Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00466-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00466-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2010-00466-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
14 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Actor: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Proceso: Acción contractual
COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Apelación de ambas partes. PACTO ARBITRAL-Negocio jurídico.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY-Criterios. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-Criterios.
INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA-El pacto arbitral es un negocio jurídico que debe
interpretarse según las reglas de interpretación de los contratos. INTENCIÓN DE LAS PARTES DE UN
CONTRATO-Prevalece sobre la voluntad declarada, artículo 1618 del CC. INTERPRETACIÓN DEL EFECTO
ÚTIL DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES-Se debe interpretar en el sentido que produzca efectos,
artículo 1620 del CC. NULIDAD DEL CONTRATO-No afecta la validez de la cláusula compromisoria.
KOMPETENZ-KOMPETENZ-Permite que los árbitros decidan sobre la existencia y validez de la cláusula
compromisoria. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL-Plazo razonable. COSTAS EN CCA-
Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
partes, contra la sentencia del 15 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. La decisión fue la siguiente:
PRIMERO. ANÚLANSE la expresión “…El Tribunal estará constituido por tres
(3) árbitros designado uno por cada una de las PARTES y el tercero por estos
dos. Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la designación de los
Árbitros por cada una de las PARTES, éstos no han designado el tercer Árbitro,
lo hará la Cámara de Comercio de Bogotá…”, contenida en la Cláusula Décimo
Cuarta Numeral 14.2 de la Oferta Mercantil No. ESSAG-02-2008, por objeto
ilícito, de conformidad con lo anteriormente explicado.
SEGUNDO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda (f. 438 c.
p.pal).
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA y Mayagüez S.A. celebraron un
contrato para la compra de energía eléctrica de los excedentes de la generación
propia de Mayagüez S.A. Las partes acordaron que cualquier diferencia jurídica
Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
relacionada con la ejecución del contrato y con la existencia, validez, aplicación e
interpretación de la cláusula compromisoria sería resuelta por un tribunal arbitral,
constituido por tres árbitros, designado uno por cada una de las partes y el tercero
por estos dos. Mayagüez S.A. solicitó que se declarara la nulidad de dicha
cláusula, porque el nombramiento de árbitros solo es posible de común acuerdo.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 16 de abril de 20101, Mayagüez S.A., a través de apoderado judicial, formuló
acción contractual contra la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA. La
demandante formuló las siguientes pretensiones declarativas:
Primera: Que se declare la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula
compromisoria contenida en la Cláusula 14.2 de la oferta mercantil aceptada
ESSAG-02-2008.
Subsidiaria a la primera: Que se declare la nulidad absoluta por objeto ilícito del
aparte “El Tribunal estará constituido por tres (3) Árbitros designado uno por cada
una de las PARTES y el tercero por estos dos. Si dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la designación de los Árbitros por cada una de las PARTES,
éstos no han designado al tercer Árbitro, lo hará la Cámara de Comercio de
Bogotá” de la cláusula compromisoria contenida en la Cláusula 14.2 de la oferta
mercantil aceptada ESSAG-02-2008.
Segunda: Que se condene en costas del proceso a la ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P.-ESSA. E.S.P. (f. 56 c. 1).
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que la Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P.-ESSA (en adelante ESSA-E.S.P.) dirigió a la sociedad
Mayagüez S.A. la oferta mercantil n°. ESSAG-02-2008. La oferta tenía por objeto
la compra de energía eléctrica de los excedentes de la generación propia de
Mayagüez S.A. Su vigencia se estableció por un término de seis años, es decir,
desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2015. Señaló que el 5 de
diciembre de 2008, Mayagüez S.A., mediante comunicación escrita, aceptó
íntegramente la oferta mercantil n°. ESSAG-02-2008.
Indicó que las partes pactaron cláusula compromisoria para que todas las
diferencias jurídicas relacionadas con la celebración, interpretación, validez,
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Según da cuenta el sello de radicación (f. 62 c.1).
