Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00698-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00698-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2009-00698-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
Demandado: Fiduciaria La Previsora S.A. y otros
Referencia: Controversias contractuales – CCA
TEMAS: JURISDICCIÓN – en virtud del criterio orgánico, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conoce de las controversias y litigios derivados de contratos en los que sea parte una
entidad pública. FUERO DE ATRACCIÓN – cuando la acción es dirigida simultáneamente contra
una entidad pública y una persona de derecho privado, por un asunto del que normalmente conocería
la jurisdicción ordinaria, siempre que los hechos y pretensiones conduzcan razonablemente a pensar
que la responsabilidad del ente público puede verse comprometida, el proceso debe surtirse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – en
ejercicio de la acción de controversias contractuales, cuando se formulan pretensiones relacionadas
con un contrato de encargo fiduciario, los beneficiarios del fideicomiso cuentan con legitimación para
demandar. CONTRATO DE MANDATO –el mandato es con representación cuando el mandatario
revela su calidad ante terceros, es decir, cuando expresa que actúa a nombre del mandante, evento
en el cual este último se obliga ante los terceros, en lugar del mandatario – los efectos económicos
de la gestión desplegada por el mandatario deben reflejarse en el patrimonio del mandante, ya que
es por cuenta y riesgo de este que se realizan las labores encomendadas – el mandatario tiene la
obligación de trasladar a su mandante los resultados de su gestión. INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL – quien pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal y su
correspondiente condena debe acreditar, con suficiencia, la existencia del respectivo incumplimiento,
como ocurre con cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad contractual.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
la cual se declararon probadas, de oficio, las excepciones de falta de legitimación
en la causa por activa y de falta de jurisdicción, esta última en relación con una de
las pretensiones subsidiarias formuladas por la parte actora.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Entre 2004 y 2006, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá E.S.E. y
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. celebraron tres contratos de asociación y
cuentas en participación, para la explotación de las operaciones mercantiles
relacionadas con la atención médica y administrativa de las víctimas de accidentes
de tránsito y eventos catastróficos que ingresaran a las instalaciones del Hospital.
Para el manejo de los recursos de esta actividad, las partes suscribieron con
Fiduprevisora S.A. el contrato de encargo fiduciario de recepción, administración,
inversión y pagos No. 3-1-0020, de fecha 10 de septiembre de 2004.
Con el fin de obtener recursos para desarrollar el objeto de los contratos de
asociación y cuentas en participación, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
contrató los servicios de corretaje de la sociedad Financiamos S.A. (antes Ltda.),
para que esta la pusiera en contacto con inversionistas o comitentes que le
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
proporcionaran dinero a título de crédito o mutuo mercantil. En consecuencia, un
total de 23 particulares —personas naturales y jurídicas— otorgaron créditos a favor
de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., y celebraron un contrato de mandato con
Financiamos S.A., para que este fuera el titular de las garantías y fuentes de pago
otorgadas por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe
Uribe, y exigiera su cumplimiento. Como fuente de pago de los mutuos, y en
desarrollo del contrato de encargo fiduciario, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
y el Hospital Tomás Uribe Uribe ofrecieron la cobertura derivada de certificados
fiduciarios, los cuales fueron expedidos por Fiduprevisora S.A. a favor de
Financiamos S.A. —mandatario de los prestamistas—.
En ejercicio de la acción de controversias contractuales, los prestamistas, en
conjunto con Financiamos S.A., solicitaron que se declare a Fiduprevisora S.A., al
Hospital Tomás Uribe Uribe y a la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
solidaria y contractualmente responsables por los perjuicios ocasionados como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del contrato de encargo
fiduciario, su otrosí y los certificados fiduciarios. El Tribunal Administrativo del
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró probadas, de
oficio, las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y de falta de
jurisdicción, esta última en relación con una pretensión subsidiaria. Esta decisión
fue apelada por la parte actora, solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 14 de julio de 20091, Financiamos S.A. (antes Ltda.2) y otros3 presentaron
demanda4_5, en ejercicio de la acción contractual, en contra de Fiduciaria La
Previsora S.A. (en adelante, Fiduprevisora S.A.), de Gestión Hospitalaria de
1 Según da cuenta el sello de radicación (folio 668 del cuaderno 1A).
2 Según da cuenta el certificado de existencia y representación de Financiamos S.A., por medio de
escritura pública No. 805 de del 21 de abril de 2008 de la Notaría Veintidós de Cali, inscrita en la
Cámara de Comercio el 5 de junio del mismo año, la sociedad Financiamos Ltda. se transformó de
sociedad limitada a sociedad anónima, bajo el nombre de Financiamos S.A. (Folio 607 del cuaderno
1A). Por lo anterior, en esta providencia se hará referencia —siempre que sea posible— a
Financiamos S.A., que corresponde a la razón social de la compañía al momento de interponerse la
demanda, con independencia de la época en que los hechos hayan tenido lugar.
3 La parte demandante está compuesta por Financiamos S.A. (antes Ltda.), Distribuidora
Electrojaponés Ltda., Alba Esperanza Perdomo Toro, Amanda Villegas Gutiérrez, Barry Birmaher
Baum, Carlos Faibel Ibarra Aya, Carlos Hernando Otálora Ospina, Carmenza Romero de Escobar,
Ciro Nikaido Sakuma, Clara Inés Fernández Cabal, Clara Nikaido de Watanabe, Édgar José Yunda
Vélez, Edgar Zapata León, Gloria Mercedes Ricaurte de Engel (actuando en nombre y
representación de Elizabeth Engel Ricaurte), Germán Morimitsu Kage (actuando en nombre y
representación de Silvia Morimitsu Kuboyama), Germán Morimitsu Kage (actuando en nombre
propio), Guillermo Molta Fajardo, Guillermo Parra Álvarez, Luz Ángela Yusti Gutiérrez, Luz Ángela
Corral Prado, María Teresa Gómez Montoya, Martha Lucía Peláez Guzmán, Miguel Ángel Arce
Chávez y Roberto Castaño Velásquez.
4 Folios 610 a 668 del cuaderno 1A.
5 La demanda fue corregida mediante escrito presentado el 21 de julio de 2010, en lo que respecta
a la solicitud probatoria (Folios 734 a 736 del cuaderno 1B).
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
Colombia S.A. y del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá E.S.E. (en
lo sucesivo, el Hospital Tomás Uribe Uribe). Las pretensiones se dividieron en tres
grupos, así:
1.1.1. Como pretensiones principales, la parte demandante solicitó la declaratoria
de existencia y validez del contrato de encargo fiduciario de recepción,
administración, inversión y pagos No. 3-1-0020 de fecha 10 de septiembre de 2004,
así como su otrosí de fecha 9 de septiembre de 2005, suscritos entre el Hospital
Tomás Uribe Uribe, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y Fiduprevisora S.A.
(primera pretensión). Adicionalmente, pidió la declaratoria de existencia y validez
de los certificados fiduciarios expedidos por Fiduprevisora S.A. a favor de
Financiamos S.A., en ejecución del contrato de encargo fiduciario referido
anteriormente: (i) certificado fiduciario de fecha 15 de diciembre de 2005, por valor
de $416’000.000, y (ii) certificado fiduciario de fecha 14 de marzo de 2006, por valor
de $260’000.000 (segunda pretensión).
Por otra parte, el extremo activo solicitó declarar que Fiduprevisora S.A. obró con
culpa en la administración del encargo fiduciario denominado «Gestión Hospitalaria
de Colombia Hospital Tomás Uribe Uribe», e incumplió el contrato de encargo
fiduciario No. 3-1-0020, por las siguientes conductas: haber permitido que la
administración y recaudo de gran parte de los bienes que eran objeto del encargo
las hubieran realizado directamente los fideicomitentes, deteriorando la solvencia y
capacidad de pago del encargo fiduciario (tercera y octava pretensión); no haber
constituido diligentemente un encargo fiduciario con la totalidad de los bienes objeto
del mismo y haber desconocido las instrucciones irrevocables impartidas por los
fideicomitentes, consignadas en los certificados fiduciarios, de que primero debían
realizarse las reservas de recursos correspondientes a la deuda de Financiamos
S.A. y los gastos del fideicomiso, antes de que los remanentes quedaran a
disposición de los fideicomitentes, agregando que dichos certificados contenían
«promesas de pago» a favor de Financiamos S.A. (cuarta pretensión).
También adujo que Fiduprevisora S.A. obró con culpa en la administración del
encargo fiduciario por haber revocado los certificados fiduciarios, que eran
irrevocables, lo cual ocurrió por haber exigido a Financiamos S.A. que, para efectuar
los pagos, la solicitud la debía realizar directamente Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. (quinta pretensión); por haber desconocido la «prelación de pagos»
establecida a favor de Financiamos S.A. en los dos certificados fiduciarios, al
haberle entregado directamente a los fideicomitentes gran parte de los recursos del
encargo, que fueron utilizados por estos últimos para fines distintos a cancelar la
deuda con Financiamos S.A. (sexta y octava pretensión); y por no informar a los
fideicomitentes ni a los beneficiarios de fuente de pago que los recursos recibidos
en la cuenta del fideicomiso no eran suficientes para atender las obligaciones
respaldadas por los certificados, ni exigirles que suministraran los fondos necesarios
para cubrir las obligaciones pendientes (séptima pretensión).
Por último, alegó que Fiduprevisora S.A. incumplió «con sus obligaciones
profesionales de buena fe, información, consejo, asesoría y lealtad», al ocultarle a
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
Financiamos S.A., como beneficiario de los certificados fiduciarios, que además de
su expedición, para generar pagos, se requería de la solicitud directa de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. (novena pretensión).
Seguidamente, los demandantes pidieron declarar el incumplimiento contractual del
Hospital Tomás Uribe Uribe y de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad
de fideicomitentes, por los siguientes motivos: por haber realizado directamente la
administración y recaudo de gran parte de los bienes que eran objeto del contrato,
dando con ello lugar al deterioro de la solvencia y capacidad de pago del encargo
fiduciario (décima pretensión); por no haber transferido al encargo fiduciario la
totalidad de los bienes que debían ingresar allí, «para que estos cumplieran con la
finalidad del acto constitutivo y sirvieran como fuente de pago de las obligaciones
adquiridas con los demandantes» (décima primera pretensión); por no haber
suministrado, de su propio patrimonio, los fondos necesarios para cubrir las
obligaciones pendientes de pago con cargo al encargo fiduciario, cuando aquellos
fueron insuficientes (décima segunda pretensión); por haber actuado de mala fe,
al revocar las instrucciones que ellos mismos habían emitido mediante las cartas
que solicitaban la expedición de los certificados fiduciarios a favor de Financiamos
S.A., y al haber violado «la prelación de pagos clara y expresamente consagrada a
favor de Financiamos S.A. en los dos (2) certificados fiduciarios», ya que ellos sólo
podían recibir los remanentes que quedaran después de haberse cancelado la
deuda con Financiamos S.A. (décima tercera y décima cuarta pretensión).
Como consecuencia, solicitaron que se declare a Fiduprevisora S.A., al Hospital
Tomás Uribe Uribe y a la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., solidaria
y contractualmente responsables por los perjuicios ocasionados a Financiamos S.A.
producto del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de
encargo fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, su
respectivo otrosí y los certificados fiduciarios (décima quinta pretensión). Con
ocasión de dicha declaración, pidieron que se condenara a la parte demandada a
pagar a Financiamos S.A., a título de indemnización de perjuicios, lo siguiente: (i)
por concepto de daño emergente, la suma de $676’000.000, equivalente a los
valores prometidos por Fiduprevisora S.A. en los certificados fiduciarios de fechas
15 de diciembre de 2005 y 14 de marzo de 2006, o la suma que se llegare a
determinar, debidamente indexada; y (ii) por concepto de lucro cesante, el monto
correspondiente al perjuicio económico derivado de haber sido injustamente privado
de obtener una ganancia lícita, que, a su juicio, se refleja en las comisiones que
podría haber percibido en desarrollo de su objeto social. También solicitaron el
reconocimiento de los intereses moratorios sobre los valores relativos al daño
emergente y al lucro cesante, «a la tasa moratoria máxima efectiva anual», desde
la fecha en que terminó el contrato de encargo fiduciario hasta la fecha en que se
produjera el pago de la condena (décima sexta pretensión).
1.1.2. De manera subsidiaria a las pretensiones de condena, que en el escrito
de demanda se denominaron «primera serie de pretensiones subsidiarias», la
parte demandante, por concepto de daño emergente, solicitó el pago de
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
$653’952.545, como valor del saldo insoluto de los créditos otorgados por los
mandantes de Financiamos S.A. a Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.,
respaldados con los certificados fiduciarios (primera pretensión). Por concepto de
lucro cesante, pidió el pago de los intereses moratorios «a la tasa moratoria máxima
efectiva anual» sobre los valores relativos al daño emergente y al lucro cesante,
desde la fecha de la notificación de la demanda a los demandados hasta la fecha
en que se produjera el pago de la condena (segunda pretensión).
1.1.3. De manera subsidiaria a las pretensiones declarativas principales, que
en el escrito de demanda se denominaron «segunda serie de pretensiones
subsidiarias»6, los demandantes solicitaron que se declarara la existencia y validez
de los contratos de asociación y cuentas en participación No. 030 del 5 de agosto
de 2004, 015 del 3 de enero de 2005 y 027 del 2 de enero de 2006, así como sus
respectivos otrosíes, suscritos entre el Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. (primera pretensión), así como también que se
declarara la existencia y validez de los contratos de mutuo mercantil celebrados
entre Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y las personas naturales y jurídicas que
otorgaron créditos a esta sociedad (segunda pretensión). Pidieron, igualmente,
que se declarara que, durante la ejecución de estos contratos, el Hospital Tomás
Uribe Uribe «reveló y autorizó que se conociera su calidad de partícipe inactivo,
razón por la cual, en los términos del artículo 511 del Código de Comercio, debe
responder solidariamente» con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. por las
obligaciones adquiridas con sus prestamistas, ya que ambas sociedades solicitaron
expresamente a Fiduprevisora S.A. la expedición de los dos certificados fiduciarios
de fuente de pago a favor de Financiamos S.A. (tercera y cuarta pretensión).
Seguidamente, la parte demandante solicitó que se declarara que el Hospital Tomás
Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. son obligados solidarios de las
operaciones de crédito celebradas con los particulares prestamistas y que
«incumplieron en la devolución de los dineros entregados a título de mutuo
mercantil» (quinta pretensión). Como consecuencia, pidió que se condenara
solidariamente al Hospital Tomás Uribe Uribe y a Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. a pagar a cada uno de los particulares prestamistas, a título de indemnización
de perjuicios, lo siguiente: (i) por daño emergente, el saldo insoluto de los créditos
otorgados por los prestamistas, según la cifra correspondiente a cada uno de ellos,
que ascienda a una suma total de $653’952.545; y (ii) por lucro cesante, los
intereses moratorios sobre el crédito insoluto, «a la tasa moratoria máxima efectiva
anual», desde la fecha de vencimiento de cada operación hasta la fecha en que se
produjera el pago de la condena (sexta pretensión).
1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:
1.2.1. El Hospital Tomás Uribe Uribe y la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. celebraron los siguientes contratos de asociación y cuentas en participación:
6 Folios 618 y 619 del cuaderno 1A.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
(i) No. 030 del 5 de agosto de 2004 y su otrosí del 24 de agosto del mismo año; (ii)
No. 015 del 3 de enero de 2005 y su otrosí del 31 de enero siguiente; (iii) No. 027
del 2 de enero de 2006 y su otrosí del 28 de noviembre del mismo año. Según la
cláusula primera, común a estos contratos, su objeto consistía en desarrollar y
explotar las operaciones mercantiles relacionadas con la atención médica y
administrativa de los pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos
catastróficos que ingresaran al Hospital Tomás Uribe Uribe.
1.2.2. Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad de asociado gestor, debía
verificar que el paciente realmente fuera víctima de un accidente o evento de tal
naturaleza, así como efectuar la labor administrativa asociada a la facturación,
cobro, recaudo y manejo de cartera ante las aseguradoras del seguro obligatorio de
accidentes de tránsito (SOAT). Por su parte, el Hospital Tomás Uribe Uribe, en
calidad de asociado inactivo, se comprometió a seguir prestando el servicio de salud
a la comunidad de Tuluá, en función de la capacidad del hospital.
1.2.3. En el marco de los contratos de asociación y cuentas en participación, las
partes acordaron celebrar un contrato de «fiducia de tesorería» con Fiduprevisora
S.A., para el manejo de los recursos correspondientes a ingresos y pagos
resultantes de la ejecución del contrato de asociación y cuentas en participación.
1.2.4. El 10 de septiembre de 2004, el Hospital Tomás Uribe Uribe y la sociedad
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad de fideicomitentes, celebraron
con Fiduprevisora S.A., en calidad de fiduciaria, el contrato de encargo fiduciario de
recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, y su respectivo otrosí,
de fecha 9 de septiembre de 2005. En la cláusula primera se expresó que su objeto
era constituir un encargo fiduciario sobre los recursos entregados por los
fideicomitentes, provenientes de la ejecución de las obligaciones derivadas de los
contratos de asociación y cuentas en participación suscritos entre estos, para que
la fiduciaria procediera a su recepción, administración e inversión, y realizara los
pagos ordenados por los fideicomitentes. Según el parágrafo de dicha cláusula, el
contrato de asociación y cuentas en participación No. 030 del 5 de agosto de 2004
y su otrosí del 24 de agosto del mismo año, así como el acta de aclaración suscrita
el 8 de septiembre siguiente, hacían parte integral del contrato de encargo fiduciario.
En la cláusula segunda se pactó que los recursos del encargo fiduciario
correspondían a los dineros provenientes del pago de las facturas emitidas por los
fideicomitentes a las empresas aseguradoras y al FOSYGA. Luego, en la cláusula
décima segunda del contrato, se indicó que este era irrevocable durante su vigencia.
1.2.5. Según la demanda, el Hospital Tomás Uribe Uribe reveló expresamente su
participación en calidad de partícipe inactivo dentro de los contratos de asociación
y cuentas en participación suscritos con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 511 del Código de Comercio, se sostuvo que
el Hospital Tomás Uribe Uribe devino solidariamente responsable frente a terceros
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
por las obligaciones adquiridas por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. en la
ejecución de los contratos de asociación y cuentas en participación.
1.2.6. Con el fin de obtener recursos para desarrollar el objeto del contrato de
asociación y cuentas en participación, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
contrató los servicios de corretaje de la sociedad Financiamos S.A., para que esta
la pusiera en contacto con «inversionistas o comitentes» que le proporcionaran
dinero «a título de crédito o mutuo mercantil». Como consecuencia de la actividad
desplegada por Financiamos S.A., un total de 23 particulares —personas naturales
y jurídicas—7 otorgaron créditos a favor de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y
de la señora Claudia Jimena Cárdenas Soto, representante legal de esta sociedad.
1.2.7. Según la demanda, como garantía y fuente de pago de los créditos o mutuos
suscritos con los particulares, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital
Tomás Uribe Uribe ofrecieron la cobertura derivada de certificados fiduciarios que
se emitirían en desarrollo del contrato de encargo fiduciario de recepción,
administración, inversión y pagos No. 3-1-0020.
1.2.8. Los prestamistas suscribieron un contrato de mandato con Financiamos S.A.,
en virtud del cual encargaron a esta sociedad ser titular de las garantías y fuentes
de pago otorgadas por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y por el Hospital
Tomás Uribe Uribe, y exigir su cumplimiento. Por instrucción de los fideicomitentes,
Fiduprevisora S.A. expidió los siguientes certificados fiduciarios a favor de
Financiamos S.A., para que estos sirvieran de fuente de pago de los créditos
otorgados por los inversionistas, dentro de los cuales, según se afirmó en la
demanda, cada uno de ellos tenía una participación correspondiente al monto y
participación de su crédito:
FECHA DE EMISIÓN VALOR NOMINAL
15 de diciembre de 2005 $416’000.000
14 de marzo de 2006 $260’000.000
TOTAL $676’000.000
1.2.9. De acuerdo con las instrucciones impartidas por los fideicomitentes y
atendiendo a las promesas de pago emitidas por Fiduprevisora S.A. a favor de
Financiamos S.A., a medida que los recursos ingresaran al encargo fiduciario,
provenientes del pago de las facturas emitidas por los fideicomitentes a las
empresas aseguradoras y al FOSYGA—, «la fiduciaria estaba en la obligación de
destinarlos preferente y prevalentemente al pago de las obligaciones adquiridas por
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y/o el Hospital Tomás Uribe Uribe».
1.2.10. Debido a los incumplimientos de las promesas de pago de Fiduprevisora
S.A. a favor de Financiamos S.A., esta última, a través de petición radicada el 21 de
7 Financiamos S.A., en conjunto con los particulares prestamistas, conforman la parte demandante
en el presente proceso.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
noviembre de 2006, requirió a la fiduciaria el pago de las sumas de dinero
representadas en los certificados fiduciarios. En respuesta del 23 de noviembre de
2006, recibida al día siguiente por Financiamos S.A., Fiduprevisora S.A. manifestó
que, para poder generar los pagos requeridos, la solicitud debía ser presentada
directamente por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., que era la sociedad con la
cual Fiduprevisora S.A. había suscrito el contrato de encargo fiduciario y, además,
porque era la que fungía como ordenadora del gasto. Según la demanda, tal
respuesta a la aludida petición constituye «una clara violación de las promesas
irrevocables de pago consagradas en los certificados a favor de Financiamos S.A.
y, a su vez, una clara infracción a los deberes financieros […]».
1.2.11. En el informe de rendición de cuentas semestral, con fecha de corte al 31
de diciembre de 2006, Fiduprevisora S.A. manifestó que los ingresos obtenidos por
el encargo fiduciario desde el 10 de septiembre de 2004 —fecha de suscripción del
encargo fiduciario— hasta la fecha de corte anteriormente señalada, fueron de
$1.188’675.608. Adicionalmente, Fiduprevisora S.A. expresó que desde diciembre
de 2005 —mes en el que se emitió el primer certificado a favor de Financiamos
S.A.— hasta el 31 de diciembre de 2006, los ingresos del encargo fiduciario fueron
de $787’377.919. A pesar de lo anterior, la parte demandante indicó que, según el
mismo informe de rendición de cuentas, en concordancia con el oficio 2008EE16348
del 2 de abril de 2008, suscrito por la gerente de negocios de Fiduprevisora S.A.,
los pagos realizados por esta entidad financiera a Financiamos S.A., durante el
período comprendido desde diciembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006,
fueron los que se relacionan a continuación:
FECHA DE PAGO VALOR
25 de abril de 2006 $25’885.056
29 de marzo de 2006 $42’137.102
28 de marzo de 2006 $10.534.276
12 de diciembre de 2006 $170’000.000
TOTAL $248’556.434
1.2.12. De acuerdo con la demanda, a pesar de que Fiduprevisora S.A. tenía la
obligación de destinar los recursos recaudados por el encargo fiduciario de forma
«preferente y prevalente» para pagar sus deudas con Financiamos S.A.,
únicamente le desembolsó, durante el período comprendido entre el 1° de diciembre
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, la suma de $248’556.434, mientras que el
encargo fiduciario tuvo ingresos por valor de $787’377.919. Según la parte
accionante, Fiduprevisora S.A. procedió a «hacer entrega directa del saldo a los
fideicomitentes y a terceros, desconociendo la prelación de pagos pactada».
1.2.13. La parte actora puso de presente que Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
y el Hospital Tomás Uribe Uribe decidieron modificar el contrato de cuentas en
participación No. 027 de 2006, para que en adelante solamente el Hospital pudiera
librar y cobrar las facturas ante la aseguradora La Previsora S.A. —una de las
aseguradoras a las cuales se emitían las facturas—. Esta situación no fue
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
comunicada ni consultada a los beneficiarios de los certificados fiduciarios. En este
sentido, la parte demandante señaló que tuvo conocimiento de que el Hospital
estaba recaudando directamente las facturas a la aseguradora, de ahí que,
mediante comunicación del 21 de junio de 2007, le informó que, a pesar de que la
facturación debía realizarse en cabeza del Hospital, los dineros provenientes de
esta debían entrar al encargo fiduciario administrado por Fiduprevisora S.A. Afirmó
que no obtuvo respuesta en esta ocasión ni tampoco en las posteriores, en las que
intentó contactar al Hospital para este asunto.
1.2.14. Según la parte demandante, los representantes legales del Hospital Tomás
Uribe Uribe y de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad de
fideicomitentes, remitieron oficio de fecha 2 de diciembre de 2006 a Fiduprevisora
S.A., solicitando una prórroga del contrato de encargo fiduciario hasta el 31 de julio
de 2007. Sobre el particular, se hizo referencia al trámite de conciliación extrajudicial
—que inició con la solicitud presentada el 17 de octubre de 2008—, afirmando que,
tanto en el acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el 15 de diciembre
de 2008, como en la constancia de no conciliación, de fecha 15 de enero de 2009,
Fiduprevisora S.A. manifestó que el contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020
estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2007. Adicionalmente, los demandantes
indicaron que esta misma fecha de terminación del negocio jurídico fue señalada en
varios informes de gestión del fideicomiso emitidos por la entidad fiduciaria.
1.2.15. El 6 de mayo de 2008, varios de los demandantes en este proceso
presentaron, ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali, demanda ejecutiva de
mayor cuantía contra Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., tendiente a recaudar
las sumas adeudadas por esta sociedad a los particulares demandantes. Mediante
auto interlocutorio No. 459 del 29 de mayo de 2008, el juzgado profirió mandamiento
de pago a favor de los demandantes y decretó el embargo y retención de los créditos
pendientes de pago a favor del demandado, en virtud de los contratos de asociación
y cuentas en participación o cualquier otro contrato, facturas cambiarias de
compraventa, órdenes de compra o cualquier otro instrumento de contenido
crediticio, suscrito con el Hospital Tomás Uribe Uribe, limitando la cautela hasta la
suma de $361’562.000. Ante el silencio del Hospital, el referido juzgado requirió al
gerente de esa entidad para que explicara por qué hizo caso omiso a la orden de
embargo. El 17 de junio de 2009, los demandantes, en el proceso ejecutivo,
presentaron el desistimiento de la demanda ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de
Cali, por cuanto el Hospital no dio respuesta a la medida cautelar.
2. Contestación de la demanda
2.1. Fiduprevisora S.A. contestó la demanda8, formulando las siguientes
excepciones: (i) «falta de legitimación por pasiva», aduciendo que Fiduprevisora
8 Folios 777 a 803 del cuaderno 1B.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
S.A. carecía de esta, ya que el contrato de encargo fiduciario, así como la
certificación de fuente de pago, determinan que el pago de los créditos otorgados
por entidades financieras —en su criterio, esto sería extensivo a los prestamistas
demandantes— a favor de los fideicomitentes sería «de entera responsabilidad» de
estos últimos, como únicos deudores. En este sentido, argumentó que la fiduciaria
debía pagar «según sus instrucciones y hasta la concurrencia de los recursos
incorporados al patrimonio autónomo». Agregó que, al no haberse expedido un
certificado de garantía ni una instrucción irrevocable de pago, la demanda no tenía
fundamentos para vincular a Fiduprevisora S.A. al proceso.
Adicionalmente, propuso las excepciones de (ii) «inexistencia de la obligación»,
argumentando que las obligaciones planteadas en el petitum de la demanda eran
inexistentes, ya que los accionantes confundían las características del encargo
fiduciario con las de un contrato de fiducia de garantía, especialmente en lo atinente
a los certificados que se expiden a favor de terceros acreedores del fideicomitente,
aclarando que un certificado de fuente de pago sin estipulación de irrevocabilidad
no constituía una garantía para terceros; (iii) «ausencia de culpa por parte de
Fiduprevisora S.A. en la estructuración del negocio», explicando que los
inconvenientes presentados en la facturación, relacionados con interpretaciones
jurídicas de las aseguradoras, no le eran imputables a Fiduprevisora S.A.
También formuló las excepciones de (iv) «inexistencia de actos abusivos»,
asegurando que la conducta de la sociedad fiduciaria se ajustó a los postulados de
la buena fe; (v) «culpa plena y exclusiva de la parte actora», la cual atribuye a que
los demandantes no supieron interpretar los certificados de fuente de pago, en el
sentido de que estos no eran irrevocables; (vi) «indemnidad de Fiduprevisora S.A.
– responsabilidad civil contractual directa y exclusiva de Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe E.S.E.», asegurando que existía una
indemnidad de Fiduprevisora S.A., ya que los únicos deudores de los créditos
otorgados por terceros eran los fideicomitentes.
2.2. Por su parte, la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. presentó su
contestación a la demanda de manera extemporánea. Así fue indicado por el a quo
en auto proferido el 11 de julio de 20129, decisión que no fue recurrida.
2.3. Finalmente, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá E.S.E.
guardó silencio.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. El Tribunal a quo corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
alegaran de conclusión y emitiera concepto, respectivamente.
9 Folio 842 del cuaderno 1B.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
3.1.1. La parte demandante10 reiteró lo expuesto en el libelo introductorio.
3.1.2. En cuanto a los demandados, Fiduprevisora S.A.11 insistió en los argumentos
de la contestación. El Hospital Tomás Uribe Uribe12, por su parte, se opuso a todas
las pretensiones de la demanda y adujo que la facturación a las aseguradoras la
realizaba directamente Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., sin su participación,
por lo cual no podría predicarse su responsabilidad. Finalmente, Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. no presentó alegatos de conclusión.
3.1.3. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 18 de febrero de 202013, el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina14 declaró
probadas, de oficio, las excepciones (i) de falta de legitimación en la causa por
activa y (ii) de falta de jurisdicción, esta última en relación con la segunda pretensión
de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias», atinente a la declaratoria de
existencia y validez de los contratos de mutuo mercantil celebrados entre Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. y las personas naturales y jurídicas que otorgaron
créditos a esta sociedad.
4.2. En primer lugar, el Tribunal de primera instancia realizó un análisis tendiente a
determinar la jurisdicción en el caso concreto. Explicó que, de conformidad con el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos aquellos que
celebren las entidades a las que se refiere esa misma ley, y que, por disposición del
artículo 75 ibidem, el juez competente para conocer sobre las controversias
contractuales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Bajo esa óptica, el a quo señaló que a esta jurisdicción le correspondía resolver el
asunto sub examine, ya que el hospital demandado tenía la naturaleza de una
Empresa Social del Estado y, como tal, se trataba de una entidad estatal; sin
embargo, en relación con la segunda pretensión de la «segunda serie de
pretensiones subsidiarias» formulada en la demanda, el Tribunal advirtió que la
parte actora solicitó un pronunciamiento sobre la existencia y validez de los
contratos de mutuo mercantil, celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. y los demandantes, siendo estos negocios jurídicos celebrados entre
10 Folios 1.215 a 1.255 del cuaderno 1B.
11 Folios 1.152 a 1.214 del cuaderno 1B.
12 Folios 1.256 a 1.257 del cuaderno 1B.
13 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 «Expediente Digital», documento denominado
ED_001SENTENCIANO31(.PDF) NroActua 2.
