Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2009-00119-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
8 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / RECURSO DE APELACIÓN / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA /
[R]esulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo (…) No obstante, la Sala revisará los perjuicios materiales e inmateriales reconocidos por el a quo, con observancia del principio de la non reformatio in pejus que le asiste a la Rama Judicial en su condición de apelante única y conforme a lo dicho en la sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia ver sentencia de la Sección Tercera del 20 de mayo de 2009 (expediente 16.925)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUNCIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sobre la causa petendi la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, carece por completo, en las actuaciones de que conoce de facultades para variar la que se narra en la demanda , es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y en los medios de convicción regular y oportunamente allegados al plenario.
NOTA DE RELATORÍA: En igual sentido se pronunció la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016 (expediente 34.357).
FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / REDUCCIÓN DE LA PENA / NEGACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA PENA / APLICACIÓN DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO
[P]ara la Sala es claro que, (…), el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga incurrió en una falla en el servicio, por omisión, pues, en lugar de aplicar el artículo 6 de la Ley 906 de 2004 y conceder al sindicado los beneficios de rebaja de pena por estudio y trabajo y la disminución de la pena por sentencia anticipada, prevista en los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la ley 906 de 2006 , se negó a ello y mantuvo al acá demandante privado de su libertad, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la ley 733 de 2002. Nótese cómo, para otorgar los beneficios de rebaja de pena por estudio y trabajo y la disminución de la pena por sentencia anticipada, el referido Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en providencia de 7 de abril de 2006 –atrás transcrita en lo pertinente-, en virtud del principio de favorabilidad aplicó los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la ley 906 de 2004, lo cual evidencia que, así como aplicó dicho principio supra legal y normas en esa providencia, también pudo haberlo hecho en los proveídos de (…) 2005, con lo cual se hubiera evitado el daño causado a los demandantes, consistente en la privación de la libertad del señor (…) por un tiempo mayor al que le correspondía.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de favorabilidad ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 8 de abril de 2008 (rad. 25.306). Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis
RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PADRE
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad; así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades , siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los parámetros para la indemnización de los perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad ver: sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 Expediente: 27.709, actor: Adriana Cortés Pérez y otras
LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA
[T]al como lo ha señalado en varias oportunidades esta Subsección, como no se probó la condición de trabajador dependiente del señor (…), no es procedente aumentar el salario base de liquidación en un 25%, por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales, pues el demandante no ejercía una actividad económica de manera dependiente. Así las cosas, para establecer el lucro cesante que debe pagar la Nación –Rama Judicial-, la Sala liquidará dicho perjuicio teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el lucro cesante ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017 (exp. 51.017) y sentencia de 28 de marzo de 2019 (exp. 61.683), entre otras
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número:76001-23-31-000-2009-00119-01(44972)
Actor: GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN -RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de 26 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se decidió (se transcribe tal como obra en el expediente):
“1. DECLARAR a la NACION –RAMA JUDICIAL administrativamente responsable por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión del error jurisdiccional al prolongársele la privación de la libertad, injustamente al señor GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA, entre el 01 de enero de 2005 hasta el 10 de abril de 2006.
“2. CONDENAR a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL a pagar a los demandantes por concepto de PERJUICIOS MORALES las siguientes sumas: al señor GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA, afectado directo, una suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a la señora LUZ MARINA PARRA GRAJALES, cónyuge del afectado, una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a ADAMARIS QUINTANA PARRA y LEIDY YALENA QUINTANA PARRA, hijas el afectado, para cada una la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
“3. CONDENAR a la NACIÓN –RAMA JUDCIAL a pagar a los demandantes, por concepto de LUCRO CESANTE, la suma de diez millones trescientos noventa y un mil novecientos sesenta pesos ($10.391.960) Mc/te.
“4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda” (fls. 266 a 287 cdno. ppal.).
I. ANTECEDENTES:
1. El 6 de agosto de 2007, los señores Gerardo de Jesús Quintana Herrera, Luz Marina Parra Grajales, Aldamaris y Leidy Yalena Quintana Parra interpusieron demanda contra la Nación –Rama Judicial-, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios a ellos irrogados, con ocasión de la prolongación injusta de la privación de la libertad que sufrió el primero de los nombrados (fls. 1 a 7 cdno. 1).
Solicitaron que, como consecuencia de la declaración anterior, se condenara a los demandados a pagarles, por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos y, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente $5’000.000 y por lucro cesante $30’000.000, en favor del señor Gerardo de Jesús Quintana Parra (fls. 4 y 5 cdno. 1).
Como fundamento de sus pretensiones, los actores señalaron, en síntesis, que en sentencia de 31 de marzo de 2003 el Juzgado 4 Penal del Circuito de Armenia condenó a 6 años de prisión al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, por el delito de tentativa de extorsión.
Adujeron que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera comenzó a purgar su condena el 27 de enero de 2003 y, a pesar de que se sometió a sentencia anticipada, no tuvo derecho a la rebaja de pena y a otros beneficios, por lo establecido en la ley 733 de 2002.
Señalaron que el 1º de enero de 2005 comenzó a regir la Ley 906 de 2004, la cual concedía la rebaja de la mitad de la pena para aquellas personas que se acogieran a sentencia anticipada (derogando de esta manera lo establecido en la ley 733 de 2002) y, por tal razón, el señor Jesús Quintana Herrera tenía derecho, no solo a la rebaja de la mitad de la pena, sino también a su excarcelación, pues se debía tener en cuenta la redención de la pena por trabajo, estudio y enseñanza.
Explicaron que, a pesar de que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, en virtud de la ley 906 de 2004, solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga que rebajara a la mitad su pena y que la redosificara teniendo en cuenta que desde su ingreso a la cárcel dictó cursos y trabajó, el mencionado despacho judicial negó su petición, por cuanto consideró que el señor Quintana Herrera debería permanecer detenido, en virtud de las penas previstas en la Ley 733 de 2002, la cual establecía que no tenía derecho a la disminución de la pena por trabajo y estudio.
