Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00291-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00291-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2007-00291-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
Demandado: Banco Agrario de Colombia S.A
Referencia: Reparación directa - CCA
TEMAS: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DEL BANCO AGRARIO – Los contratos
celebrados por el Banco Agrario en desarrollo de operaciones crediticias se regían por el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y por las normas civiles y comerciales aplicables. APROBACIÓN
DE CRÉDITO - Configura una relación contractual entre la entidad financiera y el solicitante. La
obligación esencial del banco consiste en garantizar la disponibilidad de los recursos aprobados, de
modo que el acreditado pueda exigir su desembolso en los términos y modalidades pactadas.
ACCIÓN PROCEDENTE - La fuente del daño es la que determina cuál es la acción idónea para
acudir al órgano judicial. ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – Las normas que establecen las
condiciones para el ejercicio de una u otra acción son de orden público y de imperativo acatamiento,
su elección no se encuentra al arbitrio del actor. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Es la
adecuada cuando se pretende reparación de perjuicios en eventos donde la fuente del daño alegado
es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
un inmueble. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Es procedente cuando la fuente
del daño proviene de la celebración, ejecución y liquidación de un contrato estatal. ADECUACIÓN
DE LA ACCIÓN EN ASUNTOS CCA – Procede, de forma excepcional, en los casos establecidos
por la jurisprudencia del Consejo de Estado. CADUCIDAD – Es un fenómeno procesal de doble
naturaleza —límite y garantía—, pues se erige como instrumento que busca racionalizar el uso del
aparato judicial, optimizar la eficiencia procesal y ofrecer estabilidad al derecho, impidiendo la
discusión indefinida de relaciones jurídicas, y a la vez opera como una sanción ipso iure que, ante
la inactividad procesal del interesado, extingue la facultad de accionar en beneficio del demandado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - La acción de
controversias contractuales caduca cuando vence el plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento de las
pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 6 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la
acción.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T. solicitó al Banco Agrario de Colombia S.A. un crédito por $80.000.000. El
crédito fue aprobado por el establecimiento bancario el 10 de junio de 2004,
determinando que se llevaría a cabo mediante tres desembolsos. El primero se
efectuó el 9 de septiembre de 2004, el segundo el 29 de octubre siguiente y el
tercero no se realizó, porque para ese momento la empresa contaba con una
calificación de riesgo en la categoría “C”, en la Central de Información Financiera.
Los demandantes consideran que el Banco Agrario de Colombia S.A. es
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por no haber
desembolsado la totalidad del crédito que había sido debidamente aprobado.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la excepción de
caducidad de la acción, al constatar que transcurrieron más de dos años desde el
momento en que los accionantes tuvieron conocimiento del daño y aquel en que
presentaron la demanda. Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 10 de abril de 20071, Silvio Hernando Jiménez Miranda — en nombre propio y en
representación de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T. —, Yofre Holguín Jiménez Minota y James Alexander Tenorio
Jiménez, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio de la
acción de reparación directa, contra el Banco Agrario de Colombia S.A. (en
adelante, Banco Agrario), para que fuera declarado patrimonialmente responsable
por los perjuicios que sufrió la empresa referida por no haberle desembolsado la
totalidad de un crédito debidamente aprobado.
Mediante escrito del 30 de abril de 20092 se reformó y adicionó la demanda,
incluyendo como accionantes a Sonia Arboleda, Mayra Liceth Jiménez Arboleda y
Luis Eduardo Jiménez Arboleda3.
Los demandantes solicitaron condenar a la entidad accionada a pagar: (i) por
perjuicios morales, 1000 SMLMV para Silvio Hernando Jiménez Miranda, Yofre
Holguín Minota y James Alexander Tenorio Jiménez, 500 SMLMV para Sonia
Arboleda, y 200 SMLMV para Mayra Liceth Jiménez Arboleda y Luis Eduardo
Jiménez Arboleda; (ii) por daño emergente, la suma de $82.279.117 para todos los
demandantes; y (iii) por lucro cesante, $216.469.137 para todos los demandantes.
Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 7 de abril de 2004, Silvio
Hernando Jiménez Miranda, en calidad de representante legal de la Empresa
Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., solicitó
un crédito al Banco Agrario, en la modalidad de “FINAGRO”, por la suma de
$80.000.000, destinado al establecimiento de una granja para el cultivo de camarón
marino en Buenaventura (Valle del Cauca).
Señaló que, mediante el Acta No. 23 del 10 de junio de 2004, el Banco Agrario
aprobó la solicitud de crédito y dispuso que el desembolso se efectuaría en tres
pagos. Explicó que el 9 de septiembre de 2004 el Banco Agrario realizó el primer
desembolso, por valor de $47.280.969, y que el 29 de octubre siguiente efectuó un
segundo desembolso por $15.131.213.
Señaló que el 16 de mayo de 2005, el Gerente Regional Occidente del Banco
Agrario comunicó a la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
Internacional Mundo Marino E.A.T. que no efectuaría el tercer desembolso, porque
para ese momento la empresa contaba con una calificación de riesgo en la categoría
“C”, en la Central de Información Financiera. Por esta razón, la parte demandante
considera que el Banco Agrario es patrimonialmente responsable por los perjuicios
que sufrió la empresa referida, derivados de no haberle desembolsado la totalidad
del crédito que había sido debidamente aprobado.
2. Contestación
1 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”.
2 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “006Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 32 a 35.
3 La reforma y adición de la demanda fue admitida mediante auto del 11 de mayo de 2009. Samai,
índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. C.
Principal en “006Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 37 a 38.
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Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
2.1. El Banco Agrario4 se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando, entre
otros aspectos, que la acción de reparación directa estaba caducada, pues habían
transcurrido más de dos años desde el momento en que los accionantes tuvieron
conocimiento del daño y aquel en que se presentó la demanda.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. La parte actora5 y el Banco Agrario6 insistieron en los argumentos expuestos
en la demanda y en su contestación, respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 6 de julio de 20227, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación
directa, al constatar que transcurrieron más de dos años desde el momento en que
los accionantes tuvieron conocimiento del daño y aquel en que presentaron la
demanda. Señaló que, conforme a lo expuesto por los propios demandantes en su
escrito inicial, el hecho dañoso se produjo entre el 13 y el 15 de diciembre de 2004,
fechas en las que afirmaron debía efectuarse el desembolso.
