Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-04731-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-04731-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2002-04731-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: ENTERPRISE SOFTWARE LTDA.
Demandado: MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: Nulidad del acto administrativo de declaratoria de caducidad del contrato.
Legitimación de terceros para demandar la nulidad absoluta del contrato. Interés
directo. Falsa motivación.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se liquidó
judicialmente el contrato de outsourcing del 15 de mayo de 2000 y se negaron las
demás pretensiones de la demanda.
A. SÍNTESIS DEL CASO
En el marco del contrato de outsourcing del 15 de mayo de 2000, suscrito entre el
municipio de Jamundí y la firma Enterprise Software Ltda., esta última solicita que
se declare la nulidad de las resoluciones n.ºs 142 y 1778 del 13 de febrero y 13 de
abril de 2002, respectivamente, por medio de las cuales la entidad territorial caducó
el referido contrato; que se declare el incumplimiento del referido municipio, y se le
condene al pago de los perjuicios causados, y se proceda a la liquidación judicial
del contrato.
Igualmente, solicita la nulidad absoluta, por objeto ilícito, del contrato
interadministrativo del 4 de junio de 2001, suscrito entre la demandada y la
Administradora Pública Cooperativa de Municipios, en adelante, Coopmunicipios,
como quiera que fue el motivo para caducarle su contrato y, además, configuró un
detrimento patrimonial, en atención al elevado costo de sus tarifas.
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
B. ANTECEDENTES
I. Demanda
1. Mediante demanda presentada el 15 de noviembre de 2002 (fl. 65, c. ppal, 1ª
instancia), en contra del municipio de Jamundí, en ejercicio de la acción de
controversias contractuales, la firma Enterprise Software Ltda. formuló las
siguientes pretensiones (fls. 41 a 43, c. ppal, 1ª instancia):
PRIMERA: Que se declare el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ, derivado del contrato administrativo de outsourcing de fecha mayo
15 de 2000, suscrito con la firma ENTERPRISE SOFTWARE LTDA.
SEGUNDA: Que se declare nula la resolución n.º 142 de febrero 13 de 2002
“Por medio de la cual se declara la caducidad administrativa de un contrato”,
emanada de la Alcaldía de Jamundí.
TERCERA: Que se declare nula la resolución n.º 1778 de abril 13 de 2002 “Por
la cual se resuelve el recurso de reposición, instaurado por Enterprise Software
contra la resolución n.º 142 del 13 de febrero de 2002, proferida por la alcaldía
de Jamundí.
CUARTA: Que el honorable Tribunal realice la liquidación del contrato suscrito
entre mi mandante y el municipio de Jamundí, puesto que dicho ente territorial
ya perdió competencia para ello y por tanto no es posible efectuarla en sede
administrativa sino que es menester acudir ante el honorable Tribunal
contencioso con tal fin.
QUINTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene
a entregar a la firma ENTERPRISE SOFTWARE LTDA., las utilidades que el
convenio interadministrativo de fecha junio 4 de 2001, suscrito entre el
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ y la COOPERATIVA DE MUNICIPIOS
“COOPMUNICIPIOS”, le hubiere reportado por el tiempo en que se ejecutó.
SEXTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene
a pagar en favor de la firma ENTERPRISE SOFTWARE LTDA., los perjuicios
que se llegaren a probar producidos con ocasión de la declaratoria de
caducidad.
SÉPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene a pagar en favor de la firma ENTERPRISE SOFTWARE LTDA., los
perjuicios que se llegaren a probar producidos con ocasión de la celebración del
convenio interadministrativo de fecha junio 4 de 2001 suscrito entre el municipio
de Jamundí y COOPMUNICIPIOS.
OCTAVA: Que se ordene al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ dar cumplimiento a lo
dispuesto por la cláusula décima segunda del contrato administrativo de
outsourcing de fecha 15 de mayo de 2000, que establece:
“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERALES: PARÁGRAFO: En el evento en que la
administración municipal en forma unilateral de por terminado el contrato por
causa diferentes a las contempladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y
sin culpa del CONTRATISTA, el MUNICIPIO se compromete a comprar los
equipos y el software objeto de arrendamiento para cumplimiento al objeto
contratado, previo peritaje para tasar el valor real y estado en que se encuentren
a la época”.
NOVENA: Que se cancele la suma por concepto de arrendamiento de los
equipos que fueron usados de manera arbitraria en diferentes dependencias de
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
la administración municipal de Jamundí desde el 12 de julio de 2001 (fecha en
que se suspendió de manera unilateral el contrato suscrito con la firma que
represento) hasta la fecha en que fueron entregados a la firma ENTERPRISE
SOFTWARE LTDA., es decir, 25 de febrero de 2002. Cabe anotar que el señor
Secretario de Tránsito y Transporte de Jamundí afirmó que estaban siendo
valorados por la Oficina de Sistemas, pero al momento de suscribir el acta de
entrega fueron encontrados al servicios de otras dependencias del municipio de
Jamundí.
DÉCIMA: Que las cifras resultantes de las anteriores condenas, se actualicen y
se cancelen los intereses moratorios a que haya lugar, según la normatividad
vigente sobre la materia.
DÉCIMA PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta del convenio
interadministrativo celebrado entre el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ y la
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS
“COOPMUNICIPIOS”, por objeto ilícito, toda vez que contraviene el derecho
público de la Nación, pues no está conforme con la ley y además existe causa
ilícita, pues dentro de los motivos que inducen a la celebración del convenio
encontramos el establecimiento de precios en exceso de los normales, lo cual
genera la violación evidente del art. 3 de la Ley 80 de 1993.
DÉCIMA SEGUNDA: Que se condene al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ al pago de
costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso.
2. En los hechos (fls. 43 a 49, c. ppal, 1ª instancia), la parte actora manifestó que el 15
de mayo de 2000, las partes en litigio suscribieron un contrato de outsourcing, a
través del cual aquella se comprometió: “a) Establecer mediante liquidación el
estado de cuenta de los diferentes trámites y pagos que se realicen en la
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, b) Administrar los
diferentes procesos tramitológicos realizados en la SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE MUNICIPAL, c) Actualizar y unificar la información propia de la
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE” (fl. 43, c. ppal, 1ª instancia).
2.1. Según la demanda, al entrar la nueva administración local se presentaron
inconvenientes con la ejecución del contrato, el que con anterioridad se ejecutaba
con plena normalidad.
2.2. El 16 de abril de 2001, en vigencia del contrato de outsorcing, el municipio de
Jamundí elaboró unos términos de referencia para contratar los mismos servicios
que estaban contratados con la actora, que finalizó con la celebración del contrato
interadministrativo con Coopmunicipios, el 4 de junio siguiente.
2.3. El 12 de julio de 2001, el municipio demandado suspendió unilateralmente la
ejecución del contrato de outsorcing por supuestos incumplimientos.
2.4. El 11 de octubre siguiente, la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal le
solicitó a la actora que rindiera descargos frente al incumplimiento del contrato. El
19 siguiente, la parte actora, además de exponer las razones de su defensa, puso
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
de presente que el municipio no le devolvió los equipos, solicitud que se reiteró en
repetidas oportunidades, sin respuesta satisfactoria.
2.5. El 19 de febrero de 2002, el municipio demandado requirió a la actora para que
se notificara de la resolución n.º 142 del 13 de febrero del mismo año, por medio
de la cual se le declaró la caducidad del contrato, decisión que fue confirmada a
través de la resolución n.º 1778 del 13 de abril de 2002, que resolvió el recurso de
reposición.
3. Como concepto de la violación (fls. 50 a 59, c. ppal, 1ª instancia), adujo la desviación
y abuso de poder, por cuanto la demandada contrató el mismo objeto contractual
con una cooperativa pública, lo cual lesionó los intereses públicos y los del
contratista, al contratar con precios injustificadamente más altos y terminar
veladamente el contrato con la accionante. De esa forma, estimó violado el artículo
3 de la Ley 80 de 1993, que impone como finalidad de la contratación estatal al
interés público.
3.1. Señaló que la no remisión de la información al Ministerio de Tránsito y
Transporte, que fue la razón para caducar el contrato, fue imputable a la negligencia
de los funcionarios de la demandada en el manejo de los equipos y de la
información, así como en su falta de colaboración con el contratista.
3.2. Precisó que si bien se le dio la oportunidad de rendir descargos, se trató de un
mero formalismo, como quiera que la demandada en forma intempestiva y arbitraria
suspendió el contrato, lo cual coincidió con la iniciación de la ejecución del nuevo
contrato con Coopmunicipios, con lo que se evidencia que la decisión de caducidad
ya estaba tomada ex ante y, por consiguiente, se le vulneraron las garantías del
debido proceso y de defensa y contradicción.
3.3. Reprochó la falta de motivación de la declaratoria de caducidad, toda vez que
se consignaron razones lacónicas y ambiguas para sustentarla, además que
carecían de sustento, como quiera que el incumplimiento fue de la demandada al
manejar incorrectamente la información y los equipos y no pagar los servicio al
contratista. Igualmente, la demandada reprochó el incumplimiento en la instalación
de un software, cuando para la fecha en que debía cumplirse, 15 de julio de 2001,
ya tenía una nueva contratación, con Coopmunicipios, que cumplía con tal
requerimiento.
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
II. Trámite de primera instancia
4. Admitida la demanda, el Tribunal a quo ordenó notificar personalmente al
municipio de Jamundí (fls. 66 y 67, c. ppal, 1ª instancia). Igualmente, negó la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados (fls. 71 y 72, c. ppal, 1ª instancia).
5. El municipio de Jamundí, a pesar de ser notificado en debida forma (fls. 81 a 83, c.
ppal, 1ª instancia), guardó silencio (fl. 84, c. ppal, 1ª instancia).
6. Mediante auto del 13 de noviembre de 2003, el a quo abrió el proceso a pruebas
y tuvo como tales las documentales allegadas con la demanda y los solicitados en
esta, es decir, los oficios, el dictamen pericial y los testimonios (fls. 85 ,86 97 y 98, c.
ppal, 1ª instancia).
7. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 155, c. ppal, 1ª instancia),
únicamente la parte actora se pronunció en esta oportunidad para reiterar los
argumentos de su demanda (fls. 160 a 171, c. ppal, 1ª instancia).