Indicaron que, el 29 de marzo de 2005, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó nuevamente rebaja de la mitad de la pena y la redosificación de la misma por trabajo y estudio y, el 3 de mayo siguiente, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga negó nuevamente su petición. El señor Quintana Herrera apeló dicha decisión, pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Guadalajara de Buga la confirmó, mediante providencia de 29 de julio de 2005.
Manifestaron que, después de que anexaron varias sentencias de la Corte Constitucional y de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, en las que se aplicaba la ley 906 de 2004, mediante providencia de 7 abril de 2006 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga consideró que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera tenía derecho a que se le rebajara a la mitad su condena y a que se redosificara la misma por trabajo, estudio y enseñanza y ordenó su libertad inmediata por pena cumplida, toda vez que el señor Quintana Herrera tenía que estar detenido durante 36 meses y, para ese momento, ya había purgado 38 meses y 10 días de detención física y había redimido 13 meses y 10 días por trabajo estudio y enseñanza, lo que sumaba 51 meses y 20 días.
Por lo anterior, afirmaron que se configuró una falla en el servicio de la administración de justicia, toda vez que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera estuvo privado de su libertad de manera injusta o irregular durante más de 15 meses, ya que su libertad debió concederse en los primeros días de enero de 2005.
Concluyeron que la prolongación injusta de la libertad del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera les causó perjuicios morales y materiales que deben indemnizarse en los términos del artículo 90 de la Constitución Política (fls. 1 a 4 cdno. 1).
2. La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga el 1º de febrero de 2008 y se notificó en debida forma a la demandada, quien se opuso a las pretensiones, solicitó la práctica de pruebas y, luego de mencionar las providencias que profirió el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga, señaló que en el momento que comenzó a regir la Ley 906 de 2004 el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera purgaba una condena en un centro carcelario adscrito al circuito penitenciario de Buga y, por lo tanto, estaba sometido al artículo 530 de la ley 906 de 2004 que establece: “… Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006, incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal”.
Indicó que, para implementar la Ley 906 de 2004 a partir del 1º de enero de 2006 en el departamento del Valle del Cauca, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dictó una serie de acuerdos tendientes a adoptar medidas relacionadas con el sistema penal acusatorio, entre ellas, las contenidas en el Acuerdo PSAA5 -3234 de diciembre 22 de 2005.
Explicó que no incurrió en error judicial alguno en las providencias que profirió en torno al cumplimiento de la pena del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, toda vez que sus decisiones estuvieron soportadas en las normas procedimentales penales vigentes, lo cual demuestra que el juez de conocimiento actuó en cumplimiento de la ley; por tanto, el daño reclamado por los actores no tiene el carácter de antijurídico.
Adujo que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el término “injustamente” se refiere a una actuación judicial abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada ni razonada, sino arbitraria y contraria a derecho.
Finalmente, llamó en garantía a Héctor Armando Caicedo Pazmiño, quien, en su condición de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga, tomó las decisiones en torno al cumplimiento de la pena impuesta al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera (fls. 30 a 34 cdno. 1).
3. En auto de 17 de junio de 2008, el Juzgado Primero del Circuito de Guadalajara de Buga admitió el llamamiento en garantía formulado por la Rama Judicial contra el señor Héctor Armando Caicedo Pazmiño (fl. 57 cdno 1).
El señor Héctor Armando Caicedo Pazmiño se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que, mediante sentencia anticipada del 31 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cali, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera fue condenado a 6 años de prisión, por el delito de tentativa de extorsión y el juez de la causa le negó todo beneficio y subrogado penal, por expresa prohibición del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, ya que se cometió en vigencia de dicha ley.
Adujo que, si bien el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 estableció que dicha norma comenzaba a regir desde el 1º de enero de 2005, el artículo 530 ibídem determinó que su vigencia en los distritos judiciales se haría de manera gradual y se aplicaría para los delitos cometidos desde esa fecha.
Explicó que, luego de una larga discusión sobre el tema, en varias providencias la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia determinaron que las normas procesales de la Ley 906 de 2004 y el artículo 5 de la Ley 890 de 2004 derogaron el artículo 11 de la Ley 733 de 2002; por tanto, en procura de la seguridad jurídica y por obligación de acatar el precedente jurisprudencial, él y varios jueces del país concedieron los subrogados y beneficios penales establecidos por las normas del nuevo sistema penal acusatorio para los condenados por los delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
Indicó que al principio negó los beneficios y subrogados penales solicitados por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, por prohibición expresa del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, pero posteriormente los concedió en aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.
Manifestó que, durante algún tiempo, el tema de la rebaja y la redosificación de la pena, establecido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, causó lo que se denomina “choque de trenes” entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pues cada una de estas corporaciones tenía posiciones distintas respecto de la aplicación de la mencionada norma.
Dijo que, mediante acta 149 de 5 de junio de 2005, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia unificó el criterio de favorabilidad establecido por la Corte Constitucional, razón por la cual no le asiste razón a los demandantes cuando sostienen que desde los primeros días de enero de 2005 debieron concederse la rebaja de pena y los beneficios legales al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera.
Adujo que no incurrió en error jurisdiccional alguno en las providencias mediante las cuales negó los subrogados y beneficios legales solicitados por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, ya que dichas decisiones estuvieron ajustadas a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia vigente para ese momento.
Señaló que no se le puede endilgar responsabilidad alguna por los daños reclamados por los demandantes, pues no actuó con dolo o con culpa grave al momento de proferir las providencias que decidieron el cumplimiento de la pena impuesta al señor Quintana Herrera.
Concluyó que la Rama Judicial no allegó prueba sumaria sobre su responsabilidad y, según los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, este es un requisito fundamental para que sea posible la vinculación de un tercero al proceso a través de la figura del llamamiento en garantía (fls. 67 a 82 cdno. 1).
4. En auto de 18 de diciembre de 2008, el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Guadalajara de Buga decretó la nulidad de todo lo actuado, inclusive del auto admisorio de la demanda, y ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 151 a 153 cdno. 1).
5. Mediante providencia de 6 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó sin efectos el numeral 1 del auto de 18 de diciembre de 2008, proferido por el Juzgado Primero del Circuito de Guadalajara de Buga y avocó conocimiento del proceso en el estado en que se encontraba en el momento de su remisión (fls. 158 a 162 cdno. 1).