14 Según lo señalado por el a quo en la sentencia de primera instancia, el proceso era proveniente
del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. La actuación del Tribunal Administrativo del
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina obedeció a lo dispuesto —en materia de
descongestión— en el artículo 3 del Acuerdo No. PCSJA19-11276 del 17 de mayo de 2019,
prorrogado mediante el artículo 2 del Acuerdo No. PCSJA19-11444 del 14 de noviembre de 2019,
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
particulares, «sin presencia de una entidad estatal», de ahí que, a su juicio, dicho
pedimento en particular le correspondía a la jurisdicción ordinaria.
Como consecuencia, el Tribunal declaró probada, de oficio, la excepción de falta de
jurisdicción respecto de la segunda pretensión de la «segunda serie de pretensiones
subsidiarias», concerniente a la declaratoria de existencia y validez de los contratos
de mutuo mercantil celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y las
personas naturales y jurídicas que otorgaron créditos a esta sociedad.
4.3. Luego, en segundo lugar, el a quo procedió al análisis del presupuesto procesal
de legitimación en la causa. Para el efecto, el Tribunal revisó las pretensiones
principales de la demanda y señaló que aquellas estaban encaminadas a que se
declarara la existencia, validez e incumplimiento del contrato de encargo fiduciario
No. 3-1-0020 del 10 de septiembre de 2004, celebrado entre Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A., el Hospital Tomás Uribe Uribe y la Fiduprevisora S.A., y de su
respectivo otrosí. Agregó que, entre las pretensiones subsidiarias, la parte actora
solicitó declarar la existencia y validez de los contratos de asociación y cuentas en
participación No. 030 del 5 de agosto de 2004, 015 del 3 de enero de 2005 y 027
del 2 de enero de 2006, así como de sus respectivos otrosíes, celebrados entre el
Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., así como otras
pretensiones económicas dependientes de la validez de estos contratos.
Con fundamento en el artículo 87 del CCA, que establece la acción de controversias
contractuales, el Tribunal adujo que la calidad de parte del contrato es una exigencia
para interponer dicha acción, con la única excepción de la petición de nulidad
absoluta del contrato, que puede ser formulada por el Ministerio Público o por
cualquier tercero que acredite un interés directo. Bajo esta precisión, el a quo
concluyó que los demandantes no estaban legitimados en la causa por activa, ya
que no fueron parte del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020 del 10 de
septiembre de 2004, ni de su otrosí, como tampoco lo fueron de los contratos de
asociación y cuentas en participación, en torno a los cuales giraba la controversia.
Así las cosas, el Tribunal declaró probada, de oficio, la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa.
4.4. Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, el a quo realizó un análisis de caducidad
de la acción, concluyendo que operó ese fenómeno procesal en este caso15.
Señaló que en la cláusula octava del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020 se
pactó una vigencia de un año, contado a partir de la suscripción del negocio jurídico;
que, posteriormente, las partes suscribieron un otrosí el 9 de septiembre de 2005,
en el cual se prorrogó el término de duración del contrato hasta el 10 de septiembre
de 2006. De este modo, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación «el 21 de
octubre de 2008» y que la demanda se interpuso el 14 de julio de 2009, la acción
15 Determinación que no quedó consignada en la parte resolutiva del fallo de primera instancia.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
se encontraba caducada, dado que fue instaurada después del término de dos años
establecido en el artículo 136 del CCA, cuyo cómputo inició a partir de la terminación
del negocio jurídico.
5. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación16, solicitando que se revoque
la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se concedan las
pretensiones de la demanda.
5.1. Frente a la decisión del Tribunal de declarar probada, de oficio, la excepción de
falta de jurisdicción para conocer sobre la segunda pretensión de la «segunda serie
de pretensiones subsidiarias», la parte demandante sostuvo que a esta jurisdicción
sí correspondía el conocimiento de ese pedimento.
Al respecto, sostuvo que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le
corresponde conocer sobre las controversias y litigios derivados de los contratos
suscritos por las entidades públicas. Señaló que, en virtud del fuero de atracción,
también debe conocer de aquellos asuntos asociados a otros negocios jurídicos que
se encuentren coligados al contrato estatal y que, por su naturaleza, no se
encuentran —en principio— sometidos a esta jurisdicción. Expresó que, en el sub
examine, los contratos de asociación y cuentas en participación, el encargo
fiduciario y los contratos de mutuo, en los cuales se fundamentaron las
pretensiones, se encontraban coligados, por lo que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo debía conocer sobre los asuntos relacionados con todos ellos.
5.2. En cuanto a la declaratoria de falta de legitimación por activa, efectuada de
oficio por el a quo en el fallo de primera instancia, la parte recurrente consideró que
«los demandantes entraron a participar de la ejecución del contrato de encargo
fiduciario, al obtener el reconocimiento de beneficios de fuente de pago, de
conformidad con los certificados fiduciarios de fechas 15 de diciembre de 2005 por
valor de $416’000.000 y 14 de marzo de 2006 por valor de $260’000.000».
Puso de presente que el negocio fiduciario sigue un «modelo tripartito» que obedece
a «la existencia de un fideicomitente, de una sociedad fiduciaria y de un tercero, que
posteriormente se vincula como un beneficiario de alguna de las estipulaciones del
contrato celebrado entre las partes iniciales». En esta medida, adujo que los
demandantes, «en calidad de beneficiarios», «tienen legitimidad para incoar la
acción de responsabilidad contractual en contra de Fiduprevisora S.A., en su calidad
de sociedad fiduciaria». Agregó que, como terceros beneficiarios del encargo
fiduciario, los actores tienen legitimidad para pedir el cumplimiento de las
obligaciones, tanto a la sociedad fiduciaria como a los mismos fideicomitentes.
16SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 «Expediente Digital», documento denominado
ED_004RECURSOAPELACIO(.PDF) NroActua 2.
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Por otro lado, la recurrente argumentó que, para la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por activa, las entidades demandadas debieron formularla
como excepción. En este caso, teniendo en cuenta que las demandadas no lo
hicieron, en la apelación se consideró que esto impedía que en el fallo se hubiese
hecho un pronunciamiento sobre aquella excepción. Sostuvo que se le debió brindar
la oportunidad de ejercer el derecho de defensa en relación con este asunto, para
no verse sorprendida por una conclusión que no pudo cuestionar.
5.3. En relación con la conclusión del a quo en el sentido de que operó la caducidad
de la acción, la parte demandante consideró que se desconoció la naturaleza del
contrato de encargo fiduciario, el cual se regía «por las normas del derecho
privado». Afirmó, seguidamente, que el contrato de encargo fiduciario de recepción,
administración, inversión y pagos No. 3-1-0020 «no es un contrato estatal y por tanto
no se le pueden aplicar los términos de caducidad señalados en el Código
Contencioso Administrativo», sino los plazos de prescripción del Código Civil.
Por otra parte, pidió que, en caso de que sí se aplique el término de caducidad
establecido en el artículo 136 del CCA, debe tenerse en cuenta que para la
terminación del contrato de encargo fiduciario se requería, a modo de condición,
que se efectuara «la restitución de los remanentes al beneficiario».
5.4. Finalmente, la parte recurrente reprochó que el fallo de primera instancia no
hizo mención alguna sobre la segunda serie de pretensiones subsidiarias de la
demanda, las cuales estaban dirigidas a vincular a los demandantes con los
contratos de asociación y cuentas en participación suscritos por el Hospital Tomás
Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., teniendo en cuenta las
consecuencias de haber revelado la participación del Hospital, como entidad estatal,
en dichos negocios jurídicos.
6. Trámite en segunda instancia
6.1. Mediante auto del 3 de marzo de 202217, el despacho sustanciador corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
6.1.1. La parte demandante18 presentó alegatos en segunda instancia, reiterando lo
expuesto en el recurso de apelación.
Por otra parte, agregó que el a quo se equivocó al señalar que el contrato de encargo
fiduciario No. 3-1-0020 había terminado el 10 de septiembre de 2006, lo cual lo llevó
a considerar, erróneamente, que había operado la caducidad de la acción. Aclaró que
la fecha correcta de terminación del negocio jurídico era el 31 de julio de 2007, lo cual
se evidenciaba en varios de los documentos obrantes en el plenario. En consecuencia,
17 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 13 «Auto que corre traslado para alegar», documento
denominado AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.doc) NroActua 13.
18 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 22 «Recibe memoriales online», documento denominado
39_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
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adujo que el término de caducidad de la acción debía computarse desde el plazo en
que realmente feneció el negocio fiduciario, lo que llevaría a concluir que la demanda
fue interpuesta dentro del término previsto en el artículo 136 del CCA.
6.1.2. En cuanto a los demandados, Fiduprevisora S.A., tanto en su pronunciamiento
sobre el recurso de apelación19 como en los alegatos de segunda instancia20, entre
otros argumentos, manifestó estar de acuerdo con el fallo de primera instancia en lo
relativo a la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que
el sub lite gira en torno a un contrato estatal sujeto a las normas del derecho privado
y respecto del cual no se pactó plazo alguno para hacer su liquidación.
Por su parte, el Hospital Tomás Uribe Uribe21 insistió en que, a partir de las
circunstancias del caso, no podía predicarse una responsabilidad de su parte.
La sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. guardó silencio.
6.1.3. El Ministerio Público no presentó concepto.
III. CONSIDERACIONES
La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante: (1) objeto del recurso y problemas jurídicos a resolver; (2)
presupuestos procesales; (3) caso concreto; y (4) costas.
1. Objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver
1.1. En consideración a que en el recurso de apelación se cuestionó la decisión del
Tribunal a quo sobre el análisis de tres presupuestos procesales —a saber, la
jurisdicción frente a una de las pretensiones subsidiarias, la legitimación en la causa
por activa y la caducidad de la acción—, a la Sala de Subsección le corresponde
resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) si a esta jurisdicción le corresponde conocer sobre la segunda pretensión
de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias» formulada en la demanda,
19 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 10 «Recibe memoriales por correo electrónico»,
documento denominado
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PRONUNCIAMIENTORECU(.PDF)
NroActua 10.
20 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 23 «Alegatos de conclusión o intervenciones»,
documento denominado
ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 23.
21 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 20 «Alegatos de conclusión o intervenciones»,
documento denominado
ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 20.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
relacionada con la existencia y validez de los contratos de mutuo mercantil
celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y los 23 particulares —
personas naturales y jurídicas— que otorgaron créditos a su favor.
(ii) si los demandantes se encuentran legitimados o no en la causa por activa
para interponer la acción de controversias contractuales en contra de Fiduprevisora
S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Departamental Tomás
Uribe Uribe de Tuluá E.S.E.
(iii) en caso de que se concluya que los demandantes sí están legitimados
en la causa por activa, corresponde examinar si el libelo introductorio se interpuso
oportunamente, o si, por el contrario, operó la caducidad.
1.2. En el evento en que se determine que se cumplen todos los presupuestos
procesales, la Sala estudiará el fondo el asunto para resolver las pretensiones de la
demanda.
2. Presupuestos procesales
2.1. Jurisdicción y competencia
2.1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8222 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006 —vigente
para la fecha en que se interpuso la demanda—, a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo le corresponde el conocimiento de las pretensiones principales de la
demanda, así como de las subsidiarias a las pretensiones de condena —que en el
escrito de demanda se denominaron «primera serie de pretensiones subsidiarias»—
en tanto la controversia que de estas se deriva gira en torno al contrato de encargo
fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020 de fecha 10
de septiembre de 2004, y de su otrosí de fecha 9 de septiembre de 2005, suscritos
por el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá E.S.E., por Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. y por Fiduprevisora S.A.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19423 de la Ley 100 de
1993, según el cual la naturaleza jurídica del Hospital Tomás Uribe Uribe
22 El artículo 82, modificado por la Ley 1107 de 2006, norma vigente a la fecha de la presentación de
la demanda, establece: «Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en
la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía con capital superior al
50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados
Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive,
las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno (…)».
23 «Artículo 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por
las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos,
según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo».
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
corresponde a la de una Empresa Social del Estado, que constituye una categoría
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa. La referida norma señala que tales entidades
son creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso. En lo que
respecta al Hospital demandado, este fue creado a través de la Ordenanza No. 005
de 1996, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca 24.
Igualmente, para estos efectos, ha de señalarse que la Fiduprevisora S.A. 25 es una
entidad financiera de carácter estatal, cuya naturaleza corresponde a la de una
sociedad de economía mixta del orden nacional, lo que refuerza la idea de que a
esta jurisdicción le corresponde el conocimiento de este asunto.
2.1.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Tribunal de primera instancia declaró
probada oficiosamente la excepción de falta de jurisdicción respecto de la segunda
súplica correspondiente a la «segunda serie de pretensiones subsidiarias», decisión
que fue objeto de un reparo concreto formulado por la parte demandante en el
recurso de apelación, la Sala estima pertinente examinar si a esta jurisdicción le
corresponde el conocimiento de dicho pedimento, con independencia de que
prosperen o no las pretensiones principales.
En la segunda pretensión de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias» se
planteó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores) 26:
«Segunda Pretensión.- Declarar que existen y son válidos los contratos de mutuo
mercantil celebrados entre el Asociado Gestor, la Sociedad GESTIÓN
HOSPITALARIA DE COLOMBIA S.A. y los señores ALBA ESPERANZA PERDOMO
TORO, AMANDA VILLEGAS GUTIÉRREZ, BARRY BIRMAHER BAUM, CARLOS
FAIBEL IBARA AYA, CARLOS HERNANDO OTÁLORA OSPINA, CARMENZA
ROMERO DE ESCOBAR, CIRO NIKAIDO SAKUMA, CLARA INÉS FERNÁNDEZ
CABAL, CLARA NIKAIDO DE WATANABE, DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES
LTDA., ÉDGAR JOSÉ YUNDA VÉLEZ, ÉDGAR ZAPATA LEÓN, ELIZABETH
ENGEL RICAURTE, SILVIA MORIMITSU KUBOYAMA, GERMÁN MORIMITSU
KAGE, GUILLERMO MOLTA FAJARDO, GUILLERMO PARRA ÁLVAREZ, LUZ
ÁNGELA YUSTI GUITIÉRREZ, LUZ ÁNGELA CORRAL PRADO, MARÍA TERESA
GÓMEZ MONTOYA, MARTHA LUCÍA PELÁEZ GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL ARCE
CHÁVEZ y ROBERTO CASTAÑO VELÁSQUEZ».
Sobre el particular, el Tribunal a quo señaló que la parte actora, por medio de esta
pretensión subsidiaria, solicitó un pronunciamiento sobre la existencia y validez de
los contratos de mutuo mercantil celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. —persona jurídica de derecho privado— y los particulares prestamistas —
personas naturales y jurídicas, también de derecho privado—, por lo que, según
24 Folio 594 del cuaderno 1A y folio 244 del cuaderno 1.
25 En el certificado de existencia y representación legal de Fiduprevisora S.A., expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, se definió su naturaleza jurídica de la siguiente manera:
«Sociedad Anónima de Economía Mixta de carácter indirecto y del Orden Nacional. Entidad sometida
al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia» (folio 595 del
cuaderno 1A).
26 Folio 618 del cuaderno 1A.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
advirtió, se trataba de negocios jurídicos entre particulares, «sin presencia de una
entidad estatal». En consecuencia, el Tribunal a quo determinó que el conocimiento
de dicho pedimento le correspondía a la jurisdicción ordinaria.
Esta decisión fue objeto de reproche en el recurso de apelación, al advertir que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo sí le correspondía el conocimiento de
aquella y que, por tanto, el Tribunal debió resolver tal pretensión. Argumentó,
seguidamente, que en virtud del fuero de atracción esta jurisdicción debía conocer
sobre aquellos asuntos relativos a negocios jurídicos que, si bien —en principio—
no están sometidos a ella, se encuentran coligados a un contrato estatal, frente a lo
cual agregó que, en el sub judice, los contratos de asociación y cuentas en
participación, el encargo fiduciario y los contratos de mutuo mercantil, en los cuales
se fundamentaron las pretensiones de la demanda, se encontraban coligados.
2.1.3. Contextualizado lo anterior, y con el fin de resolver el cargo del recurso de
apelación, la Sala de Subsección considera que las súplicas de la «segunda serie
de pretensiones subsidiarias» formuladas en la demanda deben ser examinadas en
conjunto, para determinar el contexto en el que fue planteada la segunda pretensión
de aquellas, frente a la cual el Tribunal declaró la falta de jurisdicción.
Tal como se observa en el punto 1.1.3 de los antecedentes de este proveído, en la
«segunda serie de pretensiones subsidiarias» los demandantes solicitaron que se
declarara la existencia y validez de los contratos de asociación y cuentas en
participación No. 030 del 5 de agosto de 2004, 015 del 3 de enero de 2005 y 027
del 2 de enero de 2006, así como de sus respectivos otrosíes, suscritos entre el
Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. (primera
pretensión). También pidieron que se declarara la existencia y validez de los
contratos de mutuo mercantil celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. y las personas naturales y jurídicas que otorgaron créditos a esta sociedad
(segunda pretensión). Solicitaron, igualmente, que se declarara que, durante la
ejecución de estos contratos, el Hospital Tomás Uribe Uribe «reveló y autorizó que
se conociera su calidad de partícipe inactivo, razón por la cual, en los términos del
artículo 511 del Código de Comercio, debe responder solidariamente» con Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. por las obligaciones adquiridas con sus prestamistas,
ya que ambas sociedades solicitaron expresamente a Fiduprevisora S.A. la
expedición de los dos certificados fiduciarios de fuente de pago a favor de
Financiamos S.A. (tercera y cuarta pretensión). Seguidamente, la parte
demandante solicitó que se declare que el Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. son obligados solidarios de las operaciones de
crédito celebradas con los prestamistas y que «incumplieron en la devolución de los
dineros entregados a título de mutuo mercantil» (quinta pretensión).
Como consecuencia de todo lo anterior, los demandantes pidieron que se
condenara solidariamente al Hospital Tomás Uribe Uribe y a Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A. a pagar a cada uno de los particulares prestamistas la
correspondiente indemnización de perjuicios, incluyendo daño emergente, por el
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saldo insoluto de los créditos otorgados por los prestamistas, y lucro cesante, por
los intereses moratorios sobre el crédito insoluto, «a la tasa moratoria máxima
efectiva anual», desde la fecha de vencimiento de cada operación hasta la fecha en
que se produjera el pago de la condena (sexta pretensión).
2.1.4. Al revisar detalladamente la «segunda serie de pretensiones subsidiarias»
formuladas en la demanda objeto de estudio, la Sala observa que aquellas,
evaluadas en su conjunto y de manera íntegra, están dirigidas a la consecución de
un mismo objetivo, a saber, que se declare la responsabilidad solidaria de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. y del Hospital Tomás Uribe Uribe, para efectos de
que ambos —incluyendo una entidad pública, concretamente, una Empresa Social
del Estado— respondan por el incumplimiento de los contratos de mutuo mercantil
y por los perjuicios causados a los particulares que otorgaron créditos.
Bien vale la pena señalar y advertir que la línea argumentativa de la parte
demandante consiste en que, si bien los particulares prestamistas —que actúan
como demandantes en este proceso— celebraron los contratos de mutuo mercantil
con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. —sociedad de naturaleza privada—, el
Hospital Tomás Uribe Uribe también debe responder por el incumplimiento de estos
—concretamente, por el impago de los créditos—, ya que los recursos obtenidos a
partir de los préstamos de dinero estaban destinados a financiar el desarrollo del
objeto de los contratos de asociación y cuentas en participación, de los cuales era
parte el Hospital, en calidad de asociado inactivo.
En este sentido los demandantes invocaron, tanto en la «segunda serie de
pretensiones subsidiarias» como en los hechos de la demanda, el artículo 51127 del
Código de Comercio, según el cual, en caso de que el partícipe inactivo en un
contrato de cuentas en participación —en este caso, el Hospital Tomás Uribe
Uribe— revele o autorice que se conozca su calidad de partícipe, aquel debe
responder ante terceros en forma solidaria con el gestor. De este modo, en la
demanda objeto de estudio se argumentó que el Hospital reveló su calidad de
partícipe inactivo al solicitar expresamente a Fiduprevisora S.A. la expedición de los
dos certificados fiduciarios de fuente de pago a favor de Financiamos S.A.28
Se observa, entonces, que los demandantes pretenden activar la responsabilidad
del Hospital Tomás Uribe Uribe —entidad pública—, no por haber sido parte de los
contratos cuyo incumplimiento se reclama —contratos de mutuo mercantil—, cuya
naturaleza es privada, sino por haber revelado su calidad de partícipe en el contrato
de cuentas en participación suscrito con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
27 «Artículo 511. Responsabilidad del participe no gestor. La responsabilidad del partícipe no gestor
se limitará al valor de su aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen
que se conozca su calidad de partícipe, responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor.
Esta solidaridad surgirá desde la fecha en que haya desaparecido el carácter oculto del partícipe».
28 Ver apartados 1.2.5. y 1.2.8. de los antecedentes de esta providencia.
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Por lo anterior, esta Sala de Subsección considera que el análisis del presupuesto
procesal de la jurisdicción no debe realizarse de manera aislada e individual frente
a la segunda pretensión de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias», sino
en conjunto y en contexto con todas las peticiones que componen dicha serie de
pretensiones subsidiarias. Siendo así, la Sala procede a revisar, a continuación, si
la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer y resolver sobre la
«segunda serie de pretensiones subsidiarias», o si, por el contrario, esta
corresponde al ámbito funcional de otra jurisdicción.
2.1.5. Como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación 29, si bien la
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida, en principio, para
conocer de las controversias que se susciten entre entidades públicas o entre estas
y los particulares, lo cierto es que, en virtud del fuero de atracción, cuando la acción
es dirigida simultáneamente contra una entidad pública y una persona de derecho
privado, por un asunto del que normalmente conocería la jurisdicción ordinaria, el
proceso debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual
adquiere competencia y queda habilitada para pronunciarse sobre la
responsabilidad de todos los demandados. De este modo, cabe señalar que lo que
determina la aplicación de la institución del fuero de atracción y, por consiguiente,
que el conocimiento del asunto recaiga en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, es el hecho de que al menos uno de los sujetos accionados sea una
entidad pública, aunado a que los supuestos fácticos y las pretensiones conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad puede verse comprometida.
En línea con lo anterior, esta Sección30 ha precisado que el fuero de atracción
procede cuando, a partir de la formulación de las pretensiones y la presentación del
sustento probatorio en el libelo introductorio, es posible inferir «que existe una
probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas
demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez
administrativo, sean efectivamente condenadas». Sin embargo, si al realizar el
análisis probatorio resulta que la entidad pública —demandada en conjunto con el
particular— no es responsable de los daños que le fueron atribuidos por el
accionante, el fuero de atracción se mantiene incólume31. En otras palabras, este
fuero aplica con independencia de que, al surtirse las distintas etapas procesales,
el juez resuelva o no condenar a la entidad pública accionada.
En este asunto, la Sala destaca que la «segunda serie de pretensiones
subsidiarias» está dirigida contra dos de los demandados en el proceso: (i) el
Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá E.S.E. —que es una Empresa
Social del Estado, entidad pública descentralizada32— y (ii) Gestión Hospitalaria de
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2017, exp.
38958, y Subsección C, sentencia del 14 de octubre de 2021, exp. 55840.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, exp. 15526.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de octubre de 2021, exp.
55840.
32 De conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
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Colombia S.A. —sociedad comercial de carácter privado—. Si bien este grupo de
súplicas comprende el supuesto incumplimiento de contratos de mutuo de los cuales
el referido Hospital no hizo parte, ya que fueron celebrados por Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A. y los 23 particulares prestamistas, la responsabilidad que se
pretende endilgar al Hospital Tomás Uribe Uribe proviene de la aplicación del
artículo 51133 del Código de Comercio, norma cuyo tenor es el siguiente:
«Artículo 511. Responsabilidad del participe no gestor. La responsabilidad del
partícipe no gestor se limitará al valor de su aportación. Sin embargo, los partícipes
inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe, responderán
ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá desde la fecha
en que haya desaparecido el carácter oculto del partícipe».
Así las cosas, resulta importante precisar que, aunque un estudio de fondo podría
determinar la aplicación de la referida norma del Código de Comercio en el caso
concreto, se aprecia que, a partir de los hechos descritos en la demanda en
cuestión, el Hospital podría tener el carácter de «partícipe inactivo» o «partícipe no
gestor», derivada de su relación jurídica con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
—concretamente, de los contratos de asociación y cuentas en participación—34, por
lo cual, en caso de determinarse que esta empresa incumplió los contratos de
mutuo, la entidad pública podría ser eventualmente declarada responsable, de
forma solidaria, por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento. Entonces, al
encontrarse involucrada la eventual responsabilidad de un ente público, mal podría
la jurisdicción ordinaria conocer el asunto de la referencia.
2.1.6. En este orden de ideas, y contrario a lo concluido por el Tribunal a quo, la
Sala encuentra que a esta jurisdicción le corresponde íntegramente el conocimiento
de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias», incluyendo la segunda de estas
súplicas, por aplicación del fuero de atracción.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, en lo que a
este punto concierne.
2.1.7. A su turno, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de febrero
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo previsto en el
artículo 129 del CCA35, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia, en
tanto la pretensión mayor formulada excede los 500 SMLMV a la fecha de
33 Este artículo se encuentra dentro del Título X del Código de Comercio, relativo a «De las cuentas
en participación».
34 Como se precisará en los hechos probados 3.1.1. y 3.1.1.2., el Hospital Tomás Uribe Uribe fungió
como el asociado inactivo, en el marco del contrato de los contratos de asociación y cuentas en
participación que suscribió con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
35 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión».
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presentación de la demanda36.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. Sobre este presupuesto procesal también gravita la presente controversia,
dado que el a quo declaró probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa, al considerar que los demandantes en este caso no estaban
legitimados para ejercer la acción contractual.
Para el efecto, el Tribunal revisó las pretensiones principales de la demanda e indicó
que aquellas estaban encaminadas a que se declarara la existencia, validez e
incumplimiento del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020 del 10 de septiembre
de 2004, celebrado entre Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., el Hospital Tomás
Uribe Uribe y Fiduprevisora S.A. Con fundamento en lo previsto en el artículo 87 del
CCA —que establece la acción de controversias contractuales—, el Tribunal de
primera instancia adujo que la calidad de parte del contrato era necesaria para
interponer dicha acción, con la única excepción de la petición de nulidad absoluta
del contrato, que podía ser formulada por el Ministerio Público o por cualquier
tercero que acreditara un interés directo. Bajo esta precisión, el a quo concluyó que
los demandantes no estaban legitimados en la causa por activa, ya que no
ostentaban la calidad de parte en el precitado contrato de encargo fiduciario.
El recurrente, por su parte, formuló reparos a esta posición del Tribunal. En primer
lugar, sostuvo que «los demandantes entraron a participar de la ejecución del
contrato de encargo fiduciario, al obtener el reconocimiento de beneficios de fuente
de pago, de conformidad con los certificados fiduciarios de fechas 15 de diciembre
de 2005 por valor de $416’000.000 y 14 de marzo de 2006 por valor de
$260’000.000». Señaló, en segundo lugar, que el negocio fiduciario consiste en un
«modelo tripartito», donde las partes del contrato incluyen un fideicomitente, una
sociedad fiduciaria y un tercero, «que posteriormente se vincula como un
beneficiario de alguna de las estipulaciones del contrato celebrado entre las partes
iniciales». Adujo que los demandantes tienen la calidad de beneficiarios y, por tanto,
se encuentran legitimados para ejercer la acción contractual, de cara a reclamar el
incumplimiento de las obligaciones por parte de la fiduciaria y de los fideicomitentes.
Por otro lado, argumentó que la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
activa requería que las entidades demandadas hubieran formulado dicha excepción.
En este caso, como no lo hicieron, consideró que esto impedía que en el fallo se
hubiese declarado oficiosamente. Lo anterior, ya que se le debió brindar la
oportunidad de ejercer el derecho de defensa en relación con este asunto, para no
verse sorprendido por una conclusión del a quo que no pudo cuestionar.
36 La demanda fue presentada en el 2009, época para la cual el salario mínimo era de $496.900. De
este modo, los 500 salarios mínimos equivalían a $248’450.000, lo cual supone que la pretensión
mayor formulada en dicho escrito, que ascendía a $676’000.000, supera el monto exigido.
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2.2.2. La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener
una decisión de fondo, es decir, para que el juez se pronuncie sobre las súplicas de
la demanda37, y atañe a la posición que tienen los sujetos procesales con respecto
a la situación fáctica o a la relación jurídica sustancial que da origen al proceso
judicial, de la cual derivan su interés legítimo en la solución del caso. Por
consiguiente, el sujeto legitimado es quien, de conformidad con la ley sustancial, se
encuentra autorizado para intervenir en el proceso, ya sea formulando pretensiones
o resistiendo aquellas que se presenten en su contra38.
Desde el extremo activo de la relación procesal, está legitimado en la causa el titular
del interés sustancial alegado en la demanda, mientras que, desde la perspectiva
pasiva, lo está el sujeto llamado a responder a partir de la situación jurídica que dio
origen al proceso o a la controversia39. En este orden de ideas, se ha señalado que
la legitimación en la causa implica que ambos extremos procesales —activo y
pasivo— tengan un interés legítimo frente al derecho discutido en juicio, el cual no
puede surgir sino de una relación jurídico-sustancial que se deriva «de la
participación —por acción u omisión— en una circunstancia fáctica o en una
situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria».
De este modo, la legitimación en la causa por activa implica que quien demanda
debe «tener y acreditar un vínculo funcional o material con los hechos que dan
origen a lo pretendido, lo cual debe examinarse desde la óptica de las
responsabilidades que le corresponden y el objeto del medio de control que se
ejerce»40. Esto último resulta especialmente relevante, ya que, en el proceso
contencioso-administrativo, la legitimación en la causa debe analizarse en función
de la acción o el medio de control del cual se trate.
En el régimen del CCA, la legitimación en la causa en materia de controversias
contractuales se desprende del artículo 87, cuyo tenor es el siguiente:
«Artículo 87. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se
declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que
se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días
siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas
acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del
contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá
invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de septiembre de 2012, exp.
24677.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16271.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de septiembre de 2012, exp.
24677.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2024, exp.
68632.
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El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá
pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado
para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En
todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las
partes contratantes o sus causahabientes.
En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular
de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil» (se destaca).
Del primer inciso se desprende que, por regla general, tratándose de la acción de
controversias contractuales, cuentan con legitimación en la causa quienes sean
parte de la relación contractual, pues la causa que origina el litigio tiene como fuente
un negocio jurídico.
Lo anterior, además, tiene sentido a la luz del principio de relatividad de los
contratos, en virtud del cual estos solamente producen efectos entre las partes del
contrato y, por ende, únicamente generan derechos y obligaciones para ellas. En
este sentido, considerando que fueron las partes quienes, con su consentimiento,
dieron lugar a la formación del acuerdo de voluntades, son ellas mismas las
habilitadas para solicitar que se declare su existencia, nulidad o incumplimiento, que
se ordene su revisión, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios
ocasionados y que se hagan otras declaraciones y condenas41.
