis millones
cuatrocientos catorce mil cuatrocientos pesos mcte ($46.414.400.oo) por concepto de obras necesarias para
restablecer el inmueble y por el perjuicio económico de su depreciación. //3. NIEGANSE las demás pretensiones
de la demanda». Contra la sentencia la parte demandada presentó recurso de apelación. Estando el expediente
para dictar fallo de segunda instancia, mediante auto de 21 de agosto de 2012, se declaró la nulidad de todo lo
actuado con fundamento en la causal prevista en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, por cuanto no se notificó actuación alguna al señor Rodrigo Durán Carvajal.
2
Folio 425 a 430 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
1
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2. Se condene a la reparación del daño producido, consistente en el pago
del perjuicio pleno, como daño emergente y lucro cesante, por las graves
afectaciones y depreciaciones producidas al inmueble de propiedad de los
actores, identificado con nomenclatura de la carrera 4a No. 12 86.96 de
Cartago (Valle), según la estimación económica de esta acción y con base
en lo que resulte probado en el proceso.

3. Se condene a título de restablecimiento del derecho conculcado,
ordenando a la administración municipal que toda reconstrucción de la
edificación demolida en la carrera 4a No. 12 74 de Cartago se efectúe con
respeto de los parámetros urbanísticos arquitectónicos coloniales, similares
a la del edificio de propiedad de los actores, y sin afectar la estructura y
estabilidad del inmueble de estos.

4. Se de cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del
CCA.

5. Se ordene la actualización de la condena en los términos del artículo 178
del CCA.

6. Se ordene la repetición de la condena contra los llamados en garantía
Carlos H. Arias como funcionario de la administración municipal productor
del acto cuestionado y contra Rodrigo Durán Carvajal como ejecutor de la
demolición y del acto ilegal, por existir de parte de los anteriores
responsabilidad derivada de la culpa grave con que actuaron».

I.1.1. Los hechos

En la demanda inicial3, luego de hacer un recuento sobre la importancia
arquitectónica y la destrucción del patrimonio histórico del Municipio de
Cartago, indicó como hechos que motivan esta acción los siguientes:

Manifestó que, en el mes de febrero de 1995, las señoras Luz Eugenia
Murgueitio y su madre advirtieron que en la casa contigua se estaba
retirando el tejado de barro y destruyendo un muro, por lo que la señora
Murgueitio Gómez se desplazó a la Secretaría de Planeación Municipal para
lograr su intervención.

Señaló que, ante la falta de actuación de la entidad, el 17 de marzo de
1995, la familia Murgueitio Gómez, a través de apoderado, presentó
querella solicitando la suspensión de la demolición por las afectaciones que
les estaba generando.

Indicó que, mediante Resolución nro. 007 de 20 de junio de 1995, la
Secretaría de Gobierno reconoce que «a dicha fecha ya estaba concluida
la demolición, esto es a junio de 1995, restando únicamente la fachada
[…] lo único que hace la administración en este caso al afirmar lo anotado,
es propender por una especie de llamado de legalización a posteriori del
hecho, para evitar, como lo enuncia curiosamente el mismo secretario, que

3
Folio 7 a 31 ibidem.
2
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se apliquen sanciones. Ordena en este acto levantar la suspensión
provisional de los trabajos que había sido enunciada en la primera
inspección, pero que no se había respetado por la administración ni por el
señor Durán Carvajal, pues había proseguido con tal demolición».

Sostuvo que, en atención a la recomendación anterior, Carlos Humberto
Arias Bermúdez, Coordinador de Planeamiento Físico, expidió una
autorización para legalizar la demolición -Permiso de demolición de 13 de
julio de 1995-. Afirmó que el señor Arias Bermúdez se encontraba
impedido para actuar en el asunto, en tanto había sido nombrado por el
entonces alcalde Rodrigo Durán Carvajal, según constaba en el acta de
posesión nro. 132 de 16 de agosto de 1994.

Expresó que los demandantes, a través de apoderado judicial, el 28 de
agosto de 1995, por una parte, con el fin de conseguir los documentos
para corroborar la actuación del ente territorial, presentaron petición ante
la administración municipal de Cartago, la cual tuvo respuesta el 24 de
octubre de 1995; por otra parte, se solicitó la revocatoria del permiso, lo
cual fue resuelto en forma desfavorable por el señor Arias Bermúdez
mediante Resolución nro. 033 de 9 de octubre de 1995.

Posteriormente, mediante escrito de 15 de diciembre de 19954,
complementó la demanda señalando que «la copia de la licencia de
demolición proferida por la Coordinación de Planeamiento Urbano a
Rodrigo Durán Carvajal, solo fue comunicada a Luz Eugenia Murgueitio el
18 de agosto de 1995».

I.1.2. Normas violadas y concepto de violación

Señaló como normas violadas el artículo 18 de la Ley 163 de 1959, el
artículo 8 del Decreto 234 de 1964 y el artículo 62 del Acuerdo nro. 9 de
1998 emitido por el Concejo Municipal de Cartago.

Explicó que el municipio no pidió el concepto previo favorable del Consejo
de Monumentos, pese a que el inmueble demolido era patrimonio histórico,
como lo había indicado la Universidad del Valle – Colcultura «en el estudio
que realizaron para la identificación de los inmuebles históricos de Cartago,
que ameritaban la protección y aplicación de la ley»; pese a que la
subdirección de patrimonio se lo hizo saber, en su oportunidad, a través
del oficio nro. CMN 184-95 de 26 de abril de 1995.

Expuso que el acto demandado desconoció la norma municipal en tanto
esta expresaba que los inmuebles históricos deberían someterse al
procedimiento previo de Colcultura.

Aunado a lo anterior, argumentó que en el procedimiento de expedición
del permiso se inaplicaron el artículo 29 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 63 de la Ley 9 de 1989, y los artículos 1°, 11

4
Folio 416 a 419 ibidem.
3
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y 12 del Decreto 1319 de 1993, en tanto se desconoció el derecho de
defensa de los demandantes, pues la licencia conferida no se comunicó a
los vecinos «la petición que la requería, no notificó la misma […] no
concedió los recursos de ley y finalmente no se publicó como ordenaban el
precepto legal para su ejecución».

