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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-05527-02

Fecha
19 de octubre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-05527-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2005-05527-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de octubre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-31-000-2005-05527-02 (63.331)
Demandante: SANAMBIENTE LTDA Y OTRO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -
APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN

Síntesis del caso: una unión temporal –integrada por una sociedad nacional y otra
extranjera– participó en una licitación pública; sin embargo, su propuesta fue descalificada
por no cumplir con los requisitos habilitantes; los demandantes pretenden la nulidad del
acto de adjudicación por considerar que sí acreditaron los requisitos habilitantes ya que los
documentos financieros de la sociedad extranjera cumplían con las normas de contabilidad
del país de origen, y que se declare su propuesta como la mejor y se le restablezcan los
derechos que le asisten.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia del 31 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca (fls. 240 a 249 vlto. cdno. ppal.) mediante la cual se dispuso lo
siguiente:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- NO CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” (fl.
249 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

La demanda

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2005 (fl. 131 cdno. ppal.), las
empresas Sanambiente Ltda y Stevens Water Monitoring Systems Inc –integrantes
de la unión temporal Stevens-Sanambiente– presentaron demanda en ejercicio de
la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código

2
Expediente: 76001-23-31-000-2005-05527-02 (63.331)
Actor: Sanambiente Ltda y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Contencioso Administrativo (CCA) (fls. 44 a 131 cdno. ppal.) con las siguientes
súplicas:

“2.1. Es nulo el acto administrativo contenido en la Resolución DG no.
1.019 del 28 de noviembre de 2005, mediante el cual el Director Gerente
de la CVC resolvió:

‘Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública CVC no. 3 de 2005,
cuyo objeto es la adquisición, el suministro, montaje, instalación y
puesta en funcionamiento de los equipos para la recepción directa
de los datos del Satélite GOES transmitidos por las estaciones
hidroclimatológicas de propiedad de la CVC al Centro de Control y
su software de configuración, procesamiento, almacenamiento y
gestión, incluyendo la adaptación del sistema a los recursos y
características del actual Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental
‘SIMA’ con el respectivo servicio de soporte y mantenimiento,
además de la capacitación del personal para la correcta operación
y mantenimiento del sistema, al CONSORCIO COMUNDIAL-
SUTRON, integrado por las firmas Comundial Ltda y Sutron
Corpotarion (sic) Inc.

Artículo Segundo: El valor del contrato derivado de la adjudicación,
asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($449.869.638)
MONEDA CORRIENTE, suma cuyo pago está respaldado con el
certificado de disponibilidad presupuestal no. 10 del 23 de febrero
de 2005.’.

2.2. Que se declare como la mejor propuesta la presentada por la UNIÓN
TEMPORAL STEVENS-SANAMBIENTE, toda vez que, es la propuesta
que de acuerdo con los términos de referencia, cumple con los mismos, y
es la más conveniente para la ejecución del contrato cuyo objeto es la
adquisición, el suministro, montaje, instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos para la recepción directa de los datos del
Satélite GOES transmitidos por las estaciones hidroclimatológicas de
propiedad de la CVC al Centro de Control y su software de configuración,
procesamiento, almacenamiento y gestión, incluyendo la adaptación del
sistema a los recursos y características del actual Sistema Integrado de
Monitoreo Ambiental ‘SIMA’ con el respectivo servicio de soporte y
mantenimiento además de la capacitación del personal para la correcta
operación y mantenimiento del sistema.

