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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-01005-01

Acción de reparación directa

Fecha
9 de julio de 2018
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-01005-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero del 2012, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se dispone: PRIMERO: de acuerdo con las consideraciones expuestas, NEGAR las prensiones de la demanda. SEGUNDO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2009-01005-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

9 de julio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Peculado por apropiación en la modalidad de extensión / PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA - Configurada

El 30 de octubre del 2009, el señor Jaime Chacón Oviedo presentó demanda de reparación directa por la privación de su libertad. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de primera instancia, declaró la caducidad de la acción, puesto que la sentencia del tribunal penal cobró ejecutoria el 27 de julio del 2007, por lo que para el momento en que se presentó la demanda (30 de octubre de 2009) la acción había perdido vigencia. La parte actora apeló la anterior decisión, puesto que al momento de solicitar las copias del proceso penal, la secretaría del juzgado penal cometió un error y certificó que la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la cesación del procedimiento por extinción de la acción penal es el 21 de agosto del 2007, fecha que tuvo en cuenta para la presentación oportuna de la demanda (…) La Sala encuentra que, si bien no se comprobó la participación de Jaime Chacón Oviedo en el delito investigado, este no tuvo la debida diligencia exigida para desempeñar el cargo de gerente de la cooperativa, pues incumplió con su deber de velar por el bienestar de los recursos de la cooperativa. Así, aunque la conducta del procesado no constituyó un elemento suficiente para proferir una condena penal en su contra, sí tiene la vocación de romper el nexo causal entre la actuación estatal y el daño, puesto que constituyó un elemento determinante para su captura y vinculación al proceso penal. Lo anterior, debido a que, como se demostró en el proceso, el accionante, en calidad de gerente de la cooperativa, permitió que se otorgaran varios créditos con información falsa sin que se notara el más mínimo reparo por impedir el trámite fraudulento de estos, lo cual dio lugar al inicio la investigación penal. Por tanto, el daño no es imputable a la Nación, pues si bien Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia absolutoria a favor del señor Jaime Chacón Oviedo, lo determinante y exclusivo para que ocurriera la aprehensión fue la conducta omisiva del actor, quien no cuestionó ni reprobó las actividades que realizaban al interior de la cooperativa de la cual era gerente, por lo que su conducta gravemente culposa permite exonerar de responsabilidad a la administración de justicia.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

[L]a Sala advierte que la extinción de la acción penal aconteció porque se presentó el fenómeno de prescripción que, de acuerdo con la normativa penal vigente (Ley 599 del 2000), empieza a correr desde el día de la consumación de la conducta punible (artículo 84), por un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley (…) En el presente caso, la prescripción de la acción penal ocurrió por cuanto, a partir de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía el 5 de diciembre del 2000, transcurrieron más de 5 años, para que el Tribunal Superior del Distrito de Cali resolviera el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali. Sin embargo, la Sala no comparte este reproche, pues considera, en primer lugar, que, mientras el tribunal resolvía el recurso de apelación el actor no se encontraba privado físicamente de su libertad, ni demostró estar afectado por alguna otra medida restrictiva de su libertad que le causara un daño cierto reparable en esta instancia. En segundo lugar, porque la Sala advierte que la confirmación de la sentencia absolutoria, por parte del tribunal penal, era un hecho incierto, pues resulta imposible conocer la valoración probatoria que hubiere realizado dicho cuerpo colegiado al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte civil. Por lo anterior, la Sala concluye que en el presente proceso no se demostró la causación de algún daño proveniente de la duración que tuvo el proceso penal, pues no generó una prolongación de la privación de la libertad del procesado, como tampoco un daño autónomo por pérdida de oportunidad respecto del resultado favorable del proceso, puesto que esto constituye un hecho incierto cuya probabilidad resulta imposible de determinar con el material probatorio que se ha traído al proceso contencioso.

PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – No acreditado

En el presente caso, la prescripción de la acción penal ocurrió por cuanto, a partir de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía el 5 de diciembre del 2000, transcurrieron más de 5 años, para que el Tribunal Superior del Distrito de Cali resolviera el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali. Sin embargo, la Sala no comparte este reproche, pues considera, en primer lugar, que, mientras el tribunal resolvía el recurso de apelación el actor no se encontraba privado físicamente de su libertad, ni demostró estar afectado por alguna otra medida restrictiva de su libertad que le causara un daño cierto reparable en esta instancia. En segundo lugar, porque la Sala advierte que la confirmación de la sentencia absolutoria, por parte del tribunal penal, era un hecho incierto, pues resulta imposible conocer la valoración probatoria que hubiere realizado dicho cuerpo colegiado al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte civil. Por lo anterior, la Sala concluye que en el presente proceso no se demostró la causación de algún daño proveniente de la duración que tuvo el proceso penal, pues no generó una prolongación de la privación de la libertad del procesado, como tampoco un daño autónomo por pérdida de oportunidad respecto del resultado favorable del proceso, puesto que esto constituye un hecho incierto cuya probabilidad resulta imposible de determinar con el material probatorio que se ha traído al proceso contencioso.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA

En cuanto a las causales eximentes de responsabilidad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. (…) De acuerdo con el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima (…) Si bien la conducta del señor Chacón Oviedo, como gerente de la cooperativa, no dio lugar a la configuración del tipo penal por el que fue procesado, esta sí merece un reproche desde el punto de vista de la gestión administrativa que ejerció en la entidad, puesto que incumplió con sus deberes como gerente, al incurrir en una de las prohibiciones expresas para su cargo como fue “permitir algún tipo de falsedad o alteración en cualquier información”, lo que ocurrió debido a su descuido y negligencia grave en el cumplimiento del deber de velar por el buen funcionamiento de la entidad.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01005-01(44234)

Actor: JAIME CHACÓN OVIEDO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

La Subsección procede a decidir el recurso de apelación interpuesto el 23 de febrero del 2012 por la parte demandante, contra la sentencia del 27 de enero del 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la cual se declaró la caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de octubre del 2009, el señor Jaime Chacón Oviedo presentó demanda de reparación directa por la privación de su libertad. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de primera instancia, declaró la caducidad de la acción, puesto que la sentencia del tribunal penal cobró ejecutoria el 27 de julio del 2007, por lo que para el momento en que se presentó la demanda (30 de octubre de 2009) la acción había perdido vigencia.

La parte actora apeló la anterior decisión, puesto que al momento de solicitar las copias del proceso penal, la secretaría del juzgado penal cometió un error y certificó que la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la cesación del procedimiento por extinción de la acción penal es el 21 de agosto del 2007, fecha que tuvo en cuenta para la presentación oportuna de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

Mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2009, Jaime Chacón Oviedo y María Isabel García Mateus, en nombre propio y en representación de sus hijos Juan Camilo, Ana María y Laura Isabel Chacón García; así como los señores José William, Edison, María Lourdes, Gustavo y Yolanda Chacón Oviedo, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A, solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación– Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial por los perjuicios morales y materiales que les fueron ocasionados con la privación injusta de la libertad de Jaime Chacón Oviedo.

En consecuencia, los demandantes solicitaron que la entidad demandada sea condenada a indemnizar a cada uno de ellos los perjuicios materiales e inmateriales que se demuestren en el proceso.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente solicitaron $12.000.000 por el pago de los honorarios profesionales al abogado que ejerció la defensa en el proceso penal; $338.225, por el pago de matrícula universitaria; y $42.000.000, por la venta de un inmueble de propiedad del señor Chacón Oviedo, con lo cual tuvo que sufragar los gastos de su familia, mientras se encontraba recluido.

Como lucro cesante solicitaron la suma de $28.215.000, por los ingresos dejados de percibir por el demandante durante la privación de su libertad. Lo anterior en razón a que la detención se extendió por 19 meses y el señor Chacón Oviedo devengaba un salario mensual de $1.485.000.

Por perjuicios morales, los integrantes de la parte demandante solicitaron el equivalente a 100 SMLMV para el privado de la libertad, su esposa e hijos; y 50 SMLMV, para sus hermanos.

Finalmente, por concepto de daño a la vida de relación, solicitaron el pago de 500 SMLMV a favor del señor Jaime Chacón Oviedo.

Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:

El señor Jaime Chacón Oviedo fue privado de su libertad desde el 23 de marzo del 2000 hasta el 8 de junio del 2001 en virtud de la investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación, por la denuncia formulada en su contra, en su calidad de director de la Agencia Floralia de la Cooperativa Financiera Solidarios, por la aprobación de préstamos sin el cumplimiento de los requisitos preestablecidos.

El 20 de septiembre del 2000, la Fiscalía 90 delegada ante los Jueces del Circuito de Cali profirió resolución de acusación en contra del señor Chacón Oviedo, por el delito de peculado por apropiación en la modalidad de extensión, en concurso con el delito de falsedad en documento privado.