Finalmente, acusó que la existencia de una causal de inhabilidad en el
funcionario que expidió el permiso era una muestra de la causal de
desviación de poder producto de la actuación irregular proferida y de que
el funcionario «actuó para beneficiar al nominador, antiguo jefe y
superior».

I.2. La contestación de la demanda

El señor Rodrigo Durán Carvajal, a través de apoderada judicial,
procedió a contestar la demanda5 señalando que se oponía a la prosperidad
de las pretensiones; para el efecto adujo que éste no había expedido el
permiso de demolición demandado ni la Resolución nro. 033, «que son
objeto de la solicitud de nulidad», y que el objeto de la acción era dejar sin
efectos los actos demandados.

Sostuvo que el señor Durán Carvajal no había causado daño a los
demandantes, que «las reparaciones que necesita el inmueble a su interior
son las propias de la conservación normal de una propiedad […] si el
inmueble se ha depreciado no ha sido como consecuencia de la demolición
de la propiedad vecina, sino porque sus dueños no han intervenido en la
conservación de la casa».

En escrito separado6 propuso como excepciones las de caducidad de la
acción, al considerar respecto de su vinculación que «operó por providencia
fechada el 21 de agosto de 2012 diecisiete años después de haberse
proferido el acto administrativo que no fue de autoría y cuya nulidad se
persigue, por lo tanto la acción en su contra se encuentra caducada desde
el 5 de diciembre de 1995»; y la de ineptitud de la demanda fundamentada
en que al apoderado no le fue conferido poder para integrar a la parte
pasiva al señor Durán Carvajal.

El Municipio de Cartago, a través de apoderado judicial, presentó escrito
de contestación7 oponiéndose a las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se contaba con el soporte para demostrar cuales serían
las edificaciones de carácter histórico que el municipio autorizó demoler,
así como que tampoco existía prueba de los daños que se pudieron
ocasionar al inmueble objeto de la controversia.

5
Folio 175 a 184 del cuaderno nro. 2 del Tribunal
6
Folio 187 a 188 ibidem.
7
Folio 199 a 217 ibidem.
4
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Luego de solicitar que se probaran todos los hechos de la demanda, adujo
que las normas alegadas como vulneradas no resultaban procedentes en
el caso concreto, ya que el municipio se atemperó a la ley para tomar las
medidas. Asimismo, indicó que la responsabilidad por daños producidos en
un edificio por causa de edificación colindante o vecina era aquiliana no
contractual.

De otra parte, propuso las excepciones de caducidad de la acción,
soportada en que la demanda fue interpuesta cuando ya habían trascurrido
más de 4 meses «después de haber ocurrido los hechos que fueron puestos
en conocimiento por la parte demandante»; y de falta de competencia, en
tanto con la entrada de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal había perdido
competencia en razón a la cuantía para seguir conociendo.

Finalmente, solicitó que se vinculara al proceso al señor Carlos Humberto
Arias Bermúdez mediante la figura del llamamiento en garantía8.

El señor Carlos Humberto Arias Bermúdez, a través de apoderado
judicial, contestó9 oponiéndose a las pretensiones incoadas; para el efecto,
luego de negar y señalar que no le constaban los hechos de la demanda,
afirmó que fueron legales todas las actuaciones administrativas relativas a
la demolición del inmueble, por lo que no existieron irregularidades.
Asimismo, que el predio demolido no se encontraba catalogado como bien
de interés patrimonial.

Explicó que las actuaciones del señor Arias Bermúdez fueron acordes al
estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal; asimismo, motivó
suficientemente y de conformidad con la ley los actos expedidos.

Señaló como excepciones las de cobro de lo no debido, fundada en que no
existía prueba de los perjuicios alegados; de caducidad de la acción,
soportada en que las actuaciones finalizaron en agosto de 1995 y solo
hasta marzo de 1996 fue presentada la demanda; finalmente, la
denominada como «no existir declaratoria mediante acto administrativo
como bien de interés patrimonial o declarado patrimonio histórico el bien
inmueble demolido»; explicó que, «según los documentos aportados con
el presente escrito de contestación, inicialmente, el de fecha junio 19 de
1993, suscrito por […] subdirector de Patrimonio del Instituto Colombiano
de Cultura, por medio del cual se hace expresa manifestación que para esa
fecha (1996) no cuenta con las cartas catastrales del centro histórico para
actualizar el inventario y reglamentar el centro histórico, además, por
parte del Concejo Municipal de Cartago y la Secretaría de Planeación de la
misma localidad, no existe declaratoria legal que el bien inmueble ubicado
en la carrera 4 No. 12-62/74/80 y (de propiedad de la familia Durán
Carvajal) sea patrimonio histórico», por lo que no estaba en la obligación
de aplicar la Ley 163 de 1959 y el Decreto 264 de 1963.

8
La magistrada sustanciadora del Tribunal, mediante auto de 14 de diciembre de 2015, visible a folio 252 a 253
del cuaderno nro. 2, resolvió aceptar el llamamiento en garantía al señor Carlos Humberto Arias Bermúdez, por
lo que se le notificó personalmente del proceso, como consta a folio 258 del cuaderno nro. 2.
9
Folio 259 a 292 ibidem.
5
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I.3. Los alegatos de conclusión

La parte demandante, mediante escrito de 28 de agosto de 201710,
presento alegatos de conclusión reiterando los argumentos de la demanda.

II. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 8 de
febrero de 201811, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de [los] actos administrativos contenidos
en el permiso de demolición proferido el 13 de julio de 1995 por el
Coordinador de Planeamiento del Municipio de Cartago y la nulidad de la
Resolución N° 033 de 9 de octubre de 1995 proferida por el mismo
funcionario.

SEGUNDO.- DECLARAR al Municipio de Cartago y al señor Rodrigo Durán
Carvajal como sujetos solidariamente responsables de la afectación
padecida por los accionantes.

TERCERO.- Como resultado de la anterior declaración CONDENAR
solidariamente al Municipio de Cartago y al señor Rodrigo Durán Carvajal al
pago de una suma equivalente a ciento un millones seiscientos cuarenta y
siete mil quinientos treinta y seis pesos (101.647.536) a los señores Blanca
Victoria […], Martha Lucía […], José Saulo […], Luis Fernando […], Carlos
Alberto y Luz Eugenia Murgueitio Gómez.