2.3. Como consecuencia de la declaración anterior, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) debe
restablecer en el derecho a SANAMBIENTE LTDA y STEVENS WATER
MONITORING SYSTEMS INC, miembros de la UNIÓN TEMPORAL
STEVENS-SANAMBIENTE, en los siguientes términos:

2.2.1 POR DAÑO EMERGENTE

Son los dineros que SANAMBIENTE LTDA pagó a sus empleados y a
terceros para elaborar la propuesta que se presentó en la Licitación
Pública CVC no. 3 de 2005, así:

3
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Actor: Sanambiente Ltda y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Detalle Valor
Términos de Referencia $495.950
Pólizas $58.000
Subtotal $553.950

Gastos de personal Horas Valor por hora Total
Presidencia 220 $55.078 $12.117.160
Gerencia 60 $27.000 $1.620.000
Asistente contable 5 $22.683 $113.415
Contador 8 $12.700 $101.600
Revisor fiscal 8 $12.700 $101.600
Director comercial 90 $29.375 $2.643.750
Coordinador de
200 $22.379 $4.475.800
proyectos
Director técnico 150 $27.000 $4.050.000
Auxiliar administrativo 15 $14.200 $213.000
Subtotal $25.436.325

Gastos administrativos Valor
Traductor $485.000
Abogado $1.000.000
Gastos administrativos $95.481
Energía $39.573
Papelería $607.605
Copias internas $90.400
Copias CVC $236.404
Llamadas telefónicas $118.560
Subtotal $2.673.023
Total gastos propuesta $28.663.298

Son VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.

2.3.1 POR LUCRO CESANTE

Este está conformado por los dineros que SANAMBIENTE LIMITADA dejó
de recibir por concepto de utilidades si se hubiera adjudicado el contrato,
así:

2.3.2.1 LAS UTILIDADES SE CALCULAN ASÍ:

A) UTILIDADES DEL PROYECTO que en el AUI de la propuesta
equivalen al veinte por ciento (20%) del valor total de la misma, es decir,
la suma de $88.541.215 pesos moneda corriente.

2.4 POR DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES

Este está conformado por los dineros que SANAMBIENTE LIMITADA y
STEVENS WATER MONITORING SYSTEMS INC dejó de recibir por
concepto de la no adjudicación del contrato, así:

2.4.1. Daño por la pérdida de oportunidad: A razón de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MITE ($441.958.415), que es
el valor que potencialmente dejo de recibir y que podía ser fundamento de
experiencia en contrataciones como cómputo total de experiencia.

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Actor: Sanambiente Ltda y otro
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2.5 Por cada una de las sumas de dinero que esté obligado a pagar la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
(CVC) a las sociedades demandantes deberá reconocer intereses
comerciales desde el 28 de noviembre de 2005 hasta la fecha de
cumplimiento de la sentencia o la indexación correspondiente.

2.6. Por todos y cada uno de los perjuicios causados por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
(CVC) a las sociedades demandantes que resulten probados durante el
proceso.

2.6. (sic) La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse
mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se
ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al
consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 179
del Código Contencioso Administrativo.

2.7. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a
los artículos 176 y 177 del Código de Contencioso Administrativo.” (fls. 45
a 48 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

1) El 1 de julio de 2005, mediante la Resolución DG número 454, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ordenó la apertura de una licitación
pública para contratar “la adquisición, suministro, montaje, instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos para la recepción directa de los datos del Satélite
GOES transmitidos por las estaciones hidroclimatológicas de propiedad de la CVC
al Centro de Control y su software de configuración, procesamiento,
almacenamiento y gestión, incluyendo la adaptación del sistema a los recursos y
características del actual Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental (SIMA) con el
respectivo servicio de soporte y mantenimiento además de la capacitación del
personal para la correcta operación y mantenimiento del sistema” (fl. 48 cdno. ppal.).

2) A la licitación se presentaron tres participantes: a) Durespo SA, b) consorcio
Comundial Ltda-Sutron Corporation Inc –integrado por Comundial Ltda y Sutron
Corporation Inc– y c) la unión temporal Stevens-Sanambiente.

3) El 8 de septiembre de 2005, la entidad convocante requirió a la unión temporal
Stevens-Sanambiente y al consorcio Comundial Ltda-Sutron Corporation Inc para
que presentaran los documentos acerca de su situación financiera debidamente

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Actor: Sanambiente Ltda y otro
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Apelación de sentencia

certificados por un contador público o revisor fiscal de las sociedades Stevens Water
Monitoring System Inc y Sutron Corporation Inc pues, los que allegaron con sus
respectivas propuestas no se ajustaban al numeral 17.1 (literal k) del pliego de
condiciones base de la licitación.

