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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2004-03028-01

Acción de reparación directa: no condena

Fecha
11 de marzo de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2004-03028-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), la cual quedará así: “PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Sandra Milena Correa Torres. SEGUNDO: Declarar configurado el hecho del tercero como causal eximente de responsabilidad. TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda. CUARTO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente al señor Edgar Libreros Muñoz y su núcleo familiar en los términos de la ley 1448 de 2011. QUINTO: Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas incluir en el Registro Único de Víctimas al señor Edgar Libreros Muñoz y su núcleo familiar en los términos de la ley 1448 de 2011”. SEGUNDO: Sin costas. TERCERO: A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. CUARTO: Ordenar que por Secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del C.P.C.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2004-03028-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

11 de marzo de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO A LA PROPIEDAD POR PARTE DE TERCEROS / DESPLAZAMIENTO FORZADO / DESPOJO DE TIERRAS / DAÑO DERIVADO DEL HECHO DE UN TERCERO - Grupos armados al margen de la ley / HECHO DETERMINANTE Y EXCLUSIVO DE UN TERCERO - Acreditado

SÍNTESIS: Durante un enfrentamiento armado sostenido en predios rurales de propiedad del demandante -entre la guerrilla de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia-, la casa principal resultó destruida. Desde esa fecha quedó imposibilitado de volver por cuanto dichos grupos decidieron quedarse y ocuparlas ilegalmente.

PROBLEMA JURÍDICO

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis el detrimento patrimonial ocasionado con la destrucción de la propiedad del señor Edgar Libreros Muñoz como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, y su abandono forzado, es imputable a las demandadas.

RECURSO DE APELACIÓN - Competencia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Conoce de apelación de sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos

La Sala es competente para conocer del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia de la Corporación, que establece que la Sala Contenciosa Administrativa conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna

La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado. Al momento de la presentación de la demanda no habían transcurrido los dos años de los que alude la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada por cuanto los hechos ocurrieron el cuatro (4) de marzo de dos mil tres (2003), y la demanda se interpuso el veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004).

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Configurada / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE CÓNYUGE - Se declara por cuanto no se demostró la existencia de un vínculo marital / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA- Configurada /

ELEMENTOS DE RESPOSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Daño antijurídico e imputación / DAÑO - Definición. Concepto

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. (…) El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, la demandante lo hace consistir –según lo indicado en la corrección de la demanda- en el detrimento patrimonial ocasionado con la destrucción de la propiedad del señor Edgar Libreros Muñoz como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, y su consecuente abandono.

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR EL HECHO DE UN TERCERO / FALLA DEL SERVICIO - Presupuestos

[E]sta Subsección planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: “i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había conocimiento generalizado de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de circunstancias particulares respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de riesgo constante; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño” (…)

FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO - No configurada / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Hecho de un tercero / HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO - Grupos armados al margen de la ley

[E]sta Subsección se abstendrá en el sub lite de endilgar responsabilidad a la Nación a título de falla en el servicio por omisión en el deber de protección, pues la prueba que obra en el plenario y que se refiere a la solicitud elevada ante el Ministerio Público, se refirió únicamente a la amenaza sobre la vida e integridad personal del señor Libreros Muñoz y la de su familia, derechos que no se probó que hubieran sido vulnerados, pues en su demanda, el actor puso en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado con el fin de que se resarcieran los perjuicios causados a su propiedad durante un combate entre fuerzas ilegales y no a su vida o integridad personal. Dado que la demandada alegó la configuración del hecho exclusivo y determinante de un tercero como causal eximente de responsabilidad, la Subsección reitera que para que ésta tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la conducta desplegada sea exclusiva (única) y determinante (adecuada), condiciones ambas que se cumplen en el presente caso, de acuerdo con lo constatado tanto en los testimonios como en la certificación expedida por el personero municipal, por lo que así se declarará. Lo anterior, por cuanto las causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) traen como consecuencia la imposibilidad jurídica de imputar a la administración responsabilidad alguna por los daños ocurridos por su acción u omisión.

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Desplazamiento forzado

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03028-01(43512)

Actor: EDGAR LIBREROS MUÑOZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Titulación: Acción de reparación directa (D.01/84).
Tema: Falla en el servicio.
Subtema 1: Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Sentencia.
Sentencia que modifica.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Durante un enfrentamiento armado sostenido en predios rurales de propiedad del demandante -entre la guerrilla de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia-, la casa principal resultó destruida. Desde esa fecha quedó imposibilitado de volver por cuanto dichos grupos decidieron quedarse y ocuparlas ilegalmente.

ANTECEDENTES

Lo que se demanda

El veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, Edgar Libreros Muñoz y Sandra Milena Correa quienes actúan en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Estefanía Libreros Correa; y Edgar Libreros Zúñiga, Carmen Emilia Muñoz, María Alejandra Libreros Campo, Juan Esteban Libreros Castaño, Lida Patricia Libreros Muñoz, José Fernando Libreros Muñoz, Adriana Lucía Libreros Muñoz, Francisco Javier Libreros Muñoz, María del Pilar Libreros Muñoz y Ana Cristina Libreros Muñoz, formularon demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional y Ejército Nacional), con las siguientes pretensiones:

“2.1. Declarar administrativa y extracontractualmente RESPONSABLE a: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, de todos los daños y perjuicios (materiales y morales) ocasionados por la omisión en el deber de las autoridades de brindar la protección necesaria a la vida, honra, los bienes del perjudicado directo y no ofrecer las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas a los demandantes, como el derecho al trabajo y libertad a la locomoción y a la propiedad privada.

2.2 Condenar como consecuencia de la anterior declaración a pagar a cada uno de nuestros poderdantes el valor de los PERJUICIOS MORALES equivalentes a: EDGAR LIBREROS MUÑOZ (perjudicado directo)………. 200 SMLMV. EDGAR LIBREROS ZÚÑIGA y CARMEN EMILIA MUÑOZ (padres del perjudicado)………. 100 SMLMV. SANDRA MILENA CORREA (cónyuge)………. 100 SMLMV. ESTEFANÍA LIBREROS CORREA (hija menor del perjudicado y de su cónyuge)………. 100 SMLMV. MARÍA ALEJANDRA LIBREROS CAMPO (hija mayor del perjudicado)………. 100 SMLMV. JUAN ESTEBAN LIBREROS CASTAÑO (hijo menor del perjudicado)………. 100 SMLMV. LIDA PATRICIA, JOSÉ FERNANDO, ADRIANA LUCÍA, FRANCISCO JAVIER, MARÍA DEL PILAR Y ANA CRISTINA LIBREROS MUÑOZ (hermanos del perjudicado)………. 100 SMLMV, para cada uno de ellos.