6. Vencido el período probatorio, el 31 de mayo de 2011 el a quo corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fl. 244 cdno. 1).
6.1. La Rama Judicial reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda y agregó que los autos proferidos por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, mediante los cuales se negaron la rebaja de pena y el subrogado penal solicitados por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, estuvieron ajustados a derecho, ya que la prohibición de conceder dichas prerrogativas estaba establecida en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, la cual se encontraba vigente en el momento de los hechos.
Explicó que se demostró que no existió falla en el servicio por error jurisdiccional, pues fue un criterio auxiliar de la justicia, en este caso, un precedente jurisprudencial el que permitió que el demandante saliera anticipadamente de la cárcel.
Concluyó que se debían tener en cuenta los argumentos esbozados por el llamado en garantía en la contestación de la demanda, pues en éstos se explican ampliamente los motivos y criterios que se tuvieron en cuenta para no acceder inicialmente a las rebajas de pena y beneficios solicitados por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera (fls. 258 y 259 cdno. 1).
6.2. La parte demandante, el llamado en garantía y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal, según se observa en el informe secretarial que obra en el folio 265 del cuaderno 1.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
En sentencia de 26 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró patrimonialmente responsable a la Nación –Rama Judicial-, por el error jurisdiccional que ocasionó la prolongación injustificada de la privación de la libertad del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera y la condenó a pagar los perjuicios materiales e inmateriales indicados al inicio de esta providencia.
Al respecto, el a quo puntualizó (se transcribe tal como obra en el expediente, inclusive los errores):
“Resalta la Sala que de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, es cierto que el señor GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA se encontró privado de la libertad y que ésta fue prolongada sin justificación alguna, a pesar de las peticiones presentadas por el actor quien invocaba la aplicación de la Ley 906 de 2004 en virtud del principio de favorabilidad, la cual le favorecía más que la Ley 733 de 2002.
“Igualmente observa la Sala que los motivos por el cual el Aquo, del Juzgado Primero de Ejecición de Penas y Medidas de Seguridad, negó la redención de la pena fue que la ley 733 de 2002 era clara al establecer que se encontraba excluido de beneficios el delito de secuestro y extorsión, por el que había sido condenado el acto, por lo tanto se negaba éste beneficio.
“Como consecuencia de lo anterior, el actor estuvo privado de la libertad por 15 meses más, tal como se reconoció en la providencia del 07 de abril de 2006 (a folios 10 a 15 cuaderno principal), en donde el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, concedió al actor las subrogaciones a las que tenía derecho, conforme la ley 906 de 2004, la cual le favorecía más que la Ley 733 de 2002 …
“Conforme a lo acreditado dentro del proceso y a lo expuesto hasta aquí, para la Sala De decisión de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, de negar en principio la petición de redención de pena, elevada por GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA, y que con posterioridad el mismo fallador concedió las subrogaciones y beneficios propios de la Ley 906 de 2004, hace evidente el error jurisdiccional al tomar una decisión contraria a la Ley, error que después de quince (15) meses el fallador corrige declarando que éste sí tenía derecho a lo solicitado en un principio.
“(…)
“Ahora bien en cuanto al llamado en garantía, observa la Sala que a partir de la lectura del escrito de formulación de llamamiento en garantía, no se desprende que la parte demandada en alguno de los apartes de la contestación del libelo demandatorio hubiere calificado la conducta desplegada por el funcionario judicial llamada en garantía, pues no se desprende tan siquiera una afirmación tendiente a imputar actuación dolosa o gravemente culposa alguna por parte de aquel funcionario; muy por el contrario, lo que se observa es la defensa de la legalidad de sus actuaciones respecto de las providencias judiciales que habrían dado origen a la presente demanda de reparación directa.
“(…)
“Así pues, se infiere que dicha solicitud de llamamiento en garantía resulta contradictoria e incongruente, con la posición asumida por la entidad demandada en la contestación de la demanda, pues escapa a la lógica y al mero sentido común que, por un lado se proteja la legalidad de las actuaciones adelantadas por el funcionario llamada en garantía y, por otro, se le pretenda imputar conductas dolosas o gravemente culposas respecto de dichas actuaciones.
“Agréguese a lo anterior la consideración que, para que se formalice el llamamiento en garantía del Estado frente a uno de sus agentes de conformidad con la jurisprudencia imperante y reiterada del Consejo de Estado, es necesario aportar al menos prueba sumaria de la cual se desprenda el dolo o la culpa grave del servidor público cuya vinculación se pretende.
“(…)
“Así las cosas el llamamiento en garantía formulado por la Nación –Rama Judicial, no cumple con los requisitos antes mencionados, ya que no se anexó la prueba, por lo menos sumaria, respecto del dolo o la culpa grave de dicho funcionario judicial.
“Los anteriores argumentos resultan suficientes para concluir que en el presente asunto no se cumplieron con los requisitos legales exigidos, razón por la cual no se tuvo en cuenta el llamado en garantía” (fls. 279 a 283 cdno. ppal.).
III. RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión anterior, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que no incurrió en falla del servicio alguna, toda vez que sus actuaciones y decisiones estuvieron ajustadas a la ley y que “no hubo error jurisdiccional, ni mucho menos una privación injusta de la Libertad (sic), lo que se presento (sic) en el caso de marras es una interpretación de la norma con base en el principio de autonomía e independencia de los jueces en aplicación de la Ley (sic); por ello se configura una causal de ausencia de responsabilidad”.
Luego de referirse a las providencias que profirió el Juzgado de Ejecución y Medidas de Seguridad de Buga en torno a las solicitudes de rebaja y dosificación de la pena solicitadas por el demandante, señaló que dichas decisiones estuvieron fundamentadas en las normas procesales penales vigentes en ese momento, ya que la ley 906 de 2004 comenzó a regir en el departamento del Valle del Cauca a partir del 1º de enero de 2006.
Adujo que, de conformidad con la Constitución Política, uno de los principios del Estado social de derecho es el de la autonomía y la independencia de los jueces y, en virtud de dicho principio, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga negó las peticiones realizadas por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera durante 2005, por cuanto consideró que para esa fecha no se podían aplicar las rebajas y beneficios establecidos en la ley 906 de 2004, ya que para entonces no había comenzado a regir esa ley en el departamento del Valle del Cauca.
