Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-05074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-05074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2002-05074-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Actor: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de segunda instancia
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. EXCEPCIONES DE FONDO-El
superior puede estudiar todas las excepciones de fondo, propuestas o no. ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Actos precontractuales. INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-La acción contractual procede para perseguir la nulidad del
acto de adjudicación cuando el contrato se ha celebrado. ACTOS INSEPARABLES DEL CONTRATO ESTATAL-
Ante la celebración del contrato estatal, los actos administrativos que lo precedían se tornan inseparables del
negocio jurídico. EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA-Configuración por la indebida formulación de las
pretensiones en vigencia del artículo 87 del CCA. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con
temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia del 29 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones. La decisión fue la siguiente:
PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de INDEBIDA ESCOGENCIA
DE LA ACCIÓN, propuesta por la parte demandada.
SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. DG 622 del 24 de
octubre de 2002, por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, C.V.C., adjudicó a JAIME PUERTA ATEHORTÚA, el contrato para la
"Construcción del colector margen derecha del rio Yumbo y colector calle 2 y sus
obras complementarias, Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca", al
que se refiere el presente proceso, dentro de la licitación 03-02.
TERCERO. CONDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
C.V.C. a pagar a título de restablecimiento del derecho a los integrantes de la Unión
Temporal Valle Grande y demandantes, MARÍA DEL SOCORRO DOMÍNGUEZ,
JESÚS FERNANDO DOMÍNGUEZ MOSCOSO y DIEGO HERNÁN BELTRÁN
SENDOYA, la suma de ciento sesenta y seis millones ciento catorce mil quinientos
Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
setenta y dos pesos ($166.114.572), a título de indemnización por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante.
CUARTO. Las (sic) suma anterior DEVENGARÁ intereses a partir del día
siguiente a la firmeza de esta sentencia.
QUINTO. Sin condena en costas (fls. 653-654 c. 1).
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 25 agosto de 2000, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca abrió
licitación pública, para la construcción del colector margen derecha del río Yumbo y
Colector Calle 2 y sus obras complementarias. El 24 de octubre de 2002, adjudicó el
contrato. La demandante, no seleccionada, alegó que la propuesta ganadora debió
ser rechazada y que presentó la mejor propuesta, porque cumplía con todos los
requisitos del pliego de condiciones.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 9 de diciembre de 2002 1 , María del Socorro Domínguez, Jesús Fernando
Domínguez Moscoso y Diego Hernán Beltrán Bedoya –integrantes de la unión
temporal Valle Grande– presentaron demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (en adelante CVC) con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:
“Honorables Magistrados, mediante la presente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, previo el trámite de la demanda pertinente que
establece la ley, con todo respeto en las condiciones anotadas, solicito se
formulen las siguientes declaraciones:
1. - Que se declare nula la Resolución DG No.622 de octubre 24 de 2002, "POR
MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PÚBLICA LA LICITACIÓN
No. 03-02"
2.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución DG
No. 622 de octubre 24 de 2002, y para efectos del restablecimiento del derecho
a la Unión Temporal VALLE GRANDE, por el desconocimiento en que se incurrió
del derecho, al hacer la adjudicación del contrato al ingeniero JAIME PUERTA
ATEHORTÚA, siendo que mis representados reunieron todos los requisitos para
participar en la licitación, según lo exigido en el pliego de condiciones y además,
presentaron la mejor propuesta en los términos establecidos, se condene a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- a pagar a la Unión
Temporal Valle Grande, el monto de los perjuicios sufridos al no habérsele
1 Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, folio 590 (reverso) c. 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
adjudicado la Licitación Pública DG No.622 de octubre 24 de 2002. Dichos
perjuicios se estiman en la utilidad calculada de la Unión Temporal o sea la suma
de $112.772.397.45, folio 0260 de la propuesta.
3. - Que resultante las declaraciones anteriores se pague actualizando su valor
de conformidad con lo dispuesto en Contencioso Administrativo los artículos 176
y 177 del Código Contencioso Administrativo.