III. La sentencia de primera instancia
8. El 27 de noviembre de 2014, el Tribunal a quo dictó sentencia (fls. 212 a 256, c. ppal,
2ª instancia), en la que negó las pretensiones de la demanda, con base en las pruebas
aportadas, de las cuales consideró probado que:
8.1. En el marco del contrato de outsourcing del 15 de mayo de 2000, el 14 de
agosto, el 1 de septiembre y 11 de octubre siguiente, el municipio de Jamundí
formuló reparos a la parte actora sobre el mantenimiento de los equipos instalados,
la entrega de la nueva aplicación de software acordada para el 15 de julio de 2000
y la instalación del punto de red de la ventanilla de matrículas de la Secretaría de
Tránsito y Transporte municipal, sin que se probara que la parte actora hubiera
atendido tales requerimientos, con lo que consideró desvirtuados los testimonios
solicitados por la parte actora que imputaban el incumplimiento a la mala
manipulación de los funcionarios de la demandada de los equipos.
8.1. Consideró que el convenio del 4 de junio de 2001, celebrado entre el municipio
de Jamundí y Coopmunicipios, no estaba afectado de nulidad absoluta, como
quiera que era un contrato diferente al celebrado con la actora, hasta el punto que
el convenio tenía un objeto mucho más amplio. Tampoco tuvo por probado el
supuesto detrimento patrimonial causado con la nueva contratación.
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
8.2. Finalmente, el a quo liquidó judicialmente el contrato, en la que consideró que
al municipio de Jamundí le restaba por reintegrar el servidor PROLIANT 800 PIII
600, serie D013DDK3K609, el monitor 950BB48GODA5, cinco teclados y cinco
mouses, razón por la cual ordenó su devolución y tener por liquidado el contrato sin
saldos pendientes, toda vez que no se probó que existieran.
IV. Recurso de apelación
9. El 14 de enero de 2015, la parte actora (fls. 257 260, c. ppal, 2ª instancia) apeló la
sentencia del a quo, así:
1. DEFECTO FÁCTICO DE UNA SENTENCIA (…) [se omiten dos párrafos en
donde se cita una sentencia de esta Corporación sobre el tema]
Así las cosas es evidente que no le asiste al a quo razón jurídica alguna para
desestimar las pretensiones puesto que la sentencia muestra claramente un
defecto fáctico cual es la inadecuada valoración de las pruebas que fueron
regularmente aportadas dentro del proceso.
Da por hecho cierto el A QUO que la existencia de “ANOMALÍAS”, planteadas
en un oficio producido por la administración municipal el 11 de octubre de 2001,
que valga la pena afirmar fue traído como prueba al proceso por mi poderdante
(pues el demandado ni siquiera contestó la demanda, situación que ignoró la
honorable magistrada al momento de valorar la prueba) ello con el fin de probar
que la “solicitud de descargos” se sucedió cuando ya hacía cuatro meses, se
había suscrito un contrato que tenía el mismo objeto que el que estaba
ejecutando mi poderdante. Para la fecha en que se solicitaron los supuestos
“descargos” ya el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ había adjudicado un nuevo
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO que no solo contenía el mismo objeto del
contrato suscrito con ENTERPRISE SOFTWARE, sino que era más extenso,
dicho convenio se adjudicó el día 29 de mayo de 2001 y se suscribió el día 4 de
junio de 2001.
Es conveniente anotar que mi representada resolvió uno a uno de los
inconvenientes planteados por el municipio de Jamundí mediante comunicación
calendada 17 de octubre de 2001. Contrario a la errada apreciación de la sala
NO EXISTE PRUEBA IRREFUTABLE DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO,
pues no solo se probó a través de testimonios su inexistencia, sino que el
DICTAMEN PERICIAL, el cual no fue valorado razonablemente Y NI SIQUIERA
OBJETADO, señala de manera clara y expresa la idoneidad del programa
usado por ENTERPRISE SOFTWARE para el envío de información al
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y POR EL CONTRARIO SEÑALA
CLARAMENTE como causa del problema el mal ingreso de datos o una mala
manipulación del sistema por parte de los funcionarios de la secretaría de
tránsito de Jamundí.
No puede ser prueba DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO el requerimiento
amañado del municipio de Jamundí al contratista, requerimiento que a todos
luces era un mero formalismo, que buscaba darle visos de legalidad a las
actuaciones que antecedieron a la DECLARATORIA DE CADUCIDAD.
NO EXISTE como lo afirma el a quo pruebas concretas que demuestren el
incumplimiento, por el contrario, existen pruebas concretas del indebido manejo
de equipos que generó no sólo el daño de los mismo sino una tramitación
equivocada de la información para el Ministerio de Transporte por parte de los
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Tránsito de Jamundí, la cual le
fue atribuida a deficiencias en el programa de ENTERPRISE, afirmación que
fue desvirtuada con lo dicho en el peritazgo en sistemas el cual NUNCA FUE
OBJETADO POR EL DEMANDADO, es una prueba regularmente traída al
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
proceso, corroborada además con los testimonios pero indebidamente
evaluada por el A QUO.
Se equivoca la sala al señalar que el objeto contractual es diferente. Respalda
nuestra afirmación de objeto contractual idéntico lo dicho en el dictamen pericial,
proferido por perito ingeniero de sistemas, que concluye y cito textualmente: “…
se puede concluir que los objeto de los contratos son similares…”. (…) [se omite
cita in extenso de una sentencia de esta Corporación sobre la caducidad del
contrato, en la que se pone de relieve la citación previa del contratista para su
ejercicio]
Así las cosas es obvio que se transgredió flagrantemente el debido proceso es
obvio que el contratista NUNCA FUE OÍDO y cito textualmente “[i] ser oído antes
de que se tome la decisión”, pues la decisión ya estaba tomada ya había otro
contrato firmado cuando fue llamado a descargos. Este llamado era un mero
formalismo para dar por sentada la observancia del principio de legalidad en
una actuación administrativa completamente irregular, puesto que una
revisadas las actuaciones en conjunto llevan a concluir que jamás se efectuó el
procedimiento conforme a lo preceptuado en la jurisprudencia en cita; UN
DEBIDO PROCESO, por tanto no es de recibo lo afirmado por la sala al
respecto, cuando señala:
“Además, los descargos solicitados por la administración a su contratista,
constituyen la oportunidad inicial que esta le concedió para que ejerciera su
derecho de defensa previo a proferir la resolución de caducidad, con el fin de
que se pronunciara respecto de los elementos de juicio que militaban en su
contra, y que a la vez pudiera contradecirlos. Por tanto, la medida sancionatoria
impuesta al contratista no se adoptó de manera sorpresiva o intempestiva, como
erradamente lo afirma la demandante, pues es claro que emitió conforme al
debido proceso administrativo”.
SOLICITUD
Por lo anteriormente planteado solicito al HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO. Revocar en su totalidad la sentencia proferida por el a quo y en su
lugar proferir sentencia de fondo que acoja la totalidad de las pretensiones de
la demanda. Pues de haber revisado y valorado adecuadamente las pruebas
aportadas con la demanda, estaríamos frente a una sentencia condenatoria ya
que la proferida no valora el dictamen pericial, no aprecia un conjunto de la
prueba documental, ni revisa los tiempos entre la adjudicación del nuevo
contrato y la declaratoria de caducidad.
V. Trámite en segunda instancia
10. Después de concedido por el a quo (fl. 263, c. ppal, 2ª instancia) y admitido el recurso
por esta Corporación (fl. 243, c.ppal, 2ª instancia), se corrió traslado para alegar de
conclusión (fl. 271, c. ppal, 2ª instancia), oportunidad en que las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio (fls. , c. 272, ppal, 2ª instancia).
C. CONSIDERACIONES
VI. Cuestión previa
11. Aunque en el contrato de outsourcing en estudio se incorporó la cláusula
compromisoria (cláusula vigésima segunda, fl. 91, c. 2), la Sala se abstendrá de aplicar la
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
posición unificada de la sentencia del 18 de abril de 20131, en la que se descartó la
posibilidad de renuncia tácita de dicha cláusula, para, en su lugar privilegiar la
postura vigente al momento de la presentación de la demanda, que admitía esta
figura, como ocurrió en esta oportunidad. Por tal razón, la Sala reproduce las
consideraciones de un asunto similar, en tanto son extensivas al presente, como
quiera que comparten similitudes fácticas y jurídicas, así2:
19. Tratándose de la aplicación en el tiempo de la regla jurisprudencial sobre la
renuncia tácita a los efectos de la cláusula compromisoria, existen
pronunciamientos de la Sección Tercera que se han decantado por no aplicarlo
de manera retroactiva. Ello porque, en esos casos, al momento de la
presentación de la demanda, existía una posición reiterada y pacífica en la
jurisprudencia sobre la posibilidad de renunciar tácitamente a los efectos del
pacto3 y en consideración a la necesidad de garantizar el derecho al acceso a
la administración de justicia4.
20. Atendidas las particularidades de este caso, especialmente que ninguna de
las partes hizo manifestación alguna en el proceso en el sentido de oponerse a
la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, la Subsección
aplicará la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la
demanda del INVIAS, esto es, la que permitía la renuncia tácita de los efectos
de la cláusula compromisoria, por las siguientes razones:
20.1 En primer lugar, las partes, al no oponerse expresamente a la competencia
del Tribunal Administrativo del Valle, obraron movidas por el entendimiento de
que este acto implicaba una renuncia al pacto arbitral porque así lo sostenía
pacíficamente la jurisprudencia. Si se les aplicara la nueva posición
jurisprudencial de forma retroactiva, ello comportaría defraudar la confianza
legítima que tenían al momento de no oponerse a la competencia5.
1
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 18 de abril de 2013, exp. 17.859, M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 48.746,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
3
Cita original: Ver sentencia del 16 de junio de 1997 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
(exp. 10.882) y auto de la misma Sección de 19 de marzo de 1998, (exp. 14.097) del que se destaca:
“se tiene que la parte actora al instaurar la presente demanda renunció tácitamente a acudir ante un
Tribunal de Arbitramento con el fin de dirimir cualquier conflicto que se suscitara en la ejecución del
contrato No. 430 de 28 de diciembre de 1994, lo mismo sucedió con la parte demandada ya que en
la oportunidad pertinente no propuso la excepción de cláusula compromisoria. […]”.