No obstante, precisó que, para el 22 de febrero de 2005, los accionantes ya tenían
pleno conocimiento de que el tercer desembolso no se había realizado, así como
de las razones por las cuales el Banco Agrario lo había suspendido. Ello, por cuanto
en esa fecha la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T. radicó una petición ante la Superintendencia Bancaria,
informando que la entidad financiera no había entregado el dinero debido a una
calificación de riesgo en la categoría “C” en la Central de Información Financiera,
derivada de una supuesta deuda con Bancolombia, a pesar de que las obligaciones
con dicha entidad se encontraban al día.
En consecuencia, indicó que la demanda presentada el 10 de abril de 2007
resultaba extemporánea.
5. Apelación
5.1. La parte actora8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, aduciendo
que debía condenarse al Banco Agrario a reparar los perjuicios que sufrió la
Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T., por no haberle desembolsado la totalidad del crédito que le había aprobado.
Afirmó que no había operado la caducidad porque el daño era continuado y, en todo
caso, porque fue sólo el 25 de septiembre de 2006 que se tuvo conocimiento del
mismo, cuando se le notificó el oficio mediante el cual el Banco Agrario le informó
que no realizaría “el tercer… desembolso”, porque la empresa aparecía reportada
en la Central de Información Financiera.
4 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “006Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”.
5 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “051Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”
6 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “038Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”
7 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en 12 “_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES”.
8 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en 12 “14_APELACIONDESENTENCIA_APELACIONSENTENCI”.
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Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
En esa línea, sostuvo que restringir el análisis de la caducidad a una fecha
determinada, cuando el origen del daño no era claro y su identificación no fue
inmediata, vulneraría los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. La parte actora9 y el Banco Agrario10 reiteraron los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.
6.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala seguirá el siguiente orden para resolver la segunda instancia: (1) jurisdicción
y competencia, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) régimen jurídico
de los contratos suscritos por el Banco Agrario y elementos del contrato de apertura
de crédito, (5) estudio de la acción idónea para reclamar los perjuicios ocasionados
porque el Banco Agrario no entregó el último desembolso de un crédito debidamente
aprobado, (6) análisis de la caducidad de la acción, (7) conclusión y (8) costas.
1. Jurisdicción y competencia
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en el artículo 8211 del CCA, estatuto vigente a la fecha
de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, pues se demanda
la responsabilidad del Banco Agrario12.
Igualmente, se observa que el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 6 de julio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dada la vocación de doble
9 Samai, índice 17. Expediente 76001233100020070029101.
10 Samai, índice 15. Expediente 76001233100020070029101.
11 “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades
de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los
tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley
[…]”.
12 El Banco Agrario S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen
de empresa industrial y comercial del Estado. Decreto 663 de 1993 -por medio del cual se actualiza
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración- “Artículo 233
Naturaleza Jurídica. El Banco Agrario de Colombia S.A. (Banagrario) es una sociedad de economía
mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, organizado
como establecimiento de crédito bancario y vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.
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Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 50013 SMLMV, en
concordancia con los artículos 12914 y 132, numeral 615, del CCA.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar: (i) si la acción de reparación directa es el
mecanismo procesal idóneo para reclamar los perjuicios causados por un banco, al
no entregar una suma de dinero pactada con ocasión de un crédito debidamente
aprobado y (ii) si la acción fue interpuesta dentro del término legal de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que sirvieron de fundamento a la demanda.
3. Hechos probados
Dado que los problemas jurídicos consisten en establecer cuál es la acción
procedente y si el medio de control se presentó de forma oportuna, los testimonios
de Jairo Manuel Estrada Mosquera, Víctor Manuel Garcés Rúa y Henry Jiménez,
así como los interrogatorios de parte rendidos por Silvio Hernando Jiménez Miranda,
Yofre Holguín Jiménez Minota y James Alexander Tenorio Jiménez16 solo se
13 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $433.700.000 (suma resultante de multiplicar el
salario mínimo legal vigente para 2007 ($433.700) por 1.000, correspondiente a los perjuicios
morales reclamados para Silvio Hernando Jiménez Miranda, Yofre Holguín Minota y James
Alexander Tenorio Jiménez), el cual supera los 500 SMLMV para el año 2007 -fecha de presentación
de la demanda-, cuando el SMLMV estaba fijado en $433.700. La anterior estimación se observa en
la corrección de demanda, en donde se ajustó la estimación razonada de la cuantía del proceso.
Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “Anexo #19”. Fl. 2 a 3.
14 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión […]”.
15 “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de
reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales”.
16 Que obran en Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. C. Principal en “Anexos #2”, “Anexos #16”, “Anexos #22”. Fl. 14 a 17, “Anexos
#22”. Fl. 7 a 5, 8 a 10 y 11 a 13, respectivamente. (i) Jairo Manuel Estrada Mosquera, director “de la
oficina del Banco Agrario en Buenaventura”, indicó que conoció al representante legal de la Empresa
Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., cuando solicitó un
crédito para que la empresa desarrollara un proyecto de cría de camarones. Señaló que, las demoras
en los desembolsos de los créditos se presentaban por la falta de personal suficiente en la entidad.
Sobre el tercer desembolso, manifestó que no se efectuó porque la empresa aparecía en mora con
Bancolombia en las centrales de riesgo. (ii) Víctor Manuel Garcés Rúa, quien se encontraba
vinculado al Banco Agrario en calidad de planificador externo para la elaboración de proyectos de
inversión, manifestó que su función consistía en emitir conceptos de verificación sobre las
inversiones que realizaban los deudores. Señaló que el crédito otorgado a la sociedad demandante
se realizaría en tres desembolsos, y precisó que, pese a haberse emitido “concepto favorable” para
autorizar el tercer desembolso y que la empresa no se encontraba en mora de pagos, la entrega de
recursos económicos nunca se efectuó. (iii) Henry Jiménez, primo de los demandantes y trabajador
de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., declaró
que el crédito adquirido con el Banco Agrario fue estructurado para ser desembolsado en tres etapas.