4. - Las cantidades que se liquiden en virtud de la sentencia devengarán
intereses comerciales y moratorios.
5. - Que se condene a la CVC a pagar las costas del proceso y las agencias del
en derecho, incluyendo los honorarios del abogado de la parte demandante,
disponiendo su cuantía en la sentencia u ordenando que se liquidan
oportunamente (fls. 556-557 c. 1).
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, mediante Resolución n°. DG 0252 de 7 de junio de
2002, ordenó la apertura de la Licitación Pública CVC No. 03-02, cuyo objeto era la
construcción del colector margen derecha del río Yumbo y Colector Calle 2 y sus
obras complementarias.
En cuanto a la experiencia específica el pliego de condiciones dispuso que en el
caso en que se tratara de proyectos macro o multipropósito, en los que se incluyeran
obras de alcantarillado, era necesario aportar copia del contrato para efectos de
determinar la experiencia. Sin embargo, el pliego no definió qué era proyecto
multipropósito y tampoco macro o megaproyecto ni la consecuencia para el
proponente si no se adjuntaba el contrato que la CVC consideraba ejecutaba una
obra de esta naturaleza.
Con su propuesta, la Unión Temporal Valle Grande diligenció el formato n.° 4, en el
que consignó el contrato n.°GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI, «Construcción de
redes Acueducto y Alcantarillado del sector Nápoles», sin adjuntar copia. Añadió que
no le fue reconocida la experiencia de ese contrato, con fundamento en que no fue
aportado y el mismo correspondía, según la entidad, a un megaproyecto.
Adujo que la CVC, de manera subjetiva y arbitraria, concluyó que con ocasión del
contrato n.° GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI, el demandante ejecutó una obra
multipropósito o un megaproyecto. Explicó que no aportó copia del contrato porque
se limitó a la construcción de redes de acueducto y alcantarillado y que como el
pliego no definió en qué consistían ese tipo de contratos era criterio del proponente
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
definir si era necesario aportarlo. Expuso que no podía quedar al criterio de la
entidad la definición de este tipo de contratos, ya que ello supondría que la
adjudicación no respetaría la selección objetiva y que, en todo caso, como respuesta
al informe de evaluación aportó la copia del contrato.
Finalmente, mediante Resolución n.° DG622 del 24 de octubre de 2002, la CVC
adjudicó el contrato a Jaime Puerta Atehortúa y no reconoció la experiencia que se
derivaba del contrato n.°. GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI a la demandante.
Sostuvo que de haberse tenido en cuenta esa experiencia su propuesta sería la
mejor, por lo que debió ser la adjudicataria de la licitación.
Contestación de la demanda
El 13 de junio de 2003, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó notificar personalmente a Jaime Puerta Atehortúa –en su calidad
de adjudicatario del contrato– y a la CVC (f. 598 c. 1). El 17 de septiembre de 2004
(fls. 6-10 c. 4), Jaime Puerta Atehortúa se opuso a las pretensiones. Esgrimió que la
demandante debió formular sus dudas y reparos en la audiencia de aclaración de
pliegos. Agregó que la decisión de la entidad se fundamentó en lo consignado en el
pliego de condiciones y en la evaluación de cada una de las ofertas.
En la misma fecha (fls. 13-22 c. 1), la CVC excepcionó indebida escogencia de la
acción, porque la demanda no pidió la nulidad absoluta del contrato, a pesar de que
para la fecha de su interposición ya se había perfeccionado, por lo que, conforme
con el artículo 87 del CCA, debió acudirse a la acción de controversias contractuales.
Argumentó que el contrato n.°. GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI era multipropósito
por lo cual, conforme al numeral 4.4.2. del pliego de condiciones, era necesario que
se aportara para definir la calificación de la experiencia específica.