CUARTO.- NEGAR la pretensión de llamamiento en garantía con fines de
repetición formulada por el Municipio de Cartago en contra del señor Carlos
Humberto Arias Bermúdez.

QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO.- Sin condena en costas en esta instancia […]».

En sustento de la decisión, inició el Tribunal por indicar frente a la
oportunidad en que se ejerció la acción que la Resolución nro. 033 fue
proferida el 9 de octubre de 1995; en ese sentido, la acción se ejerció
dentro de los 4 meses siguientes a la expedición del acto que definió la
situación jurídica particular, esto es, el 15 de diciembre de 1995, como se
registraba en la constancia de presentación de la demanda, visible a folio
419 del cuaderno nro. 1; asimismo, precisó que la acción procedente era
la de nulidad y restablecimiento del derecho en tanto se perseguía el
resarcimiento de perjuicios causados por actos administrativos acusados
de ilegalidad.

10
Folio 61 a 68 del cuaderno nro. 3 del Tribunal.
11
Folio 72 a 82 del cuaderno del Consejo de Estado.
6
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Precisado lo anterior, consideró que el problema jurídico a resolver era el
consistente en «¿en el año 1995, para la expedición de un permiso de
demolición de una edificación ubicada en el sector antiguo del Municipio de
Cartago resultaba necesario contar con una autorización previa de la
autoridad encargada de la protección del patrimonio?».

En respuesta al anterior interrogante señaló que, de acuerdo con el
Decreto 264 de 1963, reglamentario de la Ley 163 de 1959, no se podía
conceder licencia para demolición en los sectores antiguos sin la previa
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Explicó que la calificación de un bien como de interés histórico no dependía
de una declaración previa de la autoridad, sino de su ubicación en los
sectores antiguos de las ciudades enumeradas en el artículo 4° de la Ley
163 de 1959 y de su fecha de construcción. En ese sentido, dicha
autorización resultaba necesaria respecto de los bienes ubicados en el
denominado sector antiguo del Municipio de Cartago y no se requería de
acto administrativo que así lo calificara.

Ahora bien, al hacer un recuento probatorio y aplicar la tesis esbozada,
sostuvo que el permiso de demolición concedido el 13 de julio de 1995 se
expidió sin la observancia de los requisitos determinados en el artículo 17
del Decreto 264 de 1963.

Lo anterior, si se tenía en cuenta que la edificación ostentaba la categoría
de bien de interés histórico al encontrarse ubicada en el sector antiguo del
municipio, tal como se reconocía por parte del Instituto Colombiano de
Cultura en la comunicación de 26 de abril de 1995 dirigida al alcalde de
Cartago.

Afirmó que las razones expuestas resultaban suficientes para comprobar
la ilegalidad de los actos administrativos acusados.

Por otra parte, consideró que los elementos de prueba recaudados
permitían inferir que la causa de la afectación del inmueble de los
demandantes se originó en las labores de demolición permitidas por la
administración municipal, por lo cual se establecía un nexo de causalidad
entre los actos acusados y los perjuicios reclamados, motivo por el cual se
procedería a su reconocimiento.

Expuso que obraba el dictamen pericial practicado el 18 de noviembre de
1997 en el cual se establecían los efectos negativos de la demolición en la
edificación de propiedad de los demandantes y los perjuicios causados, los
cuales fueron clasificados como costos de refacción y depreciación del
inmueble, y que los mismos ascendían a una suma total de cuarenta y seis
millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos pesos mcte
($46.414.400.oo) para el año 1998, valor que actualizado arrojaba la cifra
de ciento un millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y
seis pesos ($101.647.536).

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Finalmente, respecto de la responsabilidad de los terceros vinculados al
proceso, sostuvo frente al señor Durán Carvajal que, de acuerdo al
material probatorio obrante en el expediente, se tenía que la conducta de
este fue determinante en la producción del daño; en ese sentido, en el
permiso de 13 de julio de 1995 se le efectuaron recomendaciones con el
propósito de evitar afectaciones a los bienes colindantes; sin embargo,
pese a que el señor Durán Carvajal conocía, se abstuvo de implementar
medidas; por lo anterior, señaló que declararía al señor Durán Carvajal y
a la entidad territorial como sujetos solidariamente responsables.

Frente al señor Arias Bermúdez, consideró que no se encontraban reunidos
los supuestos para declarar responsabilidad, toda vez que la expedición de
los actos se fundamentó en la interpretación errónea del artículo 18 de la
Ley 163 de 1959, conforme a la cual, para calificar un bien como de interés
histórico, debía existir un acto administrativo previo. Asimismo, que la
conducta no podía entenderse como desplegada a título de dolo o culpa
grave, toda vez que no configuraba un desconocimiento inaceptable de la
ley; también destacó que la decisión se fundó en el riesgo que
representaba el inmueble, dada su amenaza de ruina; lo anterior
conllevaba a negar la pretensión de llamamiento en garantía.

III. Los recursos de apelación

III.1. El recurso del Municipio de Cartago12

Señaló que no era cierto que el inmueble objeto de demolición tuviera
carácter de «monumento histórico».

Explicó que la controversia a dilucidar con la acción tenía origen en el
permiso de demolición que, por acción del tiempo y de los elementos
naturales, fue concedido al señor Durán Carvajal frente a una edificación
que amenazaba ruina y no era susceptible de reparación, constituyendo
un peligro para los habitantes y la estabilidad de las edificaciones vecinas.

Adujo que Planeación municipal no hizo otra cosa que dar aplicación al
artículo 988 del Código Civil, que faculta a cualquier ciudadano a solicitar
a las autoridades que se exija al dueño de un edificio que amenaza ruina
que proceda a derribarlo, por primacía del interés general, conforme
también lo ordenaban los artículos 41 del Código Nacional de Policía y el
Decreto 919 de 1989. Asimismo, que la decisión se apoyaba también en el
área geográfica donde estaba ubicada Cartago, una zona considerada
como de alto riesgo por movimientos sísmicos.

Sostuvo que, para efectos de garantizar los derechos de terceros, la ley
exigía que, una vez concedida la licencia, se fijara el aviso correspondiente
de notificación a estos, lo que no fue tenido en cuenta en la decisión

12
Folio 84 a 96 ibidem.
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recurrida no obstante que se cumplió, en tanto la secretaría dispuso la
notificación por aviso para terceros cumpliendo de esa manera el
emplazamiento.