Explicó que era jurídicamente válida la interpretación de las normas penales realizada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, ya que en esa región operaba la ley 600 de 2000 con un sistema penal mixto y, si hubiera aplicado aquella otra ley en 2005, hubiera prevaricado, pues dicha para ese año ésta no tenía vigencia en ese distrito judicial.
Arguyó que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga no incurrió en error judicial alguno, pues lo que se presentó en este caso fue una diversidad de criterios jurídicos, los cuales estaban soportados en dos interpretaciones distintas respectos de la vigencia de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 en el departamento de Valle del Cauca.
Concluyó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que se configure el error jurisdiccional la actuación de la autoridad judicial debe ser subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso, circunstancias que no se presentaron en este caso; por el contrario, las decisiones proferidas por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga estuvieron acordes con la Constitución y con las normas penales vigentes en el momento de los hechos (fls. 289 a 297 cdno. ppal).
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA:
El recurso de apelación fue concedido por el a quo el 4 de julio de 2012 y se admitió en esta Corporación el 28 de septiembre siguiente (fl. 328 cdno. ppal.).
En el traslado para alegar de conclusión, la parte demandante reiteró los argumentos que expuso en la demanda y agregó que se demostró que fueron erradas las providencias proferidas por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, mediante las cuales se negaron la rebaja de pena y los beneficios legales solicitados durante 2005 por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera.
Adujo que, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el principio de favorabilidad debió aplicarse desde el primer momento en el que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó la reducción y la redosificación de su condena.
Explicó que, si bien para la implementación del sistema penal acusatorio el legislador sectorizó el país por razones de logística y socialización de este nuevo modelo de justicia penal, la Constitución Política estableció el principio de favorabilidad para que éste fuera aplicado en situaciones particulares y puntuales como la que tenía el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera.
Concluyó que se debía confirmar la sentencia de primera instancia y, en caso de que fuera posible, se aumentaran los perjuicios morales y materiales reconocidos por el a quo en la sentencia impugnada (fls. 337 a 342 cdno. ppal.).
La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio, según se observa en el informe secretarial que obra en el folio 344 del cuaderno principal.
V. CONSIDERACIONES:
Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 26 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Cuestión preliminar
Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, la Rama Judicial tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.
2. Competencia y ejercicio oportuno de la acción.
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., toda vez que la providencia mediante la cual se concedió la libertad inmediata por pena cumplida al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera fue proferida el 7 de abril de 2006 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2007.
3. objeto del recurso de apelación
El recurso de apelación formulado por la parte demandada pretende que se revoque la sentencia de primer instancia y, en su lugar, se declare que ella no tiene responsabilidad alguna por la prolongación indebida de la privación de la libertad del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, por cuanto las decisiones proferidas por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle) estuvieron acordes a derecho.
Así las cosas, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto de la responsabilidad del llamado en garantía, por cuanto dicho aspecto no fue materia de impugnación y centrará su estudio únicamente en el asunto que fue objeto del recurso de apelación, esto es, el referido a la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial.
Bajo esta perspectiva, el recurso de apelación se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo cual se deberá resolver la impugnación en los términos previstos en el artículo 357 del C. de P. C., el cual, en lo pertinente, dice que:
“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla” (negrillas adicionales).
En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la que la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem ‘tantum devolutum quantum appellatum’”.
En cuanto a la aplicación del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación, la Sección Tercera, en sentencia de 20 de mayo de 2009 (expediente 16.925), precisó:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
No obstante, la Sala revisará los perjuicios materiales e inmateriales reconocidos por el a quo, con observancia del principio de la non reformatio in pejus que le asiste a la Rama Judicial en su condición de apelante única y conforme a lo dicho en la sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
4. La causa petendi
Se recuerda que los actores pretenden que se declare a la demandada patrimonialmente responsable de los perjuicios morales y materiales que les fueron irrogados como consecuencia de la prolongación de la privación de la libertad que sufrió el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, pues afirmaron que durante 2005 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga negó las solicitudes de rebaja y redosificiación de la penal hechas por el señor Quintana Herrera, por cuanto consideraba que para el cumplimiento de la pena debía aplicarse la ley 733 de 2002 y no la 906 de 2004, puesto que esta última entraba en vigencia el 1º de enero de 2006 en el departamento del Valle del Cauca.
En consecuencia, mediante providencia de 7 de abril de 2006, el mencionado despacho judicial, en aplicación del principio de favorabilidad establecido en la referida Ley 906 de 2004, le otorgó al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera rebajas de pena por sentencia anticipada y por trabajo y estudio y, como consecuencia de ello, ordenó su libertad inmediata por pena cumplida.
Bajo esta perspectiva, es claro que la causa petendi invocada en la demanda está encaminada solamente a reprochar el período en el cual el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera estuvo detenido por no habérsele otorgado los beneficios de reducción y dosificación de la pena establecidos en la Ley 906 de 2004, situación que constituye un aspecto esencial que fue invocado de manera autónoma por la parte demandante y al cual el juez de segunda instancia debe ceñirse para efectos de proferir la sentencia que en derecho corresponda.
Sobre la causa petendi la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, carece por completo, en las actuaciones de que conoce de facultades para variar la que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y en los medios de convicción regular y oportunamente allegados al plenario.
5. Hechos probados
5.1. El 27 de enero de 2003, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera fue capturado en flagrancia, en instantes en que, a nombre del frente 50 de las FARC, llamaba al señor Luis Ángel Pérez Marín para exigirle la suma de $20’000.000, a cambio de no atentar contra su vida e integridad física y de no hacer explotar un cilindro bomba en su residencia (fls. 14 y 15 cdno. 2).
5.2. En diligencia de 6 de marzo de 2003, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera aceptó el cargo de extorsión que la Fiscalía le imputó y se sometió a sentencia anticipada (fls. 39 a 43 cdno. 2).