A pesar de que el delito de peculado desapareció, en virtud de la entrada en vigor de la Ley 599 del 2000, el proceso penal contra el señor Chacón Oviedo continuó por este delito hasta la audiencia de juzgamiento.

El 20 de agosto del 2004, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia absolutoria a favor del señor Jaime Chacón Oviedo.

El 13 de julio del 2007, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte civil, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, declaró extinta la acción penal, porque se presentó el fenómeno de la prescripción.

La parte demandante considera que el señor Jaime Chacón Oviedo estuvo vinculado durante 8 años a un proceso penal adelantado por una conducta punible que no cometió, sin que se le aplicara el principio de favorabilidad. Además, que fue vinculado al proceso y privado de la libertad sin que existieran pruebas sobre su responsabilidad. Aludió que hubo una dilación injustificada del proceso, lo cual tuvo como consecuencia la prescripción de la acción penal, e impidió que la justicia declarara su inocencia.

Trámite procesal

La demanda presentada por Jaime Chacón Oviedo y otros fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por providencia del 12 de noviembre del 2009, en la cual también se ordenó la notificación del admisorio y la fijación en lista.

El 15 de junio del 2010, la Nación-Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de los actores. Propuso como excepción la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el procesado no recurrió la resolución mediante la cual la Fiscalía impuso medida de aseguramiento. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la prolongación del proceso que alude el demandante se dio durante la etapa de juzgamiento, a cargo del Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali. Finalmente, adujo que la Fiscalía impuso medida de aseguramiento al señor Jaime Chacón Oviedo en cumplimiento de sus funciones constitucionales, con el fin de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, por lo cual no puede catalogarse como una medida injusta.

Por su parte, la Nación-Rama Judicial en la contestación de la demanda arguyó que en el presente caso no se presentó falla en el servicio ni error judicial que genere responsabilidad del Estado. Manifestó que la prolongación en los términos que provocó la prescripción de la acción penal obedece a las condiciones de la actividad jurisdiccional, los recursos humanos, los medios técnicos y las circunstancias particulares del delito investigado, por tanto, el daño alegado en la demanda está basado en la expectativa de un fallo y la presunción de que el mismo se daría a favor del procesado, sin que esto tenga soporte legal o jurisprudencial. Por lo anterior, concluyó que las pretensiones de la demanda no deben prosperar, puesto que en el presente caso el demandante no probó que el retardo en los términos judiciales obedezca a una falla en el servicio.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial decretó la extinción de la acción penal por prescripción quedó ejecutoriada el 27 de julio del 2007. Por tanto, el accionante tenía hasta el 30 de julio del 2009, para incoar la acción de reparación directa, sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial la presentó el 6 de agosto del 2009, cuando la acción había perdido vigencia.

Agotado el periodo probatorio, por auto del 18 de marzo del 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó correr traslado para alegatos de conclusión, término en que las partes reiteraron los argumentos expuestos.

La sentencia apelada

El 27 de enero del 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la caducidad de la acción.

El tribunal consideró que, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró la extinción de la acción penal, quedó ejecutoriada el 27 de julio del 2007, el término de 2 años para la configuración de la caducidad corrió desde el 28 de julio del 2007, hasta el 28 de julio del 2009. Por tanto, para el momento en que el accionante presentó la solicitud de conciliación prejudicial (6 de agosto del 2009) y la demanda (30 de octubre del 2009), la acción incoada se encontraba caducada.

El recurso contra la sentencia

El 23 de febrero del 2012, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión, con el fin de que sea revocada y en su lugar se profiera sentencia condenatoria contra la demandada.

En el recurso, la parte actora manifestó que cuando solicitó las copias del expediente ante el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali, este proporcionó las copias de las sentencias de primera y segunda instancia, junto a una constancia secretarial en la que se certificó como fecha de ejecutoria el 21 de agosto del 2007.

Adujo que la anterior certificación expedida por el secretario del Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín indujo a error a la parte accionante, por lo que debe ser esta la fecha tenida en cuenta para el cómputo del término de caducidad, tal como lo consideró la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos para efectos de la conciliación prejudicial y el magistrado ponente, al momento de admitir la demanda administrativa.

Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 27 de junio del 2012, el Consejo de Estado admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. En providencia de 26 de septiembre del 2012, la Corporación corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto.

La Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión en los que solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, puesto que en el presente caso es clara la configuración de la caducidad de la acción.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales

Competencia

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía.

Vigencia de la acción

De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala advierte que la sentencia del 13 de julio del 2007, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali declaró extinguida la acción penal, fue notificada personalmente al señor Jaime Chacón Oviedo, el 16 de julio del 2007 y, por estado el 24 de julio del mismo año.

Más adelante, obra en el expediente constancia de ejecutoria de fecha 27 de julio del 2007.

Una vez devuelto el expediente al Juzgado de origen, el 21 de agosto del 2007, este ordenó librar las comunicaciones correspondientes al cese del procedimiento penal.

El 11 de febrero de 2008, el señor Jaime Chacón Oviedo elevó solicitud de “copia íntegra de la sentencia en virtud de la cual resulté absuelto, con la observación que es primera copia”.

Según informe secretarial, el 20 de febrero del 2008, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali hizo entrega de las copias solicitadas al señor Jaime Chacón Oviedo.

La parte demandante allegó, junto con la demanda, las copias del proceso penal que se encontraban en su poder entre las cuales se encuentra la constancia secretarial del 20 de febrero del 2008, en la que el secretario del Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali certificó:

“Que las presentes copias de la sentencia ordinaria No. 013, calendada agosto 20 del 2004 y acta de segunda instancia (Tribunal Superior de Cali) No. 197 de julio 13 del 2007, son fieles tomadas del cuaderno original, siendo estas las primeras que se expiden dentro del proceso radicado bajo la partida No. 2001-00001-00, que por los delitos de Peculado por Apropiación y Falsedad en Documento Privado, se siguió en contra de JAIME CHACÓN OVIEDO (…); así mismo se certifica que los fallos en mención se encuentra (sic) debidamente ejecutoriados desde el día 21 de agosto de 2007 (…)”.

De esta manera, la Sala advierte que el secretario del Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali certificó como fecha de ejecutoria aquella en la cual recibió el expediente devuelto por el tribunal y se pronunció sobre la decisión del mismo (ver el cuarto párrafo del presente título).

Lo anterior, constituyó un error, por parte de la secretaría del juzgado penal, puesto que obraba en el expediente la constancia de ejecutoria de fecha 27 de julio del 2007 y certificó la fecha equivocada, por una confusión en la apreciación del auto que se expidió el 21 de agosto del 2007.

La figura de la caducidad está consagrada en el ordenamiento jurídico como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Para el efecto, la ley establece, de manera taxativa, el término con el cual los administrados cuentan para ejercer la acción. La consecuencia de iniciar el litigio por fuera del lapso establecido por la ley, es que el interesado perderá la posibilidad de elevar sus pretensiones ante la administración de justicia.

El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo instituye un término de dos años para que la acción de reparación directa sea impetrada. Este término se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño.

Ahora bien, en los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado o le pone fin al proceso penal, debido a que es hasta este momento en que se tiene certeza sobre la ilegalidad o injusticia de la medida de restricción de la libertad.

En el caso concreto, la Sala advierte que la sentencia que declaró la extinción de la acción penal quedó ejecutoriada el 27 de julio del 2007, la parte actora presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 6 de agosto del 2009 y la demanda de reparación directa el 30 de octubre del 2009, cuando ya se encontraba vencido el término de dos años otorgado por la ley, para la vigencia de dicha acción.

Sin embargo, le asiste razón al demandante, en lo que tiene que ver con la certificación secretarial expedida por el juzgado penal, en la cual se le indicó que la fecha de ejecutoria de la providencia que dio por terminado el proceso era el 21 de agosto del 2007. Lo anterior hizo incurrir en error a la parte actora, puesto que consideró que, para el 6 agosto del 2009, fecha en la que presentó solicitud de conciliación prejudicial, todavía no había vencido el término de dos años para interponer la acción.

Por lo anterior, como garantía del derecho al acceso a la administración de justicia de la parte actora, teniendo en cuenta que el Juzgado penal cometió un error en la consignación de la fecha de la ejecutoria de la providencia que finalizó el proceso, cuando expidió las copias a solicitud del procesado, la Sala estudiará de fondo el asunto, en el entendido que, si se cuenta desde la fecha certificada por el juzgado de manera errada, 21 de agosto del 2007, la acción de reparación directa incoada el 30 de octubre del 2009 se encontraba vigente, en atención a que desde el 6 de agosto hasta el 26 de octubre del 2009, el término se suspendió, en virtud del trámite de conciliación prejudicial adelantado.

