RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2001-01621-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-31-000-2001-01621-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-31-000-2001-01621-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar: 27 Frente a este acto, en la demanda no se advierte argumento que se dirija a cuestionar su legalidad. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185] Demandante: INVIAS NEGAR las pretensiones de la demanda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-31-000-2001-01621-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de abril de 2023

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA

Temas: Cobro coactivo. Objeción a la liquidación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda propuesta por el
Municipio de Palmira, conforme lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Auto No. 0288 de 21 de diciembre de 2000 proferido
por la Oficina de Ejecuciones Fiscales del Municipio de Palmira, por medio del cual se
resolvieron las objeciones propuestas por el INVIAS y del Auto No. 0289 de 21 de diciembre
de 2000 proferido por la Oficina de Ejecuciones Fiscales del Municipio de Palmira, por medio del
cual se resolvió el incidente de nulidad propuesto en memorial de 6 de diciembre de 2000, en el
marco del procedimiento de cobro coactivo con mandamiento de pago No. 0468 de 2000, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Palmira que, a título de restablecimiento del derecho,
devuelva al Instituto Nacional de Vías – INVIAS las sumas que este efectivamente hubiere
pagado con razón del juicio coactivo precitado, debidamente indexadas con el IPC desde el
momento del pago hasta el reintegro efectivo.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas al demandado.

[…]»1.

ANTECEDENTES

El 7 de julio de 1997, la Jefe División de Rentas de la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Palmira expidió las Resoluciones nros. 348, 349, 350, 351, 352, 353,

1
Índice 102 de SAMAI – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

354, 355, 356, 357, 358 y 359, mediante las cuales liquidó de aforo e impuso sanción
por no declarar el impuesto de industria y comercio al Instituto Nacional de Vías (en
adelante INVIAS), por los periodos gravables 1985 a 19962.

INVÍAS contra los anteriores actos interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación.

El 10 de octubre de 1997, la citada funcionaria profirió las Resoluciones nros. 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 y 555, por las cuales decidió los
recursos de reposición, en el sentido de confirmar las liquidaciones de aforo3.

El 13 de mayo de 1999, el Gerente de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de
Palmira emitió las Resoluciones nros. 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098,
099, 100 y 101, por medio de las cuales resolvió los recursos de apelación,
confirmando los actos recurridos4.

El 3 de enero de 2000, el Jefe de Ejecuciones Fiscales del municipio de Palmira libró
el mandamiento de pago nro. 0468 en contra de INVIAS, con fundamento en las
citadas liquidaciones de aforo5.

El 6 de julio de 2000, el mencionado funcionario profirió la liquidación del crédito e
intereses6.

El 30 de noviembre de 2000, el Jefe de Ejecuciones Fiscales del Municipio de Palmira
expidió el Auto nro. 190A, mediante el cual actualizó la liquidación del crédito en lo
que corresponde a los intereses de mora desde el 6 de julio hasta el 30 de noviembre
de 2000, en la suma de $52.965.9167.

Contra el anterior auto INVIAS presentó escrito de objeciones por error grave en las
bases de las liquidaciones del ICA8. Mediante Auto nro. 0288 del 21 de diciembre de
2000 el Jefe Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio de Palmira desestimó las
objeciones y aprobó la liquidación de la actualización de los intereses9 (auto
demandado).

El 6 de diciembre de 2000, INVIAS presentó incidente de nulidad, el cual fue decidido
por el aludido funcionario mediante el Auto nro. 0289 del 21 de diciembre de 2000, en
el sentido de rechazar por improcedente la nulidad planteada10 (auto demandado).

DEMANDA

INVIAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 85 del CCA formuló las siguientes pretensiones:

2
Fls. 124, 146, 166, 181, 205, 225, 250, 274, 297, 320, 343 y 366 c.a.
3
Fls. 128, 150, 174, 188, 210, 233, 259, 282, 305, 328, 351 y 374 c.a.
4
Fls. 134, 155, 180, 194, 215, 239, 264, 287, 310, 333, 356 y 379 c.a.
5
Fls. 25 a 36 c.p. 1.
6
Así consta en el auto nro. 190 A del 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se actualizaron los intereses. Fl. 33. c.p. 1.
7
Fls. 33 a 36 c.p. 1.
8
Fls. 17 a 22 c.p. 1.
9
Fls. 12 a 15 c.p. 1.
10
Fls. 8 a 10 c.p. 1.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

«1.1. Que se declare la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, Auto No. 0289 del 21 de
diciembre de 2000, por medio del cual la Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio de
Palmira (Valle) resuelve el incidente de nulidad, propuesto en memorial de 6 de diciembre de
2000, dentro del proceso Jurisdicción Coactiva, seguido contra el INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS, por liquidación y aforo del Impuesto de Industria y Comercio, por los años 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 y de las sanciones por no
declarar para los mismos años.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicita al Honorable Tribunal declarar la
nulidad de todo lo actuado desde el Auto No. 0468 del 3 de enero de 2000.