4
Cita original: A este respecto ver: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 29 de
octubre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano (Rad. 38.098); y (ii) Consejo de Estado, Sección
Tercera, Auto del 14 de septiembre de 2018, C.P. Guillermo Sánchez Luque (Rad. 53.392). En este
caso, la Subsección anotó “Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos
sobre todos los casos a los que se aplica, no se puede desconocer que un nuevo criterio, aplicado
a las demandas interpuestas con anterioridad, puede -como sucede en este caso- entrañar
una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al
demandante, luego de muchos años de estar pendiente de una resolución de su controversia”
(énfasis añadido).
5
Cita original: “5.14.- Defraudación de la confianza legítima. En virtud de la confianza legítima, que
tiene su fundamento sustantivo en el postulado constitucional de buena fe, el respeto al acto propio
y a la seguridad jurídica, se tutelan las expectativas que objetiva y razonablemente fundadas han
advertidos los terceros a partir de los actos (hechos, omisiones, decisiones) de las autoridades
estatales y que presentan vocación de estabilidad. […]. 5.15.- Así, como a todo sujeto que obra
conforme a un precedente le asiste la expectativa de que las consecuencias de tales actos surtidos
y su juzgamiento se lleve a cabo conforme al derrotero jurisprudencial vigente para cuando
ocurrieron tales, resulta bien entendido que la aplicación de un precedente retroactivo defrauda esa
confianza, habida consideración que por esa vía la autoridad juzga los hechos o actos surtidos a
partir de un criterio imprevisible e inesperado para quienes, en su momento, obraron conforme a las
pautas jurisprudenciales vigentes para entonces.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 25 de abril de 2018, C.P. Jaime Orlando Santofimio (58.890).
8
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
20.2. En segundo lugar, el derecho al acceso a la administración de justicia
comprende no solo la posibilidad de acudir al juez de la causa, sino también la
garantía de acceder a una decisión de fondo en un término razonable6. Las
circunstancias de este caso aconsejan aquella interpretación de las normas que
le permiten adoptar una decisión de fondo en este momento y no diferir el asunto
para que retome su trámite desde sus orígenes. No se trata en este caso de
introducir una regla que abogue por la prórroga de jurisdicción, pues no se está
validando un actuar irregular o no autorizado del juez contencioso.
20.3. Finalmente, una determinación como la indicada, no se opone a la regla
de unificación arriba indicada, que fue carente en su definición de la sub-regla
de aplicación temporal, de cara la especificidad de los casos que hubieren
llegado al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
12. En mérito de lo expuesto, la Sala procederá a pronunciarse sobre el fondo de
la presente controversia.
VII. Jurisdicción y competencia
13. Atendiendo a la naturaleza pública de entidad estatal del municipio de Jamundí,
los conflictos derivados de los contratos estatales en estudio son de conocimiento
de esta jurisdicción, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y del
artículo 1 de la Ley 1107 de 2006.
14. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia, en atención a su cuantía7, en los términos del artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de
1998.
VIII. La legitimación en la causa
15. La parte actora está legitimada para pedir la nulidad de resoluciones que
declararon la caducidad del contrato de outsourcing del 15 de mayo de 2000, como
quiera que es el contratista de dicha relación, al tiempo que la entidad demandada,
además de ser la contratante, fue la que expidió dichas resoluciones.
6
Cita original: Convención Interamericana de Derechos Humanos, art. 8. También: “De esta manera,
no queda duda que cada uno de los habitantes del territorio nacional tiene derecho constitucional
fundamental a que el Estado le garantice no sólo el derecho a acceder a la administración de justicia
sino a que ésta adopte las decisiones judiciales como resultado de esa labor, de manera pronta y
cumplida, es decir, que en ningún caso el proceso judicial sea afectado por dilaciones injustificadas”
C.E., Sec. Terc., Sentencia del 8 de mayo de 2014, radicación 08001233100020120244501 (2725-
2012) citada en C.E., Sec. Terc., sentencia del 29 de octubre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano
(Rad. 38.098).
7
La cuantía del presente asunto se estimó en la suma de $200.000.000, como consecuencia de la
pérdida de utilidades del contrato caducado (fl. 59, c. ppal, 1ª instancia).
9
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
16. Frente a la pretensión de nulidad absoluta del convenio del 4 de junio de 2001,
suscrito entre la demandada y Coopmunicipios, la Sala considera que la parte
actora no está legitimada en la causa por activa, como quiera que, como tercero
ajeno al contrato, carece del interés directo que exigía el inciso final del artículo 87
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446
de 1998, vigente para cuando se presentó la demanda.
17. La Corte Constitucional8, al declarar exequible la expresión “que acredite un
interés directo”, exigencia que para la acción contractual de nulidad absoluta del
contrato, el demandante estimó inconstitucional por restringir de manera
desproporcionada el control ciudadano, consideró que dicha acción no era de rango
constitucional y, por consiguiente, bien podía el legislador, en ejercicio de su libertad
de configuración, restringir su titularidad9. Restricciones que, al ser razonables, a
juicio de la Corte, tampoco desconocen el acceso de la administración de justicia,
como quiera que este derecho no es absoluto y, por lo tanto, admite limitaciones.
18. La Alta Corporación también precisó que dicha legitimación no deviene de un
simple interés económico, sino que “que puede derivarse del hecho o circunstancia
que lo vincula a la necesidad, no de promover un proceso para definir lo relativo a
la nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas pueden
incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su situación e intereses, o
el goce o efectividad de sus derechos -no sólo económicamente”.
19. La Corte consideró que la restricción del inciso final del artículo 87 en comento
resulta razonable, por cuanto pretende alcanzar una finalidad constitucionalmente
importante, “evitar que la amplitud de la titularidad de la acción de lugar a que se
planteen controversias contractuales con fines y propósitos ajenos a los que
inspiran la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, con perjuicio para
las partes, pues el derecho de estas a obtener una decisión definitiva sobre la
validez del contrato en un tiempo razonable, es igualmente digno de protección
constitucional”. En otras palabras, la finalidad de la limitante en estudio es evitar
que “la acción pueda emplearse con intereses y finalidades ajenas a las que
inspiraron su consagración legal”, esto es, con “propósitos dilatorios o distintos de
los que inspiran la acción de nulidad absoluta del contrato estatal”.
8
Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
9
Efectivamente, la Corte concluye: “Discrepa la Corte del entender de los demandantes, quienes
sostienen que interés directo es sinónimo de interés económico y que, por ello sólo pueden tenerlo
quienes participaron en el proceso licitatorio o de oferta, pues, aseveran que este se
deriva “exclusivamente de haber participado en la actuación tendiente a la selección del
contratista...lo que es inconstitucional ... porque ya el interés en impugnarlo es puramente
patrimonial...”.
10
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
20. Finalmente, la Corte tampoco consideró limitados los derechos de participación
de la ciudadanía en el control de la actividad contractual, puesto que esta puede
hacerlo a través de las denuncias ante las autoridades competentes.
21. De manera que, en línea con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la
exigencia de demostrar un interés directo por parte de los terceros que pretendan
demandar la nulidad absoluta de un contrato, además de ser constitucional, se
materializa cuando existe un interés, más allá del puramente económico, el cual
puede “derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de
promover un proceso para definir lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en el
mismo en razón de que las resultas pueden incidir, repercutir o afectar en
cualquier forma o modo su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus
derechos -no sólo económicamente” (se destaca).
22. En el sub lite, vale recordar que el a quo se limitó a decir que le asistía interés
a la parte actora, toda vez que la nulidad absoluta podía pedirse por cualquier
persona, en los términos del artículo 45 de la Ley 80 de 1993; pero no se puede
acompañar este razonamiento, como quiera que el referido artículo fue modificado
tácitamente, por lo dispuesto en el artículo 87 del Código Contencioso
Administrativo citado, modificado a su vez por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998,
que impuso la demostración de un interés directo, para que los terceros ajenos a la
relación contractual pudieran demandar la nulidad absoluta de un contrato.
23. Ahora, la Sala no observa de qué forma se afectaría la situación o intereses o
el goce o la efectividad de los derechos de la parte actora, como quiera que así se
declare la nulidad absoluta del convenio del 4 de junio de 2001, la caducidad del
contrato de outsourcing del 15 de mayo de 2000, no se impacta ni se desvirtúa
automáticamente, por cuanto su fundamento es el incumplimiento grave del
contratista, el que deberá desvirtuarse, en el marco del contrato de outsourcing y
no del convenio. En esa medida, el interés directo y real recae sobre la nulidad de
la caducidad y no sobre la nulidad absoluta del referido convenio, que a lo sumo
podría ser un interés indirecto, como ocurre en el presente asunto.
24. La parte actora sostuvo que la nulidad absoluta develaría las verdaderas
intenciones de la demandada de cambiar al contratista. En efecto, a juicio de la
actora, los actos administrativos fueron un mero formalismo para terminar la
relación contractual con la actora, por cuanto esta terminación se verificó desde la
celebración del nuevo convenio, que tenía el mismo objeto que su contrato; sin
embargo, son dos actos jurídicos autónomos, tanto así que sin la caducidad ni
11
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
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Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
siquiera se hubiera intentado la presente acción, incluso, de suscribirse el referido
convenio, y viceversa.
25. No se desconoce que es posible que la caducidad esté movida por fines
contrarios al ordenamiento jurídico, como los que pone de presente la parte actora,
pero la razón o el fundamento de la caducidad no es la suscripción de un nuevo
contrato con el mismo objeto, sino el incumplimiento grave del contrato.
26. También podría pensarse que en el presente asunto, la nulidad absoluta es
parte del entramado de la actuación ilegal de la que se acusa a la demandada.
Efectivamente, podría sostenerse que esta tenía la intención de terminar
ilegalmente el contrato con la parte actora, para que llegara un nuevo contratista e
inventó incumplimientos con esta torticera finalidad. La nulidad absoluta así
propuesta sería un indicio de este comportamiento desviado, pero no el
determinante de la nulidad del acto de caducidad, porque para esto se requiere que
la parte actora cumpla con su carga de desvirtuar su legalidad, es decir, que
demuestre que cumplió con el contrato, cuestión en la que la nulidad absoluta
solicitada poco o nada aporta.