5.3. Mediante sentencia de 31 de marzo de 2003, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia (Quindío) condenó a 6 años de prisión al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, por el delito de extorsión en el grado de tentativa, le negó la rebaja de pena por acogimiento de sentencia anticipada y el otorgamiento de sustitutos penales, en aplicación del artículo 11 de la ley 733 de 2002 (fls. 47 a 58 cdno. 2).
5.4. En escrito de 25 de mayo de 2004, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales que le concediera el beneficio de detención domiciliaria establecido en el artículo 38 de la ley 750 de 2002 (fls. 65 y 66 cdno. 2).
5.5. A través de providencia de 13 de julio de 2004, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales negó la petición del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, argumentando que el artículo 11 de la ley 733 de 2002 prohibía reconocer beneficios y subrogados penales para algunos delitos, entre éstos, el de extorsión (fls. 85 a 88 cdno. 2).
5.6. Mediante escrito (no se observa la fecha) el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales que redosificara su pena (fl. 92 cdno. 2).
5.7. En providencia de 12 de octubre de 2004, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales señaló que el competente para continuar con la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera era el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle) (fl. 95 cdno. 2).
5.8. El 12 de octubre de 2004, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales informó al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Caicedonia (Valle) que, por razones de competencia, a partir de ese día el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera quedaba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga (Valle) (fl. 96 cdno. 2).
5.9. Mediante providencia de 4 de noviembre de 2004, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga negó la solicitud de redosificación y rebaja de pena por sentencia anticipada, formulada por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera (fls. 102 a 105 cdno. 2).
5.10. En escrito de 11 de enero de 2005, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga que redosificara su pena, teniendo en cuenta las rebajas por sentencia anticipada y confesión, así como los beneficios y subrogados penales establecidos en la ley 906 de 2004 (fls. 110 a 114 con. 2).
5.11. En auto de 15 de febrero de 2005, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga dijo (se transcribe tal como obra en el expediente):
“Por no existir tránsito legislativo favorable para el Delito de EXTORISION, en la ley 906 de 2004, Nuevo C.P.P. y artículo 5 de la Ley 890 de 2004, que modificó el Art. 64 del C.P., el condenado GERARDO DE JESUS QUINTANA HERRERA, no tiene derecho a rebaja de pena por confesión y sentencia anticipada por tanto no es de aplicación el principio de favorabilidad, por expresa prohibición legal contenida en el Art. 11 de la Ley 733 de 2002, vigente a la presente fecha.
“(…)
“ 8. RESUELVE
“PRIMERO: DECLARAR que el sentenciado GERARDO DE JESUS QUINTANA HERRERA, condenado por el delito de EXTORSION no tiene derecho a rebaja de pena por sentencia anticipada y confesión, por inexistencia de tránsito legislativo favorable por tanto imposibilidad de aplicar el principio de favorabilidad, de conformidad a la parte motiva de este proveído” (fls. 117 a 122 cdno. 2).
5.12. El 29 de marzo de 2005, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera nuevamente le solicitó al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga que redosificara su pena, teniendo en cuenta las rebajas por sentencia anticipada, trabajo y estudio establecidas en la ley 906 de 2004 (fls. 126 a 128 cdno. 2).
5.13. Mediante providencia de 3 de mayo de 2005, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga decidió no conceder la rebaja de pena por trabajo y por sentencia anticipada, ni la libertad condicional solicitada por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, para lo cual se fundamentó en lo siguiente (se transcribe literal):
“Vigencia del Art. 11 de la ley 733 de 2002
“Como se ha manifestado en interlocutorio anterior, la Ley 733 de 2002, en especial el art. 11, se encuentra vigente, pues este no ha sido derogado con el advenimiento de la ley 906 de 2004, nuevo código de procedimiento penal. Dicho en otras palabras, esta norma estaba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos en el presente caso y sigue estando vigente en la vigencia del nuevo procedimiento penal. Esto es, está vigente la prohibición de conceder rebajas de pena por sentencia anticipada y por confesión, por ende rebaja de pena por trabajo, estudio y enseñanza como se ha dicho en otras oportunidades, hoy confirmada por la H. Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en el auto antes descrito.
“(…)
“Por lo expuesto, es oportuno y necesario referirse que este despacho judicial si bien respeta, no comparte la posición de la H. Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, juez que en reciente sentencia proferida el 26 de enero de 2005, por la cual confirmó auto de 17 de noviembre de 2004, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Pasto (Nariño), en el que se concedió rebaja de pena a un condenado por el delito de extorsión; tal decisión se fundamentó así:
“(…)
“Nuestro desacuerdo con esta posición radica primordialmente, en que aquella, va en contravía de lo dicho por la H. Corte Constitucional en la jurisprudencia indicada, jurisprudencia que por demás es de cierre jurídico, toda vez que se trato de una demanda de exequibilidad del art. 11 de la LEY 733 DE 2002y por cuanto se pretende aplicar la rebaja de pena por trabajo, estudio o enseñanza, a través de considerar esta como un DERECHO y no como BENEFICIO LEGAL, sin mayor análisis ni fundamento jurídico.
“(…)
“Por las premisas anotadas, el juzgado no comparte con los criterios aducidos por la defensa, ni con los criterios de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Pasto, pues el respeto al principio de seguridad jurídica establecido en el precedente jurisprudencial Constitucional y Local, nos llevan a negar la concesión de rebaja de pena por sentencia anticipada y libertad condicional, salvo el mejor criterio de nuestro superior funcional, en caso de recurrir en apelación” (fls. 170 a 181 cdno. 2).
5.14. Mediante providencia de 7 de abril de 2006, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga señaló (se trascribe tal como obra en el expediente, incuso los errores):
“En resiente Sentencia de Casación No. 24052 de 14/03/05 la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con voz de autoridad, dejó establecido:
“(…)
“A su turno la H. Corte Constitucional, mediante sentencias T- 1211-05 Y T 091-06, declaro procedente la rebaja de pena por sentencia anticipada de los artículos 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 por favorabilidad a los condenados con base en el art. 40 de la Ley 600 de 2000.
“4.2. DEL CASO BAJO ESTUDIO
“4.2.1. CONCEDE REDENCIÓN DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO
“Desaparecida la prohibición del art. 11 de la Ley 733 de 2002, de conformidad a lo dispuesto en la norma aludida, el peticionario tiene derecho a redención de pena al equivalente a 7 días por 84 horas de Estudio y 13 meses y 3 días por 6.288 horas de trabajo, la que se suma al descuento físico.
