Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-01030-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2009-01030-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-01030-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2009-01030-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 76001233100020090103001 (57.457)
Demandante: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Acción: Acción contractual (CCA)
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: DICTAMEN PERICIAL – Es un medio de prueba destinado a verificar hechos relevantes que requieren
conocimientos científicos, técnicos o artísticos especializados - la valoración individual de la prueba exige verificar:
(i) idoneidad del perito, es decir, que cuente con conocimientos especializados pertinentes; (ii) fundamentación, que
las premisas estén sólidamente sustentadas; (iii) conclusión clara y firme, derivada lógicamente de la
argumentación y metodología del dictamen; (iv) ausencia de objeción o fracaso de la misma; y (v) contradicción
efectiva en el curso del proceso judicial // OBJETIVO DE LA VALORACIÓN PROBATORIA - los medios de prueba
no deben permitir la confirmación, más allá de toda duda razonable, de la hipótesis fáctica planteada por el Banco,
pues tal estándar es propio del proceso penal - Tratándose de un razonamiento abductivo, el objetivo de la
valoración conjunta de las pruebas no es alcanzar certeza lógica, sino un grado razonable de confirmación //
RESPONSABILIDAD EN CONTRATOS DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS - La regla
general es que el depositario responda incluso por culpa leve en la custodia y conservación de la cosa, y se presume
que la pérdida o deterioro se debe a su culpa (Código de Comercio, art. 1171) - Tratándose de depósitos en cuenta
corriente o de ahorros (Código de Comercio, arts. 1382 y 1396), los deberes de seguridad —instrumentales de la
obligación de custodia— adquieren una especial trascendencia, en razón del carácter profesional y habitual de las
actividades de intermediación financiera y del compromiso de los recursos captados del público
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La controversia se refiere a una serie de transacciones electrónicas fraudulentas
mediante las cuales se sustrajeron recursos de una cuenta corriente de la Beneficencia
del Valle del Cauca. La entidad demandante sostuvo que la institución financiera debía
reintegrar los fondos, dado que el fraude obedeció a deficiencias de seguridad del
sistema transaccional. El banco alegó que las operaciones fueron posibles por la
instalación física de un software malicioso en los equipos del cliente, lo que permitió la
extracción de sus credenciales de acceso, lo que evidenciaría el incumplimiento del
deber de custodia de dicha información.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 25 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la
siguiente decisión:
“PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones ‘culpa exclusiva del usuario del
servicio electrónico’, ‘clave y nombre están bajo el cuidado del cuentacorrentista – contrato
no cumplido’ y ‘contrato cumplido’, formuladas por el Banco de Occidente S.A.
SEGUNDO. DECLARAR contractualmente responsable al Banco de Occidente S.A. por el
incumplimiento del contrato de cuenta corriente No. 001-13373-5, del contrato de cuenta
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
de ahorro No. 001-89000-3 y del contrato adicional de servicio Occired No. 0012677,
suscritos entre la Beneficencia del Valle del Cauca y dicha entidad financiera.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Banco de
Occidente S.A. al pago de una suma de dinero equivalente a mil cuatrocientos veintisiete
millones trescientos ochenta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos ($1.427’382.798)
a favor de la Beneficencia del Valle del Cauca.
CUARTO. SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO. ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el presente proceso en el
sistema de justicia Siglo XXI.
SEXTO. LIQUIDAR los gastos del proceso conforme se ordenó en el auto admisorio de la
demanda y previa solicitud, DEVOLVER si existieren, los remanentes a la parte
demandante.
SÉPTIMO. En el evento que la presente providencia no sea objeto de recurso de apelación
DESE trámite al grado jurisdiccional de consulta, conforme a lo estipulado por el artículo
184 del C.C.A.”1.
2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por la Beneficencia del
Valle del Cauca2 (en adelante, la “Beneficencia”) contra el Banco de Occidente S.A.
(en adelante, el “Banco”), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de
derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. La Beneficencia formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se declare la existencia y celebración del contrato de cuenta corriente No. 001- 13373-
5 y accesorio o adicional de servicio Occired No. 0012677, y del contrato de cuenta de
ahorro No. 001-89000-3 firmados entre la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y el Banco
de Occidente S.A.
2. Como consecuencia de la existencia del vínculo contractual anterior, se declare el
incumplimiento de los contratos antes citados por parte del Banco de Occidente S.A., en
detrimento de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE.
3. Que como consecuencia del incumplimiento se declare al Banco de Occidente S.A.,
contractualmente responsable por los daños y perjuicios causados a la Beneficencia del
Valle del Cauca EICE, por el traslado electrónico fraudulento que terceros llevaron a cabo
de la cuenta corriente de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE, a las cuentas corrientes
de terceros — delincuentes.
4. Como consecuencia de la responsabilidad por incumplimiento se condene al Banco de
Occidente S.A. a pagar a la Beneficencia del Valle del Cauca EICE, el valor de los perjuicios
de orden material (daño emergente y lucro cesante), que le fueron ocasionados, los (sic)
ascienden aproximadamente a la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($1.142’699.025.53) de conformidad con lo que resulte probado en el
proceso, suma que deberá ser indexada, y cancelada con intereses comerciales moratorios
causados a partir de la fecha de la defraudación.
1
C2, fl. 698.
2
La Beneficencia del Valle del Cauca es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
departamental, con patrimonio propio, autonomía financiera y administrativa, transformada mediante
Ordenanza No. 117 de 2001 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. C1, fl. 1-2.
2
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
5. Se condene al Banco de Occidente S.A. al pago de costas procesales”3.
Hechos
4. En apoyo de sus pretensiones, expuso los siguientes hechos4:
5. La Beneficencia celebró con el Banco tres contratos: (i) cuenta de ahorros No.
00189000-3, (ii) cuenta corriente No. 001-13373-5 y (iii) servicio OCCIRED No.
0012677. El objeto del contrato OCCIRED era brindar al cliente acceso al servicio así
denominado, “el cual permite la comunicación telefónica con el sistema de
computación del banco, con el fin de brindarle al cliente información o consultas, y
[permite] la realización de operaciones bancarias”, incluida la transferencia electrónica
de fondos.
6. El 19 y 20 de noviembre de 2007, el sistema OCCIRED registró varios intentos de
acceso con usuario o contraseña inválidos y transacciones fallidas y sin autorización
desde las cuentas bancarias de la Beneficencia. El mismo 20 de noviembre de 2007,
entre las 17:00 y las 18:00, un funcionario del Banco contactó al coordinador financiero
de la Beneficencia para verificar si la entidad había autorizado una transferencia a
través del sistema OCCIRED hacia la cuenta de un tercero en Cartagena. La respuesta
fue negativa. En consecuencia, personal autorizado de la Beneficencia intentó ingresar
a la plataforma para consultar el movimiento y el saldo, pero el sistema negó el acceso.
7. El 21 de noviembre de 2007, el Banco informó a la Beneficencia que se habían
ejecutado transferencias electrónicas fraudulentas desde sus cuentas. De acuerdo con
la comunicación, a la 01:18:44 A.M del 19 de noviembre de 2007 se autorizó una
transferencia de $1.400’000.000 desde la cuenta de ahorros hacia la cuenta corriente
de la Beneficencia. Posteriormente, entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana del mismo
día, se intentaron ocho operaciones bancarias para trasladar fondos a cuentas de
terceros creadas en Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Cúcuta. Como resultado, se
retiraron fraudulentamente $996’129.289. La Beneficencia precisó que las operaciones
no se realizaron desde su dirección IP ni desde computadores de la entidad.
8. Según el demandante, el Banco no desplegó una conducta diligente en la
protección de sus recursos. Indicó que cuatro meses antes de los hechos se presentó
un intento de hurto físico a los dineros de la Beneficencia, situación que debió alertar
a todas sus sucursales. Añadió que la Beneficencia no mantenía relaciones
comerciales en Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, por lo que las transferencias
dirigidas a esas ciudades debieron generar una alerta adicional. Señaló, además, que
de acuerdo con las obligaciones contractuales del servicio OCCIRED, el Banco debió
suspender el sistema al detectar intentos de acceso por parte de usuarios no
autorizados. No obstante, afirmó que, pese a todas las operaciones —fallidas y
exitosas—, el sistema solo fue bloqueado el 21 de noviembre de ese año.
9. La Fiscalía General de la Nación (en adelante, “FGN”) inició procesos penales en
contra de Femir Espitia Hoyos, Edgar Bustamante y Edna Margarita Velilla, presuntos
3
C1, fl. 212.
4
C1, fls. 212-217.
3
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
responsables de las transacciones fraudulentas. Esta última suscribió un preacuerdo
con la Fiscalía en virtud del cual restituyó a la Beneficencia $19’600.000.
Fundamentos de derecho5
10. El demandante sostuvo que el Banco incumplió las obligaciones derivadas de los
contratos bancarios. Señaló que, al tratarse de depósitos de cosas de género, el Banco
asumía una obligación de resultado consistente en custodiar y devolver una suma de
dinero equivalente a la entregada, asumiendo el riesgo de su pérdida.
11. La Beneficencia argumentó que la actividad bancaria es, por naturaleza, riesgosa,
en especial cuando se apoya en el uso de nuevas tecnologías. Por consiguiente,
consideró que los daños derivados de fraudes debían examinarse desde la perspectiva
de la responsabilidad objetiva, como sucede en los casos de cheques falsificados.
12. Por otra parte, la demandante señaló que las relaciones entre los bancos y sus
clientes se fundan en los principios de confianza, seguridad material y responsabilidad.
Agregó que el artículo 78 de la Carta Política impone a todo proveedor de bienes y
servicios una obligación de seguridad, consistente en garantizar que los consumidores
no sufran daños en su persona o bienes. Concluyó señalando que esta obligación es
compatible con el régimen de responsabilidad objetiva de protección al consumidor.
13. La Beneficencia sostuvo que de ese artículo constitucional también se deriva un
deber de información. A su juicio, este deber, desarrollado en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y en el Estatuto del Consumidor, fue desatendido por el Banco
dado que no le explicó los riesgos que implicaba la contratación del servicio OCCIRED.
En consecuencia, afirmó que corresponde a la institución financiera demostrar que
cumplió con el mandato, que la plataforma ofrecía condiciones de seguridad frente a
ataques cibernéticos y que el personal de las sucursales actuó con la diligencia debida.
Contestación de la demanda
14. El Banco se opuso a las pretensiones y formuló excepciones6. En primer lugar,
propuso la excepción de culpa exclusiva del usuario del servicio electrónico. Señaló
que las operaciones efectuadas a través del sistema OCCIRED, en especial los pagos
a terceros, se ejecutan únicamente mediante el usuario y la contraseña que son de
exclusivo conocimiento, manejo y responsabilidad del cliente. Agregó que, conforme a
la denuncia penal aportada con la demanda, las transacciones fraudulentas
reprodujeron operaciones análogas a las habituales de la Beneficencia, lo que indica
que quienes ejecutaron la maniobra tenían acceso a los tiempos, cuentas y datos de
seguridad, motivo por el cual no resultaron inusuales ni sospechosas.
15. En relación con las ocho transacciones efectuadas entre la 1:00 y las 6:00 de la
mañana del 19 de noviembre, el Banco sostuvo que todas fueron aprobadas por
usuarios de la Beneficencia con un sistema de doble autorización. Indicó que, al
rastrear la actividad de los usuarios a través de los cuales se autorizaron los giros, no
5
C1, fls. 217-237.
6
C1, fls. 388-399.
4
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
se encontraron registros de cambios de contraseña. Esa circunstancia demostraría
que las claves utilizadas eran las correctas y conocidas por el cuentacorrentista.
16. Sostuvo que el uso de diferentes direcciones IP por parte de la Beneficencia en el
giro ordinario de sus operaciones, así como la existencia de varios usuarios con acceso
al canal transaccional, desactivó el filtro de seguridad que debía mantener el propio
cliente, lo que impidió detectar actividades sospechosas mediante el rastreo de IP.
Agregó que la Beneficencia debió habilitar una única dirección IP registrada ante la
institución financiera, además de cambiar mensualmente la clave de acceso y crear un
usuario exclusivo para pagos a terceros.
17. El Banco formuló también la excepción “clave y cuenta de usuario están bajo el
cuidado del cuentacorrentista – contrato no cumplido”. Sostuvo que la Beneficencia
incumplió su obligación de custodiar debidamente la clave de acceso al sistema
OCCIRED y de no compartirla con terceros. Indicó que, al suscribir el contrato, el
demandante autorizó la realización de consultas, transferencias y pagos a través de
dicho canal, por lo que las operaciones efectuadas en noviembre de 2007 contaban
con su aprobación y debía demostrar que se ejecutaron sin su usuario y contraseña o
que no las autorizó.
18. El establecimiento bancario señaló que es responsabilidad exclusiva del
administrador de la cuenta garantizar que ningún tercero conozca esa clave, por lo que
el cliente debe responder ante el Banco por el uso indebido del servicio OCCIRED y lo
exonera de cualquier responsabilidad derivada del mal uso de la contraseña,
indistintamente de la persona que la emplee. También afirmó que la Beneficencia no
cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada para garantizar la seguridad de
la información y que los señores Leonor Abadía y Rogelio Díaz, funcionarios de la
entidad, manifestaron haber recibido capacitación para el manejo del sistema.
19. Por último, el Banco interpuso la excepción de “contrato cumplido”. Sostuvo que
su obligación consistía en atender las instrucciones del cliente y permitir que el
cuentacorrentista dispusiera de sus recursos, lo cual se garantizó en el caso concreto.
Indicó que habría existido incumplimiento únicamente si, pese a haberse impartido una
instrucción electrónica válida con usuario y clave correctos, la entidad se hubiera
abstenido de realizar el giro.
Alegatos en primera instancia
5
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
20. Surtida la etapa probatoria7, la demandante presentó alegatos de conclusión en
los que reiteró argumentos de la demanda8. Además, citó una providencia de la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá9 en la que se declaró la
responsabilidad contractual del Banco por transacciones electrónicas fraudulentas
realizadas a través del sistema OCCIRED, con fundamento en que la entidad
financiera había creado el riesgo inherente a la operación como profesional del sector
y había desconocido el perfil transaccional del cliente. También cuestionó la validez
del informe técnico de la FGN, que indicó la presencia de un keylogger10 en los discos
duros de la Beneficencia y sugirió que era la posible causa del fraude. Alegó que dicho
informe no podía valorarse como prueba, ya que no fue objeto de contradicción, toda
vez que la FGN no permitió la práctica de la inspección judicial que buscaba verificar
la ruptura de la cadena de custodia.
21. La demandante sostuvo que, conforme a la carga dinámica de la prueba,
correspondía al Banco demostrar que la Beneficencia incumplió el deber de no
compartir la clave de acceso al sistema OCCIRED, carga que no cumplió. Afirmó que
se probó que ningún funcionario de la entidad participó en el hurto electrónico y que
existió una falla en el control del Banco al desembolsar los recursos, lo que reflejó
deficiencias tanto en el sistema electrónico como en la actividad del personal.
22. El Banco presentó alegatos en los que reiteró argumentos de la contestación de la
demanda11. Sostuvo que el servicio OCCIRED opera de forma permanente y que
corresponde a cada usuario implementar restricciones como horarios de activación o
direcciones IP fijas de acceso, medidas que la Beneficencia no adoptó. Indicó que la
7
En auto interlocutorio No. 550 del 11 de noviembre 2011 (C1, fls. 404-407) el Tribunal abrió a pruebas el
proceso (art. 209 CCA) y decretó como pruebas la documental allegada con la demanda y la contestación.
Adicionalmente, decretó los testimonios (y en los casos pertinentes el reconocimiento de documentos) de
Héctor Banguero (practicado el 28 de noviembre de 2013 [C1A, fls. 481-487]), Alex Bernal (practicado el 14
de febrero de 2012 [C. Pruebas, fls. 3-7]), Jorge Enrique Chamorro (practicado el 11 de diciembre de 2013
[C1A, fls. 488-491] y el 30 de enero de 2014 [C1A, fls.492-493]), Néstor Toro (practicado el 14 de febrero de
2012 [C. Pruebas, fls. 8-12, 14-22]), Rogelio Díaz (practicado el 21 de febrero de 2012 [C. pruebas, fls. 34-
42]) y Leonor Abadía (practicado el 14 y 21 de febrero de 2012 [C. Pruebas, fls. 23-33]), así como el
reconocimiento de documentos de Juan Alfonso Borrero. Asimismo, decretó la prueba pericial y la inspección
judicial con intervención del perito ingeniero de sistemas a la plataforma OCCIRED y a los discos duros y
servidor de los computadores de los funcionarios de la Beneficencia, ambas pruebas solicitadas en la
demanda y su adición. Por otra parte, solicitó al representante de la Beneficencia rendir informe escrito y bajo
juramento sobre los hechos de la demanda. Finalmente, no decretó la prueba pericial solicitada en la
contestación de la demanda por no haberse indicado los puntos sobre los que versaría la diligencia. El Banco
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia (C1, fls. 408-409), el cual fue
resuelto desfavorablemente por improcedente (C1, fls. 426-429).
8
C1A, fls. 575-587.
9
T.S.D.J. de Bogotá, Sala Civil, rad. 2012-00123-01, Fajobe S.A. vs Banco de Occidente, oct. 15/2013, M.P.
Jorge Hernán Vargas Rincón.
10
Un keylogger es un software o hardware malicioso que registra las pulsaciones de teclas en una
computadora o dispositivo móvil y las almacena como texto o pantallazos. La Corte Suprema de Justicia lo
ha definido como un “registrador de las pulsaciones realizadas en el teclado del computador, las cuales
archiva en un fichero y envía a través de internet, permitiendo el acceso de terceros a contraseñas e
información privada”. C.S.J., Cas. Civil. Sent. SC18614-2016, dic. 19/2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez. El
dictamen pericial practicado en segunda instancia definió el keylogger, refiriéndose específicamente al
software encontrado en los computadores de la Beneficencia, en los siguientes términos: “PERFECT
KEYLOGGER es un capturador de teclado el cual funciona en modo invisible en el equipo donde es instalado.