4) La unión temporal presentó la información financiera de los años 2003 y 2004 de
la sociedad Stevens Water Monitoring System Inc.

5) Sin embargo, el 15 de octubre de 2005, el informe de evaluación y calificación
desestimó la propuesta de la unión temporal Stevens-Sanambiente por falencias en
los documentos financieros; durante el traslado para presentar observaciones a
dicho informe la unión temporal alegó, de un lado, que los estados financieros de
Stevens Water Monitoring System Inc –como sociedad extranjera– no debían
cumplir con las disposiciones aplicables a las compañías nacionales y, de otro, que
Sutron Corporation Inc –integrante del consorcio adjudicatario– debió aportar el
poder de que trata el artículo 22 (numeral 4) de la Ley 80 de 1993 por ser una
compañía extranjera sin domicilio o sucursal en el territorio nacional colombiano.

6) Los días 10, 17 y 28 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la audiencia pública
de adjudicación durante la cual se manifestó que los documentos financieros de
Stevens Water Monitoring System Inc no cumplían con los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones y, que el poder otorgado por Sutron Corporation Inc era
suficiente.

7) El 28 de noviembre de 2005, a través de la Resolución número 1.019, la entidad
demandada adjudicó el contrato al consorcio Comundial Ltda-Sutron Corporation
Inc.

Cargos de la demanda

El demandante considera que con el acto acusado se desconocieron los artículos
1, 13, 82, 100, 122 y 332 de la Constitución Política; 7, 13, 22, 25, 29 y 30 de la Ley
80 de 1993 y 22 de la Ley 489 de 1998; la solicitud de nulidad se sustentó en lo
siguiente:

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Apelación de sentencia

1) “Falsa motivación”, por cuanto los estados financieros de Stevens Water
Monitoring System Inc sí cumplían con los requerimientos exigidos en el proceso de
selección puesto que, por ser una sociedad extranjera, no le era exigible la
certificación de documentos contables por parte de un contador o revisor fiscal
nacional colombiano.

Además, la entidad consideró erradamente que el documento de conformación del
consorció adjudicatario tenía “la calidad de poder para representar personas
jurídicas extranjeras judicial y extrajudicialmente” (fl. 100 cdno. ppal.).

2) “Falta de competencia”, porque la audiencia de adjudicación fue dirigida
inicialmente por quien no tenía facultad legal para ello, debido a que la audiencia
adelantada el 10 de noviembre de 2005 fue presidida por el Director de Gestión
Ambiental Territorial pero, a través de la Resolución número 968 del 9 de noviembre
de 2005 el ordenador del gasto delegó esa competencia en el Director Técnico
Ambiental.

Adicionalmente, la licitación tenía que adjudicarse en un término máximo de doce
(12) días hábiles después del periodo de permanencia del informe de calificación y
evaluación los cuales se cumplieron el 10 de noviembre de 2005; no obstante, la
adjudicación se llevó a cabo el 28 de noviembre de ese mismo año.

Contestación de la demanda

1) La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (fls. 151 a 159 cdno.
ppal.) propuso la excepción de “insuficiente capacidad para demandar” porque el
poderdante que actúa en representación de Stevens Water Monitoring System Inc
no tenía la facultad de designar apoderados judiciales.

2) El consorcio Comundial Ltda-Sutron Corporation Inc guardó silencio, a pesar de
que se le notificó personalmente el auto admisorio (fl. 140 cdno. ppal.).

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de octubre de
2018 negó las pretensiones de la demanda con los siguientes fundamentos:

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1) La excepción de “insuficiente capacidad para demandar” no prospera porque la
sociedad Stevens Water Monitoring System Inc designó un representante legal para
que actuara en su nombre y representación en todo lo relacionado con la
contratación de la compañía en territorio colombiano y dicho representante otorgó
el poder para promover el presente proceso.

