Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00569-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2007-00569-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569 01 (70.352)
Demandantes: Norma Patricia Cardona Giraldo y otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance – deber de sustentación del
recurso de apelación – no se cumple con la sola reiteración de los hechos de la
demanda o la manifestación de situaciones que no guardan relación con lo
decidido – EXTINCIÓN DE DOMINIO – características – autonomía e
independencia – DAÑO – primer elemento de la responsabilidad – tiene que ser
antijurídico.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 23 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las súplicas de la demanda, por considerar que el daño
alegado por la demandante no tiene la connotación de antijurídico.
SÍNTESIS DEL CASO
1. Se pretende la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por mantener
vinculada a la señora Norma Patricia Cardona Giraldo a un proceso de extinción
de dominio y no devolverle sus bienes, a pesar de que en el proceso penal paralelo
que se inició en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares se
declaró la prescripción de la acción penal. En la demanda se afirmó que la norma
que debió aplicarse era la Ley 333 de 1996 que, a diferencia de lo dispuesto en la
Ley 793 de 2002, impedía continuar con el trámite de la acción de extinción de
dominio ante la cesación del procedimiento penal.
ANTECEDENTES
2. En escrito presentado el 4 de julio de 20071, la señora Norma Patricia Cardona
Giraldo, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores
1 “PRIMERA. Declarar que la Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección de Administración
de Justicia y Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables por el indebido
funcionamiento de la administración de justicia por haber sido investigada penalmente por el
presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares por un término de 6 años sin que el Estado
haya sido capaz de proferir sentencia ocasionándole un detrimento patrimonial en sus bienes al
iniciarse proceso de extinción de dominio en contra de mi poderdante, quitándole la administración
y posesión, y disposición de sus bienes, colocándolos fuera del comercio, al punto de perder todo
Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
Diego Javier, Sebastián, Esteban y Diana Patricia Castro Cardona, por conducto
de apoderado judicial, promovieron demanda de reparación directa contra la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les
declare patrimonialmente responsables por continuar con el trámite de una acción
de extinción de dominio en contra de la primera de las mencionadas y abstenerse
de devolver los bienes que le fueron incautados, pese a que el proceso penal que
se adelantó de manera paralela por el delito de enriquecimiento ilícito terminó con
la declaratoria de prescripción de la acción penal.
3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a las demandadas a pagar:
Demandante Calidad Perjuicio Monto
Norma Patricia Víctima directa Moral 1.000 SMLMV
Cardona Giraldo
Daño a la vida de relación 400 SMLMV
Lucro cesante2 $4.734’966.000
Daño emergente3 $490’310.907
Diego Javier Castro Hijo Moral 1.000 SMLMV
Cardona
Daño a la vida de relación 400 SMLMV
Sebastián Castro Hijo Moral 1.000 SMLMV
Cardona
Daño a la vida de relación 400 SMLMV
Esteban Castro Hijo Moral 1.000 SMLMV
Cardona
Daño a la vida de relación 400 SMLMV
Diana Patricia Castro Hija Moral 1.000 SMLMV
Cardona
Daño a la vida de relación 400 SMLMV
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente4:
5. El 21 de mayo de 1999, la “Fiscalía General de la Nación”5 vinculó a la señora
Norma Patricia Cardona Giraldo a una investigación por el delito de
enriquecimiento ilícito, debido a su condición de socia de Astrocambios Ltda.
6. Con ocasión de lo anterior, “la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad
Nacional de Lavado de Activos”, adelantó en contra de la aquí demandante un
su capital conseguido durante años de trabajo, ocasionándole perjuicios de orden material y moral
y daños a la vida de relación a mi poderdante y los hijos menores de la señora Norma Patricia
Cardona. SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior se condene a la Nación –
Rama Judicial – Dirección de Administración de Justicia y Fiscalía General de la Nación al pago
de perjuicios (…)”. Folio 852 del cuaderno de primera instancia.
2 Por la pérdida de los siguientes bienes incautados a la demandante, ubicados en la ciudad de
Cali: (i) una oficina y 14 parqueaderos ubicados en la calle 10 4-30 edificio Bolsa de Occidente de
Cali, (ii) dos lotes en la carrera 2 oeste 5ª-16 urbanización Arboleda, (iii) un apartamento ubicado
en la calle 13 oeste 264/62 en la urbanización Santa Cecilia, (iv) la “parcelación 43 corregimiento
La Buitrera de Cali”, (v) dos locales comerciales, 7 oficinas, 29 apartamentos y 32 garajes ubicados
en la av. 4N 8N-67 edificio Don Sebas, (vi) 17 apartamentos y 10 garajes ubicados en la calle 70
2N-101 unidad residencial Vegas del Río. De acuerdo con la demanda, los bienes ubicados en
Bogotá son los siguientes: (vii) dos apartamentos en la carrera 18 94ª-59 y (viii) un apartamento
en la carrera 58ª 75ª-52 interior 7, conjunto Metrópolis. Folios 750 a 773 del cuaderno de primera
instancia.