Salarios fijados en su cuantía máxima al momento al momento [sic] de proferir sentencia según certificado del Min. Trabajo y establecido por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado para estos casos.

2.3 Pagar igualmente por PERJUICIOS MATERIALES: Al Sr. EDGAR LIBREROS MUÑOZ (daño emergente y lucro cesante) la suma de $21.000’000.000 (VEINTIÚN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE) o en su defecto la suma que aparezca probada por estos perjuicios.

2.4 La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidadas en moneda de curso legal en Colombia y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 178 del CCA.

2.5 Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará por su distinguido despacho dar aplicación a los artículos 176 y 177 del CCA, para lo cual se expedirá copia auténtica de la sentencia con constancia de su ejecutoria con destino a la demandada”.

La parte demandante sostuvo, como fundamento de hecho de sus pretensiones, que el cuatro (4) de marzo de dos mil tres (2003), con ocasión de un combate sostenido entre la guerrilla de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia en los predios de propiedad del demandante -ubicados en el Bajo Calima en el municipio de Buenaventura (Valle)-, resultó 1) destruida la casa principal dedicada a programas ecoturísticos, y 2) ocupadas ilegalmente por delincuentes grandes extensiones de su predio destinado a desarrollar un proyecto integral de producción y cultivo de frutas tropicales, explotación piscícola y zoo cría, por lo que en consecuencia, también perdió su empresa al encontrarse impedido de volver a la zona por razones de orden público.

Al decir del actor, la responsabilidad es imputable a las entidades demandadas quienes no lo protegieron en su vida, honra y bienes.

Por auto del ocho (8) de septiembre de dos mil cuatro (2004), el Tribunal concedió cinco (5) días para subsanar la demanda por cuanto no se precisaron las causas del daño.

Por tanto, se allegó corrección de la demanda al punto Nro. 2.1. de las declaraciones y condenas así:

“Declarar Administrativa y Extracontractualmente RESPONSABLE a: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, de todos los daños y perjuicios (materiales y morales) ocasionados por al [sic] demandante Sr. EDGAR LIBREROS MUÑOZ y a su núcleo familiar por los hechos sucedidos a partir del día 4 de marzo de 2003 reiterados hasta la fecha en la omisión de dichas autoridades en brindar protección para que no se destruyera la propiedad de mi poderdante ubicada en el Corregimiento del Bajo Calima, jurisdicción del Municipio de Buenaventura – Valle, denominada “AGRÍCOLA DEL PACÍFICO” por los enfrentamientos de grupos al margen de la ley los cuales ante la falta de vigilancia y protección de las autoridades destruyeron totalmente esta finca dedicada a programas ecoturísticos, atención a técnicos y especialistas en áreas afines y la atención a los programas de cultivos de vegetación tropical” (subrayado fuera de texto).

El trámite procesal relevante

La demanda así formulada fue admitida en primera instancia mediante auto de doce (12) de noviembre de dos mil cuatro (2004), y el auto admisorio notificado personalmente a la Policía Nacional el ocho (8) de agosto de dos mil cinco (2005) y al Ejército Nacional el veintidós (22) de noviembre siguiente.

La Nación, Ministerio de Defensa (Policía Nacional y Ejército Nacional) contestaron con escritos presentados el siete (7) y el ocho (8) de febrero de dos mil seis (2006) –respectivamente-, en los que se opusieron a las pretensiones de los actores y se atuvieron a lo que resulte probado en el proceso. Explicaron que los daños fueron consecuencia de un enfrentamiento entre grupos armados organizados al margen de la ley, por lo que se configuró el hecho del tercero como causal eximente de responsabilidad.

El ocho (8) de febrero siguiente, la apoderada de la actora arrimó escrito adicionando el capítulo de pruebas.

El treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006) se remitió el expediente a la oficina judicial correspondiente con ocasión de la entrada en funcionamiento de los juzgado administrativos. No obstante lo anterior, por auto del veintisiete (27) de octubre siguiente, el Juzgado Administrativo del Circuito de Buenaventura declaró no ser competente para conocer del proceso en razón de su cuantía, y lo envió de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

Por auto del diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006) se admitió la adición de la demanda- La notificación a la Nación, Ministerio de Defensa (Ejército Nacional y Policía Nacional)del auto admisorio, se realizó en debida forma.

El proceso se abrió a pruebas mediante proveído de quince (15) de marzo de dos mil siete (2007), y vencido el término probatorio se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto –respectivamente- el dieciséis (16) de julio de 2010, oportunidad aprovechada por demandante y demandadas para insistir en los argumentos expuestos en otras etapas procesales.

La sentencia apelada

El treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia en la que negó las súplicas de la demanda, así:

“NEGAR las pretensiones de la demanda”.

En efecto, el Tribunal se contrajo a determinar si era procedente declarar la responsabilidad de la Nación por los daños alegados con ocasión de la presunta omisión en que incurrieron las autoridades al no ejercer vigilancia y protección sobre el predio de propiedad del señor Libreros Muñoz.

Expuso que las peticiones elevadas por el interesado fueron todas interpuestas con posterioridad a los hechos en los que resultó afectado su predio, y añadió que en todo caso, “la omisión no se consumó, por cuanto se trata de una zona de alto riesgo, en la cual las autoridades no podrían garantizar una especial protección del derecho a la seguridad del afectado, sumado a ello la imprevisibilidad del accionar delictivo y al hecho de que el enfrentamiento fue producto de una disputa entre terceros, denominados Autodefensas Unidas de Colombia AUC y la guerrilla de las FARC”, por lo que concluyó que se había configurado el hecho de un tercero como causal exonerativa de responsabilidad.

La sentencia así proferida fue notificada mediante edicto fijado en lugar público de la secretaría del Tribunal el veinte (20) de enero de dos mil doce (2012).