Señaló que los dos primeros desembolsos fueron realizados por la entidad financiera con un retraso
respecto a las fechas inicialmente acordadas. Indicó, además, que pese a las reclamaciones
presentadas por la empresa ante la demora en el tercer desembolso, este nunca se efectuó. Según
explicó, el Banco Agrario justificó su negativa alegando que uno de los socios de la empresa figuraba
con reporte negativo en las centrales de riesgo. (iv) Silvio Hernando Jiménez Miranda, representante
legal de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. y
demandante dentro de este proceso, rindió interrogatorio de parte en el que manifestó que el Banco
Agrario se abstuvo de realizar el tercer desembolso del crédito aprobado a la empresa, lo que generó
un agotamiento progresivo del capital de la sociedad, que finalmente condujo a su quiebra. (v) Yofre
Holguín Jiménez Minota, tesorero de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
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Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
examinarán en caso de que la Sala realice un estudio del fondo del asunto, pues
ninguno de ellos da cuenta de elementos de juicio que permitan determinar si la
acción de reparación directa o alguna otra fue la que debió presentarse o si el medio
de control se ejerció en tiempo.
Estudiado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta a los problemas
jurídicos planteados en el presente asunto:
3.1. El 5 de julio de 2000 se constituyó la Empresa Asociativa de Trabajo
Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., cuyo objeto social consistió
en la compra, venta, procesamiento y comercialización de pescado, moluscos y
crustáceos17.
3.2. El 7 de abril de 2004, la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
Internacional Mundo Marino E.A.T. solicitó al Banco Agrario un crédito por
$80.000.000, en la modalidad de “FINAGRO”, destinado al establecimiento de una
granja para el cultivo de camarón marino en el municipio de Buenaventura (Valle
del Cauca)18.
3.3. A través del acta No. 23 del 10 de junio de 2004, el Banco Agrario aprobó la
solicitud de crédito presentada por la Empresa Asociativa de Trabajo
Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., según consta en
comunicación del 10 de junio de 2004, trámite N.º 2427724, que reposa al
expediente19. En dicho documento el Banco determinó que el crédito se llevaría a
cabo mediante tres desembolsos, así: el primero, por $48.480.000; el segundo, por
$15.520.000; y el tercero, por $16.000.000. En este documento el banco Agrario
estableció que el segundo y tercer desembolsos estaban sujetos a la presentación
de los respectivos controles de inversión, mediante los cuales se verificaba el
cumplimiento de las inversiones realizadas con cargo al desembolso de recursos
inmediatamente anterior.
3.4. El 9 de septiembre de 2004, el Banco Agrario efectuó el primer desembolso del
crédito a favor de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T.21.
Internacional Mundo Marino E.A.T. y demandante en este proceso, al ser interrogado manifestó que,
pese a que se emitieron los “conceptos favorables” de verificación de la inversión, el tercer
desembolso del crédito con el Banco Agrario no se efectuó. Añadió que, ante la falta de respuesta
oficial, él y otros socios acudieron a la oficina de gerencia ubicada en Buenaventura como a la sede
principal de la entidad en Cali, en busca de una explicación sobre el particular. (vi) James Alexander
Tenorio Jímenez, socio de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo
Marino E.A.T. y demandante en este proceso, al ser interrogado indicó que no conocía la
reglamentación del Banco Agrario sobre la realización de los desembolsos de los créditos, ni la forma
en que se había acordado efectuar los desembolsos del crédito otorgado a la empresa asociativa.
Añadió que tampoco tenía conocimiento de si se habían presentado solicitudes al banco para
requerir la entrega del tercer desembolso y, finalmente, indicó que desconocía si la empresa
asociativa contaba con una calificación negativa en las centrales de riesgo.
17 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 15 a 32.
18 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 96 a 100.
19 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 189 a 191.
21 Estado de la cuenta corriente No. 3-6963-000007-2, a nombre de la Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T., correspondiente al mes de septiembre de 2004, expedido por el Banco Agrario
de Colombia. Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. C. Principal en “Anexos #8”. Fl. 4.
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Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
3.5. El 29 de octubre de 2004, el Banco Agrario realizó el segundo desembolso del
crédito a favor de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T.22.
3.6. El 22 de diciembre de 2004, Bancolombia certificó que la Empresa Asociativa
de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. se encontraba al
día en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta entidad financiera 23.
3.7. El 22 de febrero de 2005, la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
Internacional Mundo Marino E.A.T. informó a la Superintendencia Bancaria que el
Banco Agrario le había aprobado un crédito por $80.000.000, cuyo desembolso se
pactó en tres pagos. Indicó que los dos primeros pagos se realizaron sin
contratiempos, pero el tercero “se suspendió” porque figuraba en su contra una
calificación de riesgo en la categoría “C”, en la Central de Información Financiera,
producto de un reporte por mora emitido por Bancolombia. Como se encontraba “al
día en el cumplimiento de todas las obligaciones que tenía con Bancolombia”,
solicitó a la Superintendencia Bancaria “levantar” la calificación de riesgo que
obraba en su contra, aduciendo que ella le había causado graves perjuicios 24.
3.8. En fecha indeterminada, la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
Internacional Mundo Marino E.A.T. presentó al Banco Agrario una solicitud para
conocer las razones por las cuales no se había efectuado el tercer desembolso del
crédito que le había otorgado a la sociedad25.
3.9. El 16 de mayo de 2005, el Gerente Regional Occidente del Banco Agrario
respondió la petición No. 001593 de la Empresa Asociativa de Trabajo
Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. En dicha comunicación,
informó que el desembolso programado para noviembre de 2004 no se realizó,
porque figuraba en su contra una calificación de riesgo en la categoría “C”, en la
Central de Información Financiera, producto de un reporte realizado por
Bancolombia. Indicó que la normativa interna del Banco Agrario no permitía realizar
desembolsos a clientes con calificaciones de riesgo distintas a las categorías “A” o
“B”26.
