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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00951-01

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00951-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2008-00951-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
Inexistencia de daño indemnizable – Omisión del deber de mitigar el propio daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación incurrieron
en fallas del servicio de la administración de justicia, en el marco de un proceso penal
que se adelantó en contra del señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez, por el delito
de hurto calificado y agravado, proceso que concluyó con sentencia condenatoria en
su contra, siendo que el verdadero infractor de la ley penal era una persona distinta
que suplantó su identidad.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 19 de diciembre de 2013, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 11 de noviembre de 2008 1,
por Bayron Alexander Ramos Ordóñez (afectado directo), Luz Marina Ordóñez de
Ramos (madre), Oscar Germán y Nancy Amanda Ramos Ordóñez (hermanos),
Nancy Andrea Belalcázar Benavides (esposa) y Jaime Javier Ordóñez Moncayo
(tío), en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los
siguientes:

1
Según sello de presentación personal de la demanda visible a folio 142 del cuaderno 1.

1

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas
por “las fallas o falta del servicio de la administración de justicia que condujo a la
indebida investigación y sentencia del señor BAYRON ALEXANDER RAMOS
ORDÓÑEZ”.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) 150 SMLMV por concepto
de perjuicios morales, en favor de cada uno de los actores; ii) $9’000.000, por
concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, suma que
comprende los gastos de viajes periódicos a la ciudad de Palmira, pago de copias,
llamadas telefónicas y honorarios profesionales, y iii) 150 SMLMV, equivalentes a
$69’225.000 -cantidad que pese a que identificó como perjuicio material, no indicó
su concepto”2.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los actores indicaron que, por la
publicación emitida en el periódico “Diario del Sur” de 4 de marzo de 2003 y por
comentarios de sus compañeros de trabajo, el señor Bayron Alexánder Ramos
Ordóñez se enteró que su nombre estaba relacionado con el homicidio de un
vigilante, razón por la cual acudió a la Fiscalía General de la Nación a efectos de
aclarar la posible suplantación de su identidad.

6. Señalaron que, en constancia del 12 de marzo de 2003, la Fiscalía Décima
Seccional de Pasto certificó que en ese despacho cursaba una investigación en
contra del señor Wilson Gustavo Arévalo Hernández, por el delito de falsedad
personal, en tanto que éste se atribuyó el nombre del señor Bayron Alexánder
Ramos Ordóñez, para sus fines criminales.

7. Aclararon que, con el pasar del tiempo, cuando el señor Bayron Alexánder Ramos
Ordóñez fue a ejercer su derecho al voto, advirtió con sorpresa e indignación que
sus derechos civiles y políticos se encontraban suspendidos, puesto que, según se
lo manifestó el funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el
sistema de información se registró una condena en su contra con pena accesoria
de interdicción de derechos civiles y funciones públicas.

8. Por lo anterior, el señor Bayron Alexánder Ramos Ordóñez inició la búsqueda del
proceso que afectó sus derechos políticos y halló que en el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Palmira (Valle) cursó el proceso 2003-00077, por el delito de hurto
calificado y agravado, que concluyó con sentencia condenatoria en su contra
proferida el 30 de julio de 2003, razón por la cual, el 14 de agosto de 2006, radicó

2
Folios 128 a 142 del cuaderno 1.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

poder en el cual facultó a su apoderado para que lo representara en el proceso, al
paso que solicitó la expedición de copias del expediente.

9. Agregaron que, tras revisar la actuación, advirtió que el señor Wilson Gustavo
Arévalo Hernández nuevamente suplantó su identidad, lo cual quedó en evidencia
cuando en la diligencia de indagatoria se presentó como Bayron Alexánder Ramos
Ordóñez y se identificó con el número de cédula de esta persona; no obstante, la
Fiscalía adelantó la investigación sin confirmar la plena identidad del procesado, a
pesar de que debía emprender las labores de identificación e individualización que
le correspondían, yerro que se evidenció no solo durante la instrucción, sino durante
el juicio, en tanto que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira dictó
sentencia anticipada el 30 de julio de 2003, sin establecer la identidad real del
procesado, tomando como cierto la identificación que éste manifestó, “… omitiendo
toda clase de procedimientos legales óptimos y necesarios para determinar la
veracidad de la información otorgada por el sindicado … violando el debido
proceso”.

10. Puntualizaron que, a pesar de los requerimientos del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, entidad que le colaboró al actor para remediar la
situación irregular, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira no brindó
información sobre el proceso penal, lo cual denotó un reconocimiento de los yerros
en los que había incurrido.

11. Según la parte actora, se incurrió en una falla por la falta de identificación e
individualización del delincuente que se pretendía judicializar; así, era claro que,
para no incurrir en yerros, tanto en la etapa de instrucción y como en la de
juzgamiento, esto es, al momento de emitir sentencia condenatoria, se requería la
certeza jurídica de la plena identidad del procesado, lo cual no ocurrió, por lo que
se le causaron afectaciones de orden moral, material, en su entorno familiar y
laboral y daño al buen nombre; además, como las decisiones proferidas en el
proceso penal y la sentencia condenatoria quedaron anotadas en los registros de
las bases de datos de los diferentes órganos, ello afectó su honorabilidad y la de los
demás miembros de su familia3.

La defensa

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y, notificado
el auto admisorio de la misma, las demandadas formularon los siguientes
argumentos de defensa:

13. La Nación – Fiscalía General de la Nación- señaló que el daño por el cual se
pidió indemnización recae en las posibles irregularidades en las que se incurrió

3
Folio 135 del cuaderno 1.

3

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

dentro del proceso penal 2003-00077 que se adelantó en contra de los señores
Augusto Navia Arcos y Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, por el delito de hurto
calificado y agravado, proceso que este organismo conoció en etapa instructiva, en
tanto que la etapa de juzgamiento le correspondió a los Juzgados Segundo Penal
Municipal de Palmira y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
la misma ciudad.

14. Precisó que, de las pruebas aportadas con la demanda, se observa que, en
sentencia de tutela 035 del 24 de julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Palmira amparó los derechos del acá demandante y ordenó a los
referidos juzgados que aclararan la verdadera identidad del responsable del delito
que se investigó en aquella causa, de manera que, “si hubiese en el plenario lugar
a responsabilidad estatal, está recaería sobre la Rama Judicial”, sin que de las
piezas probatorias aportadas se pueda determinar una actuación irregular del
órgano de la instrucción con la entidad de comprometer su responsabilidad 4.

15. La Nación -Rama Judicial- se opuso a cada una de las declaraciones y
condenas solicitadas por la parte actora, para lo cual argumentó que, en el marco
de la Ley 600 de 2000, la instrucción le compete a la Fiscalía General de la Nación,
etapa en la cual se realizan las labores de identificación e individualización plenas
de los procesados, de manera que el daño alegado en la demanda no le es
jurídicamente imputable.

16. Indicó que, si bien el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira condenó al
señor Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, dicha decisión fue motivada y soportada
en las normas aplicables y en las pruebas legalmente aportadas al proceso, por
tanto, no se evidenció una falla del servicio que le resulte atribuible.

17. Agregó que, en caso de una eventual condena, la misma debe proferirse en
contra de la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con autonomía
presupuestal y administrativa5.

Alegatos

18. Mediante auto del 21 de noviembre de 20116 el a quo corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

19. La Nación – Fiscalía General de la Nación alegó la eximente de responsabilidad
de culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el demandante, a sabiendas de la
existencia del proceso penal, no hizo uso de los recursos ordinarios contra las

4
Folios 161 a 169 del cuaderno 1.
5
Folios 175 a 181 del cuaderno 1.
6
Folio 194 del cuaderno 1.

4

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

decisiones que alegó le fueron nocivas, “coadyuvando con su propia culpa a la
prolongación de su perjuicio”7.

20. La Nación -Rama Judicial- ratificó todos los argumentos de la contestación de
la demanda8.

21. En esa oportunidad procesal el Ministerio Público y la parte actora guardaron
silencio.

La decisión

22. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia 9.

