RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2009-00186-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00186-01

Responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad: posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Carlos Alberto Zambrano Barrera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00186-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero.- MODIFÍCANSE las condenas impuestas en los numerales 3, 4 y 5 de la sentencia del 31 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así: “3. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ, por concepto de daño emergente, la suma de $16’080.717,22. “4. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ, por concepto de lucro cesante, la suma de $12’428.440,61. “5. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a las siguientes personas, por concepto de perjuicios morales, las sumas que pasan a indicarse: Francisco Javier Gómez Gómez (afectado directo) 70 smlmv Julio César Gómez Muñoz (hijo) 50 smlmv Gisela Andrea Gómez Muñoz (hija) 50 smlmv Martha Elena Gómez Muñoz (madre) 40 smlmv Ana Rocío Gómez Gómez (hermana) 40 smlmv Segundo.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Esther Julia Muñoz Urbano. Tercero.- CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia consultada. Cuarto.- DESE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Quinto.- Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2009-00186-01

Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

24 de mayo de 2018

REPARACIÓN DIRECTA - Condena

SÍNTESIS DEL CASO: El demandante fue capturado y vinculado a un proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio en la modalidad de tentativa, por esto se le impuso medida de aseguramiento, que lo mantuvo privado de la libertad hasta la terminación del proceso con absolución en sentencia judicial

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / PRIMERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Restrictiva y absoluta / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por error judicial / ERROR JUDICIAL - Error del juez / INVESTIGACION DEL DELITO - Indicios serios / ABSOLUCION FINAL - Indebida detención

[A] pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. (…) las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión (…) En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Preceptos / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Absolución. Acreditación. Supuestos / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Segunda línea jurisprudencial / SEGUNDA LINEA JURISPRUDENCIAL - Responsabilidad objetiva / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción / ERROR JURISDICCIONAL - No se debe demostrar / ILEGALIDAD EN LA ADOPCION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - No se debe demostrar para que proceda la responsabilidad

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención. En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la irrelevancia de estudiar la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa, consultar sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. En relación con la acreditación del error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención, ver sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Tercera línea jurisprudencial / TERCERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Moderó la primera línea jurisprudencial / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Ampliación de los tres supuestos / PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO - Aplicación

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11754

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Código de Procedimiento Penal artículo 414 / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación del régimen objetivo / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Exoneración por causales distintas a las previstas en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración del daño / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Causales exonerativas de responsabilidad

En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. (…) Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la causal de justificación de estado de necesidad, consultar sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15980

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL / PROCESO PENAL - Sentencia absolutoria

[L]a privación de la libertad de Francisco Javier Gómez Gómez ocurrió del 4 de noviembre de 2004 al 15 de febrero de 2006 (15,36 meses), sindicado de la comisión de los delitos de tentativa de homicidio agravado e incendio. (…) aunque en la providencia del 9 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado sostuvo que aplicó el principio del in dubio pro reo para absolverlo de responsabilidad penal, lo cierto es que lo que pasó realmente fue que no se pudo establecer que el señor Gómez Gómez los cometió; en efecto, recuérdese que, según esa misma providencia, “debe reconocerse la manifiesta incertidumbre que ha desvanecido el objeto del proceso” puesto que “la falta de prueba directa no fue suplida con otros medios suficientes que apuntaran con certeza hacia la identidad de los agresores”, es más, respecto del aquí demandante dijo que ni siquiera “se logró demostrar ni su comportamiento antecedente, ni mucho menos su participación intelectual” así como “tampoco se demostró en el grado de certeza que hubiese tenido ingerencia (sic) en los mismos”. Así, con lo hasta aquí expuesto, se evidencia que la situación descrita involucra uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, cual es que el sindicado no cometió los delitos. Entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la consiguiente restricción de la libertad de la cual fue objeto el demandante constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después de la investigación penal a la cual fue vinculado el señor Francisco Javier Gómez se mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo amparaba, ya que el Estado no la desvirtuó.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-00186-01(48432)

Actor: FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Resuelve la Sala el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la sentencia del 31 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se decidió:

“1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

“2. DECLARAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ.

“3. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ por concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de doce millones setecientos veintiséis mil ciento veintitrés pesos ($12’726.123,00) M/cte.