El objetivo de este programa es registrar todas las teclas presionadas por un usuario en el teclado para luego
ser analizado por quien instalo la aplicación y así obtener información del primero. Sitios visitados,
conversaciones escritas y contraseñas son algunos de los elementos sensibles obtenidos por el mismo. | Los
Keyloggers o capturadores de teclado son uno de los sistemas espías mas peligrosos debido a que registran
información de uso sensible y de alta privacidad de los usuarios que no saben que están siendo monitoreados,
y suministrando información sin su consentimiento a terceros” (Exp. digital, doc. 185, pp. 9-10).
11
C1A, fls. 643-661.
6
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
dirección IP utilizada para el primer ingreso del 19 de noviembre pertenecía a la
Beneficencia y ya había sido empleada en transacciones anteriores. Asimismo,
destacó que en el fraude no hubo participación de empleados del Banco.
23. Por otra parte, la institución financiera adujo que el demandante no demostró
contar con mecanismos de seguridad informática adecuados y que los equipos desde
los cuales se accedía al servicio OCCIRED no tenían antivirus. En ese sentido, citó el
informe de la FGN, según el cual en los equipos de la Beneficencia se encontraron
virus que habrían sustraído la información del usuario y la clave utilizadas en las
transacciones. Agregó que la ausencia de protocolos de seguridad también se
reflejaba en el hecho de que el administrador y los usuarios compartían los mismos
equipos para acceder a la plataforma, que los empleados desconocían las condiciones
para el cambio de contraseña y que se permitió el acceso de terceros a usuarios y
claves del sistema. Todo lo anterior, afirmó, “rompe la responsabilidad objetiva que
pretende endilgarle a mi representado”. Finalmente, sostuvo que brindó capacitaciones
sobre el manejo operativo y las recomendaciones de seguridad del sistema OCCIRED.
24. El Ministerio Público guardó silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
25. El Tribunal Administrativo declaró la responsabilidad contractual del Banco y lo
condenó al pago de perjuicios. Señaló que las entidades financieras están sujetas a
un deber de diligencia especial, en razón de la confianza pública que recae sobre ellas
y del beneficio inherente a su actividad profesional, deber que cobra mayor relevancia
en la gestión de transacciones electrónicas, por los riesgos que implican estas
operaciones. Indicó que, en ese contexto, los bancos actúan como garantes del dinero
entregado en depósito, mientras que al cliente le corresponde únicamente conservar
la clave de acceso. Por tanto, en casos de transacciones fraudulentas, corresponde a
la institución financiera acreditar la conducta culposa del usuario para exonerarse de
responsabilidad.
26. Sostuvo que el Banco no cumplió con la carga de demostrar que el fraude se
originó por culpa de la Beneficencia. Precisó que, aunque los informes de la FGN
identificaron un software malicioso en los computadores de la entidad, las conclusiones
contenidas en ellos no eran fiables desde el punto de vista probatorio, ya que no se
garantizó la cadena de custodia sobre los discos duros de la Beneficencia. En respaldo
de esta conclusión, tomó como fundamento los informes técnicos elaborados por
Sistemas TGR S.A.12 (en adelante, “TGR”), aportados por el demandante, los cuales,
además de referirse a los problemas de la cadena de custodia, evidenciaron fallas de
seguridad en el sistema OCCIRED y ausencia de mecanismos de prevención de
fraudes electrónicos, aspectos que fueron confirmados en el testimonio de Néstor Toro
Caicedo, representante de TGR, considerado por el Tribunal como testigo técnico.
27. El Tribunal analizó la cláusula novena del contrato OCCIRED, que atribuía al
cliente la responsabilidad por todas las operaciones realizadas desde la plataforma,
12
La sociedad Sistemas TGR S.A. fue contratada por la Beneficencia para “brindar el soporte técnico
contractual al abogado contratado por la Entidad, con ocasión de las transacciones fraudulentas de dineros
de las cuentas de ahorro y corrientes pertenecientes a la Beneficencia” (C1, fl. 5).
7
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
hubieran sido autorizadas o no, y exoneraba al Banco en caso de uso indebido del
sistema. Consideró que dicha estipulación resultaba lesiva y desproporcionada, por
cuanto trasladaba al usuario el riesgo de fraude electrónico, que debía asumir la
entidad financiera como profesional encargado de la custodia de los fondos. Por tal
razón, concluyó que la cláusula no eximía al Banco de responsabilidad.
28. El Tribunal ordenó el pago del monto retirado de la cuenta corriente de la
Beneficencia, debidamente indexado. Negó el reconocimiento de intereses moratorios
al considerar que los recursos tenían destinación específica para la prestación de
servicios de salud y, en consecuencia, no estaban llamados a generar rendimientos.
Conciliación en primera instancia
29.De conformidad con el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal citó a
audiencia de conciliación en primera instancia13. La audiencia se declaró fallida14.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
30. El demandante solicitó que se modifique parcialmente la sentencia y se condene
al Banco a pagar intereses moratorios15. Argumentó que los negocios jurídicos que
suscribió con el Banco son contratos estatales, por lo que debía aplicarse la regla del
numeral 8º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que permite tanto la indexación como
la liquidación de intereses de mora. Rechazó el argumento relativo a la destinación
específica de los recursos, al considerar que justamente por esa razón el dinero no
pudo emplearse para financiar la prestación de servicios de salud. Agregó que el
Acuerdo No. 109 de 2014, expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
Azar, exige garantizar la rentabilidad de las reservas técnicas. Así, concluyó que tiene
derecho a la reparación integral del daño, que incluye los intereses de mora.
31. El Banco también apeló y solicitó que se revoque la decisión16. Sostuvo que los
experticios elaborados por TGR, en los que el Tribunal fundó su decisión de desestimar
el informe de la FGN, carecen de valor probatorio, dado que no se acreditó la existencia
y representación legal de la sociedad ni su idoneidad técnica para pronunciarse sobre
aspectos de seguridad informática. En consecuencia, alegó que la incorporación y
valoración de dichos documentos vulneró el debido proceso.
32. Alegó que el Tribunal no podía otorgar valor probatorio al testimonio de Néstor
Toro Caicedo, representante de TGR. Cuestionó su imparcialidad, al haber sido
contratado por la Beneficencia, así como su idoneidad técnica, en razón de la ausencia
de formación profesional en la materia y del reconocimiento expreso de que no es
ingeniero de sistemas. Asimismo, indicó que su análisis se limitó a la revisión de los
registros electrónicos de las transacciones y del informe rendido por la FGN, sin haber
tenido acceso al sistema OCCIRED ni a los discos duros de los equipos de la entidad.
13
C2, fl. 766,
14
C2, fl. 778.
15
C2, fls. 701-706.
16
C2, fls. 729-756.
8
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
33. El Banco agregó que el análisis del señor Toro se centró en confrontar el registro
de las transacciones en el sistema OCCIRED con la Circular 052 de 2007 de la
Superintendencia Financiera, norma que no estaba vigente para la época de los
hechos, por lo que sus conclusiones carecen de validez. Indicó que el testigo planteó
interrogantes sobre el manejo de los discos duros por parte de la FGN, pero no formuló
afirmaciones concluyentes con sustento técnico ni respaldo en fuentes doctrinales o
normas aplicables sobre la cadena de custodia. Así, concluyó que el Tribunal no podía
desestimar el informe de la FGN con base en ese testimonio.
34. La institución financiera afirmó que las transacciones fraudulentas fueron
consecuencia de la conducta negligente de la Beneficencia, ya que el informe de la
FGN evidenció que los equipos de la entidad no contaban con antivirus y que los
programas maliciosos instalados directamente en los discos duros sustrajeron la
información de acceso al sistema OCCIRED. Adujo que el informe cuenta con solidez
técnica, por cuanto dejó constancia del material examinado, de la metodología
aplicada y de las herramientas utilizadas para su análisis. También indicó que la
cadena de custodia sobre los discos duros de los computadores de la Beneficencia fue
preservada conforme a las disposiciones legales.
35. Adicionalmente, señaló que el Tribunal omitió considerar seis hechos probados
que respaldaban sus excepciones: (i) el funcionamiento y las características del
sistema OCCIRED, que asigna claves seguras cuya conservación corresponde al
cliente, quien debe implementar restricciones de seguridad, medidas que la
Beneficencia no adoptó; (ii) la ejecución de las operaciones fraudulentas con el usuario
y la clave del cliente; (iii) el incumplimiento del deber de conservar adecuadamente los
datos de acceso y la ausencia de protocolos de seguridad, pues los equipos no
contaban con antivirus; (iv) que dicha plataforma cumplía con estándares de seguridad
propios de su naturaleza y que la Circular 052 de 2007 de la Superintendencia
Financiera no resultaba aplicable para la fecha de los hechos, incluidas sus exigencias
sobre el perfil transaccional del cliente y la certificación de mensajes de datos; (v) la
capacitación impartida sobre el uso del sistema y las medidas de seguridad asociadas;
y, (vi) la falta de participación de empleados del Banco en el fraude.
36. Finalmente, señaló que, al establecer el valor de la condena, el Tribunal no
consideró dos acuerdos de pago que la Beneficencia celebró con personas que
participaron en el ilícito, uno por $19’000.000 y otro por $400’000.000.
Trámite en segunda instancia
37. En segunda instancia se decretó la práctica la inspección judicial con intervención
de perito ingeniero de sistemas a la plataforma OCCIRED y a los discos duros de los
computadores de la Beneficencia17.
17
En el término de ejecutoria del auto que admitió la apelación (CCA, art. 212), el demandante solicitó la
práctica de la de la prueba bajo el argumento que se decretó en primera instancia, pero no fue practicada por
culpa de la FGN (C2, fls. 791-812). El Consejo de Estado, mediante auto del 24 de julio de 2017, negó la
solicitud con fundamento en que la Beneficencia había desistido de la prueba (C2, fls. 814-815). No obstante,
el demandante interpuso recurso de súplica con fundamento en que las razones por las cuales no se practicó
la prueba no le eran atribuibles (C2, fls. 816-820), del cual se corrió traslado al demandado (C2, fls. 833-834).
La Corporación, en auto del 19 de abril de 2018, revocó la providencia y, en su lugar, accedió a la solicitud
probatoria y comisionó su práctica al Tribunal Administrativo del Valle (C2, fls. 864-867).
9
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
38. El 20 de mayo de 2019, Eduardo Guevara Cano, perito en informática forense de
la Policía Nacional, rindió dictamen pericial sobre los discos duros de los equipos de
la Beneficencia18. Ambas partes solicitaron su complementación19. En su escrito, el
demandante presentó observaciones técnicas elaboradas por TGR20 (CPC, art. 238.7).
El perito complementó el dictamen el 5 de abril de 202121. Posteriormente, ambas
partes solicitaron una nueva complementación22, y el demandante adjuntó una
segunda opinión técnica para sustentar su solicitud23. El 15 de julio de 2021 se
presentó la segunda complementación del peritaje24.
39. El 20 de agosto de 2021, el demandante reiteró la práctica de la inspección judicial
y peritaje sobre la plataforma OCCIRED, pruebas que no pudo adelantar el despacho
comisionado25. La Corporación accedió a la solicitud en auto del 22 de abril de 2022.
El 27 de febrero de 2024, César Contreras Calderón, perito forense de la Policía
Nacional, presentó el dictamen correspondiente26. Se corrió traslado a las partes y el
demandante se pronunció27.
40. En los alegatos de conclusión, el demandante reiteró los argumentos expuestos
en la apelación sobre los intereses moratorios y se pronunció sobre las pruebas
practicadas en segunda instancia28. En primer lugar, indicó que el dictamen rendido
por César Contreras, perito de la Policía Nacional, evidenció que el Banco no tenía
control ni dominio sobre el código fuente del sistema OCCIRED, el cual se encontraba
tercerizado, circunstancia que no fue informada al cliente y que incrementaba el riesgo
operativo. En segundo lugar, señaló que, según ese dictamen, el keylogger fue
instalado en los equipos el 21 de noviembre de 2007, mientras que las transacciones
fraudulentas se efectuaron el 19 de noviembre. Agregó que el perito advirtió la
ausencia de certeza sobre si dicho programa capturó las contraseñas del cliente.
Finalmente, sostuvo que la FGN incurrió en errores procedimentales al recolectar los
discos duros, pues no contaba con autorización judicial previa, no presentó los equipos
al control de legalidad y utilizó un software que podría alterar los metadatos de los
archivos. Resaltó que el dictamen indicó que los equipos sí tenían antivirus.
41. El demandado reiteró los argumentos expuestos en la contestación y se refirió a
las pruebas practicadas en segunda instancia29. Sostuvo que estas acreditaban la
presencia de un virus en los equipos de la Beneficencia, instalado físicamente un año
antes de las transacciones, y que no cuestionaban la cadena de custodia ni los
18
C. Comisorio, fls. 272-283.
19
C. Comisorio, fls. 284-294; 295-300.
20
C. Comisorio, fls. 284-294.
21
C. Comisorio, fls. 383-401.
22
Exp. digital, docs. 59, 103 y 109.
23
Exp. digital, doc. 59.
24
C. Comisorio, fls. 402-406.
25
Exp. digital, doc. 134.
26
Exp. digital, doc. 233.
27
En su escrito, el demandante indicó que, dado que el experto de la Policía Nacional no tuvo acceso al
código fuente del sistema OCCIRED, su trabajo no podía catalogarse como un dictamen pericial, sino como
un informe que “carece de fundamentos técnicos, científicos, y de conceptos propios del perito, que lo llevaran
a sacar sus propias conclusiones técnicas, y no las conclusiones o conceptos de los funcionarios del Banco
de Occidente”, razón por la cual “se debe negar valor probatorio al informe” (Exp. digital, doc. 232).
28
Exp. digital, doc. 282.
29
Exp. digital, doc. 300.
10
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
procedimientos seguidos por la FGN, en contraposición a lo dicho por la Beneficencia.
Indicó que no existía, para la época de los hechos, una norma que regulara el protocolo
de custodia aplicable a computadores y discos duros.
42. Añadió que la coincidencia entre los informes rendidos por la Fiscalía (2013) y las
conclusiones del dictamen elaborado por la Policía Nacional (2021), con herramientas
más avanzadas, demostraba que no hubo fallas en la cadena de custodia. Señaló,
además, que si bien el dictamen indicó que los equipos contaban con antivirus, también
precisó que no estaban actualizados. En cuanto a los intereses, afirmó que no eran
procedentes, ya que los recursos se encontraban en una cuenta corriente sin
causación de rendimientos y no se acreditó un daño financiero. Finalmente, aportó la
opinión técnica de un experto sobre los informes de la FGN y el dictamen de la Policía.
43. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se confirme la
sentencia30. Indicó que, aunque la Circular 052 de 2007 de la Superintendencia
Financiera no estaba vigente para la época de los hechos, al Banco le eran exigibles
los estándares de seguridad de la norma técnica NTC ISO/IEC 27001, así como el
deber de prevención y control previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Añadió que, por la época en la que se practicó el dictamen, no fue posible establecer
las condiciones de seguridad del sistema OCCIRED al momento de los hechos.
44. Por otra parte, expresó que el descuido en la preservación de la clave de acceso
y la omisión de imponer restricciones al uso de la plataforma no eximen de
responsabilidad al Banco, que tenía el deber de advertir al usuario sobre la necesidad
de fijar patrones de seguridad y exigir la instalación de software apropiado para
prevenir fraudes. Añadió que la sola presencia de virus en los equipos no demuestra
la culpa de la Beneficencia. Finalmente, indicó que se debía reducir la condena en
$19’600.000, por estar acreditado su reintegro, pero no en los $400’000.000 restantes,
ante la falta de prueba de su devolución.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
45. Corresponde a la Sala determinar si se valoraron indebidamente las pruebas
aportadas en la primera instancia o si las practicadas en la segunda acreditan que la
pérdida de los fondos es atribuible a la culpa de la Beneficencia. Si se confirma la
decisión sobre la declaratoria de responsabilidad contractual del Banco, se establecerá
si procede ordenar el pago de intereses moratorios.
46. La decisión adoptada por el Tribunal partió de la premisa de que el Banco solo
podía exonerarse de responsabilidad contractual si acreditaba que se configuró la
culpa del cuentahabiente, por lo que no le bastaba demostrar que actuó con diligencia
o que el daño no era imputable a su negligencia. Esta interpretación coincide con la
jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, que ha considerado
aplicable un régimen de responsabilidad objetiva a los establecimientos bancarios en
controversias sobre la inobservancia de sus obligaciones como depositarios por
30
Exp. digital, doc. 305.
11
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
fraudes electrónicos31. Además, no fue objeto de reparo en el recurso de apelación del
Banco, lo que impide que la Sala reabra la cuestión.
47. Los reparos formulados en la apelación de la institución financiera se circunscriben
a la forma como el a quo valoró las pruebas para sustentar dos conclusiones: (i) la
ausencia de elementos que corroboraran la hipótesis fáctica según la cual la conducta
del cuentahabiente fue la causa determinante del daño y (ii) la existencia de fallas de
seguridad en el sistema OCCIRED y la carencia de mecanismos de prevención del
fraude electrónico. En consecuencia, la Sala se ocupará de verificar si la valoración
probatoria efectuada en primera instancia resulta jurídicamente sostenible frente a los
cuestionamientos del Banco. Posteriormente, estudiará —directamente y no mediada
por la valoración del Tribunal— si las pruebas practicadas en segunda instancia
justifican modificar la decisión adoptada.