23. Consideró que, para la definición del caso concreto, aplicaría el título de
imputación por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez
que los hechos de la demanda dieron cuenta de una falla derivada de las aparentes
irregularidades de las demandadas al investigar y condenar al señor Bayron
Alexánder Ramos Ordóñez, por el delito de hurto calificado, sin percatarse que dicha
conducta fue cometida por un sujeto distinto que suplantó su identidad.

24. Luego de referirse a los supuestos atendibles al título de imputación referido, el
Tribunal sostuvo que se pudo establecer, que: i) el señor Bayron Alexánder Ramos
Ordóñez fue vinculado al proceso 2003-00077, por el delito de hurto calificado y
agravado que concluyó con sentencia de 30 de julio de 2003, en la cual el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Palmira lo declaró penalmente responsable y le impuso
una condena de 33 meses y 10 días de prisión y pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas; ii) el 14 de agosto de 2006, el actor tuvo
conocimiento de la existencia del referido proceso cuando solicitó la expedición de
copias del expediente, con el fin de ejercer su derecho de defensa y contradicción,
pese a lo cual, con posterioridad a esa fecha, no se evidenció que haya intervenido
en la causa penal; iii) el 3 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Palmira declaró la extinción de la pena, por
cumplimiento de los requisitos del artículo 67 de la Ley 599 de 2000 y ordenó que
se realizara la respectiva anotación en los sistemas de información; iv) en 2007, el
actor mediante peticiones dirigidas al DAS y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, solicitó la desanotación de la condena, en tanto que el verdadero delincuente
suplantó su identidad, y v) en fallo de tutela de 24 de julio de 2008, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Palmira amparó los derechos fundamentales a la
identidad, honra y buen nombre del actor y, como consecuencia, ordenó a las

7
Folios 195 a 203 del cuaderno 1.
8
Folio 204 del cuaderno 1.
9
Folios 211 a 232 del cuaderno principal.

5

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

autoridades respectivas efectuar las anotaciones en las que constara que el señor
Bayron Alexander Ramos Ordóñez era una persona ajena y distinta al individuo que
fue sujeto procesal en la causa 2003-00077, lo cual se pudo establecer del cotejo
dactiloscópico realizado por el DAS.

25. De conformidad con lo anterior, el a quo consideró que, si bien dentro de la
actuación se condenó al señor Ramos Ordóñez, siendo que el responsable era una
persona distinta, lo cierto es que el actor, pese a tener conocimiento de la existencia
del proceso penal desde el 14 de agosto de 2006, cuando otorgó poder para
intervenir en el mismo, no desplegó ninguna actuación dirigida a corregir esta
situación irregular, pues solo hasta un año después, en 2007, se limitó a acudir al
DAS para que se corrigiera el certificado de antecedentes, lo cual no fue posible, en
tanto que se requería de orden judicial; sin embargo, mediante sentencia del 24 de
julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Palmira, en sede de tutela,
ordenó que se efectuaran las anotaciones que revelaran la situación anómala.

26. A lo anterior agregó que con la decisión del juez de tutela se logró la corrección
de los antecedentes penales del actor, lo que permitió la reivindicación de su buen
nombre, honra e identidad, “situación por la que demás (sic) no solicita reparación
de algún perjuicio que se hubiera podido ocasionar al señor RAMOS ORDÓÑEZ por
la demora en la aludida corrección”.

27. Aclaró que, como lo que se reclama es el reconocimiento de perjuicios por el
adelantamiento de la investigación y posterior fallo condenatorio, actuaciones que
comprometieron el nombre del señor Ramos Ordóñez, la situación es diferente, en
tanto que el afectado, no obstante tener conocimiento desde agosto de 2006 de la
existencia del proceso penal y del proferimiento de la condena en su contra, “… no
adelantó gestión alguna ante las autoridades judiciales, tendientes al
restablecimiento jurídico de su situación, limitándose a formular una petición de
copias del plenario. Por ello dicha situación no permite a este juzgador deducir,
como lo pretenden los actores, el perjuicio por el cual reclaman indemnización
pecuniaria”.

28. Finalmente, el Tribunal consideró que “… no se advierte que en razón de la
anomalía señalada en precedencia, el actor hubiera sufrido otro daño, o por lo
menos no fue idóneamente acreditado en el sub lite, pues durante el período en que
estuvo vigente la condena impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Palmira, ésta nunca se materializó, y por ende el derecho a la libertad del actor
jamás fue afectado … Por lo anterior, como quiera que no se encuentran
acreditados los presupuestos para la configuración de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, se negaran las súplicas de la
demanda”.

6

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

29. La parte demandante interpuso recurso de apelación, con la finalidad de que se
revocara la sentencia; para tal propósito, centró su inconformidad en los siguientes
aspectos:

30. Cuestionó que, pese a que el a quo reconoció las irregularidades del proceso
penal, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el actor no promovió
actuación alguna dirigida a corregir la situación jurídica ilegítima, argumento que
consideró inadmisible, puesto que en el marco de un Estado Social de Derecho, la
obligación principal de las autoridades radica en el respeto de los derechos
fundamentales de los asociados; así, frente al actuar ilegítimo de los operadores
judiciales, derivado de su claro desconocimiento de las labores de identificación e
individualización, no puede oponerse el hecho de la víctima, en tanto que se le
estaría imponiendo una carga adicional que no está en el deber jurídico de soportar.

31. Argumentó que en el proceso se acreditó “la odisea jurídica” que enfrentó el
actor, en tanto que fue vinculado y condenado dentro de una causa penal, en la cual
el verdadero responsable lo suplantó, por lo cual tuvo que soportar el peso de las
anotaciones en sus antecedentes penales, con afectaciones en su índole laboral, a
su honra y buen nombre, incluso, el juez de tutela fue claro en indicar que la
suplantación de su identidad y la anotación de la condena le ocasionó dificultades y
angustias por el temor de que se le confundiera con un delincuente, afirmaciones
que no son subjetivas del juez sino que se inferían de hechos plausibles que fueron
debidamente acreditados.

32. Finalmente, dijo que no puede reprocharse el hecho de que el actor omitió
interponer los recursos de ley frente a la sentencia penal condenatoria, en tanto que
éste nunca fue llamado a intervenir en ese juicio y cuando se enteró del proceso el
fallo condenatorio ya estaba ejecutoriado10.

33. En proveído del 2 de julio de 201411, esta Corporación admitió el recurso de
apelación y el 27 de agosto siguiente12 corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

34. La Nación – Fiscalía General solicitó confirmar la sentencia del a quo, por
cuanto no están dados los presupuestos que estructuran la falla del servicio, por

10
Folios 233 a 241 del cuaderno principal.
11
Folio 248 del cuaderno principal.
12
Folio 250 del cuaderno principal.

7

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 13.

35. El Ministerio Público solicitó confirmar el fallo recurrido, por considerar que el
actor, pese a tener conocimiento del proceso en su contra, no adelantó a tiempo
gestión alguna ante las autoridades judiciales para el restablecimiento jurídico de
su situación y menos aún solicitó la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Palmira, condena de la cual se desprenden los
perjuicios que alegó.

36. Agregó que en el proceso no se acreditó la existencia de la falla del servicio
alegada, “… toda vez que resulta claro que el señor Bayron conoció la sentencia
penal proferida en su contra en el año 2003 y pese a que la legislación colombiana
entrega diversas acciones para atacar de fondo dichas decisiones, estas no fueron
tenidas en cuenta ni utilizadas por el afectado, permitiendo que las consecuencias
de la decisión trascendieran en el tiempo”14.

III. CONSIDERACIONES

37. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso
de apelación ya indicado.

Problema jurídico

38. El aspecto central que será materia de análisis y determinación se circunscribe
a verificar si las demandadas son responsables de los daños reclamados por la
parte actora, derivados del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrieron en el marco del proceso penal 2003-
00077 que se adelantó por el delito de hurto calificado y agravado, en el que, se
vinculó, procesó y condenó al señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez, siendo que
el infractor de la conducta punible era una persona distinta, o si, como lo consideró
el a quo, la conducta omisiva del demandante incidió en la causación del daño que
reclama, en tanto que, pese a tener conocimiento de la existencia del proceso penal
desde el 14 de agosto de 2006, cuando otorgó poder para intervenir en el mismo,
no desplegó ninguna actuación dirigida a corregir esta situación irregular. Asimismo,
se analizarán los daños derivados de las anotaciones de la sentencia condenatoria
en las bases de datos de los sistemas de información judicial 15.