Aclaró que, si bien al inicio de la audiencia de adjudicación se afirmó que la
experiencia derivada del contrato sería tenida en cuenta, esta fue suspendida. Una
vez reanudada, la oficina jurídica de la entidad aclaró que no podía tenerse en
cuenta la copia del contrato, aportada con las observaciones al informe de
evaluación, dado que ello supondría mejorar la oferta.
Fundamentos de la providencia recurrida
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
El 29 de febrero de 2012 (fls. 616-654 c. p.pal.), el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca declaró la nulidad de la resolución n°. DG 622 de 24 de octubre de 2002 y
condenó a la CVC a pagar la utilidad que debió recibir la demandante.
Consideró, frente a la indebida escogencia de la acción, que, si bien el contrato se
perfeccionó antes de presentada la demanda, la acción procedente era la de nulidad
y restablecimiento del derecho porque la fuente del daño provenía de un acto
administrativo. Explicó que no existía certeza de la fecha en la que se firmaría el
contrato por lo que no podía exigírsele al demandante que demandara en
controversias contractuales, sin afectar el debido proceso. Añadió que, pese a que la
Corte Constitucional, en sentencia C-712 de 2015, concluyó que el desconocimiento
de la suscripción del contrato no era excusa para demandar en controversias
contractuales, las consideraciones contenidas en ese fallo no eran aplicables al caso,
porque esa exigencia solo era procedente cuando se tenía una fecha cierta en la que
debía perfeccionarse el contrato.
En cuanto al fondo de la controversia concluyó que exigir la copia del contrato n°.
GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI, violaba los artículos 3, 5, 24 y 25 de la Ley 80 de
1993, porque, con la certificación aportada, era posible determinar si ese negocio
jurídico acreditaba la experiencia específica.
Una vez examinadas todas las propuestas presentadas y valorada la experiencia
teniendo en cuenta la certificación del contrato n.°. GO-480-94-OC-AC-ALC EMCALI,
concluyó que la oferta de la demandante era la mejor. Como perjuicios otorgó la cifra
discriminada en la propuesta de la demandante como la utilidad que esperaba
obtener con la ejecución del contrato.
Recurso de apelación
La CVC interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 5 de abril de 2013 (fls.
693-694 c. p.pal). Insistió en la excepción de indebida escogencia de la acción y
sostuvo que el Tribunal se equivocó al considerar procedente la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque para la fecha de la demanda el contrato ya se
había perfeccionado. Explicó que el Tribunal se alejó de la interpretación que la Corte
Constitucional le dio en la sentencia C-1048 de 2001 al artículo 87 del CCA,
modificado por el 32 de la Ley 446, dado que en esa decisión se dejó claro que una
vez suscrito el contrato los terceros con interés directo podían demandar en
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
controversias contractuales la nulidad absoluta del contrato con base en la ilegalidad
de los actos previos.
Esgrimió que el pliego de condiciones estableció que el contrato se firmaría dentro de
los 10 días siguientes a la adjudicación y que el acto administrativo de adjudicación,
que se notificó en la audiencia a la que asistió la demandante, indicó que el contrato
se firmaría a los 5 días de remitida la minuta del contrato, con lo cual existía certeza
de la fecha en que se perfeccionaría el negocio jurídico. Esgrimió que, conforme a la
sentencia C-712 de 2005, al interesado le asiste la carga de estar al tanto de la fecha
de la celebración del contrato y que esa exigencia no es desproporcionada ni afecta
el debido proceso.
Afirmó que el Tribunal no podía analizar la experiencia específica con base en el
contrato aportado, porque se trataba de un criterio que otorgaba puntos. De manera
que como la demandante aportó la copia del contrato durante el informe de
evaluación mejoró su oferta, lo que contraviene el postulado de la selección objetiva.
Expuso que si bien, al inicio de la audiencia de adjudicación, con el documento
aportado se adicionó el puntaje de la demandante, la audiencia se suspendió con el
fin de analizar los reparos de los demás proponentes. Explicó que una vez obtenido
el concepto de la oficina jurídica sobre la imposibilidad de tener en cuenta el contrato
volvió a la evaluación inicial y se adjudicó el proceso.