31
En el año 2016, la Corte Suprema de Justicia abordó el régimen de responsabilidad aplicable a los
establecimientos bancarios en controversias sobre fraude electrónico, planteando las siguientes
conclusiones: “De ahí que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su
ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece; el interés público que en ella existe; el
profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida
por transacciones electrónicas corren por su cuenta, y por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas
de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han
confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya
obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. | Desde luego
que consumada la defraudación, el Banco para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió
por culpa del cuentahabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la
cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que es este
quien tiene el control de mecanismo que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través
de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla
a quien la alegue (art. 835 C.Co.), pues se presume la buena fe «aún la exenta de culpa»”. C.S.J., Cas. Civil. Sent. SC18614-2016, dic. 19/2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez. La postura se consolidó, en el año 2020, en
sentencia del 18 de diciembre, que indicó lo siguiente: “2.5.No obstante, en tratándose de la inobservancia
de sus obligaciones como depositario (o como administrador sucedáneo de esos depósitos, que es lo que
sucede en este caso), se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en
contra del ente bancario, aun cuando la infracción negocial no se materialice a través del pago de un cheque
falsificado o adulterado | Estas imposiciones legales y reglamentarias, proporcionales a los enormes riesgos
morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, que son connaturales al giro de los negocios
bancarios, muestran que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de
esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deban responder si estas se materializan, sin ninguna
consideración adicional | Y es que, en casos como este, la atribución de responsabilidad no puede depender
de un juicio subjetivo de reproche. Si aun a pesar de la extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es
de esperar de un banco, los dineros depositados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes
soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de las herramientas para
enfrentar esa eventualidad. | El cuentahabiente no custodia el dinero depositado, ni participa de las decisiones
operativas del banco. Además, no tiene acceso a la información necesaria para afrontar peligros como los
anotados, ni le resulta económicamente razonable hacerlo, pues los costos de esa faena serán, casi
invariablemente, superiores a la pérdida que pretende prevenir; en cambio, para el banco la situación es
exactamente la opuesta, lo que justifica que sea él quien asuma el riesgo de su operación, de manera objetiva
| 2.7. Cabe formular una reflexión adicional. Si se miran bien las cosas, el cheque incluye mecanismos de
autenticación, como las características del papel en el que está preimpreso, el número de serie y, por
supuesto, la firma del librador.
En consecuencia y dejando a salvo las hipótesis excepcionales que engloban
los artículos 733 y 1391 del Código de Comercio, cuando se cobra un cheque falsificado o adulterado ha de
admitirse que esas herramientas no cumplieron su propósito, lo cual constituye una infracción contractual del
banco, que permite imputarle el menoscabo patrimonial sufrido por el cuentacorrentista. Esa misma estructura
puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal
transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita (y de los mecanismos de autenticación vulnerados). Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado, de manera
general, en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva, y que, como ya se anotó, únicamente se
desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución
financiera”. C.S.J., Cas. Civil, Sent. SC5176-2020, dic. 18/2020, M.P. Luis A. Rico Puerta. Rad. 11001-31-03-
028-2006-00466-01.
12
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
Los informes de la FGN, los experticios elaborados por TGR y el testimonio de
Néstor Toro
48. La conclusión de la sentencia de primera instancia sobre la ausencia de culpa de
la Beneficencia se fundamentó en tres medios de prueba que, según la apelación del
Banco, fueron indebidamente valorados: (i) los informes de la FGN, (ii) los informes de
TGR y (iii) el testimonio de Néstor Toro. Por ende, la Sala procederá a examinar la
naturaleza de estos medios de prueba y su fuerza demostrativa.
49. En relación con los informes de la FGN, la Sala nota que su incorporación al
expediente se produjo por una solicitud probatoria de la Beneficencia32. El Tribunal
ofició a la Fiscalía 49 Seccional de Cali y al Cuerpo Técnico de Investigación (en
adelante, “CTI”) para que remitieran los documentos que conformaban el expediente
penal No. 76001600019320078509333, abierto a raíz de la denuncia interpuesta por el
gerente de la Beneficencia, el 21 de noviembre de 2011, una vez tuvo conocimiento
de las transacciones fraudulentas34.
50. La FGN remitió los documentos, los cuales fueron incorporados al expediente en
abril de 201335. Según un informe rendido por el fiscal encargado del caso36, para
octubre de 2018 el proceso penal identificado con ese radicado se cerró, dado que se
profirió sentencia condenatoria ejecutoriada como resultado de un preacuerdo
celebrado con Edna Margarita Velilla, quien reconoció su responsabilidad penal por
haber recibido parte de los dineros sustraídos de las cuentas de la Beneficencia37. De
conformidad con estos mismos documentos, se presentaron dos rupturas de unidad
procesal, las cuales dieron lugar a procesos penales con radicados distintos. Por una
parte, el identificado con No. 760016000000200800197, que se encontraba pendiente
de audiencia preparatoria; y por la otra, el proceso No. 760016000000201600429, que
permanecía en etapa de indagación preliminar38.
51. Durante la etapa de investigación penal, antes de que se produjera la ruptura de
unidad procesal, la FGN sometió a cadena de custodia cuatro computadores de la
Beneficencia39 y los investigadores de campo del CTI elaboraron varios informes
32
C1, fl. 379.
33
C1A, 442-443, 446-447.
34
C1, fl. 61.
35
C1A, fl. 468; C. Pruebas, fls. 132-622.
36
C. Comisorio, fls. 131-132.
37
Según la información obrante en el plenario, la señora Velilla “facilitó la cuenta de su hijo” para que le
consignaran $19’600.000, motivo por el cual fue imputada como cómplice del delito de hurto. No obstante, no
se precisaron otras circunstancias relevantes sobre la forma de ejecución del ilícito. Dado que restituyó la
suma recibida y atendiendo a su condición de madre cabeza de familia —cuyo único sustento proviene de su
trabajo como empleada del servicio—, entre otras razones, se aceptó la suscripción de un preacuerdo que
puso fin a la acción penal (C. Pruebas, fl. 158A, CD 1, audios 1 a 3).
38
C. Comisorio, fl. 131.
39
Según los informes de la FGN, inicialmente se incautaron los computadores de los funcionarios Leonor
Abadía, Rogelio Díaz, y Héctor Banguero. Según el informe de la FGN del 21 de enero de 2018: “los equipos
de cómputo de la Beneficencia del Valle fueron entregados voluntariamente por parte del gerente para esa
época Dr. Héctor Guillermo Banguera. Una vez recibido el computador (…) a cargo del señor Rogelio Díaz
(…) el equipo se sometió al análisis forense. (…) Una vez recibido el computador (…) a cargo de la señora
Leonor Abadía (…) el equipo se sometió al análisis forense. (…) Una vez recibido el computador (…) a cargo
del señor Héctor Guillermo Banguero (…) el equipo se sometió al análisis forense. (…) Los equipos se
encuentra en el almacén tránsito del Laboratorio Forense debidamente embalados y rotulados con su debida
cadena de custodia. (…)” (C1, fls. 349-351). Posteriormente, se incautó un cuarto equipo que era necesario
para la investigación, según indica el mismo informe: “Era necesario solicitar el servidor central de la
13
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
técnicos sobre dichos equipos. Entre estos se encuentran los dos documentos a los
que hizo referencia la sentencia de primera instancia: el primero, del 21 de enero de
200840, y el segundo, del 14 de abril de 200941. Tales informes —en los que el Banco
fundó su defensa para atribuir la culpa al cuentahabiente— fueron elaborados en la
fase de investigación que se inició con la denuncia presentada ante la FGN y en
ejercicio de la función de policía judicial que ejerce el CTI.
52. La Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal (en adelante, “CPP”)—
regula, en sus artículos 209 y 210, los informes que pueden elaborar los investigadores
de campo42 o de laboratorio43 en ejercicio de funciones de policía judicial. En cuanto a
su naturaleza jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que dichos informes constituyen medios cognoscitivos propios de la fase de
indagación e investigación penal, pero no tienen la connotación de prueba —en sentido
técnico dentro del proceso penal— mientras no hayan sido sometidos a contradicción
en audiencia pública de juicio oral44. No obstante, pueden servir de fundamento para
decisiones procesales preliminares, como la formulación de imputación.
53. Los documentos del expediente relacionados con los procesos penales
identificados con los radicados Nos. 760016000000200800197 y
760016000000201600429 no evidencian que se hubiera avanzado hasta la fase de
juicio oral, ni permiten establecer si se atribuyó o no responsabilidad penal a los sujetos
investigados por los hechos relacionados con el fraude bancario del que fue víctima la
Beneficencia. Por otra parte, respecto de la señora Edna Margarita Velilla, los
documentos incorporados al expediente por orden del Tribunal —que incluyen los
audios de las diligencias judiciales de aprobación del preacuerdo y de lectura de
Beneficencia para revisar los logs del registro de usuarios que han tenido acceso al sistema y hubieran
navegado. Así las cosas, el ingeniero José Manuel Moreno Sierra, previa acta de consentimiento, hizo entrega
del equipo (…) el cual se embala, rotura (sic) con su respectiva cadena de custodia” (C1, fls. 349-351, 360).
40
C. Pruebas, fls. 149-158
41
C. Pruebas, fls. 513-554.
42
Ley 906 de 2004, art. 209: “Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá
las siguientes características: a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en
la actividad investigativa a que se refiere el informe; | b) Descripción clara y precisa de los resultados de la
actividad investigativa antes mencionada; | c) Relación clara y precisa de los elementos materiales
probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena
de custodia; | d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese
realizado”.
43
Ley 906 de 2004, art. 210: “Informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio
tendrá las siguientes características: a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y
evidencia física examinados; | b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en
la realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la
comunidad técnico-científica; | c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de
mantenimiento al momento del examen; | d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos
aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica; | e) Descripción clara y precisa
de los procedimientos de su actividad técnico-científica; | f) Interpretación de esos resultados.
44
“El modelo de enjuiciamiento penal implementado por la Ley 906 de 2004 entiende por prueba únicamente
la que ha sido producida y sometida a debate ante el juez de conocimiento en el juicio oral, y la incorporada
anticipadamente en audiencia preliminar ante un juez de garantías, en los casos y en las condiciones
excepcionales previstas en el código (…) | [E]s posible utilizar cualquiera de los medios cognoscitivos
permitidos por el código en las fases de la indagación e investigación, y también, los que hayan adquirido la
entidad de prueba en los términos exigidos por la nueva normatividad, es decir, los que hayan sido aportados
y debatidos en el desarrollo de un juicio oral. En el grupo de los medios cognoscitivos propios de las fases de
indagación e investigación el código incluye cinco categorías: (i) los elementos materiales probatorios y
evidencia física, (ii) la información, (…) | La información comprende los denominados informes de investigador
de campo y de investigador de laboratorios, conocidos también como informes policiales e informes periciales,
de que tratan los artículos 209 y 210 del código (…)”. C.S.J., Cas. Penal, auto rad. 29.626, oct. 15/2008-
14
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
sentencia45— acreditan que dicha procesada reconoció su responsabilidad en los
delitos imputados por el fraude electrónico a la Beneficencia46. Asimismo, demuestran
que el preacuerdo fue celebrado antes de la presentación de la imputación de cargos.
En el expediente no hay evidencias de la participación de funcionarios de la
Beneficencia o el Banco en la comisión del delito.
54. Dado que no hay constancia de que los informes de la FGN, elaborados en la
etapa de investigación que dio origen a los procesos penales citados, hubieran sido
sometidos a contradicción, no reúnen las condiciones para ser tratados como prueba
trasladada, en los términos previstos en el artículo 185 del CPC47. Su eficacia para
fundamentar inferencias probatorias depende de su valoración en conjunto con los
otros medios de prueba de este proceso. En este orden de ideas, y en la medida que
se aportaron copias auténticas, la Sala los valorará como documentos, sin que esto
implique desconocer que por sus particulares características, constituyen medios
cognoscitivos propios de la fase de indagación e investigación penal, producidos por
un titular de la función de policía judicial.
55. Ahora bien, en relación con los informes de TGR —con fundamento en los cuales
el Tribunal concluyó que los informes de la FGN no eran suficientemente fiables—, se
advierte que en el trámite de primera instancia, la Beneficencia aportó dos documentos
suscritos por Néstor Toro Caicedo, en su calidad de gerente de TGR, presentándolos
como informes técnicos de expertos “por permitirlo el artículo 18 de la Ley 794 de 2003
[que modificó el artículo 183 del CPC] y la sentencia de constitucionalidad C-798 de
2003”48. El primero se allegó con la demanda49 y el segundo con la adición a la
misma50, por lo que su incorporación fue oportuna.
56. El artículo 183 del CPC contemplaba la posibilidad de que las partes allegaran a
los procesos judiciales experticios emitidos por instituciones o profesionales
especializados51. Estos informes, que se incorporan bajo las mismas reglas de las
pruebas documentales, son elaborados fuera del proceso por profesionales
contratados por las partes —y no designados por el juez—, motivo por el cual su
contradicción no se rige por las reglas del dictamen pericial, ni se ejerce dentro del
término de traslado de tres días previsto en el numeral 1º del artículo 238 del CPC 52.
45
El preacuerdo es un mecanismo de justicia consensuada mediante el cual un procesado acepta su
responsabilidad penal a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo. Todo preacuerdo debe
estar respaldado en elementos materiales probatorios que acrediten los hechos jurídicamente relevantes en
los que se fundamenta (CPP, art. 348). Tan es así que el acuerdo debe presentarse ante el juez de
conocimiento para su aprobación, en la misma forma de un escrito de acusación (CPP, art. 350), lo que
implica que la Fiscalía solo puede celebrar preacuerdos cuando cuente con evidencias suficientes para
formular acusación.
46
C. Pruebas, fol. 158, CD 1, audios 1 a 3.
47
CPC, art. 185: “Prueba Trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse
a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
48
C1, fl. 242.
49
C1, fl. 242.
50
C1, fl. 383.
51
CPC, art. 183: “Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de tos términos y oportunidades señalados para ello
en este código. // Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá
presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre
varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente. (…)”.
52
“[L]as experticias técnicas que hacen referencia éstas no son los mismos dictámenes periciales regulados
en los artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de entidades y
15
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
Aunque no pueden equipararse a la prueba pericial, constituyen opiniones técnicas
que siempre que hayan sido aportadas oportunamente, deben ser valoradas conforme
a las reglas de la sana crítica para fundamentar las inferencias probatorias sobre las
hipótesis fácticas en conflicto, sin ser reducidas a simples alegaciones de parte53.
57. Precisada la naturaleza jurídica de los experticios aportados por la Beneficencia y
elaborados por TGR54, la Sala advierte que fueron suscritos por el señor Néstor Toro
Caicedo, quien firmó los documentos en condición de gerente de esa sociedad55. Sin
embargo, tal condición no fue acreditada con los documentos exigidos dentro de las
oportunidades probatorias legalmente previstas, en particular, con el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio
principal de la sociedad, conforme con el artículo 117 del Código de Comercio.
Tampoco se aportaron documentos que permitieran establecer el objeto social de TGR
ni las actividades que esta había desarrollado en materia de seguridad informática
antes de la proyección de los experticios.
58. Si bien el artículo 183 del CPC no exigía expresamente la acreditación de la
idoneidad del autor del experticio como condición para su admisibilidad, la omisión de
ese requisito sí incide negativamente en la credibilidad de este tipo de elementos de
juicio. Para que el juez pueda conferir valor probatorio a la opinión técnica de un tercero
sobre los hechos jurídicamente relevantes, resulta indispensable que cuente con
bases objetivas que permitan verificar su idoneidad, máxime cuando, a diferencia de
la regulación del dictamen pericial (CPC, art. 236.3), sus autores no declaran bajo la
gravedad de juramento poseer los conocimientos necesarios para rendir su opinión.
En ausencia de esa información, no es posible establecer cuáles son las credenciales
del sujeto que lo habilitan para emitir un concepto especializado sobre la materia
debatida; tampoco es factible examinar sus antecedentes profesionales que acrediten
el conocimiento teórico en la ciencia, técnica o arte pertinente al caso, ni evaluar su
experiencia en el manejo de los instrumentos o metodologías aplicables al área
específica del experticio56.
dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo estatuto procesal, por cuanto no se practican
por mandato judicial, ni en el curso de una actuación judicial que impliquen intervención del juez, ni están
sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e impedimentos que sí se exigen para los peritos. Por
el contrario, este tipo de pruebas se origina en un encargo de la parte que lo escoge y sin la intervención
judicial que delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde a una solicitud previa al proceso. | La
incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente de la misma manera que se aportan al
proceso las demás pruebas documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil expresamente señala
que podrán ser aportados en las oportunidades procesales correspondientes para solicitar pruebas
(demanda, complementación de la demanda, solicitud de excepciones, contestación de la demanda y escrito
que contesta las excepciones). | En cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos se tiene que no se
ejerce mediante el traslado de 3 días, como ocurre en la prueba pericial, sino en las oportunidades previstas
en el procedimiento para que la contraparte manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad al
mismo” Corte Const., sent. T-417 de 2008, abr. 30/218, M.P. Marco G. Monroy [fundamento jurídico 15].
53
Al respecto, ver: C.E., Secc. Tercera, exp. 34.086, sep. 28/2015, C.P. Danilo Rojas [fundamento jurídico
10].
54
Ver pie de página No. 12.
55
C1, fls. 151-155; C1, fls. 368-370.
56
La doctrina señala al respecto: “Se observa que aun cuando la norma no lo exige, resulta conveniente que
en él se adicionen los datos y cualificaciones profesionales, experiencia, etc., de su autor en orden a dar
mayor soporte al mismo. Estimamos que cuando la norma indica que puede provenir de “profesionales
especializados” hace referencia a personas dedicadas profesionalmente a la actividad respectiva pero no
puede colegirse que necesariamente tiene que ser una persona graduada en la universidad, como una
precipitada interpretación de la norma pudiera sugerir” López Blanco, Hernán F., Instituciones de Derecho
Procesal Civil Colombiano, Tomo III: Pruebas, Dupre Editores Ltda., Bogotá – 2001, p. 242.