“4. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ por concepto de LUCRO CESANTE la suma de once millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos ocho pesos ($11’754.308,00) M/cte.

“5. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a los demandantes por concepto de PERJUICIOS MORALES, el equivalente en pesos, (sic) las siguientes sumas: al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ (afectado directo), una suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a ESTHER JULIA MUÑOZ URBANO (Compañera (sic) permanente del afectado directo), una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a JULIO CESAR GÓMEZ MUÑOZ y GISELA ANDREA GÓMEZ (Hijos (sic) del afectado directo), para cada uno la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes, (sic) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a MARTHA ELENA GÓMEZ MUÑOZ (Madre (sic) del afectado directo), una suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a ANA ROCIO (sic) GÓMEZ GÓMEZ (hermana del afectado directo), una suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes, (sic) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

“6. EXONÉRASE a la Nación – Rama Judicial, de toda responsabilidad administrativa por los hechos a que se refiere el presente proceso.

“7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.

I. ANTECEDENTES

1. El 1º de febrero de 2008, los señores Francisco Javier Gómez Gómez, Esther Julia Muñoz Urbano (actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor Julio César Gómez Muñoz), Gisela Andrea Gómez Muñoz, Martha Elena Gómez Muñoz y Ana Rocío Gómez Gómez, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad del primero de ellos, ocurrida entre el 4 de noviembre de 2004 y el 15 de febrero de 2006.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a pagarles, por perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes. Para el afectado directamente con la medida, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, pidieron $25’000.000 y, por lucro cesante, $20’000.000.

Como fundamento de las pretensiones, narra la demanda que, el 4 de noviembre de 2004, Francisco Javier Gómez Gómez fue privado de la libertad, sindicado de las conductas punibles de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir e incendio.

El 29 de junio de 2005, la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cali lo llamó a juicio como presunto coautor del delito de homicidio agravado, en la modalidad de tentativa e incendio.

El 9 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali lo absolvió de los cargos imputados y quedó en libertad el 15 de febrero siguiente.

Durante todo ese tiempo que permaneció privado de la libertad, los demandantes sufrieron unos perjuicios que deben ser reparados (folios 117 a 119 del cuaderno 1).

2. La demanda fue admitida mediante auto del 3 de marzo de 2008 y su adición por el del 8 de agosto del mismo año, providencias notificadas en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (folios 62,63, 66, 67, 101, 106 y 107 del cuaderno 1).

3. En el término de fijación en lista para dar contestación a la demanda, las partes se pronunciaron así:

3.1. El apoderado de la Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existió falla del servicio de la que se evidencie alguna conducta anormalmente deficiente, abiertamente ilegal u ostensible y manifiestamente errada del funcionario instructor, por lo que la privación de la libertad del actor no fue injusta, sino que era una carga que estaba en la obligación de soportar, dados los indicios de responsabilidad en su contra.

Aseguró que la imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor Gómez Gómez se ajustó a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley vigente al momento de los hechos, es decir, se le respetó el debido proceso.

Manifestó también que la absolución a favor del sindicado no genera, “per se”, derecho a reclamar indemnización, pues, de ser así, ello implicaría desconocer la naturaleza y la esencia de la función jurisdiccional, la autonomía e independencia del funcionario instructor y la potestad punitiva del Estado.

Sostuvo que la absolución del sindicado no ocurrió por la configuración de alguno de los supuestos del artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal sino en aplicación del principio del in dubio pro reo, por lo que su privación de la libertad no fue injusta.

Aseguró que no incurrió en ninguna infracción a la Constitución ni a la ley, puesto que son éstas, precisamente, las que le imponen la obligación de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando medidas de aseguramiento.

Dijo que para proferir resolución de acusación no es necesaria la existencia de pruebas que conduzcan a la certeza de la responsabilidad penal del sindicado, ya que ese grado de convicción sólo es necesario para proferir sentencia condenatoria.

Expresó que, en caso de resultar condenado el Estado por estos hechos, la condena debía recaer en la Fiscalía General de la Nación, la cual está dotada de autonomía administrativa y presupuestal, por cuanto fue quien investigó y le impuso la medida de aseguramiento al demandante.