El recurso contra la sentencia

La apoderada de los actores interpuso, el dos (2) de febrero de dos mil doce (2012), recurso de apelación contra la anterior decisión con la pretensión de provocar su revocación para que en su lugar se profiera sentencia sustitutiva en la que se acceda a las súplicas de la demanda por cuanto, a su juicio, el Tribunal erró al apreciar las pruebas documentales y decidir que se habían tramitado -todas- con posterioridad a la fecha del combate entre fuerzas ilegales durante el que resultó destruida la casa principal y ocupado parte del predio. Subrayó, además, que el Estado debió haber utilizado todas las herramientas disponibles para impedir la permanencia de los grupos ilegales en su propiedad “pues ante los graves hechos que se presentaban no tuvieron la suficiente voluntad para hacer la presencia debida y por consiguiente recuperar su empresa permitiendo que los grupos ilegales permanecieron instalados permanentemente conllevándola a una pérdida total de sus cultivos y de su infraestructura”.

El recurso fue concedido el veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), y admitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el dieciocho (18) de abril siguiente.

Trámite en segunda instancia

A través de providencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste emitiera concepto, oportunidad aprovechada solamente por la Nación, Ministerio de Defensa (Policía Nacional) para insistir en los argumentos expuestos en otras etapas procesales.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

El proceso entró al despacho del ponente, para proyección del fallo, el seis (6) de junio de dos mil doce (2012).

CONSIDERACIONES

Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito

La Sala es competente para conocer del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia de la Corporación, que establece que la Sala Contenciosa Administrativa conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales.

La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.

Al momento de la presentación de la demanda no habían transcurrido los dos años de los que alude la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada por cuanto los hechos ocurrieron el cuatro (4) de marzo de dos mil tres (2003), y la demanda se interpuso el veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004).

En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa así:

Dice el libelo introductorio que el señor Edgar Libreros Muñoz adquirió unos predios que fueron englobados mediante escritura pública Nro. 2007 del seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), registrada en la oficina de instrumentos públicos de Buenaventura con cédula catastral Nro. 372-0023-123 y un total de 39 hectáreas con 7370 metros cuadrados, que junto con otros dos predios adquiridos mediante las escrituras públicas Nros, 743 del nueve (9) de marzo de mil novecientos noventa (1990) y 749 del dieciséis (16) de noviembre de dos mil dos (2002) fueron destinados a desarrollar un proyecto integral de producción y cultivo de frutas tropicales.

Obran en el plenario la escritura Nro. 2007 y su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria en los que consta que el señor Libreros Muñoz es propietario del 50% del predio, luego la Sala se limitará a estudiar el eventual detrimento patrimonial en dicho porcentaje. Además, se ha traído certificación emitida por el IGAC en la que asevera que el predio Nro. 000100010137000 con matrícula inmobiliaria Nro. 372-0015512-87, tiene un total de 39.7370 Has no construidas.

También obra en el expediente la escritura Nro. 743 y su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, además de la certificación emitida por el IGAC en la que hace constar que el predio Nro. 000100010139000 con matrícula inmobiliaria Nro. 372-0018847-90, tiene un total de 8.5500 Has no construidas.

Finalmente, se encuentra en los anexos la escritura Nro. 749 en la que se consignó el trabajo de partición y adjudicación de bienes en la sucesión de María Santo Hurtado de Riascos, de acuerdo con el cual “tanto el cónyuge sobreviviente como todos los herederos legitimarios de la causante en agosto 9 de 1991 extendieron en la Notaría Única de Buenaventura la escritura pública No. 2413 relativa a la venta a Edgar Libreros Muñoz de todos los derechos que a título de gananciales y de herencia les correspondía (…). Ha de tenerse en cuenta que solo existe un bien inmueble materia de los inventarios y avalúos (…) denominado La Unión ubicado en el paraje Calima, Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, de una extensión de cuarenta y cinco hectáreas y siete mil cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados (45 hctas 7.424 m2), con folio de matrícula inmobiliaria 372-000-2951”.

No obstante lo anterior, no se aportó folio de matrícula inmobiliaria que demostrara el modo en el que se adquirió el dominio alegado por lo que la afectación a ese predio no será tenida en la cuenta en caso de un eventual resarcimiento de perjuicios por no estar probada la propiedad alegada con base en la jurisprudencia unificada en sentencia de la Sección Tercera, de acuerdo con la cual, “la inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda”.

Adicionalmente se demostró que el señor Libreros Muñoz es el propietario del establecimiento de comercio Agrícola del Pacífico, según consta en la certificación de matrícula mercantil allegada al plenario como soporte a la inspección judicial que decretó el A quo.

Con base en lo anterior, también se encuentran legitimados en la causa por activa Estefanía Libreros Correa, María Alejandra Libreros Campo y Juan Esteban Libreros Castaño en su calidad de hijos del directo afectado; de Edgar Libreros Zúñiga y Carmen Emilia Muñoz en su calidad de padres; y de Lyda Patricia Libreros Muñoz, José Fernando Libreros Muñoz, Adriana Lucía Libreros Muñoz, Francisco Javier Libreros Muñoz, María del Pilar Libreros Muñoz, Ana Cristina Libreros Muñoz y Harold Libreros Muñoz en su calidad de hermanos.

En cuanto a la calidad de cónyuge alegada por Sandra Milena Correa Torres, quedó desprovista de prueba, pues si bien se allegó su registro civil de nacimiento, no se adjuntó el de matrimonio ni se llamó a testigos que pudieran dar cuenta de la existencia de la supuesta convivencia, por lo que a su respecto se declarará la falta de legitimación en la causa por activa.

Por su parte, la Nación, Ministerio de Defensa (Policía Nacional y Ejército Nacional) se encuentra legitimada en la causa por pasiva por cuanto de ella se esperaba el cumplimiento del deber de protección de la vida, honra y bienes de los demandantes.

Sobre la prueba de los hechos

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño

El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, la demandante lo hace consistir –según lo indicado en la corrección de la demanda- en el detrimento patrimonial ocasionado con la destrucción de la propiedad del señor Edgar Libreros Muñoz como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, y su consecuente abandono.