13
Folios 252 a 255 del cuaderno principal.
14
Folio 274 del cuaderno principal.
15
Sobre este último aspecto, resulta oportuno precisar que, de una lectura íntegra de la demanda y
de los planteamientos del recurso, se advierte que la parte actora elevó pretensión en tal sentido, en
tanto que como supuesto de imputación del daño adujo: “La forma de cómo ocurrieron los hechos y
las circunstancias … ubican la responsabilidad al configurarse los siguientes elementos axiológicos
… La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto, ya que los actos del Fiscal
y del Juez causan con la expedición de los documentos y providencias un claro daño a la

8

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Lo probado

39. A partir del material probatorio allegado al proceso, esta Subsección encuentra
probados los hechos que se enuncian a continuación:

40. El 1º de junio de 2003, a las 11:40 a.m., se produjo la captura, en aparente
situación de flagrancia, de cuatro personas, entre ellas, una que estaba
indocumentada, pero que dijo llamarse Bayron Alexánder Ramos Ordóñez 16, quien
se encontraba dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del lugar
donde se investigaba el hurto y la posterior venta de unos objetos de valor que
habían sido sustraídos de un apartamento ubicado en el barrio Las Flores de
Palmira (Valle del Cauca)17.

41. El 2 de junio de 2003, la Fiscalía 59 URI de Palmira decretó la apertura de una
investigación previa, con miras a establecer la posible comisión del delito de hurto
en circunstancias de agravación punitiva y sus posibles partícipes; así, entre otras
cosas, ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- que tomara las respectivas
impresiones dactilares de las personas capturadas, entre ellas, de quien dijo
llamarse Bayron Alexánder Ramos Ordóñez 18.

42. El mismo 2 de junio, la Fiscalía dio apertura a la instrucción, oportunidad en la
cual solicitó los antecedentes penales del capturado que dijo llamarse Bayron
Alexánder Ramos Ordóñez y ordenó que fuera vinculado mediante indagatoria 19,
diligencia que se practicó el 4 de junio de 2003 y en la cual éste se identificó con el
mismo nombre y con la cédula de ciudadanía 98.384.692 de Pasto (Nariño), hijo de
Alfonso Ramos y Nohemí Ordóñez, fecha de nacimiento 5 de junio de 1974, de 27
años y residente en Popayán (Cauca). Al lado de lo cual se le individualizó como un
hombre de tez trigueña, cabello oscuro, contextura mediana y de 1.72 metros de
estatura, entre otros rasgos morfológicos. Frente a los hechos investigados el
indagado manifestó que acompañó a sus amigos a Palmira, con el fin de visitar unas
amigas, pero que cuando le dijeron que participara en el hurto de unas joyas, se
negó y solo los esperó en el vehículo en el que se encontraba cuando fue
capturado20.

honorabilidad del ingeniero BAYRON ALEXANDER RAMOS ORDÓÑEZ, puesto que dichas
providencias quedan anotadas en los registros de las bases de datos de los diferentes órganos de
justicia y así enlodando y perjudicando no solo al titular del derecho sino que somete al mismo a un
escarnio público y además arrastra a los miembros más cercanos de su familia” (folio 135 del
cuaderno 1).
16
Según acta de derechos del capturado visible a folio 271 del cuaderno 2.
17
Folio 270 del cuaderno 2.
18
Folio 286 del cuaderno 2.
19
Folio 293 del cuaderno 2.
20
Folios 303 a 321 del cuaderno 2.

9

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

43. El mismo 4 de junio, la Fiscalía 59 Local URI de Palmira mantuvo en detención
al capturado, por lo cual tomó su impresión dactilar y expidió orden de
encarcelamiento21, asimismo, remitió la actuación a las Fiscalías Locales para que
definieran su situación jurídica, lo cual ocurrió el 10 de junio siguiente, cuando la
Fiscalía 63 Local de Palmira le impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva22.

44. Mediante escrito radicado el 22 de julio de 2003, el procesado manifestó su
voluntad de acogerse a sentencia anticipada 23.

45. El 23 de julio de 2003, la Fiscalía 63 Local de Palmira celebró diligencia de
sentencia anticipada, en los términos del artículo 40 del C. de P. P.24, oportunidad
en la cual el procesado aceptó de manera voluntaria los cargos en su contra; así, la
Fiscalía remitió al asunto al conocimiento de los jueces penales municipales, para
que emitieran el fallo respectivo25.

46. El 30 de julio de 2003, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira (Valle)
profirió sentencia anticipada en contra de Bayron Alexánder Ramos Ordóñez 26,
identificado con cédula de ciudadanía 98.384.692 de Pasto, de 27 años de edad,
con fecha de nacimiento 5 de junio de 1974, hijo de Alfonso Ramos y Nohemí
Ordóñez, residente en Popayán, 1.72 metros de estatura 27.

47. Consideró que, por cumplirse los requisitos del artículo 232 del C. de P.P. y por
haber sido aceptados por el procesado los cargos en su contra, resultaba
procedente proferir sentencia condenatoria como coautor del delito de hurto
calificado, con circunstancias de agravación punitiva y, por tanto, lo condenó a 33
meses y 10 días de prisión y, como pena accesoria, a la interdicción de sus derechos
y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena de prisión.

21
Folios 324 y 329 del cuaderno 2.
22
Folios 93 a 98 del cuaderno 2.
23
Folio 218 del cuaderno 2.
24
Ley 600 de 2000. Artículo 40: “A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede
ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola
vez, que se dicte sentencia anticipada. Efectuada la solicitud, el Fiscal General de la Nación o su
delegado, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un
plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su
delegado y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes
hayan intervenido.
“Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará
sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación
de garantías fundamentales …”.
25
Folios 218 a 221 del cuaderno 2.
26
Folios 19 a 34 del cuaderno 1.
27
Folios 19 a 34 del cuaderno 1.

10

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

48. Al lado de lo anterior, concedió el subrogado de ejecución condicionada de la
pena, en los términos del artículo 63 del Código Penal 28, y, en consecuencia,
suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad por un período de prueba
igual al de la pena principal.

49. El mismo 30 de julio, el procesado Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía 98.384.692 de Pasto, suscribió acta
compromisoria, con fines de libertad, y prestó caución por valor de $100.000.oo.

50. Mediante oficios del 15 de agosto de 2003, el Juzgado Segundo Penal Municipal
de Palmira remitió copia de la sentencia penal condenatoria debidamente
ejecutoriada, con destino a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS29.

51. El 28 de agosto de 2003, el proceso fue remitido a los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, para la supervisión del cumplimiento
de la pena, correspondiéndole el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo de
esa especialidad30.

52. El 14 de agosto de 2006, el señor Bayron Alexánder Ramos Ordóñez radicó
poder con destino al Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira (Valle), asunto
2003-00077, delito hurto calificado y agravado, en el cual facultó al abogado Henry
León Guerrero Torres“… para que en mi nombre y representación asuma mi
defensa dentro del dentro del proceso en referencia, ya que aparezco como
vinculado por una suplantación”. Al lado de lo cual, el citado abogado, como
abogado defensor del señor Ramos Ordóñez, solicitó al mencionado juez “… la
expedición de copias de toda la actuación a fin de proveer defensa” 31. Se aclara
que, con posterioridad al otorgamiento de este poder, no obran evidencias
probatorias que revelen otras actuaciones que el señor Ramos Ordóñez haya
adelantado dentro del citado proceso penal.

28
Ley 599 de 2000, artículo 63: “Suspensión condicional de la ejecución de la pena “La ejecución de
la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se
suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre
que concurran los siguientes requisitos:
“1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
“2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad
y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la
pena.
“La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la
responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
“El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta.
En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del ARTÍCULO 122 de la Constitución
Política, se exigirá su cumplimiento”.
29
Folios 534 y 535 del cuaderno 2.
30
Folio 258 a 260 del cuaderno 2.
31
Folios 35 y 36 del cuaderno 1.

