Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-00569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de controversias contractuales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-00569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2005-00569-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
16 de mayo de 2019
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2010, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, consagró que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. (…) Así mismo, el proceso ostenta vocación de doble instancia puesto que tiene como cuantía estimada el valor de los contratos dejados de celebrar con Caprecom (…) establecidos en el artículo 132 – numeral 5° del Código Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 1107 DE 2006 – ARTÍCULO 1 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 132 NUMERAL 5
CAUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATA
De esta disposición se desprende, sin duda, que la naturaleza de la acción de controversias contractuales reviste una particular amplitud en cuanto al contenido de lo pedido en el libelo, pues la norma solo limita su alcance en cuanto exige que quien demande sea parte en el contrato estatal y la controversia recaiga sobre ese negocio jurídico. En esa medida, son de controversia contractual las pretensiones de Caprecom, en cuanto se encaminan a la nulidad de un acto administrativo que considera como de terminación unilateral del contrato y a que se declare la obligación del municipio de Zarzal de proseguir con la relación contractual. (…) En ese orden de ideas, el término de caducidad que operaba en el presente asunto era el previsto en el artículo 136, numeral 10 del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998-, el cual establece que las acciones relativas a contratos deben interponerse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44
SUCESIÓN PROCESAL – De la Fiduprevisora SA / ALCANCE DE LA SUCESIÓN PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONFIGURACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL
En el presente caso, la sucesión procesal de la extinta Caprecom radica en la sociedad fiduciaria La Previsora S.A. como administradora de su patrimonio autónomo de remanentes –PAR-, designación que fue establecida en el artículo 2° del Decreto 2192 de 2016, por lo que resulta necesario reconocer a esta sociedad como sucesora procesal del mencionado ente estatal, lo que será declarado por la Sala en la presente sentencia, a la luz del citado artículo 60 ibídem.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2192 DE 2016 – ARTÍCULO 2
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Entidad estatal como sujeto pasivo
En este punto, debe advertirse que si bien, la legitimación del ex alcalde del municipio y el ex director de salud se origina en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –que establece la posibilidad de que el actor pueda demandar a la entidad, al servidor público o a los dos-, ello debe guardar consonancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto a que se debe tener siempre en cuenta que la responsabilidad patrimonial frente a la víctima recae exclusivamente en el Estado, mientras que la del servidor público solo operaría frente a la autoridad estatal.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
VALOR PROBATORIO DE LA COPIA SIMPLE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Previo al desarrollo de este punto, vale la pena señalar que las copias simples que han militado en este proceso sin ser tachadas por los sujetos procesales son susceptibles de valoración probatoria, a la luz de lo que al respecto señaló la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, en la cual se determinó, precisamente, que serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la valoración probatoria de la copia simple, consultar l respecto, consultar sentencia, del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022 C. P: Enrique Gil Botero.
CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ARS / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – No renovado
Mediante resolución 1095 de 29 de abril de 1996, el Departamento Administrativo de Salud del Valle del Cauca seleccionó e inscribió, entre otras, a Caprecom para que operara como ARS en dicho departamento (…) Entre las obligaciones a cargo de la administradora del régimen subsidiado (ARS) Caprecom -previstas en la cláusula tercera-, se estableció la de disponer y mantener un sistema que informara permanentemente sobre el número de afiliados con sus respectivas identificaciones, y la de entregarles a los prestadores de salud y al municipio las bases de datos de los usuarios, discriminando entre nuevos y antiguos. (…) En los contratos aludidos, las partes guardaron silencio sobre la posibilidad de su prórroga, renovación, refrendación o continuidad después de la fecha prevista para su terminación. (…) Aunque las partes nada establecieron sobre la eventual terminación unilateral de los contratos por parte del municipio, se indicó que se entenderían incorporadas a tales negocios jurídicos las cláusulas excepcionales al derecho común, con excepción de la de caducidad. Adicionalmente, en cada contrato se reconoció la facultad de la entidad contratante para imponerle multas a Caprecom, en caso de incumplimiento parcial debidamente certificado por la interventoría.
CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ARS / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – No renovado
De conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda, así como el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia, en el presente asunto le corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo contenido en el oficio 19 de febrero de 2003, expedido por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, debe ser declarado nulo por haberse proferido con violación del debido proceso, desviación de poder, falsa motivación y en detrimento de los derechos de Caprecom, quebrantando las normas referidas en el libelo.
RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Beneficiario / SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIO / COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
La Ley 100 de 1993 instituyó en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual comprende dos categorías o modalidades de afiliación, a saber, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Este último, está definido en el artículo 211 de la misma ley como el conjunto de normas que regulan la vinculación de las personas a ese sistema, cuando la afiliación se efectúa mediante el pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con los recursos fiscales o de solidaridad allí previstos. De acuerdo con el artículo 213, es beneficiaria del régimen subsidiado de salud “toda la población pobre y vulnerable” del país. En armonía con ello, el artículo 157, literal A de la Ley 100 de 1993
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 211 / DECRETO 2357 DE 1995 – ARTÍCULO 2 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 213 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 157 LITERAL A
CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / FOSYGA
Para la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud –provenientes del FOSYGA y de otras fuentes previstas en la norma-, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993 les asignó a las entidades territoriales, a través de las direcciones locales, distritales y departamentales de salud, la función de suscribir contratos de aseguramiento en salud con las Entidades Promotoras de Salud -EPS- encargadas de afiliar a los beneficiarios.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 215
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ARS
Mediante el acuerdo 77 de 20 de noviembre de 1997, el CNSSS definió la forma y las condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En lo atinente al régimen subsidiado, el mencionado acuerdo fijó los parámetros y procedimientos para la identificación de la población afiliada, para luego establecer lo correspondiente a la contratación. Respecto de este punto, dispuso que los “contratos de aseguramiento” debían ser celebrados por la dirección de salud de la respectiva entidad territorial, una vez la alcaldía municipal o la dirección de salud verificara el listado de afiliados entregado por la ARS.
FUENTE FORMAL: LEY 1122 DE 2007
CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ARS – Regulación normativa
Tales contratos de aseguramiento –así denominados en la norma- se regirían por el derecho privado, podían incluir cláusulas exorbitantes y estarían sujetos tanto al cumplimiento de los requisitos por parte de las ARS, como a la elección de administrador, hecha por los afiliados.(…) De conformidad con el artículo 30 del acuerdo, los contratos del régimen subsidiado se debían celebrar por un año, en períodos que transcurrirían entre el 1° de abril y el 31 de marzo del siguiente año, y entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre del siguiente año. (…) Para los contratos de aseguramiento que comenzaran a operar el 1° de abril de 2003, el acuerdo 244 de 2003 estableció un régimen de transición dispuesto y regulado en los artículos 58 y 59.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 244 DE 2003 – ARTÍCULO 58 / ACUERDO 244 DE 2003 – ARTÍCULO 59
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ARS – Funciones
Respecto del régimen subsidiado, el Decreto 1804 de 1999 les asignó a las ARS diversas funciones atinentes a la garantía de la prestación del servicio, la cobertura a la población beneficiaria, el aseguramiento de los riesgos en salud, el manejo e información del POS, la disminución de ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad, entre otras obligaciones; al tiempo que estableció los requisitos que debían reunir las personas jurídicas interesadas en operar como ARS y las condiciones que debían cumplirse para la continuidad en el servicio.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1804 DE 1999
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – Regulación / RÉGIMEN SUBSIDIADO / FOSYGA
Mediante acto legislativo 1° de 2001, se implementó el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, que contendría los mecanismos para atender los servicios públicos a cargo de tales entidades territoriales y para financiar de manera adecuada su prestación. En desarrollo de ese nuevo sistema se expidió la Ley 715 de 2001, la cual reguló, entre otros aspectos, lo relativo a las transferencias de recursos en materia de educación y salud, así como la obligación en cabeza de las entidades territoriales, de adelantar planes de prevención en salud. (…) Por su parte, el Decreto 50 de 13 de enero de 2003 estableció medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado, cuyas fuentes principales eran, en ese momento, el Sistema General de Participaciones y la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –FOSYGA-.
FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2001 / LEY 715 DE 2001
DEMORA EN PAGOS EN EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / ARS
Al regular lo referente al flujo de los recursos entre las entidades territoriales y las ARS, el decreto previó en su artículo 36, varias consecuencias jurídicas surgidas por la mora que llegaran a reportar tales ARS frente a las instituciones prestadoras del servicio de salud.
FUENTE FORMAL: DECRETO 50 DE 2003 – ARTÍCULO 36
ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Naturaleza / RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
Significa lo anterior que fue en razón del contrato en ejecución que la entidad territorial profirió la decisión unilateral de no renovar el acuerdo de voluntades entre las partes, para la administración de los recursos del régimen subsidiado, y es precisamente esa circunstancia la que le otorga la naturaleza de acto administrativo contractual puesto que, si no hubiera existido el contrato que en ese momento vinculaba a las partes, por sustracción de materia, no tendría sentido alguno la manifestación de voluntad expresada por la entidad, toda vez que sólo podía negar la renovación de un contrato existente y en ejecución. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 21 de junio de 2018, Exp. 38243. C.P. María Adriana Marín.
RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
Al respecto, para la Sala, a través del acto administrativo demandado, el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, no ejerció la facultad exorbitante de terminación unilateral del contrato, en tanto que por medio del citado acto se decidió la no renovación de los negocios jurídicos de aseguramiento para la administración de recursos del régimen subsidiado con Caprecom, los que, vale aclarar, se terminaban por vencimiento de su plazo el 31 de marzo de 2003, es decir, la decisión fue la de no celebrar con dicha ARS nuevos contratos para el período de contratación que iniciaba el 1° de abril de ese mismo año.
RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
Si bien, tanto la Ley 100 de 1993 como el acuerdo 77 de 1997 establecieron que los contratos de aseguramiento en salud se regirían por el derecho privado, no es menos cierto que dicha contratación estaba sujeta a requisitos y condiciones especiales previstos en todo el ordenamiento relativo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que la finalidad de tales contratos no se circunscribía a que se materializara la voluntad privada de las partes, sino a la garantía de unos derechos reconocidos a la población pobre y vulnerable, beneficiaria de los subsidios del sistema de salud en cuyo marco se celebraron los negocios jurídicos.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 77 DE 1997
DEMORA EN PAGOS EN EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – Causal de no renovación del contrato / ARS / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL -
Es así que el artículo 36 del Decreto 50 de 2003 disponía que la mora de las ARS en los pagos adeudados a la red prestadora de servicios de salud –habiendo recibido los recursos correspondientes a las UPC de los afiliados- habilitaba a las entidades territoriales para no renovar los contratos ya existentes con las ARS infractoras. Tal renovación no podía entenderse –como equivocadamente lo hizo la actora- como un derecho allí declarado en favor de las administradoras, sino como aquella referida en el artículo 13 del acuerdo 77 de 1997, para cuando los afiliados no manifestaran su voluntad de cambiar de operadora de los subsidios de salud.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 77 DE 1997 – ARTÍCULO 13
RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
Aunado a lo dicho, de conformidad con el artículo 58 del acuerdo 244 de 2003, para los contratos de aseguramiento que finalizaban el 31 de marzo de 2003 no existía el derecho a la renovación automática; por el contrario, los contratos cuya vigencia iniciaba el 1° de abril de 2003 debían estar precedidos del proceso de selección, que debía ser efectuado entre las ARS que acreditaran los requisitos para la prestación del servicio.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 244 DE 2003 – ARTÍCULO 58
RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
Caprecom estaba incumpliendo con los pagos por la prestación de los servicios de salud con el Hospital San Rafael del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y otros centros de salud, circunstancias que autorizaban al municipio para no continuar con la contratación correspondiente, por no evidenciarse garantía alguna del buen manejo de los recursos del régimen subsidiado de salud lo cual y que, por consiguiente, ponía en peligro la efectiva prestación del servicio a la población vulnerable, destinataria de los subsidios.