2) Sin embargo, la sociedad en comento presentó los documentos que informan
sobre su situación financiera sin el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones pues, no estaban certificados por un contador ni por un revisor fiscal.

3) En consecuencia, “es innecesario analizar los subsecuentes cargos de nulidad
porque el demandante no acreditó la ilegalidad del acto administrativo de
adjudicación en lo relativo al cumplimiento de los pliegos de condiciones por su
parte” (fl. 249 cdno. ppal.).

Recurso de apelación

La parte demandante (fls. 250 a 252 cdno. ppal.) impugnó el fallo de primer grado
con los siguientes argumentos:

1) La sociedad extranjera Stevens Water Monitoring System Inc presentó un informe
de auditoría suscrito por Price Waterhouse Coopers LLP –compañía que verificó la
capacidad financiera de dicho demandante–, por lo tanto, no le era exigible la
certificación de un contador o revisor fiscal colombiano porque es ajena a la
normatividad nacional en esa materia.

2) El consorcio Comundial Ltda-Sutron Corporation Inc –el adjudicatario– debió ser
descalificado porque uno de sus integrantes no tenía un apoderado en los términos
del artículo 22 (numeral 4) de la Ley 80 de 1993.

Actuación surtida en la segunda instancia

Por auto del 20 de marzo de 2019 (fl. 260 cdno. ppal.) se admitió el recurso de
apelación y el 4 de junio del mismo año (fl. 262 cdno. ppal.) se corrió traslado para
alegar de conclusión, en dicho término las partes demandante y demandada
guardaron silencio; el agente del Ministerio Público (fls. 268 a 287 cdno. ppal.)
advirtió que los documentos presentados por Stevens Water Monitoring System Inc

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no estaban certificados por un contador o revisor fiscal tal como lo exigía el pliego
de condiciones, en consecuencia, no podría aceptarse el cumplimiento de ese
requisito con un documento que el proponente considera como equivalente, porque
ello afectaría la igualdad que debe existir entre todos los participantes en la
respectiva licitación.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.

Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La controversia planteada en término1 consiste en determinar, conforme a la
apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante,
el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos
contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder
debidamente otorgado respecto de otro participante.

Se confirmará la sentencia de primera instancia porque ninguna de las razones de
apelación permiten concluir algo distinto a lo expuesto por el tribunal.

El caso concreto

2.1 La certificación de los documentos que informan la situación financiera de
los participantes en una licitación

1) El actor discute la necesidad de que los documentos financieros deban estar
certificados por un contador público o un revisor fiscal pues, como sociedad
extranjera no le resultan aplicables las normas locales, punto sobre el cual debe
precisarse lo siguiente:

1 La Resolución número 1.019 del 28 de noviembre de 2005 se notificó el mismo día de su expedición

(fl. 661 cdno. 3B) y la demanda se presentó el 19 de diciembre del mismo año (fl. 131 cdno. ppal.),
se destaca que no está acreditada la suscripción del contrato.

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a) El numeral 17.1 (literal k) del pliego de condiciones base de la licitación del asunto
objeto de análisis establece, entre otras cosas, el siguiente requisito habilitante:

“Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, deben
presentar los documentos que informan sobre su situación
financiera, los cuales como mínimo serán: balances generales e informes
de auditoría correspondientes a los últimos dos (2) años, balance general
a diciembre 31 de 2004, certificados por contador público titulado y/o
revisor fiscal de ser de obligatoriedad, además el estado de pérdidas
y ganancias correspondientes a ese mismo periodo de tiempo, el
proponente debe adjuntar obligatoriamente la fotocopia de la
matricula profesional del contador público y/o revisor fiscal. En los
casos de consorcios y uniones temporales , cada uno de los miembros
debe presentar los citados documentos.” (fl. 17 anexo 5 - negrillas
adicionales).