16
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
59. Además de la omisión señalada, que compromete la fiabilidad de los informes
suscritos por TGR, la Sala considera que su contenido carece de solidez y no ofrece
una conclusión suficientemente fundamentada sobre la presunta ruptura de la cadena
de custodia que se habría producido respecto de los discos duros de la Beneficencia,
aspecto que constituyó el fundamento central para que el Tribunal desestimara los
informes elaborados por la FGN.
60. La cadena de custodia ha sido definida como “el conjunto de medidas que tienen
como fin preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o
evidencia física y asegurar el poder demostrativo de la prueba”57. En línea con esa
definición, el artículo 254 del CPP establece que su finalidad consiste en demostrar la
autenticidad de dichos elementos, atendiendo a los factores de identidad, estado
original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío58. A la luz de este
marco normativo, se examinarán las manifestaciones contenidas en los informes
rendidos por TGR sobre la situación de los discos duros incautados por la FGN.
61. El experticio de TGR del 21 de enero de 2008, aportado con la demanda, no
contiene ninguna consideración sobre la cadena de custodia respecto de los discos
duros de la Beneficencia. En contraste, el del 9 de agosto de 2010, allegado con la
adición de la demanda, señala que “existen indicios que la Cadena de Custodia de los
discos duros de los equipos incautados (Equipos de los señores Rogelio, Leonor y
banquero y posteriormente un servidor) no fue respetada invalidándola como
evidencia”. En este documento, de apenas tres páginas, se formularon cuatro
señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en la cadena de custodia
de los discos duros.
62. El primer señalamiento es el siguiente: “[A]parece un informe del día 21 de enero
del 2008 donde reconocen haber trabajado sobre los discos mencionados, pero
el informe forense de creación de los Hashes es del 14 de febrero del 2008. Haber
intervenido los discos sin respetar los pasos señalados ES UNA CLARA VIOLACIÓN
DE LA Cadena de Custodia”59. Ahora bien, al revisar el informe del 21 de enero de
2008 de la FGN, se advierte que en él se reflejó el análisis de la dirección IP60 utilizada
por cada computador, mas no los resultados de la manipulación de los discos duros.
El informe de la FGN dice lo siguiente:
"2.- UNA VEZ RECIBIDO EL COMPUTADOR MARCA HP COMPAQ DX 2200, SERIAL
MXD61101J8, CON PLACA DE INVENTARIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE
002001, EL CUAL ESTABA PARA ESA FECHA A CARGO DE LA SEÑORA LEONOR
ABADIA.
57
C.S.J., Cas. Penal, exp. 30.598, feb. 19/2009, M.P. María del Rosario González de Lemos y C.S.J., Cas.
Penal, exp. 45.469, abr. 29/2015, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
58
Cfr. Ley 906 de 2004, art. 254.
59
El "hash" es una secuencia alfanumérica que se genera al aplicar una función matemática (llamada función
hash o función de resumen) a un conjunto de datos, de modo que los datos se transforman en una cadena
de caracteres que constituye una especie de 'huella digital” de los datos originales. El dictamen pericial que
obra en el plenario define este elemento así: “Hash o funciones de resumen son algoritmos que crean a partir
de una entrada (ya sea texto, una contraseña o un archivo) una salida alfanumérica de longitud normalmente
fija que representa un resumen de toda la información que se ha dado (es decir a partir de los datos de la
entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con esos mismos datos)” Exp. Digital, doc.184, p.
14.
60
La dirección IP (Dirección de Protocolo de Internet) es número de identificación único que identifica un
dispositivo conectado a una red de internet.
17
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
EL EQUIPO SE SOMETIÓ AL ANÁLISIS FORENSE, ENCONTRÁNDOSE QUE LA
DIRECCIÓN IP QUE SE CONECTABA A LA RED INTERNA A LA BENEFICENCIA ES
190.200.100.33 CON UNA MÁSCARA DE ENTRADA DE 255.255.0.0 Y UN DNS
PREFERIDO 190.200.100.136. CON ESTA INFORMACIÓN LOS FUNCIONARIOS DE LA
BENEFICENCIA SE CONECTABAN A LA RED Y A INTERNET.
NO SE HALLÓ INFORMACIÓN ELIMINADA, BORRADA U OCULTADA.
(…)
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN TRÁNSITO DEL LABORATORIO
FORENSE DEBIDAMENTE EMBALADOS Y ROTULADOS CON SU DEBIDA CADENA
DE CUSTODIA”61 (Énfasis añadido).
63. La anterior observación fue confirmada en el dictamen pericial practicado en
segunda instancia —cuyo contenido será valorado detalladamente en un apartado
posterior—, en los siguientes términos:
“De igual manera informo al despacho que el informe de Investigador de campo del 21 de
Enero de 2008, tiene como objeto de diligencia ‘Realizar inspección a los equipos de
cómputo de la Beneficencia del valle, específicamente al servidor central de la institución’
por lo cual no se realiza análisis forense a los discos duros de los equipos de cómputo
de Leonor y Rogelio dicho informe de campo se refiere a realizar análisis al origen de cómo
se ingresó a la página OCCIRED, para realizar transacciones bancarias.
(www.bancodeoccidente.com.co OCCIRED)”62 (Énfasis añadido).
64. Según el informe elaborado por la FGN el 14 de abril de 2009, el análisis técnico
y la manipulación de los discos duros incautados se realizó por primera vez en febrero
de 2008, momento en el cual se generaron los respectivos valores hash a los que hizo
referencia el documento de TGR63. En consecuencia, la Sala no considera que este
primer señalamiento constituya una prueba concluyente de la ruptura de la cadena de
custodia.
65. El segundo señalamiento formulado por TGR fue el siguiente:
“En informe [de la FGN] de 21/ENE/2008 se detalla literalmente una Descripción Clara y
Precisa de la Forma, Técnica e Instrumentos utilizados para la realización de un análisis
forense sobre los equipos de cómputo involucrados.
Sin embargo, no existe un informe técnico detallado anexo a este informe de campo para
garantizar la integridad de la evidencia hasta la fecha del primer informe, ni existe un
documento técnico oficial detallando la toma de información de los equipos incautados, tal
como la fecha y hora de la BIOS, los hashes MD5 y SHA1 de los discos en el momento de
la incautación. Además, se carece de cualquier información de la adquisición de imágenes
de disco para propósitos forenses en los equipos relacionados para este fin. Pasos
fundamentales en la Cadena de Custodia de las evidencias informáticas”64.
66. La Sala no considera que las bases de este señalamiento sean sólidas ni que los
fundamentos de la crítica sean suficientemente exhaustivos. En primer lugar, no se
indicó qué disposición jurídicamente obligatoria se habría desconocido al no haberse
anexado un documento con esa información, la cual no era exigida expresamente en
61
C1, fls. 349-351. Esta misma información se replicó al analizar los otros dos equipos incautados
inicialmente, a cargo de Rogelio Díaz y Héctor Banguero.
62
C. Comisorio, fl. 404A.
63
C. pruebas, fls. 518-533.
64
C1, fl. 368.
18
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
el CPP respecto de evidencias digitales. En segundo lugar, como se precisó
anteriormente, los informes de la FGN señalaron que la intervención técnica sobre los
discos duros —incluida la generación de valores hash— no tuvo lugar el 21 de enero
de 2008, fecha en la que únicamente se identificaron las direcciones IP, sino en una
fecha posterior. En tercer lugar, si bien el experticio afirma que no se habrían seguido
los “pasos” fundamentales de la cadena de custodia de las evidencias informáticas, no
precisa, con fundamento en normas jurídicas o protocolos técnicos reconocidos —y no
en apreciaciones personales—, cuáles eran esos pasos ni cuáles se omitieron.
Finalmente, el documento de TGR no analizó expresamente los apartados del informe
del 21 de enero de 2008 de la FGN que hacían referencia a la cadena de custodia:
“EL EQUIPO FORENSE POSEE HERRAMIENTAS LICENCIADAS PARA LOGRAR
EXTRAER O RECUPERAR INFORMACIÓN ELIMINADA, PERDIDA, BORRADA,
OCULTADA EN LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO COMO DISCOS DUROS,
MEMORIAS USB, UNIDAD DE CD ROOM, DISCOS FLEXIBLES. (…)
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN TRÁNSITO DEL LABORATORIO
FORENSE DEBIDAMENTE EMBALADOS Y ROTULADOS CON SU DEBIDA CADENA
DE CUSTODIA”65.
67. La Sala no pasa por alto que la mención a la cadena de custodia en el informe del
21 de enero de 2008 es sucinta, pero ello no permite inferir, por sí solo, que se haya
producido una ruptura en su preservación. Este atributo del documento puede ser
valorado al ponderar individualmente la fuerza demostrativa del informe de la FGN,
pero no aporta ninguna corroboración empírica que respalde la hipótesis de una
alteración en la cadena de custodia.
68. En lo que respecta al informe de laboratorio del 14 de abril de 2009 —documento
que efectivamente presentó los resultados del análisis practicado sobre los discos
duros de la Beneficencia—, la crítica formulada en el dictamen de TGR carece de
fundamento. En ese informe, la FGN explicó de manera detallada el conjunto de
actividades y procedimientos implementados para preservar la identidad e integridad
de los discos duros. En primer lugar, se consignó lo siguiente:
“SE UTILIZÓ HERRAMIENTAS FORENSES LICENCIADAS PARA ESTE ANÁLISIS.
(…)
DICHOS EQUIPOS FUERON EMBALADOS Y ROTULADOS TODO BAJO LA DEBIDA
CADENA CUSTODIA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE
EVIDENCIAS. ALOJADOS LOS EQUIPOS EN EL LABORATORIO FORENSE SE
PROCEDIÓ A SER ANALIZADOS CON LAS HERRAMIENTAS LICENCIADAS PARA
ESTE TIPO DE ANÁLISIS, ESTAS HERRAMIENTAS SON AVALADAS POR LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN Y CERTIFICADAS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTE
TIPO DE PERITAJE, COMO SON FTK Y ENCASE”66.
69. Adicionalmente, el informe fue acompañado por un documento titulado
“Laboratorio Forense del Cuerpo Técnico de Investigación – Seccional Cali”, en el cual
se consignó de manera detallada el procedimiento realizado sobre cada uno de los
discos duros67.
65
C1, fl. 349.
66
C1, fls. 363-364.
67
C. pruebas, fls. 518-533.
19
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
“Se tomó una imagen del disco duro de Leonor, la imagen tiene el nombre LEONOR1 de
un disco que constituía la evidencia de un caso. La información de adquisición del disco es
la siguiente: (…) El día 30 de julio de 2008, la imagen de este disco fue agregada al software
Encase 6.8.0.51 donde se observó que solo había una partición activa con la letra de
unidad C y tamaño 74.5 GB, la información del reporte de esta es la siguiente: (…) Una vez
que se determinó la partición activa del sistema, se usó la herramienta PDE (Phisical Disk
Emulator) de Encase a través de la cual se montó la parición C de la imagen del disco
LEONOR1, como se muestra en la siguiente gráfica: (…). Esto se hizo con el fin de usar
diferentes herramientas para la detección de alguna clase de software malicioso. Una de
las herramientas usadas fue el Anti-spyware Ad-Aware 2007 Pro con patrón de definiciones
actualizado el 30 de julio, pero no se encontró ninguna clase de virus, troyanos o software
espía; el screenshot tomado de los resultados de análisis con este software fue: (…). Luego
de esto se usó la herramienta de Software Trend Micro Office Scan Client for Windows 8.0
actualizado el día 30 de julio para encontrar virus/malware dentro de la partición que
mediante Encase fue montada en la máquina forense; este análisis arrojó los siguientes
resultados: (…) Como se puede observar se encontraron dos herramientas de software
espía una es el TROJ_PERFLOGER.E y TORJ_Generic, que corresponden a un keylogger
y a un troyano de amenaza baja. Luego se realizó el análisis Spyware/Grayware con Trend
Micro Office Scan 8.0 pero en esta ocasión no se encontró ninguna clase de
spyware/grayware además de lo que ya se había detectado con la búsqueda anterior de
Virus/Malware”68.
70. En los experticios aportados por la Beneficencia, TGR sencillamente llamó la
atención sobre “los tiempos de adquisición del log original de adquisición de Encase y
el log de adquisición al agregar la imagen al caso”. No obstante, no formuló un
reproche técnico concreto respecto del procedimiento empleado por el investigador de
campo, ni identificó un error en el orden de las actuaciones o en las herramientas
utilizadas. En consecuencia, la Sala considera que los fundamentos de este segundo
señalamiento no ofrecen un análisis suficientemente preciso ni detallado para
sustentar que se produjo una vulneración de la cadena de custodia que invalide los
informes de la FGN.
71. El tercer señalamiento formulado por TGR en relación con la cadena de custodia
se refiere al registro de una actividad, con fecha del 15 de diciembre de 2007, en uno
de los elementos analizados. Esta entrada evidenciaría la ruptura de dicha cadena, ya
que los equipos fueron incautados a finales de noviembre de ese mismo año:
“En aparte del informe [de la FGN] del 21 de Enero de 2008 se especifica claramente que
‘SE REVISÓ EL SISTEMA OPERATIVO LINUX Y ENCONTRÓ QUE HA SIDO BORRADO
EL LOG DE REGISTROS, SOLO APARECE EL LOG DE REGISTRO DESDE EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2007’. Habida cuenta que la incautación de los equipos se realizó en los
últimos días de noviembre del 2007, no existe un motivo para que existiesen registros de
fechas en el futuro (tal y como lo serían del 15 de diciembre). Es decir, un sistema que ha
sido debidamente puesto en cadena de custodia nunca deberá ser encendido ni generar
nuevos logs con posterioridad a la fecha de incautación, de modo que la existencia de
LOGS posteriores a la misma es una clara evidencia de violación de la cadena de
custodia”69.
72. A diferencia de lo afirmado por TGR, la Sala advierte que sí existía una justificación
para el registro con fecha del 15 de diciembre de 2007. Dicho registro no corresponde
a los computadores incautados inicialmente a los funcionarios Leonor Abadía
68
C. Pruebas, fls. 518-525. Se encuentra un análisis similar frente a los discos duros a nombre de Rogelio
Díaz y Héctor Banguero (C. Pruebas, fls. 526-533)
69
C1, fl. 368
20
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
(tesorera), Rogelio Díaz (director financiero) y Héctor Banguero (gerente) —sobre los
cuales se practicó el análisis forense que sustentó la defensa del Banco—, sino a un
equipo adicional incautado posteriormente. El informe de la Fiscalía del 21 de enero
de 2008 señaló que, previa solicitud escrita, el 6 de diciembre de 2007, el CTI recibió
la información sobre la dirección IP pública asignada a la Beneficencia, lo que llevó a
requerir el servidor central de la entidad, con el fin de identificar los usuarios que
habrían accedido a la red desde dicha IP. En este equipo —distinto de los tres discos
duros embalados en noviembre de 2007— se registró actividad con fecha del 15 de
diciembre, como consta en el citado informe:
“SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO DE DICIEMBRE 04 DE 2007 A INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA ISA LOS DATOS BIOGRÁFICOS DEL SUSCRITOR DE LA IP 200.24.5.179.
MEDELLÍN SE INFORME OBTENIENDO RESPUESTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2007
QUE EL PROPIETARIO DE LA IP ES LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA NIT
890399027-0, NÚMERO TELEFÓNICO 8805653, DIRECCIÓN CALLE 9 NO 4-50 PISO 6.
TENIENDO EN CUENTA QUE LA IP PÚBLICA ASIGNADA POR FLYCOM 200.24.5.179,
LE PERTENECE A LA 'BENEFICENCIA DEL VALLE PARA ACCEDER A INTERNET, DE
ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR ISA.
POR LO ANTERIOR ERA NECESARIO SOLICITAR EL SERVIDOR CENTRAL DE LA
BENEFICENCIA PARA REVISAR LOS LOG DEL REGISTRO DE USUARIOS QUE HAN
TENIDO ACCESO AL SISTEMA Y QUE HUBIEREN NAVEGADO. ASÍ LAS COSAS EL
INGENIERO JOSÉ MANUEL MORENO SIERRA, PREVIA ACTA DE CONSENTIMIENTO
HIZO ENTREGA DEL EQUIPO HP PROLIATA ML 110 COLOR NEGRO S/N:
2UX703023W, AL CUAL SE EMBALA, ROTURA CON SU RESPECTIVA CADENA DE
CUSTODIA SE LLEVA AL LABORATORIO FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN PARA A HACER ANALIZADO Y
SE OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
SE REVISÓ EL SISTEMA OPERATIVO LINUX Y ENCONTRÓ QUE HA SIDO BORRADO
EL LOG DE REGISTROS, SOLO APARECE EL LOG DE REGISTRO DESDE EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2007 HACIA DELANTE. POR LO SIGUIENTE SE EMPIEZA A
TRABAJAR CON EL REGISTRO DE LINUX DE ARCHIVOS BORRADOS,
DIRECTORIOS, COMO RESULTADO NO SE ENCONTRÓ NADA” (Énfasis añadido)70.
73. En síntesis, a partir del examen cuidadoso de los señalamientos de TGR y de la
idoneidad del autor de los experticios, la Sala considera que no acreditan la ruptura en
la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la
FGN, conclusión que también fue respaldada en los dictámenes periciales practicados
en segunda instancia71. En consecuencia, no estaba justificado que el Tribunal les
restara todo valor demostrativo a los informes de la FGN ni que prescindiera de su
análisis para determinar si constituían prueba suficiente de la culpa del cuentahabiente
en la pérdida de los fondos.