HABILITACIÓN DE ARS / ARS
El Decreto 2309 de 2002 definió en el artículo 9°, el sistema único de habilitación como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada. Además, advirtió que la habilitación sería revocada cuando se incumpliera cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2309 DE 2002 – ARTÍCULO 9
HABILITACIÓN DE ARS / ARS – Funcionamiento sin habilitación genera riesgo
Por lo tanto, la contratación realizada por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, sin la condición de habilitación, podría haber generado un riesgo en la prestación del servicio público a los afiliados, pues para la fecha de expedición del acto administrativo 326, la Superintendencia Nacional de Salud concluyó que Caprecom no cumplía con “los requisitos mínimos exigidos por la ley para operar como administradora de los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dado que no cuenta con una infraestructura administrativa y financiera para desarrollar su función básica, cual es la de ‘organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía’, definida en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993”.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 177
RENOVACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – No renovación / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
La Sala estima pertinente reiterar que la renovación de los contratos de aseguramiento en salud no constituye, implica ni entraña un derecho en cabeza de las aseguradoras del régimen subsidiado de salud, ni está prevista en el marco legal del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un desarrollo de las normas que rigen la contratación privada -que permiten a las partes estipular cláusulas que amplíen o restrinjan a voluntad, el término de duración del contrato-. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la exigencia de la autorización expresa de la Superintendencia Nacional de Salud para la renovación de los contratos de aseguramiento para administrar los recursos del régimen subsidiado que iniciaban el 1° de abril de 2003, consultar sentencias de 29 de julio de 2015, Exp. 41325, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y del 23 de noviembre de 2017, Exp. 33955, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN PERSONAL / NOTIFICACIÓN POR EDICTO
En lo que hace relación a la forma como se deben notificar las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo establecen que los actos se deben notificar personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los 5 días siguientes del envío de la citación que se haga al interesado a la dirección que aquél haya anotado en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha para tal propósito. En el evento en que no se pudiere hacer la notificación personal del acto administrativo, se acudirá a la notificación por edicto. El artículo 47 del Decreto 01 de 1984, establece el deber de información de los recursos que proceden en contra del acto administrativo, las autoridades ante quienes se debe interponer y los plazos para hacerlos en la notificación que se haga del mismo.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 45 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 47
INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – No constituye nulidad / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN PERSONAL / NOTIFICACIÓN POR EDICTO
En relación con la indebida o falta de notificación de las decisiones administrativas, esta Corporación ha dicho reiteradamente, que cuando un acto administrativo no ha sido notificado en debida forma o dentro de la oportunidad legal, ello no constituye causal de nulidad del mismo, pues tal hecho sólo afectaría su oponibilidad y eficacia, más no su validez. (…) En ese orden de ideas, si bien es claro que el acto administrativo demandado no indicó los recursos que procedían en su contra, lo cierto es que aquello, por sí solo, no tiene por virtud descreditar la legalidad del acto, en tanto que lo haría inoponible, pero no inexistente o inválido. Esto, a su vez, de conformidad con el tercer inciso del artículo 135 del Decreto 01 de 1984, habilitaría al interesado a demandar directamente, lo que no quiere significar que afecte su legalidad. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 9 de diciembre de 2013, expediente 47783, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido: Sección Primera, sentencia del 09 de septiembre de 2004, Exp. 2002-90012, C.P. Rafael E. Oustau de Lafont Pianeta; Sección Quinta, Sentencia del 26 de julio de 2018, Exp. 25000-23-24-000-2008-00310-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 135
MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha enfatizado en que la motivación es un elemento estructural del acto administrativo, a tal punto que su ausencia acarrea la nulidad de la decisión. (…) Por tanto, es preciso siempre que la autoridad pública exponga clara y verazmente el motivo de sus decisiones, no solo como garantía de respeto a los derechos del administrado afectado con lo resuelto, sino porque es deber de las entidades estatales cumplir y atender los principios constitucionales que dan fundamento al Estado Social de Derecho. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de 18 de mayo de 2006, Exp. 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, del 18 de marzo de 2010, Exp. 17452, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 12 de noviembre de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2000-01335-01(28505). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – No desvirtuada
En conclusión a todo lo dicho, la presunción de legalidad que reviste a el acto administrativo demandado en el sub-lite no fue desvirtuada por el apelante, en atención a que los supuestos fácticos aplicados justifican la decisión adoptada por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y, por ende, no puede afirmarse que en la decisión impugnada se hubiese incurrido en violación del debido proceso, falsa motivación, desviación de poder, o que resulte contraria a la normatividad en la que debió fundarse.
CONDENA EN COSTAS – Improcedente al no advertirse temeridad o mala fe
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-31-000-2005-00569-01(39541)
Actor: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-
Demandado: MUNICIPIO DE ZARZAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL
Temas: CONTRATO DE ASEGURAMIENTO - Régimen subsidiado de salud – finalidad - requisitos para su suscripción / RENOVACIÓN DEL CONTRATO – No está prevista como un derecho de la ARS – surge por la concurrencia de condiciones previstas en la ley, relacionadas con los derechos de los afiliados.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Entre 1996 y el 31 de marzo de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom- fungió como administradora del Régimen Subsidiado de Salud –ARS- en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. La entidad territorial venía celebrando periódicamente los respectivos contratos de aseguramiento con Caprecom, pero mediante oficio de 19 de febrero de 2003 decidió que, a partir del 1° de abril de ese año, no celebraría contrato alguno con esa empresa para la operación del sistema.
Para la fecha en que fue expedida esa decisión, Caprecom estaba incumpliendo con los pagos a las prestadoras del servicio de salud; así como, había sido sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud con el retiro de la autorización que le permitía operar los regímenes contributivo y subsidiado. Sin embargo, la empresa afirmó que el municipio incurrió en violación del debido proceso, obró con desviación de poder e incurrió en falsa motivación, en tanto que tenía derecho a que le fueran renovados los contratos de aseguramiento para la administración del régimen subsidiado, en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.
II. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
Mediante demanda presentada el 21 de febrero de 2005 (fls. 61-82 c. 1), la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (en adelante Caprecom), por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c. 1), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, presentó demanda ordinaria en contra del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
1°. Que se declare la nulidad de los actos administrativos (sic) contenido en el oficio con fecha 19 de febrero de 2003, suscrito por el alcalde municipal de Zarzal/Valle del Cauca, por medio del cual se declaró de manera ilegal la terminación unilateral de los contratos interadministrativos para la administración de recursos del régimen subsidiado No. ZA02 por 1540 afiliados con vigencia 01 de junio al 31 de marzo de 2003, contrato No. ZA03 por 33 afiliados con vigencia 01 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2003, contrato No. ZA04 por 104 afiliados con vigencia 01 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2003, contrato ZA05 por 500 afiliados con vigencia 01 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2003, contrato No. ZA06 por 517 afiliados con vigencia 01 de octubre de 2002 a 31 de marzo de 2003 y contrato No. ZA07 por 628 afiliados con vigencia 01 de octubre de 2002 a 31 de marzo de 2003.
2°. Que como consecuencia de lo anterior se declare que el municipio de Zarzal/Valle del Cauca, incumplió con la obligación de renovar los contratos interadministrativos del régimen subsidiado suscritos con Caprecom.
3°. Que se condene al municipio de Zarzal, al señor Carlos Enrique Gómez Arboleda, en calidad de ex alcalde del municipio y al señor Ancízar Bejarano Riaño, en calidad de ex director local de salud, al pago de todos los perjuicios causados a mi representado con ocasión de la expedición y de la ejecutoria del acto demandado, con el que se decidió de manera unilateral e ilegal no renovar los contratos de aseguramiento entre el municipio de Zarzal y Caprecom, incluyendo daño emergente y lucro cesante, así como la corrección monetaria y cualesquiera otros índices de ajuste monetario de tales sumas.
4°. Todas las sumas de dinero a reconocerse deberán ser actualizadas, desde el momento mismo en que se presentaron los hechos y hasta que quede en firme la sentencia respectiva.
5°. Que se condene a los demandados al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:
Desde el año de 1996, el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, autorizó a Caprecom para operar el régimen subsidiado de salud en esa población. La caja de previsión estaba habilitada para realizar esa actividad por virtud de las resoluciones 845 de 14 de noviembre de 1995 y 0560 del 27 de marzo de 2001, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
La renovación ininterrumpida de los contratos que vinculaban a Caprecom como operador del régimen subsidiado de salud en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, no se efectuaba por la mera liberalidad del municipio sino porque así lo establecía la ley, con fundamento en el derecho de los beneficiarios a la libre escogencia de la entidad administradora.
Durante el año 2002 y como consecuencia de esa renovación automática amparada por la ley, el municipio de Zarzal y Caprecom celebraron los contratos interadministrativos que se relacionan a continuación:
Contrato
Fecha de inicio de vigencia
Fecha de terminación
Cupos de afiliados
ZA02
1 de junio de 2002
31 de marzo de 2003
1540
ZA03
1 de junio de 2002
31 de marzo de 2003
33
ZA04
1 de junio de 2002
31 de marzo de 2003
104
ZA05
1 de junio de 2002
31 de marzo de 2003
500
ZA06
1 de octubre de 2002
31 de marzo de 2003
517
ZA07
1 de octubre de 2002
31 de marzo de 2003
628
El 21 de marzo de 2003, el señor Carlos Enrique Gómez, en su condición de alcalde de Zarzal, le informó -vía fax- a Caprecom del contenido del oficio de 19 de febrero de 2003, en el que se mencionaba que a partir del 1° de abril de 2003, el municipio ya no contrataría con la empresa para la administración del régimen subsidiado, en tanto que el Hospital San Rafael había informado del incumplimiento en los pagos de los servicios de salud por parte de la ARS, lo cual era suficiente para no renovar dichos negocios jurídicos, de conformidad con el Decreto 50 de 2003.
El acto administrativo contenido en la comunicación no le fue legalmente notificado a la prestadora de servicios de salud ni indicó los recursos que procedían contra lo allí decidido.
Ese mismo día, Caprecom respondió al municipio de Zarzal exponiendo la falta de presupuestos legales para la no renovación, escrito en el que, entre otras cosas, puso de presente la mora en la que se encontraba dicho ente territorial en el pago de los negocios jurídicos suscritos para la prestación de salud.
El 4 de marzo de 2003, el Gerente del Hospital Departamental San Rafael le manifestó al municipio de Zarzal que no conocía el informe supuestamente presentado por esa entidad en relación con el incumplimiento repetitivo en el pago de los servicios de salud por parte de Caprecom.
Insistió en que Caprecom tenía derecho a que le fuera renovada de manera automática la contratación para administrar el régimen subsidiado de salud en el municipio de Zarzal, puesto que a los afiliados se les debía garantizar la continuidad del servicio y su derecho a elegir libremente su ARS, dado que así lo disponía el acuerdo 077 de 1997, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (en adelante CNSSS).
Aunque el acuerdo 077 de 1997 también establecía la contratación del régimen subsidiado de salud por períodos anuales –prorrogables- y fijaba los meses específicos de su vigencia, los “acuerdos 223 y 225”, emanados del mismo CNSS, ampliaron esos términos en forma extraordinaria y fijaron un período excepcional que culminaría el 31 de marzo de 2003. Esa modificación no incidió en los demás aspectos regulados por el acuerdo 077 de 1997, que continuaba vigente.
El Decreto 574 del 15 de marzo de 2003 les suspendió a las entidades territoriales la facultad para autorizar la operación de nuevas ARS, hasta que culminaran los procesos de regionalización y habilitación previstos en el acuerdo 244 del CNSSS.
En desconocimiento de lo anterior, el municipio de Zarzal expidió el acto acusado sin notificar legalmente a la empresa y sin cumplir con las garantías del debido proceso.
Para la época de los hechos –señaló la parte actora-, el municipio de Zarzal se encontraba en mora de cumplir las obligaciones que había contraído con Caprecom, especialmente respecto de los conceptos que le debía pagar por anticipado, con lo cual la entidad infringió el artículo 36 del Decreto 050 de 2003 y lo previsto en la circular 26 del 31 de marzo de 2003, expedida por el Ministerio de la Protección Social, relativa a las condiciones para cambiar de ARS en el municipio.
El 1° de abril de 2003, el municipio de Zarzal celebró contratos con la ARS “Essanar”, por lo que se despojó el derecho de Caprecom de seguir administrando los recursos del régimen subsidiado de 3322 afiliados.
Finalmente, el valor total de los contratos que el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, dejó de suscribir con Caprecom, debiendo hacerlo, ascendió a los $706’946.294,42.
1.1.- Cargos de nulidad
La parte actora expuso como primera causal de nulidad del acto administrativo acusado la infracción de las normas en que debía fundarse y enunció como disposiciones violadas la Constitución Política, el Código Civil y la Ley 100 de 1993, así como los Decretos 2357 de 1995, 050, 163 y 574 de 2003 y los acuerdos CNSSS 77 de 1997, 223 y 225 de 2002, 244 y 258 de 2003 y 284 de 2005.
Señaló que con el oficio de 19 de febrero de 2003 el municipio de Zarzal desconoció el debido proceso y el derecho de defensa, dado que no se notificó en debida forma y no se le dio la posibilidad de interponer los recursos de ley.
Agregó que se incurrió en falsa motivación, ya que el municipio de Zarzal fundó su decisión de no renovación en informes recibidos por el Hospital San Rafael, en los que se manifestaban incumplimientos en el pago de los servicios de salud, lo que quedó desvirtuado con el oficio de 3 de marzo de 2003, en el que ese hospital señaló no conocer de dichos incumplimientos.
Finalmente, aseguró que se obró con desviación de poder porque el alcalde expidió el oficio “sin permitir a Caprecom objetarla”, en tanto que “sustentó el oficio en falacias y argumentos falsos sin verificar la realidad de sus argumentos”.
2.- El trámite de primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia de 17 de junio de 2005 (fol. 87 c. 1), la cual se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fol. vto 87 c. 1).
El municipio de Zarzal, Valle del Cauca, contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Como razones de su defensa manifestó que obró conforme a derecho, en tanto que se había producido un incumplimiento por parte de Caprecom en el pago de las obligaciones dinerarias a los hospitales de la red pública y, de conformidad con el Decreto 50 de 2003, aquello era suficiente para no renovar los contratos con esa ARS (fls. 106 – 128 c. 1).
Frente a la renovación de los contratos, agregó que Caprecom tampoco cumplía con los requerimientos de la normativa vigente para efectos de la suscripción de nuevos contratos de aseguramiento.