Propuso la excepción innominada, esto es, la que el juez encuentre probada (folios 130 a 144 del cuaderno 1).

3.2. El apoderado de la Fiscalía General del Nación sostuvo que no incurrió en ninguna infracción a la Constitución ni a la ley, puesto que son ellas, precisamente, las que le imponen la obligación de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando medidas de aseguramiento, de manera que no se podía esperar una actuación diferente del funcionario instructor sin incurrir en una violación a la misma ley.

Propuso la excepción del hecho de un tercero, por cuanto la investigación que adelantó en contra del aquí demandante inició con fundamento en la declaración que rindió una persona bajo la gravedad de juramento, quien lo acusó de ser uno de los partícipes de los delitos en averiguación (flios 165 a 171 del cuaderno 1).

4. Mediante auto del 23 de octubre de 2009, se abrió el proceso a pruebas. El 24 de abril de 2012 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fracasó por cuanto las partes no lograron ningún acuerdo y, el 27 de abril siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto (folios 173 a 175, 217 a 219 y 227 del cuaderno 1).

5. En el término del traslado para presentar alegatos de conclusión, las partes se pronunciaron así:

5.1. La apoderada de la Fiscalía General del Nación reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y agregó que la detención del actor no fue injusta, por cuanto su absolución se dio por dudas, por falta de pruebas y de certeza para condenar.

Solicitó negar los perjuicios materiales solicitados por no estar acreditados y consideró excesivos los morales solicitados (100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes), por cuanto, según la jurisprudencia, dicho monto se reconoce cuando la aflicción moral reviste su mayor intensidad, cual es el caso de la muerte (folios 239 a 243 del cuaderno 1).

5.2. La apoderada de la Rama Judicial reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, a lo que agregó que debía declararse la falta de legitimación en la cusa por pasiva, por cuanto no tuvo participación en los hechos que dieron origen a este proceso y aseguró la inexistencia de los perjuicios reclamados (folios 244 y 245 del cuaderno 1).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia del 31 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la privación de la libertad del señor Francisco Javier Gómez Gómez fue injusta, pues no se demostró su responsabilidad en la comisión de los delitos imputados y, en consecuencia, no se desvirtuó su presunción de inocencia.

Reconoció, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, $12’726.123, correspondientes al valor actualizado de los honorarios pagados al abogado que lo representó en el proceso penal.

Por lucro cesante reconoció $11’754.308, correspondientes al período que estuvo privado de la libertad, teniendo como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente, más el 25% por prestaciones sociales.

Por perjuicios morales, reconoció 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el afectado directamente con la medida, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hijos y la compañera permanente y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes tanto para la madre como para la hermana (folios 330 a 355 del cuaderno principal).

III. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como la sentencia no fue recurrida y la condena impuesta en ella supera los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mediante auto del 30 de julio de 2013 el Tribunal de conocimiento dispuso tramitar el grado jurisdiccional de consulta.

IV. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

Por auto del 25 de septiembre de 2013, el Despacho avocó conocimiento del asunto en grado jurisdiccional de consulta y, en consecuencia, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (folios 373 y 374 del cuaderno principal).

4.1. En esta oportunidad, la apoderada de la Fiscalía solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en las demás etapas procesales (folios 378 a 382 del cuaderno principal).

4.2. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

Esta Corporación es competente para conocer, en grado jurisdiccional de consulta, la sentencia del 31 de enero de 2013, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en consideración a que, en los términos del artículo 184 del C.C.A., la condena impuesta supera el valor de 300 salarios mínimos legales vigentes al momento en que la sentencia fue proferida y la misma no fue objeto de recurso de apelación.

Ahora, según lo dispone la norma en mención y conforme lo ha sostenido esta Sección, la consulta se tramita a favor de la demandada, de manera que la competencia de la Sala se extiende a decidir la responsabilidad que se imputa a la administración, sin que sea viable empeorar su situación actual, igual que si ésta fuera apelante único.

Ejercicio oportuno de la acción

Como se trata de un caso de privación injusta de la libertad, el término de caducidad comienza a contarse desde la ejecutoria de la providencia que absolvió de responsabilidad penal al señor Francisco Javier Gómez Gómez, o desde cuando éste hubiera recuperado su libertad –lo último que haya acontecido-, pues solo en ese momento habría podido tornarse injusta la medida restrictiva de la libertad que se le impuso.