27. Entonces, el interés directo descansa en la caducidad, sin desconocer que de
la nulidad de esta se podrían derivar, indirectamente, motivos para fundar una
nulidad absoluta del convenio suscrito con Coopmunicipios. Por esta razón, es
indirecto el interés que le asiste a la parte actora en la nulidad absoluta, como quiera
que no afecta sus intereses directos en la nulidad de la caducidad.
28. En consecuencia, se declarará la falta de legitimación de la parte actora para
pedir la nulidad absoluta del convenio del 4 de junio de 2001. En estos términos,
tampoco es necesaria la vinculación de Coopmunicipios al presente proceso, que
el a quo omitió, por cuanto sobre la nulidad absoluta no habrá lugar a pronunciarse
de fondo por la prosperidad de la excepción en estudio
IX. La acción procedente y su ejercicio oportuno
29. La acción es la procedente, toda vez que la nulidad de los actos contractuales,
como el de la caducidad, se pueden intentar a través de la acción contractual, en
los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Igualmente, con solo tomar la
fecha de la resolución que desató el recurso de reposición frente a la decisión de
caducidad, resolución n.º 1778 del 13 de abril de 2002 (fls. 76 a 80, c. 2) y la de la
presentación de la demanda, 15 de noviembre de 2002 (fl. 65, c. ppal, 2ª instancia), es
claro que esta fue oportuna.
12
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
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Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
X. Plan de solución del caso
30. Para resolver el fondo del asunto, la Sala precisará (i) los hechos probados. (ii)
Después, se estudiarán los cargos formulados en la demanda y reiterados en la
apelación.
XI. De los hechos probados
31. Con fundamento en las pruebas decretadas y aportadas, se tiene probado10:
32. El 19 de enero y el 27 de abril de 2000, la sociedad actora, en comunicaciones
dirigidas al Secretario de Tránsito y Transporte y al alcalde del municipio de
Jamundí, puso a consideración la propuesta para la celebración de un contrato de
outsourcing, en los siguientes términos (fls. 86 a 91 y 101 a 103, c. 2):
La cotización se presenta dividida en tres partes así:
1. Se refiere a los componentes básicos que se suministrarán para el correcto
funcionamiento del aplicativo en la Secretaría de Tránsito y Transporte
Municipal de Jamundí.
2. Presenta la opción de contratación mediante la modalidad de outsourcing,
que permite a la entidad tener a disposición todo lo requerido sin efectuar
inversión alguna.
3. Indica las condiciones de la oferta.
33. El 15 de mayo de 2000, la actora y el municipio de Jamundí suscribieron el
contrato que denominaron como de “outsourcing” n.º 005, bajo las siguientes
condiciones11:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA se compromete para con
EL MUNICIPIO a: a) Establecer mediante liquidación el estado de cuenta de los
diferentes trámites y pagos que se realicen en LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE MUNICIPAL, b) Administrar los diferentes procesos
tramitológicos realizados en la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
MUNICIPAL. c) Actualizar y unificar la información propia de LA SECRETARÍA
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. CLÁUSULA SEGUNDA: PROCESOS A
DESARROLLAR CON EL APLICATIVO: La administración del sistema permitirá
10
Las pruebas que aquí se citan y analizan fueron aportadas y decretadas en las oportunidades
procesales correspondientes. Igualmente, las copias simples se valorarán de conformidad con el
criterio establecido por la Sección y el Pleno de la Corporación: Sección Tercera, sentencia del 28
de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de septiembre de 2014, exp. 2007-
01081-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11
Se transcriben las cláusulas que se consideran más relevantes para el fondo del asunto. De la
cláusula octava hasta la vigésima tercera (fls. 88 a 91, c. 2), se acordaron cuestiones relacionadas,
en su orden, con el mantenimiento de equipos, la garantía única, la subcontratación y la cesión, la
caducidad, la terminación, la modificación, la interpretación unilaterales, las multas, la cláusula penal
pecuniaria, la supervisión, la liquidación, el vínculo laboral, las patentes y los derechos de autor, los
documentos del contrato, la publicación, el perfeccionamiento, la cláusula compromisoria y el
domicilio.
13
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
la ejecución de los siguientes procedimientos: 1) Consulta y actualización de la
base de datos del parque automotor; 2) Captura de información; 3) Consulta de
la información; 4) Vigilancia del recaudo; 5) Administración del aplicativo; 6)
Verificación del parque automotor; 7) Conciliación de caja; 8) Digitación de
información. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1)
Instalar los siguientes equipos de computación y software necesarios para el
correcto funcionamiento del aplicativo y sus comunicaciones, incluyendo la
revisión del cableado y demás accesorios requeridos para su normal operación
y funcionamiento durante la vigencia del contrato: a) un equipo servidor de
archivos MARCA COMPAQ con las siguientes características mínimas: Procesador Pentium III de 500 Mhz, disco duro de 9.1 GB, 128 MB de RAM, b)
Cuatro (4) computadores de MARCA COMPAQ con las siguientes
especificaciones mínimas: Procesador Pentium II de 350 Mhz, disco duro de
4.3. GB, 32 MB de RAM, 2) Administrar el sistema de información de LA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. 3) Proporcionar
a LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL el servicio
de mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de la
infraestructura informática descrita en el presente contrato. 4) Capacitar al
personal designado por EL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO para el óptimo manejo del sistema. 5) Hardware, actualización
del SOFTWARE y servicios requeridos de acuerdo con los cambios de ley. 6)
Cuando se presenten fallas técnicas que afecten el normal funcionamiento de
las máquinas y equipos objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá por su
cuenta y riesgo subsanar en forma oportuna la deficiencia. 7) Mantenimiento
correctivo, preventivo y actualizado de los equipos utilizados para el servicio,
sin costo adicional para EL MUNICIPIO, o para los usuarios. 8) Mantener
vigente una póliza de seguro que ampare riesgos de hurto, incendio, pérdida
total o parcial de los equipos de su propiedad instalados en la SECRETARÍA
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, y en fin todos aquellos riesgos
que ocurran por circunstancias ajenas a la voluntad de la administración
municipal. 9) Mantener legalizadas las licencias de los respectivos programas
instalados en los equipos objeto de outsourcing. PARÁGRAFO: De cada
renovación o reemplazo de equipos que efectúe EL CONTRATISTA se dejará
constancia escrita mediante acta que será firmada por las partes. CLÁUSULA
CUARTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Para el cabal cumplimiento del
objeto del presente contrato, el MUNICIPIO a través de la SECRETARÍA
MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE se obliga a: 1. Autorizar el
ingreso de los técnicos que envíe la firma contratista para efectuar el
mantenimiento que cumpla con las condiciones necesarias para el buen
funcionamiento de los equipos. 2. Programar las jornadas de capacitación que
serán impartidas por EL CONTRATISTA. 3. Suministrar oportunamente la
información requerida por la firma CONTRATISTA para la puesta en marcha del
proceso de administración del sistema informático. 4. Designar a través del
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL el recurso
humano requerido para operar el sistema. 5. Facilitar el espacio físico para la
instalación de los equipos. 6. Garantizar las condiciones eléctricas adecuadas
para la instalación y funcionamiento de los equipos. 7. Proporcionar las líneas
telefónicas requeridas para el funcionamiento del sistema. CLÁUSULA
QUINTA: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato
tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de su perfeccionamiento,
prorrogable por un periodo igual o inferior y su vigencia será el mismo término
de duración y tres (3) meses más. PARÁGRAFO:
En el evento de que no se
produzca la renovación del contrato el CONTRATISTA se compromete a no
desmontar los equipos ni el software y continuar prestando el servicio en las
mismas condiciones estipuladas en el mismo hasta tanto se produzca la nueva
contratación la cual deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses. CLÁUSULA SEXTA. EL VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Por
tratarse de un contrato de tracto sucesivo que por la naturaleza del objeto no
tiene cuantía determinada; para todos los efectos legales se fija un valor de
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MCTE, incluido el IVA, en
razón de que no es posible determinar la cantidad exacta de los trámites
efectuados en la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
que generan ingresos, durante la duración del contrato. PARÁGRAFO I: El valor
del servicio será cancelado directamente por el usuario a ENTERPRISE
SOFTWARE LTDA a través de las cajas instaladas EN LA SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, quien hará la transferencia
14
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
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Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
diaria de los dineros que corresponden a una cuenta BANCARIA que
previamente indique ENTERPRISE SOFTWARE LTDA a razón de CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS ($4.500) MCTE, para los diferentes trámites o
pagos, lo anterior incluye el IVA, como contraprestación o canon de
arrendamiento de los equipos, el outsourcing de tecnología y todos los demás
servicios convenidos en el objeto del presente contrato, por cada uno de los
recibos emitidos. PARÁGRAFO II: Los valores expresados en esta cláusula
serán reajustados al inicio de cada vigencia fiscal en una suma equivalente al
incremento del Índice de precios al Consumidor. CLÁUSULA SÉPTIMA:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Para dar cumplimiento al objeto contratado y
por las condiciones en las (sic) pactadas EL MUNICIPIO no requiere efectuar
erogación alguna de su presupuesto, por tanto no lleva imputación presupuestal
ni certificación de disponibilidad presupuestal para su ejecución.
34. El 17 de mayo de 2000, las partes firmaron el acta de iniciación del contrato
arriba referido, con la observación “La versión 3.0 del SITT se entregará el día 15
de julio de 2000” (fl. 104, c. 2).
35. El 14 de agosto de 2000, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí
requirió al contratista, así (fls. 108 y 109, c. 2):
Por el presente me permito comunicar a usted los inconvenientes que se vienen
presentando en el funcionamiento de los equipos de sistematización de esta
Secretaría: una de la UPS presenta fallas, ya que no regula la energía generada
por la batería, sino que la descarga rápidamente y por eso se apaga. La otra
UPS aparentemente está funcionando bien, pero como a ella se han conectado
todos los terminales, queda sobrecargada, lo cual nos preocupa porque esto
podría ocasionar fallas que causarían una parálisis total del sistema.