3 Por el valor de los arriendos que dejó de recibir por cuenta de la pérdida del poder dispositivo de
los referidos bienes.
4 La demanda consta únicamente de seis hechos.
5 En el escrito inicial se hizo referencia únicamente a la Fiscalía General de la Nación o Unidad
Nacional de Lavado de Activos, sin agregar alguna información adicional.
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Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
proceso de extinción de dominio, en el que se dispuso la aprehensión de sus
bienes y la suspensión de su poder dispositivo6.
7. La referida señora no tenía antecedentes de narcotráfico, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito, ni testaferrato, al punto que a la fecha de presentación de
la demanda “no le han podido extinguir el dominio sobre sus inmuebles”.
8. En el proceso por el delito de enriquecimiento ilícito no se dictó sentencia contra
la acusada dentro del término legal previsto, razón por la cual la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en proveído del 6 de junio de 2005, decretó
la prescripción de la acción y la cesación del procedimiento penal a su favor.
9. Pese a la anterior declaración, a la señora Cardona Giraldo no le fueron devueltos
sus bienes, pues el proceso de extinción de dominio continuó con su trámite,
causándole sendos perjuicios tanto a ella como a sus familiares.
10. En la demanda se indicó que la norma vigente al momento en que se dispuso la
apertura del proceso de extinción de dominio era la Ley 333 de 1996, que
condicionaba dicho trámite a la declaratoria de responsabilidad penal; sin
embargo, tal disposición no fue la que se aplicó, sino la Ley 793 de 2002, que lo
dotó de autonomía e independencia.
11. En criterio de la parte actora, la cesación del procedimiento penal implicaba la
terminación del proceso de extinción de dominio y la devolución automática de
sus bienes y, en tanto ello no ocurrió, las entidades demandadas deben ser
declaradas responsables7, por cuanto la señora Norma Patricia Cardona Giraldo
fue investigada dos veces, en abierta trasgresión del “principio de la cosa juzgada,
consagrado en nuestra legislación en el artículo 29 de la Constitución Nacional y
en tratados públicos que han sido ratificados por Colombia como son los de
Derechos Humanos y los de derechos civiles y políticos de San José de Costa
Rica”.
12. Por último, en la demanda se sostuvo lo siguiente:
“Al cambiarse la legislación de extinción de dominio se ha sometido a mi
cliente a una carga excesiva la cual los asociados no están obligados a
soportar, porque es una violación del principio de proporcionalidad ante las
cargas públicas por cuanto el ciudadano debe estar sometido a ser procesado
por normas preexistentes al hecho.
Como se establece en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el caso
que nos ocupa mi cliente ha sido sometida a una norma desfavorable en
materia procesal, contrariando al principio de favorabilidad y de la
preexistencia de la norma por lo cual el Estado debe resarcir el monto total
del valor de sus bienes”8.
6 Se deja constancia que la parte actora no precisó la fecha en que inició dicho proceso.
7 Se advierte que la demanda no contiene una imputación específica, sino que la responsabilidad
por la no devolución de los bienes al momento de dictarse el proveído que declaró la extinción
penal se atribuyó de manera genérica a las dos entidades demandadas.
8 Folios 748 a 843 del cuaderno de primera instancia.
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Referencia: Reparación directa
Trámite relevante en primera instancia
13. Mediante proveído del 13 de julio de 20079, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca admitió la demanda y dispuso notificar a las demandadas y al Ministerio
Público.
14. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones. Indicó que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la acción de
extinción de dominio era autónoma e independiente de la acción penal. Refirió
que la primera es de carácter real, cuyo objeto son los bienes, mientras que la
segunda es personal, dirigida contra el presunto infractor de la ley penal, por lo
que no era cierto que la señora Norma Patricia Cardona Giraldo hubiera sido
juzgada dos veces. Advirtió que la Fiscalía General de la Nación no era la
encargada de promulgar las leyes, sino de aplicarlas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política. Explicó que el principio de
favorabilidad no era aplicable en materia de extinción de dominio, por cuanto no
se trata de la imposición de una pena, sino de una acción relacionada con el
régimen de la propiedad.
15. Afirmó que el proceso penal que se adelantó en contra de la señora Cardona
Giraldo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares se ciñó a lo dispuesto
en la Constitución Política y la ley, así como la decisión de incautar sus bienes
para determinar la procedencia de la extinción de dominio, de ahí que no hubiese
incurrido en error jurisdiccional o falla del servicio.