Como quiera que la sentencia del 9 de febrero de 2006, mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali absolvió de responsabilidad a aquel señor, quedó ejecutoriada el 28 de febrero de ese mismo año y la demanda se presentó el 1º de febrero de 2008, esto es, antes de que trascurrieran los 2 años de la caducidad, ello ocurrió en tiempo.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la imposición de una medida de privativa de la libertad a Francisco Javier Gómez Gómez, que lo privó del ejercicio de ese derecho fundamental entre el 4 de noviembre de 2004 y el 15 de febrero de 2006, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, que establece:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ARTÍCULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 ⎯y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia⎯, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..” (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión.

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente.

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención.

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”.

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.
“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”.

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".

• En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”.

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o –en la opinión de la mayoría de la Sala- porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. -sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o –en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Francisco Javier Gómez Gómez.

El caso concreto

El 4 de noviembre de 2004, el señor Francisco Javier Gómez Gómez fue capturado por miembros de la Policía Nacional y dejado a disposición de la Fiscalía Décima Especializada de Cali, según oficio de esa misma fecha y la respectiva boleta de detención.

El 10 de noviembre de 2004, la Fiscalía Décima de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados le impuso detención preventiva como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, en la modalidad de tentativa, e incendio y le negó el beneficio de la libertad provisional.

El 29 de junio de 2005, esa misma Fiscalía lo llamó a juicio por tales delitos y, el 9 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado lo absolvió de los cargos imputados por tentativa de homicidio agravado e incendio y dispuso su libertad, en los siguientes términos:

“Básicamente se observa que la falta de prueba directa no fue suplida con otros medios suficientes que apuntaran con certeza hacia la identidad de los agresores y si (sic) en cambio, se acredita que distintos intereses convergían en la causa liderada por la víctima, no solamente de parte de GOMEZ GOMEZ, sino también de otros líderes comunitarios, al igual que propietarios y la misma subversión según se ha dejado reseñado. (sic) Circunstancias que restan solidez a las inferencias presentadas por la Fiscalía para sostener la acusación.

“(…)

“De modo que valorada la prueba en conjunto tiene que admitirse que ninguna de la (sic) hipótesis planteada (sic) por la Fiscalía, resultó acreditada con la suficiencia necesaria para mutar el juicio de probabilidades en que se finco (sic) el pliego de cargos, al máximo grado de convencimiento que demanda la decisión que pone fin a la instancia. (sic).

“Razones suficientes, (sic) para impartir acogida al apotegma del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe reconocerse a favor del acusado, (sic) recordemos que si bien como señala la Fiscalía se demostró que ciertamente FRANCISCO JAVIER en el momento de los hechos se encontraba en la cancha de fútbol, también es verdad que no se logró demostrar ni su comportamiento antecedente, ni mucho menos su participación intelectual, la que (sic) dicho sea de paso, parece descabellada como lo señala el defensor, pues es desproporcionada la agresión frente a (sic) agravio y sobre todo porque involucra a personas e instituciones que nada tienen que ver con la simple retaliación por la judicialización de una situación por la que nunca le figuraron antecedentes ni tampoco fue privado de la libertad FRANCISCO JAVIER GOMEZ.

“Lo anterior significa que si bien no está plenamente descartado que el acusado sea ajeno a la actividad que da cuenta el sumario, tampoco se demostró en el grado de certeza que hubiese tenido ingerencia (sic) en los mismos.

“(…)

“En consecuencia, al proferir un fallo basado solo en estos elementos de juicio, se estaría obrando conforme a un derecho penal de ‘autor’, y no de ‘acto’, como es el nuestro, en donde el reproche penal debe estar matizado con la indagación de los componentes de orden subjetivo que rodearon la ejecución delictual, debemos reconocer que se trató de una conducta cuyos antecedentes fácticos mediatos e inmediatos no fueron fijados probatoriamente en la dimensión que requiere la decisión que pone fin a la instancia, a tal punto que nos permitiera arribar al máximo grado de convencimiento de que efectivamente el implicado fuera uno de sus gestores, permitiendo entonces el ingreso de la duda, en brecha que en este momento se convierte en insalvable.