4. Régimen jurídico de los contratos suscritos por el Banco Agrario y
elementos del contrato de apertura de crédito
4.1 La Sala considera pertinente hacer referencia al régimen jurídico de los
contratos suscritos por el Banco Agrario, toda vez que el caso bajo estudio está
relacionado con operaciones crediticias bancarias, con ocasión de las cuales
pueden surgir varios tipos contractuales.
22 Estado de la cuenta corriente No. 3-6963-000007-2, a nombre de la Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T., correspondiente al mes de octubre de 2004, expedido por el Banco Agrario
de Colombia. Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. C. Principal en “Anexos #8”. Fl. 5.
23 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 209.
24 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 225 a 226.
25 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”. Fl. 224 a 225. Es de anotar
que el documento en mención corresponde al escaneo de un fax recibido por la sociedad
demandante, en el cual se consigna el contenido de la respuesta al derecho de petición referenciado
en este numeral. No obstante, su contenido resulta prácticamente ilegible, razón por la cual se tomó
como referencia la transcripción literal incluida en la sentencia del 6 de julio de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
26 Ibidem.
7
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
Para la época de los hechos – años 2004 y 2005 –, el Banco Agrario era una
sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa
industrial y comercial del Estado, organizado como establecimiento de crédito
bancario y vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural27. Al tratarse de
un establecimiento de crédito de naturaleza pública, el régimen jurídico de los
contratos celebrados dentro del giro ordinario de sus negocios como entidad
financiera de esta naturaleza fue excluido de las disposiciones del Estatuto de
Contratación Estatal – Ley 80 de 1993 –, conforme al texto inicial del parágrafo 1
del artículo 3228 de esa ley – antes de su modificación por el artículo 15 de la Ley
1150 de 2007 –.
Así lo reiteró el artículo 21 del Decreto 679 de 199429 – por el cual se reglamentó
parcialmente la Ley 80 de 1993 –, el cual indicó que los contratos que celebrasen
las entidades financieras públicas para desarrollar directamente operaciones
reguladas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o aquellos contratos que
se efectuasen en forma conexa con tales operaciones estarían excluidos de las
disposiciones del Estatuto de Contratación Estatal, siempre y cuando el valor del
contrato conexo no excediera de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales o
del dos por ciento (2%) del presupuesto de la entidad.
En síntesis, de conformidad con las normas vigentes cuando la Empresa Asociativa
de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. solicitó el crédito
al Banco Agrario y este, a su turno, lo aprobó bajo las condiciones que en su
momento determinó30, los contratos celebrados por la mencionada entidad bancaria
en desarrollo de sus operaciones crediticias se regían por el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y por las normas civiles y comerciales aplicables; más no por el
Estatuto de Contratación Estatal. Ello debido a la naturaleza del banco como
sociedad de economía mixta organizada como establecimiento de crédito y a la
exclusión prevista en la Ley 80 de 1993 y su reglamentación. En consecuencia, las
operaciones de crédito y los contratos conexos – dentro de los límites legales – se
sujetaban al régimen de las entidades financieras y a las disposiciones del Código
Civil y del Código de Comercio.
4.2. Respecto de las operaciones permanentes que podía realizar el Banco Agrario,
el artículo 236 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993
27 Artículo 233 del Decreto 663 de 1993 -por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración-.
28 Para el momento de los hechos – años 2004 y 2005 – el texto del parágrafo 1 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 preceptuaba: “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo
fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y
las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las
actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto
y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.
29 “Artículo 21. De los contratos de los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las
instituciones financieras. De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y
demás instituciones financieras de carácter estatal dentro del giro ordinario de sus negocios no
estarán sujetos a las disposiciones de dicho estatuto, sino a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a dichas actividades. Por tanto, no estarán sujetos a dicha ley los contratos
que celebren dichas entidades para desarrollar directamente operaciones autorizadas o reguladas
por el Estatuto orgánico del Sistema Financiero. Tampoco estarán sujetos a dicha ley aquellos
contratos que se efectúen en forma conexa con tales operaciones, siempre y cuando el valor del
contrato conexo no exceda de mil salarios mínimos legales mensuales o del dos por ciento (2%) del
presupuesto de la entidad, si esta cifra fuere superior a aquélla se entiende incluida dentro del giro
ordinario la póliza global bancaria […]”.
30
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se
entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las concernientes al
modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de
infracción de lo estipulado. En este último evento, la infracción será castigada con arreglo a la ley
bajo la cual se hubiere cometido la infracción.
8
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
– estableció que serían las “propias de un establecimiento bancario”. A su vez, el
artículo 2 de dicho estatuto definió como establecimiento bancario a “[…] las
instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos
en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la
vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito”.
Así las cosas, el Banco Agrario, como establecimiento financiero, en el giro ordinario
de sus funciones celebraba operaciones como la apertura de crédito y el mutuo
mercantil, negocios jurídicos que, como se explicó, estaban sometidos a las
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas civiles y
comerciales.
En este contexto, es importante poner de presente que el contrato de apertura de
crédito está regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio. El
artículo 140031 lo define como “el acuerdo en virtud del cual un establecimiento
bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro
del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado […]”. A su turno, el artículo
140232 establece que este contrato debe celebrarse por escrito y contener la cuantía
del crédito abierto.
En cuanto a la naturaleza jurídica del mencionado negocio jurídico se han esbozado
diversas posturas, desde quienes han visto en el contrato de apertura de crédito
una modalidad especial de mutuo que no requiere para su perfeccionamiento de la
entrega de los recursos, pasando por el planteamiento de algún sector de la doctrina
que lo considera un negocio preliminar o preparatorio de un contrato definitivo y,
finalmente, una tercera tesis, que es la que goza de mayor acogida en la
actualidad33, según la cual se trata de un contrato definitivo, cuyo objeto consiste
en conceder a favor de una persona la facultad de utilizar una suma de dinero que
el banco se obliga a tener a disposición del acreditado bajo unas determinadas
condiciones, constituyéndose aquella en deudor del banco en caso de utilización o
desembolso de los recursos34.