La sugerencia es que por parte de la empresa que representa, se realice una
revisión inmediata de esta UPS y si es necesario se proceda al reemplazo de
las mismas, esto teniendo en cuenta que dentro del contrato administrativo de
outsourcing entre el municipio de Jamundí y Enterprise Software Ltda. En la
cláusula 3ra dice: Obligaciones del contratista 1) Instalar los siguientes equipos
de computación y software necesarios para el correcto funcionamiento del
aplicativo y sus comunicaciones, incluyendo la revisión del cableado y demás
accesorios requeridos para su normal operación y funcionamiento durante la
vigencia del contrato. 3) proporcionar a la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE MUNICIPAL el servicio de mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento de las máquinas y equipos objeto del contrato, el
CONTRATISTA deberá por su cuenta y riesgo subsanar en forma oportuna la
deficiencia. 7) Mantenimiento correctivo, preventivo y actualizado de los equipos
utilizados para el servicio, sin costo adicional para EL MUNICIPIO, o para los
usuarios. Cláusula 8va. Mantenimiento de los equipos objeto de arrendamiento.
Es obligación expresa del CONTRATISTA prestar el servicio de mantenimientos
permanente de los equipos para garantizar su buen estado de funcionamiento
y les hará todos los ajustes, reparaciones y reemplazos de partes que sean
necesarios para tal fin.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se hace necesario que nos brinde una
solución. Igualmente les corresponde asumir la carga de las baterías, suma que
hasta ahora no ha sido asumida por mí, como consta en las facturas que anexo.
También es importante tener en cuenta que la nueva aplicación del software se
acordó para el día 15 de julio del año en curso y hasta la fecha no se ha cumplido
con este compromiso, así mismo le recuerdo que está pendiente la instalación
del punto de red correspondiente a la ventanilla de matrículas.
15
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
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Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
36. El 1 de septiembre de 2000, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí
requirió nuevamente al contratista, en estos términos (fl. 106, c. 2):
Comedidamente me permito hacerle las siguientes solicitudes, con base en el
contrato suscrito entre su empresa y nuestro municipio.
1. Efectuar la revisión de la terminal programada para la liquidación de multas,
la cual desde hace dos (2) semanas presenta fallas, se les notificó hace más de
ocho días, telefónicamente se les llamó el sábado pasado nuevamente, y no
hemos obtenido respuesta.
2. Instalar MODEM al equipo del técnico en sistemas, ya que se requiere para
el acceso a internet, el cual se tenía con anterioridad al contrato y que con el
cambio de algunos terminados al formatear el disco quedó desconfigurado.
3. Traer la UPS que fue retirada de esta secretaría hace más de un mes, ya que
los terminales siguen conectados a una sola sobrecargándola.
4. Realizar el mantenimiento y carga de las baterías, porque se nos sigue
presentado pérdida de información en los equipos que están directos, cuando
hay bajas de energía.
5. Colocar en la UPS los equipos que están directos, para evitar los
inconvenientes del punto 4.
6. Instalar el nuevo software que debió aplicarse el 1 de julio pasado.
Lo anterior se requiere para el óptimo funcionamiento de los equipos.
37. En abril de 2001, sin que se precise el día, la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca realizó auditoría a las áreas de contratación estatal del municipio
de Jamundí (fl. 194, c. 2, oficio de respuesta al a quo por parte de la referida Contraloría). En el
informe se consignó (fls. 196 a 204, c. 2):
En el contrato de prestación de servicios suscrito entre el municipio de Jamundí
y la firma Enterprise Software Ltda., además de no contar con el total de los
documentos exigidos por la Ley 80 de 1993, presuntamente se viola el principio
de la selección objetiva del contratista por no haberse obtenido previamente las
ofertas exigidas por la ley ni invitarse públicamente a contratar, dada la cuantía
del mismo. En los pagos que efectúa el usuario del servicio de la Secretaría de
Tránsito Municipal y que le corresponden al contratista, no se les está
efectuando ningún tipo de descuento por la que presuntamente se estaría
violando la cláusula 6ª del mismo, pues esta determina que en dicho valor está
incluido el IVA y también se viola parcialmente la cláusula 3ª, pues no cumple
con la obligación contractual de instalar el servidor de archivos allí descrito.
38. El 19 de abril de 2001, el Secretario de Tránsito y Transporte de Jamundí
informó a la alcaldesa sobre los reiterados incumplimientos de la sociedad actora,
en los que insistió en el retiro de un equipo de cómputo, que nunca fue devuelto, la
falta de revisión periódica de la terminal para la liquidación de multas, la falta de
mantenimiento de las UPS, la falta de mantenimiento de los equipos y la no
instalación de la nueva aplicación del software, que estaba acordada para el 15 de
julio de 2000 (fls. 209 y 210, c. ppal, 1ª instancia). Igualmente, advirtió que el software
utilizado por la actora no cumplía con los estándares exigidos por el Ministerio de
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
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Transporte, lo que impedía la obtención de rangos y especies venales, razón por la
cual:
En la actualidad hemos dejado de registrar cerca de 10.000 trámites en
comparación con el año inmediatamente anterior puesto que los usuarios no
han podido acceder al servicio de la Secretaría por falta del rango y las especies
venales negadas por el Ministerio de Transporte por que hasta la fecha no se
ha podido cargar la información por causa de no cumplir los estándares exigidos
y hasta la fecha no han sido corregidos los informes enviados por la oficina de
informática.
38.1. Además, informó que Enterprise tenía instalados “cuatro computadores marca
Compaq con sus respectivas CPU, monitor 500, teclado, mouse, una UPS SPL
Super Power” y, además, que para el momento del informe aquí referido se habían
adelantado 17.000 trámites para un recaudo aproximado a los $150.000.000 (fls.
210, c. ppal, 1ª instancia).
39. El 29 de mayo de 2001, mediante resolución n.º 145, la nueva alcaldesa del
municipio de Jamundí, previa autorización del Concejo Municipal, adjudicó a
Coopmunicipios el convenio interadministrativo para la operación y gestión de los
procesos de responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí,
por un valor de $210.233.345 y por el plazo de 10 años (fls. 117 a 120, c. 2).
40. El 4 de junio de siguiente, el municipio de Jamundí y Coopmunicipios
suscribieron el convenio arriba adjudicado, bajo las siguientes cláusulas12 (fls. 121 a
131, c. 2):
PRIMERA: OBJETO. LA COOPERATIVA prestará los siguientes servicios a
favor de EL MUNICIPIO, para la operación y gestión de los procesos de
responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte, definidos así:
1. Registro automotor
2. Registro de conductores
3. Registro de infractores
4. Registro de empresas y vehículos de transporte público
5. Registro de tarjetas de operación
6. Gestión de procesos y administración de la información correspondiente a
multas y comparendos por infracciones de tránsito y de transporte, en el
municipio, de acuerdo con las normas legales vigente al momento de la
prestación efectiva de los servicios.
7. Gestión de los procesos y administración de la información correspondiente
al impuesto unificado de vehículos y de vehículos automotores.
8. Explotación del espacio público para parqueo
9. Explotación de los servicios de grúas y patios de inmovilización de vehículos
10. Evaluación, control y seguimiento de las emisiones contaminantes por
gases y ruido producidos por fuente móviles en el municipio de Jamundí.
PARÁGRAFO I: LA COOPERATIVA deberá proveer como parte del costo del
presente contrato el personal necesario para las actividades de operación,
análisis y soporte. PARÁGRAFO II. El hardware y el software operativo
necesarios para la prestación de los servicios, el diseño y montaje de la red y
12
Este contrato fue objeto de un otrosí del 4 de junio de 2001, en el que se modificaron las cláusulas
cuarta y sexta, sobre el valor de los servicios y forma de pago y los gastos de montaje (fl. 132, c. 2).
17
Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
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Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
archivos debidamente organizados, pasarán a ser propiedad del municipio una
vez liquidado y finalizado el presente convenio interadministrativo, precisándose
que los servidores y equipos de cómputo deberán ser renovados de acuerdo
con la tecnología de punta imperante mínimo una vez cada cuatro años, durante
la ejecución del proyecto. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA. En cumplimiento del objeto del presente contrato, LA COOPERATIVA, se obliga
para con el municipio de Jamundí a 1) Implementar sistemas electrónicos de
archivo e información al ciudadano. 2) Recibir el archivo correspondiente, así
como organizarlo y sistematizarlo utilizando tecnología de punta. 3) Mantener
la atención a los usuarios internos del municipio y garantizar por lo menos en
un sitio la disponibilidad de la información y la adecuada atención de los
servicios para los ciudadanos. 4) Poner en servicio un centro de producción que
posea los sistemas de comunicación y de seguridad necesarios para garantizar
tanto el constante acceso a la información, como la guarda de los documentos
que allí reposen. 5) Verificar el pago de las sumas correspondientes al
MUNICIPIO, así como los que se generen a las entidades públicas y privadas
de otros órdenes por este tipo de servicios. 6) Diseñar procedimientos y
procesos internos que garanticen una pronta respuesta a las solicitudes de los
ciudadanos, así como los mecanismos de control para garantizar la operación. 7) Contratar el personal de control y operación que se requiera para garantizar
la operación del sistema, permitiendo la adecuada prestación del servicio a los
ciudadanos que realiza el municipio, asumiendo las obligaciones patronales y
prestaciones que la ley laboral impone. 8. Mantener a través de medios
sistematizados, acceso permanente de EL MUNICIPIO a la información para la
prestación de los servicios que asume a través del presente contrato. 9)
Garantizar un eficiente servicio a los ciudadanos y usuarios internos de la
Secretaría de Tránsito del Municipio. 10) Incluir dentro del proceso de revisión
de los vehículos el mecanismo que permita la evaluación de los contaminantes
emitidos por las fuentes móviles (gases, ruido), en un todo, de acuerdo con las
regulaciones expedidas por las autoridades ambientales. 11) Estructurar un
sistema procedimental que permita operar, administrar y controlar el registro
automotor, registro de conductores, registro de infractores, registro de
empresas y vehículos de transporte público, registro de tarjetas de operación,
explotación del espacio público para parqueo y explotación de los servicios de
grúas y patios para la inmovilización de vehículos de conformidad con las
normas legales vigentes. 12) Mantener a disposición de EL MUNICIPIO toda la
información obrante en la base de datos de los vehículos, comparendos, multas
y patios. 14) (sic) Implementar un sistema que disminuya las posibilidades de
evasión en el pago del impuesto unificado de vehículos. 15) Facilitar el pago en
entidades financieras, de las obligaciones correspondientes a los servicios
contratados. 16) Realizar gestiones de cobro persuasivo a quienes no hubieren
cancelado las sumas correspondientes a los comparendos, multas y tributos a
su cargo. 17) Reportar a las autoridades de control e investigación del Estado
de acuerdo con la periodicidad estipulada en las normas vigentes la información
requerida. 18) Reportar a la autoridad municipal ambiental correspondiente,
cada mes y a través de medio magnético, los resultados de los diagnósticos
sobre el control de emisión de contaminantes por fuentes móviles, que se
adelanten. 19) Adelantar programas de investigación para evaluaciones,
diagnósticos y correctivos en cuanto a la contaminación ambiental por fuentes
móviles, con sus propios recursos, y/o con la financiación de terceros, para la
implementación de estos programas para cada una de las partes del convenio
aportará el recurso humano necesario.