Sobre el daño moral

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Esta Corporación ha reconocido este daño cuando es causado por la pérdida de bienes materiales, siempre que se haya acreditado plenamente. Y como no se presume, la Sala lo encuentra probado en el sub lite, así:

El alegado por Edgar Libreros Muñoz, a través de todas las comunicaciones que envió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con posterioridad a los hechos y en las que además de solicitar atención a sus requerimientos, consignó una profunda angustia, zozobra e impotencia. Particularmente, la denuncia realizada ante la Personería Municipal el veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003) en la que se lee:

“RELACIÓN DE LOS HECHOS. (…) El día 4 de marzo a las 5 de la mañana se presentó según versiones del mayordomo de la finca, un enfrentamiento armado entre dos grupos en la vivienda principal de mi finca frupacífico, la cual duro [sic] hasta cercano las 8 de la mañana, donde después según versiones de habitantes del caserío del bajo Calima, le prendieron fuego a dicha vivienda siendo consumida totalmente por la [sic] llamas; (…) para mi caso personal estos grupos han cogido de pernoctar en mis viviendas, las dos restantes que componen la infraestructura habitacional de la finca, de las cuales agregué fotografías en derecho de petición que presenté ante esta misma oficina, esta presencia permanente de estos grupos de uno u otro bando dentro de mi propiedad, han hecho que ocurran enfrentamientos permanentes dentro de la misma, arriesgando estos hechos la vida e integridad personal mío y de todo mi grupo familiar y de los trabajadores que laboran en el proyecto; (…) estos comentarios como es lógico me mantienen atemorizado al punto de que he tomado la decisión de no volver a entrar al bajo calima [sic], lo que ha permitido que ante la falta de mi presencia, toda la infraestructura física como cultivos, casas, bodegas, áreas de procesamiento de frutas, queden totalmente abandonadas y hoy en día muchos de los enceres [sic], herramientas y equipos que tenía han sido saqueados por personas desconocidas” (subrayado fuera de texto).

Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en el núcleo familiar de las personas directamente afectadas y la Sala lo encuentra demostrado con basamento en las pruebas traídas para comprobar la legitimación en la causa por activa de los demandantes.

Sobre el daño patrimonial

Solicitó la actora, por concepto de daño emergente y lucro cesante, el reconocimiento de veintiún mil millones de pesos ($21,000’000,000) por la desaparición de su empresa “creada para crear un sistema de producción con más de 100 Hcts contaba con toda una infraestructura para la producción y comercialización de productos: frutales, piscícola, zoo cría de especies nativas, floricultura y el ecoturismo, contaba con 20.000 árboles de borojó, 10.000 palmas de chontaduro, 800 árboles de mangostino y 300 árboles de noni, sus pérdidas han sido grandes pues el solo hecho de que sus tierras fuera [sic] arrasadas la casa de habitación con todas sus anexidades (…)”.

Para su acreditación, solicitó la práctica tanto de una prueba pericial para avaluar la actividad económica del señor Libreros Muñoz y las consecuentes pérdidas causadas con ocasión de los hechos, como de una inspección judicial para avaluar el terreno en el que se encontraban las instalaciones que fueron destruidas, incluyendo las plantaciones.

Del dictamen pericial rendido por el ingeniero agrónomo Humberto Blanco Rivera se dio traslado a las partes el diecisiete (17) de agosto de dos mil siete (2007) sin que se hubieran pronunciado al respecto.

Ahora, en comunicación del veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009), la apoderada de la parte actora sostuvo que la inspección judicial no se había podido realizar por cuanto los lancheros que se habían contratado para transportar a la misión decidieron no hacerlo por motivos de orden público, razón por la cual solicitó: “se practique la prueba pericial, con los mismos peritos que nombro [sic] el Juzgado 7 Civil Municipal de Buenaventura, por cuanto éstas personas son idóneas, conocen del asunto y están dispuestos a visitar la zona bajo su responsabilidad, sin la presencia de la fuerza pública. No insisto con la prueba de inspección judicial por que [sic] ésta podría ocasionar indirectamente entre la fuerza pública y los milicianos un enfrentamiento que sería lamentable para todos los que se hicieren presentes en la zona en mención”.

Por auto del veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), el A quo consideró viable tal petición y dispuso lo siguiente: “se realice prueba pericial, contando con la asistencia de los auxiliares de la justicia ya nombrados, señores HUMBERTO BLANCO RIVERA y ADOLFO ELIECER GOMEZ GARCÍA, agrónomo y topógrafo respectivamente, a quienes se les citará para que tomen posesión del cargo y procedan absolver las inquietudes propuestas en el numeral 5.4. del folio 118 de la demanda”.

Del resultado de dicho trabajo se informó a las partes por auto del diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), sin que estas se pronunciaran en relación con aquel.

Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación

El análisis en conjunto de las pruebas aportadas al proceso permite tener como cierto el hecho de que el señor Libreros Muñoz había solicitado protección de su derecho a la seguridad personal con anterioridad al enfrentamiento entre grupos ilegales durante el que resultó afectada su propiedad privada.

De lo anterior da cuenta la siguiente prueba:

Folio 188 del cuaderno principal: oficio número 001486 suscrito por la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga el trece (13) de julio de dos mil dos (2002) dirigido al director del DAS en el que se lee: “Se recibe en esta Procuraduría documentación en relación con las amenazas recibidas por el señor EDGAR LIBREROS MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía número 14.880.529 de Buga, proveniente de Procuraduría Preventiva de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación. De esta documentación se desprende que si bien los hechos tuvieran ocurrencia en el Bajo Calima, su lugar de residencia es esta municipalidad, por lo tanto les solicito disponer lo pertinente en aras de brindar el apoyo y seguridad necesarias que incluyen su núcleo familiar”. Idéntica comunicación fue suscrita en la misma fecha, dirigida al Comandante Segundo del distrito de Policía, al Comandante del Departamento de Policía del Valle, y al Director seccional de fiscalías.

Si bien no fue traída al plenario copia de la denuncia por amenazas a la que se refiere la prueba recién transcrita, la comunicación que se hace por parte de la Procuraduría General de la Nación a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al DAS, da fe de su existencia por lo que esta Sala infiere que efectivamente el señor Libreros Muñoz se había acercado -por lo menos- a dicha entidad, para dar a conocer su particular situación de riesgo, y ésta a su vez, informó a las que consideró competentes.

Para llegar a la anterior conclusión se valoraron las pruebas documentales que se aportaron al proceso, cuya práctica se solicitó en la demanda y fue decretada y debidamente allegada al expediente de acuerdo con lo dicho en el artículo 185 del CPC –por remisión directa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.

El problema por resolver

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis el detrimento patrimonial ocasionado con la destrucción de la propiedad del señor Edgar Libreros Muñoz como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, y su abandono forzado, es imputable a las demandadas.

Análisis de la Sala sobre la responsabilidad

A partir de la expedición de la Constitución de mil novecientos noventa y uno (1991), la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, éste será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”.

El daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”.

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”.