Al efecto, refiriéndose al contrato de apertura de crédito, en el cual la forma de
utilización de los recursos más generalizada es mediante el uso de las tarjetas de
crédito, la doctrina especializada ha indicado que:
“[…] la prestación consiste en una promesa de crédito y esta promesa por sí sola
engendra ya una contraprestación […] la promesa de conceder crédito engendra en
favor del acreditado la disponibilidad, elemento esencial del contrato […] el objeto
del contrato, que define su naturaleza, es la obligación adquirida por el banco de
otorgar crédito al acreditado […] en cuanto este haga uso de la disponibilidad […]
el contrato de apertura de crédito existe antes de las utilizaciones, por el acuerdo
de voluntades entre banco y cliente […] es un contrato definitivo […] el artículo 1400
del Código de Comercio tipifica adecuadamente el contrato de apertura de crédito
31 “Artículo 1400. Se entiende por apertura de crédito el acuerdo en virtud del cual un establecimiento
bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado
y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por
celebrado a término indefinido”.
32 “Artículo 1402. El contrato de apertura de crédito se celebrará por escrito en el que se hará constar
la cuantía del crédito abierto. De omitirse la naturaleza de la disponibilidad, se entenderá que es
simple. Si otra cosa no se ha estipulado, las sumas utilizadas ganarán intereses para operaciones
bancarias a plazo menor de un año, durante el tiempo de la utilización”.
33 Al respecto, la doctrina actualizada indica que la opinión prevaleciente considera que “[…] la simple
puesta a disposición por el banco de una suma de dinero es lo que individualiza y constituye el
contenido esencial de la apertura de crédito. El objeto no es el goce de la suma de dinero, sino la
disponibilidad de ella, entendida esa disponibilidad […] como el derecho del acreditado a exigir al
banco la prestación prometida en el término y en la modalidad pactada […]”. DÍAZ RAMÍREZ,
Enrique. Contratos Bancarios. Segunda edición. Editorial Temis S.A. Bogotá. 2022. Página 196
34 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios Su Significación en América Latina. Quinta
edición. Legis. Bogotá. 2002. Páginas 521 a 523, 528 y 529.
9
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
[…] debe celebrarse por escrito y en él debe estipularse el monto de la apertura
[…]”35
Sobre el particular, en un caso análogo36, en sentencia del 14 de junio de 2019 esta
Sección puso de presente las variadas teorías que han surgido en el derecho
privado sobre la naturaleza de la aprobación de un crédito, entendida como el acto
mediante el cual una entidad financiera autoriza el desembolso de una suma de
dinero al solicitante, en periodos diferidos, pero en un plazo determinado, y trajo a
colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, recordó
que, según un sector de la doctrina, la aprobación del crédito constituye por sí
misma una relación contractual entre el banco y el solicitante del crédito, esto es,
un acuerdo de voluntades que vincula y obliga a las partes, en tanto que, para la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, aquella solo nacerá a la vida jurídica con
la entrega de la suma prestada, entendida esta como el acto de perfeccionamiento
del mutuo mercantil. Desde esta perspectiva, la falta de desembolso – total o parcial
– no implicaría un incumplimiento contractual, sino que correspondería a una fase
previa al perfeccionamiento del contrato de mutuo37. Por último, en la providencia
que viene mencionándose, esta Sección también refirió la posibilidad de que
concurran distintos negocios jurídicos en una sola operación de crédito e, incluso,
expuso que la Corte Suprema de Justicia no solo ha admitido la existencia
de una relación coligada entre estos, sino que ha considerado que las controversias
que se suscitan en medio de ese contexto negocial son de naturaleza contractual
4.3. Vistas así las cosas, esta Subsección considera que la interpretación más
adecuada en este tipo de eventos es aquella según la cual la aprobación de un
crédito por parte de la entidad financiera configura, desde ese mismo momento, una
relación contractual entre el banco y el solicitante, la cual, si se reúnen los
elementos establecidos en el artículo 1402 del estatuto mercantil, vale decir, la
solemnidad del escrito y el acuerdo sobre la cuantía del crédito abierto, configurará
un contrato de apertura de crédito, en donde, conforme a la doctrina mayoritaria y
al propio diseño normativo del contrato, la obligación esencial del banco no consiste
en la entrega inmediata del dinero, sino en garantizar la disponibilidad de los
recursos aprobados, de modo que el acreditado puede exigir su desembolso en los
términos y modalidades pactadas. Lo anterior no descarta otras posibles tipologías
contractuales, de acuerdo con las particularidades que en cada caso se presenten,
como podría ser una promesa de contrato de mutuo comercial38.
5. Estudio de la acción idónea para reclamar los perjuicios ocasionados
porque el Banco Agrario no entregó el último desembolso de un crédito
debidamente aprobado
5.1. De conformidad con las pretensiones de la demanda, los accionantes sufrieron
perjuicios morales y materiales, porque el Banco Agrario no desembolsó a favor de
35 DÍAZ RAMÍREZ, Enrique. Contratos Bancarios. Segunda edición. Editorial Temis S.A. Bogotá.
2022. Páginas 193, 194 y 197.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 48843,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
37 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios Su Significación en América Latina. Sexta
edición. Legis. Bogotá. 2009-. Páginas 506 y 511 a 512, citado en la sentencia del 14 de junio de
2019, rad. 48843.
38 En punto a la promesa de mutuo, el artículo 1169 del C.Co reza: “PROMESA Y GARANTÍA DEL
MUTUO. Quien prometa dar en mutuo puede abstenerse de cumplir su promesa, si las condiciones
patrimoniales del otro contratante se han alterado en tal forma que hagan notoriamente difícil la
restitución, a menos que el prometiente mutuario le ofrezca garantía suficiente”. Al respecto véase,
por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 18 de agosto de
2010, exp. 15001-3103-001-2002-00016-01, M.P. William Namén Vargas y Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de julio de 2024, exp. 11001-31-03-031-2011-
00116-01, M.P. Fernando Augusto Jiménez Valderrama.
10
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T la totalidad de un crédito que previamente le había aprobado.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la fuente o
el origen del daño que se pretende resarcir, en armonía con la causa petendi,
determinan cuál es la acción procedente para acudir al órgano judicial, así como la
técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la
oportunidad en el tiempo para ejercer dicha acción39. En ese sentido, las normas
que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción no están al arbitrio del
interesado, pues corresponden a mandatos de orden público y de imperativo
cumplimiento40.