Legitimación en la causa

El señor Jaime Chacón Oviedo se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser el afectado directo con la privación de la libertad.

Adicionalmente, están legitimados quienes acudieron al proceso como afectados por el daño. En efecto, se demostró que el señor Jaime Chacón Oviedo es esposo de María Isabel García Mateus, padre de Juan Camilo, Ana María y Laura Isabel Chacón García, y hermano de José William, Edison, María Lourdes y Gustavo Chacón Oviedo, según se puede establecer con las copias auténticas de sus registros civiles de matrimonio y nacimiento.

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”; y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrieron los demandantes ha obrado como causa de un grave dolor en su familia, y que por tanto, se encuentran legitimados en la causa por activa.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Rama Judicial, de manera que la Nación se encuentra legitimada por pasiva en este asunto, y en su representación están llamados a ejercer el derecho de contradicción y defensa los mencionados organismos, debido a que se encuentra demostrado que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que le impuso medida de aseguramiento a Jaime Chacón Oviedo, por los delitos de peculado y falsedad en documento privado, y que la Rama Judicial asumió el conocimiento del caso, una vez proferida la resolución de acusación.

Hechos acreditados en el proceso

La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad a la que fue sometido el señor Jaime Chacón Oviedo, así como en la afectación moral y patrimonial que involucró la misma, y el agravio que soportaron sus familiares, tanto material como inmaterialmente.

En tal sentido, la Sala encuentra probado dentro de este proceso que:

El 15 de marzo del 2000, la Fiscalía 90 Delegada ante el Distrito Judicial de Cali resolvió la situación jurídica del señor Jaime Chacón Oviedo con imposición de medida de aseguramiento y libró la respectiva orden de captura, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación en la modalidad de extensión, en concurso con el de falsedad en documento privado. Lo anterior, en virtud de que el señor Chacón Oviedo, en su calidad de gerente, aprobó varios créditos, para los cuales se aportaron documentos falsos.

La Fiscalía consideró que “la falsedad en la información era evidente y fácil de detectar”, de lo que dedujo que el sindicado conoció y consintió la defraudación en los créditos otorgados. Como indicios en su contra encontró: i) la declaración del auditor interno de la cooperativa, y ii) la declaración del señor Marco Aurelio Castaño Villegas.

El 23 de marzo del 2000, el grupo de capturas C.T.I. efectuó la aprehensión del señor Jaime Chacón Oviedo y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El 20 de septiembre del 2000, la Fiscalía 90 Delegada ante el Distrito Judicial de Cali calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Jaime Chacón Oviedo, por el delito de peculado por apropiación en la modalidad de extensión, en concurso con el de falsedad en documento privado. Como fundamento de la decisión, la Fiscalía anotó que de los testimonios de las señoras Maisner Fernández y Paula Andrea López se desprende que el señor Jaime Chacón Oviedo mintió sobre su desconocimiento de las personas que fueron beneficiadas con la aprobación de los créditos, en los que se usó documentación falsa.

El 5 de diciembre del 2000, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la resolución de acusación.

El 8 de junio del 2001, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali concedió la libertad provisional al señor Jaime Chacón Oviedo, en atención a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 81 de 1993, por cuanto transcurrieron más de 6 meses después de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que convocara audiencia de juzgamiento.

El 20 de agosto del 2004, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia absolutoria a favor del señor Jaime Chacón Oviedo. En primer lugar, estableció que, aunque, con la entrada en vigor de la Ley 599 del 2000, el tipo penal de peculado por extensión desapareció, la conducta ilícita no fue despenalizada, sino que se ubicó dentro de los ilícitos que atentan contra el patrimonio público. Por tanto, concluyó que las conductas ilícitas analizadas se encuentran amparadas en el tipo penal de abuso de confianza, por lo que en el análisis de fondo resultaba necesario establecer cual tipo penal resultaba más favorable a los sindicados.

Respecto de la responsabilidad penal del señor Jaime Chacón Oviedo, el juzgado no encontró demostradas las circunstancias que se apreciaron como indicios en su contra, puesto que recibir regalos en el sector privado resulta ser una práctica común, sin que ello indique su compromiso con el favorecimiento de intereses particulares. Igualmente, analizó que la percepción acerca de los lazos de amistad que sostenía el señor Chacón Oviedo con algunos clientes de la Cooperativa no eran más que apreciaciones subjetivas. Por tanto, en atención a que se demostró que el sindicado circunscribió su conducta a los parámetros adoptados por la empresa, concluyó que no existía prueba contundente que lo responsabilizara como autor del delito investigado.