“4.1.1. CONCEDE REBAJA DE PENA POR SENTENCIA ANTICIPADA
“Igualmente declarada insubsistente la prohibición del art. 11 de la Ley 733 de 2002 y aparejada la decisión de la H. Corte Constitucional, en cuanto a la procedencia de la rebaja de pena del art. 351 de la Ley 906 de 2004 por favorabilidad para condenados con base en el art. 40 de la Ley 600 de 2000, este despacho concede rebaja de pena por sentencia anticipada al condenado hasta la mitad.
“El juez de la causa impuso pena de 6 años, fijando la misma en el limite inferior del primer cuarto punitivo, negó al condenado la rebaja de pena por sentencia anticipada por prohibición del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, ahora desaparecida la prohibición, procede a efectuar la rebaja de pena en la mitad, esto es en 3 años, para quedar la pena redosificada en definitiva en TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN Y 150 S.L.M.V.
“4.2. LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA
“Por cuenta de este asunto la persona condenada se encuentra privada de su libertad desde el día 28/01/03 al día de hoy 7/06/06, a purgado pena física de 36 meses y 10 días, lapso de tiempo que sumado a las redención de pena reconocidas (13 meses 3 días y 7 días) arroja un total de CINCUERNTA Y UN (51) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.
“La persona condenada purga pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN (36 MESES), lo que indica que esta pena a sido cumplida en su totalidad con la nueva dosificación y rebaja de pena por estudio y trabajo, por tanto se ordenará la LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA
“En mérito de los expuesto, EL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD BUGA .VALLE.
5. RESUELVE
“Primero.- RECONOCER en favor del señor GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA redención de la pena en el equivalente a SIETE (7) DIAS por 84 horas de estudio y el equivalente a TRECE (13) MESES Y TRES (3) DIAS por 6.288 horas de trabajo y abonar dicho lapso de tiempo al que lleva en detención física.
“Segundo.- DECLARAR que por el delito de EXTORSION DE GRADO DE TENTATIVA, al sentenciado GERARDO DE JESÚS QUINTANA HERRERA, le corresponde purgar sanción de TRES (3) AÑOS (36 meses), por aplicación retroactiva y favorable del artículo 351 de la Ly 906 de 2004, de conformidad con la parte motiva de este proveído.
“Tercero.- DECLARAR que a la fecha de este proveído el sentenciado GERARDO DE JESUS QUINTANA HERRERA, ha purgado un total de CINCUENTA Y UN (51) MESES Y VEINTE (20) DIAS, superando la pena de 36 meses hoy redosificada.
“Cuarto.- CONCEDER a GERARDO DE JESUS QUINTANA HERRERA, la LIBERTAD INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA. En consecuencia, librar Despacho comisorio VIA FAX con destino al señor Juez Penal Municipal de Caicedonia, Valle, para la notificación de este auto, quien EXPEDIRA boleta de Excarcelación con destino al señor Director de la Cárcel de Caicedonia, Valle, con la advertencia de que la misma se hará efectiva siempre y cuando el señor GERARDO DE JESUS QUINTANA HERRERA no sea requerido por otra autoridad judicial en asunto diferente” (fls. 10 a 15 cdno. 1).
6. Valoración probatoria y conclusiones.
De las pruebas transcritas se colige que: i) el 27 de enero de 2003, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera fue detenido en flagrancia mientras realizaba una llamada extorsiva, ii) en diligencia de 6 de marzo de 2003, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera aceptó el cargo de extorsión imputado por la Fiscalía y se sometió a sentencia anticipada, iii) en sentencia de 31 de marzo de 2003, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia lo condenó a 6 años de prisión por el delito de extorsión en grado de tentativa y, en aplicación del artículo 11 de la ley 733 de 2002, le negó la rebaja de pena por sentencia anticipada y el otorgamiento de sustitutos penales, iv) mediante providencia de 12 de octubre de 2004, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales señaló que el competente para continuar con la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera era el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle), v) desde el 11 de enero de 2005 hasta abril de 2006, el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera solicitó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga que redosificara su pena, teniendo en cuenta las rebajas por sentencia anticipada, trabajo y estudio, previstas en la ley 906 de 2004, vi) mediante varias providencias, el mencionado juzgado negó la rebaja de pena solicitada por el demandante y vii) el 7 de abril de 2006, en aplicación de los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la ley 906 de 2004, le concedió los beneficios de rebaja de pena por sentencia anticipada y redención de la pena por trabajo y estudio y, en consecuencia, ordenó su libertad por pena cumplida.
Así, pues, la Sala realizará el análisis de imputación, con miras a determinar si aquél es imputable a los demandados o si por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de terceros o de la propia víctima.
6.1. La responsabilidad de la Rama Judicial
Con fundamento en el material probatorio que obra en el proceso, se observa que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga en varias ocasiones negó rebajar la pena por sentencia anticipada y los sustitutos penales solicitados por el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, con fundamento en que el artículo 11 de la ley 733 de 2002 prohibía conceder dichos beneficios a las personas que cometieran el delito de extorción; no obstante, dichas decisiones se profirieron sin tener en cuenta el principio de favorabilidad previsto en el artículo 6 de la Ley 906 de 2004, el cual para esa fecha ya había entrado en vigencia en el distrito judicial de Armenia, según el artículo 530 de la mencionada ley, el cual establecía:
“ARTÍCULO 530. SELECCIÓN DE DISTRITOS JUDICIALES. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
“En enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.
“Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de enero de 2008”.
Al respecto, es menester señalar que, si bien desde el 12 de octubre de 2004, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle) era el despacho judicial competente para continuar con la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera y, de conformidad con la norma transcrita, en ese distrito judicial el sistema penal acusatorio comenzó a aplicarse el 1º de enero de 2006, lo cierto es que el delito por el cual fue condenado el demandante fue cometido en Armenia (Quindío) y en ese distrito judicial dicho sistema establecido en la ley 906 de 2004 comenzó a regir el 1º de enero de 2005.