Afirmó que, transcurrido el tiempo, desde la presentación de la demanda,
el inmueble de los demandantes se encontraba incólume, pese a que la
familia no le había realizado ninguna mejora.

Puntualizó que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los
argumentos de la defensa ni las pruebas favorables al municipio; sostuvo
que uno de los derechos de las personas jurídicas era el de reclamar la
aplicación a su favor de todos aquellos principios que le eran favorables,
que en última instancia eran también los intereses de la comunidad. De
otro lado, que se le permitiera presentar pruebas y que a estas se les
reconociera mérito aun en lo que le era favorable, que en caso de duda
sobre su responsabilidad se resolviera a su favor, que se descartara toda
presunción de responsabilidad.

Acusó que el Tribunal, con base en testimonios que de manera imprecisa
dieron cuenta de la existencia de los daños, responsabilizó al municipio;
señaló que el Tribunal condenó a reparar el daño ocasionado teniendo en
cuenta declaraciones presentadas en el proceso de personas que ni
siquiera eran residentes del municipio y que fueron aportadas y
concertadas por la parte demandante. Señaló que el Tribunal no comisionó
a algún juzgado para que efectuara una inspección judicial al interior del
inmueble de los demandantes con el fin de constatar la veracidad y
magnitud de los daños y tasar el monto real de los mismo.

Expresó que no era justo que el Estado debiera pagar una indemnización
sin que haya quedado plenamente demostrado el daño por un hecho en
que el municipio tenía que actuar con el fin de garantizar los derechos
fundamentales a sus conciudadanos.

De otra parte, explicó que la sentencia recurrida se emitió declarando la
prosperidad de las pretensiones sin tener en cuenta que la acción, al
momento de interponerse la demanda, había caducado. Explicó que al
proceso se le había dado inicialmente el trámite de reparación directa,
adecuándose posteriormente, pero sin avizorar que los actos demandados
tenían un plazo de 4 meses para ser demandados, «para esa época cuando
se determinó que la vía era por nulidad y restablecimiento del derecho, ya
estaba cumplido ese plazo legal, por lo tanto aplicaba perfectamente el
fenómeno jurídico de la caducidad y le correspondía al propio operador
jurídico declararla de oficio, sin embargo como podrá observarse en esa
segunda instancia que todavía se tiene que surtir, la parte codemandada
imploró la aplicación de esta figura procesal con la correspondiente
contestación de la demanda, sin embargo repito no fue objeto de
pronunciamiento por el Tribunal en primera instancia».

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Manifestó que la autorización para demoler el inmueble se expidió el 13 de
julio de 1995 y la demanda se presentó el 18 de diciembre de 1995,
«acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo que permitió la demolición, la cual fue admitida, radicada
bajo el número 22112 de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle, contestada por el municipio el 20 de agosto de
1996, siendo luego desistida por los actores el 9 de febrero de 1998 y
aceptando el desistimiento por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle, en auto No. 130 de 24 de abril de 1998».

Argumentó respecto de esto último lo siguiente:

«Paralelamente con esa demanda, los actores interpusieron acción de
reparación directa en contra del municipio, por los mismos hechos,
aspirando también a una cuantiosa indemnización, la cual fue corregida en
escrito separado presentado el 18 de marzo de 1996, trocando la acción
inicial de reparación directa por la de nulidad y restablecimiento del derecho,
acción esta última, que para la fecha de corrección no era posible instaurar
por efectos de caducidad, lo cual pasó inadvertido, siguiendo adelante con
el trámite del proceso.

En virtud de esta última corrección, se produjo por auto de 22 de abril de
1996 la admisión de la demanda y su corrección, siendo radicada bajo el
número 22.007 de la Sección Primera del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle».

Insistió en que, teniendo en cuenta que el acto fue expedido el 13 de julio
de 1995, los 4 meses concluyeron el 13 de noviembre de 1995 y la
corrección de la demanda se produjo el 16 de marzo de 1996, después del
término.

Resaltó que en la corrección de la demanda se incurrió en un notable vicio,
porque no le era permitido al demandante variar la naturaleza de la acción
«obrando en contrario sensu a lo enseñado por el Consejo de Estado en
actos del 30 de noviembre de 1949, del 3 de agosto de 1961, de 19 de
julio de 1963 y en otros fallos más que sería extenso enumerar».

Finalmente, señaló que solicitaba que se tuvieran en cuenta la demanda,
las pruebas documentales y testimoniales legalmente anexadas al
expediente y que favorecían al municipio.

III.2. El recurso del señor Rodrigo Durán Carvajal13

Inició por indicar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
estaba dirigida a solicitar la nulidad del acto administrativo demandado y
el restablecimiento del derecho, por lo que la acción se dirigía contra la
administración pública y no contra particulares.

13
Folio 97 a 100 ibidem.
10
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En esa línea, sostuvo que el Consejo de Estado no vinculó al señor Durán
Carvajal como demandado, sino como persona con interés directo en el
proceso. Explicó que era tan lógico que los particulares no podían ser
vinculados como parte demandada en estos procesos, que el artículo 217
del CCA no admitía dentro de estos la denuncia de pleito, el llamamiento
en garantía o la demanda de reconvención.

Explicó que el Tribunal no se detuvo a estudiar el escrito de excepciones
en el que indicaba que el señor Durán Carvajal no podía ser llamado como
demandado, por no ostentar la calidad de funcionario público; asimismo
insistió en que para el señor Durán Carvajal la acción estaba caducada,
«toda vez que por auto fechado el 22 de abril de 1996, interlocutorio 167,
se lo desvinculó del llamamiento en garantía, decisión acertada por
tratarse de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y sólo
hasta el 21 de agosto de 2012 se lo volvió a vincular como parte interesada
en las resueltas del proceso; vinculación que fue considerada por el
Tribunal como parte demandada es por lo que si la última resolución
emitida por el Municipio de Cartago 033 de 9 de octubre de 1995 para mi
representado la acción caducó el 9 de febrero de 1996».

Insistió en que al apoderado de la parte demandante «no le fue conferido
poder para actuar en contra de mi representado».