16. Cuestionó los montos pedidos como indemnización de perjuicios. Frente a los
daños inmateriales, señaló que carecían de fundamento y que resultaban
desproporcionados, dada las reglas jurisprudenciales fijadas por esta
Corporación. En cuanto a los perjuicios materiales, manifestó que resultaba
contradictorio que se pidiera el valor de los arriendos de los inmuebles que
supuestamente tenía la demandante y, a su vez, una indemnización por la pérdida
de los mismos, cuando ni siquiera había prueba de la terminación del proceso de
extinción de dominio10.
17. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseguró que no
le asistía razón a la demandante, dado que las acciones por ella desplegadas se
enmarcaron dentro de la Constitución Política y la ley; en ese sentido, como no
hubo ninguna actuación abiertamente contraria a derecho, requisito sine qua non
para la configuración de un error judicial, no se encontraban estructurados los
elementos de la responsabilidad para condenar a dicha entidad11.
18. En auto del 2 de octubre de 200812 se decretaron todas las pruebas pedidas por
las partes, entre ellas, un dictamen pericial, con el fin de realizar el avalúo
9 Folio 852 del cuaderno de primera instancia.
10 Folios 862 a 879 del cuaderno de primera instancia.
11 Folios 885 a 890 del cuaderno de primera instancia.
12 En la referida providencia se decretaron (i) como pruebas documentales las aportadas con la
demanda y la contestación de la Fiscalía General de la Nación. Por solicitud de la parte actora, se
dispuso: (ii) requerir al Juzgado Primero Penal Especializado de Cali para que remitiera copias de
las sentencias del 6 de febrero de 2001 y del 6 de julio de 2005, proferidas en el proceso penal
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Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
comercial de cada uno de los inmuebles que supuestamente fueron incautados
por la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, en proveído del 12 de agosto
de 202113, el Tribunal a quo tuvo por desistido dicho medio de prueba, al estimar
que la parte interesada no prestó colaboración para practicarlo. Como
consecuencia de lo anterior, se decretó el cierre de la etapa probatoria y se
ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión.
Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 23 de
febrero de 202214, negó las súplicas de la demanda, al considerar que el daño
alegado por la demandante no era antijurídico.
20. Frente al proceso penal que se adelantó contra la señora Norma Patricia Cardona
Giraldo, encontró acreditado que, con ocasión de la diligencia de registro y
allanamiento que se realizó el 7 de febrero de 1994, en la sede de Astrocambios
Ltda., ubicada en la ciudad de Cali, en la que se encontraron dos bolsas blancas
con USD 449.726 en billetes de baja denominación, así como los resultados que
arrojaron las labores de investigación dirigidas en contra de los integrantes de
dicha sociedad, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cali ordenó
la vinculación de todos sus socios, entre ellos, de la aquí demandante.
21. Indicó que el 21 de mayo de 1999 se profirió resolución de acusación contra la
señora Cardona Giraldo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ante
el incremento inusitado de su patrimonio y los posibles vínculos de la sociedad
Astrocambios Ltda. con el cartel de Cali.
22. Señaló que, mediante sentencia del 6 de febrero de 2002, el Juzgado Primero
Penal del Circuito absolvió de responsabilidad a la demandante; sin embargo, el
4 de julio de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revocó esa decisión
para, en su lugar, condenarla a ella y a otros acusados a una pena de 70 meses
de prisión.
23. Agregó que, en la referida providencia, el Tribunal Superior de Cali dispuso remitir
las copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para que se
adelantara la acción de extinción de dominio sobre los bienes de los condenados.
24. Destacó que, en cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General del Tribunal
Superior de Cali expidió el Oficio 5255 del 6 de agosto de 2004 con destino a la
con radicado 2001-0031, adelantado contra la señora Cardona Giraldo; (iii) recibir los testimonios
de las señoras María Lucía Valencia y Angélica María Ramírez con el propósito de que declararan
acerca del padecimiento moral sufrido por la demandante. A su vez, (iv) se decretó la elaboración
de un dictamen pericial con el fin de realizar un avalúo comercial de cada uno de los inmuebles
que supuestamente fueron incautados por la Fiscalía General de la Nación. Por solicitud de la
Fiscalía General de la Nación, (v) se dispuso oficiar al Juzgado Primero Penal Especializado de
Cali para que allegara copias de todo el proceso penal seguido contra la señora Cardona Giraldo
y (vi) requerir a la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá para que certificara el estado de la
investigación seguida contra los bienes de la demandante. Folios 892 a 894 del cuaderno de
primera instancia.
13 Índice 83 del sistema de gestión judicial SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
14 Por la importancia que amerita, la Sala describe con detalle las razones que expuso el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para adoptar su decisión.
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Directora Seccional de Fiscalías de Cali y que, finalmente, en sentencia del 6 de
julio de 2005, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró
la prescripción de la acción penal15.
25. Frente a la acción de extinción de dominio, el Tribunal a quo refirió que, aunque a
este proceso no se allegó copia de dicho expediente, la información que aparecía
consignada en algunas actuaciones penales y certificaciones expedidas por
autoridades judiciales daban cuenta de la existencia de dicho proceso, así como
también que el 29 de septiembre de 2004 “se declaró en primera instancia la
extinción”, pero “como la parte actora no solicitó la totalidad del legajo no se tienen
los pormenores del trámite”16.