1.3. Como resultado de la anterior declaración, en sede judicial el Honorable Tribunal, efectúe la
liquidación del crédito y las sanciones impuestas a la entidad pública que represento, con base
en lo que resulte probado en el proceso.

1.4. Como Restablecimiento del Derecho, solicito al Honorable Tribunal ordenar al municipio de
Palmira – Oficina de Ejecuciones Fiscales, devolver al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, las
sumas que resulte de diferencia en la liquidación efectuada, o en su defecto, ordenar la
devolución total de los dineros cancelados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

1.5. Las sumas que se ordenen devolver como producto de la liquidación solicitada en la
pretensión tercera, deben ser devueltas actualizadas a la fecha de la devolución respectiva.

1.6. Las sumas que se ordenen devolver deberán liquidarse con la tasa de interés más alta
legalmente permitida hasta el momento de la devolución real, por parte del municipio de Palmira
al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

1.7. Decretar la nulidad del Acto Administrativo, Auto No. 288 del 21 de diciembre de 2000 11, por
medio del cual, se resuelven las objeciones propuestas en memorial de 6 de diciembre de 2000,
presentado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, contra Acto Administrativo, Auto No. 190A
del cual se liquida la actualización de la liquidación del crédito en el proceso de Jurisdicción
Coactiva contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

1.8. Como resultado de la anterior declaratoria, se declare fundadas las objeciones propuestas
contra el Acto Administrativo, Auto No. 190A del 30 de noviembre de 2000.

1.9. Que como consecuencia se ordene la liquidación en sede judicial del crédito, conforme a lo
que resulte probado en el proceso, ordenando devolver al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS las
sumas que resulte de la diferencia de la liquidación efectuada, o en su defecto, ordenar la
devolución total de los dineros cancelados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS».

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

• Artículo 21 de la Ley 105 de 1993
• Ley 14 de 1983

Como concepto de la violación expuso:

Al INVIAS se le gravó con ICA por haber ejercido la actividad de servicio consistente
en el mantenimiento de la infraestructura vial dentro del territorio del municipio de
Palmira, lo que de conformidad con el Decreto 2171 de 1992, corresponde a la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vía, obras que son contratadas por

11
Mediante auto del 24 de julio de 2003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el auto del 4 de octubre de 2002,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se rechazó la demanda por considerar que los
actos enjuiciados (aprobación de la actualización de los intereses y el que rechazó por improcedente la nulidad) no son
susceptibles de control jurisdiccional. Fls. 22 a 29 c.p. 2.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

la demandante en virtud de la Ley 80 de 1993, razón por la cual, el tributo se debió
cobrar a los contratistas quienes ejecutan el contrato y realizan una actividad de
comercio por la cual reciben utilidades.

En las resoluciones que liquidan de aforo el ICA por la actividad consistente en el
mantenimiento de la infraestructura vial del territorio del municipio de Palmira, toman
de manera ilegal como base para liquidar el impuesto el valor de recaudo de la tasa
de peaje de aquellos ubicados en la recta Cali – Palmira (Estambul y Ciat), sin tener
en cuenta:

• Que la tasa de peaje es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el
contribuyente, su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que
contribuye al presupuesto de su obligación (Sentencia C-545 de 1999 la tasa de
peaje no puede ser objeto de impuesto).
• Que para los años 1985 a 1992, la vía estaba a cargo del Fondo Vial Nacional, al
cual se le debió remitir el cobro y al no cancelar la acreencia, en el año 1993
solicitar su pago a la Subdirección Transitoria del INVIAS, a quien le correspondía
la liquidación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y el Fondo Vial
Nacional, lo que no fue presentado.
• Que de conformidad con la Ley 14 de 1983 INVIAS no ejerce o realiza ninguna
actividad industrial, comercial o de servicios.
• INVIAS no fue requerido durante los años 1993 a 1996 para el pago del ICA,
además, se trata de un establecimiento público del orden nacional adscrito a la
rama ejecutiva que ejerce actividad pública (Decreto 2171 de 1992).
• Que el Auto 190A por medio del cual se actualizó la liquidación del crédito se
objetó por error grave.
• Que la liquidación y su actualización debe realizarse conforme a los preceptos
legales, teniendo en cuenta los sujetos pasivos de la obligación.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, el peaje es una tasa por medio
del cual se cobra el uso de la infraestructura de transporte, de modo que esos
recursos no provienen de una actividad industrial o comercial.