74. Por otra parte, la Sala considera que los documentos elaborados por TGR tampoco
ofrecen razones sólidas para concluir que el sistema OCCIRED presentaba fallas
70
C1, fls. 358-361.
71
“Teniendo en cuenta [el] informe del 21 enero del 2008 donde el objeto de diligencia [fue] ‘Realizar
inspección a los equipos de cómputo de la Beneficencia, específicamente al servidor central de la institución’
y no realizar incautación de los elementos materiales probatorios no procede la respectiva cadena de custodia
y para determinar si hay fallos en la integridad de la evidencia se debe observar el informe de laboratorio del
perito (informe que no se encuentra en los expedientes aportado por la fiscalía y del Tribunal Contencioso
Administrativo) para saber el procedimiento realizado para la preservación de la misma” C. Comisorio, fl. 405.
21
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
estructurales de seguridad. El experticio del 21 de enero de 200872 tomó como insumos
los registros de las transacciones de la Beneficencia suministrados por el Banco, los
contratos celebrados por las partes y otros documentos asociados al servicio, así como
una reunión sostenida con funcionarios de la institución financiera73. A partir de esa
información, realizó un estudio orientado exclusivamente a verificar el cumplimiento,
por parte del Banco, de los lineamientos contenidos en la Circular 052 de 2007
expedida por la Superintendencia Financiera74.
“1. Un elemento importante a tener en cuenta es el documento expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2007 de Octubre
25 enviado a los miembros de junta directiva, Representantes legales y revisores fiscales
de las entidades vigiladas para instruir a las entidades sometidas a inspección y vigilancia
sobre los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que deben atender para el
manejo de la información a través de los diferentes medios y canales utilizados para la
distribución de los productos y servicios que ofrecen a sus clientes y usuarios. En ella se
adiciona el Capítulo Décimo Segundo al Título Primero de la Circular Básica Jurídica
(Circular Externa 007 de 1996) el cual contiene LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE
SEGURIDAD Y CALIDAD EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS Y
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Esta Circular establece
fechas a las entidades vigiladas que no han cumplido aún con dichos REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS.
2. Es importante resaltar lo siguiente: Si el documento establece cuáles son los
requerimientos mínimos de seguridad y calidad da por sentado que quien no los tenga está
necesariamente por debajo de dichos requerimientos mínimos o sea posee sistemas
realmente NO SEGUROS. Veamos de acuerdo a la información si el Banco de Occidente
con el sistema (OCCIRED) implementado cumple con todos los REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS contenidos en dicha Circular.
3. Señalemos los numerales sobre los cuales consideramos que el banco no los cumple:
(…)”75
75. La metodología utilizada por TGR no era idónea para demostrar las fallas
alegadas, por cuanto la reglamentación contenida en la Circular 052 de 2007 de la
Superintendencia Financiera no se encontraba vigente al momento de ocurrencia de
las transacciones fraudulentas —noviembre de 2007—, pues su entrada en vigor fue
escalonada en tres etapas: la primera inició el 1 de julio de 2008, la segunda el 1 de
enero de 2009 y la tercera el 1 de enero de 201076.
76. Finalmente, el testimonio rendido por Néstor Toro Caicedo no aporta un grado
adicional de corroboración a las conclusiones plasmadas en los experticios de TGR,
pues se limitó a ratificar su contenido, el cual —por las razones ya expuestas— no
permitía establecer la ruptura de la cadena de custodia sobre los discos duros de la
Beneficencia. Al declarante se le formularon preguntas generales sobre los protocolos
que deben observarse en el ejercicio de la investigación forense. No obstante, en
relación con la cuestión de la cadena de custodia, solo se le dirigió una pregunta
específica y su respuesta no añadió información adicional a la reflejada en los
documentos:
72
El informe del 9 de agosto de 2010 no hizo ninguna referencia a este asunto.
73
C1, fl. 151.
74
C1, fl. 151.
75
C1, fls. 151-152.
76
Capítulo décimo segundo de la Circular Externa 052 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, aportado al expediente y ubicado en: C1, fls. 158-152. La información sobre la entrada en vigencia
de la Circular es visible en los folios 158 y 159.
22
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
“PREGUNTADO: De acuerdo con los informes técnicos realizados por la firma TGR, de
ellos se desprende que presuntamente se violó o no se respetó la cadena de custodia
digital sobre los discos duros de la beneficencia, podría manifestar al despacho por qué su
estudio llega a esa conclusión. CONTESTADO: porque antes de indagar sobre un disco
duro, es necesario sacar una imagen con herramientas especializadas e indagar sobre las
copias y no sobre el original, de acuerdo al informe de la Fiscalía la imagen fue realizada
en febrero, pero indagaron sobre los discos en enero”77.
77. En relación con la eventual existencia de fallas de seguridad en el sistema
OCCIRED ante fraudes electrónicos, el testigo Néstor Toro Caicedo manifestó lo
siguiente:
“PREGUNTADO: Dentro de la investigación especializada que usted realizó respecto de
los hechos ocurridos con las cuentas de la Beneficencia del Valle, tuvo contacto directo
con los equipos autorizados para ingresar a las cuentas de ahorro y corriente del Banco de
Occidente a través del sistema OCCIRED. CONTESTADO: a pesar de nuestras reiteradas
solicitudes la Fiscalía confiscó los equipos utilizado por los usuarios y no pudimos tener
acceso por esa razón, pero nuestro trabajo era estudiar los documentos generados por
OCCIRED que son públicos, el estudio de los LOG, los cuales fueron confrontados por la
aplicabilidad con la circular 052 y para analizar el historial del uso del sistema por parte de
la beneficencia78.
(…)
PREGUNTADO: informe al despacho si en la investigación adelantada, es posible
determinar si con una clave diferente asignada a cada uno de los usuarios hubiere sido
posible ingresar al sistema de OCCIRED y realizar las transacciones que hoy se discuten.
CONTESTADO: esta pregunta debe ser contestada por el Banco de Occidente, porque
ellos tienen el control del sistema que es el que acepta o no la contraseña, nosotros valga
decir no tenemos ni tuvimos acceso al sistema del Banco”79.
78. El hecho de que el testigo no haya tenido acceso directo a la plataforma OCCIRED
y que su análisis se haya sustentado exclusivamente en documentos de referencia
reduce el valor probatorio de sus declaraciones, dado que, tratándose de un juicio
técnico sobre el funcionamiento de un sistema transaccional, se esperaría una
interacción directa del experto con la plataforma tecnológica evaluada. Adicionalmente,
el señor Toro afirmó que el sistema no era seguro por no cumplir “con los requisitos
mínimos de la Circular 052 [de 2007 de la Superintendencia Financiera]” 80. Sin
embargo, como se explicó en precedencia, dicha reglamentación no se encontraba
vigente al momento de los hechos, por lo que su incumplimiento no permite, por sí
solo, deducir la existencia de fallas en el sistema.
79. Por lo demás, la Sala no considera que el señor Toro reúna las condiciones para
valorar su declaración como la de un testigo técnico81, ya que no tuvo conocimiento
directo de todos los hechos a los que hizo referencia —como, por ejemplo, los aspectos
77
C. Pruebas, fl. 18.
78
C. Pruebas, fl. 20.
79
C. Pruebas, fl. 21.
80
C. Pruebas, fl. 10.
81
A la luz de la regulación del CPC, la jurisprudencia definió los testigos técnicos como “personas calificadas,
que tienen conocimiento sobre los hechos materia de la prueba junto con conocimientos técnicos por razón
de su profesión”, de modo que sus declaraciones “tienen una importancia mayor en el sentido de que además
de presenciar los hechos, tienen conocimientos técnicos que les permite ofrecer una mejor información sobre
lo que vieron y además dar explicaciones más allá de lo que percibieron con sus sentidos” C.E., Secc.
Tercera, Sub. A, exp. 34090, oct. 07/2015, C.P. Hernán Andrade Rincón [fundamento jurídico 5].
23
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
relacionados con la seguridad del sistema OCCIRED—. Adicionalmente, su trayectoria
profesional no fue acreditada documentalmente durante la primera instancia y las
manifestaciones hechas en audiencia sobre su experiencia en asuntos de seguridad
informática no se respaldaron con documentos.
80. Con fundamento en lo anterior, la Sala recapitula el primer grupo de conclusiones
generales respecto de la valoración de las pruebas aportadas y practicadas en primera
instancia. Primera: no se probó la ruptura de la cadena custodia de los discos duros
analizados por la FGN. Segunda: como resultado de lo anterior, no estaba justificado
que se dejaran de valorar los informes de la FGN para establecer si la conducta de la
Beneficencia tuvo incidencia causal en la pérdida de los fondos. Tercera: no se
probaron las fallas de seguridad de la plataforma transaccional OCCIRED. En
coherencia con este primer grupo de conclusiones, la Sala pasa a valorar
individualmente los informes de la FGN que, según el Banco, sirven como fundamento
probatorio a una causal que le exoneraría de responsabilidad contractual: la culpa del
cliente o cuentahabiente.
81. El primer informe de la FGN, del 21 de enero de 2008, da cuenta de que se
compararon las direcciones IP asociadas a la red de internet de la Beneficencia con
aquellas desde las cuales se efectuaron las transacciones fraudulentas. El análisis
permitió concluir que estas no se realizaron desde la red institucional, sino desde
direcciones IP que fueron disimuladas mediante el uso de herramientas especializadas
y cuya georreferenciación técnica indicaba ubicación en territorio de los Estados
Unidos de América:
“POR LO ANTERIOR, FUE NECESARIO TRABAJAR EL LOG TRANSACCIONES DEL
MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2007, ENTREGADOS POR EL BANCO DE
OCCIDENTE, SISTEMA OCCIRED, POR LO QUE FUE NECESARIO ESCANEAR LOS
PUERTOS DE LAS DIRECCIONES IP QUE NO CORRESPONDÍA, SE TRABAJÓ CON
UNA HERRAMIENTA LLAMADA MNAP INDICANDO QUE NO CORRESPONDEN A LAS
DIRECCIONES IP DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE, TALES COMO:
70.85.195.230
207.44.237.130
66.98.131.13
66.98.131.109
67.15.76.111
67.15.76.116
SE OBTUVO QUE CORRESPONDÍA A UN SERVICIO LLAMADO PROXIFY QUE ES UN
SERVICIO QUE PERMITE A CUALQUIER USUARIO NAVEGAR POR LA WEB PRIVADA
Y ES SEGURA YA QUE OCULTA LAS DIRECCIONES IP Y MUESTRAN UNA CONEXIÓN
CIFRADA QUE IMPIDE EL SEGUIMIENTO DEL TRÁFICO DE LA RED, UNA VEZ
UTILIZADO ESTE SERVICIO SE PUEDE NAVEGAR NORMALMENTE Y OLVIDAR QUE
ESTÁ AHÍ, PROTEGIENDO AL USUARIO. ESTAS DIRECCIONES IP YA CITADAS EN
EL CUADRO, CORRESPONDEN A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ESE
SERVICIO SE OFRECE POR INTERNET 82.
82. Por otra parte, el informe de la FGN del 14 de abril de 2009 registró los resultados
del análisis forense practicado sobre los discos duros de la Beneficencia. De acuerdo
con ese documento, en los equipos utilizados por dos funcionarios de la entidad se
82
C. Pruebas, fl. 361.
24
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
detectó la presencia de un software malicioso que habría permitido la captura de
credenciales de acceso al sistema OCCIRED. El informe indica lo siguiente:
“DESPUÉS DE REALIZARSE UN PRIMER ANÁLISIS CON ESTAS HERRAMIENTAS, SE
ENCONTRÓ QUE EN LOS ORDENADORES DE LOS FUNCIONARIOS LEONOR Y
ROGELIO HABÍA SOFTWARE MALICIOSO, EN EL ORDENADOR DEL FUNCIONARIO
BANGUERO NO SE TUVIERON HALLAZGOS.
(…)
EL SOFTWARE QUE INSTALARON EN ESTAS DOS MÁQUINAS ES TAN POTENTE
QUE CAPTURA LOS PANTALLAZOS MIENTRAS VAN TRABAJANDO CON EL SISTEMA
OCCIRED Y ADEMÁS TODO LO QUE HACÍAN CON LOS DEMÁS BANCOS COMO
PODEMOS OBSERVAR LOS PANTALLAZOS QUE SE IMPRIMEN Y SE ENCUENTRA
EN LAS MÁQUINAS (SE ANEXAN DOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN LAS
MÁQUINAS)
ES DIFÍCIL ESTABLECER QUIÉN FUE QUE INSTALÓ EL SOFTWARE MALICIOSO EN
ESTAS MÁQUINAS YA QUE LA INSTALADA DE ESTE SOFTWARE SERÍA
FÍSICAMENTE EN LOS ORDENADORES, NO PODEMOS DECIR QUIÉN FUE POR LA
HORA Y LA FECHA YA QUE ESTOS DELINCUENTES CAMBIAN LAS HORA O
MODIFICAN LA FECHA NO ES UN DATO REAL PARA UN ANÁLISIS O TOMAR
DETERMINACIONES”83.
83. Los documentos anunciados como anexos del informe corresponden a capturas
de pantalla de portales transaccionales de distintas entidades bancarias. Sin embargo,
en ninguno de ellos se revelan las contraseñas de acceso. Por el contrario, en las
imágenes se observa que los campos destinados al ingreso de la clave estaban ocultos
con asteriscos u otros caracteres de seguridad, lo que impide verificar visualmente que
dichas credenciales hubiesen sido efectivamente capturadas por el programa
malicioso, como indicó la FGN84.
83
C. Pruebas, fls.514-516.
84
C. Pruebas, fls. 542-552.
25
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
84. El informe del 14 de abril de 2009 se acompañó del documento titulado
“Laboratorio Forense del Cuerpo Técnico de Investigación – Seccional Cali” 85, en el
que se describieron de forma detallada las actividades ejecutadas sobre cada disco
duro examinado. Este anexo no contiene conclusiones sustantivas adicionales a las
formuladas en el informe principal, pero consigna los protocolos y procedimientos
técnicos seguidos para identificar la presencia de software malicioso en los equipos
asignados a los funcionarios Leonor Abadía y Rogelio Díaz86.
85. La Sala considera que, si bien los informes de la FNG acreditan la presencia de
software malicioso en los equipos de la Beneficencia, no permiten establecer, con un
alto grado de probabilidad, que dicho programa haya sido efectivamente el medio que
capturó las credenciales de acceso y facilitó la comisión del fraude desde direcciones
IP externas. Esta conclusión se fundamenta en que las imágenes anexas al informe
—principalmente capturas de pantalla de portales bancarios— no evidencian la
revelación de contraseñas, dado que los campos destinados a su ingreso aparecen
cubiertos por asteriscos u otros caracteres de seguridad. Adicionalmente, como lo
señalaron los dictámenes practicados en segunda instancia, no se realizó un análisis
del código de programación del software identificado87.
86. Finalmente, la Sala advierte que los informes de la FGN no aportan información
sobre un vínculo entre la conducta de los funcionarios de la Beneficencia y la
instalación del software malicioso detectado en sus discos duros. El ente investigador
no efectuó un análisis dirigido a determinar si existieron omisiones en el uso
institucional de los computadores —como la ausencia de medidas básicas de
seguridad o de programas antispyware— que hubiesen facilitado la infección.
Tampoco se evaluó si el comportamiento de los usuarios institucionales fue relevante
en términos causales para la introducción del programa malicioso. Lo único que se
indicó en el informe es que no fue posible determinar “QUIÉN FUE QUE INSTALÓ EL
SOFTWARE MALICIOSO EN ESTAS MÁQUINAS YA QUE LA INSTALADA DE ESTE
SOFTWARE SERÍA FÍSICAMENTE EN LOS ORDENADORES”, sin que se ofrecieran
elementos técnicos adicionales sobre la forma en que habría ingresado el virus ni sobre
su relación con el entorno de uso de los discos duros objeto del análisis forense.
87. A partir del análisis efectuado hasta este punto, la Sala recapitula un segundo
grupo de conclusiones respecto de la valoración de las pruebas practicadas en primera
instancia. Primera: los informes elaborados por la FGN —que tienen la naturaleza de
prueba documental— acreditan que las transacciones fraudulentas no se realizaron
desde las direcciones IP asociadas a la red institucional de la Beneficencia. Segunda:
también acreditan que en los discos duros de los funcionarios Leonor Abadía y Rogelio
Díaz se detectó la presencia de un software malicioso con potencial para capturar
credenciales de acceso. Tercera: no permiten afirmar, con alto grado de certidumbre,
que dicho programa haya sido el medio efectivamente utilizado para la extracción de
esas credenciales.
85
C. pruebas, fls. 518-533.
86
C. pruebas, fl. 530.
87
En la complementación de uno de los dictámenes periciales practicados en segunda instancia se indicó:
“Teniendo en cuenta los informes forenses del CTI de la Fiscalía que reposan dentro del expediente (…) no
se observa un análisis detallado del código de programación del software malicioso (Keylogger)” Exp. digital,
Apelación Sentencia, doc. 184, p. 14.
26
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
88. Precisadas las conclusiones de la Sala sobre la valoración de las pruebas
practicadas en primera instancia, corresponde ahora examinar los dictámenes
periciales presentados en segunda instancia. Su apreciación individual tiene por objeto
verificar su fiabilidad y establecer el nivel de confirmación que ofrecen respecto de la
hipótesis fáctica en la que el Banco sustentó su defensa. Posteriormente, se efectuará
una valoración conjunta de estos dictámenes con los informes de la FGN, con el fin de
determinar si se configuró la causal de exoneración de responsabilidad invocada por
la parte demandada.