Por otra parte, frente a la nulidad absoluta del contrato, el tercer inciso de la norma
transcrita establece una excepción atinente a la legitimación en la causa por activa,
en la medida en que su declaración puede ser pretendida por «el Ministerio Público
o cualquier tercero que acredite un interés directo». De este modo, se extiende el
campo de legitimación en la causa por activa a quienes no fueron parte del negocio
jurídico —en relación con esta precisa pretensión—, pero manteniendo la exigencia
de acreditar un interés directo en el contrato cuya nulidad se pretende42. En
cualquier caso, cabe mencionar que, en línea con la jurisprudencia de esta
Sección43, existen otros eventos específicos en los que terceros —ajenos a las
41 Ibid.
42 Esto, cabe señalar, sin perjuicio de la facultad que ostenta el juez administrativo para declarar de
oficio la nulidad absoluta del negocio jurídico estatal.
43 Al respecto, pueden señalarse los siguientes ejemplos: (i) en el caso de los actos administrativos
contractuales, que deben ser controvertidos a través del medio de control de controversias
contractuales —a diferencia de aquellos de naturaleza precontractual, que deben ser atacados a
través de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho—, esta Sección
ha indicado que está legitimado para demandarlos el titular del derecho desconocido o vulnerado
con su expedición, razón por la cual, considerando que su contenido es particular y concreto, es
necesario acreditar un «interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual» en el resultado del
proceso judicial para pretender la nulidad del acto. Adicionalmente, esta Sección ha dicho que, (ii)
cuando se trata de la pretensión de nulidad absoluta del contrato como consecuencia de la ilegalidad
del acto de adjudicación, la posibilidad de acreditar un interés para interponer el medio de control de
controversias contractuales se restringe a los terceros oferentes que no resultaron favorecidos con
el acto de adjudicación. Finalmente, (iii) en materia de actos contractuales, se ha determinado que
las compañías aseguradoras que expiden una póliza de cumplimiento en relación con un contrato
estatal pueden tener un interés directo para impugnar el acto administrativo que declara la ocurrencia
del siniestro, a pesar de no ser parte del negocio jurídico, comoquiera que esos actos tienen como
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partes del contrato— pueden ejercer la acción contractual, como es el caso de las
compañías aseguradoras que han expedido una póliza de cumplimiento en relación
con un contrato estatal, ya que estas tienen, en principio, un interés directo para
impugnar el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro.
Adicionalmente, la jurisprudencia ha expresado que la legitimación en la causa por
activa consiste en la relación sustancial del demandante con su pretensión, y la ha
conceptualizado a partir de la noción de «interés», que, a su vez, se deriva «de la
causa privada y subjetiva que tiene el actor para instaurar la acción, por lo que su
determinación debe efectuarse mediante un juicio de utilidad donde se examine si
al acceder a las pretensiones se otorga un beneficio material o moral al
demandante»44_45. En otras palabras, el criterio de utilidad, a partir del cual se
configura el interés directo para demandar, implica que lo que se resuelva en el
proceso tiene la potencialidad de afectar la situación jurídica particular de quien lo
promueve, así como el goce y efectividad de sus derechos.
2.2.3. En este punto, cabe reiterar que las pretensiones principales de la demanda
están fundamentadas, integralmente, en el contrato de encargo fiduciario de
recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, suscrito entre el Hospital
Tomás Uribe Uribe, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y Fiduprevisora S.A. Los
demandantes pidieron que se declarara la existencia y validez de dicho negocio
jurídico, de su otrosí de fecha 9 de septiembre de 2005 y de los certificados
fiduciarios expedidos por Fiduprevisora S.A. a favor de Financiamos S.A.
Adicionalmente, alegaron el incumplimiento contractual de la fiduciaria y de los
fideicomitentes por una serie de conductas que les imputaron en la demanda,
pidiendo declararlos solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados a
Financiamos S.A. En consecuencia, solicitaron que se les condenara a pagar la
correspondiente indemnización de perjuicios a favor de Financiamos S.A.,
incluyendo daño emergente, lucro cesante e intereses moratorios sobre estos.
Es claro, entonces, que las pretensiones principales de la demanda están
relacionadas con el incumplimiento del contrato de encargo fiduciario. Por tanto, de
cara a determinar la legitimación en la causa por activa, la Sala procede a definir, a
destinatario principal, justamente, a la aseguradora que otorgó la garantía. En este sentido, del acto
que declara el siniestro podría desprenderse «una situación jurídica particular de la aseguradora»,
que recaería en su obligación de pagar el riesgo, lo cual sustenta su interés en demandar. En todo
caso, la aseguradora debe «acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual
respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generaría un
beneficio material, jurídico o moral», lo cual no ocurriría, por ejemplo, en el evento en que el interés
asegurado haya sido cubierto directamente por el contratista. // Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 61220, sentencia del 16 de julio de 2021,
exp. 50731, y sentencia del 13 de septiembre de 2024, exp. 68632.
44 En este punto, se hace referencia especialmente a la legitimación en la causa material, que está
asociada a la relación sustancial de cada una de las partes con la situación fáctica y jurídica que da
sustento a su respectiva pretensión o excepción; lo anterior, por oposición a la legitimación de hecho,
que se reduce a la simple determinación de los extremos que componen el proceso.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2024, exp.
68632.
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la luz de las normas aplicables a los encargos fiduciarios, si los demandantes, esto
es, Financiamos S.A. y los 23 particulares prestamistas, ostentaban la calidad de
beneficiarios en el contrato sub examine, y si, en todo caso, les asistía un interés
legítimo en el presente asunto que los habilitara para ejercer la acción contractual.
2.2.4. Ha de señalarse, de entrada, que el contrato de encargo fiduciario
corresponde al género de los negocios fiduciarios. Estos fueron definidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a través de su Circular Básica Jurídica46,
de la siguiente manera: «son actos de confianza en virtud de los cuales una persona
entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de
los mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica,
bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero». Seguidamente, la
Superintendencia, en esa misma Circular, indicó cuáles son los tipos de negocios
fiduciarios, incluyendo «la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios, al igual que
los negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios públicos de
que tratan la Ley 80 de 1993 y disposiciones complementarias».
Ahora bien, en cuanto a la diferencia entre la fiducia mercantil y el encargo fiduciario,
vale la pena destacar que la primera involucra la transferencia del dominio por parte
de los fideicomitentes, de tal forma que los bienes fideicomitidos constituyen «un
patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo»47.
Por el contrario, en el encargo fiduciario, los fideicomitentes hacen entrega de
bienes a la sociedad fiduciaria para que esta lleve a cabo su administración, sin la
transferencia de la propiedad sobre estos y, por consiguiente, sin la formación de
un patrimonio autónomo48.
La diferencia entre estos tipos de negocios fiduciarios ha sido explicada
anteriormente por el Consejo de Estado, en los siguientes términos:
«La fiducia mercantil difiere del encargo fiduciario en que en el primero existe
transferencia de dominio de los bienes con el propósito de que la sociedad fiduciaria
cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o
de un tercero, mientras que en el encargo hay entrega de bienes sin transferencia
de dominio, por lo cual no se forma un patrimonio autónomo»49.
En lo que respecta al régimen jurídico aplicable a cada uno de estos contratos,
resulta pertinente señalar que la fiducia mercantil está regulada en los artículos 1226
y siguientes del Código de Comercio, mientras que, en el caso del encargo
fiduciario, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 146 50 del Estatuto
46 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa No. 006 de 2025, por medio de la cual
se reexpide la Circular Básica Jurídica. Parte II «Mercado intermediado», Título II «Instrucciones
generales relativas a las operaciones de las sociedades de servicios financieros, Capítulo I
«Disposiciones especiales aplicables a los negocios fiduciarios».
47 Artículo 1233 del Código de Comercio.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp. 25000-23-24-
000-2001-01159-01.
49 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 16642.
50 «Artículo 146. Normas generales de las operaciones fiduciarias. // 1. Normas aplicables a los
encargos fiduciarios. En relación con los encargos fiduciarios se aplicarán las disposiciones que
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Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), estos se rigen por las disposiciones
que regulan el contrato de fiducia mercantil, y, subsidiariamente, por las normas
del Código de Comercio en relación con el contrato de mandato, en ambos casos
siempre que sean compatibles con la naturaleza propia de los encargos fiduciarios
y que no se opongan a las reglas previstas en el EOSF.
Así las cosas, para determinar quiénes son parte en un contrato de encargo
fiduciario, resulta pertinente, primero, revisar qué sujetos ostentan esta calidad en
el contrato de fiducia mercantil. Sobre el particular, ha de señalarse que, si bien
existe consenso sobre la calidad de parte del fiduciante o fideicomitente y del
fiduciario en el contrato de fiducia, la cuestión de si el beneficiario o fideicomisario
es un tercero o parte del negocio jurídico no ha sido uniforme ni pacífica en la
jurisprudencia y la doctrina nacional. Lo anterior, considerando que, si bien el
artículo 1226 del Código de Comercio, a través del cual se define el contrato de
fiducia mercantil, menciona a los tres sujetos que pueden intervenir en el negocio
jurídico, no especifica cuáles tienen la calidad de parte, como se observa a
continuación:
«Artículo 1226. Concepto de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un negocio
jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente,
transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga
a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario.
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de
fiduciarios» (se destaca).
De este modo, cuando la norma hace alusión al beneficiario, señala que este es un
tercero en relación con el fideicomitente o constituyente, pero no necesariamente
en relación con el contrato. Además, cabe señalar que el estudio de la posición del
beneficiario o fideicomisario frente al contrato de fiducia ha estado ligado al de su
legitimación para demandar el incumplimiento de las obligaciones que de este se
desprenden, como pasa a explicarse a continuación.
Por un lado, existen posiciones según las cuales el beneficiario es un tercero frente
al negocio jurídico. Entre estas, sobresale la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, proferida en el año 200951, en la cual sostiene que,
«por definición legis, las partes del negocio jurídico de fiducia mercantil son el
fiduciante o fideicomitente y el fiduciario», mientras que «el beneficiario o
regulan el contrato de fiducia mercantil, y subsidiariamente las disposiciones del Código de Comercio
que regulan el contrato de mandato, en cuanto unas y otras sean compatibles con la naturaleza
propia de estos negocios y no se opongan a las reglas especiales previstas en el presente Estatuto».
51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de julio de 2009, exp. 11001-
3103-039-2000-00310-01, M.P. William Namén Vargas.
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fideicomisario, expressis verbis es ‘un tercero’, cuya previsión por las partes, ni
siquiera es menester para la celebración, existencia o eficacia final de la fiducia
mercantil, en cuanto la finalidad fiduciaria podrá determinarse por el constituyente,
fiduciante o fideicomitente, exclusivamente en su provecho, y determinada, por éste,
a favor de un tercero, no por ello adquiere la calidad de parte, aunque su existencia
condiciona la eficacia final del acto dispositivo, sus efectos definitivos, los fines
perseguidos por las partes y su función práctica o económica social».
No obstante la calidad de tercero atribuida al beneficiario por parte de la Corte
Suprema de Justicia, tal Corporación también señaló que este tiene legitimación,
entre otras, para exigir el cumplimiento de la finalidad fiduciaria determinada a su
favor, considerando que, «por la relación de confianza, especificidad estructural y
funcional del negocio fiduciario, en preservación de los derechos del tercero
beneficiario y seguridad de la finalidad fiduciaria determinada por el constituyente
en su provecho, el ordenamiento jurídico extiende su legitimación», otorgando al
beneficiario «ciertos derechos, facultades y acciones, usualmente reservados a las
partes del acto dispositivo». En esta línea, la Corte puso de presente que, de
conformidad con el artículo 123552 del Código de Comercio, el beneficiario tiene
derecho a «[e]xigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer
efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas»53.
De otro lado, ha de señalarse que la justicia arbitral ha sostenido, en reiteradas
ocasiones, la tesis contraria, a saber: que el beneficiario o fideicomisario es parte
del contrato de fiducia mercantil. Así, en laudo proferido por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali el 28 de noviembre de 2006 54, se
puso de presente la definición contenida en el artículo 1226 del Código de Comercio,
anteriormente transcrita, señalando que esta «demuestra que en este contrato
existen tres partes, pudiendo en algunos casos reunirse en una sola persona, dos
de las calidades como son la del fideicomitente y el beneficiario» (se destaca).
52 «Artículo 1235. Otros derechos del beneficiario. El beneficiario tendrá, además de los derechos
que le conceden el acto constitutivo y la ley, los siguientes: // 1) Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento
de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas; […]».
53 En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina especializada. Así, por ejemplo, Fernando
Hinestrosa señaló: «Lo fundamental en el contrato de fiducia mercantil, cuyas partes son
exclusivamente el fiduciante y el fiduciario, es la transferencia de bienes del primero al segundo, para
la constitución de un patrimonio autónomo, que ha de ser manejado de conformidad con las
instrucciones dadas por el constituyente. […] El tercero beneficiario tiene los derechos propios del
tercero en cuyo favor se estipula el contrato, de conformidad con su interés específico» (se destaca)
(Hinestrosa, Fernando. «Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio
jurídico. Volumen II». Primera edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2015. Páginas
620-621). Por su parte, Sergio Rodríguez Azuero ha sostenido: «por regla general, el beneficiario es
un tercero que deriva su derecho de una estipulación a su favor hecha por el fideicomitente en el
acuerdo fiduciario, en cuanto las acepte o como parte sobreviniente, con todos los derechos que el
contrato y la ley le otorgan, pero que no se extienden a la totalidad de los que se derivan del negocio,
en cuanto que parte de los mismos sólo ligan al fideicomitente y fiduciario, sin que tenga capacidad
ni poder para intervenir al respecto» (Rodríguez Azuero, Sergio. «Negocios fiduciarios: su
significación en América Latina». Primera edición. Legis Editores S.A. Bogotá, 2005. Página 182).
54 Laudo Arbitral del 28 de noviembre de 2006. Rodríguez Jiménez y compañía S. en C. vs. Acción
Sociedad Fiduciaria S.A. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali.
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Además, con base en el artículo 122955 ejusdem, el tribunal de arbitramento indicó
que esa norma ratifica «la calidad de parte principal del beneficiario o fideicomisario
al establecer como requisito esencial del contrato la existencia de dicha parte para
que pueda cumplirse con el objeto del mismo».
Adicionalmente, el tribunal de arbitramento argumentó la calidad de parte del
beneficiario, de la siguiente manera:
«El artículo 1.231 ibidem consagra un derecho expreso al beneficiario, entre otros
para demandar judicialmente la obligación del fiduciario para efectuar el inventario
de los bienes recibidos en fiducia. Siendo que los derechos y obligaciones derivados
de un contrato solo son relativos o exigibles por aquellas personas que son parte del
mismo, no podría entenderse que el legislador hubiere previsto la existencia de una
facultad en cabeza del beneficiario como si se considerara que este simplemente
era un tercero respecto del contrato de fiducia.
Pero adicionalmente para reafirmar la propia ley que el beneficiario es ‘parte del
contrato de fiducia’, el artículo 1.235 del Código de Comercio establece la existencia
de unos derechos en cabeza del beneficiario, además de los establecidos en el acto
constitutivo, o que le conceda la ley, entre los que se encuentran:
— ‘Exigir al fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la
responsabilidad por el cumplimiento de ellas’, de donde necesariamente hay que
concluir que el beneficiario tiene que ser parte del contrato de fiducia, pues si no lo
es, no puede ejercer este tipo de acción de responsabilidad […]».
En similar sentido se pronunció el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá en laudo del 3 de agosto de 200056: «este tribunal, no
obstante la posición predominante de considerar que el beneficiario del contrato de
fiducia es un tercero, deja plasmada su inquietud para que se revise dicha posición
y, en su lugar, se entienda que en los contratos de fiducia mercantil el beneficiario
del mismo, con o sin adhesión expresa al contrato de fiducia, por regla general, debe
ser considerado como parte principal de dicho contrato y, en consecuencia, puede
invocar el uso de la cláusula compromisoria que allí se estipule». Lo anterior,
considerando, entre otras cosas, lo siguiente:
«El concepto moderno del derecho y la amplitud de las nuevas relaciones
económicas que se vienen ejecutando, deben llevar a revisar los conceptos de la
definición de parte, pues esta calidad no debe predicarse simplemente por la
posición formal que se tenga respecto de la celebración del contrato, sino que debe
cobijar también la concepción del interés económico o jurídico que tengan los
sujetos que realicen la convención o se vinculen posteriormente, consintiendo en
participar del mismo negocio y de la misma finalidad, sin distingos de condiciones
accesorias que desnaturalizan el fin común del negocio. La comunidad de intereses
en la realización teleológica del negocio, así la intervención de cada sujeto sea
parcial, debe implicar la consideración de parte para todos en razón del vínculo
negocial que los une».
55 «Artículo 1229. Existencia de fideicomisario. La existencia del fideicomisario no es necesaria en el
acto de constitución del fideicomiso, pero sí debe ser posible y realizarse dentro del término de
duración del mismo, de modo que sus fines puedan tener pleno efecto».
56 Laudo Arbitral del 3 de agosto de 2000. Arturo Camelo y otros vs. Santander Investment Trust
Colombia S.A. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Así las cosas, la Sala aprecia que ambas posiciones —tanto aquella que considera
al beneficiario como parte del contrato como aquella que le otorga la calidad de
tercero— encuentran asidero, de una manera u otra, en la regulación de la fiducia
mercantil. Es cierto que el Código de Comercio, en sus artículos 123157, 1234
numeral 858, 123559, 123960 y 124061, otorga una serie de derechos al beneficiario;
para quienes se inclinan por la primera postura, esta circunstancia implica,
necesariamente, que el legislador le otorgó a aquel la calidad de parte en el negocio
jurídico, pues, en virtud del principio de relatividad de los contratos, estos solo
producen efectos entre las partes, generando derechos y obligaciones únicamente
para ellas. Sin embargo, quienes defienden la segunda posición consideran que el
beneficiario es un tercero que adquiere sus derechos en virtud de la estipulación
que hace el fideicomitente en su favor, sin que esto lo convierta automáticamente
en parte del contrato.
Con todo, tanto aquellos que consideran al beneficiario como parte del negocio
como aquellos para quienes este es un tercero, coinciden en su legitimidad para
demandar el incumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria; esto se aprecia,
verbi gratia, tanto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia como en los
57 «Artículo 1231. Obligación de efectuar inventario y caución especial. A petición del fiduciante, del
beneficiario, o de sus ascendientes, en caso de que aún no exista, el juez competente podrá imponer
al fiduciario la obligación de efectuar el inventario de los bienes recibidos en fiducia, así como la de
prestar una caución especial».
58 «Artículo 1234. Otros deberes indelegables del fiduciario. Son deberes indelegables del fiduciario,
además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes: […] 8) Rendir cuentas comprobadas
de su gestión al beneficiario cada seis meses».
59 «Artículo 1235. Otros derechos del beneficiario. El beneficiario tendrá, además de los derechos
que le conceden el acto constitutivo y la ley, los siguientes: 1) Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento
de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas; 2) Impugnar
los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados desde el día en que el
beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción, y exigir la devolución de los
bienes dados en fideicomiso a quien corresponda; 3) oponerse a toda medida preventiva o de
ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso
de que el fiduciario no lo hiciere, y 4) Pedir al Superintendente Bancario por causa justificada, la
remoción del fiduciario y, como medida preventiva, el nombramiento de un administrador interino».
60 «Artículo 1239. Causales de remoción del fiduciario. A solicitud de parte interesada el fiduciario
podrá ser removido de su cargo por el juez competente cuando se presente alguna de estas
causales: 1) Si tiene intereses incompatibles con los del beneficiario; 2) Por incapacidad o
inhabilidad; 3) Si se le comprueba dolo o grave negligencia o descuido en sus funciones como
fiduciario, o en cualquiera otros negocios propios o ajenos, de tal modo que se dude fundadamente
del buen resultado de la gestión encomendada, y 4) Cuando no acceda a verificar inventario de los
bienes objeto de la fiducia, o a dar caución o tomar las demás medidas de carácter conservativo que
le imponga el juez».
61 «Artículo 1240. Causales de extinción del negocio fiduciario. Son causas de extinción del negocio
fiduciario, además de las establecidas en el Código Civil para el fideicomiso, las siguientes: 1) Por
haberse realizado plenamente sus fines; 2) Por la imposibilidad absoluta de realizarlos; 3) Por
expiración del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley; 4) Por el
cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido; 5) Por hacerse imposible, o no
cumplirse dentro del término señalado, la condición suspensiva de cuyo acaecimiento pende la
existencia de la fiducia; 6) Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya
sido señalado en el acto constitutivo como causa de extinción; 7) Por disolución de la entidad
fiduciaria; 8) Por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario; 9) Por la declaración de
la nulidad del acto constitutivo; 10) por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio
de los derechos del fiduciario, y 11) Por revocación del fiduciante, cuando expresamente se haya
reservado ese derecho».
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laudos arbitrales referidos en el presente acápite. Y es que, en realidad, no podría
ser de otra manera, pues esta habilitación se desprende directamente del artículo
1235 del Código de Comercio, según el cual «[e]l beneficiario tendrá, además de
los derechos que le conceden el acto constitutivo y la ley», el de «[e]xigir al fiduciario
el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el
incumplimiento de ellas». Lo anterior, valga precisar, tiene plena aplicación para los
contratos de encargo fiduciario, ya que, como se explicó anteriormente, estos se
rigen por las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil, siempre que
sean compatibles con su naturaleza62.
2.2.5. En el caso sub judice, el Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A. tuvieron la calidad de fideicomitentes, mientras que Fiduprevisora
S.A., la de fiduciaria, en el marco del contrato de encargo fiduciario de recepción,
administración, inversión y pagos No. 3-1-002063. En esta medida, como partes del
contrato estatal, los sujetos demandados en este proceso están legitimados en la
causa por pasiva.
Ahora bien, en lo que respecta a la legitimación en la causa por activa —punto
apelado por el recurrente—, ha de revisarse si los demandantes —Financiamos S.A.
y los particulares prestamistas— estaban habilitados para formular las pretensiones
principales y la «primera serie de pretensiones subsidiarias» en ejercicio de la
acción contractual, para lo cual resulta determinante establecer si tenían la calidad
de beneficiarios del encargo fiduciario, asunto que se estudia a continuación.
Para comenzar, conviene anotar que el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
octubre de 200964, se refirió a la calidad de beneficiario en el contrato de fiducia
mercantil, asunto que, según se ha explicado en este acápite, resulta aplicable al
encargo fiduciario. Esto sostuvo: «[…] el beneficiario de un contrato de fiducia
mercantil es el titular de los réditos que produzcan dichos bienes, el que, en ciertas
ocasiones puede ser el mismo fiduciante».
En el presente asunto, la Sala observa que, en desarrollo del encargo fiduciario,
Fiduprevisora S.A. emitió dos certificados de fuente de pago a nombre de
Financiamos Ltda. —posteriormente Financiamos S.A.—: (i) certificado del 15 de
diciembre de 2005, por valor de $416’000.000, y (ii) certificado del 14 de marzo de
2006, por valor de $260’000.000. Estos certificados fueron expedidos por la
sociedad fiduciaria, con base en instrucciones emitidas por los fideicomitentes
mediante oficios del 13 de diciembre de 2005 y el 23 de febrero de 2006,
respectivamente, y en ambas comunicaciones se precisó que los recursos que se
girarían a Financiamos S.A. correspondían a aquellos recaudados por el
fideicomiso65.
62 Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(EOSF).
63 Como se verá en el hecho probado 3.1.2.
64 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de octubre de 2009, exp. 16598.
65 Como se detallará en los hechos probados 3.1.4 y 3.1.5.
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En esta línea, ambos certificados de fuente de pago incluyeron una transcripción de
las instrucciones de los fideicomitentes, en el sentido de que los recursos para pagar
a Financiamos S.A. correspondían a aquellos recaudados por el fideicomiso, y que
«luego de realizadas las reservas de recursos correspondientes al servicio de la
deuda de Financiamos Ltda. […] y los gastos del fideicomiso», los recursos
remanentes quedarían a disposición de los fideicomitentes. Así, en virtud de los
certificados de fuente de pago, en línea con las instrucciones de los fideicomitentes,
Financiamos S.A. adquirió el derecho a que los recursos del encargo fueran fuente
de los pagos que debían realizarse a su favor, teniendo prelación sobre los propios
fideicomitentes en la destinación de estos recursos.
Ahora bien, aunque Financiamos S.A. estaba llamada a recibir recursos recaudados
por la ejecución de los contratos de asociación y cuentas en participación,
celebrados entre Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe
Uribe, los cuales debían ingresar a la cuenta administrada por Fiduprevisora S.A.
en el marco del encargo fiduciario, esto no es suficiente para concluir su calidad de
beneficiario en el marco de dicho contrato. Al respecto, ha de precisarse que el
motivo por el cual los certificados de fuente de pago fueron emitidos a nombre de
Financiamos S.A. obedece a que esta sociedad actuó como mandataria de los
prestamistas, circunstancia que amerita el examen de esta Sala de Subsección.
Pues bien, en los hechos de la demanda presentada por Financiamos S.A. y los
particulares que otorgaron créditos, se expresó que cada uno de estos celebró con
aquella sociedad un contrato de mandato, en virtud del cual le encargaron ser
titular de las garantías y fuentes de pago otorgadas por Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe, así como exigir su cumplimiento66.
La Sala observa que las pruebas obrantes en el plenario acreditan los actos de
representación que Financiamos S.A. ejecutó en favor de los prestamistas.
Así, por ejemplo, la conducta desplegada por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
y por el Hospital Tomás Uribe Uribe, en calidad de fideicomitentes, en el sentido de
dar instrucciones a la fiduciaria Fiduprevisora S.A. para que expidiera certificados
de fuente de pago a favor de Financiamos S.A.67, es indicativa de que conocían su
66 El hecho No. 37 de la demanda es del siguiente tenor: «En virtud de los contratos de mandato
celebrados entre FINANCIAMOS S.A. y cada una de las personas naturales y jurídicas relacionadas
en el hecho treinta y cinco (35), estos últimos encargaron a la primera ser titular de las garantías y
fuentes de pago otorgadas por GESTIÓN HOSPITALARIA S.A. y EL HOSPITAL TOMÁS URIBE
URIBE E.S.E. y exigir el cumplimiento de las mismas […]».
67
Por medio de dos oficios diferentes, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás
Uribe Uribe —fideicomitentes— solicitaron expresamente a Fiduprevisora S.A. —fiduciaria— emitir
certificados de fuente de pago, en el marco del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, a nombre
de Financiamos Ltda. —posteriormente Financiamos S.A.—. En el primero de ellos (folio 59 del
cuaderno 2), de fecha 13 de diciembre de 2005, la instrucción de los fideicomitentes fue emitir un
certificado por valor de $416’000.000. En el segundo oficio (folio 60 del cuaderno 2), de fecha 23 de
febrero de 2006, se solicitó que el certificado fuera por un valor de $260’000.000. En ambas
comunicaciones se precisó que los recursos que se transferirían a Financiamos S.A. correspondían
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calidad de representante o mandatario de los prestamistas, teniendo en cuenta que,
con los certificados de fuente de pago, se buscaba respaldar los créditos otorgados
por estos últimos, en virtud de los préstamos que habían hecho a favor de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. Estas instrucciones, además, fueron acatadas por la
sociedad fiduciaria al expedir los certificados de fuente de pago68.
Es más, en el cuaderno No. 1 del expediente, se observa que los 23 prestamistas
remitieron, de manera individual, pero usando el mismo texto, comunicaciones a
Financiamos S.A., todas ellas del 14 de mayo de 200969, realizando varias
declaraciones sobre los hechos que dieron lugar a la controversia y reconociendo
expresamente la calidad de mandatario de dicha sociedad.
En dichos documentos, se incluyó el siguiente texto:
«1.- Que en calidad de Acreedor he intervenido en operaciones de crédito que se han
otorgado a favor de la sociedad GESTIÓN HOSPITALARIA DE COLOMBIA S.A., que
me fueron presentadas como opción de inversión por la sociedad FINANCIAMOS
S.A., en su calidad de Corredora.
2.- Que la garantía y fuente de pago que me fue descrita como parte de la operación
fue la de la expedición de Certificados Fiduciarios expedidos por FIDUPREVISORA
S.A., como administradora del encargo fiduciario constituido por la deudora y el
Hospital Tomás Uribe Uribe E.S.E., encargo que administraba la totalidad de los
dineros provenientes del pago de las facturas emitidas por los Fideicomitentes a las
empresas aseguradoras y al Fosyga, los que fueron expedidos a favor de
FINANCIAMOS S.A. como mandataria de sus inversionistas, todo lo cual fue
conocido y aceptado por mí» (se destaca).
a aquellos recaudados por el fideicomiso. Adicionalmente, especificaron: «luego de realizadas las
reservas de recursos correspondientes al servicio de la deuda de Financiamos Ltda. […] y los gastos
del fideicomiso, los recursos remanentes quedarán a disposición del fideicomitente».
68
Con base en las instrucciones de los fideicomitentes, Fiduprevisora S.A. emitió dos certificados de
fuente de pago a nombre de Financiamos Ltda. —posteriormente Financiamos S.A.—: (i) certificado
del 15 de diciembre de 2005 (folio 217 del cuaderno 2), el cual se emitió a partir de la solicitud de los
fideicomitentes de fecha 13 de diciembre del mismo año, por valor de $416’000.000, y (ii) certificado
del 14 de marzo de 200668, en cumplimiento de la instrucción otorgada mediante comunicación del
23 de febrero de 2006, por valor de $260’000.000. En los dos certificados, luego de describir el objeto
del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, Fiduprevisora S.A. señaló que este podía ser «fuente
de pago de créditos otorgados por las entidades financieras a favor del fideicomitente, […] sin que
ello sea entendido como un fideicomiso de garantía». En este sentido, aclaró que la fiduciaria se
abstendría de suscribir cualquier documento de crédito como vocera del encargo fiduciario, que la
obtención y pago de los créditos sería de entera responsabilidad de los fideicomitentes, como únicos
deudores, y que la fiduciaria pagaría «según sus instrucciones y hasta concurrencia de los recursos
[…]». Indicó, igualmente, que los recursos que hacían parte del encargo fiduciario eran aquellos
provenientes del pago de las facturas emitidas por el fideicomitente a las empresas aseguradoras y
el FOSYGA. Por otra parte, ambos certificados incluyeron una transcripción de las instrucciones de
los fideicomitentes, en el sentido de que los recursos para pagar a Financiamos S.A. correspondían
a aquellos recaudados por el fideicomiso, y que «luego de realizadas las reservas de recursos
correspondientes al servicio de la deuda de Financiamos Ltda. […] y los gastos del fideicomiso», los
recursos remanentes quedarían a disposición de los fideicomitentes. Al final de cada certificado,
Fiduprevisora S.A. reiteró: «no se trata de un certificado de garantía en desarrollo del citado
fideicomiso». Adicionalmente, en el segundo certificado, emitido el 14 de marzo de 2006, se precisó
que su vigencia era «hasta el vencimiento del respectivo contrato».
69 Folios 69, 73, 76, 81, 85, 93, 99, 110, 132 a 133, 150, 162, 166 a 167, 171, 175, 185, 193 a 194,
200, 205, 216, 220, 228, 237, 241 a 242 del cuaderno 1.
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Adicionalmente, el párrafo final de cada una de estas misivas fue del siguiente tenor:
«Por lo anterior, declaro expresamente que conozco y acepto la totalidad de los
contratos y actuaciones surtidas en las operaciones atrás descritas por parte de
FINANCIAMOS S.A. como corredora y mandataria en todas estas actuaciones»
(se destaca).