OPOSICIÓN

El municipio de Palmira se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los argumentos que se exponen a continuación12:

Expuso que la parte actora no objetó la liquidación del crédito por error grave, por el
contrario, cuestionó la totalidad de los actos administrativos que sirvieron de
fundamento al procedimiento administrativo de cobro coactivo, los que gozan de
presunción de legalidad.

Propuso la excepción de inepta demanda por no enunciar las normas violadas y el
concepto de la violación.

12
Fls. 60 a 64 c.p. 2.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó al municipio de Palmira devolver a INVIAS las sumas que este
hubiere pagado en el proceso de cobro coactivo indexadas con el IPC desde el
momento del pago hasta el reintegro efectivo. Se abstuvo de condenar en costas a la
parte demandada13.

Respecto a la excepción de inepta demanda propuesta por el municipio, evidenció
que la parte actora cumplió con lo previsto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA,
toda vez que sustentó la ilegalidad de los actos demandados en que la liquidación del
crédito no se realizó sobre las bases reales de la tasa cobrada por la entidad, por
concepto de peajes.

En cuanto al fondo del asunto, expuso que en las objeciones propuestas por INVIAS
se controvirtió la liquidación del crédito y se demostró que no era cierto el cálculo de
la base gravable, tema inherente al cobro coactivo en su fase de liquidación, por lo
cual no era necesario demandar los actos de determinación.

Se refirió a las siguientes pruebas: i) certificación expedida por INVIAS, según la cual
para los años 1985 a 1996 la vía Cali – Palmira estuvo a cargo de esa entidad, pero
esta no ejecutó obras de mantenimiento sino sus contratistas y ii) Oficio nro. SEI-GPV
44344 del 31 de agosto de 2015, en el que el coordinador de grupo de peajes y
valorización certificó que verificada la base de datos de la entidad los ingresos
recaudados para la estación de peajes Estambul corresponde para el año 1994 a
$3.473.271.800, 1995 $3.973.284.800 y 1996 $5.248.851.150, además que no
contaba con la información de los años 1985 a 1993.

Teniendo en cuenta esos documentos encontró probado que las cifras y operaciones
matemáticas que realizó el municipio para liquidar el crédito no corresponden a la
realidad, pues no es lo percibido por INVIAS como ingreso por peajes. Enfatizó en
que el Consejo de Estado ha señalado que el recaudo y administración de peajes no
constituye por sí mismo una actividad comercial o de servicio gravada con el ICA.

Concluyó que el auto que resolvió las objeciones a la liquidación del crédito carece de
soporte fáctico y legal, porque las sumas por cobros de peajes no son los que
efectivamente percibió INVÍAS, por lo tanto, no pueden ser base de la liquidación del
crédito.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y dado que no se evidencia
temeridad ni mala fe de las partes, se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

El municipio de Palmira apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su
revocatoria en los siguientes términos14:
13
Índice 102 de SAMAI – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
14
Índice 105 de SAMAI - Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

Lo que pretende el INVIAS es debatir la legalidad de los títulos ejecutivos que sirven
de fundamento al cobro coactivo, actos que se presumen legales y que no fueron
demandados ante esta jurisdicción.

De acuerdo con el artículo 835 del ET, en los procesos de cobro coactivo la
intervención directa de la jurisdicción de lo contencioso administrativo está relacionada
con la resolución de excepciones, por lo que el tribunal no estaba facultado para
decidir aspectos de fondo sobre la obligación fiscal.

La jurisprudencia del Consejo de Estado15, con fundamento en el artículo 829-1 del
ET, ha señalado que no es procedente controvertir la legalidad de los actos de
liquidación oficial mediante excepciones propuestas dentro del proceso de cobro
coactivo, ni en el proceso judicial adelantado contra el acto que negó las excepciones
y, que no pueden discutirse aspectos propios del proceso de determinación del tributo,
como sería la constitución de obligaciones o derechos fiscales.