Afirmó que se equivocaba el Tribunal al considerar que el señor Durán
Carvajal actuó de manera determinante en la producción del daño, sostuvo
que este se limitó a solicitar un permiso de demolición porque su propiedad
amenazaba ruina en un 70%; adujo que, conforme a tal licencia, actuó
observando todas las recomendaciones hechas, sin que su intención fuera
causar perjuicios a terceros. Reiteró que sobre el lote de terreno no se ha
adelantado ninguna construcción; asimismo, que la demolición no
obedeció a un capricho sino al estado de la casa.

Finalmente, manifestó que el Tribunal tampoco se refirió a la oposición que
hiciera el señor Durán Carvajal a las pruebas presentadas por la parte
demandante.

III.3. El recurso de la parte demandante14

Señaló que el recurso tenía por objeto demostrar que el valor
correspondiente a la tasación de perjuicios establecidos en la sentencia de
primera instancia no correspondía a una tasación real, ya que, a su juicio,
no se tuvieron en cuenta criterios de valoración objetiva al momento de
fallar y establecer el estado real del inmueble 22 años después de iniciada
la controversia.

Afirmó que la fórmula empleada por el Tribunal resulta aplicable para los
casos en que se requiere indexación de un valor, más no para la

14
Folio 101 a 109 ibidem.
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determinación de daños por devaluación del bien y detrimento de este
respecto del daño originado por la demolición del bien contiguo.

Sostuvo que no hay lugar a la aplicación de la fórmula, toda vez que por
la conducta omisiva de la administración se produjeron cuantiosas
afectaciones a los demandantes.

Adujo que, en razón al deterioro estructural del predio perjudicado, la
pérdida patrimonial del inmueble era significativa, en comparación con su
actual valor comercial. «Igual acontece con el valor actualizado de la
reconstrucción de las áreas afectadas».

Puntualizó que la sentencia de primera instancia i) negaba el paso del
tiempo como factor para la tasación de los daños y perjuicios; y ii)
desconocía el carácter del inmueble como patrimonio arquitectónico del
municipio.

Afirmó que una nueva tasación frente al daño determinado era plenamente
admisible, debiendo reconocer los criterios de deterioro, devaluación del
inmueble y su connotación como patrimonio arquitectónico.

Sostuvo que el dictamen de 1995 no podía ser aplicable a la situación
actual del inmueble, motivo por el cual no era dable al fallador tomar en
cuenta esos valores de tasación de los perjuicios, por lo que solicitaba la
reliquidación de los valores contenidos en la fórmula para la tasación del
daño.

Indicó frente a la suma de $46.414.400, determinada en el dictamen
pericial rendido en el proceso, que esa valoración fue declarada nula, razón
por la cual carecía de sentido que el Tribunal lo haya tomado como
referente para la tasación de perjuicios, «así las cosas no es de recibo que
el Aquo no haya agotado las posibilidades de obtener un nuevo dictamen
pericial decretándolo de oficio para así poder actualizar la cifra de acuerdo
con lo que hubieran podido rendir los peritos expertos en la materia».

Manifestó que en el mercado inmobiliario del municipio predios de
características similares tenían valor comercial de $1.000.000 por metro
cuadrado, por lo que el área construida determinaba un precio de
referencia de 650 millones. Señaló que, conforme al artículo 24 de la ley
1450 de 2011, el avalúo catastral de los bienes inmuebles no podría ser
inferior al 60% del valor comercial.

Expresó que, para el caso concreto, el valor del avalúo catastral para el
año 2018 era de $306.809; para el efecto señaló que acompañaba copia
de la factura del impuesto predial del mencionado período.

Finalizó señalando que aceptar una tesis como la planteada por el Tribunal
era ir en contra de los principios generales del derecho y los derechos

12
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fundamentales del debido proceso y del libre acceso a la justicia, pues se
restringía el resarcimiento de un daño.

De otra parte, adujo que el cálculo presentado en la sentencia y el
resultado de la fórmula no coincidían con el valor determinado. Explicó lo
siguiente:

Por lo anterior, de no aceptarse la inconformidad presentada, solicitaba
que se aplicara el valor de $125.318.880, que, de acuerdo con la aplicación
de la fórmula, era el valor que, a su juicio, debió quedar plasmado en la
parte resolutiva de la sentencia.

Finalmente, solicitó que se procediera a la práctica de un nuevo dictamen
pericial. Asimismo, que se tuvieran en cuenta un listado de pruebas
documentales (fotografías) que contextualizaban los daños del inmueble y
un informe rendido por 2 arquitectos.

III.4. Trámite del recurso de apelación

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, mediante auto
de 16 de mayo de 2018 la magistrada sustanciadora del proceso fijó el día
31 de mayo de 2018 como fecha para la realización de la audiencia de
conciliación. Llegada la fecha indicada e instalada la diligencia, se declaró
fallida.

Mediante auto de 1º de junio de 2018, se concedieron los recursos
interpuestos contra la sentencia.

Recibido el asunto por esta Corporación fue repartido a una consejera de
la Subsección A de la Sección Tercera que, mediante auto de 16 de agosto
de 2018, resolvió admitir los recursos.

Estando el expediente al despacho para pronunciarse sobre la solicitud de
pruebas en segunda instancia, la consejera sustanciadora, al revisar el
asunto, encontró que no versaba sobre temas agrarios, contractuales,
mineros o petroleros, y mediante auto de 14 de diciembre de 2018 resolvió
remitir el expediente a la Sección Primera para continuar su trámite.

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El asunto fue asignado al consejero ponente de esta decisión que,
mediante auto de 23 de mayo de 202215, resolvió negar el decreto de las
pruebas solicitadas, al considerar, en suma, que la solicitud no se
encuadraba dentro de las causales establecidas en el artículo 214 del CCA,
en la medida en que el objeto de la prueba es controvertir el dictamen
practicado, específicamente, la suma de dinero definida como «costos de
refracción y depreciación», y que sirvió de fundamento para la estimación
del perjuicio definido en la decisión de primera instancia; es decir, se
advierte que la parte demandante no sustenta su solicitud en hechos
nuevos que den lugar a la práctica de una prueba en segunda instancia,
pues el dictamen pericial que cuestiona ya ha tasado el daño a indemnizar
como consecuencia de los hechos que el demandante alega lo ocasionaron.