Se observa, entonces, que a través de las comunicaciones del 14 de mayo de 2009
los propios prestamistas de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., demandantes
en este proceso, confirmaron su calidad de mandantes de Financiamos S.A.
Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, como lo ha sostenido la
doctrina70, el mandato es «un contrato en virtud del cual una parte llamada
mandante, encarga a otra, llamada mandataria, la gestión de uno o más negocios,
por cuenta y riesgo de la primera». En el caso sub examine, la gestión que los
prestamistas encargaron a Financiamos S.A. estaba relacionada con su
participación en el contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, razón por la cual le
habrían encomendado actuar como titular de los certificados de fuente de pago
otorgados por instrucción de los fideicomitentes y exigir su cumplimiento.
A lo anterior, cabe añadir que, sobre la prueba de la existencia del contrato de
mandato, se ha dicho lo siguiente71: «el mandato, en sí mismo, puede ser acreditado
por cualquier medio probatorio idóneo, bajo la noción fundamental de que es
eminentemente consensual». En la misma línea, se ha agregado: «[e]ntonces, las
condiciones y alcances del mandato, en sí, pueden probarse de cualquier manera,
de conformidad con los principios probatorios sentados en el Código de
Procedimiento Civil. Hay, pues, libertad comprobatoria».
Teniendo en cuenta estas consideraciones y los elementos probatorios puestos de
presente, no queda duda de que Financiamos S.A. actuó como mandataria de los
prestamistas, de lo cual se desprende que sí existió contrato de mandato de esta
sociedad con cada uno de ellos.
2.2.6. Ahora bien, el hecho de que Financiamos S.A., en calidad de mandataria de
los 23 prestamistas, fuera titular de los certificados de fuente de pago de fecha 15
de diciembre de 2005 y 14 de marzo de 2006, emitidos por Fiduprevisora S.A., no
implica, per se, que esta sociedad tuviera la calidad de beneficiaria en el marco del
contrato de encargo fiduciario.
Al respecto, ha de señalarse que la jurisprudencia, así como la doctrina 72, han
tratado la distinción entre el mandato representativo y aquel sin representación,
70 Bonivento Fernández, José Alejandro. «Los principales contratos civiles y su paralelo con los
comerciales». Primera edición. Editorial: Tirant lo Blanch. 2024. Páginas 773-774.
71 Ibid. Páginas 791-792.
72 Ibid. Páginas 774-783.
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asunto que conviene precisar. En términos generales, esta Corporación 73 ha
considerado, a la luz de lo dispuesto en el artículo 217774 del Código Civil, que el
mandato es «con representación» cuando el mandatario revela su calidad ante
terceros, es decir, cuando expresa que actúa en nombre del mandante, evento en
el cual es este quien se obliga ante ellos, en lugar del mandatario. En cambio, el
mandato «sin representación» tiene lugar cuando el mandatario celebra a nombre
propio los negocios confiados por el mandante, ocultando su calidad, en cuyo caso
se obliga directamente con su contraparte, sin que surja, en este escenario, relación
jurídica entre el tercero y el mandante. En otras palabras, la diferenciación entre
mandato representativo y sin representación resulta útil para determinar si existe
una relación jurídica entre el mandante y los terceros con quienes ha contratado el
mandatario en el desarrollo de su gestión.
En todo caso, con independencia de que el mandato sea con o sin representación,
este negocio fue concebido por el legislador de tal forma que el mandatario
desarrolle una gestión o encargo por cuenta y riesgo de su mandante, particularidad
que, según la jurisprudencia de esta Corporación, constituye uno de los elementos
de la esencia de este contrato. Así se ha expresado75:
«De este modo, son dos los elementos de la esencia de un mandato. El primero, es
la encomienda de negocios o actos de comercio, cuya ejecución o cumplimiento —
en los términos estipulados— constituye el objeto del contrato. El segundo, es la
actuación por cuenta y riesgo del mandante, que, en otras palabras, significa que
el resultado de las obligaciones desarrolladas por el mandatario están llamadas a
desembocar en el patrimonio del mandante» (se destaca).
En consecuencia, la jurisprudencia contencioso administrativa ha sostenido que «el
resultado de las obligaciones desarrolladas por el mandatario» debe «desembocar
en el patrimonio del mandante», lo cual es corolario de que el mandatario despliegue
su labor por cuenta y riesgo del comitente76.
En esta línea, al estudiar la relación existente entre mandante y mandatario, esta
Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos77:
«En todo caso, independientemente de si, frente a terceros, se actúa con o sin
representación, en ambos casos, el mandatario está obligado, en virtud del mandato
subyacente al negocio celebrado con el tercero, a trasladar los efectos del encargo
al mandante, quien, a su vez, salvo incumplimientos del negocio, recibe y refleja en
su patrimonio estos efectos. Lo anterior, dado que el mandatario actúa por cuenta
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 18 de
junio de 2020, exp. 22777, y sentencia del 21 de octubre de 2021, exp. 25125.
74 «Artículo 2177. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar <sic> a su propio
nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al
mandante».
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 18 de
junio de 2020, exp. 22777.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 18 de
junio de 2020, exp. 22777.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 21 de
octubre de 2021, exp. 25125.
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de su mandante para la ejecución del encargo asignado por este, lo que hace al
mandatario un intermediario para la gestión encomendada».
2.2.7. En este orden de ideas, para determinar si Financiamos S.A. y los
prestamistas ostentaban la calidad de beneficiarios en el contrato de encargo
fiduciario y, por tanto, si para este asunto se encuentran legitimados en la causa por
activa, resulta pertinente analizar el esquema bajo el cual se constituyeron los
mandatos entre estos y aquella sociedad. Concretamente, la Sala debe definir si los
fideicomitentes, al ordenar a Fiduprevisora S.A. la emisión de los certificados de
fuente de pago a favor de Financiamos S.A. —instrucciones que fueron acatadas
por la fiduciaria—, tenían conocimiento de que la destinataria de esos instrumentos
actuaba en calidad de mandataria de los prestamistas.
Como se explicó en el presente acápite, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el
Hospital Tomás Uribe Uribe, en calidad de fideicomitentes, dieron instrucciones a la
sociedad fiduciaria para que expidiera los certificados de fuente de pago a favor de
Financiamos S.A.; la emisión de estos instrumentos tuvo por objeto, precisamente,
respaldar los créditos otorgados por los prestamistas a favor de Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A., tal como lo pusieron de presente las partes en el proceso. Así,
resulta evidente que, si los fideicomitentes no hubieran tenido conocimiento sobre
la representación que Financiamos S.A. ejercía para los prestamistas, no tendría
sentido que aquellos hubieran ordenado emitir los certificados de fuente de pago a
nombre de esa sociedad; en cambio, es probable que hubieran solicitado su
expedición, directamente, a nombre de los mutuantes, lo cual no ocurrió.
En este contexto, el hecho de que la orden de los fideicomitentes —acatada por la
fiduciaria— haya sido emitir los certificados a nombre de Financiamos S.A., para
respaldar los préstamos que habían sido efectuados por parte de los prestamistas
—personas naturales y jurídicas— y no de aquella sociedad, es indicativo de que
conocían la calidad de representante o mandatario de los prestamistas que
ostentaba Financiamos S.A., circunstancia que excluye la posibilidad de que se
tratara de un mandato oculto o sin representación.
2.2.8. De este modo, ha de concluirse que la gestión desarrollada por Financiamos
S.A. fue encomendada por los prestamistas a través de mandatos con
representación, en los que el mandatario, es decir, Financiamos S.A., no ocultó su
calidad de representante o mandatario de los prestamistas ante los demás
intervinientes del negocio fiduciario —esto es, el Hospital Tomás Uribe Uribe,
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y Fiduprevisora S.A.—, cuya conducta, a su
vez, permite evidenciar que conocían dicha representación. En este orden de ideas,
la Sala destaca que, si bien los certificados de fuente de pago fueron emitidos a
nombre de Financiamos S.A. con fundamento en los contratos de mandato, lo cierto
es que los prestamistas cuentan con la facultad de reclamar a los mencionados
terceros —ajenos a las relaciones de mandato— el incumplimiento de lo consignado
en dichos documentos, pues eran ellos los titulares de los derechos consignados en
estos, situación que era conocida por los fideicomitentes y la sociedad fiduciaria.
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En adición de lo anterior, y de conformidad con lo expuesto en este acápite, se
resalta que el hecho de que la participación de Financiamos S.A. haya tenido lugar
bajo el esquema de mandatos representativos implica, en punto a la legitimación
para demandar el incumplimiento del contrato de encargo fiduciario por el impago
de la suma indicada en los certificados, que en realidad Financiamos S.A. no estaba
habilitada para ello, ya que estos fueron emitidos para respaldar los créditos
otorgados por los prestamistas a Gestión Hospitalaria S.A., mientras que
Financiamos S.A. actuaba como un simple intermediario.
En otras palabras, en criterio de esta Sala, eran los prestamistas —y no su
mandatario— quienes ostentaban la calidad de beneficiarios del contrato de
encargo fiduciario, pues eran ellos los llamados a obtener un beneficio directo de
los réditos del fideicomiso; así, en línea con la forma en que estaba estructurado el
negocio fiduciario, luego de que Fiduprevisora S.A. desembolsara los recursos
indicados en los certificados de fuente de pago, estos debían verse reflejados, en
últimas, en el patrimonio de los mandantes. Lo anterior, además, guarda
consistencia con lo expuesto acerca de la esencia del contrato de mandato: en la
medida en que estos eran ejecutados por cuenta y riesgo de cada prestamista —en
este caso, por haber efectuado el respectivo préstamo—, el mandatario está
obligado a trasladar a su comitente los efectos económicos derivados del encargo
—a saber, las sumas que desembolsara la fiduciaria—.
2.2.9. Conforme con lo anterior, vale la pena precisar que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1235 del Código de Comercio, al cual se ha hecho referencia
en el presente acápite, la calidad de beneficiarios del contrato de encargo fiduciario
No. 3-1-0020 legitima a los particulares que otorgaron créditos para demandar el
incumplimiento, por parte de Fiduprevisora S.A., de las obligaciones que se
encontraban a su cargo. Empero, con independencia de que los prestamistas
demandantes, en su posición de beneficiarios o fideicomisarios, se consideren parte
o no del contrato de encargo fiduciario, las circunstancias fácticas del presente
asunto permiten dilucidar claramente el interés legítimo que les asistía para
pretender el incumplimiento del negocio jurídico, no solamente por parte de la
fiduciaria sino también de los fideicomitentes —a saber, el Hospital Tomás Uribe
Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.—, el cual, según lo alegado en la
demanda, les habría causado una serie de perjuicios.
Por todo lo anterior, concluye la Sala que, en el asunto sub judice, únicamente los
prestamistas tenían la calidad de beneficiarios del encargo fiduciario y, en
consecuencia, estaban legitimados en la causa por activa para formular las
pretensiones principales y la «primera serie de pretensiones subsidiarias» en
ejercicio de la acción contractual, mientras que Financiamos S.A., por el contrario,
no contaba con dicha legitimación.
2.2.10. Finalmente, en lo que respecta a la «segunda serie de pretensiones
subsidiarias», ha de precisarse que estas están encaminadas, principalmente, a la
declaratoria de existencia de los contratos de mutuo mercantil celebrados entre
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Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y las personas naturales y jurídicas que
otorgaron créditos a esta sociedad, así como el incumplimiento de dichos negocios
jurídicos por parte Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe
Uribe, este último por haber revelado su calidad de partícipe inactivo en los
contratos de asociación y cuentas en participación celebrados con aquella sociedad,
según lo dispuesto en el artículo 511 del Código de Comercio.
Así las cosas, en relación con este grupo de súplicas, se encuentran legitimados en
la causa por activa los particulares prestamistas, quienes celebraron los contratos
de mutuo con Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. —como se verá más adelante
en las consideraciones de esta providencia— En cambio, no se encuentra habilitada
frente a estas pretensiones Financiamos S.A., también demandante en este
proceso, por no haber hecho parte de dichas operaciones de crédito.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva debe predicarse de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A., sociedad esta que recibió los préstamos por parte
de los particulares, así como del Hospital Tomás Uribe Uribe, de quien se pretende
la responsabilidad solidaria por el incumplimiento de los mutuos, de conformidad
con artículo 511 del Código de Comercio.
2.2.11. Por todo lo expuesto, esta Subsección advierte la falta de legitimación en la
causa por activa de Financiamos S.A. frente a las pretensiones principales y sus
subsidiarias, así como también frente a la «segunda serie de pretensiones
subsidiarias» de la demanda.
Así las cosas, se mantendrá la determinación del Tribunal a quo en cuanto a la
declaratoria de oficio de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
en relación con Financiamos S.A., pero, a su vez, se revocará la decisión
concerniente a la falta de legitimación en la causa por activa de los 23 prestamistas,
pues, como acaba de verse, estos sí se encuentran legitimados para demandar el
incumplimiento tanto del contrato de encargo fiduciario como de los mutuos.
Superado este punto, la Sala pasará a analizar los demás presupuestos procesales.
2.3. Ejercicio oportuno de la acción contractual
2.3.1. Tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación78,
para garantizar el principio de la seguridad jurídica y evitar que las situaciones
permanezcan judicialmente indefinidas en el tiempo, el legislador estableció el
fenómeno de la caducidad, consagrando al efecto unos plazos razonables, perentorios
e irrenunciables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de ejercer
su derecho de acción y formular sus pretensiones.
78 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de
2012, exp. 21906 y sentencia del 5 de julio de 2018, exp. 43916, y Subsección C, sentencia del 23
de agosto de 2024, exp. 67969.
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En este orden, la caducidad es una institución jurídico procesal en virtud de la cual una
persona pierde la facultad de accionar y hacer efectivos sus derechos, si no ha
puesto en marcha el aparato judicial dentro del término legal fijado. Se trata,
entonces, de una sanción prevista por el ordenamiento jurídico en interés general,
con el fin de otorgar certidumbre y materializar el ejercicio razonable y proporcional
del derecho de acceso a la administración de justicia; además, por ser de orden
público, el juez debe declararla de oficio siempre que constate su ocurrencia79.
2.3.2. Previo a abordar el examen de caducidad en este asunto, la Sala precisa que
las pretensiones frente a las cuales examinará este presupuesto procesal están
relacionadas con el contrato de encargo fiduciario de recepción, administración,
inversión y pagos No. 3-1-0020 del 10 de septiembre de 2004, que buscan, además
de la declaratoria de existencia y validez de tales negocios jurídicos, la declaratoria
de incumplimiento contractual de Fiduprevisora S.A., del Hospital Tomás Uribe
Uribe E.S.E. y de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., lo cual hace procedente
la acción contractual prevista en el artículo 87 del CCA.
Para el a quo, la demanda se presentó por fuera del plazo establecido en el artículo
136 del CCA, ya que el contrato de encargo fiduciario terminó el 10 de septiembre
de 2006, mientras que el libelo introductorio se interpuso después de los 2 años. En
contraste con lo anterior, la parte demandante, en el recurso de apelación, alegó
que el Tribunal desconoció la naturaleza del aludido negocio jurídico, el cual se regía
«por las normas del derecho privado», de ahí que tal acuerdo de voluntades no
ostentara la naturaleza de contrato estatal y, por tal razón, no eran aplicables los
términos de caducidad previstos en el CCA, sino los plazos de prescripción.
Con el fin de resolver el cargo concreto de la apelación, la Sala de Subsección se
referirá, en primer lugar, a la naturaleza del contrato de encargo fiduciario objeto de
estudio y al régimen jurídico que lo gobierna, para luego, en segundo lugar,
examinar si la demanda en cuestión, en lo que concierne a las pretensiones
relacionadas con ese contrato, se presentó en tiempo o no.
2.3.3. De entrada, la Sala de Subsección advierte que el contrato de encargo
fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, del 10 de
septiembre de 2004, ostenta la naturaleza de un negocio jurídico estatal, ya que fue
celebrado por dos entidades públicas, que fueron las siguientes: Hospital Tomás
Uribe Uribe —Empresa Social del Estado80— y Fiduprevisora S.A. —entidad
financiera de carácter estatal, cuya naturaleza corresponde a la de una sociedad de
economía mixta del orden nacional81—. También fue suscrito por Gestión
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 25712.
80 El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 señala que las Empresas Sociales del Estado son creadas
«por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso». En lo que respecta al Hospital
demandado, este fue creado a través de la Ordenanza No. 005 de 1996, expedida por la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca (folio 594 del cuaderno 1A y folio 244 del cuaderno 1).
81 En el certificado de existencia y representación legal de Fiduprevisora S.A., expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, se definió su naturaleza jurídica de la siguiente manera:
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Hospitalaria de Colombia S.A., que es una sociedad de carácter privado.
Ahora, si bien el contrato de encargo fiduciario en estudio es de naturaleza estatal,
ha de destacarse que aquel se encuentra regido por las normas del derecho privado.
En efecto, el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen jurídico
de las Empresas Sociales del Estado, como lo es el Hospital Tomás Uribe Uribe,
dispone en su numeral 6 que «[e]n materia contractual se regirá por el derecho
privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas
en el estatuto general de contratación de la administración pública» (se destaca).
A su vez, según lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
«[l]os Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas
actividades». En este caso, como Fiduprevisora S.A. es una entidad financiera de
carácter estatal82, el contrato de encargo fiduciario suscrito por esta sociedad no se
encuentra sujeto a las prescripciones de la Ley 80 de 1993.
En ese orden ideas, la Sala concluye que el contrato de encargo fiduciario en
cuestión es de naturaleza estatal, pero que no se rige por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, sino por el derecho privado.
2.3.4. Aclarado lo anterior, esta Sala de Subsección considera oportuno precisar
que el hecho de que el contrato de encargo fiduciario objeto de estudio se gobierne
por las normas del derecho privado, no significa la inoperancia de las normas
procesales que prevé el CCA, ya que las controversias derivadas de aquel son del
resorte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de ahí que resulten
aplicables las reglas de caducidad de la acción, que constituyen el límite temporal
para acudir ante esta jurisdicción.
Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente83:
«[…] es menester precisar que si bien es cierto al contrato objeto de estudio le resultan
aplicables las normas de derecho privado, también lo es —como ya se dijo— que
dicho contrato es estatal, por tanto, la competencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, le corresponde a esta Jurisdicción y, por tal
razón, las normas procesales aplicables no pueden ser otras que las contenidas en
el Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 1984—; al respecto la
jurisprudencia de la Corporación ha puntualizado:
«Sociedad Anónima de Economía Mixta de carácter indirecto y del Orden Nacional. Entidad sometida
al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia» (folio 595 del
cuaderno 1A).
82 Según el certificado de existencia y representación legal de Fiduprevisora S.A., expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia el 5 de junio de 2009, la naturaleza jurídica de esa entidad
corresponde a la de una «sociedad anónima de economía mixta de carácter indirecto y del orden
nacional» (Folio 595 del cuaderno 1A).
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 14 de agosto de 2013, exp. 45191.
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‘De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las
entidad públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de
Contratación o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde
encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos
domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual
las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán
ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para
este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le
aplique a los contratos.’84
Así las cosas, concluye la Sala que dado que el contrato en cuestión es estatal y que,
por tal razón, las controversias que con ocasión suya se originen son de competencia
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en vía judicial las normas
procesales que le son aplicables son las previstas en el Código Contencioso
Administrativo —Decreto 01 de 1984— normativa que prevé de manera expresa un
término de caducidad para presentar la acción de controversias contractuales y no
uno de prescripción».
En ese sentido, como el asunto sub examine debe ser resuelto por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo —en virtud del criterio orgánico establecido en el
artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006—, en tanto
el contrato de encargo fiduciario fue suscrito por dos entidades públicas, ha de
advertirse que deben aplicarse las reglas de caducidad previstas en el CCA, al
margen de que dicho negocio jurídico se rija por el derecho privado.
Con lo expuesto queda claro, entonces, que para acudir a esta jurisdicción en
ejercicio del derecho de acción existe un límite temporal, que son las reglas de
caducidad previstas en el CCA, las cuales no pueden ser remplazadas por las
normas de la prescripción que contempla el derecho privado, ya que, al ser dos
figuras que regulan fenómenos jurídicos diferentes, «no es posible aplicar las
normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa»85.
2.3.5. Al hilo con lo anterior, la Sala recuerda que el CCA establece unas reglas
especiales a las cuales debe acudirse para efectos de determinar el momento a
partir del cual debe iniciar el cómputo de la caducidad cuando la demanda tiene
origen en un contrato. Entre esas reglas especiales existe una que hace relación a
84 Original de la cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Auto de agosto 20 de 1998, Expediente No. 14202, C.P. Juan de Dios Montes.
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de mayo 27 de
2004, exp. No. 24371. Ver, también, auto del 14 de agosto de 2013, exp. 45191, proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera, en el cual se consideró lo siguiente: «Adicionalmente y como
quiera que la parte impugnante pretende que, en lugar del término de caducidad de la acción, se le
aplique el término de prescripción contemplado en las normas de derecho privado, considera la
Sala oportuno advertir, en primer lugar, que las normas que regulan la prescripción no se le
pueden aplicar a la caducidad, habida cuenta que son dos figuras que regulan fenómenos
diferentes; al respecto la jurisprudencia ha sostenido: ‘La caducidad se refiere a la extinción de la
acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada, mientras que la
caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en
ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos,
los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso
de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001’» (se destaca).
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los contratos que requieren de liquidación, actuación que viene a ser el punto de
referencia para efectos de computar el término para ejercer el derecho de acción.
En este asunto, como el contrato de encargo fiduciario de recepción, administración,
inversión y pagos No. 3-1-0020 se rige por las normas del derecho privado, no es
posible acudir a las disposiciones sobre liquidación que trae el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. Además, ha de señalarse que el contrato
sub examine tampoco está sujeto a una etapa liquidatoria por vía convencional, toda
vez que las partes, en ejercicio de su autonomía negocial, no incorporaron una
estipulación de esta naturaleza en los documentos integrantes del negocio jurídico.
En este sentido, el contrato de encargo fiduciario objeto de estudio no requería
liquidación, de ahí que, en este caso, para efectos del cómputo de la caducidad en
relación con las pretensiones relacionadas con ese negocio jurídico, resulte
aplicable el literal b del numeral 10 del artículo 136 del CCA, que prevé lo siguiente:
«[…] 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
[…] b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa; […]».
Bajo este contexto, siguiendo las prescripciones de la norma citada, los dos (2) años
dispuestos para presentar la demanda, en ejercicio de la acción contractual, deben
computarse a partir de la terminación del contrato en cuestión.
En la cláusula octava86 del contrato de encargo fiduciario se pactó que la vigencia
de aquel sería de un (1) año contado a partir de su suscripción, y que podía ser
prorrogado de mutuo acuerdo por las partes. Se observa, entonces, que la duración
de dicho negocio jurídico fue expresamente sometida a plazo, y en tanto aquel fue
celebrado el 10 de septiembre de 200487, debe entenderse que su vigencia se
extendía, en principio, hasta el 10 de septiembre de 2005. Ahora bien, en la cláusula
primera88 del otrosí No. 1 al contrato de encargo fiduciario en cuestión, que modificó
la vigencia de dicho acuerdo de voluntades, se plasmó que el término de duración
de aquel se extendía por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006.
En este punto resulta oportuno precisar que, aunque al proceso no fueron aportadas
las copias de nuevos otrosíes que introdujeran prórrogas al plazo contractual, lo
cierto es que en el expediente obran múltiples documentos que acreditan que el
86 «CLÁUSULA OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será de
un (1) año contado a partir de la suscripción del presente contrato, el cual podrá ser prorrogado de
mutuo acuerdo entre las partes» (Folio 263 del cuaderno 1).
87 Folio 265 del cuaderno 1.
88 «CLÁUSULA PRIMERA.- Prorróguese el término de duración del contrato de encargo fiduciario 3-
1-0020 por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006». (Fl. 302, C. 1).
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negocio de encargo fiduciario se extendió hasta el 31 de julio de 200789.
Para comenzar, es pertinente señalar que el acervo probatorio contiene una
comunicación del 2 de diciembre de 200690, suscrita por la señora Claudia Jimena
Cárdenas Soto, en calidad de representante legal de Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A., y el señor Víctor Hugo De León Fernández, como representante
legal del Hospital Tomás Uribe Uribe, por medio de la cual manifestaron
conjuntamente a Fiduprevisora S.A. su «intención de prorrogar el contrato No. 3-1-
0020 suscrito entre Hospital Tomás Uribe Uribe, Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. y la Fiduciaria La Previsora S.A. hasta el 31 de julio de 2007» (se destaca).
Luego, mediante comunicación del 28 de diciembre del mismo año91, el señor De
León Fernández —representante legal del Hospital— reiteró su voluntad de
extender la duración del contrato de encargo fiduciario hasta la fecha señalada.
A partir de los documentos que obran en el plenario, es posible evidenciar que, en
efecto, la duración del negocio fiduciario se prorrogó hasta la fecha solicitada por
los fideicomitentes. Sobre el particular, en el expediente reposan varios informes
mensuales de gestión y varios informes semestrales de rendición de cuentas del
fideicomiso «Gestión Hospitalaria – Hospital Tomás Uribe Uribe», emitidos por
Fiduprevisora S.A., donde la entidad expresamente señaló que el contrato de
encargo fiduciario terminó el 31 de julio de 2007. Así, por ejemplo, en el informe
semestral de rendición de cuentas del 31 de diciembre de 200692, concretamente
en el acápite de «Antecedentes», Fiduprevisora S.A. expuso lo siguiente:
«Perfeccionamiento y Vigencia del Contrato:
Contrato de Encargo Fiduciario número 310020 suscrito el 10 de septiembre de
2004 entre Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Valle, la Sociedad
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A., vigente hasta
el 31 de Julio de 2007» (se destaca).
El aparte transcrito se repite, idéntico, en el informe mensual de gestión del 28 de
febrero de 200793 y en el informe semestral de rendición de cuentas del 30 de junio
de 200794, emitidos por Fiduprevisora S.A. Del mismo modo, el informe mensual de
gestión del 31 de enero de 200795, en el acápite «Datos generales», contiene la
89 En similares términos, en reciente pronunciamiento de esta Subsección se sostuvo: «En este punto
la Sala precisa que, si bien en la demanda se alega que el contrato de aseguramiento tuvo vigencia
entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de marzo de 2011, en el expediente no obra la prueba del contrato
o del otrosí que dé cuenta de que esa relación sí se extendió hasta el 31 de marzo de 2011; no
obstante, aunque con lo hasta aquí visto la relación negocial inició el 1° de junio de 2010 y luego el
1° de agosto se continuó con el aseguramiento hasta el 31 de diciembre de 2010, con los medios
probatorios que se relacionan a continuación se desprende que, en efecto, el negocio de
aseguramiento sí tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2011» (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024,
exp. 62319).
90 Folio 216 del cuaderno 2.
91 Folio 335 del cuaderno 1A.
92 Folio 341 del cuaderno 1A.
93 Folio 406 del cuaderno 1A.
94 Folio 136 del cuaderno 2.
95 Folio 375 del cuaderno 1A.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
siguiente información:
«1.1. TIPO DE FIDUCIA: Encargo Fiduciario
1.2. CONSTITUCIÓN: 10 de Septiembre de 2004
1.3. TÉRMINO: 31 de Julio de 2007» (se destaca).
Lo anterior permite inferir que, con posterioridad a la suscripción del otrosí No. 1 al
contrato de encargo fiduciario, que extendió su duración hasta el 10 de septiembre
de 2006, las partes —Fiduprevisora S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y
el Hospital Tomás Uribe Uribe— efectuaron nuevas prórrogas al negocio fiduciario,
acordando que este terminaría el 31 de julio de 2007. Esto también se corrobora
con el informe de gestión del mes de febrero de 201496, en el cual se adujo:
«1. OBJETO
[…] Durante la vigencia del Fideicomiso se han elaborado los siguientes otrosíes:
• Otrosí No. 1: PRIMERA. Las partes solicitan incluir a la cláusula primera
(objeto): PARÁGRAFO. “El encargo fiduciario podrá ser fuente de pago de
créditos otorgados por las entidades financieras a favor de los
Fideicomitentes. La obtención y pago de dichos créditos será de entera
responsabilidad de los Fideicomitentes y la Fiduciaria pagará según sus
instrucciones y hasta concurrencia de los recursos incorporados al
Fideicomiso”. SEGUNDA. Las partes incorporan el siguiente parágrafo
segundo al numeral 4) de la cláusula tercera del contrato principal
(obligaciones de los Fideicomitentes): PARÁGRAFO SEGUNDO. “En caso
de utilizar el encargo fiduciario como fuente de pago, los Fideicomitentes
relevan a la Fiduciaria de toda responsabilidad frente a los créditos objeto de
dicha fuente de pago e instruirán a la Fiduciaria sobre la prelación en que
debe pagarse hasta la concurrencia de los recursos existentes en el
fideicomiso, liberando en consecuencia a la Fiduciaria de cualquier
responsabilidad frente al Fideicomitente y a los terceros acreedores”.
• Otrosí No. 2: Se modifica la cláusula octava del contrato, prorrogando el
término de duración por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006.
• Otrosí No. 3: Se prorroga el término de duración del contrato de encargo
fiduciario 310020 hasta el 13 de diciembre de 2006.
• Otrosí No. 4: Se prorroga el término de duración del contrato de encargo
fiduciario 310020 hasta el 31 de julio de 2007» (se destaca).
A partir de lo anterior, la Sala no pasa por alto que la información consignada en el
informe de gestión de febrero de 2014 permite evidenciar una inconsistencia en
cuanto a la numeración de los otrosíes del encargo fiduciario, pues se refiere al
«otrosí No. 2» como aquel mediante el cual se efectuó la primera prórroga del plazo
«por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006». No obstante, esta descripción
coincide con el modificatorio cuya copia reposa en el expediente, a folios 301-302
96 Folio 236 del cuaderno 2.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
del cuaderno No. 1, con el nombre «otrosí No. 1». Así pues, surge la duda de si este
fue el primer o el segundo otrosí que se celebró en relación con el negocio fiduciario.
Pues bien, una revisión detallada del expediente permite advertir que existe copia
de dos documentos diferentes, ambos modificatorios del contrato de encargo
fiduciario No. 3-1-0020 y denominados textualmente «otrosí No. 1», situación que
explica la inconsistencia. A través del primero de ellos, que contiene fecha de envío
de fax del 18 de enero de 2005, las partes agregaron nuevos parágrafos a la
cláusula primera y al numeral 4 de la cláusula tercera del contrato de encargo
fiduciario97. Por medio del segundo, de fecha 9 de septiembre de 2005, tal como se
indicó más atrás, se modificó la cláusula octava del contrato, efectuando la primera
prórroga del plazo «por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006»98. En
cualquier caso, a partir de los datos expuestos en el precitado informe de gestión
de febrero de 2014, esta Sala encuentra acreditado que el negocio fiduciario fue
modificado en al menos 4 ocasiones, de las cuales 3 implicaron prórrogas,
extendiendo el plazo del negocio jurídico hasta el 31 de julio de 2007.