Como excepciones propuso las siguientes:
i) Falta de jurisdicción, por considerar que como el contrato ser regía por derecho privado y correspondía a uno de prestación de servicios y no interadministrativo, era claro que la jurisdicción que debía conocer el proceso era la ordinaria.
ii) Inepta demanda, por cuanto la demanda pretendía la nulidad de un acto administrativo que, supuestamente, había terminado unilateralmente la relación contractual, pero era claro que a partir del 1° de abril de 2003 no se suscribió ningún contrato con Caprecom, por lo que la acción contractual no era la adecuada sino la de nulidad y restablecimiento del derecho.
iii) Caducidad, al estimar que como la acción idónea era la de nulidad y restablecimiento del derecho, los 4 meses que tenía el interesado para accionar estaban abiertamente fenecidos.
El señor Carlos Enrique Gómez contestó la demanda oportunamente para oponerse a las pretensiones. Manifestó que las ARS estaban obligadas a acreditar los requisitos legales para poder suscribir nuevos contratos y los usuarios no pertenecían a ninguna de ellas, dado que tenían libertad para escoger la que a bien tuvieran. Agregó, que no tenía que actuar como parte en el proceso, en tanto que no había responsabilidad conexa cuando el actuar estaba precedido de la protección del bien común, aunado a que Caprecom “no demostró que no se encontraba inmerso en causal de incumplimiento”. Por demás, se limitó a transcribir las excepciones y argumentos expuestos por el municipio de Zarzal en su contestación (fls. 113 – 128 c. 1).
El señor Ancízar Bejarano Riaño no contestó la demanda.
Mediante providencia de 8 de septiembre de 2006 (fls. 130-131), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y mediante auto de 30 de mayo de 2008 (fol. 142 c. 1), se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
3.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 19 de mayo de 2010 (fls. 144-165 c. ppal), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró no probadas las excepciones propuestas y negó las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
1.- Declárase infundadas las excepciones propuestas por las partes demandadas.
2.- Niéganse las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión consideró que, de conformidad con el material probatorio recaudado en el plenario, no se acreditó el incumplimiento imputado al municipio de Zarzal y, por el contrario, había prueba de que Caprecom se encontraba en mora con los pagos del Hospital San Rafael, lo cual facultaba al ente territorial para no renovar los contratos de aseguramiento para el régimen subsidiado de salud. Finalmente, agregó que, de todos modos, no existía cláusula de renovación automática de los contratos que obligara al municipio a suscribir nuevos contratos. Así se dijo en el fallo:
En conclusión, encuentra esta Sala de Decisión probado plenamente el incumplimiento del contrato por parte del contratista, adicionalmente no existe cláusula alguna que obligue a la renovación automática del contrato objeto de debate, es decir, que no se ha incurrido en ninguna irregularidad por parte del alcalde municipal de Zarzal, Valle, por cuanto se liquidó el contrato tal y como estaba estipulado y no era obligatoria su renovación, circunstancias por las cuales las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.
4.- El recurso de apelación
De manera oportuna, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia para solicitar que fuera revocada y se accediera a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su petición, aseguró que el a quo erró al considerar que Caprecom había incumplido, en tanto que sí cumplió con las obligaciones de garantizar el servicio de salud para los afiliados, lo cual estaba sustentado en los contratos suscritos para la prestación del servicio de salud en ese municipio.
Agregó que, de conformidad con los acuerdos 77 de 1997 y 244 de 2003, así como el Decreto 50 de 2003, Caprecom sí tenía derecho a la renovación de los contratos, en tanto que los afiliados eran libres de escoger la ARS a la cual querían vincularse y aquellos no habían manifestado su voluntad de cambiar de administradora.
Además, la selección de la administradora del régimen subsidiado de salud debía cumplir con los requisitos del artículo 216 de la Ley 100 de 1993, por lo que el municipio de Zarzal no tuvo en cuenta esa normativa al escoger a “Emsanar” como nueva ARS.
Manifestó que el demandado tampoco podía aducir que no renovaba el contrato porque se incurrió, por parte de la ARS, en mora superior a siete días calendario para el pago de las obligaciones con la red prestadora de salud, puesto que al no tener ocurrencia tal supuesto, debía proceder a renovar el contrato.
Adujo que el alcalde municipal de Zarzal, al no renovar los contratos, obró con desviación de poder, en tanto que se “excedió en las funciones propias de su cargo” por desconocimiento de la normativa aplicable a estos casos.
Finalmente, mencionó que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, ya que el oficio de 19 de febrero de 2003 nunca fue notificado ni mencionó los recursos que procedían en su contra.
5.- Trámite en segunda instancia
El recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo a quo a través de auto de 9 de julio de 2010 y admitido por esta Corporación el 27 de octubre de ese mismo año (fls. 181 y 277 c. ppal).
Mediante providencia de 31 de enero de 2011, se resolvió no tener como pruebas los contratos allegados por la parte actora en el recurso de apelación y cuyo objeto era probar el cumplimiento en la prestación del servicio de salud en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, en tanto que dicha solicitud no encuadraba en alguno de los supuestos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (fol. 279 c. ppal).
Posteriormente, mediante providencia de 23 de marzo siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fol. 281 c. ppal).
En su concepto, el Ministerio Público manifestó que el oficio de 19 de febrero de 2003, por medio del cual se comunicó la intención de no renovar los contratos con Caprecom, no constituía un acto administrativo y, por tanto, la acción incoada era inadecuada, lo que conllevaba a una decisión inhibitoria. Agregó que, de todos modos, debían negarse las pretensiones porque no se allegó copia auténtica del acto demandado (fls. 283 - 293 c. ppal)
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2010, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, consagró que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.
En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la solicitud de declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de 19 de febrero de 2003, por medio del cual el municipio de Zarzal resolvió no continuar con la contratación de Caprecom para administrar los recursos del régimen subsidiado de salud en esa población.
Así mismo, el proceso ostenta vocación de doble instancia puesto que tiene como cuantía estimada el valor de los contratos dejados de celebrar con Caprecom que se calculó en la suma de $706’946.294,42, valor superior a los 500 S.M.L.M.V. ($190’750.000), establecidos en el artículo 132 – numeral 5° del Código Contencioso Administrativo.
2.- El ejercicio oportuno de la acción
En lo atinente al ejercicio oportuno de la acción, el municipio demandado señaló que en el presente caso se había configurado el fenómeno de la caducidad, puesto que la demanda debió instaurarse dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del oficio de fecha 19 de febrero de 2003, ya que la decisión allí contenida no tenía relación con el contrato, en la medida en que no decretaba la terminación unilateral de negocio jurídico alguno celebrado entre las partes.
Este planteamiento no puede ser acogido por la Sala puesto que si bien el acto administrativo sometido a juicio indicó únicamente que la entidad estatal no suscribiría un nuevo contrato con Caprecom para la administración del régimen subsidiado de salud, no es menos cierto que a partir de esa decisión la parte actora encaminó sus pretensiones a que se reconociera la existencia y continuidad de la relación contractual que venía manteniendo con el municipio de Zarzal hasta el 31 de marzo de 2003.
En efecto, Caprecom refirió en las pretensiones de la demanda que el oficio de fecha 19 de febrero de 2003 había declarado ilegalmente la terminación de los contratos interadministrativos vigentes en ese momento y, a lo largo de la demanda, insistió en que el municipio de Zarzal estaba legalmente obligado a disponer su renovación y, de esa manera, prolongar el vínculo originado en esos acuerdos de voluntades.
Tales pretensiones corresponden a la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del C.C.A., que establece:
Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (…).
De esta disposición se desprende, sin duda, que la naturaleza de la acción de controversias contractuales reviste una particular amplitud en cuanto al contenido de lo pedido en el libelo, pues la norma solo limita su alcance en cuanto exige que quien demande sea parte en el contrato estatal y la controversia recaiga sobre ese negocio jurídico. En esa medida, son de controversia contractual las pretensiones de Caprecom, en cuanto se encaminan a la nulidad de un acto administrativo que considera como de terminación unilateral del contrato y a que se declare la obligación del municipio de Zarzal de proseguir con la relación contractual.
Por tanto, mal puede interpretarse la demanda aquí analizada en el sentido de que recae sobre un acto administrativo ajeno al contrato, cuando el debate se centra, a todas luces, en el alegado derecho de Caprecom a que se le siguiera reconociendo como contratista del municipio.
En ese orden de ideas, el término de caducidad que operaba en el presente asunto era el previsto en el artículo 136, numeral 10 del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998-, el cual establece que las acciones relativas a contratos deben interponerse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.
En el presente caso, se reitera, el acto administrativo demandado está contenido en el oficio expedido por el municipio de Zarzal el 19 de febrero de 2003, el cual, según la actora, le fue comunicado a Caprecom el 21 de marzo siguiente.
No obstante, en el expediente hay prueba de que Caprecom conoció sobre el mencionado acto, a lo sumo, el 21 de febrero de 2003, cuando le solicitó al municipio de Zarzal que reconsiderara su decisión de no renovar los contratos de aseguramiento (fol. 14 c. 1).
Al contabilizar a partir de esta última fecha el término de caducidad, se concluye que estaba llamado a expirar el 22 de febrero de 2005, por lo que la demanda interpuesta el 21 de ese mismo mes y año estaba presentada dentro del plazo otorgado para tal fin (fol. 82 c. 1).
3. La legitimación en la causa
En lo referente a la legitimación en la causa por activa, advierte la Sala que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom-, hoy liquidada, tuvo vocación procesal para integrar el extremo demandante, toda vez que fungió como parte en los contratos de aseguramiento AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 Y AZ07 de 2002, respecto de los cuales se expidió el acto administrativo objeto de controversia.
Es de advertir que, en el curso del proceso, mediante Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, el gobierno nacional dispuso la supresión y liquidación de Caprecom, razón por la cual se debe dar aplicación al inciso 2° del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto establece que: “si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas… que figure como parte, los sucesores del derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”.
En el presente caso, la sucesión procesal de la extinta Caprecom radica en la sociedad fiduciaria La Previsora S.A. como administradora de su patrimonio autónomo de remanentes –PAR-, designación que fue establecida en el artículo 2° del Decreto 2192 de 2016, por lo que resulta necesario reconocer a esta sociedad como sucesora procesal del mencionado ente estatal, lo que será declarado por la Sala en la presente sentencia, a la luz del citado artículo 60 ibídem.
Ahora bien, con respecto a la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, satisface ese presupuesto procesal, dada su condición de entidad pública contratante de los negocios jurídicos referidos en la demanda y, así mismo, por haber sido la autoridad que expidió el acto administrativo enjuiciado.
Por su parte, los señores Carlos Enrique Gómez y Ancízar Bejarano Riaño también están legitimados en la causa por pasiva, puesto que fueron quienes suscribieron, en su calidad de alcalde municipal de Zarzal, Valle del Cauca, y Director Local de Salud –respectivamente- para la fecha de los hechos, el oficio de 19 de febrero de 2003, hoy reprochado.
En este punto, debe advertirse que si bien, la legitimación del ex alcalde del municipio y el ex director de salud se origina en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –que establece la posibilidad de que el actor pueda demandar a la entidad, al servidor público o a los dos-, ello debe guardar consonancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto a que se debe tener siempre en cuenta que la responsabilidad patrimonial frente a la víctima recae exclusivamente en el Estado, mientras que la del servidor público solo operaría frente a la autoridad estatal. Así se desprende de la referida norma, en cuanto dispone: “si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”.
4. Hechos probados en la actuación
Previo al desarrollo de este punto, vale la pena señalar que las copias simples que han militado en este proceso sin ser tachadas por los sujetos procesales son susceptibles de valoración probatoria, a la luz de lo que al respecto señaló la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, en la cual se determinó, precisamente, que serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes.
Sobre el particular, se precisó:
En otros términos, a la luz de la Constitución Política, negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P). (…)..
Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.
En la misma providencia se estableció que ese criterio unificado era aplicable para todos los procesos contencioso administrativos, salvo en los eventos en que existiera una disposición en contrario que hiciera exigible el requisito de la copia auténtica.
Por tanto, en el presente caso, los documentos aportados en copia simple serán tenidos como prueba, se reitera, por no haber sido impugnado su valor probatorio, por ninguna de las partes.
Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio, ha de decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos:
Mediante resolución 1095 de 29 de abril de 1996, el Departamento Administrativo de Salud del Valle del Cauca seleccionó e inscribió, entre otras, a Caprecom para que operara como ARS en dicho departamento con una capacidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud equivalente a 362.000 personas (fls. 10 -11 c. 1).
El 1° de junio y el 1° de octubre de 2002, el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y Caprecom celebraron los contratos de aseguramiento AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 y AZ07, cuyo objeto era la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y todos, según la cláusula sexta, culminarían el 31 de marzo de 2003 (fls. 39, 44, 47, 50, 53, 56 c. 1).
Como valor inicial de los negocios jurídicos se pactaron las sumas obtenidas de multiplicar el valor de la Unidad de Pago por Capitación –UPC-, por el número de afiliados, de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima.
Entre las obligaciones a cargo de la administradora del régimen subsidiado (ARS) Caprecom -previstas en la cláusula tercera-, se estableció la de disponer y mantener un sistema que informara permanentemente sobre el número de afiliados con sus respectivas identificaciones, y la de entregarles a los prestadores de salud y al municipio las bases de datos de los usuarios, discriminando entre nuevos y antiguos.