Conforme al artículo 8641 del CCA, la acción de reparación directa está contemplada
en los eventos en los que la fuente del daño alegado es un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble. Por
su parte, la fuente del daño en la acción de controversias contractuales proviene de
la celebración, ejecución y liquidación de un contrato estatal, o de los actos
administrativos proferidos por causa o con ocasión de este. De acuerdo con el
artículo 8742 del CCA, en virtud de esta acción se puede perseguir la declaratoria
de la existencia de un contrato, su nulidad, que se revise el acuerdo de voluntades,
se declare su incumplimiento, se condene a indemnizar los perjuicios derivados del
mismo y, en general, que se hagan declaraciones, condenas o restituciones a que
haya lugar en relación con un contrato estatal, así como también es la acción
procedente para demandar los actos administrativos contractuales.
Según el criterio uniforme de esta Corporación43, en los eventos en los que la parte
demandante ejerce la acción equivocada en el marco de un proceso sujeto a las
normas del Código Contencioso Administrativo (CCA), se incurre en “ineptitud de la
demanda por indebida escogencia de la acción”, conforme al numeral 7 del artículo
9744 del Código de Procedimiento Civil – CPC –. No obstante, esta regla no es
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de
abril de 2008, rad. 15906, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, rad. 15652 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2011, rad. 26758.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021.
Radicado 25000-23-26-000-2010-00255-01 (45728).
41 “Artículo 86. Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 31. Acción de reparación directa. La
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un
hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán
promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación
administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo
vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o
de otra entidad pública”.
42 “Artículo 87.—Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 32. De las controversias contractuales.
Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad
y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones
no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato […]”.
43 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de mayo de 2013, Rad.: 27278; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2013, Rad.: 27088; y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 10 de septiembre de 2014, Rad.: 27203.
44 “Artículo 97.- Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Num. 46. Limitaciones de las
excepciones previas y oportunidad para proponerlas. El demandado, en el proceso ordinario y en los
demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá
11
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
absoluta, pues la jurisprudencia ha referido algunos eventos en los que resulta
procedente ajustar la acción ejercida en la demanda con el fin de adecuarla al medio
de control pertinente. Es así como, se ha considerado que procede la adecuación
(i) en asuntos en los que la demanda no permite establecer con claridad cuál es la
acción ejercida; (ii) en demandas en las que se incurrió en un error meramente
formal en cuanto a la denominación de la acción utilizada, pues de su lectura se
advierte que se pretendía una acción que lleva un nombre distinto al indicado; y (iii)
cuando se unifica o modifica un precedente judicial con repercusiones en una
variación de la acción a ejercer45.
5.2. Atendiendo a los hechos probados, se tiene que el 7 de abril de 2004, la
Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T. solicitó al Banco Agrario un crédito por $80.000.000, en la modalidad de
“FINAGRO”, destinado al establecimiento de una granja para el cultivo de camarón
marino en el municipio de Buenaventura (hecho probado 3.2.). El 10 de junio
siguiente, el Banco aprobó la solicitud de crédito e indicó que desembolsaría los
recursos en tres contados (hecho probado 3.3.). Aunque el Banco Agrario efectuó
los primeros dos desembolsos (hechos probados 3.4. y 3.5.), el tercero “se
suspendió”, porque en contra de la sociedad figuraba una calificación de riesgo en
categoría “C” y la normativa del banco no permitía realizar desembolsos a clientes
con esas condiciones (hechos probados 3.7. y 3.9.).
De conformidad con la comunicación del 10 de junio de 2004 (hecho probado 3.3.),
mediante el Acta N.º 23 de esa misma fecha, el Banco Agrario aprobó el crédito a
favor de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo
Marino E.A.T. El mencionado comunicado dio cuenta de las condiciones bajo las
cuales la entidad financiera aprobó la solicitud del crédito previamente presentada
por la empresa referida, precisando al efecto que fueron aprobadas cuatro líneas de
inversión: (i) $39.280.000, para la adecuación de tierras para la actividad pesquera
y acuícola; (ii) $9.200.000, con destino al campamento para trabajadores; (iii)
$15.520.000, para equipos para pesca y acuicultura; y (iv) $16.000.000, para
sostenimiento de acuicultura. Respecto de cada línea de inversión se determinaron
elementos como: el plazo total, el periodo de gracia en meses, la tasa de interés
efectiva anual, el periodo de amortización del capital y del pago de intereses.
Además, se indicó el plan de desembolso de los recursos, las garantías, entre otras
estipulaciones.
Según lo expuesto, se advierte que los hechos de la demanda se enmarcan en un
acuerdo de voluntades, en el que se pactó el valor de cada desembolso a realizar,
las condiciones para la entrega escalonada de los recursos y los demás términos
bajo los cuales fue aprobado por el Banco Agrario el préstamo solicitado por la
Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T. con destino al establecimiento de una granja para el cultivo de camarón
marino en el municipio de Buenaventura.
En consecuencia, ante el presunto incumplimiento de alguna de las prestaciones
asumidas por las partes - que según el libelo introductorio consistió en que el Banco
Agrario no realizó el tercer desembolso - la reclamación debió encauzarse por la vía
de la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del CCA, a
través de la cual, entre otras pretensiones, puede solicitarse la declaratoria de
incumplimiento de un contrato y la condena al pago de la indemnización de los
perjuicios derivados del mismo.
proponer las siguientes excepciones previas: […] 7. Ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones […]”.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad.: 48833
12
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
Atendiendo a lo expuesto, la Sala encausará la acción presentada a la de
controversias contractuales, pues advierte que el litigio realmente gira en torno a la
inobservancia del acuerdo de voluntades de las partes. Dicha adecuación procura
superar la situación que se presenta ante la indebida formulación de la acción
ejercida por la parte actora y no viola ni vulnera los derechos de defensa y
contradicción del accionado, pues ciertamente el Banco contestó la demanda y
ejerció su defensa frente al reproche formulado en la demanda, consistente en la
omisión en el tercer pago del crédito que aprobó, lo que, con independencia de la
acción ejercida, se enmarca en un posible incumplimiento contractual46.