En este sentido, el desconocimiento de principios y normas imperativas por parte de la administración, acarrea la imputación de responsabilidad por la falla en el servicio generada por la inactividad (omisión). Con respecto al análisis para determinar una falla del servicio por omisión, esta Sección ha dicho que

“La doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño [imputación fáctica]. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (…)” (subrayado fuera de texto).

Y después sostuvo que:

“la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía” (subrayado fuera de texto).

Por tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad pública demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de la valoración normativa, para imputar el resultado”.

De acuerdo con lo consignado en el artículo 93 de la Constitución Política, “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia son pauta obligatoria para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta”, de manera tal que “la lectura de la Carta para discernir la forma en que el Constituyente reguló la seguridad se debe hacer, entonces, a la luz de los instrumentos internacionales”. Es así como, el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 7º numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), y el 9º numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protegen el derecho a la seguridad personal como derecho humano fundamental.

Por su parte, el artículo 2º de la Constitución Política dispone que las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Específicamente, la fuerza pública –integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional-, tiene como fin primordial de un lado, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y del otro, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, con base en lo preceptuado en los artículos 216 y siguientes del estatuto superior.

De acuerdo con lo anterior, a la fuerza pública se le impone el deber -normativo y reglamentario- de brindar protección (seguridad, vigilancia y cuidado) a todos los residentes en el país, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades públicas a través, entre otras, de la intervención preventiva cuando se considere que una determinada situación puede perturbar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Cuando se incumple dicho deber, los servidores públicos son responsables por omisión en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, de acuerdo con lo dicho en el artículo 6º de la Constitución Política.

En efecto,

“No tendría sentido afirmar que la única forma en que el Estado protege la seguridad de los asociados es a través del reconocimiento de su responsabilidad por hechos acaecidos; quienes son titulares del derecho a ser resarcidos por los daños antijurídicos sufridos en su persona debido a condiciones de inseguridad, necesariamente deben ser titulares, antes de que se configuren tales daños, del derecho a recibir especial protección de las autoridades”.

Ahora, al Estado colombiano se le asignan las obligaciones de respetar los Derechos Humanos establecidos en los tratados ratificados voluntariamente por el Congreso de la República; garantizar su goce y pleno ejercicio a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En consecuencia, dado que durante las últimas décadas un gran número de colombianos y colombianas han soportado innumerables violaciones a sus Derechos Humanos, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos cuyo respeto se impone, por cuanto dichos actos delictivos han limitado el ejercicio de las libertades constitucionales, restringido la construcción de tejido social y debilitado el Estado Social de Derecho.

Ante este escenario, está legitimado para implementar herramientas que permitan profundizar la democracia y superar un pasado de innombrables abusos. Es por eso que se han impulsado iniciativas que supeditadas de manera estricta a la Constitución, buscan garantizar y reparar los derechos afectados que han impactado de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, grupos étnicos, líderes sociales, y organizaciones que asumen la defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, se considera pertinente, prudente y legítimo, acudir a las herramientas que gracias al desarrollo progresivo del derecho internacional se han venido diseñando para enfrentar este tipo de situaciones, dentro de las que se encuentran las implementadas en Estados que pretenden superar o han superado situaciones de conflicto armado, desarrolladas como elementos del concepto de justicia transicional.

Estos esfuerzos que en Colombia incluyen la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y la 1738 de 2014) expedida para resolver procesos iniciados por la comisión de delitos políticos, la Ley 975 de 2005 para los delitos de lesa humanidad, la Ley 1424 de 2010 a través de la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garantizan verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y la Ley 1448 de 2011 para la formulación y adopción de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, han sido producto de la realidad social y política del país, y se han promulgado con el fin de allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional a través del diseño de medidas que procuran el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y de la sociedad en general.

Dicho entramado normativo, otorga herramientas para que las autoridades competentes logren su cometido –entre otras-, de garantizar el goce efectivo del derecho a la seguridad personal. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que se rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas, cuando una persona sufre las consecuencias adversas de riesgos desproporcionados (pues existen riesgos jurídicamente soportables por el hecho mismo de vivir en sociedad), el Estado puede ver comprometida su responsabilidad.

Se advierte que dicho “deber estatal - que no se debe confundir en ningún caso con el deber general de las autoridades de proveer las condiciones de seguridad pública requeridas en el país- consiste en la obligación de identificar el nivel de riesgo que gravita sobre las personas, y adoptar las medidas preventivas y protectivas individuales que sean necesarias y suficientes en cada situación particular, para evitar que el riesgo extraordinario al que la persona está sometida se materialice. Por esta razón, como se vio, las autoridades cuentan con un nivel importante de discrecionalidad para determinar las medidas de seguridad a tomar, dentro de los cauces establecidos por la ley; pero incluso en caso de que no exista una norma legal específica y directamente aplicable, deberán hacer cuanto esté a su alcance, aplicando un grado especial de diligencia, para proveer la seguridad requerida por las personas, como manifestación directa de sus deberes constitucionales más básicos” (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que:

“las circunstancias en las cuales se puede invocar y hacer aplicable el derecho a la seguridad personal, en tanto derecho a recibir protección estatal frente a riesgos extraordinarios que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar, dependen esencialmente del caso concreto, y deben ser evaluadas como un todo, desde una perspectiva integral, para establecer la naturaleza, alcance, intensidad y continuidad de los riesgos que gravitan sobre cada individuo.

(…)

Dado el rol central que juegan las autoridades competentes en cuanto a (i) la detección del riesgo que gravita sobre una persona, (ii) la determinación de su grado de intensidad, (iii) la identificación del derecho fundamental bajo cuya órbita de protección específica se encuentra el individuo afectado, y (iv) la identificación y puesta en práctica de las medidas a aplicar, la Sala precisa que el derecho a la seguridad personal genera, entre otras, las siguientes obligaciones constitucionales para las autoridades, frente a quien se ve potencialmente afectado por un riesgo extraordinario:

La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado.

La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.

La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.

La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz.

La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.

La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.

La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados.