b) El numeral 17.1 (literal o) del mismo instrumento prevé “que las propuestas
presentadas por firmas extranjeras deben aportar toda la documentación exigida en
el presente pliego de condiciones” (fl. 19 anexo 5) y el último inciso del numeral 17.1
estipula que “todos los oferentes deben cumplir con cada uno de los requisitos
habilitadores exigidos en el presente numeral. En caso de omisión de alguno de
ellos, la CVC otorgará un plazo prudencia para aportarlo. Si el oferente dentro del
plazo señalado para el efecto no allega el documento omitido, la propuesta será
desestimada” (fl. 20 anexo 5).

c) El ahora demandante presentó sus estados financieros junto con un “informe de
contadores independientes” expedido por Price Waterhouse Coopers LLP (fl. 283
cdno. 3A).

d) Ante el requerimiento de la entidad para que un contador certificara los balances,
el proponente aseguró que estos fueron “presentados acorde a las normas legales
del Estado de donde es origen (sic) esta firma, es decir firmados por el presidente y
acompañado de un informe de auditoría (…) la firma Price Waterhouse Cooper,
empresa que audita a Stevens, es una firma de auditoria multinacional, cuya función
es la de hacer auditorias” (fl. 348 cdno. 3B) y nuevamente entregó los balances,
pero, esta vez con los valores en pesos colombianos (fl. 351 a 355 cdno. 3B).

2) Así las cosas, se advierte que los demandantes estaban enterados
suficientemente y desde el inicio del proceso de selección que Stevens Water
Monitoring System Inc –como sociedad extranjera– debía presentar los documentos

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que informaran sobre su situación financiera debidamente certificados por un
contador público o un revisor fiscal con tarjeta profesional expedida en Colombia.

Exigir que un contador o revisor fiscal certifique los documentos financieros del
respectivo participante no significa que se obligue a una sociedad extranjera a
adecuarse en un todo y de forma permanente a las normas de contabilidad de otro
territorio.

En efecto, las empresas foráneas se someten, por regla general, a las disposiciones
del territorio donde tengan sede; sin embargo, es posible que en determinadas
ocasiones se les exija el cumplimiento de alguna disposición que en principio no les
resulta aplicable, como ocurrió en este caso, donde para un asunto específico –
proceso de selección– se le exigió al participante la entrega de sus estados
financieros con el lleno de unos requisitos propios del ordenamiento colombiano, lo
cual no significa que sus documentos contables pierdan valor o que en lo sucesivo
deba elaborarlos con fundamento en otras reglas.

3) La exigencia se limitó a la entrega de la certificación de los documentos que
informaran sobre la situación financiera, lo cual se hace con fundamento en el
artículo 37 de la Ley 222 de 1995 que prevé lo siguiente:

“Estados financieros certificados. El representante legal y el contador
público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados
financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los
asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos,
conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente
de los libros.” (se resalta).

4) En esa medida, como para el momento de los hechos no existía una norma
parecida al artículo 2.2.1.1.1.5.22 del Decreto de 1082 de 2015, un contador público3
debía certificar los estados financieros de la sociedad extranjera, máxime cuando
durante el proceso de selección el afectado no solicitó la aclaración o corrección del

2 “Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con

las normas aplicables en el país en el que son emitidos.”.
3 El artículo 11 de la Ley 43 de 1990 prevé: “Es función privativa del Contador Público expresar

dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros
estados financieros.” (se resalta).

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pliego para poder acreditar su situación financiera con otros documentos o con otras
formalidades o protocolos.

5) En consecuencia, esa actuación no podía suplirse con el “informe de contadores
independientes” de Price Waterhouse Coopers LLP pues, por una parte, el pliego
de condiciones expresa y claramente estableció que las sociedades extranjeras
debían entregar la totalidad de los documentos con el lleno de los requisitos
requeridos, esto es, los estados financieros certificados y, de otra, se desconoce el
contenido de dicho informe.