Además, ha de señalarse que este hecho coincide con lo descrito por la apoderada
de Fiduprevisora S.A. durante el trámite de conciliación extrajudicial. En efecto, el
17 de octubre de 2008, la parte demandante presentó solicitud para comenzar dicho
procedimiento ante la Procuraduría General de la Nación99. Según el acta de la
audiencia de conciliación, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2008 100, la
apoderada de la entidad fiduciaria expresó lo siguiente: «[…] hemos considerado
que hemos actuado con diligencia en el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato de encargo fiduciario. […] El contrato a la fecha se encuentra
vencido desde julio del año 2007 […]» (se destaca). Este mismo aparte fue
transcrito en la constancia de no conciliación de fecha 15 de enero de 2009101.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra evidencia suficiente que acredita que la
terminación del encargo fiduciario No. 3-1-0020 acaeció el 31 de julio de 2007,
plazo acordado por las partes en el otrosí No. 4 del referido contrato. Bajo este
entendido, esta Subsección advierte que el Tribunal a quo incurrió en error al
considerar que el negocio fiduciario terminó el 10 de septiembre de 2006, ya que no
tuvo en cuenta las pruebas documentales que señalan, con claridad, que su
duración fue extendida hasta el 31 de julio de 2007. Al mismo tiempo, valga precisar
que no le asiste razón al recurrente al argumentar que la terminación del negocio
jurídico dependía del cumplimiento de alguna condición, como sería la restitución al
beneficiario de los remanentes del encargo fiduciario, ya que la voluntad de las
partes fue someter la duración del contrato a un plazo determinado.
En tal sentido, de conformidad con el literal b del numeral 10 del artículo 136 del
97 Folios 266 a 267 del cuaderno 1.
98 Folios 301 a 302 del cuaderno 1.
99 Folios 560 a 585 del cuaderno 1A.
100 Folios 586 a 590 del cuaderno 1A.
101 Folios 591 a 592 del cuaderno 1A.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
CCA, el término de dos (2) años para interponer la acción de controversias
contractuales finalizó el 1 de agosto de 2009. Como la demanda se presentó el 14
de julio de 2009102, antes de que hubiera finalizado dicho lapso, la Sala concluye
que la acción fue ejercida en tiempo, incluso sin considerar la suspensión del
término de caducidad producida por el trámite de conciliación extrajudicial, que inició
con la presentación de la solicitud de conciliación el día 17 de octubre de 2008103.
2.3.6. Superado el análisis de la oportunidad de la acción en relación con las
pretensiones principales, que giraron en torno a la declaratoria de incumplimiento
del contrato de encargo fiduciario, la Sala pasa a estudiar el presupuesto procesal
de la caducidad frente a la «segunda serie de pretensiones subsidiarias» de la
demanda, que analizadas en su conjunto se encuentran dirigidas a la consecución
de un mismo objetivo, a saber, que se declare la responsabilidad solidaria de
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y del Hospital Tomás Uribe Uribe, para
efectos de que ambos respondan por el incumplimiento de los contratos de mutuo
mercantil y por los perjuicios causados a los particulares que otorgaron créditos, tal
como se expuso en el apartado 2.1.4 de las consideraciones de esta sentencia.
Como se relatará en el punto 3.3.3.3. de esta providencia, de las pruebas que obran
en el expediente se advierte la existencia de unos contratos de mutuo celebrados
entre 23 particulares —personas naturales y jurídicas—, que son los aquí
demandantes, y la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
Al tenor del numeral 10 del artículo 136 del CCA, primer inciso, el término de
caducidad de dos (2) años, en lo que concierne a las controversias relativas a
contratos, empieza a correr a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o derecho que sirvan de fundamento. No obstante, como al proceso no se
aportaron tales contratos por escrito, difícilmente puede tenerse certeza sobre las
condiciones acordadas en esos negocios jurídicos y, por tal razón, naturalmente
surgen inquietudes para establecer el referente inicial para el conteo de la
caducidad, en la medida en que no resulta posible determinar desde cuándo se
concretó el supuesto incumplimiento alegado frente a los contratos de mutuo, que
sería el motivo de hecho y de derecho que sirvió de fundamento para demandar.
En consideración a las particularidades del caso en cuanto a este punto y en aras
de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, la
Sala dará aplicación a los principios pro actione y pro damnato104, para estudiar el
fondo del asunto frente a la «segunda serie de pretensiones subsidiarias»,
solamente en el evento en que sean desestimadas las pretensiones principales.
3. Caso concreto
102 Según da cuenta el sello de radicación (Folio 668 del cuaderno 1A).
103 Folio 560 del cuaderno 1A.
104 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en las cuales se han aplicados los mencionados principios: (i) fallo del 24 de
abril de 2024, exp. 68949; y (ii) fallo del 23 de septiembre de 2024, exp. 56541.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
Verificado el cumplimiento de los presupuestos procesales —salvo el de la
legitimación en la causa por activa de Financiamos S.A.—, a la Sala le corresponde
estudiar el fondo del asunto, así:
(i) si Fiduprevisora S.A., en calidad de sociedad fiduciaria, por una parte, y el
Hospital Tomás Uribe Uribe y/o Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad
de fideicomitentes, por otra parte, incumplieron el contrato de encargo fiduciario de
recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020. Lo anterior, para efectos
de determinar la prosperidad de las pretensiones principales y la primera serie de
pretensiones subsidiarias de la demanda;
(ii) en caso de que se concluya que no hubo incumplimiento respecto del
contrato de encargo de fiduciario, corresponde examinar si Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. incumplió los contratos de mutuo celebrados con los prestamistas
demandantes y, en ese evento, si es posible predicar la responsabilidad solidaria
del Hospital Tomás Uribe Uribe, en calidad de partícipe inactivo, con fundamento en
el artículo 511 del Código de Comercio. Lo anterior permitirá a la Sala resolver la
segunda serie de pretensiones subsidiarias.
La Sala anticipa que negará las súplicas encaminadas a la declaratoria de
incumplimiento frente al contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020 —pretensiones
principales—, así como los pedimentos en ese sentido frente a los contratos de
mutuo —pretensiones subsidiarias—, porque, en términos generales, la parte
demandante no cumplió con la carga probatoria en ese sentido.
Para estos efectos, el análisis de esta Subsección se desarrollará abordando los
siguientes aspectos: (i) generalidades sobre la institución del incumplimiento del
contrato estatal; (ii) estudio sobre el supuesto incumplimiento del contrato de
encargo fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020;
(ii.a) el alcance de los certificados de fuente de pago emitidos por Fiduprevisora
S.A. y la prelación de pagos en la ejecución del contrato de encargo fiduciario No.
3-1-0020; (ii.b) la refacturación a nombre del Hospital Tomás Uribe Uribe y sus
implicaciones frente a la ejecución del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020;
y (iii) el examen sobre el incumplimiento alegado en relación con los contratos de
mutuo celebrados por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y la responsabilidad
solidaria del Hospital Tomás Uribe Uribe.
Lo anterior, no sin antes hacer referencia a los hechos probados relevantes para
decidir el asunto.
3.1. Hechos probados
Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados en copia simple,
siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista
alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013105.
Sobre los contratos de asociación y cuentas en participación
3.1.1. El Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
suscribieron, de forma sucesiva, una serie de tres contratos de asociación y cuentas
en participación106, todos ellos encaminados a la realización de una misma
actividad, donde el primero tenía la calidad de «asociado inactivo», mientras que la
segunda fungía como «asociado gestor». El primero de ellos fue el contrato No. 030
del 6 de agosto de 2004107, seguido del contrato No. 015 del 3 de enero de 2005108
y, finalmente, del contrato No. 027 del 2 de enero de 2006109.
3.1.1.1. En lo que respecta al objeto de estos negocios jurídicos, este fue descrito
en la cláusula primera del contrato No. 030 de 2004, de la siguiente manera: «La
presente asociación tiene por objeto desarrollar y explotar las operaciones
mercantiles relacionadas con las víctimas de accidentes de tránsito y eventos
catastróficos […]». De forma similar, en el segundo y el tercer contrato de asociación
y cuentas en participación, las partes definieron el objeto en la cláusula primera,
como se transcribe a continuación: «La presente asociación tiene por objeto
desarrollar y explotar las operaciones mercantiles relacionadas con la atención
médica y administrativa de los pacientes víctimas de accidentes de tránsito y
eventos catastróficos que ingresan al Hospital Tomás Uribe Uribe».
3.1.1.2. En el marco de estos acuerdos de voluntades, Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A., en calidad de asociado gestor, se comprometió a: (i) verificar, desde
el ingreso del paciente a las instalaciones del Hospital, que se tratara de una víctima
de un accidente de tránsito o evento catastrófico; (ii) tramitar la legalización de
documentos del paciente; (iii) suministrar los insumos, medicamentos, materiales
de osteosíntesis y reemplazos articulares para este tipo de pacientes; (iv)
encargarse del proceso administrativo, incluyendo la facturación, cobro, recaudo y
manejo de cartera ante las aseguradoras del seguro obligatorio de accidentes de
tránsito (SOAT) y las administradoras de los recursos del FOSYGA, entre otras; (v)
105 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. Rad.:
25022. «[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del
proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas
toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y
solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las
demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […] En consideración a lo anterior y a
pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254
de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han
hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda».
106 Folios 1 a 35 del cuaderno 2.
107 Folios 3 a 8 del cuaderno 2.
108 Folios 11 a 19 del cuaderno 2.
109 Folios 26 a 34 del cuaderno 2.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
velar por la oportuna atención del usuario, haciéndole el seguimiento durante su
estancia en el Hospital, con la finalidad de optimizar los recursos (tiempo de
estancia, insumos, ayudas diagnósticas); y (vi) tramitar los asuntos administrativos
relativos a la salida del paciente.
Por su parte, el Hospital Tomás Uribe Uribe, como asociado inactivo, debía (i) seguir
prestando los servicios de salud a la comunidad usuaria, específicamente a las
víctimas de accidentes de tránsito o de eventos catastróficos, en los servicios de
urgencias, hospitalización, cirugía, consulta externa y demás servicios de apoyo; y
(ii) facilitarle al asociado gestor un espacio en las instalaciones del Hospital, para
que este pueda desarrollar su objeto contractual.
3.1.1.3. En cuanto a la duración de estos acuerdos de voluntades, la cláusula quinta
del primer contrato señaló que este tendría una duración de 4 meses y medio, «a
partir del día 17 de agosto de 2004, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2004»,
sin perjuicio de que las partes pudieran dar por terminado el contrato
anticipadamente o prorrogarlo, de mutuo acuerdo, por períodos iguales o
superiores. Mediante otrosí de fecha 24 de agosto de 2004110, las partes modificaron
esta cláusula en lo relativo a la posibilidad de extender la vigencia del contrato,
reemplazando la expresión «[…] prorrogar por periodos iguales o superiores, por
mutuo acuerdo de las partes […]», por la frase «[…] prorrogar por periodos o
vigencias fiscales, por mutuo acuerdo de las partes […]».
En el segundo contrato, identificado con el No. 015 de 2005, se estableció, por
medio de la cláusula quinta, que este tendría «como término de ejecución el período
fiscal del 2005, es decir, a partir del día 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre
del año 2005», pudiendo ser terminado anticipadamente o prorrogado «por periodos
o vigencias fiscales, por mutuo acuerdo de las partes […]». Por su parte, en el
contrato No. 027 de 2006, también en la cláusula quinta, se pactó que la vigencia
del negocio jurídico sería de «un periodo fiscal, a partir del día 1 de enero de 2006
hasta el 31 de diciembre del año 2006», pudiendo igualmente ser terminado
anticipadamente o prorrogado «por periodos o vigencias fiscales, por mutuo
acuerdo de las partes […]». No obstante, a través de otrosí a este contrato, de fecha
28 de noviembre de 2006111, las partes extendieron la vigencia del contrato de 12 a
14 meses, es decir, «a partir del día 1 de enero de 2006 hasta el 28 de febrero del
año 2007», aclarando que dicho término no admitía prórroga, aun cuando podía ser
terminado anticipadamente.
3.1.1.4. Adicionalmente, el contrato No. 030 de 2004, en el numeral 3 de la cláusula
sexta, establece la obligación conjunta —para Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe— de celebrar un negocio fiduciario con
Fiduprevisora S.A., a través del cual se administrarían los recursos derivados de la
ejecución contractual. La obligación se pactó de la siguiente manera: «suscribir el
110 Folios 9 a 10 del cuaderno 2.
111 Folios 35 del cuaderno 2.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
contrato de Fiducia de Tesorería con FIDUPREVISORA S.A. para el manejo de los
ingresos y pagos producto de la ejecución de este contrato». Como consecuencia
de lo anterior, también se pactó la obligación de realizar el trámite correspondiente
ante las compañías aseguradoras, así como las demás entidades que cubrieran o
protegieran contra las contingencias derivadas de accidentes de tránsito y eventos
catastróficos, para establecer que los pagos por las cuentas de cobro relativas a los
servicios prestados se remitieran a Fiduprevisora S.A.
Además, en la cláusula octava, relativa a los procedimientos para el manejo de los
recursos provenientes de la ejecución del contrato, se señaló que la entidad
fiduciaria sería la encargada de recibir y distribuir esos recursos, así como de
realizar los pagos correspondientes, de conformidad con las instrucciones
impartidas por los fideicomitentes, es decir, por Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe. En esa medida, las partes acordaron celebrar
un «contrato de fiducia mercantil irrevocable de recepción y distribución de pago»,
donde ingresarían «los dineros provenientes del pago de las facturas emitidas a las
empresas aseguradoras y el FOSYGA».
Posteriormente, en el contrato No. 015 de 2005, se reiteraron las mismas
estipulaciones relativas a la obligación conjunta de suscribir el negocio fiduciario con
Fiduprevisora S.A., así como los demás efectos antes señalados, lo cual se
materializó en el numeral 3 de la cláusula séptima y en la cláusula novena de este
contrato. Al respecto, cabe mencionar que, en lo atinente a las instrucciones de los
fideicomitentes a Fiduprevisora S.A. para efectos de realizar los pagos, este
contrato agregó que dichas instrucciones debían impartirse en «documento firmado
por los ASOCIADOS».
El segundo contrato también señaló, en su cláusula sexta, que los pagos por los
servicios médicos hospitalarios se realizarían mensualmente, «a través de un
Contrato de Fiducia de Tesorería» que suscribirían «los contratantes con
Fiduprevisora S.A.», y que se entendería parte integral del contrato de asociación y
cuentas en participación. Para estos efectos, se pactó que las provisiones y
servicios prestados por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás
Uribe Uribe serían facturados directamente por la primera, en su calidad de
asociado gestor, a las aseguradoras y demás entidades que protegieran contra las
contingencias derivadas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, y se
cobrarían a través de la entidad fiduciaria contratada.
En este punto, cabe mencionar que el 31 de enero de 2005 las partes suscribieron
un otrosí112 al contrato No. 015 de 2005, a través del cual adicionaron el numeral 3
de la cláusula séptima y la cláusula novena del negocio jurídico, manteniendo su
intención de efectuar el manejo de los ingresos y pagos a través de un contrato de
naturaleza fiduciaria. Finalmente, el contrato No. 027 de 2006 replicó las
estipulaciones del contrato No. 015 de 2005 sobre este particular.
112 Folios 20 a 22 del cuaderno 2.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
En relación con el contrato de encargo fiduciario
3.1.2. El 10 de septiembre de 2004, el Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. —fideicomitentes— suscribieron con Fiduprevisora
S.A. —fiduciaria— el contrato de encargo fiduciario de recepción, administración,
inversión y pagos No. 3-1-0020113.
3.1.2.1. El objeto del contrato fue descrito en la cláusula primera, así: «constituir un
ENCARGO FIDUCIARIO sobre los recursos que EL FIDEICOMIENTE entrega y que
provienen de la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de Asociación
y Cuentas en Participación suscrito entre los FIDEICOMIETENTES, para que la
FIDUCIARIA, una vez recibidos, proceda a su recepción, administración e inversión
y realice los pagos ordenados por LOS FIDEICOMITENTES». En el parágrafo de
dicha cláusula se agregó: «El Contrato de Asociación y Cuentas en Participación
suscrito el 5 de agosto de 2004, así como el otrosí suscrito el día 24 de agosto de
2004 y el Acta de Aclaración suscrita el 8 de septiembre de 2004, hacen parte
integral del presente contrato de encargo fiduciario».
3.1.2.2. En la cláusula segunda del contrato, se indicó que los recursos que hacían
parte del encargo fiduciario eran aquellos «correspondientes a los dineros
provenientes del pago de las facturas emitidas por LOS FIDEICOMITENTES a las
empresas aseguradoras y el FOSYGA».
3.1.2.3. Entre las obligaciones de los fideicomitentes, la cláusula tercera incluyó la
de entregar y/u ordenar la entrega a Fiduprevisora S.A. de los recursos del encargo
fiduciario, es decir, aquellos provenientes del pago de las facturas por parte de las
empresas aseguradoras y el FOSYGA. Para estos efectos, los fideicomitentes se
obligaron a impartir una «instrucción irrevocable» a las compañías de seguros, para
que consignaran el pago de las facturas directamente a la cuenta del fideicomiso,
en cumplimiento de las respectivas pólizas de accidentes de tránsito y eventos
catastróficos.
Así mismo, las obligaciones de los fideicomitentes comprendían la de «señalar la
persona encargada de ordenar los pagos», así como indicar a la entidad fiduciaria,
con la debida antelación, aquellos que se debían efectuar en desarrollo del objeto
del contrato, para lo cual debían «impartir las instrucciones suficientes para la
realización de los pagos a proveedores y lo correspondiente a cada uno de los
fideicomitentes». El parágrafo primero del numeral 3 de esta cláusula agregó que
los ordenadores del gasto de los fideicomitentes debían registrar su firma en la
fiduciaria.
3.1.2.4. Por su parte, las obligaciones de Fiduprevisora S.A., según la cláusula
cuarta del contrato, comprendieron, entre otras, la de recibir los recursos objeto del
encargo fiduciario, para lo cual debía abrir las cuentas requeridas, donde se
113 Folios 257 a 266 del cuaderno 1.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
consignarían dichos recursos. Adicionalmente, debía invertir los recursos
transitoriamente, así como sus rendimientos, «de manera expresa y con destinación
específica en los Fondos Comunes administrados por LA FIDUCIARIA».
Por otro lado, la entidad fiduciaria se obligó a efectuar, con las sumas que se
recibieran en virtud del encargo fiduciario, «los pagos a terceros por los servicios
prestados, así como el pago de las utilidades generadas por cada una de las partes,
de acuerdo con las instrucciones emitidas por LOS FIDEICOMITENTES». Además,
Fiduprevisora S.A. debía presentar a los fideicomitentes una rendición de cuentas
semestral, así como un informe mensual del desarrollo del encargo fiduciario,
incluyendo la información financiera y contable del mismo. Lo anterior, además del
informe final de rendición de cuentas, de conformidad con las normas aplicables.
Finalmente, la fiduciaria se obligó a entregar a los fideicomitentes, a la finalización
del contrato, toda suma de dinero por concepto de capital, intereses y rendimientos
correspondientes a los recursos que quedaran al momento de su terminación, luego
de que hubieran sido «canceladas todas las obligaciones con cargo a los recursos
del fideicomiso».
3.1.2.5. De conformidad con los parágrafos segundo y tercero de la cláusula sexta,
relativa a la gestión fiduciaria, Fiduprevisora S.A. no estaba obligada a asumir con
recursos propios financiación alguna derivada del contrato de encargo fiduciario.
Adicionalmente, se pactó que no existía solidaridad de las obligaciones a cargo de
los fideicomitentes y a favor de las aseguradoras o clientes de los fideicomitentes.
3.1.2.6. En la cláusula octava del contrato, se pactó que su vigencia sería de un año
contado a partir de su suscripción, la cual tuvo lugar el 10 de septiembre de 2004.
En esa medida, debe entenderse que la duración del negocio jurídico se acordó
inicialmente hasta el 10 de septiembre de 2005. En la cláusula también se estableció
que las partes podían prorrogar el contrato de mutuo acuerdo.
3.1.2.7. En la cláusula decimoprimera se reguló lo atinente a la limitación de
responsabilidad de la fiduciaria. Al respecto, se reiteró que Fiduprevisora S.A. no
estaba obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del
negocio fiduciario, agregando que tampoco respondería por el retardo que se
pudiera generar en los pagos debido al no giro de los recursos por parte de los
fideicomitentes, el insuficiente giro de los mismos, o el no envío oportuno de la
información por parte de los fideicomitentes.
3.1.2.8. En lo que respecta a los otrosíes del encargo fiduciario, cabe señalar que
en el expediente reposan las copias de dos documentos modificatorios. En el
primero de ellos, se observa fecha de envío de fax del 18 de enero de 2005, y su
denominación es «otrosí No. 1»114. En este otrosí, las partes agregaron nuevos
parágrafos a la cláusula primera y al numeral 4 de la cláusula tercera del contrato
114 Folios 266 a 267 del cuaderno 1.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
de encargo fiduciario. El parágrafo que se agregó a la cláusula primera, relativa al
objeto del contrato, tiene el siguiente tenor:
«PARÁGRAFO: El encargo fiduciario podrá ser fuente de pago de créditos
otorgados por las entidades financieras a favor de los FIDEICOMITENTES. La
obtención y pago de dichos créditos será de entera responsabilidad de LOS
FIDEICOMITENTES y LA FIDUCIARIA pagará según sus instrucciones y hasta
concurrencia de los recursos incorporados al Fideicomiso».
En cuanto al parágrafo segundo que se agregó al numeral 4 de la cláusula tercera
del contrato, relativa a las obligaciones de los fideicomitentes, este quedó de la
siguiente manera:
«PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de utilizar el encargo fiduciario como fuente de
pago, LOS FIDEICOMITENTES relevan a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad
frente a los créditos objeto de dicha fuente de pago e instruirán a LA FIDUCIARIA
sobre la prelación en que debe pagarse hasta concurrencia de los recursos
existentes en el fideicomiso, liberando en consecuencia a LA FIDUCIARIA de toda
responsabilidad frente al FIDEICOMITENTE y a los terceros acreedores».
El segundo modificatorio fue suscrito el 9 de septiembre de 2005 y también se
denominó «otrosí No. 1»115. Como se explicó en el acápite 2.3.5 de las
consideraciones este proveído, ambas modificaciones al encargo fiduciario se
denominaron textualmente «otrosí No. 1», pero se trata de dos documentos
diferentes, cada uno de ellos con un propósito singular. En el caso del segundo
otrosí, de fecha 9 de septiembre de 2005, su objeto fue reformar la cláusula octava
del negocio jurídico, prorrogando «el término de duración del contrato de encargo
fiduciario 3-1-0020 por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2006».
En cualquier caso, retomando las consideraciones expuestas en el acápite 2.3.5. de
las consideraciones de esta providencia, si bien únicamente obran en el proceso las
copias de estos dos otrosíes, lo cierto es que, a partir de otros documentos que
reposan en el expediente, especialmente el informe de gestión del mes de febrero
de 2014 presentado por Fiduprevisora S.A.116, la Sala encontró acreditado que el
negocio fiduciario fue modificado en dos ocasiones más, extendiendo el plazo del
contrato hasta el 31 de julio de 2007.
En lo que respecta a los créditos otorgados por 23 particulares en favor de
Gestión Hospitalaria S.A.
3.1.3. Un total de 23 particulares —personas naturales y jurídicas—117 otorgaron
créditos a corto plazo a favor de la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
y de su representante legal, la señora Claudia Jimena Cárdenas Soto, actuando a
nombre propio.
115 Folios 301 a 302 del cuaderno 1.
116 Folio 236 del cuaderno 2.
117Se trata de los particulares que, en conjunto con Financiamos S.A., componen la parte
demandante en el presente proceso.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
3.1.3.1. Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y la señora Cárdenas Soto
presentaron solicitudes de crédito frente a diferentes particulares prestamistas, así
como peticiones que aquellas presentaron para prorrogarlos118.
3.1.3.2. Igualmente, en el cuaderno N. 1 obran sendos títulos valores —cheques y
pagarés— emitidos por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y su representante
legal, a nombre de los particulares prestamistas, con valores que se asemejan a
aquellos indicados en las solicitudes de los créditos a corto plazo.
3.1.3.3. Se encuentra probado que los créditos efectivamente se efectuaron. Así,
por ejemplo, en las instrucciones del pagaré a la orden No. 3475-06119, emitido a
nombre de la señora Alba Esperanza Perdomo Toro, se lee lo siguiente:
«Causa ALBA ESPERANZA PERDOMO TORO podrá llenar y utilizar dicho Pagaré
cuando a su juicio fuere necesario efectuar el cobro de las obligaciones derivadas
de la utilización de el(los) crédito(s) de corto plazo que me ha otorgado ALBA
ESPERANZA PERDOMO TORO […]» (se resalta).
El mismo texto se repite en las instrucciones de los pagarés emitidos a nombre de
otros prestamistas, tales como el señor Edgar Zapata León120.
En cuanto a los certificados fiduciarios expedidos en favor de Financiamos
S.A.
3.1.4. Por medio de dos oficios diferentes, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y
el Hospital Tomás Uribe Uribe —fideicomitentes— solicitaron expresamente a
Fiduprevisora S.A. —fiduciaria— emitir certificados de fuente de pago, en el marco
del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, a nombre de Financiamos Ltda. —
posteriormente Financiamos S.A.—.
En el primero de ellos121, de fecha 13 de diciembre de 2005, la instrucción de los
fideicomitentes fue emitir un certificado por valor de $416’000.000. En el segundo
oficio122, de fecha 23 de febrero de 2006, se solicitó que el certificado fuera por un
valor de $260’000.000. En ambas comunicaciones se precisó que los recursos que
se transferirían a Financiamos S.A. correspondían a aquellos recaudados por el
fideicomiso. Adicionalmente, especificaron: «luego de realizadas las reservas de
recursos correspondientes al servicio de la deuda de Financiamos Ltda. […] y los
gastos del fideicomiso, los recursos remanentes quedarán a disposición del
fideicomitente».
118 Folios 60 a 242 del cuaderno 1.
119 Folios 60 a 61 del cuaderno 1.
120 Folios 151 a 152 del cuaderno 1.
121 Folio 59 del cuaderno 2.
122 Folio 60 del cuaderno 2.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
3.1.5. Con base en las instrucciones de los fideicomitentes, Fiduprevisora S.A.
emitió dos certificados de fuente de pago a nombre de Financiamos Ltda.: (i)
certificado del 15 de diciembre de 2005123, el cual se emitió a partir de la solicitud
de los fideicomitentes de fecha 13 de diciembre del mismo año, por valor de
$416’000.000, y (ii) certificado del 14 de marzo de 2006, en cumplimiento de la
instrucción otorgada mediante comunicación del 23 de febrero de 2006, por valor
de $260’000.000.
En los dos certificados, luego de describir el objeto del contrato de encargo fiduciario
No. 3-1-0020, Fiduprevisora S.A. señaló que este podía ser «fuente de pago de
créditos otorgados por las entidades financieras a favor del fideicomitente, […] sin
que ello sea entendido como un fideicomiso de garantía». En este sentido, aclaró
que la fiduciaria se abstendría de suscribir cualquier documento de crédito como
vocera del encargo fiduciario, que la obtención y pago de los créditos sería de entera
responsabilidad de los fideicomitentes, como únicos deudores, y que la fiduciaria
pagaría «según sus instrucciones y hasta concurrencia de los recursos […]».
Indicó, igualmente, que los recursos que hacían parte del encargo fiduciario eran
aquellos provenientes del pago de las facturas emitidas por el fideicomitente a las
empresas aseguradoras y el FOSYGA. Por otra parte, ambos certificados incluyeron
una transcripción de las instrucciones de los fideicomitentes, en el sentido de que
los recursos para pagar a Financiamos S.A. correspondían a aquellos recaudados
por el fideicomiso, y que «luego de realizadas las reservas de recursos
correspondientes al servicio de la deuda de Financiamos Ltda. […] y los gastos del
fideicomiso», los recursos remanentes quedarían a disposición de los
fideicomitentes. Al final de cada certificado, Fiduprevisora S.A. reiteró: «no se trata
de un certificado de garantía en desarrollo del citado fideicomiso». Adicionalmente,
en el segundo certificado, emitido el 14 de marzo de 2006, se precisó que su
vigencia era «hasta el vencimiento del respectivo contrato».
En cuanto a la correspondencia cruzada entre Financiamos y la fiduciaria
3.1.6. Financiamos S.A. realizó varios requerimientos de pago a Fiduprevisora S.A.
e, incluso, presentó una queja en su contra ante la Superintendencia Financiera de
Colombia, alegando la falta de pago por parte de la sociedad fiduciaria. Por su parte,
Fiduprevisora S.A. indicó haber realizado un total de seis pagos a favor de
Financiamos S.A., por un valor total de $322’705.171.
3.1.6.1. Por medio de comunicación de Fiduprevisora S.A. a Financiamos S.A. de
fecha 23 de noviembre de 2006124, la fiduciaria dio respuesta a una serie de
derechos de petición, identificados con el número radicado 2006ER109576, por
medio de los cuales se requirieron pagos de varios fideicomisos, entre ellos el
123 Folio 217 del cuaderno 2.
124 Folios 330 a 331 del cuaderno 1A.
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encargo fiduciario No. 3-1-0020, suscrito con Gestión Hospitalaria y el Hospital
Tomás Uribe Uribe.
En su respuesta, la entidad aclaró que, en desarrollo de los contratos, se expidieron
«certificaciones de fuente de pago», ya que cada uno de los fideicomisos podía ser
fuente de pago de créditos otorgados a favor del fideicomitente, sin que ello fuera
entendido como un fideicomiso de garantía, razón por la cual la fiduciaria se
abstenía de suscribir cualquier documento de crédito. Adicionalmente, aclaró que,
para poder generar los pagos requeridos, era necesario que Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A., como «ordenador del gasto», solicitara su realización. Bajo ese
entendido, Fiduprevisora S.A. anunció que daría traslado de los derechos de
petición a Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., para que esta la instruyera sobre
el procedimiento a seguir.
3.1.6.2. Mediante escrito del 6 de diciembre de 2006,125 suscrito por Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe, se dio autorización
expresa a Fiduprevisora S.A. para realizar el traslado de fondos desde la cuenta del
encargo fiduciario a una cuenta que se encontraba a nombre de Financiamos S.A.,
por un valor de $170’000.000.
3.1.6.3. Por medio de comunicación de fecha 31 de enero de 2007126, Claudia Rosa
Forero Ramírez, gerente de Financiamos S.A., señaló a Fiduprevisora S.A. su
obligación de «cumplir cabalmente con las instrucciones impartidas en el acto
constitutivo», lo cual adujo que se concretaba transfiriendo los recursos recaudados
a favor de Financiamos S.A., citando el artículo 1234 del Código de Comercio como
sustento de su obligación. En este sentido, le solicitó a la entidad que, de
conformidad con las instrucciones reflejadas en el certificado fiduciario, le
transfiriera a Financiamos S.A. los recursos existentes en el fideicomiso. Esta
comunicación fue trasladada por Fiduprevisora S.A. a Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. mediante misiva del 5 de febrero de 2007127, poniéndole de presente
que, para poder realizar los pagos, era necesario que la instrucción la impartiera
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en su calidad de ordenador del gasto.