Indicó que el tribunal se equivocó al considerar que no era necesario aportar el
contrato, dado que, por tratarse de un negocio jurídico multipropósito, la entidad lo
requería para analizar la experiencia específica. Añadió que no era necesario que el
pliego definiera qué se entendía por contratos multipropósito, ya que era evidente
que correspondían a aquellos que tenían varios objetos o actividades. Alegó que el
Tribunal dio por sentado que si se hubiera tenido en cuenta el contrato la propuesta
del demandante sería la mejor, pero esa afirmación contrasta con la realidad del
proceso, porque el informe de evaluación la ubicó en el último lugar.
Trámite de segunda instancia
El 30 de julio de 2013, la Sección Primera de esta Corporación admitió el recurso de
apelación (f. 698 c. p.pal.) y, el 12 de febrero siguiente (f. 705 c. p.pal.), se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. El 5 de abril de 2017 (f. 733
c. p.pal.), la Sección Primera de esta Corporación remitió el expediente a la Sección
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
Tercera para que resolviera el recurso de apelación, por tratarse de un asunto de
naturaleza contractual (f. 734 c. p.pal.). El 28 de julio de 2017, el Despacho avocó
conocimiento del proceso (f. 738 c. 1).
La parte actora, en los alegatos, indicó que la sentencia debía confirmarse, porque,
como no se fijó fecha para la firma del contrato, lo procedente era la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Transcribió el análisis de la sentencia y
afirmó que era correcto el estudio que allí se hizo, sobre la valoración de su
propuesta. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2002 (f. 590 c. 1 reverso) el
régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–.
Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de
ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones.
Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé
que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia
de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico
anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante
CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad
contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA,
según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía puesto que, de conformidad con el artículo 20.2 del
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
CPC, el valor de la pretensión mayor –$112.772.397 (f. 556 c. 1)– supera los 300
SMLMV exigidos por el artículo 132.3 del CCA, esto es, $92.700.0002.
Acción procedente
3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.
II. Problema jurídico
4. Corresponde a la Sala determinar si la nulidad y restablecimiento del derecho es la
acción procedente para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación si al
momento de presentación de la demanda el contrato ya había sido celebrado.
Análisis de la Sala
5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el
asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC.
6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta
Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3.
7. Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de
adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA. Las
reglas aplicables para cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, conforme a la
regulación del procedimiento aplicable a los procesos que se tramitan en esta
jurisdicción, y el término para formular la demanda, han sido objeto de varias
reformas legales.
Antes de las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998 al CCA, el acto de
adjudicación podía ser controvertido por los proponentes vencidos mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro meses
siguientes a la publicación, notificación o ejecución del acto (arts. 85 y 136 del CCA,
subrogados por los artículos 15 y 23 del Decreto 2304 de 1989, respectivamente)4.
2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2002, $309.000, por 300.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022 [fundamento jurídico
1].
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2006, Rad. 16041 [fundamento jurídico 1].
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
El artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 87 del CCA –acción de
controversias contractuales–, introdujo un cambio sustancial a la forma de demandar
los actos previos al contrato y a los plazos de caducidad. Según esta norma, los
actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato podían ser
demandados mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o
publicación. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de esos actos
solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.
8. La Corte Constitucional, al declarar exequible ese artículo (art. 87 del CCA),
resaltó que, una vez vencido el término de treinta días o suscrito el contrato,
desaparecía la posibilidad de formular la acción de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de los actos previos al contrato. A partir de
ese momento esos actos sólo podían ser impugnados pidiendo la nulidad absoluta
del contrato, pues era «clara la intención legislativa de impedir la interposición de las
acciones no contractuales con posterioridad a la celebración del contrato»5.