Así mismo, Caprecom se obligó a entregar los carnés a toda la población afiliada y a pagar oportunamente lo causado a favor de las instituciones prestadoras del servicio de salud y demás proveedores, bajo los parámetros fijados en los contratos correspondientes y en la reglamentación vigente.
En los contratos aludidos, las partes guardaron silencio sobre la posibilidad de su prórroga, renovación, refrendación o continuidad después de la fecha prevista para su terminación.
Aunque las partes nada establecieron sobre la eventual terminación unilateral de los contratos por parte del municipio, se indicó que se entenderían incorporadas a tales negocios jurídicos las cláusulas excepcionales al derecho común, con excepción de la de caducidad. Adicionalmente, en cada contrato se reconoció la facultad de la entidad contratante para imponerle multas a Caprecom, en caso de incumplimiento parcial debidamente certificado por la interventoría.
Los mencionados negocios jurídicos son los siguientes:
CONTRATO
FECHA
AFILIADOS
UPC
VALOR
PLAZO
ZA02
1° de junio de 2002
1540
$140.019
$215’629.260
31 de marzo de 2003
ZA03
1° de junio de 2002
33
$140.019
$4’620.627
31 de marzo de 2003
ZA04
1° de junio de 2002
104
$140.019
$14’561.976
31 de marzo de 2003
ZA05
1° de junio de 2002
500
$140.019
$70’009.500
31 de marzo de 2003
ZA06
1° de octubre de 2002
517
$84.011
$43’433.687
31 de marzo de 2003
ZA07
1° de octubre de 2002
628
$84.011
$52’758.908
31 de marzo de 2003
El 21 de febrero de 2003, el Director Regional del Valle del Cauca de la ARS Caprecom recibió el oficio calendado el 19 de febrero de ese año, por el cual el municipio le comunicó:
En los informes recibidos por parte de la E.S.E. Hospital San Rafael de esa jurisdicción, se manifiesta el incumplimiento repetido del pago de los servicios de salud a los afiliados del régimen subsidiado, cabe anotar que en el momento de realizar el presente documento, la E.S.E. ha certificado mora en el pago de los servicios citados anteriormente.
Por lo anterior y basándonos en el art. 36 inciso 1° y el inciso único del art. 52 del Decreto 050 de enero 13 de 2003, que a la letra rezan: “efectos de la mora de las administradoras del régimen subsidiado (ARS) frente a la red prestadora de servicios (…) podrá abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes con las correspondientes administradoras (…) en el siguiente período de contratación”, y su vigencia respectivamente, le solicitamos por intermedio del presente escrito que los contratos referidos en la parte inicial del mismo y que su vigencia expira el 31 de marzo del presente año que no serán renovados por parte de la administración municipal (…) (fls. 12-13 c. 1).
En respuesta a lo anterior, ese mismo día, Caprecom le informó al municipio de Zarzal que no estaba en mora frente a la red prestadora de servicios de salud, ya que el Hospital San Rafael no había radicado “mes por mes las cuentas” y, además, el ente territorial solo había “cancelado hasta el mes de noviembre de 2002”, por lo que se solicitaba reconsiderar la decisión de no renovación de los contratos de aseguramiento para el régimen subsidiado (fls. 14 -16 c. 1).
El 4 de marzo de 2003, el gerente del Hospital San Rafael le manifestó al municipio de Zarzal que no conocía sobre el informe presentado por ese centro de salud en el que se relataba el “incumplimiento repetido del pago de los servicios de salud” y, además, aseguró que el retraso en la presentación de las cuentas se debió a “múltiples inconvenientes en el proceso de facturación” (fls. 17 – 18 c. 1).
El 27 siguiente, Caprecom le comunicó al municipio de Zarzal que había sido notificada de la resolución 326 de 2003, mediante la cual se revocó su certificado de funcionamiento, pero que se había presentado un recurso de reposición en su contra, por lo que “hasta tanto dicha resolución no esté en firme, seguiremos administrando el régimen subsidiado” (fol. 19 c. 1).
El 4 de abril de 2003, Caprecom le reiteró la solicitud de renovación de los contratos de aseguramiento, pero agregó que, como el oficio de 19 de febrero de ese mismo año se “asimilaba” a un acto administrativo, interponía recurso de reposición en su contra (fls. 20 – 21 c. 1).
En escrito de 7 de abril del mismo año, el director territorial le informó a la subdirectora jurídica de Caprecom que: “el único ente territorial que no suscribió ni renovó el contrato a partir del 01 de abril del presente año con nuestra entidad, fue el municipio de Zarzal” (fls. 22 c. 1)
El 14 de abril y el 14 de mayo de 2003, Caprecom le informó a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la no renovación de los contratos de aseguramiento con el municipio de Zarzal, Valle del Cauca (fls. 23 – 24 c. 1).
El 15 de mayo del mismo año, la Superintendencia Nacional de Salud le solicitó al municipio de Zarzal que le allegara la respuesta dada a Caprecom para no renovar los contratos para la administración de recursos del régimen subsidiado (fol. 25 c. 1).
El 9 de julio siguiente, el director regional de Caprecom presentó queja ante la procuraduría provincial en contra de los señores Carlos Enrique Gómez y Ancízar Bejarano Riaño, alcalde del municipio de Zarzal y director de salud, respectivamente, por motivo de la no renovación de los contratos de aseguramiento del sector salud. En concreto, alegó la imposibilidad de interponer los recursos legales procedentes contra el oficio fechado el 19 de febrero de 2003 –hoy acusado- y la vulneración de los derechos de los afiliados (fls. 31 – 38 c. 1).
El 13 de enero de 2006, entre Caprecom y el Hospital San Rafael se suscribió un acta de conciliación en la que se dejaron consignadas las sumas que le adeudaba la ARS al centro de salud. De dicha relación se advierten obligaciones que databan de los años 2002 y 2003 (fol. 10 c. 2).
El 18 de julio de 2006, el municipio de Zarzal, en respuesta al “oficio 612” referente a la apertura de investigación disciplinaria y práctica de pruebas por parte de la Procuraduría Provincial de Cartago, Valle del Cauca, le manifiesta que le anexa “copia de informe de la anterior administración debidamente firmado, con los pormenores, así como algunos soportes de las otras entidades que sustentan el proceso que se llevó a cabo para la no contratación” (fol. 2 c. 2).
Dichos documentos dan cuenta de los siguientes hechos:
En oficio de 29 de julio de 2004, el Hospital Universitario del Valle le manifestó al presidente de la asociación de usuarios de Caprecom, entre otras cosas, que el estado actual de la cartera con Caprecom era el siguiente: “cartera corriente (febrero a julio 04) $572’704.529; cartera en cobro jurídico (1996 a 2003) $1’118.281.024; total carteta: $1’690.985.553)” (fol. 3,11 c. 2).
En escrito de ese mismo día, el Hospital Infantil Club Noel le informó al presidente de la asociación de usuarios de Caprecom que los servicios de salud para los afiliados a dicha ARS se encontraban suspendidos, ya que se había incumplido en el pago de las obligaciones derivadas de los servicios prestados. Agregó que la cartera “vencida es por valor de $32’572.466 desde el período de 2002” (fol. 4 c. 2).
En oficio de 26 de julio de 2004, el Hospital San Juan de Dios le informó al presidente de la asociación de usuarios de Caprecom que, en la actualidad, no poseía contrato con dicha ARS, pero que la “situación de la cartera por cobrar” de más de 180 días equivalía a $127’.957.089 (fol. 5 c. 2).
En escrito de 30 de ese mismo mes y año, el gerente de la Red de Salud del Oriente E.S.E. manifestó, entre otras cosas, que “Caprecom está en mora: capitación vigencia 2003 $177’.731.533 – capitación 2004 $45’068.659 – evento 2003 $55’269.211 y evento 2004 $20’404.578” (fol. 6 c. 2).
El 2 de agosto de 2004, la Fundación Clínica Valle del Lili manifestó que no tenía suscritos contratos con Caprecom y que, a la fecha, no tenía cartera pendiente por cancelar (fol. 12 c. 2).
El 23 de ese mismo mes y año, la Corporación de Médicos Internacionales informó que las obligaciones de Caprecom con dicha institución, para el régimen subsidiado, ascendían a $433’431.058 (fol. 14 c. 2).
El 20 de abril de 2006, el Hospital Departamental San Rafael le manifestó al municipio de Zarzal que Caprecom no había cumplido con lo establecido en el Decreto 50 de 2003, en tanto que “a la fecha nos adeuda la suma de $37’769.447 correspondiente a la vigencia 2002 presentadas en el 2003 y el cual incluye la capitación del mes de enero de 2003 por valor de $10’.211.523. Durante la ejecución del contrato la principal inconsistencia detecta[da] por esta administración fue el incumplimiento en los pagos” (fol. 7-10 c. 2).
Mediante oficio de 16 de noviembre de 2007, el director regional de Caprecom allegó al proceso, por petición del a quo, la relación de pagos realizados a la red pública hospitalaria del municipio de Zarzal (fls. 1 – 27 c. 3).
En diligencia de testimonio de 11 de diciembre de 2007, el señor Guillermo Salazar Saa, quien fue el gerente territorial de Caprecom para la época de los hechos, se limitó a manifestar que el municipio de Zarzal no tenía facultades para no renovar el contrato que tenía con la ARS (fol. 36 c. 1).
Finalmente, en escrito de 20 de abril de 2008, el director regional de Caprecom relacionó y allegó, entre otros, los contratos RS-135/2002, RS-136/2002, RS-152/2002 y RS-157/2002 los cuales fueron suscritos para garantizar la cobertura de los servicios de salud en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca (fls. 28 – 77 c. 3)
5. Problema jurídico
De conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda, así como el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia, en el presente asunto le corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo contenido en el oficio 19 de febrero de 2003, expedido por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, debe ser declarado nulo por haberse proferido con violación del debido proceso, desviación de poder, falsa motivación y en detrimento de los derechos de Caprecom, quebrantando las normas referidas en el libelo.
En tal virtud, se deberá determinar la existencia o no del derecho que alega la parte actora a la renovación de los contratos de aseguramiento en salud que venía celebrando con el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y si, por esta razón, se le deben reconocer las sumas reclamadas en la demanda.
Así mismo, se establecerá si la entidad territorial hoy demandada profirió el acto sin permitirle a la ARS conocer de antemano la actuación y los hechos que motivaron la decisión finalmente adoptada en su contra y, en general, si la forma de expedición y notificación del acto enjuiciado lesionó el derecho de defensa de Caprecom.
Por otro lado, la Sala se abstendrá de estudiar lo relativo a la alegada vulneración de los derechos de los afiliados a la continuidad en el servicio, dado que ese asunto necesariamente se circunscribe al análisis de la legalidad de los contratos y actos administrativos que dispusieron la vinculación de las nuevas ARS en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, a partir del 1° de abril de 2003, actos que no fueron demandados en el presente proceso y cuya expedición involucró la participación de personas jurídicas que no fueron parte en el presente juicio.
Cosa distinta es que al analizar el problema jurídico planteado en esta causa, la Sala deba remitirse eventualmente a las actuaciones adelantadas por la entidad demandada en orden a decidir sobre la situación de la población beneficiaria, pero tal examen se contraerá únicamente a la afectación o no de los derechos de Caprecom.
6. Marco jurídico de la administración del régimen subsidiado de salud, vigente en la época de los hechos
La Ley 100 de 1993 instituyó en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual comprende dos categorías o modalidades de afiliación, a saber, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Este último, está definido en el artículo 211 de la misma ley como el conjunto de normas que regulan la vinculación de las personas a ese sistema, cuando la afiliación se efectúa mediante el pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con los recursos fiscales o de solidaridad allí previstos.
De acuerdo con el artículo 213, es beneficiaria del régimen subsidiado de salud “toda la población pobre y vulnerable” del país. En armonía con ello, el artículo 157, literal A de la Ley 100 de 1993, señaló que:
Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado…son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular (…).
Para la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud –provenientes del FOSYGA y de otras fuentes previstas en la norma-, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993 les asignó a las entidades territoriales, a través de las direcciones locales, distritales y departamentales de salud, la función de suscribir contratos de aseguramiento en salud con las Entidades Promotoras de Salud -EPS- encargadas de afiliar a los beneficiarios. En desarrollo de lo anterior, el artículo 216 de esa ley, dispuso:
2. Cuando la contratación se haga con una entidad que no sea propiedad de los usuarios como las Empresas Solidarias de Salud, la contratación entre las direcciones seccionales o locales de salud con las Entidades Promotoras de Salud se realizará mediante concurso y se regirá por el régimen privado, pudiendo contener cláusulas exorbitantes propias del régimen de derecho público.
3. Un representante de los beneficiarios del régimen subsidiado participará como miembro de las juntas de licitaciones y adquisiciones o del órgano que hace sus veces, en la sesión que defina la Entidad Promotora de Salud con quien la Dirección Seccional o Local de Salud hará el contrato. El Gobierno Nacional reglamentará la materia especialmente lo relativo a los procedimientos de selección de los representantes de los beneficiarios.
La obligación para las entidades territoriales, y especialmente para los municipios, de contratar el aseguramiento y administración del régimen subsidiado de salud, también quedó plasmada en el artículo 44.2.3. de la Ley 715 de 2001.