3.1.6.4. El 21 de junio de 2007, Fiduprevisora S.A. envió una nueva comunicación128
a Financiamos S.A., solicitándole información sobre «el estado actual de las deudas
por parte de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.» en relación con las
certificaciones de fuente de pago expedidas por la fiduciaria el 15 de diciembre de
2005 y el 28 de febrero de 2006, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario.
125 Folio 334 del cuaderno 1A.
126 Folios 371 a 372 del cuaderno 1A.
127 Folios 396 a 397 del cuaderno 1A.
128 Folio 528 del cuaderno 1A.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
3.1.6.5. Claudia Rosa Forero Ramírez, gerente de Financiamos S.A., presentó
reclamación ante la Superintendencia Financiera de Colombia a través de escrito
de fecha 10 de mayo de 2007, con sello de la entidad de fecha 6 de junio de 2007129.
En su comunicación, la señora Forero Ramírez denunció el incumplimiento por parte
de Fiduprevisora S.A. de las obligaciones a su cargo en el marco del contrato de
encargo fiduciario, bajo el entendido de que, ante el requerimiento de pago por parte
de Financiamos S.A., y a pesar de los certificados fiduciarios a su favor, la entidad
fiduciaria respondió que, para poder efectuar pagos a favor de Financiamos S.A.,
se requería autorización de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., como ordenador
del gasto, desconociendo las instrucciones que, en su criterio, ya se habían emitido
anteriormente a su favor en los mismos certificados. La Superintendencia Financiera
de Colombia dio traslado de la reclamación a Fiduprevisora S.A., por medio de
misiva del 6 de junio de 2007130, para que esta diera respuesta escrita al solicitante.
Por consiguiente, la fiduciaria respondió la reclamación de Financiamos S.A. el 28
de junio de 2007131, reiterando su posición de que, para efectos de realizar pagos,
la entidad debía antes obtener una instrucción de pago por parte de los
fideicomitentes. En este sentido, afirmó que, si bien el encargo fiduciario podía servir
de fuente de pago a favor de terceros, lo cierto era que los pagos, sin excepción,
incluidos aquellos que debían ser realizados a los mismos fideicomitentes y a
terceros, como era el caso de Financiamos S.A., debían estar «precedidos de una
instrucción de pago». Así las cosas, Fiduprevisora S.A. sostuvo que no estaba
incumpliendo el contrato de encargo fiduciario, toda vez que entre los requisitos para
efectuar los pagos se encontraba el de recibir instrucción de pago por parte del
ordenador del gasto, y que los certificados de fuente de pago no constituían en sí
mismos instrucciones de pago, agregando que de su lectura tampoco se desprendía
tal interpretación.
3.1.6.6. Por medio de comunicación del 6 de agosto de 2007132, Fiduprevisora S.A.
dio respuesta a un nuevo derecho de petición presentado por Financiamos S.A.,
identificado con el número FIN-658-07. En su respuesta, la fiduciaria le manifestó a
Financiamos S.A. que, una vez se fuera a realizar la liquidación del contrato de
encargo fiduciario No. 3-1-0020, el procedimiento que se seguiría para el retiro de
los recursos sería el establecido en la cláusula cuarta del negocio jurídico, según el
cual se entregaría a los fideicomitentes, a la finalización del contrato, toda suma por
concepto de capital, intereses y rendimientos que quedaran después de haberse
cancelado todas las obligaciones con cargo a los recursos del fideicomiso. Agregó
que, de conformidad con el otrosí No. 1 del contrato, los fideicomitentes indicarían
a Fiduprevisora S.A. la prelación de los pagos.
129 Folios 202 a 205 del cuaderno 2.
130 Folios 200 a 201 del cuaderno 2.
131 Folios 529 a 533 del cuaderno 1A.
132 Folios 543 a 546 del cuaderno 1A.
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3.1.6.7. Mediante comunicación del 2 de abril de 2008133, remitida por Fiduprevisora
S.A. a Financiamos S.A., la sociedad fiduciaria expresó que Financiamos S.A. no
aparecía como beneficiario de los fideicomisos. Se trata, según observa la Sala, de
una respuesta emitida con base en los datos que reposaban en los registros de la
fiduciaria. Ahora bien, en la misma comunicación, Fiduprevisora S.A. señaló: «No
obstante nos permitimos informar que son beneficiarios de giros ordenados por los
Fideicomitentes en desarrollo de los contratos, por lo tanto registramos los
siguientes pagos: […]». De este modo, la sociedad fiduciaria puso de presente que,
en desarrollo del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, se había realizado un
total de seis pagos a favor de Financiamos S.A., a partir de instrucciones de los
fideicomitentes, como se observa a continuación:
Código Fideicomiso Fecha Valor
25-Abr-06 $25’885.056,00
Gestión Hospitalaria 29-Mar-06 $42’137.102,00
3-1-0020 de Colombia 28-Mar-06 $10’534.276,00
Hospital Tomás 12-Dic-06 $170’000.000,00
Uribe Uribe 20-Jun-07 $45’000.000,00
20-Jun-07 $29’148.737,00
Total 3-1-0020 $322’705.171,00
Adicionalmente, está acreditado que por medio de comunicación del 6 de diciembre
de 2006134 los fideicomitentes, tanto el Hospital Tomás Uribe Uribe como Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A., autorizaron expresamente uno de estos pagos a
favor de Financiamos S.A., por valor de $170’000.000.
En relación con la refacturación a nombre del Hospital Tomás Uribe Uribe
3.1.7. El Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., como
partes de los contratos de asociación y cuentas en participación, debieron efectuar
modificaciones al procedimiento de facturación ante las aseguradoras, de tal forma
que las facturas se emitieran a nombre del Hospital, lo cual fue acreditado en el
proceso, como se verá a continuación.
3.1.7.1. El «Acta para reformar el contrato de asociación número 030 de 2004, 015
de 2005 y 027 de 2006 […]»135 —que no se encuentra firmada136—, da cuenta de
133 Folio 553 a 554 del cuaderno 1A.
134 Folio 334 del cuaderno 1A.
135 Folios 400 a 403 del cuaderno 1A.
136 En línea con la sentencia T-268 de 2010 de la Corte Constitucional, «aun cuando la firma es uno
de los medios o formas que conducen al reconocimiento de la certeza sobre la autoría de un
documento e incluso a la presunción de su autenticidad, no es el único, pues existen otros que
también dan lugar a la certeza de su autenticidad cuando se trata de documentos elaborados o
manuscritos, como las marcas, las improntas, o cualquier señal física y/o electrónica» (se
destaca). Dicho entendimiento ha sido acogido por esta Subsección, como se evidencia en la
sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 70182. Así las cosas, considerando que el «Acta para
reformar el contrato de asociación número 030 de 2004, 015 de 2005 y 027 de 2006 […]» (i) contiene
el membrete del Hospital Tomás Uribe Uribe en la parte superior de cada una de sus páginas —
incluyendo el logotipo, el nombre y el Número de Identificación Tributaria (NIT)—, (ii) que su
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
una reunión sostenida entre ambas partes el 27 de febrero de 2007 para tomar
medidas frente a este asunto. Allí se explicó que, si bien en los contratos de
asociación y cuentas en participación se pactó que Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A., en calidad de asociado gestor, debía elaborar las facturas y
presentar las cuentas de cobro a las aseguradoras, la compañía de seguros La
Previsora S.A. no aceptaba que «la facturación por concepto de servicios médicos
prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito» se presentara a nombre
de terceros, pues sostenía que, de conformidad con los Decretos 1032 de 1991 y
663 de 1993, las facturas debían ser presentadas a nombre del prestador, que en
este caso era el Hospital Tomás Uribe Uribe. Por consiguiente, la aseguradora
manifestó que esperaba la facturación a nombre del Hospital, para proceder a
efectuar la auditoría médica y realizar los respectivos pagos.
En este sentido, las partes de los contratos de asociación y cuentas en participación,
en el acta mencionada, acordaron, entre otras cosas, que para el caso específico
de la aseguradora La Previsora S.A., el proceso de elaboración y presentación de
las facturas, así como su respectivo cobro, quedaría en cabeza del Hospital Tomás
Uribe Uribe, lo cual constituiría una excepción a lo consignado en las cláusulas de
los contratos. De este modo, el Hospital se comprometió a reorganizar la facturación
desde agosto de 2004 y a presentarla a la aseguradora La Previsora S.A., para que
esta le diera el respectivo trámite de pago.
En esta línea, mediante comunicación del 8 de mayo de 2007137 remitida por
Germán Alain Cortés Zamora138 al director nacional de unidades de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A., se hizo entrega de 90 envíos de refacturación, que
contenían 2027 facturas en cabeza del Hospital Tomás Uribe Uribe y dirigidos a la
compañía de seguros La Previsora S.A., por un total de $403’326.085, acompañado
de un anexo139 con el reporte estadístico de facturación correspondiente al período
comprendido entre el «05/01/2005» y el «05/08/2007».
3.1.7.2. Posteriormente, a través de comunicación del 21 de junio de 2007 140, la
señora Claudia Rosa Forero, gerente de Financiamos S.A., expresó al Hospital
Tomás Uribe Uribe que entendía la necesidad de refacturar los servicios prestados
a nombre del Hospital y que sabía que dicha refacturación se estaba realizando. No
obstante, advirtió que los dineros recaudados a partir de dicha actividad debían
ingresar a la cuenta del encargo fiduciario administrado por Fiduprevisora S.A., en
virtud del contrato de encargo fiduciario de recepción, administración, inversión y
pagos No. 3-1-0020. Luego, adujo que el encargo fiduciario era garantía de varias
personas, entre ellas Financiamos S.A., debido a los dos certificados fiduciarios
expedidos a su favor, y exigió que, ante «la violación de las normas por parte del
contenido está en línea con otros documentos que obran en el plenario relativos a la necesidad de
refacturar a nombre del Hospital, y (iii) que la autenticidad del documento no fue cuestionada en el
marco del proceso, la Sala tendrá el acta como válida para los efectos probatorios correspondientes.
137 Folio 413 del cuaderno 1A.
138 En el expediente no aparece en qué entidad ni empresa laboraba este señor.
139 Folios 414 a 417 del cuaderno 1A.
140 Folios 526 a 527 del cuaderno 1A.
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Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe», era necesario que este pagara
directamente a Financiamos S.A. o que, una vez el Hospital hubiera refacturado y
recibido los pagos, girara dichos recursos al encargo fiduciario, para efectos de que
Fiduprevisora S.A. pudiera transferirlos a Financiamos S.A.
En similares términos se dirigió la señora Luisa Fernanda Forero, también en calidad
de gerente de Financiamos S.A., en escritos del 17 de julio141 y el 3 de diciembre142
de 2007, ambos dirigidos al Hospital Tomás Uribe Uribe. En la primera de estas
comunicaciones solicitó al Hospital, adicionalmente, que emitiera una orden
irrevocable a las aseguradoras de cancelar a Fiduprevisora S.A. los servicios que
fueran refacturados a nombre del Hospital, y que, frente a la suma de $403’326.085
que había sido refacturada a la compañía La Previsora S.A. y que estaba «próxima
a cancelarse», hiciera llegar a Financiamos S.A. el comunicado con el que le informó
a dicha aseguradora que los recursos debían direccionarse al encargo fiduciario.
Luego, en la misiva del 3 de diciembre de 2007, advirtió al Hospital que, de no
entregarle directamente los recursos derivados de la refacturación a Financiamos
S.A., o transferirlos al encargo fiduciario administrado por Fiduprevisora S.A.,
iniciaría las acciones legales pertinentes.
La posibilidad de iniciar acciones legales fue reiterada por Financiamos S.A. en
comunicaciones del 6 de febrero143 y el 18 de abril144 de 2008. En esta última,
además, se puso de presente la realización de una reunión entre Financiamos S.A.
y el Hospital, sostenida el 26 de marzo de 2008, donde la primera se habría
comprometido a remitir una relación de las obligaciones pendientes de pago con
Financiamos S.A. y/o sus inversionistas.
3.1.7.3. Por otra parte, en comunicación de fecha «2007-07-09», María Victoria
Henao Gil, gerente comercial de Financiamos S.A., remitió escrito145 a Fiduprevisora
S.A., donde puso de presente que se llevó a cabo una reunión conjunta el 5 de julio
de 2007 para tratar el asunto de la refacturación. En la carta, Financiamos S.A.
afirmó que el Hospital Tomás Uribe Uribe había refacturado $403’000.000 y que,
hasta el momento, no se había realizado recaudo alguno de estas facturas a través
de Fiduprevisora S.A. En consecuencia, Financiamos S.A. solicitó a la fiduciaria que
velara porque los recursos derivados de la refacturación llegaran al encargo
fiduciario, considerando que era justamente con dichos recursos que debía
cancelarse la deuda a Financiamos S.A. Por medio de comunicación del 3 de agosto
de 2007146, Fiduprevisora S.A. respondió el escrito de Financiamos S.A.,
solicitándole a su vez que indicara, en relación con los servicios refacturados, los
números de las facturas y el valor de cada una de ellas.
141 Folios 537 a 539 del cuaderno 1A.
142 Folios 547 a 548 del cuaderno 1A.
143 Folio 550 del cuaderno 1A.
144 Folios 555 a 559 del cuaderno 1A.
145 Folios 534 a 535 del cuaderno 1A.
146 Folio 540 del cuaderno 1A.
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3.1.7.4. El 6 de agosto de 2007, Fiduprevisora S.A. dio respuesta147 a un derecho
de petición presentado por Financiamos S.A., identificado con el número FIN-658-
07. La fiduciaria respondió la inquietud de Financiamos S.A. en relación con la
refacturación que estaría adelantando el Hospital Tomás Uribe Uribe y el deber de
que los pagos de las aseguradoras llegaran al encargo fiduciario. Sobre el particular,
adujo que, en virtud del contrato de encargo fiduciario, el proceso de facturación,
cobro, recaudo y manejo de la cartera estaba a cargo de Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A., en calidad de asociado gestor. Adicionalmente, señaló que, si bien
mediante comunicación FIN 563-07 Financiamos S.A. había indicado a la fiduciaria
«el valor refacturado y pendiente de recaudar», no había precisado el número de
las facturas y el valor correspondiente a cada una de ellas, situación que le impedía
a la fiduciaria hacer requerimientos al Hospital.
3.1.7.5. A través de comunicación148 suscrita por la representante legal de Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A., de fecha 5 de diciembre de 2005, se adujo que los
certificados de fuente de pago fueron emitidos por un valor de $676’000.000, «orden
cumplida estrictamente, incluso por mayor valor». Luego expresó que, ante el
vencimiento del encargo fiduciario el 31 de julio de 2007, no existía la obligación de
que los recursos producto de la refacturación ingresaran a este. En cambio, afirmó
que dichos recursos hacían parte «exclusivamente de la liquidación técnica de
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.».
Informes de gestión del encargo fiduciario emitidos por Fiduprevisora S.A.
3.1.8. En el expediente se encuentra probado que Fiduprevisora S.A en desarrollo
del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, emitió múltiples informes, entre
ellos los informes mensuales de gestión del 30 de septiembre de 2006149, el 31 de
enero de 2007150, el 28 de febrero de 2007151 y el 28 de febrero de 2014152, y los
informes de rendición de cuentas semestrales del 31 de diciembre de 2006 153 y el
30 de junio de 2007154.
La Sala observa que el informe de rendición de cuentas semestral del 31 de
diciembre de 2006 contiene un anexo denominado «Total aportes detallados»155, en
el cual se precisan los desembolsos realizados por las compañías aseguradoras y
los propios fideicomitentes a las cuentas del fideicomiso, mes a mes, desde
noviembre de 2004 —después de su constitución, que tuvo lugar en septiembre del
mismo año— hasta diciembre de 2006 —fecha de corte del referido informe
semestral—, indicando el nombre de la empresa que realizó cada aporte. Según la
147 Folios 543 a 546 del cuaderno 1A.
148 Folio 549 del cuaderno 1A.
149 Folios 63 a 69 del cuaderno 2.
150 Folios 159 a 166 del cuaderno 2.
151 Folios 183 a 190 del cuaderno 2.
152 Folios 234 a 245 del cuaderno 2.
153 Folios 89 a 106 del cuaderno 2.
154 Folios 132 a 150 del cuaderno 2.
155 Folios 122 a 130 del cuaderno 2.
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información consignada en dicho documento, el total de ingresos del fideicomiso
durante ese lapso ascendía a la suma de $1.160’832.331. Por otra parte, los datos
presentados en el anexo permiten conocer que los aportes del fideicomiso entre
diciembre de 2005 —mes en que se expidió el primer certificado de fuente de
pago— y diciembre de 2006 —fecha de corte del informe— era de $787’377.919.
Posteriormente, en el informe de rendición de cuentas semestral del 30 de junio de
2007, se incluyó un anexo156 similar al descrito anteriormente, en el que se
detallaron los pagos realizados a las cuentas del fideicomiso durante el semestre
siguiente, es decir, entre los meses de enero y junio de 2007. Según los datos de
este documento, en ese lapso habría ingresado un total adicional de $107’770.456.
Prueba testimonial, interrogatorios de parte y dictamen pericial
3.1.9. Se recibieron los testimonios de María Victoria Henao Gil157, ex funcionaria
de Financiamos S.A.; de Rocío Londoño Londoño158, ex vicepresidente de
Administración Fiduciaria (E) de Fiduprevisora S.A., y de Martha Cecilia Castellanos
García159, ex coordinadora de negocios de Fiduprevisora S.A. Asimismo, también
se practicaron los interrogatorios de parte de los señores Clara Inés Fernández y
156 Folios 156 a 157 del cuaderno 2.
157 El testimonio de la señora Henao Gil fue solicitado por la parte accionante (Folio 667 del cuaderno
1A). Luego, fue decretado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 11
de julio de 2012 (Folios 840 a 841 del cuaderno 1B).
158 En auto del 11 de julio de 2012, el Tribunal de primera instancia decretó, como prueba conjunta,
el testimonio de la señora Rocío Londoño Londoño, ya que este fue solicitado tanto por la parte
actora (Folio 667 del cuaderno 1A) como por Fiduprevisora S.A., entidad demandada en el proceso
(Folio 801 del cuaderno 1B). Seguidamente, se comisionó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para la práctica de la diligencia (Folio 843 del cuaderno 1B)
159 El testimonio de la señora Castellanos García fue solicitado por Fiduprevisora S.A. en su escrito
de contestación (Folios 801 a 802 del cuaderno 1B). Posteriormente, fue decretado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante el auto de decreto de pruebas, comisionándose para su
práctica al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Folio 841 del cuaderno 1B).
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Miguel Ángel Arce160, prestamistas demandantes, y de la señora Claudia Rosa
Forero Ramírez161, en calidad de representante legal de Financiamos S.A.162-163.
La Sala realizará la valoración de estas pruebas al momento de resolver el caso
concreto. En lo que respecta a las declaraciones de las señoras Rocío Londoño
Londoño y Martha Cecilia Castellanos, ex funcionarias de Fiduprevisora S.A.; y
María Victoria Henao Gil, ex empleada de Financiamos S.A., la Sala observa que
tuvieron una relación de dependencia con las partes en este asunto, pero no por
ello su valoración puede descartarse de plano, sino que deben valorarse con mayor
rigor, de acuerdo con las demás pruebas que reposan en el expediente y a las
circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica.
3.1.10. La parte demandante solicitó el interrogatorio de parte de Martín Alonso
Cuellar Lozano, en calidad de gerente y representante legal del Hospital Tomás
Uribe Uribe. Por medio de auto del 11 de julio de 2012164, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no accedió al decreto de esta prueba, porque el artículo 199 del
CPC prohibía la práctica de interrogatorios a representantes de entidades públicas.
Por consiguiente, de conformidad con la misma norma, ordenó al señor Cuéllar
Lozano rendir informe escrito bajo juramento sobre los hechos de la demanda.
160 Los interrogatorios de parte de la señora Fernández y el señor Arce, prestamistas demandantes
en el presente asunto, fueron solicitados por Fiduprevisora S.A. en su escrito de contestación (Folio
802 del cuaderno 1B) y, posteriormente, decretados por el Tribunal de primera instancia mediante
auto del 11 de julio de 2012 (Folio 842 del cuaderno 1B).
161 En su contestación, Fiduprevisora S.A. solicitó el interrogatorio de parte del representante legal
de Financiamos S.A. (Folio 802 del cuaderno 1B). En consecuencia, mediante el auto de decreto de
pruebas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó la práctica de dicho interrogatorio a
la señora Forero Ramírez, quien ostentaba esa calidad (Folio 842 del cuaderno 1B).
162 Según el acta de la audiencia de pruebas, el día 1 de abril de 2014, el apoderado judicial de
Fiduprevisora S.A. desistió de los testimonios de los señores Alberto Domínguez Henao y James
Augusto Osorio Valencia, quienes se encontraban citados para ese mismo día y para el día siguiente,
respectivamente (Folios 919 y 920 del cuaderno 1B), por no conocer de los hechos, petición que fue
aceptada por el Tribunal, al tratarse de una prueba que no se había practicado (Folio 40 del cuaderno
2). Por otra parte, también fue decretado el interrogatorio de parte de la señora Elizabeth Engel
Ricaurte, para ser practicado en la audiencia de pruebas, quien no compareció a la diligencia; no
obstante, mediante memorial radicado el 8 de abril de 2014, el apoderado judicial de la parte
demandante solicitó al Tribunal reconocer justificación de la ausencia de la señora Engel Ricaurte,
teniendo en cuenta que residía en México desde hacía varios años (Folio 926 del cuaderno 1B). En
auto del 9 de abril de 2014, el Tribunal decidió tener por justificada la inasistencia de la declarante
(Folio 929 del cuaderno 1B).
163 En el auto de decreto de pruebas, también se ordenó el testimonio de la señora Silvana Habib
Daza, para cuya práctica se comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, el
apoderado de Fiduprevisora S.A. renunció a este testimonio mediante memorial del 6 de febrero de
2014 (Folio 95 del cuaderno 1C), solicitud que fue aceptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 27 de febrero de 2014 (Folio 96 del cuaderno 1C). Por otra parte,
se decretó el interrogatorio de parte del señor Juan José Lalinde Suárez, representante legal de
Fiduprevisora S.A. (Folio 840 del cuaderno 1B), prueba que había sido solicitada en la demanda; no
obstante, el interrogatorio fue realizado con el señor Juan José Duque Liscano (Folios 141 a 144 del
cuaderno 1C), quien tenía el cargo de Gerente Jurídico en Fiduprevisora S.A. (Folio 128 del cuaderno
1C). Por lo tanto, esta prueba no será valorada, en la medida en que no se corresponde con lo
ordenado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
164 Folios 839 a 843 del cuaderno 1B.
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No obstante, en el expediente se observa que el informe escrito165, presentado el
26 de septiembre de 2014, no fue rendido por el señor Cuéllar Lozano, como lo
ordenó el Tribunal, sino por Werney Ladino Bedoya, actuando en calidad de
apoderado judicial del Hospital Tomás Uribe Uribe. Así las cosas, la Sala observa
que el informe no fue rendido por la persona que debía hacerlo, según el decreto de
pruebas y el artículo 199 del CPC, sino por el señor Ladino Bedoya, quien ni siquiera
actuó en representación del señor Cuellar Lozano, sino del Hospital. En estas
condiciones, mal podría otorgarse valor probatorio al informe mencionado, pues
este debía ser presentado por Martín Alonso Cuellar Lozano, bajo gravedad de
juramento y en función de su cargo, requisitos que en este caso no se cumplieron.
Por consiguiente, el informe no será tenido en cuenta en este proceso.
3.1.11. En la demanda, se solicitó como prueba la exhibición de documentos con la
intervención de peritos expertos en contabilidad166. Por medio del auto de decreto
de pruebas, proferido el 11 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca decretó la prueba solicitada, de la siguiente manera167:
«3) DECRÉTESE la exhibición de documento, para que con la intervención de un
(1) Perito CONTADOR se determine lo solicitado en el título C. EXHIBICIÓN DE
DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD CON INTERVENCIÓN DE PERITOS,
numerales 1 y 2 folios 664 a 666 de la demanda […]».
Mediante auto del 17 de octubre de 2014168, el Tribunal señaló que no era necesaria
la diligencia de exhibición de documentos, toda vez que lo pretendido con la prueba
decretada era obtener unos datos técnicos a partir de documentos contractuales
que las entidades accionadas tenían en su poder, y, por consiguiente, resultaba «de
mayor utilidad un dictamen pericial realizado por un perito contador, para efectos de
esclarecer el objeto litigioso […]». En consecuencia, se ordenó al auxiliar de la
justicia Marco Tulio Astudillo Rodríguez rendir experticia conforme con lo ordenado
en el auto de decreto de pruebas169.
En consecuencia, el contador público Marco Tulio Astudillo Rodríguez rindió
dictamen pericial170, de fecha 2 de marzo de 2016, obrante en el plenario. Frente a
este, dentro del término de traslado que se corrió a las partes171, el apoderado
judicial de Fiduprevisora S.A. presentó memorial172 por medio del cual solicitó, con
fundamento en el artículo 228 del CGP, la comparecencia del perito en audiencia
165 Folios 252 a 268 del cuaderno 2.
166 Folios 664 a 666 del cuaderno 1A.
167 Folios 839 a 840 del cuaderno 1B.
168 Folio 952 del cuaderno 1B.
169 El 28 de octubre de 2014, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición
y en subsidio apelación en contra del auto del 17 de octubre de 2014, pidiendo revocarlo y, en su
lugar, señalar fecha y hora para realizar la diligencia de exhibición de documentos con intervención
de peritos, prueba solicitada en el libelo introductorio (Folios 953 a 955 del cuaderno 1B). En auto
del 31 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso
interpuesto, en el sentido de no reponer la providencia y no conceder el recurso de apelación.
170 Folios 978 a 983 del cuaderno 1B.
171 Folio 1.007 del cuaderno 1B.
172 Folios 1.008 a 1.009 del cuaderno 1B.
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para formularle preguntas sobre su contenido. El apoderado judicial de la parte
demandante, por su parte, solicitó la aclaración y complementación del dictamen
pericial, con el fin de precisar algunos aspectos173. El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de auto del 24 de enero de 2017174, decidió negar la
solicitud de Fiduprevisora S.A., aduciendo que en el presente asunto aplicaban las
normas del CPC —por remisión del artículo 267 del CCA— y no las del CGP. En
cambio, en lo que atañe a la petición de la parte demandante, el Tribunal ordenó la
complementación del dictamen pericial, con fundamento en que este no había
absuelto los interrogantes planteados en la demanda.
Así, el 10 de noviembre de 2017, el perito Marco Tulio Astudillo Rodríguez presentó
la complementación del dictamen pericial175, de la cual, a su vez, también se corrió
traslado a las partes176. Dentro de este término, el apoderado de Fiduprevisora S.A.
presentó memorial solicitando aclaración y complementación del documento
presentado por el perito contador177, petición que fue aceptada por el Tribunal178.
Así las cosas, el día 31 de mayo de 2018179, el señor Astudillo Rodríguez presentó
un segundo documento de aclaración y complementación del dictamen pericial180.
La valoración del dictamen pericial, así como de sus aclaraciones y
complementaciones, se realizará al momento de resolver el caso concreto. Se
anticipa que dicho dictamen se practicó en debida forma y será valorado teniendo
en cuenta su solidez, exhaustividad, precisión, calidad y claridad, de conformidad
con lo establecido en los artículos 233 y 241 del CPC.
3.2. Generalidades sobre la institución del incumplimiento del contrato estatal
Para abordar la materia del incumplimiento en relación con el contrato estatal, ha
de señalarse, de entrada, que se trata de uno de los elementos que pueden
configurar la responsabilidad contractual. A grandes rasgos, consiste en una
conducta imputable a una de las partes del acuerdo de voluntades, que se traduce
en la inejecución o en la ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones que
emanan del negocio jurídico. Al respecto, cabe señalar que el deber de las partes
de ejecutar las prestaciones tal como fueron pactadas se deriva de la fuerza
vinculante del contrato, que reposa sobre principios como los siguientes: (i)
autonomía de la voluntad de las partes, que permite a las personas autorregular sus
propios intereses y relaciones jurídicas, y (ii) pacta sunt servanda, consagrado en
el artículo 1602 del Código Civil, norma según el cual «[t]odo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales».
173 Folios 1.010 a 1.012 del cuaderno 1B.
174 Folios 1.014 a 1.015 del cuaderno 1B.
175 Folios 1.073 a 1.076 del cuaderno 1B.
176 Folios 1.131 a 1.132 del cuaderno 1B.
177 Folios 1.133 a 1.134 del cuaderno 1B.
178 Folios 1.137 a 1.138 del cuaderno 1B.
179 Folio 1.143 del cuaderno 1B.
180 Folios 1.140 a 1.142 del cuaderno 1B.
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En el mismo sentido, esta Sección181 ha señalado que el incumplimiento contractual
«tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, el cual
asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato
y, como efecto principal, causa con ello un daño antijurídico a la parte contraria que,
desde luego, no está en la obligación de soportar». En cualquier caso, cabe resaltar
que el contrato debe existir y ser válido para producir efectos entre las partes.
Así las cosas, cuando en el marco de un contrato estatal —existente y válido— una
de las partes (i) incumple las obligaciones a su cargo, (ii) produce un daño
antijurídico y, además, (iii) se verifica la existencia de un vínculo de causalidad entre
ambos elementos, se reúnen los presupuestos que configuran la responsabilidad
contractual, a partir de la cual el sujeto incumplido debe reparar integralmente los
perjuicios ocasionados a su contraparte.
En relación con los elementos que configuran este tipo de responsabilidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con sustento en jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado lo siguiente182:
«Ahora bien, sabido es que existe responsabilidad contractual sólo a condición de
que cualquiera de las partes deje de ejecutar por su culpa el contrato y haya causado
un perjuicio al acreedor. Para que se estructure esa responsabilidad contractual por
infracción a la ley del contrato, debe demostrarse: (i) el incumplimiento del deber u
obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma
defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al
patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe
un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento»183.
Por otra parte, la jurisprudencia184 ha indicado que existen tres clases de
incumplimiento, a saber: (i) la mora, (ii) el cumplimiento defectuoso y (iii) el
incumplimiento definitivo. En cuanto al primero, debe tenerse en cuenta que el
deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que
se presenta: cuando es pura y simple, desde su nacimiento; si es a plazo, al
vencimiento del mismo; y, si es condicional, al cumplirse la condición185. En esa
medida, la mora implica la falta de cumplimiento de la obligación dentro de la
oportunidad para hacerlo. La segunda clase, esto es, el cumplimiento defectuoso,
ocurre cuando la conducta «se dirige a la realización de la prestación, pero no
consigue la extinción de la obligación porque no se ajusta a todas las circunstancias
exigidas por el contrato, la ley o la buena fe para la correcta satisfacción del interés
181 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp.
24169.
182 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552.
183 Cita del original: Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio
de 1992, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
184 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15898.
185 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de mayo de 2021, exp.
61019.
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del acreedor»186. Por último, el incumplimiento definitivo de la obligación se presenta
«cuando la omisión de la administración en la realización de la prestación se torna
absoluta y definitiva, de manera que no es posible el cumplimiento de la prestación,
o, aun siendo posible, esta no satisface el interés del contratista»187.