A fin de que las prestaciones necesarias en cada situación concreta para garantizar el derecho a la seguridad personal sean exigibles al Estado, es preciso invocar o probar sumariamente los hechos que apuntan hacia la existencia de un riesgo extraordinario. Estos se refieren, principalmente, a aspectos o condiciones que deben estar presentes en el caso concreto, que en ese sentido operan como desencadenantes jurídicos de la protección otorgada por el derecho fundamental a la seguridad personal:

(a) el primero es el carácter del riesgo respecto del cual se pide protección, sea ante las autoridades administrativas competentes o, en subsidio, ante las autoridades judiciales. Como se vio, tal riesgo debe ser extraordinario, y caracterizarse por ser específico, individualizable, concreto, presente, importante, serio, claro, discernible, excepcional y desproporcionado; y

(b) el segundo es la situación de vulnerabilidad o especial exposición al riesgo en que se encuentra(n) la(s) persona(s) afectada(s). Tal situación puede surgir de diversas causas, que habrán de ser analizadas caso por caso. Sin embargo, existen ciertas categorías de personas que, por sus condiciones mismas, están expuestas a riesgos de una intensidad tal que es altamente factible que llenen todas o la mayoría de las características arriba señaladas, por lo cual deberán ser objeto de especial atención por las autoridades competentes; tal es el caso, por ejemplo, de quienes se ven expuestos a riesgos extraordinarios en virtud de (i) su cargo o función (como un alto funcionario), (ii) el tipo de tareas o actividades que desarrollan (como defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, docentes o, como se vio en un caso decidido por el Consejo de Estado, conductores de bus en zonas de conflicto armado), (iii) el lugar geográfico en el que se encuentran o viven, (iv) su posición política de disidencia, protesta o reivindicación (tal es el caso de las minorías políticas y sociales), (v) su colaboración con las autoridades policiales o judiciales para el esclarecimiento de delitos, (vi) su distanciamiento o separación de los grupos armados al margen de la ley (como sucede con los “reinsertados” o “desmovilizados”), (vii) su situación de indefensión extraordinaria (como ocurre con las personas en condiciones de indigencia o los desplazados por el conflicto interno), (viii) encontrarse bajo el control físico de las autoridades (tal como sucede con quienes se encuentran privados de su libertad o con los soldados que prestan su servicio militar obligatorio), o (ix) ser niños, titulares de derechos fundamentales prevalecientes y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, esta Subsección planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: “i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había conocimiento generalizado de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de circunstancias particulares respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de riesgo constante; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño”.

Dichos criterios, se entiende, deben ser analizados en cada caso particular para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la violación del derecho a la seguridad personal del afectado cuya reparación se reclama, puesto que, ni la posición intuito personae de la víctima - condiciones personales y sociales- ni el estado de anormalidad del orden público - violencia generalizada-, son suficientes por sí solas para endilgar responsabilidad en la Nación.

Al efecto, es preciso recordar que por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso -de manera regular y oportuna- la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias.

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del CC) como en la procesal civil colombiana (art. 177 del CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

Con sujeción a estos lineamientos, esta Subsección se abstendrá en el sub lite de endilgar responsabilidad a la Nación a título de falla en el servicio por omisión en el deber de protección, pues la prueba que obra en el plenario y que se refiere a la solicitud elevada ante el Ministerio Público, se refirió únicamente a la amenaza sobre la vida e integridad personal del señor Libreros Muñoz y la de su familia, derechos que no se probó que hubieran sido vulnerados, pues en su demanda, el actor puso en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado con el fin de que se resarcieran los perjuicios causados a su propiedad durante un combate entre fuerzas ilegales y no a su vida o integridad personal.

Ahora, dado que la demandada alegó la configuración del hecho exclusivo y determinante de un tercero como causal eximente de responsabilidad, la Subsección reitera que para que ésta tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la conducta desplegada sea exclusiva (única) y determinante (adecuada), condiciones ambas que se cumplen en el presente caso, de acuerdo con lo constatado tanto en los testimonios como en la certificación expedida por el personero municipal, por lo que así se declarará. Lo anterior, por cuanto las causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) traen como consecuencia la imposibilidad jurídica de imputar a la administración responsabilidad alguna por los daños ocurridos por su acción u omisión.

Sin embargo, ante la evidencia de que la destrucción de la propiedad del señor Libreros Muñoz se ocasionó durante un enfrentamiento armado entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia por obtener el control territorial, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, incluir –en caso de no estar ya incluido- en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente al señor Libreros Muñoz y su núcleo familiar en la calidad que logren demostrar, para que a su nombre se inicien las acciones a que tengan derecho. Igualmente se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas que los incluyan en el Registro Único de Víctimas –en caso de que no estén ya registrados-, de manera tal que puedan acceder, igualmente, a los programas de los que puedan ser beneficiarios.

La condena en costas

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Modificar la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), la cual quedará así:

“PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Sandra Milena Correa Torres.

SEGUNDO: Declarar configurado el hecho del tercero como causal eximente de responsabilidad.

TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente al señor Edgar Libreros Muñoz y su núcleo familiar en los términos de la ley 1448 de 2011.

QUINTO: Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas incluir en el Registro Único de Víctimas al señor Edgar Libreros Muñoz y su núcleo familiar en los términos de la ley 1448 de 2011”.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

CUARTO: Ordenar que por Secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del C.P.C.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala

GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaro voto

ACLARACIÓN DE VOTO DEL HONORABLE CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

PERJUICIOS MORALES-Deben ser probados y en cada caso el juez debe estudiar las pruebas que acrediten su existencia. PRESUNCIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Altera desproporcionadamente la carga probatoria en perjuicio de las entidades demandadas y el patrimonio público. DAÑOS CAUSADOS EN ENFRENTAMIENTOS DE GRUPOS ILEGALES-Configura hecho exclusivo y determinante de un tercero y solo es posible atribuir responsabilidad si se prueba falla del servicio / PROPIEDAD DE INMUEBLES- Reiteración de la aclaración de voto 35342 de 2016 numeral 1 / POSICIÓN DE GARANTE-Reiteración de la aclaración de voto 33494 de 2016. NOCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO- Reiteración aclaración de voto 41679 de 2018.

Dada la naturaleza misma del perjuicio moral, no resulta posible su prueba directa, no obstante, deberá acreditarse mediante indicios que lleven al fallador a la convicción de su existencia e intensidad. Más que una genuina “presunción” en realidad se está delante de hechos que se prueban mediante indicios. Una inferencia que si bien está fundada en reglas de la experiencia, debe ser construida por el juez, caso por caso, siempre que existan los elementos necesarios para aplicar tal regla de la experiencia y, por supuesto, siempre que no obre otra prueba que permita concluir lo contrario. Por ello nos preguntamos ¿ese simple criterio de apreciación vincula al fallador como se ha venido entendiendo? Más aún ¿vincula a los jueces inferiores? (…) 16) Estimo que en los eventos en los cuales se prueba que el daño es producto de enfrentamientos entre grupos ilegales se configura una causa extraña consistente en la culpa exclusiva y determinante de un tercero que impide imputar responsabilidad al Estado, el cual solo podrá ser condenado si se acredita una falla del servicio: ¿En un Estado de derecho los delitos pueden ser fuente general de las obligaciones del Estado, con cargo al erario que es de todos?