En relación con esto último está demostrado que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales (distrito judicial en el que también comenzó a operar la ley 906 de 2004 el 1º de enero de 2005) era el encargado de vigilar la ejecución de la pena impuesta al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, pero, en virtud del artículo 1º del Acuerdo 54 del 24 de mayo de 1994, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dicha obligación la asumió el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga.
Bajo esta perspectiva, es necesario determinar si el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga estaba obligado a aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 6 de la Ley 906 de 2004 o si, por el contrario, debía seguir aplicando el artículo 11 de la ley 733 de 2002.
El material probatorio reseñado en el acápite de hechos probados evidencia que el proceso penal adelantado contra el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera se rigió por el procedimiento establecido en la Ley 733 de 2002; no obstante, en el momento en que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga resolvió las peticiones de rebaja de pena por sentencia anticipada y los beneficios penales de redención de la pena por trabajo y estudio elevadas por el sindicado, ya había entrado a regir en Armenia (lugar en donde se cometió el delito) la Ley 906 de 2004, lo que significa que para ese momento estaban coexistiendo dos normativas distintas, situación que hacía imperativo que el operador judicial determinara cuál de las dos le era más favorable al sindicado.
Al respecto, debe decirse que la Corte Constitucional ha determinado ciertos presupuestos que deben ser cumplidos al momento de aplicar el principio supra legal de la favorabilidad, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera:
“i) la puesta en marcha gradual del sistema acusatorio de acuerdo con el programa de implantación previsto en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004 condujo a una situación particular, en la cual coexisten dos procedimientos distintos y excluyentes que se aplican en el país según la fecha y el lugar de comisión del delito: el establecido en la normatividad anterior, a casos por conductas realizadas antes del 1º de enero de 2005 o a partir de esta fecha en Distritos Judiciales donde no opere el sistema acusatorio; y, el nuevo, para delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 en los Distritos Judiciales seleccionados para comenzar y gradualmente en los demás; ii) Sin que ello signifique descartar la posibilidad de que ciertas normas procesales de efectos sustanciales consagradas en la Ley 906 de 2004 sean aplicadas en razón del principio de favorabilidad en las actuaciones penales que se rigen por la Ley 600 de 2000; iii) en punto al principio de favorabilidad la Ley 906 de 2004 podría ser aplicada con efectos retroactivos respecto de situaciones anteriores a su vigencia, a condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos; iv) con la anterior interpretación resulta igualmente protegido el derecho fundamental de igualdad de la personas ante la ley, pues todo aquél que se encuentre en la misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho, lo cual opera tanto para quienes cometieron el delito antes de entrar en vigor la Ley 906 de 2004 en cualquier lugar del país, como para aquellos que delinquieron o delincan en vigencia de la referida normatividad” (resalta la Sala).
En sentencia de 19 de julio de 2005 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de favorabilidad expuso:
“Si se retoma este análisis es porque nos permite concluir que, independientemente del efecto gradual o inmediato previsto para la vigencia de ciertas normas penales de contenido sustancial, el principio de favorabilidad operará siempre y en todos los casos como garantía de aplicación de la norma más benigna, pues aunque tradicionalmente se ha entendido que la operatividad del concepto supone la sucesión de leyes en el tiempo con influencia en una misma situación fáctica y jurídica, la Constitución no descarta que una norma que en principio no está concebida para regular el caso concreto, pueda irradiarle sus efectos benéficos, porque la definición fundamental de la garantía, a saber ‘la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable’, no restringe su eficacia a los casos en que se dé una determinada sucesión de leyes” .
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha destacado que la aplicación del principio de favorabilidad tiene raigambre constitucional pues no solo se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento por indicación expresa del artículo 29 de la Carta Política, sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia que integran nuestro bloque de constitucionalidad; al respecto, la Corte señaló:
“El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley. (…) Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales”.
Con base en las reglas jurídicas expuestas, para la Sala es claro que, en las providencias de 15 de febrero y 3 de mayo de 2005, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga incurrió en una falla en el servicio, por omisión, pues, en lugar de aplicar el artículo 6 de la Ley 906 de 2004 y conceder al sindicado los beneficios de rebaja de pena por estudio y trabajo y la disminución de la pena por sentencia anticipada, prevista en los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la ley 906 de 2006, se negó a ello y mantuvo al acá demandante privado de su libertad, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la ley 733 de 2002.
Nótese cómo, para otorgar los beneficios de rebaja de pena por estudio y trabajo y la disminución de la pena por sentencia anticipada, el referido Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en providencia de 7 de abril de 2006 –atrás transcrita en lo pertinente-, en virtud del principio de favorabilidad aplicó los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la ley 906 de 2004, lo cual evidencia que, así como aplicó dicho principio supra legal y normas en esa providencia, también pudo haberlo hecho en los proveídos de 15 de febrero y 3 de mayo de 2005, con lo cual se hubiera evitado el daño causado a los demandantes, consistente en la privación de la libertad del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera por un tiempo mayor al que le correspondía.
En razón a lo expuesto, la detención en establecimiento carcelario que padeció el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera tuvo dos fases: una, la comprendida entre el 27 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, la cual se encontraba en el deber jurídico de soportar, por cuanto el Juzgado Cuarto Penal de Armenia lo condenó a 6 años de prisión por el delito de extorsión en grado de tentativa y, otra, la que va desde el 1º de enero de 2005 hasta el 7 de abril de 2006, la cual es antijurídica, puesto que, al haber entrado a regir la Ley 906 de 2004 en el distrito judicial en el que se cometió el delito y se condenó al demandante, era deber del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga aplicar el principio de favorabilidad establecido en el artículo 6 ibídem y el artículo 29 de la Constitución Política, a fin de redosificar la pena impuesta al señor Quintana Herrera y evitar que se prolongara de manera injustificada la privación de su libertad.
Por las razones expuestas, se concluye que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera no estaba en la obligación de soportar la limitación del derecho a su libertad desde el 1º de enero de 2005 hasta el 7 de abril de 2006, puesto que ésta se presentó como consecuencia de una falla del servicio atribuible a la Rama Judicial, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la demandada y se reliquidarán los perjuicios morales y materiales reconocidos por el a quo, según los extremos trazados en la demanda y los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.