Ahora bien, en lo que atañe a los efectos del incumplimiento contractual, resulta
relevante aclarar que, de un lado, el deudor incumplido puede ser constreñido
judicialmente a ejecutar la prestación insatisfecha o su equivalente pecuniario —
cuando lo primero ya no es posible188—, así como a indemnizar los daños y
perjuicios causados a su contraparte, y, de otro lado, el sujeto perjudicado adquiere
el derecho correlativo a reclamar, ante el juez del contrato, el cumplimiento de la
obligación insatisfecha o su subrogado, así como el resarcimiento por la lesión o
perturbación ocasionada a su derecho de crédito189. En ese sentido, ha de
precisarse que, con fundamento en la carga de la prueba, quien pretende la
declaratoria de incumplimiento del contrato y su correspondiente condena debe
acreditar, con suficiencia, la existencia del respectivo incumplimiento, como ocurre
con cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad contractual.
Lo anterior, en consideración a que el ordenamiento jurídico procesal exige a las
partes probar los hechos en los que fundaron las pretensiones o excepciones
formuladas en el marco del proceso. El principio de la carga de la prueba, conocido
como «onus probandi», tiene sustento en el artículo 177 del CPC, cuyo tenor es el
siguiente: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]». Del mismo modo, el legislador
impuso al juez el deber de fundar sus decisiones judiciales en las pruebas allegadas
al proceso, deber que se concreta en el artículo 174 del mismo estatuto procesal,
disposición que establece: «Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso».
3.3. El estudio sobre el supuesto incumplimiento del contrato de encargo
fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020
186 Escobar Gil, Rodrigo A. «Responsabilidad contractual de la administración pública». Editorial:
Temis. 1989. Página 139.
187 Ibid.
188 La Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado que, ante el incumplimiento del contrato,
el acreedor de la obligación puede exigir el cumplimiento de su objeto o, cuando esto no es posible
en el tiempo (causa oportuna), su equivalente, obteniendo el resarcimiento de todos los perjuicios
sufridos. En esta línea, la prestación consistirá en «que se realice la prestación 'in natura', esto es,
el débito primario u original, o con pretensión sobre el débito secundario, esto es, el subrogado o
equivalente pecuniario de la obligación o 'aestimatio pecunia', con la indemnización de perjuicios. O
sea, lo normal es que el deudor cumpla a su acreedor el contrato ejecutando el objeto en el tiempo
debido y lo anormal es que incumpla; si incumple en el momento previsto para el pago incurre en
retardo y si es conminado o la ley lo establece sin que ello sea menester entra en mora (art. 1608
C.C.), y una vez constituido en ese estado debe responder de acuerdo con la naturaleza de la
prestación (el dar, hacer o no hacer primigenio), que adeude, bien con ejecución del contrato como
fue pactado (débito primario), ora con ejecución de su equivalente (débito secundario) y, además,
en uno y otro evento, con indemnización de perjuicios» (Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552).
189 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552.
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3.3.1. El alcance y contenido de los certificados de fuente de pago emitidos
por Fiduprevisora S.A. y la prelación de pagos en la ejecución del contrato de
encargo fiduciario No. 3-1-0020
3.3.1.1. Para comenzar, cabe precisar que varias de las cuestiones debatidas en el
presente proceso están relacionadas con el contenido y alcance de los certificados
de fuente de pago emitidos por Fiduprevisora S.A. a nombre de Financiamos Ltda.
—posteriormente Financiamos S.A.—: (i) certificado del 15 de diciembre de 2005,
por valor de $416’000.000, y (ii) certificado del 14 de marzo de 2006, por valor de
$260’000.000190.
Los demandantes alegaron que Fiduprevisora S.A. revocó los certificados de fuente
de pago, a pesar de su naturaleza irrevocable, incumpliendo el contrato de encargo
fiduciario No. 3-1-0020. Lo anterior, al haber negado a Financiamos S.A. el giro de
los recursos bajo la excusa de que, para poder realizarlos, era necesario contar con
una instrucción expresa por parte de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., como
ordenador del gasto, la cual debía ser independiente —y posterior— a la expedición
del propio certificado. En relación con este asunto, en la demanda se formularon las
pretensiones principales cuarta, quinta y novena, como se puede apreciar en el
acápite 1.1.1 de los antecedentes de esta providencia.
Sobre este asunto, la posición de Fiduprevisora S.A. en la contestación de la
demanda fue que la fiduciaria debía pagar según las instrucciones de los
fideicomitentes y hasta la concurrencia de los recursos que hacían parte del
fideicomiso. Seguidamente agregó que, al no haberse expedido un certificado de
garantía ni una instrucción irrevocable de pago, la demanda en cuestión no tenía
fundamentos para vincular a Fiduprevisora S.A. al presente proceso.
De manera preliminar, reitera esta Sala que, de acuerdo con los hechos probados
3.1.2 y 3.1.5, en el expediente obran copias del contrato de encargo fiduciario de
recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, de su otrosí de fecha 9
de septiembre de 2005 y de los certificados de fuente de pago emitidos por
Fiduprevisora S.A. el 15 de diciembre de 2005 y el 14 de marzo de 2006, sin que
estos hayan sido tachados de falsos, por lo cual se encuentra probada su existencia.
De cara al análisis particular, es cierto que, por medio de la correspondencia
cruzada entre Financiamos S.A. y Fiduprevisora S.A.191, la primera requirió el pago
a la segunda —de recursos provenientes del contrato de encargo fiduciario objeto
de estudio—, pero la entidad fiduciaria se negó bajo el argumento de que, a pesar
de la existencia de los certificados fiduciarios expedidos a favor de Financiamos
S.A., los desembolsos correspondientes únicamente podían realizarse según
indicación expresa de la sociedad Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
190 Hecho probado 3.1.5.
191 Hechos probados 3.1.6.1, 3.1.6.3, 3.1.6.5.
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Esta circunstancia, a juicio de la parte demandante, constituyó un incumplimiento
contractual por parte de la fiduciaria, en relación con las obligaciones que le asistían
en virtud del contrato de encargo fiduciario de recepción, administración, inversión
y pagos No. 3-1-0020; sin embargo, la Sala advierte lo contrario, es decir, que en el
presente caso no se configura un incumplimiento de su parte por esta situación.
En la cláusula tercera del contrato de encargo fiduciario192 se incluyeron, entre las
obligaciones de los fideicomitentes, la de «señalar la persona encargada de ordenar
los pagos», así como indicar a la entidad fiduciaria, con la debida antelación,
aquellos que se debían efectuar en desarrollo del objeto del contrato, para lo cual
debían «impartir las instrucciones suficientes para la realización de los pagos a
proveedores y lo correspondiente a cada uno de los fideicomitentes». El parágrafo
primero del numeral 3 de esta cláusula agregó que los ordenadores del gasto de los
fideicomitentes debían registrar su firma en la fiduciaria.
En línea con lo anterior, resulta oportuno precisar que en los certificados de fuente
de pago expedidos por Fiduprevisora S.A.193 se expresa textualmente, en relación
con los fideicomitentes, que «la Fiduciaria pagará según sus instrucciones y
hasta concurrencia de los recursos […]» (se destaca). De hecho, lo anterior
resulta consistente con las instrucciones de emisión de los certificados, remitidas
por los fideicomitentes el 13 de diciembre de 2005 y el 23 de febrero de 2006 194,
donde expresan a la fiduciaria: «Solicitamos muy comedidamente emitir Certificado
de Fuente de Pago del Contrato No. 3-1-0020 […] a nombre de FINANCIAMOS
Ltda.». De este modo, la instrucción textual de los fideicomitentes fue emitir los
certificados de fuente de pago a favor de Financiamos Ltda., con sus respectivos
valores, pero sin autorizar expresamente un pago específico a dicha sociedad.
En el mismo sentido, las señoras Rocío Londoño Londoño y Martha Cecilia
Castellanos, ex funcionarias de Fiduprevisora S.A., cuyos testimonios fueron
practicados dentro del proceso195, sostuvieron que los certificados de fuente de
pago requerían de una instrucción posterior de los fideicomitentes para que se
pudieran realizar los desembolsos, ya que no se trataba de certificados de garantía.
En contraste con lo anterior, María Victoria Henao Gil, ex funcionaria de
Financiamos S.A. —sociedad demandante en el caso sub examine—, en su
testimonio afirmó que «desde que se expidió el certificado la obligación de la
FIDUCIARIA era pagar a FINANCIAMOS sin requisito adicional»196-197.
192 Hecho probado 3.1.2.3.
193 Hecho probado 3.1.5.
194 Hecho probado 3.1.4.
195 Hecho probado 3.1.9.
196 Folio 37 del cuaderno No. 2.
197 En similar sentido, Claudia Rosa Forero Ramírez, quien fungió como representante legal de
Financiamos S.A., en su interrogatorio expresó, en resumen, que solo bastaba con los certificados
fiduciarios para que la fiduciaria le realizara los pagos a Financiamos S.A., con el dinero que
ingresara a la fiducia.
Radicado: 76001-23-31-000-2009-00698-01 (67728)
Demandante: Financiamos S.A. y otros
Sobre estos testimonios es del caso precisar que, en los términos del artículo 217
del Código de Procedimiento Civil, quienes tengan relación de dependencia con
alguna de las partes del proceso pueden considerarse como sospechosas para
declarar; sin embargo, se advierte que la Corporación198 ha señalado que este tipo
de declaraciones no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse con
mayor rigor, de acuerdo con las demás pruebas que reposan en el expediente y a
las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica.
En este caso, a pesar de la sospecha que recae en las declaraciones de las
personas que tuvieron un vínculo laboral con Fiduprevisora S.A. —demandado en
este asunto—, la Sala tendrá en cuenta las afirmaciones de Rocío Londoño
Londoño y de Martha Cecilia Castellanos, en la medida en que encuentran sustento
en la prueba documental que reposa en el expediente, que también da cuenta de
que los certificados de fuente de pago requerían de una instrucción posterior de los
fideicomitentes para que se pudieran realizar los desembolsos correspondientes.
No sucede lo mismo con la declaración de la señora María Victoria Henao Gil, a la
cual no se le dará mérito probatorio, en tanto los demás medios de prueba van en
contravía de su dicho sobre el particular, y es que, en efecto, la fiduciaria para
realizar los pagos requería de instrucción precisa por parte de los fideicomitentes.
Al punto, se destaca que en el contrato de asociación y cuentas en participación No.
030 de 2004 —el cual hace parte integrante del encargo fiduciario objeto de estudio,
cuyo incumplimiento se solicita199—, concretamente en la cláusula octava, se pactó
que, si bien la entidad fiduciaria debía recibir y distribuir los recursos provenientes
de esos negocios jurídicos, lo cierto es que, de conformidad con las instrucciones
impartidas por los fideicomitentes, le correspondía realizar los respectivos pagos200.
Además, en el expediente se observa una comunicación de fecha 6 de diciembre
de 2006201 por medio de la cual los fideicomitentes, tanto el Hospital Tomás Uribe
Uribe como Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., autorizaron expresamente uno
de estos pagos a favor de Financiamos S.A., por valor de $170’000.000. Luego, en
comunicación de fecha 2 de abril de 2008202, remitida por Fiduprevisora S.A. a
Financiamos S.A., la sociedad fiduciaria puso de presente que, en desarrollo del
contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, se había realizado un total de seis
pagos a favor de Financiamos S.A., entre los cuales se encontró un pago por
$170’000.000 de fecha 12 de diciembre de 2006, que coincide, tanto en el valor
como en la fecha, con la autorización que habían remitido los fideicomitentes.
Lo anterior es demostrativo de que los pagos en favor de Financiamos S.A.
dependían de la instrucción expresa que dieran los fideicomitentes a Fiduprevisora
198 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2020, exp.
56261.
199 Hecho probado 3.1.2.1.
200 Hecho probado 3.1.1.4.
201 Hecho probado 3.1.6.7.
202 Hecho probado 3.1.6.7.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
S.A.; es decir, que los certificados de fuente de pago emitidos por la fiduciaria, en sí
mismos, no constituían una orden de pago, sino que requerían de una instrucción
posterior de los fideicomitentes en relación con cada pago específico, lo cual se
deprende no solamente del mismo contrato de encargo fiduciario, sino también de
los contratos de asociación de cuentas y participación —que hacen parte integrante
del encargo fiduciario—, además de los testimonios puestos de presente.
Además, como se expuso anteriormente, existe evidencia de que, en efecto,
mediaron órdenes de pago específicas que los fideicomitentes suministraron a
Fiduprevisora S.A. para la realización de pagos a Financiamos S.A.
En consecuencia, no puede predicarse un incumplimiento por parte de
Fiduprevisora S.A. por haber negado, en ciertas ocasiones, el giro de recursos con
sustento en que no contaba con una instrucción expresa de Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. como ordenador del gasto, toda vez que, según el mismo contrato
de encargo fiduciario, además de los contratos de asociación de cuentas y
participación, se requería de orden expresa de la mencionada sociedad para que la
entidad fiduciaria hiciera los pagos correspondientes a Financiamos S.A.
Con lo anterior, además, en manera alguna se evidencia que la fiduciaria hubiese
incumplido su obligación de buena fe al ocultarle a Financiamos S.A. que, además
de los certificados fiduciarios, para generar pagos se requería adicionalmente
solicitud directa de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., toda vez que, como
acaba de verse, en los mismos certificados, que se expidieron en favor de
Financiamos S.A., se expresó textualmente que la fiduciaria debía pagar según las
instrucciones de los fideicomitentes, lo cual evidencia una conducta desprovista de
mala fe porque esta última sociedad conoció la condiciones de pago desde el inicio.
3.3.1.2. Esta Sala de Subsección no pasa por alto que, tal como fue indicado por
los demandantes203, el informe de rendición de cuentas semestral del 31 de
diciembre de 2006204, expedido por Fiduprevisora S.A., contiene un anexo
denominado «Total aportes detallados», en el cual se indicaron los desembolsos
realizados por las compañías aseguradoras y los propios fideicomitentes a las
cuentas del fideicomiso, mes a mes, desde noviembre de 2004, indicando el nombre
de la empresa que realizó cada aporte. Según la información consignada en dicho
documento, los aportes efectuados al fideicomiso entre diciembre de 2005 —mes
en que se expidió el primer certificado de fuente de pago— y diciembre de 2006 —
fecha de corte del informe semestral— fueron de $787’377.919. Adicionalmente, en
el informe de rendición de cuentas semestral del 30 de junio de 2007 205, se incluyó
un anexo similar al descrito anteriormente, en el que se detallaron los pagos
realizados a las cuentas del fideicomiso durante el semestre siguiente, es decir,
entre los meses de enero y junio de 2007. Según los datos de este documento, en
ese lapso habría ingresado un total adicional de $107’770.456.
203 Ver hecho No. 47 de la demanda (apartados 1.2.11. y 1.2.12. de los antecedentes de este
proveído).
204 Hecho probado 3.1.8.
205 Hecho probado 3.1.8.
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A partir de tales informes, se observa que los dineros que ingresaron a las cuentas
del encargo fiduciario desde el mes en que se emitió el primer certificado de fuente
de pago, es decir, desde diciembre de 2005, hasta junio de 2007 —fecha de corte
del segundo informe de rendición de cuentas mencionado—, ascendieron, por lo
menos, a $895.148.375. Por tal razón, considerando que los dos certificados de
fuente de pago expedidos por la fiduciaria, en su conjunto, sumaban un valor de
$676’000.000, y teniendo en cuenta la prelación de pagos establecida en los
certificados a favor de Financiamos S.A. —asunto que se estudiará en el acápite
3.3.1.3 de esta sentencia—, forzoso resulta concluir que existía dinero suficiente en
las cuentas del fideicomiso para pagar de forma completa la deuda adquirida con
esta sociedad. No obstante, según lo expresó Fiduprevisora S.A. en comunicación
del 2 de abril de 2008206, los pagos que se habían efectuado a Financiamos S.A.
hasta esa fecha ascendían únicamente a $322’705.171.
A pesar de lo anterior, una revisión detenida de la demanda objeto de estudio
permite apreciar que la pretensión relacionada con este asunto207 —es decir, con el
hecho de que no se le haya pagado a Financiamos S.A. la deuda completa aun
existiendo dinero suficiente en el fideicomiso y habiéndose realizado los
requerimientos de pago por parte de tal sociedad— fue exclusivamente formulada
en contra de Fiduprevisora S.A. —y no de los fideicomitentes—, con el fin de que
se declarara su incumplimiento por este aspecto. Lo anterior, según los accionantes,
se habría materializado en que Fiduprevisora S.A. se hubiera negado a efectuar los
pagos aduciendo que, para ello, requería de instrucción posterior expresa de
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad de ordenador del gasto, mientras
que, en criterio de los demandantes, bastaba con el solo certificado fiduciario.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala reitera que, tal como lo concluyó en el
acápite 3.3.1.1 de esta providencia, según el propio contrato de encargo fiduciario
y los certificados de fuente de pago, así como los contratos de asociación y cuentas
en participación, la sociedad fiduciaria requería orden expresa de los fideicomitentes
para poder efectuar pagos con cargo a los recursos del fideicomiso. En este orden,
mal podría declararse el incumplimiento de Fiduprevisora S.A. por haber negado
lícitamente el pago de recursos que, en efecto, necesitaban de una instrucción de
pago del ordenador del gasto para ser transferidos, condición que en algunos casos
no se dio, aun existiendo los recursos suficientes en el encargo fiduciario.
206 Hecho probado 3.1.6.7.
207 Pretensión quinta de la demanda principal, que se formuló así «Que se declare que
FIDUPREVISORA S.A. obró con culpa en la administración del encargo fiduciario (…) e incumplió la
cláusula décima segunda del encargo fiduciario de recepción, administración, inversión y pago, así
como las estipulaciones irrevocables contenidas a favor de FINANCIAMOS S.A. en los dos
certificados fiduciarios de fechas 15 de diciembre de 2005 y 14 de marzo de 2006, al revocar los
certificados, exigiendo que para poder generar pagos a FINANCIAMOS S.A. (antes Ltda.), la
solicitud de los mismos los debía efectuar directamente Gestión Hospitalaria, situación que
desconoció la irrevocabilidad y la naturaleza de las estipulaciones consagradas a favor de la
demandante en los referidos certificados fiduciarios» (se destaca).
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Distinto sería el análisis, cabe precisar, si las pretensiones de incumplimiento por
estas razones se hubieran dirigido en contra de los fideicomitentes, quienes tenían
entre sus obligaciones la de «impartir las instrucciones suficientes» para la
realización de los pagos a terceros o a ellos mismos, de conformidad con la cláusula
tercera del contrato de encargo fiduciario, y en línea con los propios certificados. No
obstante, entiende la Sala que una pretensión en tal sentido habría sido
inconsistente con la postura adoptada por la parte demandante a lo largo del
proceso, según la cual Fiduprevisora S.A. no requería de órdenes adicionales a los
certificados de fuente de pago para desembolsar los recursos correspondientes.
Por consiguiente, en vista de que esta situación —es decir, que la existencia de
recursos suficientes en el fideicomiso no se haya visto traducido en una cancelación
total de la deuda de Financiamos S.A.— únicamente se le imputó a la sociedad
fiduciaria, la Sala de Subsección, en virtud del principio de congruencia que debe
guiar las decisiones judiciales —artículo 305208 del CPC209—, no procederá a
analizar si dichas circunstancias configuraron un incumplimiento de otros sujetos,
como tampoco a declarar incumplimientos relacionados con este particular.
En ese sentido, se negarán las pretensiones de la demanda en lo que a este punto
concierne.
3.3.1.3. Por otra parte, también en relación con los certificados de fuente de pago y
su irrevocabilidad, los accionantes señalaron que estos establecieron una
«prelación de pagos» a favor de Financiamos S.A. Además, alegaron que los
fideicomitentes incumplieron el contrato por no haber cubierto con recursos propios
las obligaciones pendientes de pago y con cargo al encargo fiduciario, cuando
aquellos fueron insuficientes. Finalmente, reprocharon a Fiduprevisora S.A. por no
haberles exigido esta conducta. Las pretensiones cuarta, sexta, séptima, octava,
décima tercera y décima cuarta tienen que ver con este particular, lo cual se observa
en el punto 1.1.1 de los antecedentes de esta sentencia.
Pues bien, en los certificados de fuente de pago expedidos por Fiduprevisora S.A.
se observa el siguiente aparte, que corresponde a las instrucciones emitidas
previamente por los fideicomitentes para tal fin: «Que luego de realizadas las
reservas de recursos correspondientes al servicio de la deuda de Financiamos Ltda.
208 «ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta (…)».
209 Recientemente, esta Subsección sostuvo lo siguiente: «Según lo dispuesto en el artículo 305 del
CPC, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades previstas y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley, disposición en la que, además, se consagró que ‘No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta’» (destacado del texto original) (Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 65636).
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[…] y los gastos del fideicomiso, los recursos remanentes quedarán a disposición
del fideicomitente»210. Es claro, entonces, que los certificados de fuente de pago
prometieron a Financiamos S.A. una prelación de pagos, en virtud de la cual, con
los recursos que ingresaran al fideicomiso, se realizarían en primer lugar las
reservas para pagar la deuda con Financiamos S.A., así como los gastos del
fideicomiso, antes de girar recursos a los fideicomitentes.
Siendo así, se precisa que para declarar el incumplimiento de los fideicomitentes
y/o de Fiduprevisora S.A. con fundamento en la inobservancia de esta prelación,
resulta necesario que se encuentre acreditado (i) que los fideicomitentes, en efecto,
dieron instrucciones a Fiduprevisora S.A. en el sentido de girarles recursos a ellos
mismos, antes de cancelar totalmente la deuda con Financiamos S.A. —o de
efectuar las reservas para tal fin—, y (ii) que la fiduciaria efectivamente realizó
dichos desembolsos. Lo anterior, en la medida en que, como se explicó en el acápite
3.2 de las consideraciones de esta providencia, quien pretende la declaratoria de
incumplimiento del contrato estatal y su correspondiente condena debe acreditar,
con suficiencia, la existencia del respectivo incumplimiento, como ocurre con cada
uno de los elementos que configuran la responsabilidad contractual.
En el expediente no existe prueba suficiente que demuestre que se hubiese
incumplido con la prelación de pagos en favor de Financiamos S.A. Si bien en el
plenario obra un dictamen pericial rendido por un contador, cuyo propósito, entre
otros, era dar cuenta del «valor de los desembolsos realizados por la fiduciaria
directamente a los fideicomitentes», lo cierto es que a dicho medio de prueba no es
posible darle mérito probatorio, por las razones que pasan a exponerse.
La finalidad del dictamen, que fue rendido por el perito contador Marco Tulio
Astudillo Rodríguez el 2 de marzo de 2016, consistió en obtener unos datos técnicos
sobre los dineros que ingresaron al encargo fiduciario, así como cuáles fueron los
pagos realizados por parte de la fiduciaria; lo anterior a partir de documentos
contractuales que las entidades accionadas tenían en su poder, tal como fue
explicado en el hecho probado 3.1.11. Con el dictamen, el perito allegó los
siguientes documentos211, que incluyeron: (i) comunicaciones emitidas por
Fiduprevisora S.A., que dan cuenta de la apertura de dos cuentas bancarias para la
recepción de los recursos fideicomitidos (anexo 1); (ii) cartas remitidas por
Fiduprevisora S.A. a las compañías aseguradoras, solicitando consignar los
recursos objeto del contrato en la cuenta de ahorros del fideicomiso (anexo 2); (iii)
el informe de rendición de cuentas semestral correspondiente al período abril –
septiembre de 2015, emitido por Fiduprevisora S.A., en el marco del contrato de
encargo fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 7889 —
identificación que, valga precisar, no coincide con la del contrato de encargo
fiduciario objeto de la presente controversia— (anexo 3).
210 Hecho probado 3.1.5.
211 Folios 984 a 1005 del cuaderno 1B.
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En su dictamen, el perito expresó que lo había elaborado a partir de los documentos
correspondientes al encargo fiduciario No. 3-1-0020 que hacían parte de la
contabilidad de Fiduprevisora S.A., sociedad que había remitido copia de estos.
Afirmó que, a partir de los referidos documentos, había examinado detalladamente
las operaciones contables como medio para dar respuesta a las preguntas que le
fueron formuladas —entre ellas, la consistente en cuál fue el valor de los
desembolsos realizados por la fiduciaria directamente a los fideicomitentes—. No
obstante, advierte la Sala que, si bien el señor Astudillo allegó algunos documentos
como anexos de su dictamen, lo cierto es que no relacionó un listado de los
documentos revisados para elaborar la prueba pericial, así como tampoco adjuntó
sus respectivas copias. En consecuencia, varias de las cifras expresadas en el
dictamen pericial, relativas a las operaciones contables del fideicomiso, no se
encuentran respaldadas en otros documentos o medios de prueba.
Lo anterior se observa, por ejemplo, en lo que atañe a los pagos realizados con
cargo a los recursos del fideicomiso, asunto que cobra relevancia en la medida en
que los demandantes reclamaron que los fideicomitentes y la sociedad fiduciaria
incumplieron la prelación de pagos establecida en los certificados de fuente de
pago, lo cual implicaría que Fiduprevisora S.A. habría efectuado transferencias a
los fideicomitentes antes que a Financiamos S.A., la cual tenía un derecho de
preferencia. En este sentido, resulta pertinente señalar que en el punto 2 del acápite
3212 del dictamen pericial se incluyó un cuadro denominado «TOTAL PAGOS
EFECTUADOS», con el fin de «establecer la totalidad de pagos mes a mes con
cargo al Encargo Fiduciario, desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 31 de julio de
2007 o cualquier fecha posterior a esta última». En dicho cuadro, el perito determinó
que la suma total de pagos realizados desde el fideicomiso ascendía a
$1.190’375.854, precisando quién fue el beneficiario de cada transacción. Así,
según el cuadro, algunos de estos pagos se realizaron a los fideicomitentes, es
decir, al Hospital Tomás Uribe Uribe y a Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
Sin embargo, la Sala observa que los datos contenidos en el cuadro «TOTAL
PAGOS EFECTUADOS», relativos a las transacciones realizadas desde las
cuentas del fideicomiso, no encuentran soporte en los documentos allegados como
anexos del dictamen pericial, como tampoco en otros medios de prueba obrantes
en el expediente, situación que impide a la Sala otorgarles valor probatorio en la
solución del presente asunto. De hecho, como lo ha indicado esta Subsección, «[l]as
conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes
brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones
que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado» (se destaca)213.
212 Folio 981 del cuaderno 1B.
213 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp.
57937.
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En la misma línea, en el dictamen se incluyeron dos columnas en el cuadro «TOTAL
PAGOS EFECTUADOS», denominadas «Autorización» y «Observaciones», por
medio de las cuales buscó precisar qué autorizaciones debían mediar para cada
uno de los pagos, así como quién había otorgado cada una de ellas. En este sentido,
indicó que, en los pagos realizados a los fideicomitentes, Financiamos S.A. había
dado su autorización214. Al respecto, el apoderado de la parte demandante presentó
memorial el 3 de noviembre de 2016, solicitando la aclaración y complementación
de la prueba pericial215, entre otros aspectos, en lo que atañe a estas autorizaciones,
como se observa a continuación (transcripción literal, incluso con posibles errores):
«Es necesario aclarar en el cuadro de TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS, el
significado de la columna denominada ‘observaciones’. En efecto, de la lectura del
contenido de las dos columnas no es claro el significado de dicha denominación,
por cuanto en la mayoría de las celdas aparecen afirmaciones como autorizaciones
dadas por alguien, y en la columna siguiente se afirma que no aplica autorización
alguna.
En otros términos, se debe totalizar los valores pagados y/o reembolsados a los
beneficiarios o destinatarios de los mismos, y precisar si los pagos realizados fueron
precedidos por una instrucción particular en cada caso dirigida por el HOSPITAL
TOMÁS URIBE URIBE o la sociedad GESTIÓN HOSPITALARIA DE COLOMBIA
S.A. a la Fiduciaria.
Igualmente, se sirva allegar las comunicaciones que en su criterio hayan sido
dirigidas a la sociedad FIDUCIARIA PREVISORA, en donde en forma expresa
consten las autorizaciones a realizar los pagos con cargo a los recursos del
fideicomiso» (se destaca).
El 10 de noviembre de 2017, el perito presentó la complementación del dictamen
pericial216, donde presentó nuevamente el cuadro. Explicó que la primera columna
reflejaba «las autorizaciones requeridas», mientras que en la segunda figuraba «el
cumplimiento de las autorizaciones requeridas». En ese sentido, en la columna
«observaciones», se observa que en aquellas celdas donde —en el primer
dictamen— había indicado «no aplica autorización», las reemplazó por «sin
autorización». Sin embargo, a pesar de la solicitud de la parte demandante, el perito
no allegó —con la complementación del dictamen— copia de las comunicaciones
mediante las cuales se habría dado autorización a Fiduprevisora S.A. para efectuar
pagos con cargo a los recursos del encargo fiduciario.
Del mismo modo, en la segunda complementación del dictamen, de fecha 31 de
mayo de 2018217, rendida en esta ocasión por solicitud de Fiduprevisora S.A., el
perito contador reiteró que Financiamos S.A. había otorgado autorización para
pagos que sumaban un total de $628’124.307; no obstante, nuevamente, el perito
214 Ver, por ejemplo, pago del 17 de febrero de 2006 a favor del Hospital Tomás Uribe Uribe y pagos
del 8 de marzo de 2006, a favor de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. (folio 981 del cuaderno
1B).
215 Folios 1.010 a 1.012 del cuaderno 1B.
216 Hecho probado 3.1.11.
217 Hecho probado 3.1.11.
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no indicó los documentos contables de los cuáles tomó esta información, ni tampoco
aportó los respectivos soportes.
Sobre el particular, ha de advertirse que la información expuesta por el perito llama
particularmente la atención, ya que la Sala no evidencia, en el resto del proceso,
que se haya acreditado —ni siquiera afirmado— que los pagos de la sociedad
Fiduprevisora S.A. en ejecución del encargo fiduciario No. 3-1-0020 requirieran de
la autorización de Financiamos S.A. Además, tampoco obra en el plenario, ni en los
anexos del dictamen, documentos que acrediten la existencia de tales
autorizaciones por parte de Financiamos S.A. Como ya se explicó, para que el juez
pueda tomar en cuenta las conclusiones y datos reflejados en la prueba pericial, no
sólo se requiere que un experto haya expuesto su opinión, sino que también debe
haber aportado «soportes que ofrezcan respaldo a su labor»218.
Por lo anterior, la Sala no otorgará valor probatorio al dictamen pericial rendido por
el señor Marco Tulio Astudillo Rodríguez ni a sus respectivas complementaciones.
Finalmente, también en relación con la alegada vulneración de la prelación de pagos
por parte de los fideicomitentes y Fiduprevisora S.A., se pone de presente que, en
la práctica del interrogatorio de parte de Claudia Rosa Forero Ramírez, en calidad
de representante legal de Financiamos S.A.219, tal señora Forero expresó que «la
fiduciaria entregó irresponsablemente y de manera directa al TOMÁS URIBE o
GEHOS valores superiores a 300 millones de pesos que eran propiedad de los
inversionistas»220. Dicha afirmación, sin embargo, no puede ser tenida como
confesión —que es el propósito de un interrogatorio de parte—, ya que únicamente
Fiduprevisora S.A. y los fideicomitentes tendrían la vocación de reconocer que
dichas operaciones tuvieron lugar. Adicionalmente, lo manifestado por la señora
Forero Ramírez no cuenta con soporte en las demás pruebas que obran en el
plenario, de tal forma que la Sala no puede comprobar su exactitud y veracidad.