11

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

53. El 3 de octubre de 2006, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 67 del
C.P.32, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Palmira declaró, de oficio, la extinción de la pena impuesta en fallo del 30 de julio
de 2003 contra el señor Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, identificado con la
cédula de ciudadanía 98.384.692 de Pasto, para lo cual consideró que, desde el 30
de julio de 2003, cuando el sentenciado suscribió diligencia de compromiso en
acatamiento del fallo condenatorio y, hasta esa fecha, había transcurrido el período
de prueba dispuesto en esa decisión, sin que hubiera faltado a los deberes
impuestos en el acta compromisoria.

54. A la par de lo anterior, ordenó que, cumplida la ejecutoria de la decisión, por
conducto del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas, se comunicara a las entidades que fueron informadas de la sentencia
condenatoria y se dispuso el archivo definitivo proceso, previa anotación en el
registro de actuaciones del Sistema Justicia XXI33.

55. El 27 de septiembre de 2007, en ejercicio del derecho de petición, el señor
Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, identificado con la cédula de ciudadanía
98.384.692 de Pasto, le solicitó al DAS la desanotación en su respectivo pasado
judicial de la condena proferida en su contra por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Palmira, dentro de la causa 2003-00077, por cuanto, en ese proceso,
se suplantó su identidad, solicitud que reiteró el 6 de mayo de 2008 34.

56. El 16 de mayo de 2008, el DAS informó al peticionario que, al revisar sus
antecedentes penales, le figuraba una pena de 33 meses y 10 días de prisión,
impuesta en sentencia del 30 de julio de 2003 por el Juzgado Segundo Penal de
Palmira dentro del proceso 2003-0007, pena que se declaró extinguida por orden
del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad,
en proveído del 3 de octubre de 2006.

57. Indicó que, si bien los juzgados penales de conocimiento no atendieron el
requerimiento tendiente a que allegaran los registros de las huellas dactilares de la
persona procesada dentro de la causa 2003-00077 para cotejarlas con las del
peticionario y poder establecer la posible suplantación que aduce, lo cierto es que
ese cotejo resultó posible a partir de la copia aportada por aquél de las huellas
tomadas por la Fiscalía dentro de esa causa penal, cotejo que permitió concluir
técnicamente que las huellas de quien fue procesado “no corresponden a las del
señor BAYRON ALEXANDER RAMOS ORDÓÑEZ”.

32
Ley 599 de 2000, artículo 67: “Extinción y liberación. Transcurrido el período de prueba sin que el
condenado incurra en las conductas de que trata el ARTÍCULO anterior, la condena queda
extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine”.
33
Folios 261 y 262 del cuaderno 2.
34
Folio 78 a 82 del cuaderno 1.

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Referencia: Acción de reparación directa

58. Explicó que la aclaración sobre ese aspecto fue incluida en el sistema “… pero
no nos permite borrar la anotación que figura en su nombre, toda vez que ello solo
es posible cuando la autoridad judicial lo ordene” 35.

59. Mediante sentencia del 24 de julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Palmira Valle, al resolver la acción de tutela promovida por el señor
Bayron Alexánder Ramos Ordóñez contra el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Palmira y las Fiscalías Locales 59 y 63 de esa misma ciudad, amparó sus derechos
fundamentales a la identidad, dignidad humana, honra, al buen nombre, hábeas
data y debido proceso, presuntamente vulnerados por esas autoridades, en tanto
que en el proceso penal 2003-00077 no se realizaron las gestiones tendientes a
determinar la identidad real del sujeto capturado, procesado y condenado, quien
suplantó identidad de aquél.

60. Al trámite de la acción incoada, el juez vinculó al DAS, organismo que informó
que, realizado el respectivo cotejo entre la tarjeta alfadecadactilar del señor Bayron
Alexánder Ramos Ordóñez tomada en sus instalaciones y la tarjeta alfadecadactilar
tomada por la Fiscalía General de la Nación de quien fue capturado y vinculado al
proceso penal, se concluyó que el referido señor Ramos Ordóñez “no es la persona
que fue reseñada el día 4 de junio de 2003 por hurto en la Fiscalía 59 de Palmira”.

61. Luego de referirse, en extenso, al derecho a la honra y al buen nombre, el juez
consideró que “Es evidente que con la utilización del nombre y número de cédula
de quien resultó involucrado y condenado en el proceso penales (sic) en cuestión,
el accionante fue afectado y aún sigue afectado en sus derechos fundamentales
arriba mencionados … Quedó perfectamente demostrado que la persona que fue
capturada, procesada y condenada por el delito de HURTO CALIFICADO Y
AGRAVADO por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad … no
corresponde al nombre de BAYRON ALEXANDER RAMOS ORDÓÑEZ, identificado
con C.C. No. 98.384.692 expedida en Pasto, pues así lo indicó el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS de San Juan de Pasto, luego de haber practicado
el cotejo de las huellas tomas (sic) al capturado el día 4 de junio de 2003 y las
huellas del hoy accionante, arrojando como resultado que entre las dos tarjetas
obtenidas no corresponde (sic) Morfológicamente y tipográficamente entre ellas,
concluyendo que el señor BAYRON ALEXANDER ORDÓÑEZ … no es la persona
que fue reseñada el día 4 de junio de 2003 en la Fiscalía 59 de Palmira. Además de
que en la búsqueda efectuada en el Sistema automatizado de identificación Dactilar
AFIS-DAS de las huellas del capturado, las mismas no se encontraron registradas”.

62. Por lo anterior, en criterio del juez de tutela, el registro en los antecedentes
penales del señor Bayron Alexander de la sentencia condenatoria emitida en su

35
Folios 82 a 84 del cuaderno 1.

13

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
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contra le ha generado dificultades “razón por la cual no ha podido renovar su
contrato laboral, toda vez que le exigen el pasado judicial”.

63. En cuanto a la solicitud dirigida a que se declare la nulidad del proceso penal,
inclusive, de la sentencia condenatoria, el juez de tutela señaló que ello comportaba
una medida extrema frente a un proceso en el que perfectamente se individualizó a
un delincuente que se presentó con el nombre de otra persona, siendo procedente
adoptar una medida más expedita para la protección de los derechos invocados por
el tutelante, luego, señaló lo siguiente (transcripción literal):

“Hasta la fecha no se conoce el nombre del condenado, pues si bien en la
sentencia se identificó con el nombre del accionante … el fallo se profirió
respecto de la persona que en ese momento se encontraba detenida y fue allí
donde obtuvo su libertad, por tanto no es cierto que el Juzgado Segundo
haya condenado al hoy accionante, pues el fallo se emitió en contra de
la persona que se encontraba detenida y el hecho de que se hubiere
consignado el nombre de BAYRON ALEXANDER RAMOS ORDÓÑEZ …
no obedeció a una decisión arbitraria del juzgador, sino a una
circunstancia que en ese momento ignoraba, es cierto que faltó ser
rigurosos en la investigación puesto que se contaba con las huellas
dactilares del condenado y ello era suficiente para adelantar las
diligencias pertinentes en aras de verificar la identificación que el
capturado estaba presentando, pero téngase en cuenta que en la
mencionada sentencia se determinó de manera clara que el condenado nació
el 5 de junio de 1974, hijo de Nohemí Ordóñez y Alfonso Ramos … 172 de
estatura, datos con los cuales se individualiza y que no coinciden con los
generales de ley del accionante, siendo evidente que la sentencia no se dictó
en contra del ingeniero BAYRON ALEXANDER RAMOS ORDÓÑEZ, por
tanto no se decretará la nulidad de la sentencia … tampoco de las
actuaciones realizadas durante la investigación” (se resalta).

64. Por otra parte, señaló que, como el registro de antecedentes penales es lo que
está generando al accionante consecuencias lesivas en su vida social y familiar y,
de contera, una carga injusta e ilegítima, resultaba procedente, con miras a
salvaguardar sus derechos fundamentales a la identidad, a la honra y al buen
nombre, acceder al amparo constitucional solicitado y, como consecuencia, ordenó
a los operadores judiciales que conocieron el proceso penal 2003-00077, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y demás entidades pertinentes “… que
hagan sendas anotaciones en las que conste lo decidido en la presente sentencia.
De este modo, se busca que cuando se consulten o se expidan copias de la aludida
sentencia condenatoria, se encuentre la anotación pertinente acerca de que el
ingeniero BAYRON ALEXANDER RAMOS GONZÁLEZ (sic) es persona ajena y
distinta al individuo que fue sujeto procesal en el referido proceso con radicación
No. 2003-00077 … Como complemento a la decisión mencionada se ordena oficiar
al DAS, Dijin, Sijin … con el fin de que se separen los registro (sic) del accionante y

14

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de la persona condenada, de tal manera que en el futuro no se vuelva a presentar
la situación de confusión que dio origen a la tutela” 36 (se resalta).