En el presente caso las liquidaciones de aforo y las resoluciones que resolvieron los
recursos de reposición y apelación gozan de presunción de legalidad (art. 88 Ley 1437
de 2011), actos administrativos que prestan mérito ejecutivo por estar en firme al
momento de la emisión del mandamiento de pago (art. 829 ET), en tanto INVIAS no
desvirtuó su ilegalidad, no siendo viable provocar un pronunciamiento expreso del
tribunal en el proceso de cobro coactivo y en relación con los actos de determinación
del tributo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación16 y
la demandante guardó silencio.

El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia,
porque el título ejecutivo no cumple con los requisitos formales de existencia de la
obligación, y menos aun contiene una obligación clara, expresa y exigible. Aseguró
que los actos demandados violaron normas superiores al desconocer el debido
proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad17.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad del Auto nro. 288 del 21 de diciembre de 2000, mediante
el cual el Jefe Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio de Palmira desestimó las
objeciones a la liquidación de la actualización de los intereses, propuestas por INVIAS
y, del Auto nro. 289 del 21 de diciembre de 2000, por medio del cual el citado
funcionario rechazó por improcedente el incidente de nulidad.

15
Sentencias del 9 de agosto de 2018, exp. 21560, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 26 de julio de 2018, exp. 22031,
del 4 de octubre de 2018, exp 22450, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 8 de marzo de 2019, exp. 23392, C.P. Milton
Chaves García.
16
Índice 21 de SAMAI.
17
Índice 23 de SAMAI.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

En los términos del recurso de apelación le corresponde a la Sala analizar si en la
etapa de objeciones a la liquidación de la actualización de los intereses, dentro del
proceso de cobro coactivo, es procedente debatir la legalidad de los actos
administrativos que constituyen el título ejecutivo.

Liquidación del crédito y actualización de la liquidación

La Sala ha precisado que en lo que respecta al procedimiento de cobro coactivo solo
resultan ser demandables ante esta jurisdicción los actos que deciden sobre las
excepciones contra el mandamiento de pago y los que ordenan seguir adelante la
ejecución. Por interpretación jurisprudencial18, tal posibilidad se ha extendido a los
actos que se presenten en el curso del cobro coactivo, tales como embargos, el
remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago
al acreedor, la liquidación del crédito y las costas, entre otros.

Para decidir el presente asunto es oportuno mencionar que el procedimiento de cobro
coactivo inicia con la expedición del mandamiento de pago, que ordena al ejecutado
pagar las obligaciones que constan en un título ejecutivo ejecutoriado. El deudor
puede optar por el pago de la obligación o por proponer excepciones.

Una vez resueltas las excepciones formuladas, la Administración ordena seguir
adelante la ejecución, el remate de los bienes embargados y la práctica de la
liquidación del crédito y las costas.

La liquidación del crédito y las costas se efectuará mediante auto que contiene las
sumas líquidas a pagar, contra el que no procede recurso alguno. Del auto se dará
traslado al ejecutado por el término de tres (3) días conforme al artículo 521 del
Código de Procedimiento Civil, para que este, si lo considera oportuno, formule
objeciones y aporte las pruebas que estime necesarias.

En la formulación de las objeciones la entidad ejecutada únicamente podrá plantear
inconformidades en relación con el estado de cuenta de la deuda, la cuantía, forma
de liquidación del crédito y las costas y, operaciones aritméticas sobre las cuales se
realizó la liquidación19.

Vencido el citado traslado, se decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto
que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta
respectiva.

De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación, para lo
cual, según el citado artículo 521 del CPC, se tomará como base la liquidación que
esté en firme.

18
Auto del 17 de febrero de 2005, exp. 15040, C.P. Héctor J. Romero, auto del 27 de marzo de 2014, exp. 20244 C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia, auto del 12 de febrero de 2019, exp. 22635 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencias del
26 de julio de 2018, exp. 22031 y del 20 de noviembre de 2019, exp. 23814, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.
19
En este sentido cfr. la sentencia del 26 de agosto de 2021, exp. 25492, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Si bien en esa
providencia se aludió a las normas del Código General del Proceso, ordenamiento que no estaba vigente para la época de los
hechos en este proceso, se precisa que la redacción del artículo 521 del CPC guarda similitud con la del artículo 446 del CGP.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

Procedencia de argumentos sobre legalidad de los actos de determinación del
tributo en el proceso de cobro coactivo. Reiteración jurisprudencial20

En vigencia de la Ley 383 de 1997, los distritos y municipios realizaban el cobro
coactivo de los impuestos administrados por ellos mediante la aplicación del
procedimiento establecido en el Estatuto Tributario.