Por todo lo expuesto, las pretensiones de los demandantes tendientes a que se
declare el incumplimiento de Fiduprevisora S.A. y/o de los fideicomitentes por haber
desconocido la prelación de pagos señalada en los certificados fiduciarios, serán
negadas por la Sala, ya que no se encuentran suficientemente acreditadas.
3.3.1.4. Por último, frente a la posición de los demandantes en el sentido de que los
fideicomitentes debían cubrir con recursos propios las obligaciones pendientes de
pago con cargo al encargo fiduciario, y que Fiduprevisora S.A. debía exigirlo —
plasmada en las pretensiones séptima y décima segunda de la demanda, como se
observa en el punto 1.1.1 de los antecedentes—, la Sala de Subsección advierte
que la sola lectura de los certificados de fuente de pago emitidos por la fiduciaria221,
218 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp.
57937.
219 Hecho probado 3.1.9.
220 Folios 3 a 5 del cuaderno 3.
221 Hecho probado 3.1.5.
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en línea con las instrucciones que dieron los fideicomitentes para que estos fueran
expedidos222, permiten apreciar que los recursos que se debían transferir a
Financiamos S.A. eran aquellos recaudados por el fideicomiso, que servía como
fuente de pago, y no los recursos propios de los fideicomitentes.
Se añade que, si bien en los certificados fiduciarios se plasmó que la obtención y
pago de los créditos sería de entera responsabilidad de los fideicomitentes 223, lo
cierto es que ello debe entenderse circunscrito a los recursos del fideicomiso; en
manera alguna, los plasmado en tales certificados puede traducirse en el hecho de
que, ante la insuficiencia de recursos del encargo fiduciario, los fideicomitentes
tenían la obligación de cubrir tales créditos con su propio patrimonio, en la medida
en que en el expediente no obra prueba a partir de la cual pueda inferirse de que
los fideicomitentes —Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y/o el Hospital Tomás
Uribe Uribe— se hubiesen comprometido a responder con sus propios recursos.
Del mismo modo, también en la pretensión séptima, alegaron que Fiduprevisora
S.A. debió informar a los fideicomitentes y a los beneficiarios de fuente de pago
«que los recursos recibidos en la cuenta del fideicomiso y sus rendimientos no eran
suficientes para atender las obligaciones caucionadas con los certificados». Al
respecto, basta decir que en el contrato de encargo fiduciario de recepción,
administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, cuya copia obra en el expediente224,
las obligaciones de la sociedad fiduciaria, según la cláusula cuarta del contrato 225,
consistían, a grandes rasgos, en recibir los recursos objeto del encargo fiduciario y
administrarlos, de conformidad con las estipulaciones contractuales, lo que incluía
efectuar los pagos a terceros y a los propios fideicomitentes, según las instrucciones
de estos últimos. En la misma línea, en virtud de los certificados de fuente de pago,
la fiduciaria debía realizar desembolsos por las sumas allí descritas, una vez
mediara la instrucción del ordenador del gasto. Así las cosas, se concluye que el
conjunto de prestaciones que debía cumplir la fiduciaria se circunscribía a los
recursos que ingresaban a la cuenta del fideicomiso, sin que en ninguna de las
estipulaciones se hubiera comprometido a hacer seguimiento, verificar o informar a
los fideicomitentes y/o a los beneficiarios de fuente de pago sobre la existencia y/o
disponibilidad de recursos para pagar las sumas indicadas en los certificados.
Por consiguiente, estas pretensiones también serán negadas por la Sala.
3.3.2. La refacturación a nombre del Hospital Tomás Uribe Uribe y sus
implicaciones frente a la ejecución del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-
0020
3.3.2.1. En la demanda, los accionantes pusieron de presente que, en la ejecución
de los contratos de asociación y cuentas en participación, la compañía de seguros
222 Hecho probado 3.1.4.
223 Hecho probado 3.1.5.
224 Hecho probado 3.1.2.
225 Hecho probado 3.1.2.4.
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Demandante: Financiamos S.A. y otros
La Previsora S.A. no aceptó que la facturación por servicios médicos prestados a
los pacientes víctimas de accidentes de tránsito se emitiera a nombre de terceros,
como lo era Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., pues argumentó que, de
conformidad con los Decretos 1032 de 1991 y 663 de 1993, las facturas debían ser
presentadas a nombre del prestador, que en este caso era el Hospital Tomás Uribe
Uribe226. Indicaron que, a raíz de esta situación, las partes decidieron efectuar una
modificación al contrato de asociación y cuentas en participación No. 027 de 2006,
en virtud de la cual, en adelante, solamente el Hospital podría emitir las facturas
ante la aseguradora La Previsora S.A., situación que, según se indicaron, no fue
comunicada a los beneficiarios de los certificados fiduciarios227.
Pues bien, a partir de esta situación, los demandantes afirmaron que el Hospital
Tomás Uribe Uribe empezó a recaudar directamente las facturas emitidas a su
nombre228, sin que los recursos ingresaran a la cuenta del encargo fiduciario, razón
por la cual Financiamos S.A. remitió comunicaciones al propio Hospital, pidiendo
que los dineros provenientes de la refacturación ingresaran al encargo fiduciario,
así como a Fiduprevisora S.A., poniéndola al tanto de la situación y solicitándole
que velara porque los recursos se transfieran al fideicomiso229. Los demandantes
adujeron, en varias ocasiones, que no obtuvieron respuesta por parte del Hospital.
En este sentido, como se observa en el acápite 1.1.1 de los antecedentes de esta
providencia, las pretensiones tercera y octava de las pretensiones principales están
encaminadas a que se declare que Fiduprevisora S.A. incumplió el contrato de
encargo fiduciario No. 3-1-0020 por haber permitido que la administración y recaudo
de gran parte de los bienes que eran objeto del encargo las hubieran realizado
directamente los fideicomitentes, deteriorando la solvencia y capacidad de pago del
encargo. En el mismo sentido, las pretensiones décima y décimo primera de las
súplicas principales buscan que se declare el incumplimiento del Hospital Tomás
Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., en calidad de fideicomitentes,
por haber realizado directamente la administración y recaudo de gran parte de los
bienes que eran objeto del contrato, sin transferirlos al encargo fiduciario.
Ahora bien, en lo que respecta a Fiduprevisora S.A. —entidad fiduciaria
demandada—, la Sala debe aclarar y precisar que, en virtud del contrato de encargo
fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, cuya copia
obra en el expediente230, sus obligaciones, según la cláusula cuarta del contrato231,
consistían, a grandes rasgos, en recibir los recursos objeto del encargo fiduciario,
que se consignarían en una cuenta determinada, y administrarlos de conformidad
con las estipulaciones contractuales. En este sentido, la fiduciaria debía invertirlos
transitoriamente en los fondos que administraba y efectuar, con las sumas que se
226 Ver hecho No. 53 de la demanda.
227 Ver hecho No. 54 de la demanda.
228 Ver hecho No. 55 de la demanda.
229 Ver hechos No. 56 y 57 de la demanda.
230 Hecho probado 3.1.2.
231 Hecho probado 3.1.2.4.
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recibieran en virtud del contrato, «los pagos a terceros por los servicios prestados,
así como el pago de las utilidades generadas por cada una de las partes, de acuerdo
con las instrucciones emitidas por LOS FIDEICOMITENTES».
Además, Fiduprevisora S.A. debía presentar a los fideicomitentes una rendición de
cuentas semestral, así como un informe mensual del desarrollo del encargo
fiduciario, incluyendo la información financiera y contable del mismo. Finalmente,
debía a entregar a los fideicomitentes, a la finalización del contrato, toda suma de
dinero por concepto de capital, intereses y rendimientos correspondientes a los
recursos que quedaran al momento de su terminación, luego de que hubieran sido
«canceladas todas las obligaciones con cargo a los recursos del fideicomiso».
De este modo, una revisión detenida de las obligaciones a cargo de Fiduprevisora
S.A., en el marco del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-0020, permite
determinar que estas consistían en labores de administración de los recursos que
ingresaban efectivamente al fideicomiso, provenientes de los pagos de las facturas
emitidas por los fideicomitentes a las aseguradoras y el FOSYGA. Con estos
recursos, la sociedad fiduciaria debía realizar pagos a terceros y a los propios
fideicomitentes, según las instrucciones que para el efecto emitieran estos últimos.
Así las cosas, se insiste en que el conjunto de prestaciones que debía realizar la
fiduciaria se circunscribía a los recursos que ingresaban a la cuenta del fideicomiso,
sin que en ninguna de las estipulaciones se haya comprometido a vigilar o a
supervisar las actividades de los fideicomitentes por fuera del encargo fiduciario.
Por tanto, la tesis de los demandantes, según la cual Fiduprevisora S.A. incumplió
el contrato de encargo fiduciario por haber permitido «que la administración y
recaudo de gran parte de los bienes (cartera) que eran objeto del encargo, los
realizaran directamente los fideicomitentes», no está llamada a prosperar.
3.3.2.2. Descartada la responsabilidad de la fiduciaria en este punto, se procede a
revisar los cargos formulados por los demandantes en contra de los fideicomitentes,
en relación con la refacturación que se llevó a cabo a nombre del Hospital.
Como se explicó atrás, los demandantes alegaron que los fideicomitentes —
Hospital Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.— realizaron
directamente la administración y recaudo de gran parte de los bienes que eran
objeto del contrato, sin transferirlos al encargo fiduciario.
Es pertinente señalar que la obligación de administrar los recursos derivados de la
ejecución de los negocios principales, es decir, de los contratos de asociación y
cuentas en participación, a través de un negocio fiduciario, tiene origen en el
contrato de asociación y cuentas en participación No. 030 del 6 de agosto de
2004232. En el numeral 3 de la cláusula sexta, este estableció la obligación conjunta
—para Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el Hospital Tomás Uribe Uribe— de
celebrar un negocio fiduciario con Fiduprevisora S.A., a través del cual se
232 Hecho probado 3.1.1.4.
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administrarían los recursos derivados de la ejecución contractual, y se pactó, a su
vez, la obligación de realizar el trámite correspondiente ante las compañías
aseguradoras, para establecer que los pagos por las cuentas de cobro relativas
a los servicios prestados se remitieran a Fiduprevisora S.A.
Está acreditado que, el 10 de septiembre de 2004, el Hospital y Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A. suscribieron con Fiduprevisora S.A. el contrato de encargo
fiduciario de recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020. En el
parágrafo de su cláusula primera, las partes expresaron que el contrato de
asociación y cuentas en participación No. 030 del 6 de agosto de 2004 y su otrosí
hacían parte integral del contrato de encargo fiduciario. En este orden, la Sala
encuentra que resultaba exigible para Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y el
Hospital, en el marco del contrato de encargo fiduciario, que los recursos
provenientes del pago de las facturas emitidas por los fideicomitentes se
consignaran directamente al fideicomiso; en la cláusula segunda del negocio
jurídico, se indicó que los recursos que hacían parte del encargo fiduciario eran
aquellos «correspondientes a los dineros provenientes del pago de las facturas
emitidas por LOS FIDEICOMITENTES a las empresas aseguradoras y el
FOSYGA»233. En el mismo sentido, en cláusula tercera del contrato de encargo
fiduciario, la primera de las obligaciones de los fideicomitentes allí expresadas se
refiere a «entregar y/o ordenar la entrega a LA FIDUCIARIA de los recursos
indicados en la Cláusula Segunda de este contrato, para lo cual deberá impartir
instrucción irrevocable a las compañías seguros para que consignen directamente
a la cuenta del FIDEICOMISO los recursos provenientes de los pagos de las
facturas emitidas por los LOS FIDEICOMITENTES en cumplimiento de las
respectivas pólizas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, para que los
recursos ingresen directamente a la cuenta del encargo fiduciario».
Así las cosas, para esta Subsección es claro que los fideicomitentes sí tenían la
obligación de que los recursos recaudados por la refacturación a nombre del
Hospital Tomás Uribe Uribe ingresaran al fideicomiso, ya fuera porque los
transfirieran directamente a la cuenta del encargo fiduciario, una vez recibidos por
parte de las aseguradoras, o porque les ordenaran a estas últimas transferirlos
directamente allí. De ahí, entonces, de acuerdo con los hechos probados, se
examinará si los fideicomitentes incumplieron o no dicha obligación.
En el expediente obra «Acta para reformar el contrato de asociación número 030 de
2004, 015 de 2005 y 027 de 2006 […]»234 —que no se encuentra firmada235—, la
cual da cuenta de una reunión sostenida entre ambas partes el 27 de febrero de
2007 para tomar medidas, ya que la compañía La Previsora S.A. no aceptaba que
«la facturación por concepto de servicios médicos prestados a pacientes víctimas
de accidentes de tránsito» se presentara a nombre de terceros —en este caso,
233 Hecho probado 3.1.2.2.
234 Hecho probado 3.1.7.1.
235 A pesar de no encontrarse firmada, se tendrá el acta como válida para los efectos probatorios
correspondientes, según se explicó el hecho probado 3.1.7.1.
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Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.—, pues sostenía que, de conformidad con
los Decretos 1032 de 1991 y 663 de 1993, las facturas debían ser presentadas a
nombre del prestador, que en este caso era el Hospital Tomás Uribe Uribe. Por
consiguiente, la aseguradora manifestó que esperaba la facturación a nombre del
Hospital, para efectuar la auditoría médica y realizar los respectivos pagos.
En este sentido, las partes de los contratos de asociación y cuentas en participación,
en el acta mencionada, acordaron, entre otras cosas, que para el caso específico
de la aseguradora La Previsora S.A., el proceso de elaboración y presentación de
las facturas, así como su respectivo cobro, quedaría en cabeza del Hospital Tomás
Uribe Uribe, lo cual constituiría una excepción a lo consignado en las cláusulas de
los contratos, que asignaban esta labor a Gestión Hospitalaria S.A. De este modo,
el Hospital se comprometió a reorganizar la facturación desde agosto de 2004 y a
presentarla a La Previsora S.A., para que esta le diera el respectivo trámite de pago.
En el expediente reposa una comunicación de fecha 8 de mayo de 2007236, remitida
a Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., mediante la cual hizo entrega de 90 envíos
de refacturación, que contenían 2027 facturas en cabeza del Hospital Tomás Uribe
Uribe y dirigidos a la compañía de seguros La Previsora S.A., por un total de
$403’326.085, acompañado de un anexo con el reporte estadístico de facturación
correspondiente al período comprendido entre el «05/01/2005» y el «05/08/2007».
A partir de allí, se evidencian varias comunicaciones remitidas por Financiamos S.A.
al Hospital Tomás Uribe Uribe, de fechas 21 de junio, 17 de julio y 3 de diciembre
de 2007237, entre otras, exigiéndole que los recursos recaudados a partir de la
refacturación a nombre del Hospital ingresaran al fideicomiso. Así mismo, obra en
el expediente correspondencia cruzada entre Financiamos S.A. y la Fiduprevisora
S.A., en virtud de que la primera solicitaba a la segunda velar porque los recursos
provenientes de la refacturación ingresaran al encargo fiduciario238.
Bajo ese contexto, la Sala advierte que, si bien se encuentra acreditado que en
efecto hubo una refacturación, en tanto se emitieron nuevas facturas a nombre del
Hospital, lo cierto es que en el expediente no se encuentra demostrado que las
aseguradoras —entre ellas, La Previsora S.A.— hubiesen pagado tales facturas
directamente al ente hospitalario, ni tampoco aparece probado que el Hospital,
luego de haber recibido los supuestos pagos provenientes de esas facturas, no
hubiese girado dichos recursos a la cuenta del fideicomiso.
En ese sentido, la Subsección concluye que no es posible predicar un
incumplimiento de los fideicomitentes por el hecho de que los recursos provenientes
de la refacturación no se dirigieron directamente al fideicomiso, pues ni siquiera en
236 Hecho probado 3.1.7.1.
237 Hecho probado 3.1.7.2.
238 Hecho probado 3.1.7.3.
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el expediente, como ya quedó visto, se acreditó que esas nuevas facturas hayan
sido pagadas.
3.3.2.3. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones principales de la demanda,
tendientes a la declaratoria de incumplimiento del contrato de encargo fiduciario de
recepción, administración, inversión y pagos No. 3-1-0020, junto con las
pretensiones de condena sobre el particular —daño emergente y lucro cesante—,
además de la «primera serie de pretensiones subsidiarias».
En este orden de ideas, la Subsección estudiará la «segunda serie de pretensiones
subsidiarias», relacionadas con el incumplimiento de los contratos de mutuo
celebrados por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y por los particulares
prestamistas que fungen como demandantes en el presente asunto.
3.4. El examen del incumplimiento alegado en relación con los contratos de
mutuo celebrados por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y la
responsabilidad solidaria del Hospital Tomás Uribe Uribe
3.4.1. De manera subsidiaria a las pretensiones declarativas principales, que en el
escrito de demanda se denominaron «segunda serie de pretensiones subsidiarias»,
los demandantes solicitaron que se declarara la existencia y validez de los contratos
de asociación y cuentas en participación No. 030 de 2004, 015 de 2005 y 027 de
2006, así como sus respectivos otrosíes, suscritos entre el Hospital Tomás Uribe
Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., y que se declarara la existencia y
validez de los contratos de mutuo mercantil, celebrados entre Gestión Hospitalaria
de Colombia S.A. y las personas naturales y jurídicas que otorgaron créditos a esta
sociedad.
Pidieron, igualmente, que se declarara que, durante la ejecución de estos contratos,
el Hospital Tomás Uribe Uribe «reveló y autorizó que se conociera su calidad de
partícipe inactivo, razón por la cual, en los términos del artículo 511 del Código de
Comercio, debe responder solidariamente» con Gestión Hospitalaria de Colombia
S.A. por las obligaciones adquiridas con sus prestamistas, ya que ambas
sociedades solicitaron expresamente a Fiduprevisora S.A. la expedición de los dos
certificados fiduciarios de fuente de pago a favor de Financiamos S.A
Seguidamente, solicitaron que se declarara que el Hospital Tomás Uribe Uribe y
Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. son obligados solidarios de las operaciones
de crédito celebradas con los particulares prestamistas y que «incumplieron en la
devolución de los dineros entregados a título de mutuo mercantil».
3.4.2. En lo que respecta a los contratos de asociación y cuentas en participación
No. 030 del 6 de agosto de 2004 —y su otrosí del 24 de agosto de 2004—, 015 del
3 de enero de 2005 —y su otrosí del 31 de enero de 2005— y 027 del 2 de enero
de 2006 —y su otrosí del 28 de noviembre de 2006—, suscritos entre el Hospital
Tomás Uribe Uribe y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., reposan las copias de
estos en el expediente, tal como fue descrito en el hecho probado No. 3.1.1, razón
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por la cual la Sala encuentra acreditada su existencia.
3.4.3. En lo que concierne a los contratos de mutuo, tal como lo explicó la Sala en
el acápite 2.1 de las consideraciones de la presente sentencia, resulta ser que, a
pesar de tener estos negocios jurídicos una naturaleza privada, esta jurisdicción
debe conocer íntegramente de la «segunda serie de pretensiones subsidiarias»,
incluyendo las relativas a la existencia e incumplimiento de los mutuos, por
aplicación del fuero de atracción, ya que una eventual declaratoria de
responsabilidad por este asunto podría comprometer aquella del Hospital Tomás
Uribe Uribe, —que, como se explicó anteriormente, es una Empresa Social del
Estado, categoría especial de entidad pública descentralizada239—.
Precisado lo anterior, ha de reiterarse que la Sala de Subsección encontró
demostrado240 que un total de 23 particulares —personas naturales y jurídicas—
otorgaron créditos a corto plazo a favor de la sociedad Gestión Hospitalaria de
Colombia S.A. y de su representante legal, la señora Claudia Jimena Cárdenas
Soto, actuando a nombre propio. En efecto, el cuaderno No. 1 del expediente
contiene múltiples documentos que dan cuenta de la solicitud de dichos créditos
efectuada por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y por la señora Cárdenas Soto
frente a diferentes particulares prestamistas, así como de peticiones de aquellas
para prorrogarlos. Igualmente, obran en el cuaderno N. 1 sendos títulos valores —
cheques y pagarés— emitidos por Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y su
representante legal, a nombre de los particulares prestamistas, con valores que se
asemejan a aquellos indicados en las solicitudes de los créditos a corto plazo.
En este punto de la providencia, cabe anotar que el mutuo es un contrato real, lo
cual significa que se perfecciona mediante la entrega de la cosa prestada241. Lo
anterior, en consideración a que el artículo 2222 del Código Civil establece: «No se
perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el
dominio». Así las cosas, si bien en el expediente no existen copias de contratos
escritos de mutuo, lo cierto es que, hay que decirlo, estos negocios jurídicos, para
su perfeccionamiento, no requieren de dicha solemnidad, sino de la entrega y
tradición de los bienes, que en este caso consistieron en sumas de dinero.
En esta medida, de cara a resolver la segunda pretensión de la «segunda serie de
pretensiones subsidiarias», relativa a la existencia de los contratos de mutuo, resulta
necesario determinar si, en efecto, los prestamistas efectivamente transfirieron las
respectivas sumas de dinero a Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
La Sala observa que el cuaderno No. 1 del expediente contiene elementos
probatorios que dan cuenta de que los créditos efectivamente se efectuaron, es
decir, que las sumas de dinero se entregaron a Gestión Hospitalaria de Colombia
239 De conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
240 Hecho probado 3.1.3.
241 Bonivento Fernández, José Alejandro. «Los principales contratos civiles y su paralelo con los
comerciales». Primera edición. Editorial: Tirant lo Blanch. 2024. Página 868.
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S.A.242 Así, por ejemplo, en las instrucciones del pagaré a la orden No. 3475-06,
emitido a nombre de la señora Alba Esperanza Perdomo Toro, se lee lo siguiente:
«Causa ALBA ESPERANZA PERDOMO TORO podrá llenar y utilizar dicho Pagaré
cuando a su juicio fuere necesario efectuar el cobro de las obligaciones derivadas
de la utilización de el(los) crédito(s) de corto plazo que me ha otorgado ALBA
ESPERANZA PERDOMO TORO […]» (se resalta).
El mismo texto, como quedó visto en los hechos probados, se repite en las
instrucciones de los pagarés emitidos a nombre de otros prestamistas, tales como
el señor Edgar Zapata León. Por consiguiente, la Sala cuenta con evidencia
suficiente para concluir que los contratos de mutuo se perfeccionaron.
3.4.4. Ahora bien, como se señaló anteriormente, la parte demandante tiene la carga
de probar el incumplimiento contractual, siempre que pretenda su declaratoria. En
ese orden de ideas, para que la Sala pueda acceder a la pretensión de
incumplimiento «en la devolución de los dineros entregados a título de mutuo
mercantil», como lo solicitó la parte demandante, resulta necesario conocer las
condiciones en las que se pactaron las obligaciones del contrato, especialmente
aquella en cabeza del mutuario, Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., de devolver
o restituir «cosas del mismo género y calidad», en los términos del artículo 2221 del
Código Civil, que en este caso consistiría en una suma de dinero.
Sobre las condiciones en que debe cumplirse esta obligación, la doctrina
especializada243 ha señalado que, si bien es cierto que el artículo 2224 del Código
Civil establece que, cuando el préstamo es en dinero, «sólo se debe la suma
numérica enunciada en el contrato», las partes del mutuo pueden válidamente
pactar un reajuste del monto de la suma prestada de acuerdo con el poder real de
compra de la moneda. Además, acerca del momento de la devolución, ha expresado
que «[l]a restitución debe hacerse en el término fijado por las partes», o, a falta de
estipulación expresa, no podrá exigirse antes de los 10 días subsiguientes a la
entrega, según lo establece el artículo 2225 del Código Civil.
En lo que respecta al lugar, «[l]a restitución debe hacerse en el lugar que convengan
las partes», y, a falta de estipulación expresa, la devolución se debe realizar en el
domicilio del deudor, siguiendo los principios generales que rigen los contratos. Por
otra parte, si bien el mutuo civil es, en principio, gratuito, las partes pueden pactar
intereses; en cambio, el mutuo comercial se presume oneroso, pues «implica para
el mutuario la obligación de pagar interés que, a falta de estipulación, será el legal
comercial, esto es, el bancario corriente». En todo caso, la aplicación del interés
legal comercial previsto en el artículo 1163244 del Código de Comercio requiere
242 Hecho probado 3.1.3.3.
243 Bonivento Fernández, José Alejandro. «Los principales contratos civiles y su paralelo con los
comerciales». Primera edición. Editorial: Tirant lo Blanch. 2024. Páginas 867-875.
244 Al respecto, el artículo 1163 del Código de Comercio establece: «Salvo pacto expreso en
contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de
dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. […]».
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certeza sobre la ausencia de pacto entre las partes sobre el monto de los intereses.
Se precisa que, si bien la Sala no desconoce que el Código Civil (art. 2225) y el
Código Comercio (art. 1163) traen unas disposiciones supletorias, lo cierto es que
estas resultan aplicables solamente ante la ausencia de pacto expreso, y la realidad
que campea en este caso particular es la incertidumbre frente a los mismos términos
en que las partes acordaron sus obligaciones contractuales en los mutuos, es decir,
que en el sub judice, al no tenerse tales contratos por escrito y al no conocer con
certeza las condiciones pactadas en tales negocios jurídicos —aspecto que
necesariamente debía probar la parte demandante—, difícilmente puede darse
aplicación a las normas supletorias, precisamente ante la falta de certeza sobre la
ausencia de pacto en relación con la devolución del dinero entregado. A lo anterior
se suma que en la demanda245 ni siquiera se realizó un relato claro sobre lo pactado
por las partes en relación con la devolución de los dineros objeto de los mutuos.
A la luz de lo anterior, resulta claro para la Sala de Subsección que las partes de un
contrato de mutuo pueden acordar condiciones frente a distintos aspectos del
negocio jurídico y, especialmente, frente a la obligación de devolución del dinero en
cabeza del mutuario. No obstante, en el asunto sub examine, no fueron allegados
al proceso documentos u otros medios de prueba que permitan dilucidar con certeza
los términos en los que las partes acordaron la ejecución de las obligaciones
derivadas de estos negocios jurídicos, situación que pone de presente, valga
advertirlo, la insatisfacción de la carga probatoria frente a este asunto particular.
En esta línea, ha de precisarse que no se conoce si los contratos de mutuo
constaron por escrito, puesto que no obran en el expediente copia de los mismos,
así como tampoco existen otros elementos probatorios que le permitan a esta Sala
de Subsección conocer aspectos tales como el momento en que Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. debía devolver el dinero, si se pactó o no un reajuste
del monto de la suma prestada o si se pactaron intereses y, en dado caso, por qué
valor, entre otros. En este sentido, los títulos valores —cheques y pagarés— que
fueron aportados por los demandantes, así como los certificados de fuente de pago
emitidos por Fiduprevisora S.A., no resultan suficientes para determinar las
condiciones en que se acordaron las devoluciones de dinero a los prestamistas.
Incluso, la Sala aprecia que en el proceso se practicaron los interrogatorios de parte
de los señores Clara Inés Fernández y Miguel Ángel Arce, en su calidad de
prestamistas demandantes246. En la audiencia, se le preguntó al señor Arce: «podría
especificar el nivel de detalle de la información suministrada por FINANCIAMOS
para efectos de la operación de préstamo de dinero», a lo que el prestamista
respondió: «Para todas las operaciones que hemos realizado que son más de 200
siempre se informa al cliente las garantías que ofrece, los plazos, las tasas de
245 En el hecho 35 se relacionaron las operaciones de crédito entre los 23 prestamistas demandantes
y Gestión Hospitalaria de Colombia S.A.
246 Hecho probado 3.1.9.
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interés, y documentos probatorios de que la empresa tiene personería jurídica y
todo lo necesario […]»247. No obstante, el señor Arce no suministró información
específica y concreta sobre los aspectos del negocio jurídico que mencionó en su
respuesta. Así las cosas, es dable señalar que los interrogatorios de los señores
Clara Inés Fernández y Miguel Ángel Arce no brindan a la Sala elementos
suficientes ni relevantes para comprender las condiciones en las que Gestión
Hospitalaria de Colombia S.A. debía devolver las respectivas sumas de dinero.
Adicionalmente, en el proceso se practicó el interrogatorio de parte de la señora
Claudia Rosa Forero Ramírez, representante legal de Financiamos S.A.248. En
audiencia, se le solicitó a la señora Forero Ramírez: «Explique al despacho cuáles
eran las condiciones básicas de colocación de estos recursos entre el inversionista
y GEHOS (Gestión Hospitalaria) específicamente en materia de plazo y tasa», a lo
cual contestó: «Había diferentes plazos y diferentes tasas de acuerdo a la
periodicidad de pago de cada aseguradora, lo cual consta en cada uno de los
comprobantes de operación que se adjuntan como prueba al expediente»249. Sin
embargo, entiende la Sala que los comprobantes a los que hace referencia la señora
Forero Ramírez son los documentos que dan cuenta de la solicitud de los créditos
y de sus prórrogas por parte de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A., así como
los títulos valores sobre los cuales se pronunció esta Subsección anteriormente, los
cuales, como ya se indicó, no permiten identificar las condiciones en las que se
pactó la devolución del dinero —ni tampoco si hubo ausencia de pacto sobre el
particular— y, por consiguiente, no resultan suficientes para determinar el supuesto
incumplimiento alegado de los contratos de mutuo.
En efecto, si bien las solicitudes de créditos y las peticiones de prórrogas por parte
de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. dan cuenta de un monto y un plazo para
su devolución, lo cierto es que en el expediente no obra prueba de que dichas
condiciones se hubiesen aceptado por parte de los prestamistas, saltando a la vista
la incertidumbre de si hubo o no ausencia de estipulación sobre cómo y cuándo
debía restituirse el dinero dado en préstamo, así como sobre la existencia de un
pacto de intereses, entre otros, circunstancia esta última que impide acudir a las
normas supletivas referidas, cuya aplicación por parte del juez solamente resulta
posible cuando haya convencimiento sobre la falta de estipulación en ese sentido.
Por todo lo expuesto, no resulta posible declarar el incumplimiento de los contratos
de mutuo por parte de Gestión Hospitalaria de Colombia S.A. y, por tanto, tampoco
procede pronunciarse sobre una eventual responsabilidad solidaria del Hospital
Tomás Uribe Uribe con base en el artículo 511 del Código de Comercio.
En consecuencia, la Sala negará estas pretensiones.
247 Folios 6 a 7 del cuaderno 3.
248 Hecho probado 3.1.9.
249 Folios 3 a 5 del cuaderno 3.
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4. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 171250 del CCA, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, la imposición de costas procede únicamente cuando alguna
de las partes hubiere actuado de manera temeraria; sin embargo, en el presente caso
no se evidenció ese tipo de conducta, por lo que no hay lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de
Financiamos S.A., por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
CT3
250 «Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la
vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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