26. En cuanto a la norma con que el referido proceso se adelantó, estimó que las
pruebas no ofrecían claridad acerca de esa situación, pues, mientras que en un
oficio del 28 de junio de 2006, elaborado por el secretario del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Cali, se indicaba que la Fiscalía Sexta
Especializada para la Extinción de Dominio dio apertura a la actuación “en
vigencia de la Ley 793 de 2002”, en una constancia suscrita por el Coordinador
Técnico de la Unidad de Extinción de Dominio se informaba que la señora Norma
Patricia Cardona Giraldo aparecía “mencionada en el proceso con radicado 76ED
que adelantó la Fiscalía ED (…). Enviado al Juzgado 1° Especializado de Cali para
sentencia. Actuación iniciada en vigencia de la Ley 333 de 1996” (negrillas por
fuera del original).
27. Mencionó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 7, 11, 12
y 24 de la Ley 793 de 2002, la acción de extinción de dominio es una institución
de carácter real y de contenido patrimonial, motivada por intereses superiores del
Estado, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal “que se
haya iniciado simultáneamente o de la que se haya desprendido o en la que
tuviera origen”, razón por la cual su trámite no depende de las resultas del proceso
penal, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 200317.
28. Advirtió que en la anterior regulación de extinción de dominio, contenida en la Ley
333 de 1996, también se consagró en su artículo 7 la autonomía de dicha acción
respecto del proceso penal y su naturaleza real, precepto que fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 1997, al señalar:
15 Se precisa que en la sentencia de primera instancia no se precisó cómo el caso llegó a la Corte
Suprema de Justicia.
16 Sobre el particular, el Tribunal a quo indicó: “La falencia probatoria que es atribuible a la parte
actora, a quien incumbe probar los supuestos de hecho de las normas jurídicas que invoca para
derivar la imputación de deficiente funcionamiento de la administración de justicia en el decurso
procesal penal en que vio involucrada la señora Norma Patricia. A pesar de ello, la prueba
recaudada y la información registrada en la documental es suficiente para evaluar la solidez de la
atribución de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque la causa de ella,
para la parte actora, es un error de derecho. La parte actora reclama que la acción de extinción de
dominio debió darse por terminada inmediata y automáticamente fue declarada la prescripción de
la acción penal por enriquecimiento ilícito que le dio origen, ello para evitar una doble incriminación
por los mismos hechos. Su argumento es que, para el caso concreto, las dos actuaciones no eran
independientes, y, por tanto, al terminar la primera necesariamente debía finalizar la segunda, y
como ello no ocurrió, se incurrió en falla”.
17 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
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Referencia: Reparación directa
“… la norma transcrita le otorga efecto al carácter autónomo de la acción de
extinción del dominio, en los términos resaltados por esta Corte en las
sentencias C-374 y C-409 de 1997, pues hace posible que se resuelva acerca
del tema patrimonial, aunque el proceso penal haya culminado
independientemente de la razón por la cual ello haya ocurrido”.
29. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal a quo sostuvo que, en tanto ambos
cuerpos normativos concibieron la extinción de dominio como una acción
autónoma del proceso penal, el daño alegado por la demandante no tenía la
connotación de antijurídico, pues, con independencia de la norma con que se
adelantó dicho trámite, la declaratoria de prescripción por el delito de
enriquecimiento ilícito, “no afecta[ba], ni interrump[ía] la acción de extinción de
dominio que, como se vio, es autónoma del juicio de culpabilidad”18.
Recurso de apelación
30. En contra de dicha decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de
apelación. Además de reiterar los hechos de la demanda19, expuso lo siguiente:
“Mi poderdante y el suscrito apoderado hemos estado siempre dispuestos a
colaborar con el recaudo de las pruebas, como es el caso de la perito
evaluadora a la cual se le cancelaron sus honorarios y si no se pudo hacer el
avalúo de otros bienes de propiedad de mi poderdante para conseguir la
autorización de los arrendatarios para entrar a esos bienes, es porque el 29
de septiembre de 2004 el juzgado Cuarto Penal especializado de
descongestión de Bogotá D.C. extinguió la totalidad de sus bienes mediante
sentencia del 29 de Septiembre de 2004 y no como afirma la Magistrada
Ponente que el proceso de extinción de dominio comenzó en el año 2005 con
la vigencia de la Ley 793 de 2002, este proceso de extinción de Dominio
empezó el 09 de agosto de 1999 bajo la vigencia de la Ley 333 de 1996 por
lo tanto mi poderdante ha sido Juzgada dos veces por el mismo delito al
aplicársele la Ley 793 de 2002 y ella perdió todo contacto con dichos
arrendatarios y muchos de sus bienes han sido rematados por la acción de
extinción de dominio. Por ende, solicito a la Señora Magistrada ponente tenga
en cuenta el valor del avalúo catastral de los bienes y su valor comercial es el
doble del avalúo catastral”20.