6. Análisis de la caducidad de la acción
6.1. En línea con el análisis que antecede, adecuada la acción ejercida a la de
controversias contractuales, procedente en el presente asunto, corresponde
analizar si dicho medio de control se ejerció en tiempo.
La caducidad es una institución jurídica que se funda en normas de orden público,
sobre la base del cumplimiento de plazos perentorios, improrrogables e
irrenunciables para ejercer los medios de control judicial. La caducidad, debe ser
entendida como un fenómeno procesal de doble naturaleza —límite y garantía—,
pues, aunque se erige como instrumento que busca racionalizar el uso del aparato
judicial, optimizar la eficiencia procesal y ofrecer estabilidad al derecho, impidiendo
la discusión indefinida de relaciones jurídicas, opera también como una sanción ipso
iure que, ante la inactividad procesal del interesado, extingue la facultad de accionar
en beneficio del demandado47.
Así pues, en cuanto a la oportunidad para ejercer la acción de controversias
contractuales, el numeral 10 del artículo 136 del CCA48 establece, como regla
46 Este criterio no es ajeno a la Subsección, pues en anterior oportunidad, al estudiar una demanda
presentada en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyos fundamentos de hecho y de
derecho realmente cuestionaban un contrato, procedió a readecuarla, garantizando con ello el
derecho de acceso a la administración de justicia. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 21 de noviembre de 2022, rad. 55386
47 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto
de 2025, Rad. 71322; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 67960; Subsección
C, sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad. 67661; Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025,
Rad. 69000.
48 “Artículo 136.— Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 44. Caducidad de las acciones. […]
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir
del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: a) En los de ejecución
instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió
cumplirse el objeto del contrato; b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes contados desde la terminación del contrato por cualquier causa; c) En los
que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar
dentro de los dos (2) años contados desde la firma del acta; d) En los que requieran de liquidación y
ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años,
contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del
establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede
judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de
liquidar; e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el
Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su
perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de
caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a
partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo
22 de la ley "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia",
y f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años,
contados a partir de su perfeccionamiento”.
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Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
general, que el término de caducidad es de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de
fundamento de las pretensiones de la demanda.
En el presente asunto, la parte accionante fundamenta sus pretensiones en el
incumplimiento del Banco Agrario de efectuar el tercer desembolso del crédito
aprobado a favor de la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora
Internacional Mundo Marino E.A.T. Dicho incumplimiento habría generado la
afectación cuyo resarcimiento se solicita. Por ello, es necesario determinar el
momento en que ocurrió este suceso, para establecer desde cuándo debe
contabilizarse el término de caducidad.
6.2. Del acervo probatorio que reposa en el expediente se advierte que no existe
ningún medio de convicción que permita establecer directamente la fecha en que el
Banco Agrario debía realizar el tercer desembolso a la Empresa Asociativa de
Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. No obstante, las
pruebas – en su conjunto - permiten concluir que dicha fecha no fue posterior al 30
de noviembre de 2004, como pasa a explicarse.
En los hechos dieciséis y diecisiete de la demanda se señaló que el 16 de noviembre
de 2004, el biólogo Víctor Garcés suscribió el informe de control de crédito de la
inversión del segundo desembolso y recomendó proceder con el tercero, por
haberse cumplido con la planificación de la inversión. Se narró, también, que para
el 17 de diciembre de dicho año, el tesorero de la empresa acudió al banco para
consultar por qué motivo no se había realizado el desembolso pendiente.
Finalmente, en el aparte de “Disposiciones violadas y concepto de la violación”, la
parte demandante afirmó que el Banco Agrario no efectuó el tercer y último
desembolso “entre mediados del mes de diciembre de 2004”49.
Estas afirmaciones no permiten establecer con precisión la fecha en la que el Banco
Agrario debió haber realizado el tercer desembolso, pues se trata de referencias
generales o posteriores a la fecha en la que, según otros medios de prueba, estaba
programada la entrega de recursos.
Ahora, conforme al material probatorio allegado al proceso, está demostrado que el
10 de junio de 2004, el Banco Agrario aprobó un crédito por $80.000.000 a la
Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T., cuyo desembolso se pactó en tres pagos (hecho probado 3.3.). Asimismo,
se acreditó que el 9 de septiembre de 2004 se efectuó el primer desembolso, por
$47.280.969, y que el 29 de octubre de ese mismo año se realizó el segundo, por
$15.131.213 (hechos probados 3.4. y 3.5.).
En relación con el tercer desembolso, el 22 de febrero de 2005 la empresa informó
a la Superintendencia Bancaria que éste debió efectuarse “a mediados del mes de
noviembre”, pero fue suspendido debido a su calificación de riesgo en la categoría
“C”, en la Central de Información Financiera, producto de un reporte por mora
emitido por Bancolombia (hecho probado 3.7.).
De igual manera, obra prueba de que la empresa solicitó al Banco Agrario informar
las razones por las cuales no había realizado el desembolso (hecho probado 3.8.),
y en respuesta el Gerente Regional Occidente indicó que dicho pago estaba
“programado para noviembre de 2004”, pero no se llevó a cabo por la calificación
de riesgo de la beneficiaria del crédito (hecho probado 3.9.).
49 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”, Fl. 265 y 278.
14
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
El testigo Eduardo Vargas Becerra50, quien se desempeñó como contador de la
Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T., afirmó que el tercer desembolso se esperaba entre el 15 y el 18 de diciembre
de 2004, y que a finales de ese año el Banco Agrario notificó que sí efectuaría el
pago, lo cual finalmente no ocurrió.
Esta declaración tiene eficacia probatoria, pues proviene de una persona que
laboraba en la empresa demandante para el momento de los hechos y que por su
cargo – contador –, tenía conocimiento de los créditos aprobados a favor de la
empresa y, en general, de la situación financiera de la misma. No obstante, su dicho
se aparta de las comunicaciones previamente mencionadas, en las que, tanto la
empresa como el banco señalaron que el desembolso estaba programado para
noviembre de 2004.
