Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2006-03473-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2006-03473-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2006-03473-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022
Radicación: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731)
Demandantes: Consorcio Prethell González S.A.
Demandado: Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales - desequilibrio económico nulidad de convenio -
convenio de asociación
Síntesis: una sociedad solicitó, entre otras pretensiones, que se declare la ruptura de
equilibrio económico de dos convenios de asociación
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 26 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Causa, en la cual se declaró la nulidad, de oficio,
de los convenios asociativos objeto del litigio, se decidió sobre las
restituciones mutuas, y se remitieron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El Consorcio Prethell Gónzalez S.A. presentó demanda2, en ejercicio de la
acción de controversias contractuales, en contra del Fondo Especial de
Vivienda del municipio de Cali, con las siguientes pretensiones (se trascribe):
"Primera: Que entre el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali
y la Sociedad Consorcio Prethell Gónzalez S.A. se celebraron
válidamente y aún están vigente dos convenios asociativos o convenios
de asociación así: El primero suscrito por los representantes legales de los
entes contratantes, el día 17 de marzo de 1999, pero con tres
modificatorios más, previo en su objeto, que los contratantes se
asociaran para llevar a cabo la construcción, promoción, venta y
financiación de un programa de vivienda de interés social que hace
1
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por las partes en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
2
El 10 de octubre de 2006. Expediente electrónico, índice Samaí 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-31-000-2006-03473-01 (67731)
Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
Demandado: Fondo Especial de Vivienda del
Municipio de Cali
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
parte del Proyecto Urbanístico «Ciudadela del Río» conformado en
definitiva por 701 soluciones básicas de vivienda de interés social; el
segundo, suscrito igualmente por los representantes legales de las
entidades mencionadas el día 16 de mayo del año 2000, bajo los mismos
lineamientos del primer convenio, estableciendo como objeto la
asociación de las partes contratantes para llevar a cabo la
construcción, promoción, venta y financiación de un programa de
vivienda de interés social, denominado Pizamos II sectores Sol de Oriente
y Alférez Real, conformado finalmente por 497 unidades.
Segunda: Que por causas no imputables a la Sociedad Consorcio
Prethell González S.A. originadas en hechos y circunstancias
extraordinarias y de carácter imprevisible, posteriores a la celebración
de los anteriores convenios asociativos, se rompió el equilibrio
económico de los citados contratos estatales (…)
Tercera: Que como consecuencia de la anterior declaración, se
condene al Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, a
restablecer la ecuación económico financiera de los citados convenios
asociativos (…) equivalen a la suma de $4.056.818.949 (…)
Cuarta: que la suma anterior, en consideración a las pérdidas de poder
adquisitivo del peso colombiano, sea ajustada desde la fecha de
causación del daño y hasta la fecha en que se profiera el fallo definitivo
(…)
Quinta: Que el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, le
reconozca y pague a la Sociedad demandante, intereses comerciales
sobre las cantidades líquidas de dinero (…)
Sexta: Que la tasa de interés pactada a favor del Fondo Especial de
Vivienda del Municipio de Cali sobre el valor de la restitución de aportes
equivalente al 10.11% anual para preservar el equilibrio económico de
las prestaciones a cargo de la Sociedad Consorcio Prethell González S.A.
sea reducida al 7.077% anual (…)
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos:
3. 1) El Fondo Especial de Vivienda del municipio de Cali (el Fondo) y la
Sociedad Consorcio Prethell González (la Sociedad) celebraron, el 17 de
marzo de 1999, un convenio asociativo, con carácter de contrato estatal,
pero regido por el derecho privado con fundamento legal en el artículo 51
de la Constitución, la Ley 3 de 1991, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y el
Decreto 87 de 12 de febrero de 1999. El objeto del convenio fue “la
construcción, promoción, venta y financiación de un programa de vivienda
de interés social que hace parte del proyecto urbanístico «Ciudadela del
Río»”. En ese convenio se fijaron las condiciones de financiación, la forma de
restitución de aporte, y la duración, 6 años.
4. 2) Las partes celebraron un nuevo convenio asociativo el 16 de mayo de
2000, con los mismos lineamientos y estipulaciones, pero con una duración
de once años y medio, para la “construcción, promoción, venta y
financiación de 608 soluciones básicas [de vivienda] de interés social [de un
proyecto] denominado «Fase 1 - Andes y Fase 2» Farallones, que
posteriormente se llamó «Pizamos II Sectores Sol de Oriente y Alférez»”. El
número de viviendas se redujo posteriormente a 489.