7. Indemnización de perjuicios
7.1. Perjuicios morales
La Sala analizará los perjuicios morales reconocidos en favor de los demandantes, teniendo en cuenta, como se advirtió en párrafos anteriores: i) el principio de la non reformatio in pejus que le asiste a la Rama Judicial por ser apelante única y ii) la sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Por la prolongación de la privación de la libertad del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, además de éste, concurrieron al proceso su esposa (Luz Marina Parra Grajales) y sus hijas (Aldamaris y Leidy Yalena Quintana Parra), según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 8 y 9 cdno. 1).
En relación con los parentescos de los demandantes con el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, obran en el proceso las siguientes pruebas:
7.1.1. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Gerardo de Jesús Quintana Herrera y Luz Marina Parra Grajales, expedida por la Registradora Municipal del Estado Civil de Anserma (Caldas) (fl. 16 cdno. 1).
7.2.2. Copia auténtica de los registros civiles de Aldamaris y Leidy Yalena Quintana Parra, en los que consta que son hijas de Gerardo de Jesús Quintana Herrera y Luz Marina Parra Grajales (fls. 17 y 18 cdno. 1).
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad; así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos.
Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, en caso de privación injusta de la libertad, la Sala de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció los siguientes parámetros:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.
Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad
Parientes en el segundo grado de consanguinidad
Parientes en el tercer grado de consanguinidad
Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo grado
Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses
50% del monto de la víctima directa
35% del monto de la víctima directa
25% del monto de la víctima directa
15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses
100
50
35
25
15
Superior a 12 meses e inferior a 18
90
45
31,5
22,5
13,5
Superior a 9 meses e inferior a 12
80
40
28
20
12
Superior a 6 meses e inferior a 9
70
35
24,5
17,5
10,5
Superior a 3 meses e inferior a 6
50
25
17,5
12,5
7,5
Superior a 1 mes e inferior a 3
35
17,5
12,25
8,75
5,25
Igual e inferior a 1
15
7,5
5,25
3,75
2,25
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera estuvo privado de la libertad en exceso durante 15 meses y 7 días y que dicha detención les produjo a él y a sus familiares cercanos un profundo dolor y aflicción, el cual debe ser resarcido, habría lugar, en principio, a reconocer una indemnización de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de cada uno de los demandantes.
Sin embargo, en virtud del principio de la non reformatio in pejus la Sala mantendrá incólumes los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de primera instancia por el a quo en favor de los señores Gerardo de Jesús Quintana Herrera, Luz Marina Parra Grajales, Aldamaris y Leidy Yalena Quintana Parra.
7.2. Perjuicios materiales -lucro cesante-
Por este concepto en la demanda se solicitó la suma de $30’000.000 en favor del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, correspondientes a las sumas que dejó de percibir durante el tiempo que se prolongó injustamente la privación de su libertad (fls. 4 cdno. 1).
El a quo indemnizó este perjuicio en la suma de $10’391.960, por cuanto consideró que, para el momento en que el señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera debía recuperar su libertad se encontraba en una edad productiva en la que podía desarrollar una actividad económica o comercial que le permitiera devengar por lo menos un salario mínimo mensual.
Asimismo, para liquidar el lucro cesante el a quo tuvo en cuenta el tiempo en el que injustamente se prolongó la privación de la libertad del actor -16 meses y 10 días- y el salario mínimo legal vigente en 2005 aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.
No obstante, tal como lo ha señalado en varias oportunidades esta Subsección, como no se probó la condición de trabajador dependiente del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera, no es procedente aumentar el salario base de liquidación en un 25%, por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales, pues el demandante no ejercía una actividad económica de manera dependiente.
Así las cosas, para establecer el lucro cesante que debe pagar la Nación –Rama Judicial-, la Sala liquidará dicho perjuicio teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia, esto es, $828.116 y el período consolidado, es decir, el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de más de su libertad (15,03 meses); pero no se tendrá en cuenta el 25% por concepto de prestaciones sociales, ni el lapso en que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a un empleo, como quiera que se demostró que el demandante no tenía vinculación laboral alguna.
Así las cosas, la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que debe reconocerse a favor del señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera se calculará así:
S = Ra (1+ i)n – 1
I
Donde Ra es el ingreso base de liquidación, i es una constante y n el número de meses a indemnizar. Aplicando la fórmula:
S = $828.116 (1+ 0.004867)15,03 - 1
0.004867
S= $12’880.650.
8. Condena en costas.
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 26 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la razones expuestas en esta providencia, excepto el numeral 3, el cual quedará así:
“3. CONDÉNASE a la Nación -Rama judicial- a pagar al señor Gerardo de Jesús Quintana Herrera la suma de $12’880.650, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante”.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 25 cdno. 1.
Folios 158 a 162 cdno. 1.
Folio 319 cdno ppal.
Expediente: 2008 00009.
Folios 10 a 15 cdno. 1.
Al respecto, ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
Expediente 05001-23-31-000-2001-03068-01 (46.005).
En igual sentido se pronunció la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016 (expediente 34.357).
“Artículo 6. LEGALIDAD. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.
“La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
“Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” (se destaca).
Folio 95 cuaderno 2.
El artículo 29 de la Constitución Política Colombiana prescribe que: “(…) En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, razón por la cual es deber del juez cuando haya coexistencia de normas, aplicar la más favorable al reo.
Reiterada por Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 8 de abril de 2008 (rad. 25.306).
Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
“Artículo 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
“También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.
“En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.
“Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.
“Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
“Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes” (se destaca).
Fecha en que comenzó a regir la ley 906 de 2004.
Como no se allegó la boleta de excarcelación del demandante, para determinar la fecha exacta en que recuperó su libertad, se tendrá en cuenta la fecha de la providencia en la cual se ordenó su libertad por pena cumplida (7 de abril de 2006) (folio 359 c.1.
Expediente 05001-23-31-000-2001-03068-01 (46.005).
Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.
Sentencia de 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.
Expediente: 27.709, actor: Adriana Cortés Pérez y otras
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017 (exp. 51.017) y sentencia de 28 de marzo de 2019 (exp. 61.683), entre otras.
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