Así las cosas, encontró el consejero ponente que, con la solicitud probatoria
elevada en esta instancia, el demandante no buscaba demostrar la
ocurrencia de hechos sobrevinientes, acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia, causal invocada,
sino que pretendía controvertir sobre pruebas que se practicaron en la
instancia anterior y que versan sobre hechos que acontecieron antes de la
presentación de la demanda.

En ese sentido, era dable concluir que las pruebas solicitadas no
encuadraban en ninguna de las causales establecidas en la norma, por
cuanto i) no se dejaron de practicar en primera instancia y, por el
contrario, fueron decretadas y practicadas válidamente; ii) no versaban
sobre hechos acaecidos después de transcurrida la etapa para pedir
pruebas, como se explicó anteriormente; iii) no dejaron de aducirse en su
momento por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria,
situación que no adujo ni demostró la parte.

Mediante auto de 30 de junio de 202216 se corrió traslado para que las
partes presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera
concepto, de estimarlo pertinente.

El apoderado inicial de los demandantes, Armando Gutiérrez Castro,
presentó memorial17 reiterando los argumentos manifestados en el recurso
de apelación; las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. Consideraciones de la Sala

IV.1. Competencia

De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de

15
Índice nro. 24 del expediente electrónico.
16
Índice nro. 30 del expediente electrónico.
17
Índice nro. 34 del expediente electrónico.
14
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Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda
instancia.

IV.2. Cuestión previa

Frente a los alegatos presentados por el abogado Armando Gutiérrez
Castro, no serán tenidos en cuenta por la Sala, en consideración a que,
mediante memorial de 8 de mayo de 201418, los demandantes revocaron
el poder otorgado a tal profesional y, en su lugar, designaron a otro
abogado para la defensa de sus intereses. Asimismo, se tiene que no obra
nuevo poder que habilite al profesional a tal representación.

IV.3. Delimitación del recurso

De acuerdo con lo expuesto en la providencia recurrida y en atención a los
fundamentos de los recursos de apelación, la Sala advierte que, en suma,
el municipio difiere en cuanto a que: i) no es cierto que el inmueble
objeto de la demolición tuviera la condición de «monumento histórico»; ii)
que la decisión anulada tiene fundamento en la primacía del interés
general, la garantía de los derechos de los ciudadanos y se adoptó
conforme al artículo 988 del Código Civil y el 41 del Código Nacional de
Policía; iii) sí se cumplió con la notificación de la licencia a los terceros;
iv) no se tuvieron en cuenta ni las pruebas ni los argumentos favorables
a la entidad territorial, por lo que solicitaba se tuvieran en cuenta en cuanto
favorecían al municipio; y, finalmente, que, v) la acción esta caducada si
se tenía en cuenta que para la fecha de la corrección, 18 de marzo de
1996, ya habían transcurrido más de 4 meses desde la expedición del acto
demandado, esto es, 13 de julio de 1995.

Mientras, el señor Durán Carvajal difiere en que i) la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho está dirigida a cuestionar la legalidad de un
acto administrativo y a solicitar el consecuente restablecimiento; ii) su
vinculación al proceso no se hizo en calidad de demandado, por lo que no
podía ser tenido como integrante de tal extremo; iii) la acción estaba
caducada al momento de su vinculación; por último, iv) actuó conforme a
la licencia y observando las recomendaciones hechas en ésta.

Por su parte, la parte demandante difiere en la tasación de los perjuicios,
en consideración a que i) no se tuvo en cuenta el estado real del inmueble
por el paso del tiempo; ii) la fórmula empleada es aplicable para casos de
indexación, más no para la determinación de daños por la devaluación del
bien; iii) desconocía el carácter del inmueble como patrimonio
arquitectónico; iv) el dictamen de 1995 no resulta aplicable a la situación
actual del inmueble, por lo que solicitaba la reliquidación del daño y,
asimismo, que la valoración del dictamen fue declarada nula por lo que no
se podía tomar como referencia para la tasación de perjuicios; v) el precio
comercial del bien era de 650 millones y el avalúo catastral del mismo de
$306.809; y, vi) al aplicar la fórmula indicada en la sentencia el resultado

18
Folio 221 a 222 del cuaderno nro. 2 del Tribunal.
15
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obtenido era de $125.318.880, valor que no coincidía con el valor
determinado en la sentencia, por lo que solicitaba se aplicara
subsidiariamente éste.

Precisado lo anterior, la Sala abordará el estudio de los aspectos
planteados, iniciando por la excepción de caducidad.

La caducidad de la acción

Para abordar este argumento, encuentra la Sala necesario precisar que,
para el cómputo del término de caducidad de la acción objeto de estudio,
conforme al numeral 2°19 del artículo 136 del CCA, se toman como
extremos temporales para su estudio, por un lado, la fecha de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso;
y por otro lado, la fecha de presentación de la demanda; esta última tiene
el efecto de interrumpir el fenómeno de la caducidad si se presenta dentro
del término de 4 meses, pese a que la misma adolezca de defectos
formales20; aclarado lo anterior, advierte la Sala que el reparo aducido por
el recurrente no tiene vocación de prosperar, en tanto se funda en la fecha
de la corrección de la demanda para invitar a su cómputo, sin tener en
cuenta que, conforme a la disposición indicada, la actuación no resulta
relevante para tal análisis; la misma suerte corre el argumento referido a
que debe tenerse en consideración la fecha de expedición del acto, por
desconocer que la fijada por la ley, para el caso concreto, es la de
comunicación.

Sin perjuicio de lo anterior, contrastadas la fecha en que a la parte
demandante se le comunicó el acto demandado (18 de agosto de 1995)21
y la de presentación de la demanda (24 de noviembre de 1995)22, se tiene
que la misma fue presentada de manera oportuna.

El objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

En cuanto a este tópico, la Sala encuentra que el señor Durán Carvajal en
síntesis, reprocha del fallo de primera instancia que, en el marco de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se le haya declarado
responsable solidariamente junto a la entidad territorial, cuando ello no
resultaba procedente; para resolver sobre este argumento resulta
pertinente precisar el objeto de la acción; en ese sentido, se tiene que la
jurisprudencia de esta Sección ha señalado que a través de esta acción «se
busca previa declaratoria de nulidad, el resarcimiento o restablecimiento
de los derechos subjetivos protegidos por una norma jurídica y

19
«Artículo 136. Caducidad de las acciones.
1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.».
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de octubre de
2006, radicación nro. 25000-23-27-000-2002-00134-01(14400), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapie.
21
Folio 416 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
22
Folio 31 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
16
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desconocidos por el acto administrativo creador de una situación jurídica
// La acción de que se trata, tiene por objeto, de una parte, confrontar la
legalidad de actos administrativos de carácter definitivo con las reglas del
derecho a que están sujetos, para garantizar la supremacía del orden
jurídico, y de la otra, la protección de uno o varios derechos particulares
de carácter sustancial vulnerados con la decisión administrativa»23.

En esa misma línea, ha indicado esta Sección lo siguiente:

«En cuanto a las pretensiones podrá solicitar: i) la nulidad del acto acusado;
ii) el restablecimiento del derecho que considere vulnerado con la expedición
del acto; iii) la reparación del daño causado como consecuencia del acto
ilegal; iv) la modificación de una obligación fiscal o de otra clase y; v) la
devolución del dinero pagado de manera injustificada.

En cuanto a su objeto, persigue la nulidad del acto administrativo a través
del juicio de legalidad que efectúe el Juez como presupuesto necesario para
obtener el restablecimiento del derecho que se creyó vulnerado o conculcado
y/o la reparación de los daños causados como consecuencia de ello»24.

En vista de las anteriores consideraciones, se tiene que el objeto de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contrae a examinar la
anulabilidad del acto administrativo demandado en el marco de la causal
o vicio que afecta su validez y, consecuentemente, a adoptar las medidas
de restablecimiento o reparación de los derechos subjetivos con ocasión
de la declaratoria de nulidad del acto administrativo.

Precisado lo anterior, encuentra la Sala que le asiste razón al señor Durán
Carvajal en su reproche por cuanto, a través de la decisión recurrida,
adoptada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, además
de la anulación del permiso de demolición, se le declaró responsable
solidariamente con el municipio por los daños causados a los demandantes,
sin tener en cuenta que el objeto del proceso giraba en torno a cuestionar
un acto administrativo por vicios de ilegalidad.

Asimismo, valga reiterar que, para la presente acción, el consecuente
restablecimiento o reparación deviene de la prosperidad de la pretensión
de anulación del acto demandado, por lo que no resulta procedente
adicionar el examen de la conducta de la administración ni del particular
vinculado, lo que es propio de la de reparación directa.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala procedente revocar los ordinales
segundo y tercero, en cuanto declararon al señor Rodrigo Durán Carvajal
responsable de la afectación padecida por los demandantes y lo
condenaron al pago de perjuicios, respectivamente, por cuanto dicha
declaratoria excede el objeto de la acción tramitada.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de
2020, radicación nro. 05001-23-31-000-2010-01272-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de
2020, radicación nro. 19001-23-31-000-2010-00097-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Del inmueble demolido y los requisitos para expedir el permiso

En este punto, el Municipio de Cartago reprocha, en suma, que el inmueble
objeto del permiso de demolición no tenía la condición de «monumento
histórico»; en ese sentido, consecuentemente, que la decisión anulada se
ajustó al marco legal exigible para su expedición.

Frente a este reparo, encuentra la Sala que no está llamado a prosperar
en tanto la discusión propuesta, en lo relativo al bien inmueble objeto del
permiso de demolición, no giró en torno a que éste o la construcción
demolida tuviesen la condición de monumento histórico, sino a que, por
expresa disposición del artículo 4°25 de la Ley 163 de 1959, «Por la cual se
dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico,
artístico, y monumentos públicos de la Nación», y de acuerdo con las
pruebas documentales obrantes en el expediente -dictamen pericial26-, la
zona en que se encontraba ubicado fue la declarada sector antiguo del
Municipio de Cartago, incluyéndose también las casas que están dentro de
su perímetro, como expresamente lo señala la norma; conclusión que no
refutó la parte, por lo que debían respetarse las normas sobre defensa y
conservación del patrimonio histórico, artístico, y monumentos públicos de
la Nación.

Precisado lo anterior, el segundo argumento, referido a que el acto
demandado se ajustaba al ordenamiento jurídico y se fundaba en la
primacía del interés general, tampoco está llamado a prosperar, puesto
que, si bien la decisión respeta las normas indicadas por la parte, también
lo es que, de acuerdo con los artículos 827 y 1728 del Decreto 264 de 1963,
reglamentario de la Ley 163 de 1959, para autorizar la intervención a
realizar, esto es, la demolición de la edificación, resulta claro que, por
influir necesariamente en el aspecto y fisionomía general de la casa,
ubicada en el sector antiguo del Municipio de Cartago, requería
palmariamente de la previa aprobación del Consejo de Monumentos
Nacionales para que la alcaldía del municipio posteriormente pudiera
autorizar la mencionada actuación, requisito que no se cumplió, como lo
reconoce la entidad territorial y el a quo en la sentencia de primera
instancia.

25
«ARTICULO 4º Decláranse como monumento nacional los sectores antiguos de las ciudades de Tunja,
Cartagena, Mompós, Popáyán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro
Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).
PARAGRAFO. Para los efectos de la presente Ley se entenderán por sectores antiguos los de las ciudades de
Tunja, Cartagena, Mompós, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago,
Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y
construcciones históricas en los ejidos, muebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones
durante los siglos XVI, XVII y XVIII». (subrayas de la Sala).
26
Folio 394 del cuaderno nro. 6 del Tribunal.
27
«Artículo 8°. Las alcaldías o las oficinas de su dependencia encargadas de expedir las licencias para ejecución
de obras, en las ciudades enumeradas en el artículo 4° de la Ley 163 de 1959, el artículo 4° del presente Decreto
y aquellas otras que fueren incorporadas dentro de la misma disposición, al tenor de la autorización dada por
el artículo 6° de la misma Ley, no podrán conceder licencias para demoliciones, reparaciones, refacciones y
reconstrucciones en los sectores antiguos, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales».
28
«Artículo 17. Los planos de edificaciones o construcciones que hayan de hacerse en los sectores de ciudades,
calificados como antiguos por la Ley 163 de 1959 y disposiciones reglamentarias, o en las inmediaciones de
dichos sectores, de modo que hayan de influir en su aspecto o fisonomía general, requieren la previa aprobación
del Consejo de Monumentos Nacionales. Y las respectivas Alcaldías, Oficinas de Planeación, obras públicas u
otras que hayan de autorizar dichas obras, no lo harán sin ponerse de acuerdo con el mencionado Consejo».
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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En idéntico sentido se tiene que, si bien la entidad manifiesta que cumplió
con la notificación a los vecinos del predio objeto de la demolición, lo cierto
es que la parte no indica el documento que soporte su dicho ni obra medio
de prueba que acredite ese hecho dentro del expediente, ni negación a lo
manifestado por la parte demandante consistente en que solo se le
comunicó la decisión demandada el 18 de agosto de 1995, por lo que
tampoco este cargo tiene vocación de prosperar.