El Título VIII del ET regula el procedimiento administrativo coactivo para el cobro de
las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y
sanciones de competencia de la Dirección General de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

Por su parte, el artículo 829-1 del ET establece que «en el procedimiento administrativo
de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
gubernativa». Esta restricción impide que se debatan aspectos que debieron ser
controvertidos en la actuación administrativa que dio lugar a la expedición del acto
que conforma el título ejecutivo.

Por esa razón, no es posible plantear en el proceso judicial en el que se controvierte
la legalidad de la actuación administrativa en el marco del procedimiento de cobro
coactivo administrativo, los cargos de nulidad que debieron proponerse en la vía
gubernativa [en vigencia del CCA] y en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos que conforman el título ejecutivo en el que se fundamenta el
mandamiento de pago.

Puesto que, como lo ha indicado la Sala, se trata de dos procesos que «pueden tener
relación, pero apuntan a propósitos diferentes. Aquel -el de legalidad de los actos de
determinación- a la validez de las liquidaciones; este -el del cobro- a la eficacia de la
obligación»21.

Eso explica que el artículo 831 del ET permita que contra el mandamiento de pago se
proponga la excepción de «interposición de demandas de restablecimiento del derecho»
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que, mientras se resuelve la
validez del título ejecutivo se enerve la posibilidad de efectuar el cobro forzoso de la
obligación fiscal, ante la falta de ejecutoriedad de aquel22.

El caso concreto

En la sentencia apelada, el tribunal afirmó que «el auto que resolvió las objeciones a la
liquidación del crédito, proferido en el marco del procedimiento de cobro coactivo con
mandamiento de pago No. 0468 de 2000, carece de soporte fáctico y legal, porque
efectivamente las sumas por cobros de peajes no son los que efectivamente percibió el
INVIAS, por tanto, no pueden ser base de la liquidación del crédito»23. Argumento
controvertido por el municipio de Palmira en tanto está relacionado con el título
ejecutivo, que en este caso lo constituyen las liquidaciones de aforo del ICA por los
años gravables 1985 a 1996, actos administrativos que se presumen legales.
20
En este sentido, cfr. la sentencia del 9 de agosto de 2018, exp. 21560, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en
sentencia del 3 de septiembre de 2020 exp. 24421, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
Sentencia del 9 de agosto de 2018, exp. 21560, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 20298, reiterada en la sentencia del 9 de agosto de 2018, exp. 21560, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
23
Pág. 6 de la sentencia apelada.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

Para resolver el caso concreto, se advierte que los argumentos del INVIAS en la
objeción a la liquidación de la actualización a los intereses, fueron las siguientes:

• Años 1985 a 1990 «[l]a suma de […] constitutiva del capital que origina la liquidación de
intereses aquí objetados no es cierta, toda vez que no está probada en la actuación de
cobro, ni en ninguna parte del expediente la base gravable que sirvió como soporte de
liquidación de aforo de Industria y Comercio. La base gravable utilizada es una suma
ficticia y es claro que para efectos legales y constitucionales el fundamento de la
liquidación, esto es, la base gravable del tributo debe ser clara y estar plenamente
probada»24.

• Años 1991 a 1996 «[l]a suma de […] tomada como ingresos brutos no es cierta y obra
en el expediente a folio 689 del cuaderno No. 2 la certificación cierta y clara expedida por
el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, que durante el año de […], la estación de peaje
CIART y ESTAMBUL recaudaron por concepto de la tasa de peaje la suma de […] y no la
suma ficticia de […]. TOTAL GENERAL DE INTERESES: $17.112.636.80. Sería la suma
que presuntamente debería el Instituto Nacional de Vías»25.

El 21 de noviembre de 2000, el Jefe Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio de
Palmira mediante Auto nro. 0288 desestimó las objeciones y aprobó la liquidación de
la actualización de los intereses, por considerar que: «[c]on la objeción denominada error
grave, el nuevo mandatario del contribuyente busca discutir nuevamente las bases gravables,
asunto que ha debido ser objeto de discusión en la etapa de vía gubernativa». Además, que
«según acta suscrita el 24 de noviembre de 2000, firmada por su representante legal y varios
funcionarios, entre otros, el hoy nuevo apoderado, acordó cancelar la totalidad de la
obligación que era de $5.576.484.088 y el valor de $52.965.916 que se objeta, es por
concepto de la actualización de intereses, valor que hace parte del total de la deuda que el
contribuyente convino cancelar, según el acta enunciada, pues como se observa esta
actualización no modifica la suma que se comprometió a pagar el contribuyente»26.