31. Adicionalmente, solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia21.
18 Por último, agregó: “Conforme con los argumentos enlistados a lo largo de esta providencia, se
concluye que no se acreditó el primer elemento de la responsabilidad del Estado por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, a saber, la falla que origine un daño antijurídico
porque la víctima no estaba en obligación de soportarlo, deviniendo con ello la consecuente
negativa de las súplicas de la demanda”.
19 La Sala se remite a los antecedentes de esta providencia para señalar que los 6 hechos narrados
en la demanda se transcribieron de forma literal, en la apelación.
20 Índice 92 del sistema de gestión judicial SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
21 En ese sentido, solicitó que se oficiara al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá para que indicara dónde cursó el
proceso de extinción de dominio en contra de Norma Patricia Cardona Giraldo, identificado con
radicado n.° 2004-020-4 (radicado de Fiscalía 199 E.D), así como las fechas de inicio y finalización
de ese proceso. Adicionalmente, aportó copia de una constancia secretarial expedida el 15 de
marzo de 2022 por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito
Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, referida al estado del proceso con radicado
n.° 2004-020-4 (radicado de Fiscalía 199 E.D) y las actuaciones surtidas dentro del mismo entre
el 9 de agosto de 1999 y el 25 de enero de 2007.
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Trámite relevante en segunda instancia
32. En auto del 4 de abril de 202422 se admitió el recurso de apelación y, en proveído
del 7 de junio siguiente23 se negó, por improcedente, la solicitud de pruebas en
segunda instancia24.
CONSIDERACIONES
33. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
34. Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa
por activa y por pasiva.
Cuestión previa: causa petendi
35. La controversia primigenia gira en torno a determinar si se reúnen los
presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional,
pues, aunque en la demanda no se hizo mención expresa a un título de imputación
específico, los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad del
Estado, debido a que, en su criterio, al proceso de extinción de dominio que se
inició de manera paralela a un proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito
contra de la señora Norma Patricia Cardona Giraldo se le aplicó la Ley 793 de
2002 y no la Ley 333 de 1996, como correspondía, causándole sendos perjuicios
tanto a ella como a sus familiares. La parte actora afirmó que, de conformidad con
la última de las normas citadas, la acción de extinción de dominio debió darse por
terminada inmediata y automáticamente fue declarada la prescripción de la acción
penal que se promovió por el delito de enriquecimiento lícito.
Cumplimiento parcial de la carga de sustentación de la apelación
36. Esta Subsección, de manera reiterada25, ha sostenido que a través del recurso de
apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
22 Índice 29 del sistema de gestión judicial SAMAI del Consejo de Estado.
23 La razón para negar esa petición obedeció a que “en el trámite de la primera instancia la
demandante no solicitó la referida documental y, en consecuencia, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no se refirió a esta en el auto del 2 de octubre de 2008, de ahí que no se trate de
una prueba decretada y dejada de practicar sin culpa de la parte que la pidió”. Por otro lado, se
indicó que “el mencionado oficio y documentos aportados no se refieren a hechos ocurridos luego
del vencimiento de las oportunidades para pedir pruebas en primera instancia (…) y la parte
demandante no explicó en su solicitud probatoria las razones por las que no aportó la documental
en el transcurso de la primera instancia, de ahí que no pueda establecerse que ello tuvo que ver
con causas relacionadas con fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte, de modo
que no hay elementos para concluir que le fue imposible aportar o solicitar el medio probatorio en
las oportunidades legales”. Índice 38 del sistema de gestión judicial SAMAI del Consejo de Estado.
24 Se deja constancia de que en proveído del 7 de julio de 2023 se dispuso la interrupción del
proceso, como consecuencia de la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado de quien
en su momento fungía como apoderado de la parte demandante. El 14 de febrero de 2024, la
demandante le otorgó poder a otro profesional del derecho a quien, el 27 de febrero de ese año,
se le reconoció personería adjetiva y se ordenó la reanudación del proceso. Índices 3 y 23 del
sistema de gestión judicial SAMAI del Consejo de Estado.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 20955. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta
8
Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo que le corresponde al
apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en
cuenta para adoptar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de
solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten
en la segunda instancia26.
37. Conviene precisar, además, que dicha carga no se suple con la manifestación
genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia, así como
tampoco con la petición de que dicha providencia se revoque, por cuanto lo que
la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que
sirvieron de sustento a la decisión en el punto que se considere desfavorable a
sus intereses, de forma que existan razones o motivos -y así se indiquen en el
respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera
instancia resultó desacertado27.