20) Todas aquellas que surjan de la
propuesta que forma parte integral de este documento. (…) TERCERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 1) Facilitar a LA COOPERATIVA por un
término igual al de la duración del presente convenio, las instalaciones
destinadas al manejo de la información, operación y la gestión objeto del
presente contrato. 2) Suministrar toda la información que LA COOPERATIVA
requiera para el desarrollo de las actividades relacionadas con el presente
contrato. 3) Expedir las normas, actos administrativos y providencias necesarios
para reglamentar los servicios objeto del contrato. 4) Designar los funcionarios
que suscribirán los documentos que se expidan al público con ocasión de las
solicitudes que se presenten en relación con los servicios objeto del contrato. 5)
No contratar ni delegar ningún otro ente estatal o privado para que preste total
o parcialmente los servicios enunciados en este contrato. 6) Prestar el apoyo
logístico y recurso humano necesario, en materia ambiental y de tránsito y
transportes, asignando en forma permanente los servidores públicos, guardas
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de tránsito e inspectores ambientales o aquellos que desempeñen tales
funciones, necesarios para ejecutar y desarrollar en debida forma el objeto del
convenio, especialmente en lo que refiere al control de emisiones de gases por
fuentes móviles, comparendos y accidentes. 7) Las demás que sean
predicables para garantizar la prestación de los servicios objeto del presente
contrato.
40.1. En cuanto a la forma de pago se acordaron unos porcentajes por cada servicio
prestado (cláusula cuarta). También se acordó una duración de 10 años (cláusula quinta);
los gastos del montaje para la prestación de los servicios contratados, que
correspondían al contratista (cláusula sexta); la cesión y subcontratación del contrato
(cláusula séptima); la supervisión (cláusula octava); la suspensión y modificaciones
voluntarias (cláusula novena); la solución de controversias (cláusula décima); la
terminación unilateral (cláusula undécima); el perfeccionamiento y ejecución (cláusula
décima segunda); documentos, gastos, veeduría y domicilio (cláusulas décima tercera,
décima cuarta, décima quinta y décima sexta).
41. El 11 de octubre de 2001, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí
requirió a la sociedad actora para que rindiera descargos, en los siguientes términos
(fl. 73, c. 2):
En procura de la garantía al derecho de defensa y contradicción, esta
administración solicita su presencia dentro de los cinco días hábiles siguientes
al recibo de la presente con el fin de conocer su versión respecto a la debida
ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato administrativo de
outsourcing de fecha 15 de mayo, suscrito con la alcaldía municipal de Jamundí
y la empresa por usted representada, con respecto a los puntos que a
continuación se requieren:
1. Por qué la empresa Enterprise Software retiró el equipo servidor de archivo
marca Compaq, que había instalado en un comienzo y nunca lo devolvió.
2. Por qué no se efectuaba por parte de su empresa la revisión periódica a la
terminal programada para la liquidación de multas.
3. Por qué no se ejerció el mantenimiento periódico a las UPS conllevando esto
a un traumatismo en la prestación del servicio a los usuarios de la Secretaría
de Tránsito.
4. Por qué no se cumplió con lo acordado el día 15 de julio de 2000, sobre la
instalación de una nueva aplicación en el software.
5. Como es de conocimiento público y un hecho notorio para los usuarios de la
Secretaría de Tránsito de Jamundí, el Ministerio de Transporte no otorgó los
rangos y las especies venales debido a que el software utilizado por su
empresa, no cumplió con los estándares exigidos por el Ministerio, causando
graves y serios perjuicios de carácter económico y traumatismo en la
presentación del servicio a la comunidad, si se tiene en cuenta que se han
dejado de registrar cerca de 10.000 trámites en comparación con los realizados
en el año 2000. Por qué motivo no se cumplió con este requerimiento.
En espera de sus descargos, los cuales puede realizar de manera personal o a
través de un escrito presentado en esta oficina en el lapso mencionado, y que
contenga la respuesta a los anteriores puntos y la ampliación de los mismos si
los considera necesarios (…).
42. El 17 de octubre de 2001, el contratista rindió sus descargos, así (fls. 7 y 8, c.
ppal, 1ª instancia):
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En respuesta al oficio de la referencia quiero responder de la forma más directa
posible con hechos ciertos los cuestionamientos por usted planteados.
1. La empresa Enterprise Software Ltda. retiró el equipo servidor de archivos en
dos oportunidades de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito Municipal
de Jamundí debido a fallas técnicas que se atribuyen a mal manejo del mismo,
en la segunda oportunidad y debido a este diagnóstico hecho por técnicos del
mismo, la empresa tomó la determinación de efectuar exhaustivos análisis al
mismo para determinar las causas de las fallas, encontrando al cabo de un
tiempo que efectivamente ni por hardware ni por software se presentaba ningún
tipo de inconveniente, en el momento de enviar nuevamente el equipo a las
instalaciones de la Secretaría de Tránsito nos dimos cuenta que el municipio
había adjudicado un contrato de concesión de los servicios de tránsito a una
empresa particular con lo cual nuestro contrato quedaba en el aire por lo cual y
a la espera de una respuesta por parte de la administración se retrasó el envío
del servidor.
2. Con respeto a su segundo interrogante quiero manifestarle que es totalmente
falsa la afirmación de que Enterprise Software Ltda no efectuara la revisión
periódica a la terminal programada para la liquidación de multas, es más cuando
sea del caso pudo demostrar con documentos y declaración de los técnicos e
ingenieros que periódicamente se le daba soporte y mantenimiento tanto al
software como al hardware involucrado en el proceso de sistematización de
tránsito.
3. De igual forma y como se afirmó en el punto segundo de este escrito a las
UPS que estaban involucradas con el proceso de sistematización de tránsito se
les hacía mantenimiento periódico lo que igualmente puedo comprobar con
documentos y testimonios de técnicos e ingenieros.
4. Con respecto al punto cuarto de su escrito quiero manifestarle que es
totalmente falso que no se hayan cumplido con lo acordado sobre la instalación
de una nueva aplicación de tránsito, el software que se encontraba en
funcionamiento hasta la fecha que entró a operar el concesionario era una
versión totalmente nueva y mejorada del software de tránsito que cumplía con
todos los requerimientos exigidos por la entidad y que sirvió fielmente a los
propósitos planteados a la firma del contrato.
5. Con respecto al punto quinto de su cuestionamiento, que es el más
preocupante y aventurado quiero informarle que el software de tránsito que
utiliza la empresa Enterprise Software en todas sus implementaciones es uno
de los más completos y avanzados de cuantos existen en el país, cosa diferente
es que la información que se le suministre (lo cual en el contrato firmado no se
dejó como responsabilidad de la firma contratista) tenga inconsistencias o
falencias como ocurrió con la Secretaría de Tránsito de Jamundí y lo cual puedo
probar también con documentos y testimonios de técnicos e ingenieros. Por lo
tanto la responsabilidad de los trastornos ocasionados por la falta de rangos de
especies venales que suministra el Ministerio del Transporte en ningún
momento se puede imputar a Enterprise Software Ltda.
Por último y en virtud de que usted es una persona nueva en el puesto que
ostenta quiero informarle que la problemática con respecto al contrato firmado
entre la firma Enterprise Software Ltda. y la administración municipal de
Jamundí surgió a raíz del incumplimiento de la administración y no del
incumplimiento de la firma contratista cosa que en su momento y por intermedio
(sic) jurídico pondré en conocimiento de las autoridades competentes ya que al
asomo de intereses particulares se pretendió evadir la responsabilidad
adquirida mediante la firma de un contrato legalmente constituido y aceptado
por las partes y haciendo caso omiso a cualquier aspecto legal se tramitó en el
concejo municipal una autorización para un concesión y se firmó un contrato de
concesión que a todas luces es ilegal. Por lo tanto y en un llamado a la cordura
y a la transparencia muy cordialmente le aconsejo no continuar con una
pantomima que lo único que pretende es esconder un procedimiento ilegal por
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parte de la administración de igual forma estoy presto a ampliar el presente
escrito cuando la administración así lo desee.
43. El 30 de octubre de 2001, la sociedad actora solicitó a la demandada que le
informara por qué no se le consignaban los pagos a cargo del contrato, las razones
del retiro de sus equipos, así como su ubicación y estado, y la posición de la entidad
territorial sobre la suerte del contrato firmado con ella (fls. 5 y 6, c. ppal, 1ª instancia).
44. El 7 de noviembre de 2001, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Jamundí
respondió al contratista lo arriba requerido. Precisó que la razón para no consignar
los valores reclamados fue su incumplimiento sistemático de las obligaciones;
igualmente, le informó que los equipos no se encontraban en uso porque no
cumplían con las condiciones técnicas, como se le puso de presente a lo largo de
la ejecución del contrato. Igualmente, lo enteró sobre el traslado de sede de la
Secretaría, lo cual explicaba el retiro de los equipos, los que, reiteró, no cumplían
las exigencias contractuales. También precisó que los equipos estaban a cargo de
la Unidad de Sistemas, la cual estaba realizando el respectivo avalúo. Finalmente,
manifestó que la administración estaba pendiente de culminar una actuación
administrativa para decidir la suerte del contrato (fls. 93 y 94, c. 2).