La Ley 100 de 1993 también creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) –hoy reemplazado por la Comisión de Regulación en Salud (CRES) por virtud de la Ley 1122 de 2007-, como órgano de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la vez que dispuso que sus decisiones serían obligatorias.
Mediante el acuerdo 77 de 20 de noviembre de 1997, el CNSSS definió la forma y las condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En lo atinente al régimen subsidiado, el mencionado acuerdo fijó los parámetros y procedimientos para la identificación de la población afiliada, para luego establecer lo correspondiente a la contratación. Respecto de este punto, dispuso que los “contratos de aseguramiento” debían ser celebrados por la dirección de salud de la respectiva entidad territorial, una vez la alcaldía municipal o la dirección de salud verificara el listado de afiliados entregado por la ARS.
Tales contratos de aseguramiento –así denominados en la norma- se regirían por el derecho privado, podían incluir cláusulas exorbitantes y estarían sujetos tanto al cumplimiento de los requisitos por parte de las ARS, como a la elección de administrador, hecha por los afiliados. En efecto, el acuerdo dispuso en su artículo 29:
Una vez la alcaldía o la Dirección de Salud verifique el listado de afiliados entregado por las Administradoras del Régimen Subsidiado, procederán a suscribir los respectivos contratos de administración de subsidios.
Estos contratos se regirán por el derecho privado y deberán incluir, como mínimo, la información que determine el Ministerio de Salud. Podrán incluirse cláusulas exorbitantes.
Cuando la Administradora del Régimen Subsidiado cumpla con los requisitos exigidos en las normas para administrar los subsidios y los afiliados la hayan elegido, la entidad territorial deberá contratar con ella.
De conformidad con el artículo 30 del acuerdo, los contratos del régimen subsidiado se debían celebrar por un año, en períodos que transcurrirían entre el 1° de abril y el 31 de marzo del siguiente año, y entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre del siguiente año.
En línea con lo anterior, el artículo 13, inciso 2, disponía:
En el régimen subsidiado, no se efectuarán procesos de ratificación de la afiliación, en consecuencia, si antes de 90 días de terminación del período de contratación, el afiliado no manifiesta expresamente su voluntad de cambiar de Administradora, permanecerá en la que ha escogido inicialmente, por otro período de contratación.
Por lo demás, el instrumento previó la interventoría de los contratos de aseguramiento y señaló las obligaciones en cabeza de las ARS, en particular su deber de responder por el aseguramiento en salud de la población afiliada, contratar la prestación del servicio con las instituciones prestadoras, pagarles cumplidamente, reportar tales contratos ante la respectiva entidad territorial y presentar periódicamente los informes de novedades de la población afiliada.
El régimen subsidiado de salud ha tenido una amplia y continua reglamentación, la cual ha ido variando en el transcurso del tiempo. Inicialmente, mediante Decreto 2357 de 1995, el Gobierno fijó reglas atinentes al funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y puso en cabeza de las entidades territoriales algunas funciones relacionadas con la dirección del sistema en sus respectivas circunscripciones, la garantía de cobertura, el censo poblacional, la verificación de las capacidades reales de afiliación y la coordinación y colaboración con las autoridades de mayor nivel.
Salvo en lo relacionado con esas funciones de las entidades territoriales, la mayoría de artículos del Decreto 2357 de 1995 fueron derogados por el Decreto 1804 de 1999, el cual regía para la época de los hechos.
Respecto del régimen subsidiado, el Decreto 1804 de 1999 les asignó a las ARS diversas funciones atinentes a la garantía de la prestación del servicio, la cobertura a la población beneficiaria, el aseguramiento de los riesgos en salud, el manejo e información del POS, la disminución de ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad, entre otras obligaciones; al tiempo que estableció los requisitos que debían reunir las personas jurídicas interesadas en operar como ARS y las condiciones que debían cumplirse para la continuidad en el servicio.
Así, a la luz del artículo 3°, numeral 2° -derogado después de los hechos hoy en controversia, por el Decreto 515 de 2004-, para la permanencia de una empresa constituida como ARS se requería la acreditación de un número mínimo de personas afiliadas. De igual manera, para su operación como administradora de los subsidios del sistema, debía contar con la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud. A este respecto, se dispuso en el artículo 5° del citado Decreto 1804:
La Superintendencia Nacional de Salud autorizará la operación del régimen subsidiado a las entidades que reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener personería jurídica y estar organizadas como entidades promotoras de salud o empresas solidarias de salud. Estas últimas deberán estar constituidas como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones de cabildos o resguardos indígenas.
2. Tener una razón social que la identifique como EPS del Sistema General de Seguridad Social en Salud o ESS.
3. Tener como objeto garantizar y organizar la prestación de los servicios incluidos en el POS-S. En consecuencia deberá afiliar y carnetizar a la población beneficiaria de subsidios en salud y administrar el riesgo en salud de esta población.
4. Disponer de una organización administrativa y financiera que le permita cumplir con sus funciones y responsabilidades, en especial, un soporte informático que permita operar en forma oportuna una base de datos actualizada de sus afiliados y sus características socioeconómicas y contar con un sistema de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos.
5. (Hoy derogado por el Decreto 2702 de 2014). Acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la operación del régimen subsidiado. Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en la forma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios para la organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del cálculo del capital mínimo a que se refiere el presente decreto, los bienes que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido, los cuales serán tomados por el valor en libros…
Mediante acto legislativo 1° de 2001, se implementó el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, que contendría los mecanismos para atender los servicios públicos a cargo de tales entidades territoriales y para financiar de manera adecuada su prestación. En desarrollo de ese nuevo sistema se expidió la Ley 715 de 2001, la cual reguló, entre otros aspectos, lo relativo a las transferencias de recursos en materia de educación y salud, así como la obligación en cabeza de las entidades territoriales, de adelantar planes de prevención en salud.
En este marco, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió el acuerdo 223 de 30 de marzo de 2002, en el cual se dispuso ampliar hasta el 31 de mayo de 2002 el período de contratación que habría de culminar el 31 de marzo de ese año, a fin de garantizar la continuidad de la cobertura del régimen subsidiado mientras los municipios y los distritos diseñaban e implementaban los planes de prevención en salud que ahora les correspondía gestionar. No obstante, la norma dejó a salvo el derecho de los afiliados a trasladarse de administradora, a partir del 1° de abril de 2002.
Posteriormente, mediante acuerdo 244 del 31 de enero de 2003, el CNSSS señaló el propósito de integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones existentes en materia del Régimen Subsidiado de Salud, dada la necesidad de facilitar su aplicación y de armonizar tales normas con las reglas y competencias introducidas por la Ley 715 de 2001.
En lo relativo a los contratos de aseguramiento y su vigencia, el artículo 45 del acuerdo 244 de 2003 indicó que la entidad territorial debía suscribir con cada administradora, un solo contrato por el número de afiliados carnetizados, pertenecientes tanto a la población en continuidad como a la población nueva por ampliación de cobertura. Así mismo, determinó que el período de contratación sería de un año, comprendido entre el 1° de abril y el 31 de marzo del año siguiente, término que, según la norma, sería “prorrogable anualmente”, por dos años más, previo el trámite presupuestal pertinente.
Con todo, la norma también dispuso:
Artículo 45. … Al finalizar cada anualidad se efectuarán balances para efectos de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las ARS y la ejecución de recursos (…).
Artículo 46. Obligatoriedad de la Administradora de Régimen Subsidiado de suscribir contratos cuando los beneficiarios la hayan seleccionado. Cuando una ARS se encuentre habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud y haya sido seleccionada para operar en una región y durante el proceso de afiliación o traslado es elegida libremente por los beneficiarios del subsidio, tendrá la obligación de suscribir los contratos del Régimen Subsidiado, siempre y cuando cumplan con el porcentaje mínimo de participación en cada municipio según lo establecido en el artículo 39 del presente acuerdo.
Ahora bien, para la operación de los contratos de aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud, el acuerdo 244 de 2003 estableció y fijó varias condiciones, entre estas, la pluralidad de oferta de administradoras, la cual se materializaba con la designación, por parte del Ministerio de la Protección Social, del conjunto de aseguradoras que podía operar en cada región, aunque dejando a salvo la competencia del Ministerio para indicar los municipios en los que, por sus condiciones particulares, solo podría operar una sola ARS. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del acuerdo, norma que también dispuso:
Para que una administradora del Régimen Subsidiado, pueda operar en una o varias regiones de aseguramiento, deberá ser habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la reglamentación del Sistema Único de Habilitación para ARS y EPS.
De conformidad con el artículo 39 del mismo acuerdo, las ARS debían ser sometidas a un proceso de selección en la entidad territorial respectiva. En tal virtud, la escogencia habría de hacerse mediante concurso “entre las ARS que se encuentran autorizadas y cumplan las condiciones de habilitación para ser seleccionadas”.
Para los contratos de aseguramiento que comenzaran a operar el 1° de abril de 2003, el acuerdo 244 de 2003 estableció un régimen de transición dispuesto y regulado en los artículos 58 y 59, en los siguientes términos:
Artículo 58. Períodos de contratación. Los períodos de contratación del Régimen Subsidiado se sujetarán al siguiente régimen de transición:
1. El período de contratación que inicia el primero de abril de 2003, se celebrará por un término de seis meses que vence el 30 de septiembre de 2003 y se regirá por las condiciones de operación del presente acuerdo. Para este período de contratación, las ARS que no cumplan con el margen de solvencia a 31 de diciembre de 2002 previsto en el Decreto 882 de 1998 o incurran en la situación prevista en el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, no podrán suscribir contratos de aseguramiento.
2. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado no se encuentran en firme, los contratos de aseguramiento suscritos el primero de abril de 2003, se entenderán prorrogados de manera automática por seis meses más, con las condiciones pactadas inicialmente, incluyendo los recursos de financiamiento, previo el trámite presupuestal correspondiente.
3. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado se encuentran en firme, se suscribirán nuevos contratos de aseguramiento, previo el trámite presupuestal correspondiente, por seis meses, con las ARS autorizadas, habilitadas y seleccionadas, aplicando plenamente las disposiciones del presente acuerdo (…).
6. Para efectos de la liquidación de los contratos suscritos con anterioridad al primero de abril de 2003, se aplicarán las normas vigentes a la fecha de suscripción de los respectivos contratos
Artículo 59. Garantía de la afiliación cuando una Administradora de Régimen Subsidiado no sea habilitada o que estando habilitada no sea seleccionada. Cuando una Administradora de Régimen Subsidiado, no cumpla con los criterios de habilitación establecidos o no sea seleccionada para operar en la región, en la reglamentación que expida el Gobierno Nacional y para garantizar la continuidad del aseguramiento de la población afiliada, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 53 del presente acuerdo.
Parágrafo. El procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará, para garantizar la continuidad de la afiliación de aquellas administradoras de Régimen Subsidiado que no continúen en los municipios donde se encontraban operando.
Luego, de conformidad con la norma en cita, no podía celebrarse contrato alguno para la vigencia que iniciaría el 1° de abril de 2003, sin agotarse previamente el proceso de selección previsto en el acuerdo 244 de 2003. Así mismo, los contratos de aseguramiento que venían ejecutándose y que estaban llamados a terminar el 31 de marzo de 2003 no serían susceptibles de prórroga alguna, en los términos del artículo 45, puesto que tal prórroga solo estaba prevista para los contratos iniciados a partir del 1° de abril de 2003 y los que se celebraran en los períodos siguientes –todos los cuales debían estar precedidos del proceso de concurso-, siguiendo las reglas de anualidad allí previstas.
Más aún, el régimen de transición solo previó la liquidación de los contratos que finalizaban el 31 de marzo de 2003, liquidación que, de conformidad con el acuerdo 244 de 2003, artículo 38, numeral 6°, se sujetaría a las reglas vigentes en el momento de su celebración.
Por su parte, el Decreto 50 de 13 de enero de 2003 estableció medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado, cuyas fuentes principales eran, en ese momento, el Sistema General de Participaciones y la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –FOSYGA-.
En la disposición y preparación presupuestal de esos recursos y, en su posterior transferencia, tomaban parte, principalmente, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Congreso de la República, el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- y las entidades territoriales.
Al regular lo referente al flujo de los recursos entre las entidades territoriales y las ARS, el decreto previó en su artículo 36, varias consecuencias jurídicas surgidas por la mora que llegaran a reportar tales ARS frente a las instituciones prestadoras del servicio de salud. Estableció la norma:
Efectos de la mora de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) frente a la red prestadora de servicios: Además del pago de intereses moratorios y de las sanciones que se contemplan en el presente decreto, en aquellos eventos en que las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) hayan incurrido en mora superior a siete (7) días calendario respecto de las cuentas debidamente aceptadas, habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podrá abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes con las correspondientes Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), en el siguiente período de contratación.
Si la mora se presenta en dos (2) períodos de pago dentro de la misma vigencia contractual y equivale como mínimo al 5% del pasivo corriente de la Administradora del Régimen Subsidiado (ARS), la entidad territorial dará por terminado el contrato de administración de recursos del régimen subsidiado. Esta causal se incorporará al respectivo contrato celebrado entre la Administradora del Régimen Subsidiado (ARS) (sic) e impedirá que la Administradora del Régimen Subsidiado (ARS) contrate con la misma entidad territorial para el siguiente período de contratación.