38. Bajo esa óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones de disenso por las que no se comparten las consideraciones de la
sentencia recurrida, en orden a que el superior funcional los confronte con la
decisión apelada y no que sea éste quien las estructure, dado que ello implicaría,
de un lado, relevar del cumplimiento de las cargas legalmente impuestas a las
partes y, de otra parte, una extralimitación de las funciones del juez de segunda
instancia que derivaría en una vulneración al derecho fundamental del debido
proceso.
39. Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los
fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la
demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del
cual se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de
manera directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida
que le resulta adversa al apelante.
40. En ese orden ideas, se reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidades
anteriores28, en el sentido de que cuando se advierta la ausencia de una
sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo
fundamento sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a
colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior
funcional no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído
apelado.
Subsección, entre otras, en sentencias del 5 de febrero de 2021, exp. 51371. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez; del 5 de marzo de 2021, exp. 64163 y del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962.
26 Sobre el particular, el artículo 212 del CCA, aplicable al sub júdice, determina que la parte
inconforme con la decisión debe interponer y sustentar el recurso ante al a quo; a su vez, el
parágrafo 1 del artículo 352 del C. de P.C. establece que “… [p]ara la sustentación del recurso,
será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con
la providencia” (se resalta); y en el artículo 357 de esa misma codificación se prescribe que “[l]a
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso …” (se destaca).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada
por esta Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 64163.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
41. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones, por cuanto el daño no era antijurídico.
42. En el recurso de apelación, la parte actora: (i) realizó una transcripción literal de
los hechos esbozados en el escrito inicial, (ii) expuso las razones por las cuales
la perito designada no pudo realizar el dictamen pericial decretado en primera
instancia y (iii) cuestionó la aplicación de la Ley 793 de 2002 en lugar de la Ley
333 de 1996, que impedía adelantar la acción de extinción de dominio con
independencia de la causa penal.
43. De lo expuesto se desprende que, de los tres argumentos propuestos en la
apelación, solo el tercero se dirigió a controvertir los fundamentos de derecho de
la sentencia de primera instancia, pues en el primero los demandantes se limitaron
a replicar los hechos de la demanda y, en el segundo, lo que discuten no es la
ratio de la decisión, sino el auto por medio del cual se decretó el cierre del período
probatorio.
44. La Sala insiste en que la sola manifestación de encontrarse en desacuerdo o la
reiteración de lo planteado en demanda, sin un razonamiento mínimo que
contradiga conclusiones del fallo de primera instancia, son insuficientes para
considerar sustentada la impugnación, por cuanto constituye un requisito
indispensable que el recurrente advierta cuáles son los yerros que deben ser
analizados por la segunda instancia y por los cuales estima que se debe variar o
corregir la decisión adoptada29.
45. Una interpretación contraria implicaría que el superior funcional se quede sin
herramientas o elementos de juicio para revisar lo acertado o no de la providencia
apelada, pues no podría conocer cuál es, en realidad, la inconformidad que el
apelante tiene contra la decisión, si se trata de la interpretación equivocada o la
aplicación indebida de una norma y/o de una valoración probatoria desacertada,
lo mínimo que se requiere para revisar y decidir si tal providencia merece ser
modificada o, incluso, revocada30.
46. En línea con lo anterior, la Sala estima pertinente señalar que, aunque en el
segundo de los argumentos propuesto en la apelación, el apoderado de los
demandantes expuso las razones por las que no fue posible realizar el dictamen
pericial decretado en primera instancia y, en su lugar, pidió que se tuviera en
cuenta el avalúo catastral de los bienes descritos en la demanda, dicha
justificación tampoco representa un cuestionamiento en contra de los
29 “… si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el instrumento a través
del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en
aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba
ser sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del
superior, con lo que eso implica en términos de desgaste del aparato judicial, y en merma de la
seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el fallador una cierta
duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada
las razones de la discrepancia” (se destaca). Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.
M.P. Luis Guillermo Gurrero Pérez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada
por esta Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 64.163.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
fundamentos que sirvieron de sustento a la sentencia impugnada, dado que lo
único que reflejan es la inconformidad de los accionantes con el proveído del 12
de agosto de 2021, a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
tuvo por desistido dicho medio de prueba31 y dispuso el cierre de la etapa
probatoria.
47. Bajo este contexto, si los demandantes no estaban de acuerdo con esa decisión,
debieron cuestionarla en la oportunidad legal prevista para ello; sin embargo, no
realizaron ninguna actuación en ese sentido, pretendiendo ahora subsanar dicha
omisión, sin tener en cuenta que el recurso de apelación no está orientado a
repetir el trámite surtido en primera instancia o a reabrir etapas del proceso
debidamente clausuradas, sino que su finalidad principal es garantizar el principio
de la doble instancia32.