65. En el Formato Único para Trámite de Certificación Judicial de la Dirección
General Operativa del DAS emitido el 29 de enero de 2008, se observa la anotación
de la sentencia de 30 de julio de 2003, proferida por el Juzgado Segundo Penal de
Palmira (Valle), en contra del señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez, cédula de
ciudadanía 98.384.692, en la cual se le condenó a 33 meses y 10 de prisión, por el
delito de hurto calificado y agravado37.

66. En el formato de consulta de Información de Censo Electoral 2007 se registró
que el documento de identidad 98.384.962 “No se encuentra en el censo para las
próximas elecciones”, al lado de lo cual en el asunto “Novedades Encontradas”, se
anotó: “1. Baja por Pérdida o Suspensión de Derechos Políticos, según resolución
5641 del año 2003. El ciudadano al ser condenado a pena accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas, deberá para ser habilitado en el Censo Electoral,
acreditar mediante decisión o providencia judicial la extinción de la pena impuesta
y reportarla a la Registraduría más cercana a su residencia” (se resalta)38.

Caso concreto

67. Con base en el material probatorio referido y de cara a resolver el problema
jurídico planteado, la Sala considera oportuno precisar que en el sub lite se
evidencian dos momentos:

i) El anterior al poder que confirió el señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez
a su apoderado para que se asumiera su defensa dentro del proceso penal 2003-
00077 -documento radicado el 14 de agosto de 2006-, oportunidad para la cual la
Fiscalía General de la Nación lo había vinculado a una investigación penal -4 de
junio de 2003- por el delito de hurto calificado y agravado y el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Palmira había proferido sentencia condenatoria en su contra
consistente en pena de prisión y pena accesoria de interdicción de derechos y
funciones públicas -30 de julio de 2003-, con la respectiva remisión de la copia de
esa decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Departamento
Administrativo de Seguridad DAS -15 de agosto de 2003-.

ii) El posterior al poder -14 de agosto de 2006-, momento en el que la pena
impuesta en la sentencia condenatoria se estaba cumpliendo; pero que, en auto del
3 de octubre siguiente, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Palmira, había extinta, dado el cumplimiento de los requisitos legales
previstos para el efecto, con la consecuente orden de archivo definitivo de la

36
Folios 92 a 102 del cuaderno 1.
37
Folios 86 del cuaderno 1.
38
Folios 104 del cuaderno 1.

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actuación, previa anotación en los sistemas de información judicial y comunicación
a las autoridades que fueron informadas del fallo de condena.

Análisis de responsabilidad frente al momento previó al que el actor
otorgó poder a su apoderado para que asumiera su defensa en la actuación
penal en la que fue suplantado.

68. En este primer escenario, la Sala observa que el reproche de responsabilidad
endilgado a las demandadas se despliega a partir de las atribuciones que le son
atendibles en torno a las labores de identificación e individualización de los
procesados en el marco de las investigaciones penales que concluyen con
sentencias definitivas.

69. Sobre esta base, se tiene que, de conformidad con lo previsto en el artículo
32239 de la Ley 600 de 2000 -normativa que regentó el proceso penal-, le
corresponde a la Fiscalía General de la Nación, dentro de la etapa de investigación
previa, emprender la labor probatoria dirigida a “lograr la individualización o
identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”, a la par que, en la
etapa de juicio, y en la oportunidad para dictar sentencia, le compete al juez de
conocimiento, en virtud de lo previsto en el artículo en el artículo 170 ibidem40, emitir
una decisión que contenga, entre otras cosas, la individualización e identificación
plenas de los procesados41, asimismo, en línea con este precepto normativo, la
jurisprudencia penal establece de forma pacífica que para proferir el fallo y evitar
problemas con la identidad de los condenados, es preciso individualizar o identificar
de forma inequívoca a los partícipes del hecho delictivo 42.

70. En este punto, resulta oportuno precisar que, en criterio de la Corte Suprema
de Justicia, los términos “identificación e individualización” no son sinónimos entre
sí, en tanto que aluden a criterios diferentes; así, “la palabra identificación está

39
Investigación Previa. Finalidades: “En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la
instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la
conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita
en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de
responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar
las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o
partícipes de la conducta punible”.
40
Providencias. Redacción de la sentencia. “Toda sentencia contendrá:
“1. Un resumen de los hechos investigados.
“2. La identidad o individualización del procesado.
“3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
“4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la
decisión.
“5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado …” (se resalta).
41
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 248 de la Constitución Política y 7 de la Ley 600 de 2000,
solo las sentencias penales de contenido condenatorio tienen la entidad de afectar los antecedentes
penales y contravencionales de las personas.
42
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del 13 de febrero de 2003,
expediente 11412; del 23 de mayo de 2007, expediente 25 393 y del 23 de enero de 2008, expediente
28301.

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asociada a documentos oficiales, a datos que otorgan a una persona un sitio dentro
de la organización social”43, en otras palabras, la identificación implica precisar de
manera indubitable las particularidades que corresponden a una persona
determinada, tales como su nombre, sus generales de ley, su documento de
identificación, etc. con fundamento en documentos oficiales, mientras que la
individualización se establece a través de los rasgos particulares que permitan
distinguir a una persona de todas las demás, es decir, se refiere a las personas
como “fenómeno natural, a sus características personalísimas que la hacen única e
inconfundible frente a las demás de su misma especie”. En este sentido, la
individualización corresponde a todos aquellos rasgos físicos y datos que permitan
plenamente diferenciar a una persona de los demás individuos 44.

71. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra acreditado, a partir del
material probatorio, que las entidades demandadas desatendieron los deberes que
le eran exigibles de cara a la correcta e inequívoca identificación e individualización
del procesado dentro de la causa penal que adelantó en contra del señor Bayron
Alexander Ramos Ordóñez, en tanto que durante el procedimiento de captura que
se realizó el 1º de junio de 2003, el capturado, si bien dijo llamarse Bayron Alexander
Ramos Ordóñez, lo cierto era que se encontraba indocumentado y, luego, en
diligencia de indagatoria, que se surtió el 4 de junio de siguiente, se presentó con el
mismo nombre, pero, además, se identificó con el documento 98.384.692 de Pasto
(Nariño), fecha de nacimiento 5 de junio de 1974, diligencia en la cual, además, la
Fiscalía lo individualizó como un hombre de 1.72 metros de estatura, tez trigueña y
contextura delgada.

72. Frente a esta circunstancia resultaba exigible, en primer término, que la Fiscalía
General de la Nación emprendiera la labor probatoria dirigida a establecer la
correcta identificación e individualización del procesado, en tanto que se encontraba
indocumentado, propósito para el cual le bastaba, por ejemplo, cotejar su impresión
decadactilar -la cual había tomado durante el procedimiento de captura- con el
registro de la tarjeta decadactilar 45 de quien dijo llamarse como el demandante,
documento que podía obtener de la Registraduría Nacional del Estado Civil, o
verificar que la información que proporcionó sobre sus generales de ley -fecha y

43
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, exp. No. 42461, providencia No. AP2533-
2016 del 27 de abril de 2016, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
44
En otra providencia, frente al concepto de individualización, la Corte Suprema de Justicia
mencionó: “la individualización es la determinación física del sujeto pasivo de la acción penal, en
donde dichos rasgos no pueden ofrecer ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad
de desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la posibilidad que dichas características
correspondan a más de una persona. Estas condiciones particulares del sujeto deben respaldarse
en suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles cambios en sus
condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su particularización, a quien se
señala como el posible infractor”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Expediente
No. 34779, Sentencia del 27 de julio de 2001, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
45
Formato que contiene el registro de las impresiones dactilares de cada uno de los dedos de las
dos manos según las características del ciudadano. Tomado de https://www.registraduria.gov.co/-
Glosario-de-identificacion-.html

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lugar de nacimiento- o los rasgos físicos que presentaba -estatura y contextura-
coincidieran con los datos biográficos o alfanuméricos 46 registrados en los sistemas
de información de la misma entidad.