“Siendo ello así, debe reconocerse la manifiesta incertidumbre que ha desvanecido el objeto del proceso y habrá de reconocerse a favor del imputado, profiriendo una sentencia de naturaleza absolutoria de responsabilidad penal por la anotada infracción.

“(…)

“RESUELVE:

“Primero.- ABSOLVER al señor FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ de los cargos que por el punible de HOMICIDIO AGRAVADO en GRADO DE TENTATIVA e INCENDIO, le fueron endilgados en este proceso”.

La anterior providencia cobró ejecutoria el 28 de febrero de 2006, tal como se observa en la constancia obrante a folio 48 del cuaderno 1.

Según el oficio 226-ASEJUR 11183 del 26 de noviembre de 2012, suscrito por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, Francisco Javier Gómez Gómez permaneció allí recluido del 5 de diciembre de 2005 al 15 de febrero de 2006, sindicado de cometer el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, a órdenes de la Fiscalía Décima Especializada. En la boleta de libertad, suscrita por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, también consta que dicho señor quedó en libertad el 15 de febrero de 2006.

Resulta del caso aclarar que, aunque no obre prueba en este proceso que dé cuenta de dónde permaneció recluido el señor Gómez Gómez antes del 5 de diciembre de 2005, aquél estuvo privado de la libertad desde el 4 de noviembre de 2004.

Así las cosas, se acreditó que: i) el 4 de noviembre de 2004, el señor Francisco Javier Gómez Gómez fue capturado por miembros de la Policía Nacional y dejado a disposición de la Fiscalía Décima Especializada de Cali, ii) el 10 de noviembre de 2004, la Fiscalía Décima de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados le impuso detención preventiva como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, en la modalidad de tentativa, e incendio y le negó el beneficio de la libertad provisional, iii) el 29 de junio de 2005, esa misma Fiscalía lo llamó a juicio por los mismo delitos, iv) el 9 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado lo absolvió de los cargos imputados por los delitos de tentativa de homicidio agravado e incendio y dispuso su libertad, porque no existían pruebas que dieran cuenta de que cometió los delitos endilgados y v) quedó en libertad, efectivamente, el 15 de febrero de 2006.

Así, se evidencia que la privación de la libertad de Francisco Javier Gómez Gómez ocurrió del 4 de noviembre de 2004 al 15 de febrero de 2006 (15,36 meses), sindicado de la comisión de los delitos de tentativa de homicidio agravado e incendio.

Ahora, advierte la Sala que, aunque en la providencia del 9 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado sostuvo que aplicó el principio del in dubio pro reo para absolverlo de responsabilidad penal, lo cierto es que lo que pasó realmente fue que no se pudo establecer que el señor Gómez Gómez los cometió; en efecto, recuérdese que, según esa misma providencia, “debe reconocerse la manifiesta incertidumbre que ha desvanecido el objeto del proceso” puesto que “la falta de prueba directa no fue suplida con otros medios suficientes que apuntaran con certeza hacia la identidad de los agresores”, es más, respecto del aquí demandante dijo que ni siquiera “se logró demostrar ni su comportamiento antecedente, ni mucho menos su participación intelectual” así como “tampoco se demostró en el grado de certeza que hubiese tenido ingerencia (sic) en los mismos”.

Así, con lo hasta aquí expuesto, se evidencia que la situación descrita involucra uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, cual es que el sindicado no cometió los delitos.

Entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la consiguiente restricción de la libertad de la cual fue objeto el demandante constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después de la investigación penal a la cual fue vinculado el señor Francisco Javier Gómez se mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo amparaba, ya que el Estado no la desvirtuó.

Así las cosas, resulta necesario, entonces, indemnizar a quien tuvo que soportar injustificadamente la privación de su derecho a la libertad y la afectación física, real y efectiva de sus derechos del 4 de noviembre de 2004 al 15 de febrero de 2006 (15,36 meses).

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fueron decisiones de la Fiscalía las que llevaron a que el señor Francisco Javier Gómez estuviese privado de su libertad durante 15,36 meses, hasta que se le absolvió de responsabilidad penal, porque no cometió los delitos imputados. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

En consecuencia, se impone concluir que, como lo consideró el Tribunal en la sentencia objeto de estudio en grado jurisdiccional de consulta, la privación de la libertad de Francisco Javier Gómez Gómez fue injusta.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por este concepto, la sentencia consultada reconoció 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes al afectado directamente con la medida, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la compañera permanente y a cada uno de los hijos y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la madre y a la hermana.