Finalmente, respecto del argumento referido a que no se tuvieron en
cuenta las pruebas aportadas ni los argumentos esbozados por la parte
demandada, advierte la Sala que no está llamado a prosperar, en razón a
que, por un lado, en el recurso no se explicita cuáles fueron los medios de
prueba menospreciados, así como tampoco las alegaciones, calificadas por
la parte como favorables, inadvertidas; por el contrario, advierte la Sala
que el Tribunal basó su razonamiento en las disposiciones invocadas, las
alegaciones presentadas y las pruebas obrantes en el expediente.

La tasación de perjuicios

Examinado este argumento, encuentra la Sala que está orientado a
cuestionar la tasación de los perjuicios en consideración a que no se tuvo
en cuenta al dictar el fallo, a juicio del demandante, las nuevas condiciones
del inmueble (causadas por el paso del tiempo y su carácter histórico-
arquitectónico), que el dictamen y su valoración fue declarada nula
mediante auto de 21 de agosto de 2012 por el Consejo de Estado, junto
con todo el proceso por lo que no se podía utilizar y, por último, que al
aplicar la fórmula de indexación presentada los valores diferían.

En ese sentido, encuentra la Sala que la determinación de la tasación fue
establecida en el dictamen que se aportó al proceso, esto es, el de 19 de
noviembre de 199729; y, si bien el recurso también se dirige a cuestionar
la valoración que se hizo de dicho medio de prueba por haberse declarado
la nulidad de la actuación mediante auto de 21 de agosto de 2012, lo cierto
es que, una vez reanudado el proceso mediante auto de 23 de enero de
2013, durante el trámite de la primera instancia, la parte no objetó el
mismo ni presentó solicitudes probatorias adicionales a las presentadas en
el proceso inicial; y esto pese a que, mediante auto de 29 de septiembre
de 201630, i) se dio apertura al período probatorio; ii) se indicó que si bien
el Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, las pruebas
practicadas en el curso del proceso con anterioridad a la declaratoria de
nulidad conservarían su validez y; iii) se corrió traslado del dictamen
pericial antes referido, es decir, expresamente se decretó como prueba y
se corrió traslado del mismo, sin que las partes, se insiste, lo objetaran,
por lo anterior, se tiene que fue incorporado nuevamente al proceso con
respeto de las garantías procesales establecidas, por lo que podía ser
valorado, como en efecto fue empleado.

29
Folio 393 a 401 del cuaderno nro. 6 del Tribunal.
30
Folio 1 a 3 del cuaderno nro. 3 del Tribunal.
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Radicación: 76001-23-31-000-1995-22007-01

Aunado a lo anterior, la Sala no se encuentra medio de prueba adicional
que socave la convicción que generó la tasación del daño realizada por los
peritos, por lo que mantendrá la determinación de los perjuicios por el
valor de $46.414.400, lo que corresponde a los costos de refacción y a la
depreciación probada, de acuerdo con lo dictaminado en primera instancia.

Finalmente, frente al argumento referido a que al aplicar la fórmula de
indexación empleada por el Tribunal el resultado arrojado era diferente, se
tiene que el Tribunal, al indexar el valor relativo a los perjuicios, erró al
indicar la fecha inicial y, por ende, el índice inicial (noviembre de 1998),
cuando realmente la fecha de determinación fue la de noviembre de 1997;
en ese sentido, le asiste razón al recurrente y, para efectos de la
indexación, se aplicará la fórmula correspondiente partiendo del mes en el
que se determinaron las afectaciones (19 de noviembre de 1997). Suma
que, actualizada a la fecha de esta sentencia, arroja un total de:
$221.298.832 pesos; por lo tanto, en ese monto se fijará, de acuerdo con
el siguiente ejercicio:

Vp: Vh * índice Final
índice inicial

Vp: Corresponde al valor presente

Vh: Es el valor histórico o inicial ($46.414.400)

Índice Final: Es el último IPC vigente a la fecha de la presente providencia.
Febrero de 2025 = 147,90.

Índice Inicial: Es el IPC vigente a la de determinación de los perjuicios.
Noviembre de 1997 = 31,02.

Vp= $46.414.400 * 147,90
31,02

Vp= $221.298.832

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, abuso, ni mala fe en la
actuación procesal de la parte vencida, la Sala se abstendrá de condenarla
en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA.

Otros pronunciamientos

Finalmente, se tiene que, la parte demandante, mediante escrito de 29 de
octubre de 2024, visible a índice nro. 72, allegó poder especial a favor del
abogado Mario López Saavedra, en consideración a que cumple con los

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Radicación: 76001-23-31-000-1995-22007-01

requisitos establecidos en el artículo 74 del Código General del Proceso, se
le reconocerá personería a tal profesional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 8 de febrero
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
las razones expuestas.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 8 de febrero
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
cual quedará así:

«TERCERO.- Como resultado de la declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho CONDENAR al Municipio de Cartago al pago
de la suma de doscientos veintiún millones doscientos noventa y ocho mil
ochocientos treinta y dos pesos ($221.298.832) a favor de los señores
Blanca Victoria, Martha Lucía, José Saulo, Luis Fernando, Carlos Alberto y
Luz Eugenia Murgueitio Gómez».

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Mario López Saavedra
como apoderado de la parte demandante, en los términos del poder
especial allegado.

QUINTO: En firme esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

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Radicación: 76001-23-31-000-1995-22007-01

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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