73. Pese a lo anterior, el órgano de la instrucción tuvo por cierta la información que
le dio el capturado, la cual era espuria, pues se trataba de una persona distinta a
quien dijo llamarse -como lo confirmó el DAS mediante cotejo decadactilar- y con
base en tal información vinculó y procesó al acá demandante Bayron Alexander
Ramos Ordóñez, siendo que era ajeno a la conducta punible investigada.

74. Luego, en la etapa de juicio, el juez penal profirió sentencia el 30 de julio de
2003 en contra del procesado, desatendiendo que, para el efecto, debía verificar de
manera inequívoca su plena identificación e individualización, siendo que en la
etapa instructiva no se había adelantado la labor probatoria tendiente a esclarecer
esos aspectos; así, dio por sentado que el procesado era la persona que dijo
llamarse durante la etapa instructiva y profirió sentencia condenatoria en contra del
señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez, cuando lo cierto era que el infractor y
responsable de la conducta penal era una persona distinta.

75. Respecto del contenido de los fallos dictados en procesos penales, el artículo
170 de la Ley 600 de 2000 establecía que toda sentencia debía contener “la
identidad o individualización del proceso”, así como la jurisprudencia penal
establece de forma pacífica que para proferir el fallo y evitar problemas de
homonimia, es preciso individualizar o identificar de forma inequívoca a los
partícipes del hecho delictivo47.

76. La inobservancia de dichos imperativos al momento de dictar una sentencia
acarrea, como lo consagra el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 65
de la Ley 270 de 1996, la declaratoria de responsabilidad del Estado “por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus
agentes judiciales”.

77. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación
ha indicado de manera reiterada que no solo compete a la Fiscalía General de la
Nación realizar todas las labores tendientes a la plena identificación e
individualización de los autores o partícipes de una conducta penal, sino que
también recaen en el juez de la causa las obligaciones de revisar de forma completa

46
Son datos de la identidad del colombiano, dentro de los cuales están incluidos los nombres,
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de expedición, NUIP o número de la cédula,
Sexo, Grupo sanguíneo y RH, Estatura. Tomado de https://www.registraduria.gov.co/-Glosario-de-
identificacion-.html
47
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del 13 de febrero de 2003,
expediente 11412; del 23 de mayo de 2007, expediente 25 393 y del 23 de enero de 2008, expediente
28301.

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las piezas procesales, a fin de desvirtuar la presunción de inocencia que recae sobre
el imputado, y verificar que quien se vinculó al proceso efectivamente fuese el autor
del delito48.

78. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado que la omisión en torno a la correcta
e inequívoca identificación e individualización del procesado en el marco del
proceso penal que se adelantó por el delito de hurto calificado y calificado comportó
una falla del servicio atribuible a tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la
Rama Judicial, dada a la participación que cada una de ellas tuvo en la producción
del daño que se reclama, en tanto que ninguna de éstas individualizó e identificó
plenamente al verdadero responsable de la conducta punible por la que se vinculó,
investigó y condenó al señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez.

79. Ahora bien, en orden a establecer la materialización de daños indemnizables
durante el tiempo que transcurrió desde la vinculación al proceso penal del señor
Bayron Alexander Ramos Ordóñez -4 de junio de 2003- y hasta la presentación del
poder que confirió para actuar dentro del mismo -14 de agosto de 2006-, la Sala
advierte lo siguiente:

80. En la demanda, los actores alegan que, como consecuencia del proceso penal
que concluyó con sentencia condenatoria en contra del señor Bayron Alexander
Ramos Ordóñez, se le ocasionaron afectaciones de índole moral, laboral, daños a
su buen nombre e imagen del señor Ramos Ordóñez. Al lado de lo cual, alegó la
materialización de daños materiales, derivados de los gastos en los que tuvo que
incurrir por cuenta de dicha actuación penal.

81. Frente a las alegadas afectaciones, en el expediente obra la declaración del
señor Milton Danny Collazos Bucheli -único testimonio que se practicó en el
proceso-, en el cual manifestó lo siguiente:

“Lo conozco [refiriéndose al señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez], desde
ese momento nosotros tenemos una gran amistad, es prácticamente mi mejor
amigo, lo conocí porque asistimos al mismo gimnasio, nos hicimos muy amigos
por las profesiones, él es ingeniero de sistemas y a veces nos consultamos
cosas … En cuanto a lo social puedo decir que es una persona prestante,
porque es una persona honorable, de buenos principios y valores, es muy buen
profesional, es una persona que ha hecho su carrera a pulso prueba de ello es
los años que ha trabajado en la empresa Colacteos … su familia está
compuesta por madre, vive con su hermano, en su núcleo central vive con su
esposa y su hijo … PREGUNTA: Usted conoce los hechos en los cuales se

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 22 de agosto de 2013, exp. 32919. CP: Hernán Andrade Rincón; del 15 de abril
de 2015, exp 39099, C.P. Hernán Andrade Rincón; del 23 de marzo de 2017, exp 46398, CP: Marta
Nubia Velásquez Rico y del 5 de febrero de 2021, exp 61800, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.

19

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

sustenta la demanda … CONTESTO: En el año 2003, aproximadamente en el
mes de marzo el señor BAYRON RAMOS se entera a través del periódico si
no estoy mal de que su nombre aparece en un homónimo como
procesado de hurto y de estafa, desde ese momento para él empieza un
calvario, porque aparte de que lo acusan de un hecho que no ha cometido, su
buen nombre se ve afectado públicamente, profesionalmente, causándole
daños al interior de la empresa, en su núcleo familiar. En la empresa donde
trabaja en Colacteos y aparecía sindicado por hurto, y las directivas le
impusieron investigación a ver qué pasaba, el decir era que talvés lo iban a
destituir… A nivel familiar le causaba angustia a la familia en ese tiempo vivía
con la mamá, después de haber sacrificado tanto para que saliera adelante en
su profesión que lo acusaran de hurto en otra ciudad, que no le podían dar su
pasado judicial no podía votar, ni salir del país tampoco, creo que había una
orden de captura por la otra persona que utilizaba el nombre de Bayron,
le causaba miedo que lo capturen, la mamá se enfermó, a raíz de esto hubo
necesidad de contratar un abogado, pagó los honorarios con préstamos …
Desde el punto de vista moral, la afectación más que todo fue de repudio de
amigos, de la sociedad misma, quedó en entredicho el buen nombre de
BAYRON RAMOS afectando su credibilidad y su profesionalismo. Obviamente
cuando un hecho como este sucede a una persona no solo lo afecta a él sino
también a su familia, la afectación del buen nombre no solo fue con él sino con
sus hermanos …”49.

82. En este punto se torna oportuno precisar que, frente al valor probatorio de los
testimonios, esta Corporación ha reiterado que deben evaluarse bajo las reglas de
la sana crítica, por lo que se deben tener en cuenta las circunstancias especiales
que rodean la declaración y, en concreto, el conocimiento que puede tener sobre
los hechos y la coherencia de este con los demás medios de prueba 50.

83. Sobre esta base, se tiene que, en primer término, la declaración vertida por el
deponente -único testimonio que se practicó- no le permite a la Sala tener por
demostrado de manera determinante alguna afectación moral padecida por los
actores durante el tiempo que se adelantó la investigación penal, se profirió
sentencia condenatoria y el señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez otorgó poder
para intervenir en esa causa, dado que los dichos del testigo resultan
contradictorios, ambiguos y denotan expresiones subjetivas, lo que le resta
credibilidad y contundencia.