El 14 de septiembre del 2004, la Cooperativa Financiera Solidarios –en liquidación-, quien se constituyó como parte civil en el proceso penal, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, por cuanto consideró que los testimonios recaudados en el proceso daban cuenta de que el señor Chacón Oviedo, en su calidad de gerente de la sucursal Floralia contribuyó con la defraudación económica mediante la aprobación de créditos sin el lleno de los requisitos preestablecidos.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió el anterior recurso de apelación el 13 de julio de 2007, y declaró extinguida la acción penal por prescripción. Dicha providencia se notificó a las partes y cobró ejecutoria el 27 de julio del 2007, tal y como lo certificó el Secretario del tribunal (f. 111, c. 1).

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, por la privación de la libertad a la que fue sometido Jaime Chacón Oviedo, como consecuencia de su vinculación al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación en la modalidad de extensión y falsedad en documento privado. Lo anterior, teniendo en cuenta que, finalmente, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción, por lo que la presunción de inocencia del procesado quedó incólume.

A continuación, si a ello hay lugar, deberá resolverse si la conducta del sindicado constituyó, en términos civiles, un hecho determinante que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal.

Análisis de la Sala sobre la responsabilidad

De conformidad con las pruebas aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, como quiera que, mediante certificado emitido por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, se demostró que el señor Jaime Chacón Oviedo estuvo privado de la libertad desde el 23 de marzo del 2000 hasta el 8 de junio del 2001, en virtud del proceso penal adelantado en su contra por el delito de peculado por apropiación en la modalidad de extensión.

Demostrado el daño causado a las personas que integran la parte activa en este proceso, procede la Sala a determinar si este es de carácter antijurídico y si es imputable a las entidades demandadas.

En el presente caso la Fiscalía impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Chacón Oviedo por los delitos de peculado por apropiación en la modalidad de extensión, en concurso con el de falsedad en documento privado.

Lo anterior, con fundamento en varias declaraciones recibidas en el proceso, entre estas la del señor Henry Díaz Saavedra, auditor interno de la cooperativa y la del señor Marco Aurelio Castaño Villegas, en las que se manifestó que el señor Chacón Oviedo, en su calidad de gerente de la oficina del barrio Floralia, mantenía una amistad con quien resultó beneficiado con los créditos fraudulentos y recibió dádivas por parte de este, con el fin de hacer efectivo el trámite.

Con base en el material probatorio relatado, así como en las declaraciones de las señoras Maisner Fernández y Paula Andrea López, la Fiscalía 90 Delegada ante el Distrito Judicial de Cali profirió resolución de acusación en contra del señor Jaime Chacón Oviedo.

El proceso penal adelantado en contra del demandante se llevó a cabo en vigencia del Decreto 2700 de 1991, el cual exigía como requisito sustancial para la imposición de medidas de aseguramiento la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad, de acuerdo con las pruebas legalmente traídas al proceso (artículo 388).

Teniendo en cuenta que la Fiscalía contaba con más de un indicio de responsabilidad penal en contra del señor Jaime Chacón Oviedo, la Sala advierte que dicha entidad se encontraba habilitada por la ley vigente para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva.

No obstante, se conoce en el proceso que el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia absolutoria a favor del sindicado, por cuanto consideró que los medios de prueba que obraban en su contra no ofrecían certeza sobre su participación en los delitos investigados.

La anterior decisión cobró ejecutoria el 27 de julio del 2008, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en virtud del recurso de apelación interpuesto en contra de dicha providencia, resolvió decretar la extinción de la acción penal, por prescripción.

Parte así del reproche formulado por la parte actora, conforme al cual, la prolongación injustificada del proceso le generó afectación, pues mantuvo al señor Chacón Oviedo vinculado a este durante aproximadamente 8 años, y le privó de la oportunidad de ver cumplida su expectativa de confirmación de la sentencia absolutoria y la consecuente oportunidad de resarcir la vulneración a su honra y buen nombre.

Al respecto, la Sala advierte que la extinción de la acción penal aconteció porque se presentó el fenómeno de prescripción que, de acuerdo con la normativa penal vigente (Ley 599 del 2000), empieza a correr desde el día de la consumación de la conducta punible (artículo 84), por un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley.