5. 3) El constructor cumplió “en buena parte y a cabalidad con las
obligaciones” derivadas de los convenios. No obstante, aún está pendiente
de la restitución total de los aportes, pues la única fuente de pago de los
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Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
Demandado: Fondo Especial de Vivienda del
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Decisión: confirma la Sentencia
proyectos fue la cartera hipotecaria originada en la financiación otorgada
a los compradores.
6. 4) La situación de malestar e inconformismo de los compradores es “de
dominio público”. El Fondo, por su parte, ha considerado que, como
consecuencia de las obligaciones de financiación asumidas por la
sociedad, todo lo relativo a la financiación es de su exclusiva
responsabilidad.
7. 5)Los beneficiarios del proyecto, como mecanismo de presión, decidieron
suspender el pago de las cuotas mensuales.
8. 6) La ecuación financiera de los convenios se vio alterada por la
expedición de la Ley 546 de 1999 y su sentencia de constitucionalidad sobre
financiación de vivienda. Las partes revisaron, con base en esa norma, las
condiciones de pago y facilidades otorgadas a los compradores. No
obstante, no tuvieron en cuenta las consecuencias que esto tuvo sobre la
estructura económica de los convenios.
9. 7) No se han revisado, en estos convenios, elementos fundamentales
como la reducción drástica de los ingresos provenientes del recaudo de la
cartera hipotecaria, originada en la financiación de las viviendas a los
compradores.
10. 8) El Fondo instauró una demanda ejecutiva contra la Sociedad para
cobrar unos cheques que se habían entregado a título de garantía.
11. En el aparte de fundamentos de derecho, el demandante explicó que
los convenios habían sido celebrados de conformidad con el inciso 1 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que se había presentado desequilibrio
económico de los convenios causado por la expedición de la Ley 546 de
1999, y la Sentencia de constitucionalidad de esa Ley. En ese aparte explicó
que solicitaba la aplicación de la teoría de la imprevisión.
1.2. Posición de la parte demandada
12. El Fondo, Magdalena contestó la demanda3, escrito en el cual solicitó
que se negaran las pretensiones. Los argumentos defensivos del Fondo
pueden resumirse de la siguiente manera:
13. No hubo ruptura del equilibrio económico de los convenios, pues la
Sociedad sabía, para el momento de la celebración del convenio, que
debía someterse a lo ordenado por la Ley 546 de 1999, ya que ello ocurrió
con posterioridad a la expedición de dicha norma.
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Demandado: Fondo Especial de Vivienda del
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
14. El constructor no puso de presente en su demanda que había tenido
otras fuentes de financiación de los proyectos, como el apalancamiento
que le dio el Fondo.
15. El demandado también sostuvo que la ecuación financiera aducida por
el demandante no existía y que las consecuencias económicas que pudo
haber sufrido fueron consecuencia de los riesgos que asumió. Este, relató,
sometió la recuperación de su inversión a la venta de las viviendas.
1.3. Sentencia recurrida
16. El 26 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
profirió Sentencia4, en la cual declaró la nulidad, de oficio, de los convenios
asociativos objeto del litigio, decidió sobre las restituciones mutuas, y remitió
copias a las Fiscalía y a la Procuraduría. La decisión fue adoptada, en
síntesis, con base en los siguientes argumentos:
17. Los convenios celebrados consistían en que el Fondo aportaba unos
lotes de terreno y la sociedad construía y vendía viviendas en ellos, las cuales
eran pagadas por terceros compradores a través de subsidios y ahorros
propios. La financiación la otorgaba la sociedad.
18. Como parte del pago, la sociedad se obligó a pagar el valor de los lotes
en cuotas mensuales con plazos promedio de 7 años, más intereses de
10.11%, y una “participación” fija mensual.
19. La sociedad con los subsidios y las primeras cuotas de sus clientes se
comprometía a construir y entregar las viviendas y a financiar la compra,
cobrando tasas de interés del 2% mensual.
20. Visto lo anterior, la Sala encontró que los contratos eran nulos “de
nulidad absoluta” por violación directa del artículo 355 de la Constitución
Política y la prohibición contenida en el artículo 2 del Decreto 777 de 1992.
21. Lo anterior era así, pues este tipo de convenios tenían la finalidad de
apoyo a una entidad privada sin ánimo de lucro y sus actividades. Por lo
tanto, era claro que este tipo de convenios no podía celebrarse con una
sociedad comercial con ánimo de lucro.