Los dictámenes periciales practicados en segunda instancia
89. El dictamen pericial constituye un medio de prueba destinado a verificar hechos
relevantes que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos
especializados (CPC, art. 233). Se trata de la opinión emitida por un experto con
formación en la materia, cuya finalidad es esclarecer aspectos que exigen una
interpretación cualificada. Conforme al artículo 241 del CPC, su valoración debe
atender a “la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los
peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”88. Por lo tanto, la
valoración individual de la prueba exige verificar los siguientes elementos: (i) idoneidad
del perito, es decir, que cuente con conocimientos especializados pertinentes; (ii)
fundamentación, que las premisas estén sólidamente sustentadas; (iii) conclusión clara
y firme, derivada lógicamente de la argumentación y metodología del dictamen; (iv)
ausencia de objeción o fracaso de la misma; y (v) contradicción efectiva en el curso
del proceso judicial.
90. El 20 de mayo de 2019, el intendente Eduardo Guevara Cano, adscrito a la Policía
Nacional como perito en informática forense, presentó el dictamen sobre los dos discos
duros de la Beneficencia en los que se había detectado la presencia del software
malicioso, asignados a los funcionarios Leonor Abadía y Rogelio Díaz. Su designación
provino directamente de la institución policial, a la que se solicitó un funcionario con
conocimientos técnicos especializados en la materia. Al asumir el encargo, el perito se
posesionó bajo juramento y exhibió su credencial institucional89. Conforme al régimen
probatorio del CPC, no era exigible la presentación de documentos adicionales para
acreditar su idoneidad, bastando la declaración juramentada rendida al momento de la
posesión y la constancia de su adscripción a la entidad. En consecuencia, y ante la
ausencia de cuestionamientos por parte de los sujetos procesales, la Sala considera
que se encuentra acreditada su competencia técnica para rendir el dictamen.
91.El perito hizo una descripción detallada de los elementos materiales examinados
—los discos duros— y de los procedimientos técnicos empleados, indicando que estos
88
En vigencia del CPC, explicaba la jurisprudencia de esta Sección: “El dictamen pericial es un medio
probatorio al que se acude para verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos de auxiliares de la justicia, quienes realizan un examen de las
cosas o personas a través de experimentos e investigaciones. En este sentido, la doctrina, con base en la
ley, enseña que el dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos
técnicos, científicos o artísticos, que la persona versada en la materia realiza para dilucidar la controversia,
aporte que requiere de especiales conocimientos, por lo cual se dice que la pericia es una declaración de
ciencia, ya sea técnica, científica o artística, es decir, que la prueba no recae sobre puntos de derecho” C.E.,
Secc, Tercera, exp. 17644, feb. 3/2010, C.P. Myriam Guerrero de Escobar
89
C. Comisorio, fl. 212.
27
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
cuentan con reconocimiento en la comunidad técnico-científica especializada90.
Además, explicó los instrumentos utilizados —equipos y programas informáticos
forenses—, su estado operativo y los principios técnico-científicos aplicados91. El
dictamen expuso de forma secuencial cada una de las actividades realizadas sobre
los discos duros92, lo que permitió al experto arribar a la siguiente conclusión sobre la
presencia de software malicioso:
“PERFECT KEYLOGGER
En el análisis realizado en los binarios suministrados para esta tarea, se pudo identificar
el software PERFECT KEYLOGGER como uno de ellos.
PERFECT KEYLOGGER es un capturador de teclado el cual funciona en modo invisible
en el equipo donde es instalado. El objetivo de este programa es registrar todas las teclas
presionadas por un usuario en el teclado para luego ser analizado por quien instaló la
aplicación y así obtener información del primero. Sitios visitados, conversaciones escritas
y contraseñas son algunos de los elementos sensibles obtenidos por el mismo.
Los Keyloggers o capturadores de teclado son uno de los sistemas espías más peligrosos
debido a que registran información de uso sensible y de alta privacidad de los usuarios que
no saben que están siendo monitoreados, y suministrando información sin su
consentimiento a terceros”93.
92. La contradicción del dictamen se surtió conforme a las prescripciones legales. Al
presentarse la versión inicial, se corrió traslado a las partes, quienes solicitaron su
complementación94. Tras la primera ampliación, rendida el 5 de abril de 2021, la
Beneficencia formuló una nueva solicitud de complementación, sustentada en un
documento elaborado por TGR, en el que también se indicó que el perito no había
evaluado el informe de la FGN del 21 de enero de 200895. Este documento de TGR
tiene el alcance de una alegación de parte, conforme al numeral 7º del artículo 238 del
CPC96.
93. La segunda complementación del dictamen fue presentada el 15 de julio de 2021.
La Beneficencia se pronunció sobre su contenido y aportó un nuevo escrito elaborado
por TGR con sus conclusiones97. Por su parte, el Banco guardó silencio. No obstante,
en los alegatos de conclusión de segunda instancia, la institución financiera anexó un
dictamen pericial adicional que no será valorado por la Sala, toda vez que no fue
90
Exp. digital, Apelación Sentencia, doc. 185, pp. 1-2. En el informe anexo a la adición del dictamen del 5 de
abril de 2021 se amplía esta información: “IOCE (International Organization of Computer Evidence) una de
las organizaciones internacionales más antiguas que se ocupa de regular los parámetros para el tratamiento
de evidencia digital. Formado en 1995, ha servido como foro para el intercambio de información y líder en el
desarrollo de estándares (Pollitt, 2001) establece lo siguiente: (…) El presente informe muestra con claridad
los principios, métodos, técnicas y procedimientos empleados, tal que cualquier persona pueda interpretar
fácilmente los resultados obtenidos” y, adicionalmente, cita todas las normas técnicas internacionales que se
siguieron (Exp. digital, doc. 184, pp. 21-22).
91
Exp. digital, Apelación Sentencia, doc. 185, pp. 2-3.
92
Exp. digital, Apelación Sentencia, doc. 185, pp. 3-6.
93
Exp. digital, Apelación Sentencia, doc. 185, pp. 9-10; 15-17.
94
SAMAI CE, índices 50, 52, 53 y 54.
95
SAMAI CE, índice 87.
96
CPC, art. 238: “Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así: (…) 7. Las
partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones
de ellas”.
97
SAMAI CE, índice 92.
28
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
solicitado dentro de las oportunidades probatorias previstas en la ley y, por esa misma
razón, no fue decretado ni estuvo sujeto a contradicción98.
94. En cuanto al contenido de las complementaciones al dictamen, la Sala advierte
que, en la rendida el 5 de abril de 2021, el perito indicó que ambos discos duros
estaban protegidos con antivirus, aunque estos últimos no estaban actualizados.
Textualmente indica el peritaje: “Sí contaba con antivirus, aunque no se encontraba
actualizado y sí estaba activo”99.
95. Por otra parte, en el escrito del 5 de abril de 2021, el perito registró las fechas de
creación del software malicioso hallado en los discos duros. En relación con el primer
disco examinado, incorporó la siguiente evidencia tomada del informe de investigador
de laboratorio de la Policía Nacional anexo al dictamen100:
96. En relación con el segundo disco duro, el perito incorporó la siguiente imagen como
evidencia del hallazgo101:
98
CCA, art. 214: “Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes
podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando decretadas en la
primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas
o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 2. Cuando versen sobre hechos acaecidos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos. 3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la
primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4. Cuando con ellas se
trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.
99
C. Comisorio, fl. 405.
100
Exp. digital, Apelación sentencia, doc. 184.1, p. 31.
101
Exp. digital, Apelación sentencia, doc. 184.1, p. 28.
29
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
97. En cuanto a este segundo disco duro, incluyó la siguiente nota en respuesta a una
de las solicitudes de complementación: “De igual manera manifiesta el Perito que se
encuentra la instalación del software malicioso Keylogger (A0016160.EXE) mediante memoria
USB 2.0 Flash Device serial: 621733129244b6 con fecha de conexión 21-11-2007 y entre sus
características esta la captura de contraseñas. VER ANEXO 1-Pag 9. (Informe de Investigador
de Laboratorio- FPJ-13, con numero único de Noticia Criminal 760012332000200901030 de
fecha 2021-03-24)”102.
98. Una lectura literal de esta última afirmación contenida en la primera
complementación del dictamen conduciría a sostener que, en uno de los dos discos
duros, el software malicioso identificado como Perfect Keylogger habría sido instalado
mediante una memoria USB conectada el 21 de noviembre de 2007. Si se asumiera
sin matices dicha afirmación, ello implicaría concluir que el programa fue incorporado
con posterioridad a la comisión del fraude electrónico (19 de noviembre de 2007) y,
por tanto, no por los partícipes del hecho ilícito sino por la FGN. Sin embargo, la Sala
no considera razonable esta interpretación del “Informe de Investigador de Laboratorio
– FPJ-13”, anexo al dictamen, con base en el cual se emitió esa afirmación.
99. En primer lugar, esta interpretación no resulta razonable porque no se corresponde
con el contenido gráfico del “Informe de Investigador de Laboratorio – FPJ-13”.
Ciertamente, en dicho informe se consignó que una memoria USB fue conectada al
equipo el 21 de noviembre de 2007; sin embargo, no se indicó que esa memoria
contuviera el software malicioso ni que, por su conducto, se hubiera instalado Perfect
Keylogger. Por el contrario, el gráfico incluido en el informe registra que la fecha de
creación del programa malicioso es noviembre de 2006, lo cual resulta plenamente
coincidente con los hallazgos obtenidos respecto del primer disco duro analizado,
reduciendo con ello la plausibilidad de la hipótesis que sugiere una instalación posterior
a la incautación103.
102
Exp. digital, Apelación Sentencia, doc. 184, pp. 8-9.
103
Exp. digital, Apelación sentencia, doc. 184.1, p. 31.
30
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
100.Adicionalmente, los informes de la FGN obrantes en el plenario no indican que el
análisis forense practicado sobre los discos duros de la Beneficencia hubiera incluido
la conexión de una memoria USB —supuestamente portadora de un software
malicioso—, lo que resulta contraevidente si se considera que el objeto de dicho
análisis era precisamente determinar si tal programa había sido instalado con
anterioridad al fraude. En consecuencia, cualquier afirmación orientada a sostener que
dicho software fue introducido no por los autores del delito, sino por el órgano
investigador, requeriría un alto grado de corroboración empírica. No obstante, aparte
de la interpretación literal de una frase aislada contenida en la primera
complementación del dictamen —la cual, como se explicó, partiría de una lectura
errónea del gráfico incluido en el “Informe de Investigador de Laboratorio – FPJ-13”—
no existe ningún elemento que respalde mínimamente esa hipótesis. Por lo tanto, la
Sala concluye que la fecha de creación del software malicioso en ambos discos duros
antecede a la comisión del fraude electrónico, tal como resulta de los gráficos incluidos
en el informe de policía judicial de la Policía Nacional, y no de una glosa incorporada
en el texto de la primera complementación del peritaje.
101.Respecto de la segunda complementación del dictamen elaborado por el
intendente Eduardo Guevara, presentada el 15 de julio de 2021, la Sala observa que
el perito profundizó en su análisis y manifestó que, con la información disponible, no
era posible afirmar con certeza que el programa Perfect Keylogger encontrado en los
discos duros de la Beneficencia hubiera capturado las claves de acceso al sistema
OCCIRED:
“Es de anotar que no es posible contestar a ciencia cierta si el keylogger capturó las claves
de usuario teniendo en cuenta que solo fue analizada una parte de la evidencia, en este
caso los discos duros en mención y no se tiene acceso a todo el sistema de la fecha de los
hechos (plataforma occired, conexiones internet)”104.
102.En la segunda instancia de este proceso se practicó, además del dictamen ya
valorado, otra prueba pericial destinada a analizar el funcionamiento de la plataforma
OCCIRED. Esta prueba estuvo a cargo del subintendente César Arturo Contreras,
104
C. Comisorio, fl. 404A.
31
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
funcionario de la Policía Nacional adscrito al Grupo de Disciplinas Forenses. En su
informe, el experto indicó que, para la fecha del peritaje, el sistema OCCIRED había
migrado de plataforma (en 2018) y que la empresa encargada de su soporte técnico
ya no mantenía vínculo contractual con el Banco105. Por tal motivo, aclaró que no fue
posible acceder al código fuente del aplicativo, lo cual imposibilitó la realización del
análisis solicitado. En consecuencia, el perito limitó su labor a transcribir las respuestas
ofrecidas por funcionarios del Banco durante las mesas de trabajo realizadas para la
elaboración del dictamen. Por lo anterior, la Sala considera que dicho informe carece
de eficacia probatoria en relación con los hechos relevantes para la resolución de los
recursos de apelación.
103.Con fundamento en lo anterior, la Sala recapitula un tercer grupo de conclusiones
generales, correspondientes a la valoración individual de las pruebas practicadas en
segunda instancia. Primera: el dictamen pericial de la Policía Nacional sobre los discos
duros de la Beneficencia acredita la presencia de un software malicioso —Perfect
Keylogger— con capacidad técnica potencial para capturar credenciales de acceso a
la plataforma OCCIRED. Segunda: la fecha de creación del software en los discos
duros es anterior a la comisión del fraude bancario. Tercera: los equipos analizados
contaban con programas antivirus, aunque estos no se encontraban actualizados al
momento de los hechos.
Conclusiones sobre la valoración conjunta de los informes de la FGN y del
dictamen pericial de la Policía Nacional
104. Partiendo del análisis conjunto de los medios de prueba valorados individualmente,
la Sala encuentra coincidencia en torno a dos enunciados fácticos: (i) los discos duros
de los funcionarios Leonor Abadía y Rogelio Díaz estaban contaminados por un
software malicioso del tipo keylogger antes del 19 de noviembre de 2007 —fecha en
la que se perpetró el fraude electrónico— y (ii) este tipo de software poseía la
capacidad técnica para capturar las credenciales de acceso a la plataforma OCCIRED.
Tales hechos se tienen por probados con base en tres criterios concurrentes: en primer
lugar, el de la cantidad, dado que los dos medios probatorios que abordaron esta
cuestión —el informe de la FGN y el dictamen de la Policía Nacional— coinciden
plenamente, sin que exista otro elemento técnico que los contradiga; en segundo lugar,
el de la variedad, ya que ambos tipos de prueba —una documental y otra pericial—,
pese a su distinta naturaleza, convergen en una misma conclusión; y finalmente, el de
la fiabilidad, pues ambos elementos, incluso considerados de forma aislada, resultan
confiables por las calidades de sus autores y las condiciones en que fueron producidos.
105.Por otra parte, quedó probado que las transacciones fraudulentas se ejecutaron
desde direcciones IP distintas a las asignadas a los equipos conectados a la red de
internet de la Beneficencia, conforme lo estableció el informe elaborado por la FGN.
En relación con este aspecto, el dictamen de la Policía Nacional no controvirtió dichos
hallazgos ni formuló una conclusión divergente. Además, el informe de la FGN es
consistente con otros medios de prueba documental, pues las direcciones IP que allí
105
Exp. digital, doc. 250, p. 2.
32
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
se consignan coinciden con las enunciadas en una comunicación remitida por el
establecimiento bancario demandado tras la comisión del fraude106.
106.Una hipótesis que articula los hechos probados sería la siguiente: el fraude
bancario se produjo por la captura de las claves de acceso a la plataforma OCCIRED
mediante la ejecución de un software malicioso instalado en los computadores de la
tesorera y el director financiero de la Beneficencia. Sin embargo, esta inferencia
probatoria descansa exclusivamente en la potencialidad del software para capturar
dichas claves, porque no hay evidencia visual de que efectivamente lo haya hecho en
los análisis forenses practicados sobre dichos dispositivos.
107.Adicionalmente, no incorpora al estudio el otro componente funcional involucrado
en la comisión del fraude: la plataforma OCCIRED. Como se indicó al valorar
individualmente los medios de prueba, los peritos designados en segunda instancia no
accedieron al código fuente de dicha plataforma porque el sistema OCCIRED había
migrado de plataforma en 2018107, ni la FGN efectuó un examen técnico sobre su
arquitectura o funcionamiento. A ello se agrega que ni el ente investigador ni los peritos
designados judicialmente realizaron un análisis que —aunque fuera de manera
sumaria— descartara la existencia de otras hipótesis con igual capacidad explicativa.
108.Con lo anterior, la Sala no sugiere que los medios de prueba debieran confirmar,
más allá de toda duda razonable, la hipótesis fáctica planteada por el Banco, pues tal
estándar corresponde al ámbito penal. Además, tratándose de un razonamiento
abductivo, el objetivo de la valoración conjunta de las pruebas no puede ser alcanzar
certeza lógica, sino un grado razonable de confirmación.
109.Lo que resalta la Sala es que no existe evidencia visual de que, en ambientes
controlados por los expertos forenses, el software hubiera capturado efectivamente las
claves de acceso. Además, la actividad probatoria se centró únicamente en uno de los
dos componentes que presuntamente fueron determinantes en el fraude —los discos
duros de la Beneficencia—, omitiendo el análisis directo del otro componente
igualmente indispensable —la plataforma OCCIRED—. Esta escisión metodológica no
es intrascendente, dado que ambos elementos son interdependientes en la ejecución
de las transacciones fraudulentas.
110.Ahora, al margen de que este conjunto de elementos impida acoger la inferencia
probatoria en que descansa la defensa del Banco sobre la culpa del cuentahabiente,
la Sala considera que aun si se aceptara que la captura de las claves de acceso a la
plataforma OCCIRED se produjo mediante la ejecución de un software tipo keylogger
en los discos duros de la Beneficencia, el daño —consistente en la pérdida de los
fondos—jurídicamente es atribuible al Banco.
111.Esto se debe a que, desde el punto de vista de la aportación causal, el hecho
determinante de la pérdida de los fondos, es decir, la causa adecuada del daño, es
imputable al Banco, tal como se explicará a continuación al analizar la cronología de
los eventos previos a la consumación del fraude.
106
C1, fl. 72.
107
Exp. digital, doc. 250, p. 2.