En ese orden, y conforme al conjunto probatorio analizado, la Sala infiere que, a
más tardar, el 30 de noviembre de 2004, el Banco Agrario debió haber realizado el
tercer desembolso - por valor de $16.000.000 - pues corresponde al último día del
mes en que los documentos aludidos refieren que éste habría de haberse efectuado
a la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional Mundo Marino
E.A.T., circunstancia que constituye el motivo de hecho y de derecho por el cual se
demanda en el asunto sub examine, y es que lo que pretende la parte demandante
es la declaratoria de responsabilidad contractual del Banco Agrario por el
incumplimiento al no realizar dicho desembolso, lo cual, se insiste, se concretó el
30 de noviembre de 2004, fecha en la que la entidad financiera debía entregar los
recursos.
En consecuencia, el término de dos (2) años para interponer la acción de
controversias contractuales empezó a correr al día siguiente de esta fecha, esto es,
el 1° de diciembre de 2004 y venció el 1° de diciembre de 2006. No obstante, dado
que la demanda se radicó el 10 de abril de 2007, es claro para la Sala que operó el
fenómeno preclusivo por haberse presentado de forma extemporánea.
Incluso, en gracia de discusión, si se contase este término de manera más
favorable, desde el 22 de febrero de 2005, cuando la Empresa Asociativa de Trabajo
Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T. informó a la Superintendencia
Bancaria que el Banco Agrario había “suspendido” el tercer pago del crédito (hecho
probado 3.7.), se advierte que la acción también estaría caducada, pues habrían
transcurrido más de dos años desde esa fecha hasta el momento en que se
presentó la demanda.
6.3. A esta misma conclusión se llegaría aún en el evento en que se analizara el
presente asunto bajo la óptica de la acción de reparación directa. En efecto, en el
escenario en que se llegara a considerar que este sería el medio de control
procedente, en los términos del artículo 136 del CCA también se concluiría,
conforme a las pruebas que obran en el expediente, que a más tardar el 22 de
febrero de 2005 los demandantes conocieron que el Banco Agrario no realizaría el
tercer desembolso del crédito aprobado a la Empresa Asociativa de Trabajo
Comercializadora Internacional Mundo Marino E.A.T., pues en esa fecha
informaron a la Superintendencia Bancaria sobre dicha situación, de ahí que, bajo
ese hipotético escenario, los accionantes contaban hasta el 23 de febrero de 2007
para presentar la demanda de reparación directa.
Al respecto, no puede sostenerse que los demandantes tuvieron conocimiento del
daño el 25 de septiembre de 2006, cuando — según lo afirmado en el recurso de
apelación — se les notificó el oficio mediante el cual el Banco Agrario informó que
50 Samai, índice 149. Expediente 76001233100020070029100 Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. C. Principal en “Anexos #3”.
15
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
no realizaría “el tercer y último desembolso” del crédito, pues ello carece de prueba
y, por el contrario, en el proceso está acreditado que desde mucho antes conocían
de la situación, al punto que la informaron a la Superintendencia Bancaria el 22 de
febrero de 2005.
Tampoco puede afirmarse que la demanda se presentó en tiempo porque el daño
es de aquellos que se conoce como “continuado”, pues este se configura
únicamente cuando la acción u omisión generadora del daño se prolonga en el
tiempo y produce afectaciones sucesivas o permanentes en perjuicio del
afectado35.
En este sentido, aunque en la alzada se argumente que la negativa del Banco
Agrario a efectuar el tercer desembolso desencadenó consecuencias económicas
que se extendieron en el tiempo, en el presente caso se advierte que el impago del
tercer desembolso del crédito se produjo en un solo momento, sin evidencia de una
conducta prolongada o repetitiva atribuible al Banco Agrario51.
Por último, en ningún caso puede afirmarse que la declaración de este fenómeno
vulnera los derechos fundamentales de la parte accionante, pues, como se explicó,
su aplicación es la consecuencia jurídica de las normas de orden público e
imperativo cumplimiento que imponen un límite al ejercicio del derecho de acción,
cuando se ejerce el medio de control dentro de un término superior al dispuesto por
el legislador.
En virtud de lo expuesto, entonces, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia
del 6 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
7. Conclusión
En el marco del estudio de los presupuestos procesales de la acción, la Sala
encauzó el medio de control presentado al de controversias contractuales, pues
advirtió que el litigio realmente giraba en torno al incumplimiento del acuerdo
pactado entre las partes y dicha adecuación no violaba ni vulneraba los derechos
de defensa y contradicción del accionado. Asimismo, concluyó que la acción de
controversias contractuales fue ejercida de manera extemporánea, toda vez que la
ocurrencia de los motivos de hecho que sirvieron de fundamento de las pretensiones
de la demanda ocurrieron, a más tardar, el 30 de noviembre de 2004, cuando el
Banco Agrario no realizó el tercer desembolso, previsto en el crédito que la entidad
le aprobó a la Empresa Asociativa de Trabajo Comercializadora Internacional
Mundo Marino E.A.T. En este orden de ideas, los accionantes contaban hasta el 1°
de diciembre de 2006 para presentar la demanda. Sin embargo, como lo hicieron el
51Al efecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido la diferenciación entre el daño
instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo; entendiendo por el primero aquel
que puede identificarse en un momento preciso del tiempo y que, aunque genere perjuicios que se
proyectan hacia el futuro, se consuma en el instante en que ocurre. Por el contrario, el daño
continuado o de tracto sucesivo se prolonga en el tiempo, de manera continua o intermitente, no por
los efectos que produce, sino por la persistencia misma del daño y del comportamiento que lo
origina. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de marzo de 2010,
Rad. 19099; Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2013, Rad. 27549. “Es posible que en
específicas ocasiones el daño se prolongue con posterioridad al momento de acaecimiento de los
hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, sin que esto signifique que el término de
caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es
decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad debe partir del momento en que
el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar
a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que
acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las
secuelas o efectos del mismo”.
16
Radicado: 76001-23-31-000-2007-00291-01 (69145)
Demandante: Silvio Hernando Jiménez Miranda y otros
10 de abril de 2007, se impone concluir que ésta se presentó de forma
extemporánea.
8. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de
caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
EXT6
17
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