22. Además, la Sala agregó que lo pactado entre las partes incluía
prestaciones típicas de un contrato estatal con carácter conmutativo y
oneroso. Así, observó que la Sociedad se obligó a pagar los lotes y una
participación monetaria al fondo. A su vez, esta obtendría una utilidad
derivada del pago de los intereses financieros por los compradores.
23. En esa medida, para el Tribunal los convenios no tenían por objeto “la
colaboración para el cumplimiento de misiones propias de una fundación
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Referencia: controversias contractuales
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sin ánimo de lucro, lo cual contraviene la Constitución y la Ley que
expresamente excluye[n] este tipo de acuerdos del Decreto 7777 y de
manera expresa indica[n] que los contratos conmutativos (…) se han de
celebrar con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto
de la Contratación Administrativa, esto es la Ley 80 de 1993”.
24. Sobre las restituciones mutuas, el Tribunal decidió que la sociedad no
pagó el valor de los lotes al Fondo, por lo cual ordenó su restitución siempre
que no hubiera suscrito compraventa a favor de terceros. En caso de haber
suscrito tales contratos decidió que debía pagarse el precio de los lotes. En
adición, no ordenó entregar dinero a la sociedad, toda vez que las
prestaciones a su favor provenían de terceros, los compradores, y no de la
entidad estatal.
25. Finalmente, el Tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría y la Fiscalía
para que adelantaran las investigaciones pertinentes.
26. A continuación, se puede leer la parte resolutiva de la Sentencia
recurrida (se trascribe):
PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la nulidad absoluta de los contratos
denominados “convenios asociativos” celebrados el 17 de marzo del
1999 y 16 de mayo del 2000, por el Fondo Especial de Vivienda del
Municipio de Cali y la Sociedad Consorcio Prethell González y Cía. LTDA,
representado por los señores Luis Enrique Prethell Castro, identificado
con cedula No. 10.515.615, en calidad gerente y representante legal, y
el señor Luis Eduardo González Quijano, identificado con cedula No.
14.436.126, en calidad de gerente suplente.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sociedad Consorcio Prethell González y Cía.
LTDA y/o Sociedad Consorcio Prethell González S.A., restituya al Fondo
Especial de Vivienda del Municipio de Cali, o su sucesor legal, los lotes
de terreno sobre los cuales no haya suscrito escritura pública de
compraventa de vivienda en favor de terceros adquirentes de unidades
de vivienda construidas a raíz de los convenios que ahora se anulan; y
en caso de haber transmitido el dominio de las viviendas y sus lotes a
terceros adquirentes, la sociedad deberá restituir el valor en que fueron
apreciados en 1999 y 2000, esto es, siete y seis millones de pesos,
multiplicado por el número de viviendas enajenadas en cada proyecto.
El resultado será actualizado con el IPC vigente en noviembre de 2000 y
el vigente a la ejecutoria de esta providencia, como ordena el artículo
178 del C.C.A, y generará intereses en la forma dispuesta en el artículo
177 del C.C.A. Lo anterior salvo que dentro del juicio ejecutivo que inició
el Fondo, la sociedad haya cubierto completamente su importe.
TERCERO: DENEGAR el reconocimiento de restituciones a favor de la
Sociedad Consorcio Prethell González y Cía. LTDA y/o Sociedad
Consorcio Prethell González S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: COMPULSAR copia de la sentencia a la Fiscalía General de la
Nación y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.
QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.
SEXTO: NOTIFICAR la sentencia y registrar en siglo XXI y archivar el
expediente híbrido a la ejecutoria de la sentencia.
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Municipio de Cali
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
1.4. Recurso de apelación
27. La parte demandante presentó recurso de apelación5 en contra de la
Sentencia de primera instancia. Los argumentos completos del escrito
presentado se trascriben a continuación:
“1.- Existe nulidad de la Sentencia por cuanto la misma no incluyó a los
dos demandados, esto es el Municipio de Santiago de Cali y el Fondo
Especial de Vivienda del Municipio de Cali. No se tuvo en cuenta el Auto
Admisorio de esta demanda No. 683 dictado el 24 de octubre de 2006
que claramente señala la parte pasiva de esta acción
2.- Equivocada fundamentación legal, pues los Convenios Asociativos
suscritos legalmente entre las partes son convenios asociativos público
privados, celebrados con apoyo en lo dispuesto por el artículo 51 de la
Constitución Nacional y no por las disposiciones legales tenidas en
cuenta en el fallo impugnado (…)
3.- Argumenta la Sentencia proferida que operó la caducidad de la
acción contractual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136
del CCA. Esta cita es equivocada y lo cierto es que cuando se instauró
la presente acción la misma no había caducado tal como lo demostraré
en mi sustentación
4.- No se tuvo en cuenta el alcance de la acción impetrada que busca
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la sociedad
demandante, que encuentran pleno respaldo fáctico en las pruebas
practicadas y en el dictamen pericial decretado oficiosamente por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
5. No existe causal alguna por virtud de la cual este Tribunal declare la
nulidad absoluta de los dos convenios asociativo cuyo examen y revisión
quedó sometido al ponderado análisis jurídico legal del mismo”.