33
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
La atribución causal del daño al establecimiento bancario
112. La indagación causal en el derecho de daños, ya sea en el ámbito contractual o
extracontractual, se caracteriza por una bifurcación del análisis. En un primer paso,
tiene por objeto una cuestión fáctica: determinar si un evento ha sido causa de otro.
En este contexto, el test de la conditio sine qua non, o equivalencia de las condiciones,
cumple un rol central. Un evento es causa de un daño si, y solo si, no se hubiese
producido el daño de no haber acaecido dicho evento. No obstante, no solo es
relevante explicar empíricamente cómo se produjo el daño, sino también atribuirlo
jurídicamente a una persona o centro de imputación. Por ello, en un segundo nivel, es
necesario aplicar criterios normativos que determinan si un factor que ha contribuido
causalmente a un resultado es jurídicamente relevante.
113.La atribución causal en la sustracción de fondos depositados en una cuenta
corriente o de ahorros mediante fraudes electrónicos exige realizar esta doble
indagación. Esto se debe a que el régimen de responsabilidad objetiva, con el que se
decidió el litigio en primera instancia y que no fue objeto de apelación, no implica
responsabilidad automática del Banco por la pérdida de los fondos. En este mismo
sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente:
“Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad
financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aun
en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la
conducta del agente. Por ende, en casos como este el banco podrá exonerarse de la carga
indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el
desmedro patrimonial (como la alteración de una orden de giro, en este caso) obedecieron
a causas que no le son imputables // Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente
pierde su tarjeta débito, y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien
la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis,
los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes
en «algo que se tiene» (la tarjeta débito) y «algo que se sabe» (la clave numérica), habrían
sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente, desde el punto de vista fáctico –
pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave– y jurídico –en tanto la custodia de esos
elementos le correspondía–, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de
resarcimiento.
Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad
financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual
tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato
de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave
terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad, propios de los
canales presenciales del banco. // Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la
relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que: (i) ambos estipulantes
contribuyeron al resultado dañino –de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos
entre ellos, de manera proporcional a su cuota de participación en el evento–; o (ii) que solo
uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual
quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente // Vale la pena añadir que
supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como “culpa exclusiva
de la víctima” o “compensación de culpas”, según el caso, pero realmente no están
vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal”108
(Énfasis añadido).
108
C.S.J., Cas. Civil, Sent. SC5176-2020, dic. 18/2020, M.P. Luis A. Rico Puerta. Rad. 11001-31-03-028-
2006-00466-01.
34
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
114. Como se indicó previamente, incluso si se aceptara la hipótesis de que, en la
cadena de eventos que causaron el fraude, intervino la captura de las claves de acceso
a la plataforma OCCIRED mediante la ejecución de un software tipo keylogger en los
discos duros bajo la guarda de la Beneficencia, la Sala considera que el daño es
atribuible al Banco. Las pruebas del expediente acreditan que, antes de la instalación
del programa malicioso, la entidad financiera incurrió en omisiones relacionadas con
informar adecuadamente al cliente sobre la necesidad de adoptar medidas de
seguridad en sus equipos de acceso a la plataforma. Además, una vez instalado el
programa y antes de consumarse la sustracción de los recursos, el Banco se abstuvo
de adoptar medidas frente a un conjunto de eventos que revelaban un riesgo cierto y
elevado de comisión del fraude.
115.En relación con los eventos que antecedieron la instalación del software tipo
keylogger, la tesorera de la Beneficencia, Leonor Abadía, afirmó lo siguiente en la
audiencia en la que rindió su declaración:
“PREGUNTADO: ya que usted dice ser una de las personas autorizadas para acceder al
sistema OCCIRED, informe al despacho si el Banco de Occidente informó adecuadamente
los riesgos y consecuencias que la utilización del sistema OCCIRED podría generar a los
intereses económicos a la beneficencia del valle del cauca: CONTESTADO. No, nunca nos
hablaron ni de riesgos ni de las consecuencias de los riesgos.
(…)
PREGUNTADO: informe al despacho del magistrado, si el Banco de Occidente suministró
a la Beneficencia del Valle un manual de instrucciones referentes a seguridades que debía
implementar la Beneficencia en cuanto al uso del sistema de OCCIRED:
CONTESTADO: Manual de riesgos nunca.
PREGUNTADO: el Banco de occidente INFORMÓ EN FORMA ADECUADA A LA
BENEFICENCIA SOBRE EL SERVICIO DE OCCIRED, sobre utilización, sobre los perfiles
o costumbres transaccionales, y riesgos como los HACKER LOS PICHINT O LOS
GUSANOS DE TROYA:
CONTESTADO: tengo entendido que quien daba la capacitación para el manejo de los
equipos era un contratista externo del banco y nos dieron capacitación sobre cómo se hacia
la transacción como se entraba al sistema, como se cambiaba la clave que nos acababan
de dar, pero reitero jamás nos hicieron observación sobre los riegos y mucho menos sobre
los HACKER LOS PICHINT O LOS GUSANOS DE TROYA”109.
116.En su testimonio, la señora Leonor Abadía también afirmó que desconocía la
posibilidad de imponer restricciones al sistema o la necesidad de instalar programas
de protección como antivirus o antikeyloggers:
“PREGUNTADO: manifieste al despacho, si el Banco de Occidente advirtió o informó a
usted, el hecho de restringir el acceso al sistema solo en días y horas laborales:
CONTESTADO: el Banco nunca nos advirtió, nosotros le informamos al Banco que solo lo
hacíamos en horarios ordinarios como lo demuestran los LOGS. (…) PREGUNTADO:
Manifieste al despacho si el Banco de Occidente le dijo a la Beneficencia del Valle [que]
debían instalar antivirus o antikeylogger. CONTESTADO: no, nunca” 110.
109
C. Pruebas, fls. 25-26.
110
C. Pruebas, fl. 30.
35
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
117.La declaración de Leonor Abadía es concordante con el testimonio del director
financiero de la entidad, Rogelio Díaz, quien también interactuaba con la plataforma
OCCIRED:
“PREGUNTADO informe al despacho si el Banco de Occidente informó, advirtió o capacitó
adecuadamente a los funcionarios de la Beneficencia del Valle, encargados del sistema
OCCIRED acerca de los riesgos y consecuencias que implicaría la utilización del sistema,
entre ellos un posible fraude electrónico.
CONTESTADO: nunca fuimos informados, ni advertidos de los riesgos y mucho menos de
la forma como podíamos haberlo controlado, las ventajas que tenía el aplicativo solamente
se conocieron una vez realizado el fraude.
(…)
PREGUNTADO: el Banco advirtió a la Beneficencia el hecho de que las calves, nombre
del usuario y contraseñas podrían ser capturadas a través de Internet por delincuentes
cibernéticos para su uso posterior con fines delictivos: CONTESTADO: no, nunca nos
advirtieron.
(…)
PREGUNTADO: Si tal como usted lo ha manifestado el Banco de Occidente no lo capacitó
ni le entregó ningún manual de OCCIRED cómo aprendió usted a manejarlo.
CONTESTADO: cuando el proveedor externo del Banco instaló el aplicativo de OCCIRED
explicó la forma de cómo operaba, las transacciones y qué acciones teníamos que
desarrollar para que estas transacciones fueran exitosas, es decir cuál era la mecánica
para pagar a través de este medio electrónico, pero repito lo que no advirtió el proveedor
del Banco fue los riesgos de agentes externos ni cuáles eran los mecanismos por los cuales
podíamos contrarrestar esos riesgos: direccionar las IP, que solamente se hicieran las
transacciones en horarios laborales y días hábiles y que pudiéramos inscribir el proveedor
previamente al pago.
PREGUNTADO: por qué le consta a usted que el Banco de Occidente nunca recomendó
ni informó al administrador del sistema OCCIRED designado por la Beneficencia del Valle
es decir el señor Banguero, que determinara las direcciones IP de las cuales se podría
hacer las transacciones.
CONTESTADO: las reuniones que hacía el Banco con el doctor Banguero, generalmente
se hacían con la presencia de la tesorera y el coordinador financiero y nunca escuché que
se hicieran esas advertencias y mucho menos existe un documento que pruebe la
manifestación de los riesgos inherentes al aplicativo OCCIRED”111.
118.La Sala advierte que ningún otro testigo contradijo las afirmaciones anteriormente
reseñadas. En su defensa, el Banco sostuvo que había capacitado a los funcionarios
de la Beneficencia en relación con las medidas de seguridad y alegó que fue la entidad
la que no impuso las restricciones pertinentes en sus sistemas. No obstante, tales
afirmaciones no encuentran respaldo probatorio ni en los testimonios ni en los
documentos que obran en el expediente. Por el contrario, en el plenario se encuentra
un solo registro de asistencia con membrete del Banco, correspondiente a una
capacitación realizada el 7 de mayo de 2007 —esto es, antes de la comisión del
fraude—, cuyo contenido no alude a la adopción de medidas de seguridad en el uso
de la plataforma. Según dicho documento, el asunto abordado fue el siguiente: “Se
111
C. Pruebas, fls. 37-40.
36
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
migró el sistema OCCIRED a OCCIRED plataforma 2007. El sistema se probó y
funcionó correctamente”112.
119.En este contexto, la Sala concluye que, antes de la fecha en que se habría
instalado el software malicioso en los discos duros de la Beneficencia, el Banco omitió
capacitar a los funcionarios de la entidad sobre las medidas y protocolos de seguridad
que debían observar en la manipulación de los equipos y en el uso de la plataforma
OCCIRED, ya fuera mediante reuniones formales o mediante la entrega de
documentos que recogieran tales lineamientos.
120. Esta omisión revela una conducta contraria al deber jurídico de información con
los usuarios previsto en el numeral 1º del artículo 97 del EOSF, modificado por la Ley
795 de 2003113. Se trata de un deber especial, inherente a la responsabilidad
profesional que asiste a un establecimiento bancario, cuya actividad principal —la
intermediación financiera— es de interés general114:
“Una obligación de primer nivel, derivada de la de lealtad o subsumible en ella, pero que
por su importancia merece un tratamiento especial, es la de información que se predica de
manera general frente a cualquier contratante, aun si no es consumidor, y que, incluso, se
asume en la etapa precontractual. En virtud de su reconocimiento el profesional debe hacer
conocer al potencial contratante de manera clara y comprensible no sólo las condiciones y
calidades del bien o servicio que ofrece o se le demanda sino los riesgos o precauciones
que han de tenerse en cuenta en relación con ellos. Este es un aspecto cardinal en que han
de conciliarse técnicas comerciales y de mercadeo que tienden a presentar una visión
"rosa" o perfecta de los productos que se ofrecen con una realidad en la cual existen
riesgos, algunos empíricamente reconocidos. Por lo tanto y para limitarnos a los productos
financieros, es apenas natural que el vendedor destaque las ventajas y procure inducir al
interlocutor a comprarlos, pero, al mismo tiempo, que imponga al cliente de las cautelas que
supone el manejo de una chequera o una tarjeta de crédito, para poner dos ejemplos, o los
diversos riesgos que pueden avizorarse en un portafolio financiero constituido por papeles
de ciertas características. Y si ello es así en la etapa de formación del contrato, lo será con
mayor razón durante su vida, en cuanto se presenten situaciones relevantes para el
cliente”115.
112
C1., fl. 308.
113
Decreto 663 de 1993, art. 97: “Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los
usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las
operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos,
escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. (…)”.
114
Al respecto, ha explicado la Corte Constitucional "[L]a actividad financiera es de interés general, pues en
ella está comprometida la ecuación ahorro - inversión que juega papel fundamental en el desarrollo
económico de los pueblos. Es por ello que cualquier actividad que implique esta forma de intermediación de
recursos, o la simple captación del ahorro de manos del público, debe quedar sometida a la vigilancia estatal.
En efecto, en el modelo "social de derecho", en donde corresponde al Estado conducir la dinámica colectiva
hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y principios fundamentales de la
organización política, no resulta indiferente la manera en que el ahorro público es captado, administrado e
invertido. La democratización del crédito es objetivo constitucionalmente definido (C.P art. 335) y la
orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se halla justificada como mecanismo de
intervención del Estado en la economía (C.P. art. 334), para lograr la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo. Además, la actividad propiamente financiera tiene repercusión
en la soberanía monetaria del Estado, pues es sabido que el papel que el sistema financiero cumple dentro
de la economía implica la emisión secundaria de moneda, mediante la creación de medios de pago distintos
de los creados por la vía de la emisión, por lo cual su adecuada regulación, vigilancia y control compromete
importantes intereses generales. Pero más allá de este interés público, corresponde también al Estado velar
por los derechos de los ahorradores o usuarios, razón que también milita para justificar la especial tutela
estatal sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y sobre cualquier otra que implique captación
de ahorro de manos del público”. Corte Const., sent. C-940 de 2003, oct. 15/2003, M.P. Marco G. Monroy.
115
Rodríguez Azuero, S., Contratos Bancarios. Su significación en América Latina, Legis Editores, 5° ed,
Bogotá – 2005, p. 181.
37
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
121.Dada su relevancia jurídica y anterioridad temporal, la omisión culposa inicial del
Banco relativiza, desde el punto de vista de la aportación causal, la relevancia que se
le puede dar al hecho de que la Beneficencia tuviera instalado un antivirus
desactualizado al momento del fraude. En todo caso, las pruebas del plenario no
acreditan que, de haberse encontrado actualizado dicho software, este habría
impedido efectivamente la instalación del programa malicioso o la extracción de las
claves con las que luego se habrían sustraído los fondos.
122. Ahora bien, como se indicó anteriormente, en la cadena de eventos que
desembocó en la sustracción de fondos de propiedad de la entidad estatal, la Sala
identifica una segunda conducta culposa atribuible al Banco, posterior a la presunta
instalación del software malicioso. Este nuevo hecho, debidamente acreditado con el
material probatorio, refuerza la conclusión de que el daño es jurídicamente atribuible a
la institución financiera, porque este antecedente fue determinante desde el punto de
vista causal en la producción del daño.
123.Según el cronograma de operaciones de la cuenta corriente No. 001-13373-5,
documento de autoría del Banco que obra en el plenario, el 19 de noviembre de 2007
—fecha en la que se sustrajeron los fondos— se efectuaron 303 acciones distintas por
medio de la plataforma OCCIRED sobre la anotada cuenta116. La Sala se abstiene de
transcribir el contenido de todas esas operaciones para evitar la revelación de datos
privados o semiprivados117. No obstante, destaca varios aspectos relevantes.
124. En primer lugar, más de 170 interacciones se registraron antes de las 08:00 A. M.,
a pesar de que la Beneficencia no realizaba transacciones en horas de la madrugada.
Así lo corroboró el testimonio del gerente de la época: “los recursos no se movían en
otro horario que no fueran laborales, o sea entre las ocho de la mañana y las cinco o
seis de la tarde que salíamos del trabajo, eso era una regla de oro para nosotros”118.
Esta declaración no aparece controvertida o desvirtuada por ningún otro medio de
prueba. En segundo lugar, el mensaje del sistema “no está autorizado para realizar
esta transacción” se generó en 38 ocasiones, mientras el mensaje “Transacción
Fallida, sesión no válida” apareció en 23 oportunidades119. En tercer lugar, las
direcciones IP desde las cuales se realizaron las operaciones no coincidían con la red
de internet de la Beneficencia, como lo indicó el informe del 18 de enero de 2021
elaborado por la FGN. Además, los recursos fueron transferidos a cuentas ubicadas
en Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Cúcuta, a pesar de que el historial transaccional
de la entidad no reflejaba operaciones previas con destino en Barranquilla, Cartagena
o Cúcuta120.
125.A pesar de todo lo anterior, no fue sino hasta las seis de la tarde (18:00) del 20 de
noviembre de 2007 —cuando ya se había consumado la sustracción de los fondos—
que el Banco alertó a la Beneficencia sobre intentos inusuales de transacción desde
sus cuentas. Y solo hasta el día siguiente, 21 de noviembre, procedió a bloquearlas.
Estos hechos se encuentran respaldados en diferentes pruebas del plenario, como la
116
C1, fls. 322-325.
117
Cfr. Ley 1266 de 2008, art. 3.
118
C1A, fl. 486.
119
C1, fls. 322-325.
120
C1, fls. 92-97.
38
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
denuncia radicada ante la FGN121, la comunicación enviada por el Banco a la
Beneficencia el 26 de noviembre de 2007122 y los testimonios de Héctor Banguera123
y Leonor Abadía124.
126. Si bien —como se estableció anteriormente— cuando se perpetró el fraude aún
no había entrado en vigor la Circular 052 de 2007 de la Superintendencia Financiera,
que impuso a los sujetos vigilados el deber de elaborar perfiles de costumbre
transaccional de sus clientes, ello no autorizaba al Banco a mantener una actitud de
indiferencia frente a un conjunto de eventos cuyo carácter claramente anómalo podía
comprometer la seguridad de los fondos depositados en las cuentas de ahorro y
corriente de la Beneficencia. La regla general del contrato de depósito es que el
depositario responda incluso por culpa leve en la custodia y conservación de la cosa,
y se presume que la pérdida o deterioro se debe a su culpa (Código de Comercio, art.
1171). Ahora bien, tratándose de depósitos en cuenta corriente o de ahorros (Código
de Comercio, arts. 1382 y 1396), los deberes de seguridad —instrumentales de la
obligación de custodia— adquieren una especial trascendencia, en razón del carácter
profesional y habitual de las actividades de intermediación financiera y del compromiso
de los recursos captados del público125.