84. En efecto, en primer lugar se observa que, si bien el testigo afirmó que,
aproximadamente en marzo de 2003, el señor Bayron Alexander se enteró “a través
del periódico si no estoy mal de que su nombre aparece en un homónimo como

49
Folios 547 a 549 del cuaderno 2.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 14 de julio de 2016, expediente 36932, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada por esa
misma Subsección en fallo del 23 de octubre de 2020, expediente 60073, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

procesado de hurto y de estafa” y que, desde ese momento, comienza un calvario
para él porque lo acusan de un hecho que no cometió, lo cierto es que desde el
libelo introductorio de la demanda, lo que, además, encuentra sustento en el
material probatorio, se afirmó que, en agosto de 2006, cuando el referido señor
otorgó poder para actuar dentro de proceso penal adelantado en contra por el delito
de hurto y el apoderado solicitó la expedición de copias, supo que había sido objeto
de una suplantación, en tanto que quien fue procesado y condenado era una
persona distinta.

85. Los contrastes de la declaración, en torno a la fecha en que comenzó “el
calvario” por el cual, según el testigo, atravesó el señor Ramos Ordóñez, por cuenta
del proceso penal al cual fue vinculado, llevan cuestionar su veracidad real frente a
los hechos depuestos, de allí que la Sala no pueda partir de la declaración para
encontrar acreditada una verdadera aflicción de la víctima padecida con anterioridad
a su intervención dentro de la causa penal.

86. Al continuar con su relato, el testigo indicó que “cree” que había una orden de
captura en contra de la persona que utilizaba el nombre del señor Bayron Alexander
y que a éste le daba miedo que lo capturen, afirmación que denota especulación,
pues en contra del actor no se formuló ninguna orden en tal sentido, lo que también
le resta credibilidad a su dicho.

87. A lo anterior se agrega que el testigo manifestó que, a nivel moral, la afectación
fue, ante todo, “el repudio de amigos, de la sociedad misma”, afirmación indistinta e
impersonal que no permite identificar una lesión cierta o concreta frente a la
afectación moral que afirma. Luego, el deponente indicó que “obviamente” un hecho
como el que se vio involucrado el señor Ramos Ordóñez lo afecta a él y a su familia,
expresión que denota una apreciación subjetiva del testigo que no conduce a una
realidad probatoria.

88. En lo que se refiere al derecho al buen nombre o imagen, concebido desde la
reputación que sobre una persona tienen los miembros del entorno en el cual se
desenvuelve, la Sala advierte que, pese a que el testigo parafraseó la afectación de
ese derecho, sus dichos no son claros ni contundentes en orden a probar una
afectación de tal naturaleza.

89. Frente a las afectaciones de índole laboral, se advierte que, si bien el testigo
afirmó que por cuenta de la investigación penal el actor se vio afectado en la
empresa en la cual laboraba -Colácteos-, lo cierto es que dicha afirmación pierde
credibilidad, en tanto que:

90. En el expediente obra certificado de trabajo suscrito el 13 de mayo de 2008 por
la Subgerente Administrativa de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño
Colácteos Ltda., en la cual se certificó que el señor Bayrón Alexander Ramos

21

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la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Ordóñez: i) ingresó a dicha empresa el 2 de enero de 2001, ii) que durante el tiempo
de su vinculación se ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos, Analista de
Sistemas, Jefe de Servicios Cooperativos, Director de Almacenes Agropecuarios y
Director Regional en encargo y iii) que, en la actualidad, esto es, a la fecha de
expedición de la certificación, se desempeñaba como “Director de Planeación el que
actualmente desempeña” 51.

91. De dicha certificación se infiere entonces que el vínculo laboral entre el señor
Ramos Ordóñez y la empresa Colácteos Ltda. entre el 2 de enero de 2001 -fecha
en la que se vinculó- -y el 13 de mayo de 2008 -fecha de la certificación- se mantuvo
ininterrumpido; de allí que, entre junio de 2003 -cuando inició el proceso penal y se
profirió sentencia condenatoria- y agosto de 2006 -cuando se otorgó poder- tal
relación laboral no se vio afectada por cuenta del cuestionado proceso penal.

92. A la par, el testigo afirmó que la empresa Colácteos inició una investigación para
establecer lo que ocurría por cuenta del proceso penal que, por hurto, se adelantaba
en contra del señor Ramos Ordóñez, afirmación que carece de respaldo en otros
elementos de juicio y que la referida empresa no lo evidenció en la certificación
laboral que emitió.

93. En la declaración el testigo afirmó que el actor no pudo ejercer el derecho al
voto por cuenta del proceso penal al cual fue vinculado, lo cual también se manifestó
en la demanda, empero, no obra elemento de juicio que pruebe tales afirmaciones
y, si bien en la foliatura obra Formato de Información de Censo Electoral de 2007,
emitido por la Registraduría Nacional en el que se observa que la cédula 98.384.692
no se encuentra inscrita en el censo electoral para las próximas elecciones y que
fue dada de baja por pérdida o suspensión de derechos políticos en 2003, lo cierto
es que dicho documento solo da cuenta de la pérdida o suspensión de los derechos
políticos, más no que, en efecto, el actor, optó por ejercer su derecho al voto, pero
que no pudo hacerlo por cuenta de la referida suspensión de derechos.

94. Finalmente, pese a que el actor alegó daños materiales -gastos de viajes
periódicos a la ciudad de Palmira, pago de copias, llamadas telefónicas y honorarios
profesionales-, no obran los comprobantes que demuestren el pago de viajes que
éste sufragó, copias o llamadas telefónicas, a lo cual se agrega que no se aportó la
respectiva factura o documento equivalente y la constancia de su pago emitida por
el apoderado, lo cual, en criterio unificado de esta Sala de Sección 52, constituye la
“prueba idónea del pago por concepto de honorarios profesionales”.

95. Corolario de todo lo anterior, se impone concluir que, si bien se evidenció una
falla del servicio derivada de la falta una correcta e inequívoca identificación e

51
Folio 113 del cuaderno 1.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019, expediente 44.572.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
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la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

individualización del procesado dentro de la causa penal que se siguió en contra del
señor Bayron Alexander Ramos Ordóñez, lo cierto es que durante el período
trascurrido entre su vinculación al proceso penal y la fecha en que el actor otorgó
poder para intervenir en la causa penal no hay evidencia de un daño de naturaleza
indemnizable.

Análisis de responsabilidad a partir del momento en el que el
demandante intervino en la causa penal.

96. Está demostrado que el 14 de agosto de 2006, el señor Bayron Alexander
Ramos Ordóñez otorgó poder para intervenir en la causa penal, esto es cuando la
sentencia condenatoria se encontraba ejecutoriada y copia de esa decisión se había
remitido al Departamento Administrativo de Seguridad DAS -15 de agosto de 2003,
en tanto que dicho fallo formaba parte de los antecedentes penales del señor Ramos
Ordóñez, puesto que, de conformidad con lo previsto en los artículos 248
Constitucional53 y 7 de la Ley 600 de 200054, únicamente las sentencias
condenatorias tienen el carácter de antecedentes penales y contravencionales de
las personas.

97. La evidencia probatoria reveló que después de otorgado el poder para actuar
en la causa penal, las anotaciones seguían reportadas en los antecedentes del
actor, en tanto que, mediante solicitudes dirigidas al DAS en septiembre de 2007 y
mayo de 2008, aquél pidió la desanotación de la condena dispuesta en la sentencia
del 30 de julio de 2003, puesto que estaba afectando sus antecedentes penales,
asimismo, en certificaciones del 28 de enero y mayo de 2008, ese organismo dio
cuenta de que esa condena figuraba en esos antecedentes.

98. Lo anterior, en criterio de la Sala, evidenció la inactividad del juez dirigida a
corregir la identidad del procesado y, de contera, remediar la afectación de los
antecedentes penales del actor, por cuenta del registro de la sentencia
condenatoria, inactividad que vino a conjurarse con la intervención del juez de tutela,
cuando, en fallo del 24 de julio de 2008 proferido por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Palmira, luego de advertir que el señor Bayron Alexander Ramos
Ordóñez no era la persona que fue capturada, procesada y condenada por el delito
de hurto calificado y agravado, enmendó los antecedentes penales del actor
ordenando la separación de los registros de la condena y dispuso que, por conducto

53
“ARTICULO 248. Únicamente <sic> las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes
legales”.
54
“ARTICULO 7o. PRESUNCION DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente y debe ser
tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su
responsabilidad penal.
“En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.
“Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de
antecedentes penales y contravencionales”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
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la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

de las autoridades judiciales que conocieron el proceso penal, se anotara que el acá
actor era una persona ajena y distinta al sujeto procesal en esa causa.