En estos casos, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se efectuará el traslado de la población afiliada, garantizando la continuidad en la afiliación.
Bajo los anteriores parámetros, la Sala pasará a realizar el estudio del caso concreto.
7.- Análisis de la legalidad del acto administrativo
La Sala reitera que no se examinará en la presente instancia lo relativo a la infracción de las normas aducidas en la demanda como violadas con el acto administrativo acusado, en cuanto se refiere a los derechos de la población afiliada al régimen subsidiado, en particular, la libertad de escogencia de ARS y lo relativo a los períodos de afiliación. De igual manera se abstendrá de analizar lo referente al proceso de selección de las ARS que reemplazaron a Caprecom a partir del 1° de abril de 2003.
Lo anterior puesto que, como ya se señaló, tales hechos recaen sobre la contratación realizada con posterioridad a la desvinculación de Caprecom como ARS del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y toda vez que las pretensiones de la demanda no se encaminaron a la nulidad de los nuevos contratos, como tampoco a la de los actos expedidos en el proceso de selección de las nuevas ARS –proceso en el cual Caprecom no tuvo participación alguna-, no hay lugar a analizar estos aspectos, máxime cuando no fueron referidos en el recurso de apelación y, adicionalmente, las entidades y personas involucradas no fueron parte en el presente asunto.
7.1.- La naturaleza del acto demandado
En el caso en estudio, el acto administrativo que profirió la entidad demandada se produjo durante la vigencia de los contratos de aseguramiento AZ02 , AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 Y AZ07 de 2002 celebrados con Caprecom y correspondió a una decisión que surgió como consecuencia de la existencia de dichos negocios jurídicos, relación negocial entre las partes que, mediante oficio de 19 de febrero de 2003, el municipio resolvió que no iba a continuar a través de la celebración de un nuevo negocio jurídico; es decir, decidió que no iba a renovar los contratos de aseguramiento con esa ARS.
Significa lo anterior que fue en razón del contrato en ejecución que la entidad territorial profirió la decisión unilateral de no renovar el acuerdo de voluntades entre las partes, para la administración de los recursos del régimen subsidiado, y es precisamente esa circunstancia la que le otorga la naturaleza de acto administrativo contractual puesto que, si no hubiera existido el contrato que en ese momento vinculaba a las partes, por sustracción de materia, no tendría sentido alguno la manifestación de voluntad expresada por la entidad, toda vez que sólo podía negar la renovación de un contrato existente y en ejecución.
A la luz de este panorama, resulta claro que el municipio profirió ese acto administrativo porque se hallaban en ejecución los contratos de aseguramiento celebrados con Caprecom, negocios estos que, al margen de la razón que la motivara para su decisión, la entidad territorial no estaba dispuesta a renovar, a pesar de la expectativa que la contratista podía tener al respecto, dada la naturaleza misma del objeto del contrato que se encontraba ejecutando y en virtud de la normatividad que regía la actividad de aseguramiento, que permitían la prórroga o renovación de los contratos celebrados para la administración de los recursos del régimen subsidiado.
En otros casos similares al que hoy analiza la Sala y en los cuales Caprecom ha intervenido como parte demandante, se ha enfatizado en que los actos por los cuales la entidad demandada ha decidido no continuar con la contratación de esa entidad como aseguradora y administradora de los recursos del régimen subsidiado constituyen actos administrativos contractuales pasibles de ser enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del C.C.A, tal como ocurre en el sub lite.
7.2.- Sobre la renovación de los contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud
Una vez claro lo anterior, conviene resaltar que la parte demandante alegó, en su recurso de apelación, que con el acto administrativo censurado el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, había desatendido los acuerdos 77 de 1997, 244 de 2003, así como el Decreto 50 de 2003, en cuanto disponían, según su dicho, la renovación de los contratos de aseguramiento suscritos con la respectiva ARS.
En línea con lo anterior, de conformidad con la primera pretensión de la demanda, la controversia tiene origen en el acto administrativo contenido en el oficio de 19 de febrero de 2003, expedida por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, mediante el cual se declaró “la terminación unilateral” de los aludidos contratos de aseguramiento para la administración de recursos del régimen subsidiado de salud con la ARS Caprecom, cuya vigencia se pactó hasta el 31 de marzo de 2003.
Al respecto, para la Sala, a través del acto administrativo demandado, el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, no ejerció la facultad exorbitante de terminación unilateral del contrato, en tanto que por medio del citado acto se decidió la no renovación de los negocios jurídicos de aseguramiento para la administración de recursos del régimen subsidiado con Caprecom, los que, vale aclarar, se terminaban por vencimiento de su plazo el 31 de marzo de 2003, es decir, la decisión fue la de no celebrar con dicha ARS nuevos contratos para el período de contratación que iniciaba el 1° de abril de ese mismo año.
En efecto, revisadas las estipulaciones contractuales y legales que gobernaron estos contratos, observa la Sala que no existió consagración alguna que ordenara la prórroga o renovación automática de los contratos AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 y AZ07 de 2002 que finalizaban el período de contratación el 31 de marzo de 2003.
Además, la normatividad dispuesta en la cláusula décima novena, estableció que los contratos AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 y AZ07 de 2002 se encontraban regulados por las Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, decretos reglamentarios, acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, las resoluciones y circulares del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud vigentes, así como las normas que las aclaren, modifiquen, adicionen o complementen.
Si bien, tanto la Ley 100 de 1993 como el acuerdo 77 de 1997 establecieron que los contratos de aseguramiento en salud se regirían por el derecho privado, no es menos cierto que dicha contratación estaba sujeta a requisitos y condiciones especiales previstos en todo el ordenamiento relativo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que la finalidad de tales contratos no se circunscribía a que se materializara la voluntad privada de las partes, sino a la garantía de unos derechos reconocidos a la población pobre y vulnerable, beneficiaria de los subsidios del sistema de salud en cuyo marco se celebraron los negocios jurídicos.
El acuerdo 77 de 1997, norma vigente cuando se celebró el contrato del sub lite, dispuso en su artículo 30, que los contratos del régimen subsidiado se debían celebrar por un año, períodos que transcurrirían entre el 1° de abril y el 31 de marzo del siguiente año, y entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre del siguiente año.
En vigencia del plazo de los contratos de aseguramiento AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 y AZ07 de 2002, el Consejo Nacional de Seguridad Social expidió el acuerdo 244 del 31 de enero de 2003, con el objeto de integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones existentes en materia del régimen subsidiado de salud, dada la necesidad de facilitar su aplicación y de armonizar tales normas con las reglas y competencias introducidas por la Ley 715 de 2001.
El mencionado acuerdo, frente a la selección de las administradoras del régimen subsidiado señaló que debía estar precedido del proceso de concurso, siempre y cuando la ARS reuniera los requisitos para la prestación del servicio. Al respecto, dispuso:
Artículo 39. Selección de ARS por las entidades territoriales. Las entidades territoriales, seleccionarán las ARS hasta el número máximo definido por el Ministerio de la Protección Social en cada región. La selección se hará mediante concurso que se realizará de la siguiente forma:
1. Entre las ARS que se encuentran autorizadas y cumplan las condiciones de habilitación para ser seleccionadas se elegirán las mejores calificadas en estricto orden descendente.
2. En caso de presentarse varias ARS habilitadas con igual calificación, se seleccionarán en su orden, las ARS con las siguientes características:
a) Las empresas solidarias de salud y demás entidades promotoras de carácter comunitario, según lo establecido en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993;
b) Las Cajas de Compensación Familiar que administran directamente los recursos previstos en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993;
c) Aquellas que se encuentren operando en el mayor número de municipios de la región;
d) Aquellas con mayor número de afiliados en la región.
La selección de las ARS para operar en cada uno de los municipios que hacen parte de la región se hará por acto administrativo del jefe de la entidad territorial respectiva.
Las ARS seleccionadas para operar en una región deberán garantizar la cobertura en todos los municipios que hacen parte de la región, salvo en los siguientes eventos:
1. Cuando la ARS tenga una participación menor al 5% de la población afiliada o no reúna un mínimo de 1.000 personas afiliadas en un municipio.
2. Cuando una Caja de Compensación Familiar que administra directamente los recursos no se encuentre autorizada para operar como Caja en ese Ente Territorial (...).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del acuerdo 77 de 1997, cuando la administradora del régimen subsidiado cumplía con los requisitos exigidos en las normas y los afiliados la hubieran elegido, la entidad territorial debía contratar con esta. De igual manera, el artículo 13 del mismo acuerdo disponía que no existirían en el régimen subsidiado procesos de ratificación de la afiliación, lo cual implicaba que no se podía prever de manera directa ni sobreentendida, la renovación de los contratos de aseguramiento con las ARS.
Cosa distinta era que, por virtud de la misma norma, si antes de los 90 días previos a la culminación del período –anual- de contratación, el beneficiario no manifestaba su expresa voluntad de pasar a otra aseguradora, debía permanecer en la que había seleccionado inicialmente. En ese sentido, la renovación del contrato respectivo entre la ARS y el municipio estaba sujeta de manera primordial a la voluntad de escogencia ejercida por los afiliados, pero también al cumplimiento de otras exigencias y requisitos previstos en toda la normativa aplicable.
Es así que el artículo 36 del Decreto 50 de 2003 disponía que la mora de las ARS en los pagos adeudados a la red prestadora de servicios de salud –habiendo recibido los recursos correspondientes a las UPC de los afiliados- habilitaba a las entidades territoriales para no renovar los contratos ya existentes con las ARS infractoras. Tal renovación no podía entenderse –como equivocadamente lo hizo la actora- como un derecho allí declarado en favor de las administradoras, sino como aquella referida en el artículo 13 del acuerdo 77 de 1997, para cuando los afiliados no manifestaran su voluntad de cambiar de operadora de los subsidios de salud.
Por el contrario, esa renovación se estableció en el acuerdo 77 de 1997 como salvaguarda de los derechos de los afiliados, de cuya voluntad dependía la continuidad o no de la ARS.
En ese sentido, la permanencia de Caprecom no sólo estaba sujeta a la decisión que en tal sentido adoptara el municipio y a la voluntad de la población beneficiaria, sino al cumplimiento de requisitos legales cuya verificación les correspondía a otras entidades como la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunado a lo dicho, de conformidad con el artículo 58 del acuerdo 244 de 2003, para los contratos de aseguramiento que finalizaban el 31 de marzo de 2003 no existía el derecho a la renovación automática; por el contrario, los contratos cuya vigencia iniciaba el 1° de abril de 2003 debían estar precedidos del proceso de selección, que debía ser efectuado entre las ARS que acreditaran los requisitos para la prestación del servicio. Es más, el mismo régimen de transición refirió que “[p]ara efectos de la liquidación de los contratos suscritos con anterioridad al primero de abril de 2003, se aplicarán las normas vigentes a la fecha de suscripción de los respectivos contratos”, lo que permite inferir que los contratos de aseguramiento suscritos en el año 2002 estaban llamados a terminar el 31 de marzo de 2003.
Se concluye, con base en todo lo anterior, que el acto administrativo demandado no ordenó la terminación unilateral de los contratos de aseguramiento suscritos en el año 2002, en tanto que el acto acusado contenía la decisión de no renovar los contratos de aseguramiento y que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom- no ostentaba el derecho automático a que le fueran renovados los contratos de aseguramiento que en ese mismo año celebró con el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.
Así, de conformidad con lo anterior, la Sala debe establecer si los cargos de nulidad formulados por la parte demandante contra el acto administrativo que decidió no renovar los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado en salud celebrados entre el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y Caprecom están llamados a prosperar y si de conformidad con la ley la ARS cumplía con los condiciones para la renovación de los contratos de administración y aseguramiento del régimen subsidiado.
En este punto, se recuerda que en el acto administrativo contenido en el oficio de 19 de febrero de 2003 se decidió no renovar los contratos de aseguramiento con la ARS Caprecom porque estaba incumpliendo en el pago por los servicios de salud prestados por el Hospital San Rafael.
7.2.1.- La legalidad de la decisión de no renovación
En este punto, se recuerda que la entidad apelante alegó que para la fecha en que se expidió el oficio de 19 de febrero de 2003, no se encontraba en mora para el pago de los servicios de salud prestados por el Hospital San Rafael, en tanto que del oficio de 4 de marzo de ese mismo año se podía evidenciar que el gerente de ese centro de salud no tenía conocimiento de los incumplimientos en el pago de los servicios prestados.
En efecto, el documento antes aludido mencionó que no se conocía sobre los incumplimientos relatados por el municipio de Zarzal en el acto administrativo de 19 de febrero de 2003; no obstante, posteriormente, el Hospital San Rafael mencionó que Caprecom estaba incumpliendo con lo establecido en el Decreto 50 de 2003, en tanto que: “a la fecha nos adeuda la suma de $37’769.447 correspondiente a la vigencia 2002 presentadas en el 2003 y el cual incluye la capitación del mes de enero de 2003 por valor de $10’.211.523. Durante la ejecución del contrato la principal inconsistencia detecta[da] por esta administración fue el incumplimiento en los pagos” (fol. 7-10 c. 2).
También quedó demostrado que entre Caprecom y el Hospital San Rafael se suscribió un acta de conciliación en la que se realizó una relación de obligaciones adeudadas por la ARS y se consignaron deudas correspondientes a los años 2002 y 2003 (fol. 10 c. 2).