Para corroborar este aserto, la Corte Constitucional, en el año 2005 6 , retomó el
análisis de la decisión que declaró exequible el artículo 87 del CCA –modificado por
el artículo 36 de la Ley 446 de 1998–, de la siguiente manera:
“(...) la Corte dejó en claro que la posibilidad de demandar los actos
administrativos precontractuales por vía de las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento cesa a partir de la celebración del contrato
estatal respectivo, y que cuando tal celebración ocurre antes de que se hayan
vencido los treinta días que otorga la norma como término de caducidad, opera
como una causal de extinción anticipada del término para hacer uso de las
referidas acciones” (negrilla añadida).
La Sección Tercera de esta Corporación 7 también ha reiterado que, conforme al
artículo 87 del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato deben
ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación mediante la
acción de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. Una vez celebrado el
contrato, la ilegalidad de los actos previos, como el de adjudicación, solo puede
invocarse como fundamento de la nulidad absoluta mediante la acción contractual,
dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento o en un término igual al de
vigencia del contrato –si es superior–, sin que en ningún caso exceda cinco años.
5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1048 de 2001 [fundamento jurídico 10].
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-712 de 2005 [fundamento jurídico 4].
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de abril de 2009, rad. n°. 36124 [fundamento jurídico
2.1].
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Asunto: Controversias contractuales
9. De conformidad con el artículo 87 del CCA –modificado por el artículo 36 de la Ley
446 de 1998–, el legislador definió una regla de procedimiento, con fundamento en la
cual, ante la celebración del contrato estatal, los actos administrativos que lo
precedían se tornaban inseparables del negocio jurídico. Ello traía como
consecuencia que su control solamente procedía mediante la acción contractual, a
través de la pretensión de nulidad absoluta del contrato, fundamentada en la nulidad
de los actos previos.
El artículo 141 del CPACA no retomó la modificación de la Ley 446 de 1998. Ese
mandato legal prevé que los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, pueden demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138 –medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho–. Según el artículo 164.2 (c), cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, la
demanda deberá ser presentada dentro de los cuatro meses, contados a partir del
día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación. Las
pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
previos al contrato pueden acumularse con pretensiones de nulidad del contrato, si
se cumplen los requisitos previstos en el artículo 165 del CPACA.
10. El marco legal descrito impone al juez determinar, en cada caso, la norma
procesal aplicable. La Sala reitera que, por regla general, las normas de derecho
procesal son de aplicación inmediata, pero solo rigen hacia el futuro. Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios no tienen carácter
retroactivo, porque prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir, salvo los eventos excepcionales y taxativos que señaló la ley (art.
40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 626 del CGP).
11. El acto administrativo censurado fue expedido el 24 de octubre de 2002 (fls. 513-
528 c. 1) y la demanda fue presentada el 9 de diciembre de ese mismo año (f. 590 c.
1), de manera que la norma aplicable al caso corresponde al artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 8,
8 «Articulo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que
se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a
indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas
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Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
norma aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de
julio de 2012 [núm. 1].
En este orden de ideas, la escogencia de la acción debida para adelantar el examen
judicial de los actos que antecedían al contrato respondía al límite de la separabilidad
de los actos previos, el cual se trazaba de cara al cumplimiento del plazo de los 30
días ya referenciado o, como en el presente caso, ante la suscripción del contrato;
aspecto sobre el cual es abundante la jurisprudencia de esta Corporación 9. Así, la
aplicación de este imperativo legal en el caso concreto permite a la Sala concluir que
el actor efectuó una indebida escogencia de la acción para enjuiciar el acto previo
acusado de ilegal.
La Sala llega a esta conclusión al verificar que el 21 de noviembre de 2002 fue
suscrito el contrato de obra pública n.° 185 entre Jaime Puerta Atehortúa y la CVC
(fls. 23-45 c. 4). Este contrato fue adjudicado mediante la Resolución n°. 622 de 24
de octubre de 2002 (fls. 513-528 c. 1), lo que significa que transcurrieron entre el
acto previo y la suscripción del contrato 18 días hábiles. Igualmente, como refieren
los antecedentes de este fallo, consta que el actor presentó demanda contra dicho
acto administrativo el 9 de diciembre de 2002, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
12. No es cierto, como lo sostiene el Tribunal, que de los documentos contractuales
no fuera posible determinar la fecha posible de la firma del contrato. En efecto, por
una parte, el pliego de condiciones contiene un acápite específico para la suscripción
del contrato –numeral 2.35– (f. 28 c. 2) al cual la sentencia de primera instancia no
hizo referencia. En ese acápite se prescribió que el adjudicatario tendría 10 días
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de adjudicación
para la firma del contrato. Adicionalmente, el numeral 3 del acto de adjudicación (f.