28. Sobre el recurso de apelación se considera importante poner de
presente una circunstancia. El apelante hizo referencia en el numeral 3 a la
caducidad de la Sentencia de primera instancia. Sin embargo, el Tribunal
no declaró caducidad alguna y, por el contrario, concluyó que “la acción
se ejerció dentro del término legalmente establecido”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
29. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca de declarar la nulidad de los convenios de asociación objeto del
litigio.
30. Antes de entrar en el análisis sustantivo, se descarta el argumento del
apelante en el sentido de que existe una nulidad originada en la sentencia
por el hecho de que no se incluyó al Municipio de Santiago de Cali. En el
auto admisorio que cita el apelante se indicó que la parte demandada era
“municipio de Cali-Fondo especial de vivienda”. Sin embargo, esta manera
de identificar al extremo pasivo del litigio no implica que de él hacían parte
dos personas jurídicas de derecho público. Esto es, el extremo pasivo no
estaba conformado por el Fondo y el Municipio de Santiago de Cali, sino
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Demandado: Fondo Especial de Vivienda del
Municipio de Cali
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
por una sola persona jurídica: el Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Santiago de Cali. Así se desprende de la demanda, que indica
expresamente que se dirige contra “el fondo especial de vivienda del
municipio de Cali”, y de los demás actos procesales. Además, ello resulta
ajustado al hecho de que el Fondo es una persona jurídica distinta del
municipio, y fue el Fondo, y no el Municipio, el que suscribió los convenios
objeto del litigio.
31. De otra parte, como ya se puso de presente, el demandante señaló que
el Tribunal había declarado la caducidad de la acción y apeló el punto. No
obstante, revisada la decisión de primera instancia se observa que el
Tribunal decidió que la demanda había sido presentada en tiempo y esta
Sala comparte esa conclusión. El primer convenio estuvo en ejecución hasta
el 2006 y el segundo debía estarlo hasta el 2011. Por lo tanto, la demanda,
radicada el 10 de octubre de 2006, fue presentada en término de
conformidad con lo normado por el artículo 136 del CCA.
32. Los cargos de apelación del demandante relativos a la nulidad se
circunscribieron a señalar que el artículo 51 de la Constitución justificaba ese
convenio. La Sala expondrá las razones por las cuales considera que existe
una causal de nulidad de los convenios que aparece de manifiesto.
33. Tanto la Constitución Política, como las normas legales sobre vivienda,
incluido el artículo 19-C de la Ley 3 de 1991, hacen referencia a las formas
asociativas para la ejecución de programas de vivienda. No obstante, esas
disposiciones, como las demás que permiten a las administraciones públicas
gestionar sus intereses y perseguir sus finalidades a través de convenios,
autorizan que estas recurran a aquellas formas, pero con respeto de las
normas jurídicas que les sean aplicables.
34. Por ello, si un convenio resulta tener, materialmente, el contenido de un
típico contrato de la administración pública, este debe respetar para su
celebración y ejecución las normas establecidas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. Ello quiere decir que un
convenio asociativo para poder ser celebrado válidamente bajo el amparo
del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 tiene que, materialmente, tener el
contenido negocial propio de un convenio y no ocultar, como sucede en
este caso, un típico contrato con retribuciones económicas.
35. La manifiesta nulidad y la explícita remuneración pueden observarse de
una simple lectura del texto del negocio jurídico. Solo para traer a colación
algunos apartes del convenio que demuestran lo indicado, se citará la
cláusula que trata explícitamente acerca de la remuneración y que fue
incluida en los dos convenios (se trascribe):
Convenio Asociativo Ciudadela del Río
“Los aportes y la retribución económica de los partícipes serán restituidos
por el constructor, así: a) al Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Santiago de Cali le pagará su aporte, es decir la suma de siete millones
de pesos (…) b) El constructor recuperará su inversión con el cobro de la
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Municipio de Cali
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
cartera constituida a su favor por cada uno de los Compradores del
Programa de vivienda”
Convenio Asociativo Urbanizaciones “Pizamos II”
“Los aportes y la retribución económica de los partícipes serán restituidos
por el constructor así: a) al Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Cali le pagará su aporte, es decir, la suma de seis millones de pesos por
cada vivienda ($6.000.000) (…) b) los aportes y la inversión del
constructor, los restituirá el mismo constructor de los recursos que
administre y maneje, provenientes de Cuotas Iniciales, Subsidios
Familiares de vivienda, créditos puentes, etc.”