99. No obstante la advertida inactividad del juez, la Sala no puede desatender que
cuando el actor concurrió al proceso penal en agosto de 2006, si bien para esa fecha
la sentencia condenatoria se encontraba ejecutoriada, lo cierto es que la pena
impuesta en dicha decisión se estaba cumpliendo, pues, incluso, mediante
providencia del 3 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Palmira declaró, de oficio, la extinción de la pena
impuesta en fallo del 30 de julio de 2003 contra el señor Bayron Alexánder Ramos
Ordóñez, lo cual evidencia que durante ese lapso el actor tuvo la oportunidad de
conjurar, dentro del mismo proceso penal, las afectaciones que podían causarle las
anotaciones de la condena en sus antecedentes penales, desatención que, en
criterio de la Sala, comportó una omisión determinante en orden al deber de mitigar
el daño propio.

100. En efecto, cuando el actor intervino en la causa penal, en términos de lo
previsto en el artículo 469 de la referida normativa 55, era el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, quien vigilaba y coordinaba
el cumplimiento de la pena impuesta en tal decisión, de allí que, el actor podía
solicitar la intervención de esta autoridad, para que, por su conducto, se adelantaran
las gestiones tendientes a establecer la situación de suplantación y, en
consecuencia, adoptara las medidas necesarias para contrarrestarla y, con ello,
desafectar o contrarrestar los efectos adversos que esta anomalía representaba
para sus antecedentes penales.

101. En este punto, resulta de importancia resaltar, a propósito de la intervención
del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en casos de suplantación u
homónima de quien se vio afectado con una sentencia condenatoria, que la Corte
Constitucional, en sede de acción de tutela56, tuvo la oportunidad de señalar que la
intervención de esa autoridad -competente para resolver cuestiones ligadas al
cumplimiento y trámite posterior de la sentencia condenatoria- constituía el
mecanismo de defensa idóneo y eficaz para remediar esa situación, en tanto que
era ese el escenario propicio para ventilarla, dada la mediación del juez natural de
la causa y, en tal sentido, puntualizó:

55
Ley 600 de 2000. Libro IV. Ejecución de sentencias. Título I. Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad. Capítulo I. Ejecución de penas. Artículo 469: “EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD. La ejecución de la sanción penal, impuesta mediante sentencia debidamente
ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad.
“En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e
interponer los recursos que sean necesarios”.
56
Sentencia T-540-04 del 28 de mayo de 2004 -vigente para cuando se declaró la extinción de la
pena y el archivo del proceso penal 2003-00077-.

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Referencia: Acción de reparación directa

“… la solicitud que se pueda elevar ante el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad competente, para efectos de obtener la corrección de
la sentencia condenatoria, se constituye en un mecanismo idóneo y eficaz
para la protección pretendida, no sólo por sus características de celeridad,
sino de oportunidad y de competencia. Es precisamente dicho funcionario
judicial el encargado de resolver los asuntos concernientes al cumplimiento y
trámite posterior de la sentencia condenatoria [18] y quien además tiene la
posibilidad de practicar las pruebas técnicas necesarias y de verificar las
informaciones indispensables para concluir si se está o no ante un caso de
homonimia o de suplantación. Tal trámite permite un mayor margen de
maniobra para dilucidar el asunto, el cual puede tornarse en ciertas
circunstancias complejo y por ello desplazaría a la acción de tutela como
mecanismo apto para obtener una resolución en atención a que los términos
dentro de los cuales ésta debe ser decidida son perentorios.

“De otra parte, el interesado también puede acudir a la acción de revisión en
el evento en que se configure alguna de las causales contempladas en el
artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. Dicha acción es ‘un derecho
que surge para cambiar una situación que ha sido considerada como verdad
indiscutible en el proceso en razón a la presunción de acierto y legalidad que
acompañan las decisiones proferidas por autoridad judicial en su función de
administrar justicia’[19].

“Ahora bien, esta Corporación también ha precisado que de manera
excepcional puede acudirse a la acción de tutela como mecanismo principal
para lograr la protección de los derechos vulnerados en asuntos como el que
se trata cuando exista una evidencia probatoria suficiente respecto de la
suplantación o la homonimia y cuando los trámites impuestos para lograr la
corrección del error estatal resultan ser una carga desproporcionada para el
ciudadano afectado, como cuando la persona reside en un lugar muy distante
al del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que deba conocer
del asunto”57

102. Al lado de lo anterior, resulta oportuno precisar que la Corte Constitucional
ha sostenido que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es el
garante de los derechos fundamentales de los condenados penalmente, en tanto
que la política criminal trazada por el Estado “no termina en la imposición de la pena
por parte de los jueces competentes, sino que la misma se extiende y se materializa
durante todo el período de cumplimiento de la pena” 58.

103. Incluso, dicha Corte ha resaltado el valor constitucional de la labor del Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad como garante de la ejecución de la
pena y de los derechos fundamentales de los sentenciados,, en sentencia del C-
312 de 2002, determinó que sus competencias revisten de transcendental

57
Citas de enlace del texto original.
58
Sentencia T-1093 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Referencia: Acción de reparación directa

importancia, pues la verificación del cumplimiento de la pena, le permite la
constatación de su ejecución efectiva, a través de la comprobación personal de las
condiciones en que se cumple la sanción penal impuesta, entre otros instrumentos,
de manera que es el funcionario judicial imparcial a quien le corresponde resolver
todo lo atinente a las condiciones en que se cumple la condena.

104. En línea con lo anterior, resulta válido concluir que cuando el señor Bayron
Alexánder Ramos Ordóñez otorgó poder para intervenir en el proceso penal 2003-
00077 -14 de agosto de 2006-, bien pudo elevar solicitud ante el Juez Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira- que vigilaba la ejecución
de la pena- para efectos de que se corrigiera la sentencia condenatoria, en tanto
que no era la persona que había sido procesada en esa causa, con la posibilidad
de que dicha autoridad, en garantía de los derechos fundamentales del peticionario
que había sido condenado, practicara las pruebas técnicas necesarias en orden a
verificar la suplantación y, de esta manera, obtener una resolución a la circunstancia
adversa y adoptar las correcciones frente a las anotaciones que de la sentencia
penal figuraban en su contra.

105. Más allá, el actor estaba habilitado para recurrir, incluso, por conducto del
Ministerio Público, en términos del artículo 469 de la Ley 600 de 200059, el proveído
del 3 de octubre de 2006, a través del cual el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Palmira declaró la extinción de la pena impuesta
en la sentencia del 30 de julio de 2003, en tanto que dicha pena se estaba
ejecutando con efectos adversos -en cuanto a las anotaciones que de ella se
derivaron- al señor al señor Bayron Alexánder Ramos Ordóñez, persona distinta y
ajena a quien realmente fue el procesado.

106. En las condiciones analizadas, la Sala advierte que la inactividad del señor
Bayron Alexánder Ramos Ordóñez en solicitar la intervención del juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad con el objeto de dar solución a la suplantación de
la cual fue objeto dentro del proceso penal 2003-00077 y, a partir de allí, desafectar
sus antecedentes penales representó una conducta omisiva en orden a mitigar el
propio daño y por cuya indemnización hoy reclama a través del ejercicio de la
presenta acción.

107. Vistas así las cosas, se impone la confirmación de la sentencia recurrida que
negó las pretensiones de la demanda, en tanto que, por lo expuesto, es factible
concluir que no se probó un daño de naturaleza indemnizable materializado con
anterioridad al momento en que el actor intervino en el causa penal que concluyó

59
“EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. La ejecución de la sanción penal,
impuesta mediante sentencia debidamente ejecutoriada, corresponde a las autoridades
penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en
coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
“En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e
interponer los recursos que sean necesarios” (se resalta).

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00951-01 (50.850)
Actor: Bayron Alexánder Ramos Ordóñez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

con sentencia condenatoria en su contra y, además, porque con posterioridad a su
intervención en el proceso penal, se evidenció una desatención de la víctima
determinante en orden a mitigar los efectos adversos que comportaban la anotación
de la referida sentencia en sus antecedentes penales.

Condena en costas

108. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171
del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 19
de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/
VF

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