127. En el caso concreto, el conjunto de circunstancias anómalas exigía que el Banco
no se mantuviera impasible frente a su ocurrencia, sino que actuara con la diligencia
exigible en virtud de su deber de seguridad. Entre esas circunstancias se encontraban:
(i) el alto volumen de actividades; (ii) el monto de las operaciones; (iii) el elevado
número de intentos de ingreso y transacciones fallidas; (iv) la ejecución de estas en
horas de la madrugada; (v) el uso de direcciones IP distintas a las habituales; y, (vi) la
localización atípica de las cuentas de destino de los recursos. Frente a este escenario,
no solo era esperable, sino jurídicamente exigible que el Banco —en su condición de
profesional de la intermediación financiera— adoptara una conducta orientada a evitar
la realización de las transacciones, esto es, que reaccionara activamente ante una
situación extraordinaria, cuyo carácter anómalo, por lo demás, no fue desconocido por
la propia entidad en sus alegatos.
128.Así, desde el punto de vista de la determinación causal, la pérdida de los fondos
es imputable al Banco. Las pruebas sobre la sucesión de eventos que antecedieron la
producción del daño conducen a dos conclusiones. Primero, la omisión culposa inicial
del Banco relativiza la relevancia jurídica del hecho de que la Beneficencia tuviera
instalado un antivirus desactualizado en los discos duros donde se alojaba el software
121
C1, fls. 61-65.
122
C1, fls 71-74.
123
C1A, fls 481-487.
124
C. Pruebas, fls. 23-33.
125
“la institución bancaria no solo tiene la obligación de custodia de los dineros recibidos del depositante,
sino de garantizar la seguridad de los servicios que ofrece y de las operaciones que permite realizar en
relación con tales depósitos, labores en las que, como las demás inherentes a su actividad, debe obrar con
la diligencia propia de un profesional, de tal forma que el sector no pierda la confianza del público. En ese
sentido, se ha indicado que la seguridad es uno de los deberes significativos en la relación banco – cliente.
«La obligación de seguridad puede considerarse como aquella en virtud de la cual una de las partes del
contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos
a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación en forma expresa por las partes, ser impuesta
por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato a través de su integración sobre la base del
principio de buena fe»” Barbier, E., Contratación Bancaria, Tomo I, Consumidores y usuarios, Buenos Aires:
Editorial Astrea, 2° ed., 2002, pág. 42, citado en C.S.J., Cas. Civil. Sent. SC18614-2016, dic. 19/2016. M.P.
Ariel Salazar Ramírez.
39
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
malicioso, que habría capturado las contraseñas. Además, no hay prueba de que, de
haberse encontrado actualizado dicho software, este habría impedido efectivamente
la instalación del programa malicioso o la extracción de las claves. Por lo tanto, no
puede afirmarse que se configure una concurrencia de culpas.
129. Segundo —y más importante—, el factor determinante del daño fue la omisión del
Banco en adoptar medidas ante un conjunto de eventos ocurridos en la madrugada
del 19 de noviembre de 2007. Estos hechos no solo son los más cercanos al daño
desde el punto de vista temporal, sino que su naturaleza anómala —como el alto
volumen de operaciones, las transacciones fuera del horario laboral, las direcciones IP
no habituales y el uso atípico de las cuentas— indicaban un riesgo evidente. De no
haber mediado la omisión del Banco, la consecuencia previsible, según un juicio
retrospectivo de probabilidad (prognosis póstuma), es que la sustracción de fondos no
se habría producido. El bloqueo de las cuentas, o una comunicación pronta con el
cuentahabiente, habría prevenido el daño.
130. En conclusión, la pérdida de los fondos es jurídicamente atribuible al Banco. Más
allá de no haberse superado el umbral probatorio necesario para afirmar que las claves
fueron sustraídas mediante un software malicioso, lo que habría posibilitado la
comisión del fraude, en la cadena causal intervinieron dos conductas culposas del
Banco. La última de ellas, en particular, fue la que resultó determinante en la
producción del daño. En este sentido, desde el punto de vista de la imputación del
daño, la Sala concluye que no media una concurrencia culpas.
131.Para finalizar esta parte del análisis de los recursos de apelación, la Sala se referirá
a la manifestación hecha por el Banco en el sentido de que se habrían probado seis
hechos que obligaban a adoptar una decisión distinta en primera instancia (párr. 36).
Los tres primeros hechos invocados corresponden a imputaciones de culpa contra la
Beneficencia: (i) la omisión en la implementación de restricciones de seguridad; (ii) la
ejecución de las operaciones fraudulentas con el usuario y la clave del cliente; y (iii) el
incumplimiento del deber de conservar adecuadamente las credenciales de acceso y
establecer protocolos de protección. Como se concluyó previamente, no está probado
que la culpa de la Beneficencia haya sido determinante en la pérdida de los fondos.
Por el contrario, quedó acreditado que en la cadena causal intervinieron dos conductas
culposas del Banco.
132.El cuarto hecho alegado por el Banco, relativo a la fecha de entrada en vigor de la
Circular 052 de 2007 de la Superintendencia Financiera y su supuesta impertinencia
para evaluar el nivel de seguridad exigible a la plataforma OCCIRED, tampoco justifica
modificar la decisión de primera instancia. Este planteamiento, acogido por la Sala,
condujo a desestimar las conclusiones plasmadas en unos de los experticios
elaborados por TGR y aportados por la entidad estatal. Sin embargo, de esto no se
sigue la culpa del cuentahabiente. Por tanto, bajo el régimen de responsabilidad con
el que se definió la controversia y que no fue controvertido en los recursos de
apelación, no operó una causal de exoneración de responsabilidad contractual.
133.La misma consideración es aplicable a los hechos quinto y sexto, relativos,
respectivamente, a la capacitación impartida sobre el uso del canal transaccional y las
medidas de seguridad, así como a la inexistencia de participación de empleados del
40
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
Banco en la ejecución del fraude. De haberse probado estos hechos, ello no impide la
atribución jurídica del daño a la institución financiera, pues no acreditan la culpa
exclusiva del cuentahabiente. Además, la Sala concluyó que, lejos de lo afirmado en
la alzada, las capacitaciones no versaron sobre la adopción de medidas de seguridad,
sino únicamente sobre el funcionamiento operativo de la plataforma.
El capital adeudado por el Banco y el reconocimiento de intereses de mora
134.Confirmada la responsabilidad contractual del Banco, corresponde ahora examinar
los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia en lo relativo a la
cuantía de la condena y al reconocimiento de intereses de mora. Según el Banco, al
momento de fijar esta suma, el Tribunal omitió considerar dos acuerdos de pago
celebrados por la Beneficencia con personas que participaron en el ilícito, ajenas a las
partes del proceso, uno por $19’600.000 y otro por $400’000.000.
135. La Sala encuentra acreditado que, en el marco del preacuerdo celebrado con la
FGN, la señora Edna Margarita Velilla asumió la obligación de reintegrar a la
Beneficencia la suma de $19’600.000 por su participación en el fraude. Este hecho fue
reseñado en la demanda (párr. 22126) y se desprende de las audiencias celebradas
dentro del proceso penal adelantado en su contra127, así como del testimonio rendido
por el abogado Jorge Chamorro, apoderado de la Beneficencia, quien intervino en
calidad de víctima128.
136.Además, en el plenario obra una certificación expedida por la Beneficencia,
oportunamente allegada al proceso, que da cuenta de que la obligación fue pagada,
esto es, que la entidad recibió efectivamente la suma mencionada:
126
C1, fl. 217.
127
“La señora Edna Margarita Velilla Castro reintegró la suma del ilícito en tres cuotas. La primera de
9’600.000 el 7 de julio del 2008, la segunda de 5’000.000 el 2 de julio de 2008 y la tercera de 5’000.000 el 3
de julio de 2008, lo que fue confirmado por la gerencia de la entidad ofendida” C. Pruebas, fol. 158, CD 1,
audio 2, 5:00-5:33.
128
“la señora procesada Edna Margarita Velilla Castro (capturada) quien había retirado de la cuenta de un
hijo suyo no recuerdo si era en Cartagena o en Barranquilla una suma aproximada de DIECINUEVE
MILLONES DE PESOS, cantidad que fue devuelta por dicha dama a la Beneficencia” C1A, fl. 489.
41
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
137. En contraste con lo anterior, las pruebas del expediente no revelan el pago
adicional de $400’000.000 al que hizo referencia el Banco en su recurso de apelación.
El único medio de prueba concerniente a este asunto es el testimonio rendido por el
abogado Jorge Chamorro, apoderado judicial de la Beneficencia, entidad que intervino
en calidad de víctima en el proceso penal seguido contra Edgar Bustamante Huertas.
En su declaración, mencionó que dicho sujeto habría contraído el compromiso de
reintegrar esa suma, pero también señaló que, para la fecha de su testimonio, la
entidad no había recibido el pago:
“Esta situación, no tomó de sorpresa a la Beneficencia del Valle, ya que se había acordado
previamente con la misma que no les interesaban personas encarceladas, sino que lo
primordial era recuperar algo de lo hurtado. Una vez en libertad el procesado (de la isla
Barú) [Edgar Bustamante Huertas] se tuvieron varios encuentros con éste y su abogada en
la Beneficencia del Valle donde se logró en esa época suscribir unos pagarés donde este
caballero se comprometía a devolver esos CUATROCIENTOS MILLONES en diferentes
épocas sin tener en cuenta indexación alguna. Es de anotar, que este señor hasta el
momento no ha cumplido y creo saber el motivo por así decirlo jurídico de su
incumplimiento, ya que la Jurisprudencia Penal de la Corte, posterior al Fallo del Tribunal
Superior de Cali, varió su criterio en el sentido de considerar que el preacuerdo no es una
modalidad de allanamiento y por lo tanto, la persona no está obligada a devolver ni siquiera
la mitad de lo apropiado”129.
138. En el expediente no reposan los documentos mencionados en el testimonio del
abogado Chamorro sobre una supuesta asunción de la deuda por parte del señor
Edgar Bustamante. Tampoco se encuentra acreditado que el Banco —deudor principal
de la obligación de restituir las sumas entregadas a título de depósito— hubiera sido
liberado de dicho pasivo con el consentimiento de la Beneficencia de Cundinamarca.
La falta de un acuerdo en tal sentido impide acoger el planteamiento del Banco, pues
la asunción (que no el pago) de una obligación por parte de un tercero no extingue la
129
C1A, fl. 490.
42
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
del deudor primitivo si no media la anuencia del acreedor. Así lo establece el artículo
1694 del Código Civil, que dispone lo siguiente:
“La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no expresa
su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá que
el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se
obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del
acto”130.
139.Por otra parte, en el plenario no obra prueba alguna que acredite que el señor
Edgar Bustamante haya efectuado el pago de la deuda que presuntamente asumió
con la Beneficencia en el marco del proceso penal131. En consecuencia, no está
acreditado que, por cuenta de este tercero, se haya producido un resarcimiento parcial
del daño sufrido por la entidad estatal. Por tanto, no procede descontar dichas sumas
del monto de la condena impuesta en primera instancia.
140.En conclusión, el capital adeudado por el Banco asciende a la suma que tuvo en
cuenta el Tribunal por concepto de los fondos sustraídos, respaldada en los
comprobantes contables de la Beneficencia obrantes en el expediente:
$996’129.609132. Sin embargo, de esta suma debe descontarse el pago parcial
efectuado por Edna Margarita Velilla, por valor de $19’600.000. En consecuencia, el
saldo a cargo del Banco equivale a $976’529.609.
141.En cuanto a los intereses de mora, la Beneficencia cuestionó que el Tribunal
hubiera considerado improcedente su reconocimiento, con fundamento en que los
recursos derivados de la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y
azar, administrados por la entidad estatal, estaban destinados exclusivamente a la
financiación de servicios de salud y, por ende, no estaban llamados a generar
rendimientos financieros. La entidad alegó que esta decisión desconocía el principio
de reparación integral del daño, en la medida en que los fondos no pudieron aplicarse
a su destinación legal como resultado de su indebida sustracción.
142.Según el artículo 1608 del Código Civil, el deudor se constituye en mora: (i) cuando
no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos
130
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado sobre la denominada ‘cesión de deudas’:
“es distinto sustituir a un acreedor que a un deudor. Respecto del primero, la posición del obligado no sufriría
afectación, pues (...) su prestación tendría que solucionarla sin importar el nombre del titular. Con relación al
segundo, la cuestión sería trascendente, en cuanto, muy seguramente, la persona del solvens, su capacidad
económica, reputación, en fin, se habrían erigido en factores de confianza y de garantía al momento de
otorgarse el crédito, por lo tanto, como esas condiciones bien pueden no concurrir en el deudor reemplazante,
es natural entender que el consentimiento del accipiens se hace necesario” C.S.J., Cas. Civil, exp. 7467, oct.
23/2023, M.P. Silvio F. Trejos. En consecuencia, esa Corporación ha manifestado que es inoponible una
cesión del deudor sin autorización del acreedor: “en la hipótesis de fungir de cedente el propio deudor, campo
propio de la asunción de deudas, la situación es totalmente distinta, porque su salida de la relación sustancial
controvertida, cuando no sea legal o convencionalmente prohibida, debe supeditarse, como es apenas natural
entenderlo, a la voluntad del acreedor, so pena de inoponibilidad, a la postre, el mecanismo legal de
protección de sus intereses” C.S.J., Cas. Civil, sent. SC15339-2017, sep. 28/2017, M.P. Luis A. Tolosa.
131
La Beneficencia aportó —extemporáneamente— una certificación en la que se indica no había recibido
ningún pago por este concepto, Sin embargo, no puede conferir mérito probatorio a ese documento por no
haberse aportado en las oportunidades probatorias pertinentes.
132
“LA SUSCRITA DIRECTORA FINANCIERA (E) DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE -
CERTIFICA – Que en los registros contables de la Entidad, en las cuentas de orden aparece contabilizado el
valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
NUEVE PESOS CON 47/100 MCTE. ($996’129.609.47), que corresponde a los dineros que fueron retirados
fraudulentamente por vía electrónica el día 19 de noviembre del año dos mil siete (2.007). Para constancia
se firma en Santiago de Cali a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil nueve (2.009)” C1, fl. 59.
43
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la
cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha
dejado pasar sin darla o ejecutarla; y (iii) en los demás eventos, cuando el deudor ha
sido judicialmente reconvenido por el acreedor. En consecuencia, la existencia y
exigibilidad del débito son requisitos esenciales para que se configure la mora.
143. En este caso, el objeto del litigio no es tan simple como el incumplimiento del
establecimiento bancario en la obligación de restituir las sumas depositadas en
cuentas corrientes o de ahorro. Si fuera así, dado que preexiste la obligación
característica del depósito irregular de dinero, la mora se habría producido antes de la
emisión de la sentencia. Sin embargo, el proceso tiene por objeto definir una situación
jurídica subjetiva sobre la cual no existía certeza antes de la sentencia: quién debe
responder por la pérdida de fondos, considerando que no fueron ni el Banco ni la
Beneficencia ni sus dependientes los autores de la sustracción.
144.En otras palabras, lo que se debate de modo principal es quién debe asumir la
responsabilidad por la sustracción de fondos de la cuenta corriente de la entidad
estatal. Esto implicó la necesidad de adelantar un juicio para establecer las
condiciones que rodearon el evento, descartar la culpa exclusiva del cuentahabiente
en la producción del daño y analizar los deberes de conducta que le asisten al
establecimiento bancario. Dado que la sentencia judicial es la que define quién debe
responder y, por tanto, es la fuente inmediata de la obligación, no resulta procedente
ordenar el pago de intereses de mora sobre el cumplimiento de una obligación que
solo surge con esta decisión.
145.Sin perjuicio de lo anterior, el valor pendiente de pago ($976’529.609) se
actualizará desde noviembre de 2007, fecha de comisión del fraude que también tuvo
en cuenta el Tribunal para el efecto.
Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final mayo 2025 / IPC noviembre de 2007)].
Esta operación arroja una suma de dos mil doscientos setenta y dos millones
setecientos sesenta y seis mil trescientos veintitrés pesos ($2.272’766.323), que se
explica así: (Valor actualizado) = [$976’529.609 * (150,14: IPC final / 64,51: IPC
inicial)].
Costas
146.En ausencia de prueba sobre temeridad o mala fe en la actuación procesal de las
partes, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998133.
133
La demanda se presentó el 6 de noviembre de 2009. La Ley 1437 de 2011 solo se aplica a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Por lo tanto, este proceso se rige por
el CCA.
44
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por lo cual su parte resolutiva será la siguiente:
“PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones ‘culpa exclusiva del usuario del
servicio electrónico’, ‘clave y nombre están bajo el cuidado del cuentacorrentista – contrato
no cumplido’ y ‘contrato cumplido’, formuladas por el Banco de Occidente S.A.
SEGUNDO. DECLARAR contractualmente responsable al Banco de Occidente S.A. por el
incumplimiento del contrato de cuenta corriente No. 001-13373-5, del contrato de cuenta
de ahorro No. 001-89000-3 y del contrato adicional de servicio Occired No. 0012677,
suscritos entre la beneficencia del Valle del Cauca y dicha entidad financiera.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Banco de
Occidente S.A. al pago de una suma de dinero equivalente a dos mil doscientos setenta y
dos millones setecientos sesenta y seis mil trescientos veintitrés pesos ($2.272’766.323) a
favor de la Beneficencia del Valle del Cauca.
CUARTO. SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO. ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el presente proceso en el
sistema de justicia Siglo XXI.
SEXTO. LIQUIDAR los gastos del proceso conforme se ordenó en el auto admisorio de la
demanda y previa solicitud, DEVOLVER si existieren, los remanentes a la parte
demandante.
SÉPTIMO. En el evento que la presente providencia no sea objeto de recurso de apelación
DESE trámite al grado jurisdiccional de consulta, conforme a lo estipulado por el artículo
184 del C.C.A”.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
45
Radicación: 76001233100020090103001 (57.457)
Actor: Beneficencia del Valle del Cauca
Demandado: Banco de Occidente S.A.
Referencia: Acción contractual
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
46
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.