48. Así las cosas, dado que los argumentos esbozados con antelación no contienen
reparos en contra de los fundamentos de hecho y/o derecho de la decisión
adoptada por el Tribunal y que los recurrentes utilizaron uno de ellos para
cuestionar una providencia distinta al fallo de primera instancia, la Sala concluye
que la apelación en cuanto a dichos cargos se refiere no fue debidamente
sustentada.
Objeto de la apelación
49. Decantado lo anterior, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por regla
general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia,
salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera
oficiosa, en atención a la regla prevista en el artículo 35733 del C.P.C. -actualmente
consagrada en el artículo 328 del C.G.P.-.
50. En ese orden, de conformidad con el cargo de la apelación, dirigido a cuestionar
la conclusión según la cual el daño no es antijurídico, el problema jurídico a
31 Se recuerda que dicha decisión se adoptó con fundamento en que la parte actora no adelantó
las actuaciones necesarias para elaborarlo. Al respecto, la Sala se remite al párrafo 9 y el pie de
pág. 13 de esta providencia.
32 “La razón de ser de los recursos judiciales, ha dicho la Corte, se explica en la necesidad de
preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho al asegurar la
posibilidad de corregir los yerros en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una
determinada decisión judicial o administrativa. Además, permite enmendar la eventual aplicación
indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la ley. De ahí que la doble
instancia, al paso que se constituye en una garantía general contra la arbitrariedad, se erige en el
mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los errores en que pueda incurrir una
autoridad pública (…). Bajo esta óptica, la garantía de la doble instancia supone un elemento
cardinal del derecho al debido proceso que, a su vez, tiene relevancia en el acceso a la
administración de justicia y que se materializa, principalmente, mediante el recurso de
apelación o de impugnación, toda vez que permite la controversia de una decisión judicial por
parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del
superior jerárquico” (se destaca). Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
33 “Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
resolver es el siguiente: ¿si la Ley 333 de 1996 condicionaba la extinción de
dominio a la existencia de un proceso penal o si, al igual que en la Ley 793 de
2002, se trataba de una acción autónoma e independiente, permitiendo que siga
adelante, pese a la cesación del procedimiento penal?
Caso concreto
51. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que, además del proceso por
el delito de enriquecimiento ilícito que culminó por prescripción de la acción penal,
el material probatorio allegado al expediente permitía establecer que contra la
señora Norma Patricia Cardona Giraldo también se adelantó un proceso de
extinción de dominio en el que se dictó sentencia de primera instancia en el año
2004; sin embargo, no se aportaron las copias de dicha investigación, por lo que
se desconocían sus detalles, así como la norma que lo gobernó.
52. Advirtió que la falta de claridad respecto del trámite de la extinción de dominio no
impedía resolver el fondo de la cuestión planteada, porque tanto la Ley 333 de
1996 como la Ley 793 de 2002 permitían ejercer la acción de extinción de dominio
con independencia del proceso penal, razón por la cual el daño alegado por la
parte actora no tenía la connotación de antijurídico, pues la autonomía consagrada
en ambos cuerpos normativos hacía posible que la referida acción continuara con
su trámite, pese la terminación de la causa penal.
53. Como puede verse, en ningún apartado de la providencia se afirmó que el proceso
de extinción de dominio se tramitó en vigencia de la Ley 793 de 2002, por el
contrario, lo que se observa es que el Tribunal fue enfático en señalar que el
escaso material probatorio apenas daba cuenta de que dicho procedimiento
existió.
54. La Sala tampoco encuentra desacertada la conclusión a la que arribó el fallador
de primer grado luego de poner de presente la referida situación, por lo siguiente:
55. En la sentencia C-374 de 199734, la Corte Constitucional explicó que la extinción
de dominio es una institución de estirpe constitucional, consagrada en el artículo
34 de la Constitución Política, autónoma y de carácter patrimonial, en virtud de la
cual, previo juicio independiente al penal, “se desvirtúa que quien aparece como
dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas en la
norma lo sea en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en
cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad
que se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Política”35.
56. No se trata de una sanción penal, ni su objeto radica en la imposición de un
castigo, sino que su propósito es retirar el reconocimiento jurídico de la propiedad
lograda “en desconocimiento de los postulados básicos de la organización social,
no solamente mediante el delito, sino a través del aprovechamiento indebido del
patrimonio público o a partir de conductas que la moral social proscribe”36.
34 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
35 Ibid.
36 Ibid.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
57. En otras palabras, a diferencia del proceso penal, la extinción de dominio se centra
en determinar la procedencia ilícita de los bienes, sin que para ello dependa de la
suerte del proceso penal que curse contra su titular o que se requiera demostrar
su responsabilidad.
58. En desarrollo de dicho precepto constitucional se expidió la Ley 333 de 1996 37,
que replicó dichas características en los artículos 738 y 1039, al señalar que la
acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y
autónoma frente a la responsabilidad penal40, siendo estos dos últimos aspectos
los que permiten que sea “posible resolver acerca de un tema patrimonial, aunque
el proceso penal haya culminado e independientemente de la razón por la que ello
haya ocurrido”41.