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03028-01(43512)

Actor: EDGAR LIBREROS MUÑOZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque acompañé la decisión adoptada en la providencia de 11 de marzo de 2019, que negó las pretensiones de la demanda, aclaro voto.

1. La jurisprudencia ha sostenido la existencia de una “presunción”, frente al perjuicio moral que sufren los padres, los hijos, hermanos y cónyuges de la víctima directa del daño. Se trata en realidad de una “presunción de hombre” que admite -por supuesto- prueba en contrario.

Dada la naturaleza misma del perjuicio moral, no resulta posible su prueba directa, no obstante, deberá acreditarse mediante indicios que lleven al fallador a la convicción de su existencia e intensidad. Más que una genuina “presunción” en realidad se está delante de hechos que se prueban mediante indicios. Una inferencia que si bien está fundada en reglas de la experiencia, debe ser construida por el juez, caso por caso, siempre que existan los elementos necesarios para aplicar tal regla de la experiencia y, por supuesto, siempre que no obre otra prueba que permita concluir lo contrario. Por ello nos preguntamos ¿ese simple criterio de apreciación vincula al fallador como se ha venido entendiendo? Más aún ¿vincula a los jueces inferiores?

2. En el acápite 3.4 el fallo afirma, frente a daños causados por enfrentamientos de los grupos ilegales, que “en ocasiones se rompe el principio de igualdad antes las cargas públicas” circunstancia que genera responsabilidad del Estado (f. 15 y 16).

Estimo que en los eventos en los cuales se prueba que el daño es producto de enfrentamientos entre grupos ilegales se configura una causa extraña consistente en la culpa exclusiva y determinante de un tercero que impide imputar responsabilidad al Estado, el cual solo podrá ser condenado si se acredita una falla del servicio: ¿En un Estado de derecho los delitos pueden ser fuente general de las obligaciones del Estado, con cargo al erario que es de todos?

3. Frente a la prueba sobre la propiedad, la posición de garante y la noción de daño antijurídico me remito al numeral 1 de la aclaración de voto 35342 de 2016, 2 de la aclaración de voto 33494 de 2016 y a la aclaración de voto 41679 de 2018, respectivamente.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Folio 111 del cuaderno principal. Folio 124 del cuaderno principal. Folio 126 del cuaderno principal. Folio 129 del cuaderno principal. Folio 131 del cuaderno principal. Folio 139 del cuaderno principal. Folio 146 del cuaderno principal. Folio 241 del cuaderno principal. Folio 245 del cuaderno principal. Folio 248 del cuaderno principal. Folio 259 del cuaderno principal. Folio 261 del cuaderno principal. Folio 264 del cuaderno principal. Folio 371 del cuaderno principal. Folio 375 del cuaderno principal. Folios 372 y 402 del cuaderno principal. Folio 450 del cuaderno principal. Folio 440 del cuaderno principal. Folio 453 del cuaderno principal. Folio 457 del cuaderno principal. Folio 459 del cuaderno principal. Folio 460 del cuaderno principal. Folio 469 del cuaderno principal. De acuerdo con lo consignado en el artículo 40 de la ley 446 de 1998, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia debía superar los 500 smlmv para la época de la interposición de la demanda. La demanda se interpuso en el año 2004 cuando el salario mínimo era $358,000. En el sub lite, la mayor pretensión superaba los $21,000’000,000, suma alegada como perjuicios materiales por el señor Edgar Libreros Muñoz. Es preciso advertir que el artículo 308 de la ley 1437 de 2011, dice que el nuevo Código “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Folio 15 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 30 de enero de 1957 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 90 del cuaderno principal: Escritura pública Nro. 2007 del 6 de mayo de 1994 en la que consta la compraventa de los derechos de dos de los copropietarios en un 10% y un 50% respectivamente, sobre los predios con folio de matrícula inmobiliaria Nros. 372-001-5512 y 372-000-8719 y su correspondiente englobe definitivo para resultar en un total de 39 hectáreas con 7370 metros cuadrados, predio rural localizado en jurisdicción del municipio de Buenaventura, del corregimiento de Bajo Calima, mejorado con una casa de habitación, toda en madera, dotada de dormitorios, cocina, corredores, servicios sanitarios, energía eléctrica, lagos varios para cultivos de peces tropicales y demás, con cultivos intensivos de borojó, chontaduro, guayabilla, anón de la selva, chirimoya, parte en producción, parte en levante. La propiedad está en común y proindiviso repartida en partes iguales entre Edgar Libreros Muñoz y Jorge Horacio Hurtado Narváez
Folio 84 del cuaderno principal: Escritura pública Nro. 743 del 9 de marzo de 1990 en la que consta la compraventa en favor de Edgar Libreros Muñoz y Harold Libreros Muñoz, de un lote de terreno de 8 hectáreas con 5500 metros ubicado en el paraje La Colonia, inspección de policía Bajo Calima, corregimiento Bajo Calima, Jurisdicción del municipio de buenaventura, departamento del vale del Cauca, que hacía parte integrante de otro de mayor extensión llamado El Sufrimiento y que en adelante se llamara Frupacífico con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 372-0008-723
Folio 87 del cuaderno principal: Escritura pública Nro. 749 del 16 de noviembre de 2002 en la que consta el trabajo de partición y adjudicación de bienes en la sucesión de María Santo hurtado de Riascos, de acuerdo con el cual “tanto el cónyuge sobreviviente como todos los herederos legitimarios de la causante en agosto 9 de 1991 extendieron en la Notaría Única de Buenaventura la escritura pública No. 2413 relativa a la venta a Edgar Libreros Muñoz de todos los derechos que a título de gananciales y de herencia les correspondía (…).