El artículo 86 del Código Penal señala que el término de prescripción de la acción penal se interrumpe con la expedición de la resolución de acusación al calificar el mérito del sumario y, que luego de tal interrupción el término de prescripción inicia de nuevo, por la mitad del tiempo previsto para la pena, sin que sea superior a 20 años, ni inferior a 5.

En el presente caso, la prescripción de la acción penal ocurrió por cuanto, a partir de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía el 5 de diciembre del 2000, transcurrieron más de 5 años, para que el Tribunal Superior del Distrito de Cali resolviera el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali.

Sin embargo, la Sala no comparte este reproche, pues considera, en primer lugar, que, mientras el tribunal resolvía el recurso de apelación el actor no se encontraba privado físicamente de su libertad, ni demostró estar afectado por alguna otra medida restrictiva de su libertad que le causara un daño cierto reparable en esta instancia. En segundo lugar, porque la Sala advierte que la confirmación de la sentencia absolutoria, por parte del tribunal penal, era un hecho incierto, pues resulta imposible conocer la valoración probatoria que hubiere realizado dicho cuerpo colegiado al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte civil.

Por lo anterior, la Sala concluye que en el presente proceso no se demostró la causación de algún daño proveniente de la duración que tuvo el proceso penal, pues no generó una prolongación de la privación de la libertad del procesado, como tampoco un daño autónomo por pérdida de oportunidad respecto del resultado favorable del proceso, puesto que esto constituye un hecho incierto cuya probabilidad resulta imposible de determinar con el material probatorio que se ha traído al proceso contencioso.

Pero, además, advierte la Sala que, de haberse probado el daño, este no podría atribuirse a la demandada, en tanto su configuración obedeció a la conducta del procesado, lo que rompe el nexo causal necesario para atribuirle a la administración el deber de reparar los perjuicios causados.

En cuanto a las causales eximentes de responsabilidad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

“[E]ste artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)”.

De acuerdo con el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima, al respecto ha dicho:

“[C]abe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción (…).

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”.

En el presente caso, el señor Jaime Chacón Oviedo fue procesado porque en su calidad de gerente de la Cooperativa Solidarios de Floralia aprobó 6 créditos financieros que fueron solicitados de manera fraudulenta.

Este hecho, en sede penal, no fue suficiente para imputarle responsabilidad por el delito investigado, sin embargo, la Sala advierte que esta conducta del procesado no estaba acorde con los estándares de ética y profesionalismo que debían primar en sus actuaciones como gerente de la cooperativa.

La legislación cooperativa -Ley 79 de 1988- establece que el gerente fungirá como representante legal y que sus funciones serán precisadas en los estatutos de la organización.

Para el caso en concreto, en los estatutos de la Cooperativa se precisó que el gerente tenía el deber de responder por la buena marcha de la entidad; y, además como requisito para su elección se exigía que poseyera calidades de honorabilidad y corrección en el manejo de esta. Lo anterior indica que a su cargo se le encomendaban labores que requerían de un alto grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que se trataba de la administración de una organización de economía solidaria, que se fundaba en el principio de autogestión, lo que implicaba que quien ejerciera su representación tenía el deber hacerlo bajo rigurosos parámetros de integridad ética.

Si bien la conducta del señor Chacón Oviedo, como gerente de la cooperativa, no dio lugar a la configuración del tipo penal por el que fue procesado, esta sí merece un reproche desde el punto de vista de la gestión administrativa que ejerció en la entidad, puesto que incumplió con sus deberes como gerente, al incurrir en una de las prohibiciones expresas para su cargo como fue “permitir algún tipo de falsedad o alteración en cualquier información”, lo que ocurrió debido a su descuido y negligencia grave en el cumplimiento del deber de velar por el buen funcionamiento de la entidad.

Aunque para el juez penal, el hecho que el señor Chacón Oviedo recibiera dádivas por parte de los clientes de la cooperativa que presentaron documentación falsa para la aprobación de créditos, no resultara contrario a los mandatos dispuestos para su cargo, la Sala considera que en materia civil, dicha conducta resulta reprochable, debido a la falta de ética y profesionalismo que se vislumbró en el ejercicio de su cargo, lo que constituye una falta a sus deberes, que tuvo incidencia directa en la investigación penal que se inició en su contra.