528 c. 1) 10 , al cual tampoco se refirió el Tribunal, y que fue conocido por los
proponentes, dispuso que el contrato debía firmarse dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha en que la CVC enviara la minuta.
acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste,
la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad
absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada
en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes
contratantes o sus causahabientes».
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, rad. n°. 16540 [fundamento jurídico
3.1] y Subsección A, sentencia de 9 de julio de 2014, rad. n°. 28.208 [fundamento jurídico 2].
10 «Artículo tercero: El contrato se suscribirá por parte del adjudicatario, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha en que la CVC le remita la minuta correspondiente. De no hacerlo así, se dará cumplimiento
a las provisiones legales contenida en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993».
11
Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
De modo que, previo a la presentación de la demanda, la parte actora tenía la carga
de determinar si el contrato se había suscrito en las condiciones referidas en los
documentos contractuales, con el propósito de tener claridad sobre el curso procesal
que debía imprimirle a su demanda. El artículo 87 del CCA, modificado por el artículo
32 de la Ley 446 de 1998, impone una carga mínima al interesado, de estar
informado, por medio de los canales públicos establecidos en la ley, sobre la fecha
en que, según los pliegos de condiciones, términos de referencia o actos
administrativos pertinentes habrá de suscribirse el contrato correspondiente. De
manera que, dadas esas reglas, la demandante debió precisar para la fecha de su
demanda, si el contrato ya se había firmado, como en efecto sucedió.
En este caso, esta carga adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la
demanda fue presentada el día del vencimiento de los 30 días hábiles desde la fecha
de la adjudicación, de manera que podría haberse informado si, para esa fecha, el
contrato ya estaba perfeccionado.
13. Así, al tenor del artículo 87 reformado del CCA, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos previos solo estaba disponible dentro
de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del
acto administrativo censurado, y siempre que en dicho término no fuera suscrito el
respectivo contrato. En este caso, se observa que efectivamente el contrato de obra
pública n.° 185 entre Jaime Puerta Aterotúa y la CVC fue celebrado antes del
vencimiento de los treinta días señalados, puesto que se suscribió el 21 de
noviembre de 2002 y los 30 días hábiles vencían el 9 de diciembre de esa
anualidad11; por consiguiente, la ilegalidad de los actos previos únicamente podía
atacarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, y solamente en
ejercicio de la acción de controversias contractuales, porque, como se indicó líneas
atrás, el sentido y alcance de tal disposición no fue otro que impedir la interposición
de las acciones no contractuales con posterioridad a la celebración del contrato.
Así las cosas, la falencia presentada en uno de los presupuestos procesales,
configurada por la indebida escogencia de la acción por la demandante, impone a la
Sala revocar la decisión de primera instancia, para, en su lugar, declarar la excepción
de inepta demanda, conforme se pidió en la apelación.
11 Contados desde el día de la fecha de la resolución de adjudicación 24 de octubre de 2002, cuya decisión fue
conocida por los proponentes en la audiencia de esa misma fecha, según da cuenta acta visible a folios 110 a
139 c. 4
12
Radicación: 76001-23-31-000-2002-05074-01 (59.213)
Demandante: María del Socorro Domínguez y otros
Demandado: Corporación Autónoma del Valle del Cauca
Asunto: Controversias contractuales
Costas
14. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte
haya actuado con temeridad o mala fe.
15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de febrero de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
12 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
PT
13
Sigue leyendo
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