Ha de tenerse en cuenta que solo existe un bien inmueble materia de los inventarios y avalúos (…) denominado La Unión ubicado en el paraje Calima, Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, de una extensión de cuarenta y cinco hectáreas y siete mil cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados (45 hctas 7.424 m2), con folio de matrícula inmobiliaria 372-000-2951
Folio 97 del cuaderno principal: Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble con cédula catastral 372-0023-123, predio rural ubicado en el corregimiento del Bajo Calima conocido como Agrícola del Pacífico, abierto el 30 de junio de 1994 con base en la escritura Nro. 2007. Folio 31 del cuaderno 4. Folio 50 del cuaderno 4. Folio 199 cuaderno 2. Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia del 13 de mayo de 2014; Exp. 23128. Folio 30 del cuaderno 4. Folio 11 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 21 de octubre de 1987 hija de Edgar Libreros Muñoz y Sandra Milena Correa Torres. Folio 10 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 17 de mayo de 1984 hija de Edgar Libreros Muñoz. Folio 12 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 23 de enero de 1996 hijo de Edgar Libreros Muñoz. Folio 7 del cuaderno principal: partida de bautismo en la que consta que nació el 26 de octubre de 1926. Folio 8 del cuaderno principal: partida de bautismo en la que consta que nació el 16 de marzo de 1929. Folio 14 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 17 de octubre de 1955 hija de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 16 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nación el 19 de febrero de 1958 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 18 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 21 de marzo de 1962 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 17 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 8 de septiembre de 195[ilegible], hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 19 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 14 de septiembre de 1963 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 20 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 20 de junio de 1965 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 13 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 6 de junio de 1954 hijo de Edgar Libreros y Carmen Muñoz. Folio 9 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 21 de agosto de 1967. Folio 124 del cuaderno principal: corrección de la demanda. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de abril de 2000; Exp. 11892. Folio 38 del cuaderno principal. Folio 52 del cuaderno 5. Folio 304 del cuaderno principal. Folio 339 del cuaderno principal. En el folio 112 del cuaderno 2 obra el dictamen pericial rendido por Humberto Blanco Rivera el 10 de junio de 2009; y a folio 141, obra el rendido por Adolfo Eliecer Gómez. Folio 348 del cuaderno principal. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de marzo de 2008; Exp. 14443. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 2011; Exp. 20750.
“En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa.

Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas. Ídem. Pág. 243 y 244. Sentencia T-719/03
Sentencia T-719/03
incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972
aprobado mediante Ley 74 de 1968
Sentencia T-719/03
En el mismo sentido lo establece la ley 62 del 12 de agosto de 1993: Artículo 1°: “FINALIDAD. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos (…)”. Artículo 5°: “DEFINICIÓN. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana (…)”. Con independencia de todas las demás normas que modifican y adicionan las funciones de la Policía Nacional, tales como los decretos 180 de 1988, 813, 814, 815 y 1194 de 1989.
“Entre tales derechos, los más básicos para la existencia misma de las personas son la vida y la integridad personal, establecidos en los artículos 11 y 12 Superiores; por ello, el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido ser la provisión efectiva de las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona”. Sentencia T-719/03
Sentencia T-719/03
La ley 418 de 1997, con el objetivo de restablecer el orden público ofreciendo beneficios jurídicos y administrativos a quienes cometieron delitos políticos , crea una serie de programas que beneficiaban a las víctimas de ataques terroristas en el sentido de ofrecer la asistencia que permitiera la generación de nuevas capacidades de desarrollo, en el marco del conflicto armado interno. Con la ley 975 de 2005, creada para ofrecer beneficios políticos y administrativos a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, se impusieron nuevos retos relacionados con el reconocimiento de la comisión de éste tipo de delitos en el marco de la violencia generalizada. Gracias a dicha ley, se introdujeron en el discurso tanto gubernamental como social, conceptos relacionados con procesos de justicia transicional tales como los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sin embargo resultaba confusa la utilización misma del término Justicia Transicional por cuanto la experiencia internacional mostraba que se trataba de un conjunto de herramientas a ser utilizadas en condiciones de postconflicto.
“Nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar. Es este nivel el de los riesgos extraordinarios, que las personas no están jurídicamente obligadas a soportar, por lo cual tienen derecho a recibir protección especial de las autoridades frente a ellos.

Para determinar si un riesgo tiene las características y el nivel de intensidad suficiente como para catalogarse de extraordinario y justificar así la invocación de un especial deber de protección estatal, es indispensable prestar la debida atención a los límites que existen entre este tipo de riesgo y los demás. Así, el riesgo en cuestión no puede ser de una intensidad lo suficientemente baja como para contarse entre los peligros o contingencias ordinariamente soportados por las personas; pero tampoco puede ser de una intensidad tan alta como para constituir un riesgo extremo, es decir, una amenaza directa contra los derechos a la vida e integridad personal de quien se ve sometido a él. En esa medida, los funcionarios estatales ante quienes se ponga de presente la existencia de determinados riesgos, deberán efectuar un importante ejercicio de valoración de la situación concreta, para establecer si dichos riesgos son extraordinarios. Para establecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades tiene una intensidad suficiente como para ser extraordinario, el funcionario correspondiente debe analizar si confluyen en él algunas de las siguientes características: (i) debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico; (ii) debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas; (iii) debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual; (iv) debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor; (v) debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable; (vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso; (vii) debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que deba ser soportado por la generalidad de los individuos; y (viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo” (T-719/03). Sentencia T-719/03
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 31 de enero de 2011; Exp. 17842
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de noviembre de 2012; Exp. 25225
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de mayo de 2007; Exp. 24972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009; Exp. 17145, entre muchas otras. Folios 8 y ss del cuaderno 5 de pruebas. Folio 229 del cuaderno principal. Sobre el valor probatorio de la certificación emitida por el personero municipal que da cuenta de la pérdida de bienes pertenecientes al señor Libreros Muñoz, se tiene que para la época de los hechos el artículo 18 de la ley 418 de 1997 exigía a las víctimas de la violencia política que pretendían beneficiarse de los programas asistenciales creados para mitigar o impedir la agravación o la extensión de los efectos de los daños (artículo 7 de la ley 782 de 2002), una certificación emitida por la alcaldía o la personería municipal en la que se diera cuenta de las circunstancias en las que se sufrieron los daños. En dicho marco normativo, son víctimas de la violencia política los integrantes de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco de los enfrentamientos y acciones criminosas a manos de grupos armados organizados al margen de la ley, además de las incluidas en el artículo 49 de la misma ley referidas a quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personal, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objeto de amenazas de agresiones de esta naturaleza.

En todo caso, de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T-417 de 2006, se trata simplemente de una calificación de los hechos como consecuencia del conflicto armado interno, que estaría sujeta a posterior evaluación de la autoridad competente. Artículo 103 de la ley 1148 de 2011. Artículo 76 de la ley 1448 de 2011.

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