Así las cosas, resulta imperioso concluir que la conducta del sindicado, que dio lugar a su captura, determinó el inicio de una investigación en su contra, pues se encontraba en circunstancias alejadas de la actuación debida que le era exigible en los términos del artículo 63 del Código Civil.

El artículo 63 del Código Civil gradúa la culpa civil en culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que en materia civil equivale al dolo; culpa leve, descuido leve o descuido ligero; culpa o descuido levísimo; y dolo. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido:

“Las voces utilizadas por la ley (art. 63 C.C.) para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un resultado contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye pues, por la intención maliciosa, al paso que la culpa, según el mismo precepto y la concepción universal acerca de ella, se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado, la imprevisión, la negligencia, la imprudencia. […] 6.1.2. De otra parte, solo en caso de atribuirse al deudor dolo, culpa grave o culpa lata (art. 63 C.C.) este será responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. De esta manera, la norma condiciona la reparación plena a los eventos de culpa grave o de malicia del deudor, la cual debe ser acreditada por el acreedor”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, es aquella que se presenta cuando una persona no maneja los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, y que son esencialmente previsibles.

La Sala encuentra que, si bien no se comprobó la participación de Jaime Chacón Oviedo en el delito investigado, este no tuvo la debida diligencia exigida para desempeñar el cargo de gerente de la cooperativa, pues incumplió con su deber de velar por el bienestar de los recursos de la cooperativa.

Así, aunque la conducta del procesado no constituyó un elemento suficiente para proferir una condena penal en su contra, sí tiene la vocación de romper el nexo causal entre la actuación estatal y el daño, puesto que constituyó un elemento determinante para su captura y vinculación al proceso penal.

Lo anterior, debido a que, como se demostró en el proceso, el accionante, en calidad de gerente de la cooperativa, permitió que se otorgaran varios créditos con información falsa sin que se notara el más mínimo reparo por impedir el trámite fraudulento de estos, lo cual dio lugar al inicio la investigación penal.

Por tanto, el daño no es imputable a la Nación, pues si bien Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia absolutoria a favor del señor Jaime Chacón Oviedo, lo determinante y exclusivo para que ocurriera la aprehensión fue la conducta omisiva del actor, quien no cuestionó ni reprobó las actividades que realizaban al interior de la cooperativa de la cual era gerente, por lo que su conducta gravemente culposa permite exonerar de responsabilidad a la administración de justicia.

Como el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la caducidad de la acción, se impone revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia.

Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero del 2012, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: de acuerdo con las consideraciones expuestas, NEGAR las prensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 36146-15 #1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01005-01(44234)

Actor: JAIME CHACÓN OVIEDO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Rad. 36146 15 # 1

Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.

ACLARACIÓN DE VOTO

1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:

Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.

A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.

Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:

En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.

En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.

Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.

3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:
Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.

Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

F. 244-285, c.1.
F. 288, c.1.
F. 300 a 315, c.1A.
F. 405 a 413, c. ppal.
F. 421 y 423, c. ppal.
F. 424 y 425, c. ppal.
La Ley 270 de 1996 -vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio- desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

F. 101 y 110, C.1.
F. 111, C. 1.
F. 114, C.1.
F. 124, C.1.
125, C.1.
En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
“En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad -y por ende, declaró la ilegalidad de la medida- no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias” (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007, radicación 33.918, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero).
F. 56 a 71, c. 1.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente nº. 20750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

F. 60 a 76, c. 5.
F. 86, c.5.
F. 1 a 30, c.2
F. 68 a 81, c. 2.
Auto interlocutorio mediante el cual el juzgado concedió libertad provisional, f.167 a 172, C. 2. Diligencia de caución prendaria, f. 174, C. 2. Certificación de libertad expedida por el INPEC, f. 183, C.2.
F. 32 a 65, C. 1.
Folios 207-277, C.1.
F, 3, c. 8.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.
Estatuto de la Cooperativa Financiera Solidarios, en https://www.cooperativasolidarios.com/files/Estatutos_2015.pdf, en línea consultado el 12 de enero del 2018.

Ministerio de hacienda y Crédito Público, Superintendencia de la Economía Solidaria, “Guía de buen gobierno para las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria”, Carta Circular n. 005 del 2013, en http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf, en línea consultado el 12 de enero del 2018.

Corte Suprema de Justicia. G.J, T IX, pág. 409, sentencia citada por la Corte Constitucional en sentencia C-1008 del 9 de diciembre de 2010, consideración jurídica n.° 4.3.
Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508.

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