Sobre el particular, advierte la Sala que, en efecto, como lo advirtió el Tribunal, los registros civiles de nacimiento indicados en los pie de página acreditan que Julio César Gómez Muñoz y Gisela Andrea Gómez Muñoz son los hijos de Francisco Javier Gómez Gómez, que Martha Elena Gómez Muñoz es la madre y que Ana Rocío Gómez Gómez es la hermana.

Cosa distinta ocurrió con Esther Julia Muñoz Urbano, pues, para acreditar que era la compañera permanente de Francisco Javier Gómez Gómez, la parte demandante aportó dos declaraciones extraprocesales, las cuales no se pueden tener como medios de prueba, por cuanto no se dan los supuestos que para ello establecen los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, según los cuales este tipo de prueba sólo es admisible cuando la declaración la rinde una persona que manifieste estar gravemente enferma o cuando tenga como propósito servir de prueba sumaria en un asunto en el que la ley lo autorice, a lo que se agrega que tales declaraciones no fueron ratificadas en este proceso, de modo que se impone la negativa de su valoración.

Adicionalmente, en la diligencia de indagatoria rendida el 4 de noviembre de 2004 ante la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cali, Francisco Javier Gómez Gómez afirmó que vivía en unión libre con otra persona, cual era la señora “Claudia Patricia Mosquera”, razón suficiente para modificar en este punto específico la sentencia consultada, por cuanto no se acreditó la calidad con la que la señora Esther Julia Muñoz Urbano compareció al proceso.

Pues bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares más cercanos; además, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2014 (expediente 36.149), sugirió una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención.

En este orden de ideas y acatando la guía en mención, por el tiempo que el demandante permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario (15,36 meses), en principio, se condenaría al pago de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del afectado directamente con la medida, de su madre y de cada uno de sus hijos y de 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la hermana, por cuanto la privación de la libertad duró entre 12 y 18 meses.

No obstante, como los montos reconocidos por este concepto en la sentencia de primera instancia fueron inferiores a los que vienen de señalarse, ellos se mantendrán, por cuanto no se puede agravar la situación de la demandada.

En el caso de Esther Julia Muñoz Urbano se impone negar las pretensiones, por cuanto, como ya se dijo, no acreditó la calidad de compañera permanente con la que compareció a este proceso y tampoco hay prueba alguna que permita tenerla como tercero perjudicado.

Perjuicios materiales

Daño emergente

Por este concepto, la sentencia de primera instancia reconoció $12’726.123 correspondientes al valor actualizado de los honorarios pagados al abogado que representó al señor Gómez Gómez en el proceso penal. Como dicho valor se acompasa con la entidad del daño por el cual se solicitó indemnización, no habrá lugar a modificar en este aspecto el fallo consultado y simplemente procede la Sala a actualizarlo a la fecha de esta sentencia con la fórmula:

Vp = Vh Índice Final
Índice Inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.
Vh: valor a actualizar ($12’726.123)
Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (abril de 2018).
Índice inicial: índice de precios al consumidor de la fecha de la sentencia de primera instancia (enero de 2013).

Aplicando la fórmula:

Vp = $12’726.123 141,70
112,14

Vp = $16’080.717,22

Lucro cesante

Por este concepto, la sentencia de primera instancia reconoció $11’754.308, correspondientes al período que Francisco Javier Gómez Gómez estuvo privado de la libertad, teniendo como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente, más el 25% por prestaciones sociales.

Pues bien, advierte la Sala que si bien se acreditó con los testimonios rendidos ante el Tribunal de primera instancia el 28 de junio de 2010 por Hernán Ortega López, el 9 de julio de 2010 por Jaime Lugo Certuche Solarte y el 15 de julio de 2010 por Claudia Patricia Mosquera, que Francisco Javier Gómez Gómez se dedicaba a las labores de agricultura, lo cierto es que no se acreditó que tuviera vinculación laboral alguna y, por tanto, resulta improcedente reconocerle el 25% por concepto de prestaciones sociales.