36. Como puede verse, el constructor recibiría una retribución económica
por su labor y, de hecho, la afectación de la fórmula de retribución
económica a su favor fue lo que motivó la demanda en contra de la
entidad contratante. Lo anterior constituye un ejemplo evidente de una
remuneración económica a favor del contratista que contraría la naturaleza
de los convenios como el que se celebró. En ese orden de ideas, a pesar de
su nombre, los convenios de asociación tienen una naturaleza jurídica de
verdaderos contratos.
37. Como consecuencia de que los convenios fueron celebrados al margen
del marco normativo sobre contratación estatal, en particular la Ley 80 de
1993, se confirmará la declaratoria de nulidad. Esto es así, puesto que la
celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de convenios es
una afrenta a la lógica competitiva de los procedimientos de selección, que
imponía recurrir a la selección objetiva de conformidad con la Ley 80 de
1993. Ese instrumento normativo prohíbe expresamente eludir los
procedimientos de selección objetiva en el artículo 24-8.
38. Adicionalmente, como lo señaló el Tribunal, no escapa a la Sala que los
negocios jurídicos celebrados fueron titulados “convenios asociativos”, con
lo cual se les denominó e intentó dar tratamiento jurídico similar a los
convenios de asociación de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Si
bien una denominación particular no es motivo suficiente para declarar la
nulidad de un negocio jurídico, cuando se evidencia que los convenios
objeto de análisis se denominaron convenios asociativos, pero es evidente
que existió una remuneración a favor de la Sociedad; y que no existió un
procedimiento ajustado a las normas de la contratación estatal, resulta
imperativo declarar la nulidad de este negocio jurídico que fue denominado
y ejecutado como si se tratara de un convenio de asociación.
39. La elusión de los procedimientos de selección y el objeto del convenio
llevan a la Sala a concluir que el contrato fue celebrado en contra del
derecho público de la nación, por lo cual existe nulidad por objeto ilícito de
conformidad con lo normado por el artículo 1519 del Código Civil.
40. Así las cosas, una vez analizados: el objeto de los convenios
(construcción de obra con aportes económicos de las dos partes) y la
retribución, para la Sala es manifiesto que no se trató de convenios de
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asociación y, por lo tanto, se debe confirmar la decisión del Tribunal de
declarar la nulidad absoluta y total de los convenios objeto del litigio.
41. En adición, el apelante sostuvo que los convenios habían sido
celebrados con fundamento en el artículo 32, inciso primero, de la Ley 80 de
1993. No obstante, este argumento no es suficiente para revocar la
declaratoria de nulidad. Lo anterior, puesto que los negocios jurídicos
atípicos celebrados al amparo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 deben
respetar las normas sobre contratos estatales.
42. Sobre el punto la Sala considera indispensable aclarar que es cierto que
las entidades estatales pueden celebrar contratos atípicos para el desarrollo
de vivienda de interés social. Pese a ello, cuando se trate de contratos
atípicos, es necesario que su contenido se ajuste a sus finalidades y recurrir
a los procedimientos de selección que se adecúen al objeto y cuantía del
contrato. Por lo tanto, los contratos atípicos que entiende haber celebrado
el apelante no podían evitar las normas sobre contratación estatal y recurrir
a las normas sobre convenios por el simple hecho de que se denominaron
“convenios asociativos”.
43. Finalmente, en lo que concierne a la insistencia del apelante para que
se resuelvan sus pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico
y el resarcimiento de los presuntos perjuicios, esta Sala recuerda que la
consecuencia de la declaratoria de una nulidad total de un negocio jurídico
es la extinción con efectos ex tunc, como si tal negocio no hubiera existido.
44. En consecuencia, una vez se ha declarado una nulidad y se ha dispuesto
lo relativo a las restituciones mutuas, no corresponde hacer juicios atinentes
a la ejecución de los convenios y los presuntos desequilibrios que pudieron
haber afectado su ecuación financiera.
2.2. Sobre la condena en costas
45. La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no se dan los
supuestos establecidos en el artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la Sentencia proferida el
26 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
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Demandante: Consorcio Prethell González S.A.
Demandado: Fondo Especial de Vivienda del
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Decisión: confirma la Sentencia
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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