45. El 25 de enero de 2002, el contratista pidió a la demandada que le informara el
estado del avalúo de los equipos adelantado por la Unidad de Sistemas (fl. 9, c. ppal,
1ª instancia). El 6 de febrero siguiente, la demandada informó el avalúo respectivo (fl.
77, c. 2).
46. El 13 de febrero de 2002, mediante la resolución n.º 142, la demandada declaró
la caducidad del contrato, con base en los incumplimientos advertidos en los
hechos consignados aquí como probados, los que apoyó en el informe de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la imposibilidad de reportar la
información al Ministerio de Transporte por las fallas técnicas de los equipos y el
software de la actora y lo insatisfactorio de las respuestas del contratista (fls. 12, c.
2). Frente a esta decisión la parte actora interpuso recurso de reposición (fls. 10 a 14,
c. ppal), el cual fue desestimado mediante resolución n.º 1778 del 13 de abril de
2002, que confirmó la caducidad (fl. 76, c. 2).
47. El 22 de febrero de 2002, la demandada entregó a la actora, cuatro CPUs, una
impresora y un CD-writer (fl. 13, c. 2).
48. El 27 de febrero de 2002, la actora presentó acción de tutela al considerar que
no se atendieron sus descargos, en los cuales, a su juicio, se superaban todos los
incumplimientos imputados (fls. 15 a 22, c. ppal, 1ª instancia). Tutela que fue negada en
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primera y en segunda instancia por esta jurisdicción, el 13 de marzo y 20 de junio
de 2002, respectivamente (fls. 23 a 39, c. ppal, 1ª instancia).
49. En el testimonio rendido por el señor Faber Alberto Peña Trujillo ante el a quo,
el 9 de septiembre de 2004, empleado de la sociedad actora, este manifestó que el
software funcionaba “en óptimas condiciones”, por lo cual no había razón para estar
en comunicación con la administración, la cual no fue posible ni siquiera después
de la caducidad del contrato. Que se enteraron de la caducidad “por puro
accidente”, cuando una de sus empleadas, la ingeniera Ruby Cerón, fue a la
Secretaría de Tránsito y se dio cuenta de que había otra empresa que estaba
cambiando el software y el retiro de los equipos, lo cual recordaba ocurrió para
mayo y junio de 2001. Precisó que la información que se remitió al Ministerio de
Transporte fue rechazada porque estaba errada e incompleta y que de inmediato
se designó a una persona de la empresa para corregir esa situación, sin que esto
fuera su obligación. Igualmente, señaló que los funcionarios de la Secretaría no
tenían capacitación en sistemas. Afirmó que los equipos eran nuevos, que se
realizaron todos los mantenimientos y que los equipos o el software no fallaron (fls.
1 a 5, c. 2).
50. El 9 de septiembre de 2004, rindió testimonio ante el a quo, la señora Ruby
Magnolia Cerón Erazo, empleada de la sociedad actora, manifestó que para el mes
de mayo de 2001 se dio cuenta de que estaba funcionando otro software, en
momentos en que se disponía a remitir la información al Ministerio de Transporte.
Puso de presente que para ese momento no se les había notificado ninguna
terminación del contrato. Precisó que la información presentada al Ministerio de
Transporte fue rechazada por inconsistencias en la información de responsabilidad
de los funcionario de la Secretaría, que ella mismo le tocó corregir. Afirmó que a
pesar de la firma de otro contrato, el programa de la Secretaría siguió funcionando
con el software de la actora. Que siempre se prestó el apoyo y el mantenimiento de
los equipos (fls. 6 a 9, c. 2).
51. El 29 de septiembre de 2004, la señora Zandra (sic) Wilma Multado Vasquez
rindió testimonio ante el a quo, empleada del municipio de Jamundí para la época
de los hechos, afirmó que existían buenas relaciones con la administración
municipal que firmó el contrato en estudio. Después de desvincularse del municipio,
se enteró de la terminación del contrato, pero no tenía conocimiento preciso de las
circunstancias de estos hechos. En el tiempo que estuvo en la administración
municipal a cargo del tema de sistemas siempre observó un correcto cumplimiento
del contrato (fl. 28, c. 2).
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52. En el dictamen pericial rendido ante el a quo, el ingeniero de sistemas Cristhian
Gustavo Arias Iragorri, que no fue objetado, concluyó (fls. 156 a 158, c. ppal, 1ª instancia):
1. En cuanto a la determinación de la incidencia que tuvo (sic) los datos
proporcionados por el municipio de Jamundí para la obtención de los rangos de
especies venales que debió suministrarse al Ministerio de Transporte puedo
confirmar que el aplicativo suministrado por el demandante cumplía en su
momento, como lo hace actualmente, todas las características que el Ministerio
de Transporte exigía para el envío de información, ya que este mismo sistema
procesaba la información de otras entidades de tránsito sin que ninguna otra de
las entidades atendidas por el demandante tuviera problemas con el envío de
información al Ministerio de Transporte, incluso, la misma secretaría de tránsito
de Jamundí envío correctamente la información en ocasiones previas. De lo
anterior se deduce que los problemas que se presentaron para el posterior
rechazo de los archivos requeridos por parte del Ministerio, se debieron al mal
ingreso de los datos o una mala manipulación del sistema por parte de los
funcionarios de la secretaría de tránsito del municipio de Jamundí. (…) [se omite
el numeral 2, como quiera que se refiere al lucro cesante por la demora en la
entrega de los equipos]
3. En cuanto a la similitud del objeto contractual contenido en el contrato
administrativo de outsourcing suscrito entre Enterprise Software Ltda., de fecha
15 de mayo de 2000 y el convenio interadministrativo celebrado con
COOPMUNICIPIOS de fecha junio 4 de 2001. Una vez leídos los citados
contratos encontré:
Las obligaciones especificadas en el contrato con Enterprise Software son
bastante generales y perfectamente incluyen las obligaciones del contrato de
COOPMUNICIPIOS en los referente a las capacidades del sistema de
información, De otro lado, a pesar de que pude concluir que ambos contratos
tienen el mismo objeto básico, encontré que en aquel que se firmó con
COOPMUNICIPIOS se hizo una mención pormenorizada de los trámites y se
adicionaron algunas obligaciones las cuales relacionado continuación: (…) [se
transcriben la cláusula 2, numerales 6, 7, 16, 19 y 20]
De lo anterior se puede concluir que los objetos de los contratos son similares
pero que el contrato con COOPMUNICIPIOS incluye otras obligaciones que no
tienen que ver con aspectos técnicos del sistema de información. Así mismo
cabe notar que el valor del contrato suscrito con Enterprise Software tiene un
valor de cincuenta millones de pesos anuales mientras que el que suscribió el
municipio de Jamundí con Coopmunicipios no señala valor alguno.
XII. Del estudio de los cargos de nulidad
53. La Sala iniciará el estudio de los cargos formulados en la demanda y reiterados
en la apelación, claro está, como ataques directos a la decisión del a quo, con
aquellos que pretenden refutar el incumplimiento imputado en la caducidad.
54. En tal sentido, vale recordar que los actos administrativos de caducidad se
fundamentaron en incumplimientos reiterados del contratista, la imposibilidad de
reportar información al Ministerio de Transporte y las insatisfactorias explicaciones
rendidas por la actora. Por su parte, la sociedad actora estimó que con los
descargos rendidos el 17 de octubre de 2001 superó todas las irregularidades
imputadas y que la administración sólo se valió del instituto de la caducidad del
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contrato para terminarlo y viabilizar la nueva contratación, que ya tenía con otra
empresa.
55. El a quo consideró que los incumplimientos imputados eran incluso anteriores
a la apertura del proceso de contratación con la nueva empresa, los que el
contratista nunca superó o al menos las pruebas no daban cuenta de ello. De esta
forma, concluyó que los testimonios carecían de respaldo para imputar la
responsabilidad a la inadecuada manipulación de los equipos y del sistema.
Igualmente, sostuvo que los contratos que se acusaban como iguales, no lo eran,
en tanto el alcance de sus obligaciones era diferente, sin que se hubiera
demostrado ningún detrimento patrimonial.
56. La parte actora, en su apelación, estimó que existió una indebida valoración de
las pruebas, hasta el punto de configurar una vía de hecho, por defecto fáctico.
Estimó que los descargos fueron una mera formalidad para terminar su contrato y
viabilizar la ejecución de un nuevo contrato con el mismo objeto, el cual había sido
firmado 4 meses antes de pedir los descargos. Estimó superados todos los
incumplimientos con el oficio del 17 de octubre de 2001, tal como lo confirmaban
los testimonios y el dictamen pericial, prueba esta última que consideró no valorada
por el a quo, y en la que se concluyó que el software de la actora era idóneo para
la prestación del servicio contratado y, además, señaló como causa de los
problemas el mal ingreso de la información por parte de los funcionario de la
demandada.
56.1. En esa medida, estimó probados los incumplimientos de la demandada y no
los suyos; también afirmó probado que el objeto de los contratos era el mismo,
como el perito lo concluyó. De manera que, a su juicio, no fue oído para tomar la
decisión, sino que ya estaba tomada porque existía otro contrato para el mismo fin.
57. La Sala considera que, en línea con lo afirmado por el a quo, los
incumplimientos del contratista se manifestaron desde el 14 de agosto y el 1 de
septiembre de 2000 (supra 35 y 36), es decir, con anterioridad a la fecha en que se
adjudicó el proceso de selección del convenio con Coopmunicipios, lo que ocurrió
el 29 de mayo de 2001 (supra 39), inclusive, antes de la obtención de la autorización
del Concejo municipal para celebrar ese nuevo contrato, que fue dada en febrero
de 2001 (fl. 117, c. 2).
58. Además, sobre estos incumplimientos, como lo manifestó el a quo, no existe
prueba de que en su momento se hubieran satisfecho las obligaciones contraídas
por parte de la actora; por el contrario, en abril de 2001, la Contraloría
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Departamental del Valle del Cauca confirmó que efectivamente no se cumplió con
la instalación del servidor de que trataba la cláusula tercera, la cual le reclamó la
entidad demandada a la actora desde el 1 de septiembre de 2000, reclamación que
reiteró el 11 de octubre de 2001, al solicitarle sus descargos.