En ese orden de ideas, se impone modificar la sentencia consultada, para liquidar este perjuicio teniendo como ingreso base de liquidación únicamente el salario mínimo legal mensual vigente para la época de la privación de su libertad (2004), es decir, la suma de $358.000, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final
Índice Inicial

Donde, Vp: valor presente de la suma a actualizar.
Vh: valor a actualizar ($358.000).
Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de abril de 2018).
Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de la privación de la libertad, esto es, noviembre de 2004.

Aplicando la fórmula:

Vp = $358.000 141,70
79,96

Vp = $634.424

Como la actualización arroja un valor inferior al salario mínimo mensual vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2018, se tendrá este último ($781.242) como ingreso base de liquidación.

Como ya se explicó, el lucro cesante se calcula desde el 4 de noviembre de 2004 hasta el 15 de febrero de 2006, tiempo durante el cual la demandante estuvo privada de la libertad, es decir, 15,36 meses.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Francisco Javier Gómez Gómez se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1
i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde a los 15,36 meses indicados en precendencia.

Aplicando la fórmula:

S = $781.242 (1+ 0.004867)15,36 - 1
0.004867

S= $12’428.440,61

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- MODIFÍCANSE las condenas impuestas en los numerales 3, 4 y 5 de la sentencia del 31 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:

“3. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ, por concepto de daño emergente, la suma de $16’080.717,22.

“4. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ, por concepto de lucro cesante, la suma de $12’428.440,61.

“5. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a las siguientes personas, por concepto de perjuicios morales, las sumas que pasan a indicarse:

Francisco Javier Gómez Gómez (afectado directo) 70 smlmv
Julio César Gómez Muñoz (hijo) 50 smlmv
Gisela Andrea Gómez Muñoz (hija) 50 smlmv
Martha Elena Gómez Muñoz (madre) 40 smlmv
Ana Rocío Gómez Gómez (hermana) 40 smlmv

Segundo.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Esther Julia Muñoz Urbano.

Tercero.- CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia consultada.

Cuarto.- DESE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto.- Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folios 354 y 355 del cuaderno principal. Conforme lo dispuso el Tribunal en la sentencia de primera instancia: “Si bien es cierto en el extremo pasivo de la relación jurídico procesal se pretendió incluir al Ministerio de Justicia y del Derecho, también lo es, que en el Auto (sic) Admisorio (sic) de la demanda, con buen criterio, solo se ordenó notificar a los representantes legales de la rama (sic) Judicial, la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Publico (sic), toda vez que los (sic) hechos de la demanda se infiere que este Organismo Superior a (sic) la Administración no tiene nada que ver con los mismos. En consecuencia (sic) el extremo pasivo de la relación lo conforman solamente la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial” (folio 330 del cuaderno principal). Folio 368 del cuaderno principal. En este sentido, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente 25.508. Folios 48 del cuaderno 1. La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.
“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros. En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Exp.: 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463. Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, exp. 7058. Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, exp. 8666. Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, exp. 10056
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107. Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo. Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980. GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996). Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997. Al efecto puede consultarse la sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional. Folio 291 del cuaderno 1. Folio 290 del cuaderno 1. Folios 294 a 302 del cuaderno 1. Folios 303 a 326 del cuaderno 1. Folios 19 a 46 del cuaderno 1. Folios 42, 43, 44 y 45 del cuaderno 1. Folio 327 del cuaderno 1. Folio 47 del cuaderno 1. Folios 19 a 46 del cuaderno 1. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), reiterada en sentencia de abril 15 de 2011 (exp. 18.284) y en sentencia de 26 de mayo de 2011 (exp. 20.299). Folios 4 y 75 del cuaderno 1. Folios 3 y 74 del cuaderno 1. Folios 5 y 73 del cuaderno 1. Folios 6 y 70 del cuaderno 1. Folios 69 y 17 del cuaderno 1. Folio 278 del cuaderno 1.

Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002 (expediente 12.076).
“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este pejuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”. Conforme quedó acreditado con la constancia suscrita por el mencionado abogado, obrante a folio 18 del cuaderno 1. Folio 1 del cuaderno 2. Folio 9 del cuaderno 2. Folio 12 del cuaderno 2.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.