6) En efecto, el informe (fl. 282 cdno. 3A) está redactado en un idioma extranjero –
inglés– por lo cual para poder apreciarlo válidamente como prueba, según lo
puntualmente exigido por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil (CPC) –
disposición vigente al momento en que se allegó la prueba al proceso de la
referencia–, “se requiere que obre en el proceso con su correspondiente traducción
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por
traductor designado por el juez.”, norma de procedimiento que, por su naturaleza,
según lo preceptuado en el artículo 6 del CPC, es de orden público y por lo tanto de
perentorio cumplimiento.

No obstante, la traducción que reposa en el expediente (fl. 283 cdno. 3A) no cumple
con los requisitos exigidos por dicha norma pues, se desconoce quién lo tradujo y
si cumplía con las calidades exigidas para ello, solo aparecen la firma y sello del
notario que certifica la autenticidad de ese ejemplar, por lo tanto, no puede
apreciarse como prueba el “informe de contadores independientes” porque su
traducción se hizo por fuera de los parámetros legalmente preestablecidos.

7) En esa medida, se tiene que los estados financieros de Stevens Water Monitoring
System Inc no están certificados4 por un contador público como lo exigía el pliego
de condiciones y, en todo caso, se desconoce si dichos balances se presentaron de
conformidad con las normas de contabilidad propias del país de origen, según lo
afirma la parte actora, porque el documento que presentó el demandante para

4 La Corte Constitucional precisó: “Los ‘estados financieros certificados’ son, pues, los que, suscritos

por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se prepararon, para ser
puestos en conocimiento de los asociados o terceros, contienen la ‘certificación’ de ser reflejo fiel de
los libros y de haber sido objeto de previa comprobación, según el reglamento”. Corte Constitucional,
sentencia C-290 del 16 de junio de 1997, exp. D-1492, MP Jorge Arango Mejía.

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acreditar el punto no puede valorarse como prueba, por lo tanto, para lo que interesa
al proceso la selección los documentos contables no acataban las exigencias
requeridas.

2.2 La necesidad de las personas jurídicas privadas extranjeras de constituir
apoderado

1) El apelante afirma que Sutron Corporation Inc –integrante del consorcio
adjudicatario– no constituyó apoderado según lo exigía el artículo 22 (numeral 4) de
la Ley 80 de 1993 –derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007– a las
sociedades extranjeras, norma cuyo texto es como sigue:

“Del registro de personas extranjeras. Cuando se trate de personas
naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
Colombia, que pretendan presentar propuestas o celebrar contratos
para los cuales se requiera presentar el registro previsto en esta ley, se
les exigirá el documento que acredite la inscripción en el registro
correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así como
los documentos que acrediten su existencia y su representación legal,
cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de
inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro
establecido en esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un
apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para
representarlas judicial y extrajudicialmente.” (se resalta).

2) La norma legal citada obligaba a las personas jurídicas extranjeras a contar con
un apoderado domiciliado en Colombia si pretendían presentar propuestas o
celebrar contratos, tal exigencia no resulta extensiva a Sutron Corporation Inc en
relación con el proceso de selección que culminó con el acto acusado porque no
participó en este, en efecto, el consorcio del cual hacía parte fue quien participó y
resultó adjudicatario de la licitación lo cual excluye la posibilidad de que dicha
sociedad presentara propuestas o firmara contratos, en todo caso, los consorcios y
las uniones temporales actúan a través del representante designado en el
documento de conformación, interlocutor que actúa durante el proceso de selección
ante la entidad y demás participantes, en consecuencia, es innecesario que los
integrantes designen apoderados pues, estos no intervendrían en el trámite.

Condena en costas

13
Expediente: 76001-23-31-000-2005-05527-02 (63.331)
Actor: Sanambiente Ltda y otro
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA en el presente asunto
no hay lugar a condenar en costas en esta instancia por cuanto la conducta de las
partes no evidencia en modo alguno una actuación caprichosa, arbitraria o
temeraria.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salvamento de voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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