59. La parte actora, al contestar los descargos, en su comunicación del 17 de
octubre de 2001, aceptó el retiro de este equipo, atribuyó los daños del equipo a la
mala manipulación de los funcionarios del municipio demandado y, además,
sostuvo que retrasó la entrega de este equipo debido a la suscripción del nuevo
contrato con Coopmunicipios; vale precisar que este equipo no fue entregado, si se
tiene en cuenta que en la relación de equipos devueltos el 22 de febrero de 2002,
tan sólo se consignó la devolución cuatro CPUs, una impresora y un CD-writer (fl.
133, c. 2), es decir, faltó una CPU.
60. En tal sentido, la Sala observa que se trató de un incumplimiento confirmado,
no sólo por un tercero, la Contraloría, sino por la actora al rendir sus descargos, el
que excusó por la suscripción de un nuevo contrato. Esto no resulta atendible,
primero, como quiera que la obligación del contratista, en los términos de la cláusula
tercera, numeral 1º, era instalar todos los equipos y no los que considerara a motu
proprio. Segundo, porque si bien podría pensarse que la entrada de un nuevo
contratista enervaba el cumplimiento de sus obligaciones, esto resulta infundado.
Efectivamente, como las pruebas lo confirman, para cuando se requirió el
cumplimiento de esta obligación, el contrato con la actora aún estaba vigente, no
había caducado, y como la testigo Ruby Cerón lo confirmó, el contrato se
encontraba en ejecución. En estos términos, la parte actora estaba obligada a
cumplirlo.
61. Igualmente, la mala manipulación de los funcionarios de la demandada tampoco
puede excusar el incumplimiento de la actora, puesto que la obligación de
capacitación estaba en cabeza suya, tal como se estableció en la cláusula 3,
numeral 4). Por consiguiente, resulta forzado que pretendiera escudarse en este
hecho para no cumplir con sus obligaciones, incluida, claro está, la de capacitación
del personal.
62. Todo lo expuesto contrasta con las afirmaciones de los testigos, al menos los
dos empleados de la actora, que señalan que todo se cumplió en “óptimas
condiciones”, cuando ya el mismo contratista aceptaba su incumplimiento y trataba
de justificarlo.
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63. En ese orden, de los requerimientos efectuados en el año 2000, es fácil concluir
que los incumplimientos existieron. Efectivamente, en la misma acta de iniciación
el contratista se comprometió a instalar la versión 3.0 del SITT para el 15 de julio
de 2000 (supra 34). Su cumplimiento fue requerido en agosto y septiembre de 2000
y se mantuvo por todo el contrato, respecto de lo cual el contratista, en el pluricitado
escrito del 17 de octubre de 2001, se limitó a decir que “el software que se
encontraba en funcionamiento hasta la fecha que entró a operar el concesionario
era una versión totalmente nueva y mejorada del software de tránsito que cumplía
con todos los requerimientos exigidos” (supra 42).
64. No se desconoce que el dictamen pericial afirmó que el aplicativo de la actora
cumplía con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Transporte para el
envío de la información, pero esta afirmación tan sólo se respaldó en meras
inferencias del perito por el cumplimiento en otras entidades; sin embargo, se echan
de menos las explicaciones técnicas que fundaron estas conclusiones, al igual que
el detalle de las pruebas o exámenes que se le hicieron al aplicativo y, además, si
se trataba del mismo que se instaló para la ejecución del contrato en estudio13.
Exigencias de claridad, precisión y detalle que establecían los numerales 1 y 6 del
artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo
267 del Código Contencioso Administrativo y que se le imponen al juez al momento
de la valoración de esta prueba, a la luz del artículo 241 de la primera codificación
citada.
65. El perito apoyó la anterior conclusión, en el hecho de que otras entidades usaron
el aplicativo de la actora y que junto con la entidad demandada cumplieron en otras
oportunidades con el reporte de la información al aludido Ministerio; sin embargo,
se desconoce la forma y las condiciones de este cumplimiento, así como las
entidades a las que se refiere el perito. Frente a estas últimas, de tratarse de otros
contratos, era necesario conocer si las condiciones eran exactamente las mismas,
porque bien pudo ser que en estos escenarios sí se cumplieran las actualizaciones
que aquí se echan de menos. Todos estos aspectos impiden darle plenos alcances
probatorios al dictamen en comento.
13
Sobre la valoración del dictamen, esta Corporación ha precisado: “44. Sobre la apreciación del
dictamen, el artículo 241 del CPC establece que el juez debe valorar el dictamen pericial a la luz de
la sana crítica y las reglas de la experiencia, con el fin de acogerlo total o parcialmente. De igual
manera, el juez puede desechar los resultados del dictamen pericial, siempre que no sea claro,
preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria, condiciones que
consisten en: (1) la conducencia en relación con el hecho por probar; (2) que el perito sea
competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (3) que no exista un
motivo serio para dudar de la imparcialidad del perito; (4) que el dictamen esté debidamente
fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y sean consecuencia de las razones
expuestas; (5) que la prueba haya surtido contradicción. Así mismo, el juez debe tener en cuenta
los demás medios probatorios que obren en el proceso”. En: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2019, exp. 43311, M.P. Alberto Montaña Plata.
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66. En suma, las justificaciones del contratista descansaron en la nueva
contratación, la indebida manipulación de los equipos y de la información por parte
de los funcionarios de la demandada y la posibilidad de demostrar su cumplimiento
con documentos y los testimonios de sus técnicos.
66.1. Frente a la nueva contratación, es preciso señalar que el perito se limitó a
comparar las obligaciones de ambos contratos, para concluir que con el nuevo
convenio se absorbieron la generalidad de las obligaciones pactadas en el contrato
celebrado con la actora y, además, que se incorporaron unas nuevas. Esta
conclusión, desborda el conocimiento técnico del perito y se inscribe en la labor
interpretativa que le corresponde al juez.
66.1.1. Sin embargo, más allá de las posibles ilegalidades frente al referido
convenio, respecto de las cuales, la Sala se abstendrá de pronunciarse, por los
motivos expuestos al estudiar la legitimación por activa, estas tampoco tienen la
virtualidad automática de enervar el incumplimiento del demandante.
Efectivamente, el contrato se mantuvo vigente, inclusive, contractualmente, su
vigencia se prolongaba por tres meses más después de su terminación (cláusula
quinta). Igualmente, uno de los empleados de la demandante, confirmó que el
contrato se siguió ejecutando.
66.1.2. En todo caso, los incumplimientos existieron, fueron sistemáticos y graves,
hasta el punto que la falta de mantenimiento, suministro de equipos y de
actualización, impactó en el cumplimiento de otras funciones de la entidad
demandada. Estas afirmaciones fueron el fundamento de la caducidad, razón por
la cual era carga de la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad
que pesaba sobre ellas, la cual, considera la Sala que, con las pruebas aportadas,
no se logró.
66.2. Frente a la indebida manipulación de los equipos, valga reiterar que era
obligación de la parte actora brindar la capacitación correspondiente, sin que esté
demostrado que los servidores públicos hubieran obrado maliciosamente
encaminados a configurar un incumplimiento infundado del contratista.
66.3. Finalmente, tampoco se aportaron documentos distintos a los reflejados en
los hechos probados de esta providencia. Los testimonios contrastan frente a las
demás pruebas allegadas, conforme a las cuales el mismo contratista aceptó la
sustracción de sus obligaciones, excusado en razones que carecen del peso para
justificar su conducta contractual. Este escenario mina la credibilidad de los
testimonios, como quiera que estos aluden a un escenario de cumplimiento, cuando
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
el mismo contratista con sus manifestaciones desdice estas afirmaciones. Además,
en el testimonio de Zandra (sic) Wilma Multado Vasquez narra hechos anteriores a
los incumplimientos aquí advertidos, los cuales conoce de oídas y sin que otras
pruebas permitan corroborar su dicho.
66.4. Igualmente, el dictamen pericial carece de los respaldos y ejercicios
necesarios para acompañar las conclusiones del experto, más allá de su
conocimiento técnico, sin desconocer que algunas afirmaciones merecen
credibilidad precisamente por este último aspecto, pero no así frente al supuesto
cumplimiento del contrato.
67. La Sala tampoco encuentra demostrada la violación al debido proceso ni al
derecho de defensa y contradicción, como quiera que los incumplimientos
existieron, inclusive, con anterioridad a la nueva contratación que se usó de excusa
para no cumplir y, además, se mantuvieron a lo largo de la ejecución contractual.
El contratista fue requerido en repetidas ocasiones, fue advertido de la posibilidad
de rendir descargos y, además, que la suerte de contrato estaba por definirse, como
ocurrió efectivamente con las decisiones que aquí se atacan. En esa medida, no se
trató de unos incumplimientos aparentes, ni tampoco se sorprendió al contratista
con la caducidad; por el contrario, las pruebas dan cuenta del respeto pleno de las
garantías constitucionales que la parte actora echa de menos.
68. Finalmente, como quiera que la liquidación judicial no fue cuestionada, la Sala
mantendrá esta decisión incólume, sin que hayan más asuntos por definir.
XIII. Condena en costas
69. Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998, norma especial y de aplicación preferente para este tipo de asuntos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Radicación número: 76001233100020020473101 (53.799)
Actor: Enterprise Software Ltda.
Demandado: Municipio de Jamundí
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los términos de la parte
considerativa de esta sentencia, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la
causa por activa para pedir la nulidad absoluta del convenio administrativo
del 4 de junio de 2001, suscrito entre el municipio de Jamundí y
Coopmunicipios.
SEGUNDO: LIQUIDAR el contrato de outsourcing de mayo 15 de 2000,
celebrado entre el municipio de Jamundí y la empresa ENTERPRISE
SOFTWARE LTDA. y, en consecuencia, se ordena al municipio de Jamundí
que reintegre a la firma contratista el equipo servidor PROLIANT 800
PIII600, serie D013DDK3K609, el monitor de referencia 950BB48GODA5,
cinco teclados y cinco mouses, siempre que aún no se haya cumplido con
esta entrega.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Sin costas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF
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