59. La Ley 333 de 1996 fue suspendida por el Decreto Legislativo 1975 de 2002 y,
luego, derogada por Ley 793 de 2002, la cual reafirmó dichos atributos, al indicar
en su artículo 1º que se trata de una acción autónoma y directa, originada en la
adquisición de bienes derivados de una actividad ilícita o con grave deterioro de
la moral social que, debido a su esencia netamente patrimonial, se ejerce
independientemente de cualquier declaración de índole penal42.
60. De lo expuesto resulta claro que la supuesta oposición entre la Ley 333 de 1996
y la Ley 793 de 2002, en punto a la relación entre la extinción de dominio y el
37 “Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en
forma ilícita”.
38 “Artículo 7. Naturaleza. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que
trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o
presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su
poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún
caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay
actuaciones penales en curso. Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido
decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso
penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en
cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley”.
39 “Artículo 10. De la autonomía. La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de
la responsabilidad penal (…)”.
40 “Advierte la Corte, eso sí, que la naturaleza de la institución prevista en el artículo 34, inciso 2,
de la Carta Política no se convierte en penal por tal circunstancia, pues uno es el motivo que da
lugar al ejercicio de la acción y otro es el efecto de la sentencia, que en esta materia no consiste
en una pena sino en la declaración judicial de que por los hechos pasados -fundados en el delito-
no pueden en el futuro invocarse por quien pasaba por propietario, para defender un "derecho"
suyo que ni antes ni después estuvo amparado por la Constitución. Y ello sin que la sanción
patrimonial de que se trata dependa de la suerte del proceso penal ni de la responsabilidad de esa
índole por el delito en cuestión”. Ibid.
41 Ibid.
42 “El artículo 1º de la Ley 793 de 2002 contiene dos normas jurídicas. La primera señala el
concepto de la acción de extinción de dominio y la segunda afirma la autonomía de tal acción. De
acuerdo con la primera norma jurídica, “La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a
favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular”. Y de acuerdo con
la segunda, “Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley”. Es una acción autónoma
e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no
es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible, sino que procede
independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo,
porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses
superiores del Estado. Es decir, la extinción del dominio ilícitamente adquirido no es un instituto
que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, pues, lejos de
ello, se trata de una institución asistida por un legítimo interés público”. Corte Constitucional,
sentencia C-740 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
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Referencia: Reparación directa
proceso penal es inexistente, por cuanto en ambos cuerpos normativos se
estableció que dicha acción es autónoma e independiente de aquel y, en tanto su
inicio y desarrollo no se encuentra sujeto a una declaratoria de responsabilidad
penal, sino que puede continuar, incluso, si dicha causa hubiere fenecido, para la
Sala el cargo formulado por la actora no está llamado a prosperar, dado que, como
lo sostuvo el Tribunal a quo, con independencia de la norma que debió regir la
actuación encaminada a establecer la procedencia ilícita de los bienes de la
señora Norma Patricia Cardona Giraldo43, lo cierto es que la declaración de
prescripción en el proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito no
implicaba la terminación ni la devolución de los bienes que le fueron incautados
en virtud del trámite de extinción de dominio, por lo que el daño alegado en la
demanda no tiene la connotación de antijurídico.
Conclusión
61. En las condiciones analizadas, la Sala confirmará en su integridad la sentencia de
primera instancia, por lo siguiente:
62. Los dos primeros argumentos del recurso de apelación no se dirigieron a
desvirtuar las razones en las que se fundó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para negar las pretensiones de la demanda por falta de antijuridicidad del
daño, dado que la parte actora se limitó a transcribir los hechos de la demanda y
a cuestionar el decreto del cierre probatorio por parte del juez de primera instancia,
razón por la cual frente a dichos aspectos se entiende que la apelación
materialmente no fue sustentada.
63. En cuanto al tercer cargo formulado, se tiene que no está llamado prosperar
porque la Ley 333 de 1996 no condicionaba la extinción de dominio a la existencia
de un proceso penal, sino que, al igual que en la Ley 793 de 2002, dicha acción
era autónoma e independiente, por lo que podía continuar con su trámite, pese a
la declaratoria de prescripción en el proceso por enriquecimiento ilícito contra la
aquí demandante, de ahí que, como lo estimó el Tribunal de primer grado, el daño
alegado por ella no es antijurídico.
Costas
64. En el presente asunto, dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
43 Cuestión que, de acuerdo con la sentencia de primera instancia, no fue posible establecer,
debido al incumplimiento de la carga probatoria de la parte actora, que no allegó las actuaciones
relacionadas con dicho procedimiento.
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Radicación: 76001-23-33-000-2007-00569-01 (70352)
Actor: Norma Patricia Cardona Giraldo otros
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Reparación directa
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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VF
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