Revisada la actuación administrativa, se observa que el monto que la parte actora
discute en este proceso, por considerar que no corresponde al recaudo real del peaje,
está relacionado con el tributo determinado de manera oficial en las liquidaciones de
aforo que se relacionan a continuación:

Liquidación de aforo Mandamiento de pago Actualización
Número Periodo Impuesto Capital $ Intereses $ Base para Intereses $
(7-07- ICA calcular los Desde el 6-06-
1997) intereses $ al 30-11-2000
348 1985 15.660.000 15.660.000 De mora 15.660.000 917.676
349 1986 19.332.000 19.332.000 De mora 19.332.000 1.132.856
350 1987 23.868.000 23.868.000 De mora 23.868.000 1.398.664
351 1988 29.460.000 29.460.000 De mora 29.460.000 1.726.356
352 1989 45.468.000 45.468.000 De mora 45.468.000 2.664.424
353 1990 56.136.000 56.136.000 De mora 56.136.000 3.289.568
354 1991 69.300.000 69.300.000 De mora 69.300.000 4.060.980
355 1992 85.548.000 85.548.000 De mora 85.548.000 5.013.112
356 1993 106.476.000 106.476.000 De mora 106.476.000 6.239.492
357 1994 133.152.000 133.152.000 De mora 133.152.000 7.802.708

24
Fls. 17 a 22 c.p. 1.
25
Ibidem.
26
Fls. 13 y 14 c.p. 1.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

358 1995 165.984.000 165.984.000 De mora 165.984.000 9.726.664
359 1996 199.188.000 199.188.000 De mora 199.188.000 11.672.416
Total 52.965.916

De la anterior confrontación, se concluye que le asiste razón al municipio de Palmira
al desestimar las objeciones a la liquidación de la actualización de intereses, toda vez
que el INVIAS, en el proceso de cobro coactivo administrativo pretende discutir las
bases gravables tenidas en cuenta por la Administración al liquidar el ICA por los
años 1985 a 1996, lo que resulta ajeno a ese trámite, en el que se parte de la
existencia de un título ejecutivo que se encuentra debidamente ejecutoriado,
conforme con el cual se libra el mandamiento de pago.

Además, se debe tener en cuenta que, adelantada la etapa de liquidación del crédito,
a la parte ejecutada solo le está permitido plantear inconformidades en relación con el
estado de cuenta de la deuda, la cuantía, forma de liquidación del crédito y las costas
y, operaciones aritméticas sobre las cuales se realizó la liquidación, sin que sea
admisible la discusión de la suma establecida en los títulos ejecutivos (liquidaciones
de aforo) base del cobro coactivo, porque estos se encuentran en firme y se
presumen legales, en tanto en el expediente no se afirma, menos aún se prueba que
hayan sido anulados o suspendidos por esta jurisdicción.

En este orden de ideas, no le asiste razón al tribunal al anular los actos
administrativos demandados, por considerar que las bases de la liquidación del
crédito no corresponden a las efectivamente percibidas por el INVIAS por concepto
de peajes, porque conforme al artículo 829-1 del ET, «en el procedimiento administrativo
de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
gubernativa», lo que impide que el sustento de nulidad del acto de liquidación de la
actualización de intereses esté relacionado con la suma determinada en los títulos
ejecutivos.

En cuanto a lo expuesto por el Ministerio Público acerca de que el título ejecutivo no
cumple con los requisitos formales de existencia de la obligación y, que esta no es
clara, expresa y exigible, la Sala no se pronunciará por tratarse de un aspecto que no
fue objeto de controversia en este asunto.

Conforme con lo anterior, se concluye que la parte actora no desvirtuó la presunción
de legalidad de los actos de liquidación de la actualización de intereses y del que
rechazó el incidente de nulidad27, razón suficiente para revocar la sentencia apelada
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:
27
Frente a este acto, en la demanda no se advierte argumento que se dirija a cuestionar su legalidad.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2001-01621-01 [27185]
Demandante: INVIAS

NEGAR las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.