Ahora bien, Caprecom allegó al proceso la relación de pagos realizados al Hospital San Rafael de los que, efectivamente, se evidencian algunas erogaciones a favor de ese centro de salud; sin embargo, de aquellas no puede concluirse que la ARS estaba cumpliendo con la totalidad de pagos, puesto que, de conformidad con el acta de conciliación antes relatada, era claro que algunas cuentas no habían sido debidamente sufragadas (fls. 1 – 27 c. 3).
Además, para el 19 de febrero de 2003, Caprecom reportaba deudas con el Hospital Universitario del Valle y el Hospital Infantil Club, así: “cartera en cobro jurídico (1996 a 2003) $1’118.281.024” y “por valor de $32’572.466 desde el período de 2002”, respectivamente, lo cual evidenciaba no solo la mora en los pagos con el Hospital San Rafael, sino, en general, con toda la red prestadora de salud (fls. 3, 4, 11 c. 2).
En la impugnación, Caprecom alegó que de los contratos RS-135/2002, RS-136/2002, RS-152/2002 y RS-157/2002 –entre otros- podía evidenciarse que sí estaba garantizando el servicio de salud a sus afiliados; no obstante, si bien puede tenerse por probada la suscripción de los mismos con ese fin, para la Sala es claro que no tienen el alcance de desvirtuar que la ARS incumplió con el pago de los servicios de salud antes relatados (cuaderno 3).
De conformidad con lo dicho, para la Sala, al igual que concluyó el a quo, Caprecom estaba incumpliendo con los pagos por la prestación de los servicios de salud con el Hospital San Rafael del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y otros centros de salud, circunstancias que autorizaban al municipio para no continuar con la contratación correspondiente, por no evidenciarse garantía alguna del buen manejo de los recursos del régimen subsidiado de salud lo cual y que, por consiguiente, ponía en peligro la efectiva prestación del servicio a la población vulnerable, destinataria de los subsidios.
La Sala advierte que la motivación expuesta por el municipio de Zarzal en el oficio de 19 de febrero de 2003, encuentra soporte en la disposición contemplada en el artículo 36 del Decreto 50 de 2003, que faculta a la entidad territorial para abstenerse de renovar el contrato de aseguramiento cuando la administradora del régimen subsidiado en salud incurre en mora en el pago de sus obligaciones con las instituciones prestadoras de los servicios de salud.
A lo anterior se suma el hecho de que la Superintendencia Nacional de Salud hubiera sancionado a Caprecom con la revocatoria de la autorización para operar en el sistema, a través de la resolución 326 del 13 de marzo de 2003; decisión que se originó en la circunstancia, evidenciada por la entidad, de que la ARS no contaba “con una estructura administrativa y financiera para desarrollar su función básica”.
Al respecto, el artículo 29 del acuerdo 77 de 1997, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, dispuso que: “cuando la Administradora del Régimen Subsidiado cumpla con los requisitos exigidos en las normas para administrar los subsidios y los afiliados la hayan elegido, la entidad territorial deberá contratar con ella”.
Frente a la habilitación, la Ley 715 de 2001 determinó, en su artículo 56, que las entidades prestadoras del servicio de salud estabang obligadas a demostrar, ante el Ministerio de Salud, la capacidad tecnológica y científica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico- administrativa, para la prestación del servicio a su cargo.
El Decreto 2309 de 2002 definió en el artículo 9°, el sistema único de habilitación como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada. Además, advirtió que la habilitación sería revocada cuando se incumpliera cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento.
De conformidad con el artículo 38 del acuerdo 244 de 2003, para que una administradora del régimen subsidiado pudiera operar en una o varias regiones de aseguramiento debía ser habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la reglamentación del Sistema Único de Habilitación para ARS y EPS. Además, en el artículo 39 de la misma norma se previó que las entidades territoriales seleccionarán, mediante concurso, las ARS que se encuentren habilitadas y cumplan con las exigencias establecidas para la elección.
Por consiguiente, la administración en cumplimiento de las funciones y competencias que le habían sido asignadas y persiguiendo los fines de la contratación estatal debían evaluar si Caprecom cumplía o no con los requisitos contemplados para ser seleccionada y así poder operar el régimen subsidiado.
Por lo tanto, la contratación realizada por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, sin la condición de habilitación, podría haber generado un riesgo en la prestación del servicio público a los afiliados, pues para la fecha de expedición del acto administrativo 326, la Superintendencia Nacional de Salud concluyó que Caprecom no cumplía con “los requisitos mínimos exigidos por la ley para operar como administradora de los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dado que no cuenta con una infraestructura administrativa y financiera para desarrollar su función básica, cual es la de ‘organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía’, definida en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993”.
En manera alguna podría afirmarse que el municipio estuviera obligado a renovar la contratación del aseguramiento en salud con una empresa que carecía de los elementos básicos para funcionar correctamente en ese campo y que, además, había sido despojada de la licencia que le permitía administrar recursos de los dos regímenes de afiliación al sistema.
Es pertinente anotar que los artículos 5 y 6 del Decreto 1804 de 1999 establecían que las personas jurídicas interesadas en fungir como administradoras del régimen subsidiado de salud, debían contar con la autorización expresa de la Superintendencia Nacional de Salud, licencia que solo sería otorgada –al tenor de tales normas-, entre otras condiciones, si la empresa disponía de una organización administrativa y financiera que le permitiera cumplir con sus funciones y responsabilidades, en especial, un soporte informático que permitiera operar en forma oportuna una base de datos actualizada de sus afiliados y sus características socioeconómicas y contar con un sistema de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos.
Luego, sin la mencionada autorización, ninguna opción legal le cabía a Caprecom para reclamar su condición de ARS en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, para vigencias posteriores al 31 de marzo de 2003.
La Sala estima pertinente reiterar que la renovación de los contratos de aseguramiento en salud no constituye, implica ni entraña un derecho en cabeza de las aseguradoras del régimen subsidiado de salud, ni está prevista en el marco legal del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un desarrollo de las normas que rigen la contratación privada -que permiten a las partes estipular cláusulas que amplíen o restrinjan a voluntad, el término de duración del contrato-.
Frente a la exigencia de la autorización expresa de la Superintendencia Nacional de Salud para la renovación de los contratos de aseguramiento para administrar los recursos del régimen subsidiado que iniciaban el 1° de abril de 2003, la Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación consideró:
Ahora bien, en sede de discusión, debe entenderse que aunque la administración hubiera previsto la falta de firmeza de la Resolución 326 de la Superintendencia de Salud, como ella bien lo manifestó dentro del acta demandada, CAPRECOM no ofrecía garantías frente a la prestación del servicio.
A la sazón, no debe perderse de vista que ante la posible revocatoria del certificado de funcionamiento, la entidad demandada no podía entenderse obligada a suscribir un contrato cuya ejecución, probablemente, no podía garantizar.
Es en aplicación de los criterios de planeación contractual que la administración debe prever las contingencias que dentro de la ejecución del contrato puedan presentarse y adoptar las decisiones que garanticen la prestación del servicio, el interés general y la inversión eficiente de los recursos públicos (...).
En este mismo sentido, en providencia del 23 de noviembre de 2017, la Subsección A de la Sección Tercera, sostuvo:
Así pues, la incertidumbre en la que se encontraba el municipio de Samaniego ante la revocatoria de la habilitación otorgada a CAPRECOM para administrar los recursos públicos del régimen de subsidiado en salud, de entrada no puede tomarse como una falsa motivación.
Ese argumento se refuerza con las exposiciones que ya se hicieron respecto de los requisitos que la Ley 715 de 2001 y el Decreto 2309 de 2002 establecieron para la habilitación de las entidades administradoras del régimen subsidiado.
En ese sentido, vale recalcar que la habilitación estaba dirigida a verificar y controlar que las administradoras del régimen subsidiado cumplieran las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema.
Bajo ese escenario, si la Superintendencia Nacional de Salud había concluido que CAPRECOM no cumplía con esos requisitos básicos y que, por ende, no podía administrar los recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud, es entendible que el municipio accionado intentara salvaguardar los intereses de su comunidad, todo ello en atención a los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política.
Por otra parte, si bien, para la época de los hechos, la ARS Caprecom no se encontraba habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, tampoco acreditó en este proceso el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el acuerdo 244 de 2003, para la renovación del contrato de administración, por lo que, igualmente, se concluiría que el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, no debía suscribir nuevamente los contratos.
Como se puede apreciar, Caprecom venía incumpliendo con el pago de los servicios de salud prestados por el Hospital San Rafael y otros, lo cual era suficiente para no renovar los contratos de aseguramiento. Además, no se tiene prueba en el expediente que dé cuenta de que Caprecom cumplía con los requisitos para la renovación de los contratos de aseguramiento para el período que iniciaba el 1° de abril de 2003, razón por la cual no era viable jurídicamente que el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, suscribiera nuevos contratos con la mencionada ARS.
7.3.- Desconocimiento del debido proceso y la falta de notificación del acto demandado
La parte actora también mencionó en su impugnación que el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, quebrantó el debido proceso y el derecho de defensa, ya que el oficio de 19 de febrero de 2003 nunca fue notificado ni mencionó los recursos que procedían en su contra.
En el plenario está acreditado el recurso de reposición formulado por Caprecom en contra del oficio de 19 de febrero de 2003, estaba por fuera del término de 5 días establecido en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, en tanto que aquel fue presentado el 4 de abril de 2003 (fls. 20 – 21 c. 1).
Por demás, en el expediente no obran pruebas que tengan relación directa con la vulneración aludida, pero, de todos modos, se procederá a estudiar si la falta notificación y la no mención de los recursos que procedían en contra del oficio de 19 de febrero de 2003 son suficientes para desestimar la legalidad del acto administrativo.
En lo que hace relación a la forma como se deben notificar las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo establecen que los actos se deben notificar personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los 5 días siguientes del envío de la citación que se haga al interesado a la dirección que aquél haya anotado en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha para tal propósito. En el evento en que no se pudiere hacer la notificación personal del acto administrativo, se acudirá a la notificación por edicto.
El artículo 47 del Decreto 01 de 1984, establece el deber de información de los recursos que proceden en contra del acto administrativo, las autoridades ante quienes se debe interponer y los plazos para hacerlos en la notificación que se haga del mismo.
Igualmente, el artículo 48 ibídem prevé que no se tendrá por hecha la notificación que se surta sin el lleno de los requisitos de que tratan los mencionados artículos, entre otros, así como tampoco producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.
En relación con la indebida o falta de notificación de las decisiones administrativas, esta Corporación ha dicho reiteradamente, que cuando un acto administrativo no ha sido notificado en debida forma o dentro de la oportunidad legal, ello no constituye causal de nulidad del mismo, pues tal hecho sólo afectaría su oponibilidad y eficacia, más no su validez. En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado:
[E]l único efecto que produce la indebida notificación es la inoponibilidad, pero en ningún momento esa irregularidad acarrea la nulidad. Las causales de anulación son las del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y todas se refieren a irregularidades que son propias del acto y que están presentes desde en el momento mismo de su expedición. Es decir, para que se configure una causal de nulidad, el acto debe estar viciado desde su aparición en el tráfico jurídico.
En contraste, los problemas que se presentan con la ausencia de notificación, o con las notificaciones defectuosas del acto, son obviamente posteriores a este y, lejos de producir su anulación, solo dan lugar a su inoponibilidad, comoquiera que la publicidad es un elemento ajeno del acto y la anulación de estos se da solo por elementos que le son propios.
En este sentido, cabe reiterar que como en el expediente no obra la constancia de notificación personal de la decisión de no renovar los contratos de aseguramiento AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 Y AZ07 de 2002, la Sala está vedada para determinar si la notificación del acto acusado en efecto se realizó de forma irregular, pero, de todos modos, como ya se dijo, la irregularidad en la notificación del acto administrativo por parte de la entidad no afecta su validez sino su eficacia, sin perjuicio de que “en el evento en que el interesado convenga en el acto o utilice en tiempo los recursos legales, se entenderá por convalidada esa falta o irregularidad en la notificación”.
En ese orden de ideas, si bien es claro que el acto administrativo demandado no indicó los recursos que procedían en su contra, lo cierto es que aquello, por sí solo, no tiene por virtud descreditar la legalidad del acto, en tanto que lo haría inoponible, pero no inexistente o inválido. Esto, a su vez, de conformidad con el tercer inciso del artículo 135 del Decreto 01 de 1984, habilitaría al interesado a demandar directamente, lo que no quiere significar que afecte su legalidad.
Por lo dicho, hay lugar a concluir que no prospera el cargo de nulidad por violación del debido proceso, respecto del acto administrativo contenido en el oficio de 19 de febrero de 2003, proferido por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.
7.4.- Falsa de motivación y la desviación de poder
En la fecha de expedición del acto administrativo objeto de censura, se hallaba vigente el Código Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35 establecía: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a las partes”.
Como se desprende de la norma en cita, la motivación es obligatoria y debe ajustarse a la verdad, so pena de que se rompa la presunción de legalidad que el ordenamiento les otorga a las decisiones de la Administración.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha enfatizado en que la motivación es un elemento estructural del acto administrativo, a tal punto que su ausencia acarrea la nulidad de la decisión. Al respecto, se ha explicado:
La motivación de las decisiones de la administración, y entre ellas las del Presidente de la República, garantiza “la transparencia en la actividad pública” porque “pone de manifiesto la vinculación de la administración al ordenamiento jurídico y… porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio de publicidad del artículo 209 de la C. P. en la parte que consagra: ‘La función administrativa está al servicio de los intereses generales’, y del artículo 123 en la parte que indica: ‘Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad’.
Luego, existiendo el deber de motivar toda decisión de la administración, el hecho de no hacerlo implica que ella es ilegal y por consiguiente cualquier determinación que se tome con fundamento en tal acto injurídico, también lo será.
Por tanto, es preciso siempre que la autoridad pública exponga clara y verazmente el motivo de sus decisiones, no solo como garantía de respeto a los derechos del administrado afectado con lo resuelto, sino porque es deber de las entidades estatales cumplir y atender los principios constitucionales que dan fundamento al Estado Social de Derecho.
Es claro para la Sala que en relación con el cargo de falsa motivación propuesto por el apelante se hicieron algunas apreciaciones al estudiar la legalidad de la no renovación de los contratos AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, AZ06 Y AZ07 de 2002, por lo que la Sala reitera que el oficio de 19 de febrero de 2003, por el cual el municipio de Zarzal decidió no renovar con Caprecom los contratos de aseguramiento en salud, explicó claramente, como ya se ha mencionado, la motivación que llevó a tomar esa decisión, lo que implica que el cargo no está llamado a prosperar.
Ahora bien, en la demanda y el recurso de apelación se aseguró que el ex alcalde del municipio de Zarzal había incurrido en desviación de poder por no haber renovado los contratos de aseguramiento con Caprecom; no obstante, al proceso no se allegó material probatorio tendiente a probar tal hecho, por lo que, igualmente, resulta claro que debe soportar la carga que ello conlleva, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
En conclusión a todo lo dicho, la presunción de legalidad que reviste a el acto administrativo demandado en el sub-lite no fue desvirtuada por el apelante, en atención a que los supuestos fácticos aplicados justifican la decisión adoptada por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y, por ende, no puede afirmarse que en la decisión impugnada se hubiese incurrido en violación del debido proceso, falsa motivación, desviación de poder, o que resulte contraria a la normatividad en la que debió fundarse.
Por todo lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte actora no tiene vocación de prosperidad, lo que amerita la confirmación del fallo apelado; no obstante, aquel se modificará en lo pertinente derivado únicamente de la declaratoria de la sucesión procesal narrada en el acápite de legitimación.
8. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida en el proceso de la referencia el 19 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLÁRENSE infundadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO: DECLÁRASE como sucesora procesal de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom-, hoy liquidada, a la sociedad fiduciaria La Previsora S.A., como administradora de su patrimonio autónomo de remanentes -PAR-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Notificaciones personales efectuadas al municipio de Zarzal y los señores Carlos Enrique Gómez Arboleda y Ancízar Bejarano Riaño obrantes a folios 98, 100 y 101 del cuaderno nro. 1. El recurso fue presentado y sustentado el 18 de junio de 2010, esto es, dentro del término otorgado para tal fin, habida cuenta de que aquel fenecía el 29 de ese mismo mes y año. Para probar este punto enunció sendos contratos celebrados para la prestación del servicio de salud, los que, además, allegó al expediente junto con el recurso. No obstante, aquellos ya obraban en el cuaderno 3 del expediente. Si bien la providencia no lo mencionó, lo cierto es que esos documentos ya obraban en el cuaderno 3 del expediente. El salario mínimo legal mensual que rigió en el año 2005 –fecha de presentación de la demanda- era de $381.500.
“En el marco de lo previsto en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000, se podrá constituir fiducia mercantil por la cual se transfieran los activos remanentes de las contingencias de la entidad en liquidación en la forma que se prevea en el mismo contrato. La entidad fiduciaria administradora del patrimonio autónomo que en virtud del presente artículo se constituya será la Fiduciaria La Previsora S. A.”. Al respecto, en sentencia C-832 de 2001, la Corte Constitucional estableció: “Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal directa, el inciso segundo del artículo 90 Superior determina que en el ‘evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste (…) El constituyente, a través de esta disposición consagró el deber del Estado, de repetir contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, ha sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos. (…) El legislador (…) consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo la acción de repetición, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario suyo, pueda solicitar a éste el reintegro de lo que ha pagado al particular beneficiario de la sentencia. (…) Ahora bien, procesalmente la vinculación del funcionario puede realizarse de varias formas, a saber: (i) Tal como lo establece el mencionado artículo 78, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022 CP: Enrique Gil Botero. En el expediente también obran los registros presupuestales de cada uno de los contratos (fls. 40-43, 45-46,48-49,51-52,54-55,57-58 c. 1). Este documento no obra en el expediente. La cual fue rendida por despacho comisorio requerido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira. Inicialmente, además del FOSYGA, la principal fuente de recursos del régimen subsidiado provenía del porcentaje del Situado Fiscal previsto en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política antes de la reforma introducida por el acto Legislativo N° 01 de 2001. Una vez entró en rigor este acto Legislativo, se estableció el Sistema General de Participaciones, cuya administración para los sectores de salud y educación fue reglamentada en la Ley 715 de 2001.
En el mismo sentido, el artículo 2 del Decreto 2357 de 1995 definió el régimen subsidiado de salud en los siguientes términos: “De conformidad con lo establecido en la Ley 100, el régimen subsidiado es el conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y de su núcleo familiar al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago total o parcial de una Unidad de Pago por Capitación Subsidiada, con recursos fiscales o de solidaridad”.
“Artículo 44. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: (…) 44.2.3. Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías”. Artículos 156, literal m, 171 y 172 de la Ley 100 de 1993. El artículo 171, que estableció expresamente la creación del CNSSS, fue derogado por la Ley 1122 de 2007, por la cual se dio paso a la Comisión de Regulación en Salud –CRES-. Hoy vigente y compilado por el artículo 2.3.1.9. del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. El cual puede ser consultado en la página virtual del Ministerio de Salud, a través del enlace: https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/ACUERDO % 20223%20DE%202002.pdf.
(consultado por última vez el 26 de abril de 2019). En el acápite de las consideraciones, el Acuerdo 223 de 2002 indicó: “hasta tanto no se definan las reglas para la aplicación del artículo 46 de la Ley 715 de 2001, los municipios y distritos, no están en condiciones de suscribir contratos de aseguramiento por la anualidad establecida en el artículo 30 del Acuerdo 77 del CNSSS para garantizar la continuidad de los afiliados al Régimen Subsidiado a partir del 1° de abril de 2002”. En esa medida, la norma estableció en su artículo 1: “Amplíase el período de contratación que concluye el 31 de marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2002, para lo cual las entidades territoriales comprometerán los recursos del Sistema General de Participaciones incluidos en el documento Conpes 057 Anexos 6.1, 6.2 y 6.3 para cada municipio, y los recursos disponibles del Fosyga (…)”.
“Artículo 2°. Efectividad de los traslados. En la ampliación del período de contratación, las entidades territoriales incluirán los traslados de ARS realizados por los afiliados y que se harían efectivos el 1° de abril de 2002”. Recuperado del enlace: HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7809" http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7809 (última consulta, 23 de abril de 2019). Estableció la norma: “Selección de ARS por las entidades territoriales. Las entidades territoriales, seleccionarán las ARS hasta el número máximo definido por el Ministerio de la Protección Social en cada región. La selección se hará mediante concurso que se realizará de la siguiente forma: 1. Entre las ARS que se encuentran autorizadas y cumplan las condiciones de habilitación para ser seleccionadas se elegirán las mejores calificadas en estricto orden descendente. 2. En caso de presentarse varias ARS habilitadas con igual calificación, se seleccionarán en su orden, las ARS con las siguientes características: a) Las empresas solidarias de salud y demás entidades promotoras de carácter comunitario, según lo establecido en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 216, Ley 100 de 1993; b) Las Cajas de Compensación Familiar que administran directamente los recursos previstos en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 217, Ley 100 de 1993; c) Aquellas que se encuentren operando en el mayor número de municipios de la región;
d) Aquellas con mayor número de afiliados en la región. La selección de las ARS para operar en cada uno de los municipios que hacen parte de la región se hará por acto administrativo del jefe de la entidad territorial respectiva (…)”. En igual sentido se manifestó la Subsección A el 21 de junio de 2018, exp. 38.243. Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 1 de julio de 2015, exp. 40092, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, exp. 45857, M.P.:
Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, ver las sentencias del 3 de agosto de 2017 –Subsección B-, exp. 37026, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero, y del 29 de julio de 2015, exp. 45434, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Por último, consultar la sentencia proferida por la Subsección A el 23 de noviembre de 2017, exp. 33955. M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico (E). Transcrita al inicio de esta providencia. La cláusula fue la siguiente: “Se entienden incorporadas al presente contrato todas las normas para la aplicación y desarrollo de las cláusulas en el presente contrato de conformidad con las funciones y responsabilidad de las partes en la operación del régimen subsidiado y en especial lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y 715 de 2001, decretos reglamentarios, acuerdos del CNSSS, resoluciones y circulares del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud vigentes, así como las normas que las aclaren, modifiquen, adiciones o complementen”. Norma que luego fue integrada en el artículo 45 del acuerdo 244 de 2003. Ley 100 de 1993. “Artículo 216. REGLAS BÁSICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SUBSIDIOS EN SALUD. (…) 2. Cuando la contratación se haga con una entidad que no sea propiedad de los usuarios como las Empresas Solidarias de Salud, la contratación entre las direcciones seccionales o locales de salud con las Entidades Promotoras de Salud se realizará mediante concurso y se regirá por el régimen privado, pudiendo contener cláusulas exorbitantes propias del régimen de derecho público (…)”. Artículo 58. Períodos de contratación. Los períodos de contratación del Régimen Subsidiado se sujetarán al siguiente régimen de transición: 1. El período de contratación que inicia el primero de abril de 2003, se celebrará por un término de seis meses que vence el 30 de septiembre de 2003 y se regirá por las condiciones de operación del presente acuerdo. Para este período de contratación, las ARS que no cumplan con el margen de solvencia a 31 de diciembre de 2002 previsto en el Decreto 882 de 1998 o incurran en la situación prevista en el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, no podrán suscribir contratos de aseguramiento. 2. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado no se encuentran en firme, los contratos de aseguramiento suscritos el primero de abril de 2003, se entenderán prorrogados de manera automática por seis meses más, con las condiciones pactadas inicialmente, incluyendo los recursos de financiamiento, previo el trámite presupuestal correspondiente. 3. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado se encuentran en firme, se suscribirán nuevos contratos de aseguramiento, previo el trámite presupuestal correspondiente, por seis meses, con las ARS autorizadas, habilitadas y seleccionadas, aplicando plenamente las disposiciones del presente acuerdo. (…) 6. Para efectos de la liquidación de los contratos suscritos con anterioridad al primero de abril de 2003, se aplicarán las normas vigentes a la fecha de suscripción de los respectivos contratos. Artículo 58, numeral 6 del Acuerdo 244 de 2003. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de julio de 2015, exp. 41325, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de 2017, expediente 33955, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico (E).
[66] “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)”. Los requisitos adicionales eran los siguientes: a) Que la ARS haya sido seleccionada por el Ministerio de la Protección Social para operar en esa región (artículo 38); b) Que la ARS cumpliera con el porcentaje mínimo de participación en cada municipio según lo establecido en el artículo 39 del acuerdo (artículo 46); c) Que la ARS haya sido elegida libremente durante el proceso de afiliación o traslado por los beneficiarios del subsidio (artículo 46); d) Que la ARS, a 31 de diciembre de 2002, cumpla con el margen de solvencia dispuesto en el Decreto 882 de 1998 (artículo 58); e) Que la ARS no esté incursa en la situación prevista en el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, que establece los efectos de la mora de las ARS frente a la red prestadora de servicios, quienes además de resultar incursas en el pago de intereses moratorios y de las sanciones contempladas en la normativa referida, pueden enfrentar las siguientes consecuencias: i) la entidad territorial podrá abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes, en el siguiente período de contratación, en el evento en que la ARS haya incurrido en mora superior a 7 días calendario respecto de la cuentas debidamente aceptadas, habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, ii) la entidad territorial dará por terminado el contrato de administración de recursos del régimen subsidiado e impedirá que la ARS contrate con la misma entidad territorial para el siguiente período de contratación, en el evento de que la mora se presente en 2 períodos de pago dentro de la misma vigencia contractual y equivale como mínimo al 5% del pasivo corriente de la ARS (artículo 58).
“Deber y forma de la notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código”.
“Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará un edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”.
“Falta o irregularidad de las notificaciones.
Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr001.html" \l "46" 46”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 09 de diciembre de 2013, expediente 47783, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido: Sección Primera, sentencia del 09 de septiembre de 2004, expediente 2002-90012, C.P. Rafael E. Oustau de Lafont Pianeta; Sección Quinta, Sentencia del 26 de julio de 2018, Radicado 25000-23-24-000-2008-00310-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2018, exp. 39920, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
“Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos”.
Consejo de Estado – Sección Cuarta. Sentencia del 18 de mayo de 2006, exp. N° 14778, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa. En el mismo sentido, la sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. N° 17452, Sección Cuarta. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. N° 25000-23-26-000-2000-01335-01(28505). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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