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
ejecución, terminación y liquidación del contrato, salvo los cobros ejecutivos,
fueran resueltas por un tribunal arbitral con sede en Bogotá. Por ese mismo medio
se decidirían las diferencias respecto a la existencia, validez, aplicación e
interpretación de dicha cláusula compromisoria.
Explicó que, de conformidad con la referida cláusula, el tribunal estaría compuesto
por tres árbitros «designados uno por cada una de las partes y el tercero por estos
dos». Si dentro de los quince días hábiles siguientes a la designación de los
árbitros por cada una de las partes, estos no hubieran designado el tercer árbitro,
lo haría la Cámara de Comercio de Bogotá.
Sostuvo que las partes de común acuerdo deben nombrar y determinar el número
de árbitros, o deben delegar tal labor en un tercero, total o parcialmente. Pidió la
nulidad del pacto arbitral contenido en la cláusula 14.2 de la oferta mercantil n°.
ESSAG-02-2008 al considerar que la habilitación contractual para que cada una
de las partes nombre un árbitro es contraria al artículo 118 de la Ley 446 de 1998,
que prohíbe el «árbitro parte».
Agregó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para
conocer de este asunto y no la justicia arbitral, por cuanto la nulidad absoluta
proveniente de objeto o causa ilícitos es un asunto de orden público, de manera
que no puede someterse al conocimiento de los árbitros.
Contestación de la demanda
El 23 de agosto de 2011 (fls. 235-270 c. 1), ESSA-E.S.P., al contestar la demanda,
se opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones: i) «nadie puede
alegar su propia culpa en su beneficio»; ii) «falta de competencia por cláusula
compromisoria» y iii) «falta de agotamiento del requisito de procedibilidad».
Esgrimió que Mayagüez S.A. no puede alegar su propia culpa en su beneficio,
toda vez que la redacción de la cláusula compromisoria no fue una actividad
exclusiva de la entidad, por el contrario, el contratista, al aceptar en todas sus
partes la oferta mercantil n°. ESSAG 02-2008, resolvió reproducir y hacer suya la
cláusula que ahora reclama como nula.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
Sostuvo que el juez institucional no es el competente para resolver las
pretensiones de la demanda, porque, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
446 de 1998, corresponde al tribunal arbitral resolver sobre su propia
competencia. Lo anterior conduce necesariamente a concluir que la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo no es la llamada a declarar la nulidad absoluta
de la cláusula arbitral, más aún si se tiene en cuenta el principio de Kompetenz-
Kompetenz, según el cual, los árbitros son los jueces a prevención para conocer
sobre la validez de la cláusula compromisoria.
Señaló que la fórmula de selección de los árbitros es un asunto transigible, razón
por la cual se debió agotar el trámite de conciliación prejudicial. Asimismo, afirmó
que el vicio en la fórmula de designación de los árbitros conlleva a la nulidad
parcial de la cláusula compromisoria, pero no la afecta en su integridad, toda vez
que no es un elemento de la esencia de este tipo de cláusulas.
Agregó que en el curso de un trámite arbitral convocado por ESSA-E.S.P. contra
Mayagüez S.A., para resolver las diferencias relacionados con la oferta mercantil
n°. ESSAG 02-2008, se intentó en tres oportunidades distintas el nombramiento de
los árbitros, pero las partes no se pusieron de acuerdo para modificar la cláusula
compromisoria en lo pertinente a la forma de designación del tribunal arbitral y, por
ello, no fue posible continuar con el trámite.
Finalmente, sostuvo que si Mayagüez S.A. consideraba que la cláusula
compromisoria era nula debió ponerlo de presente desde el momento de la
celebración del contrato.
Fundamentos de la providencia recurrida
El 15 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones (fls. 428-438 c. p.pal.), al estimar que la
designación de los árbitros solamente puede hacerse de común acuerdo entre las
partes o a través de la delegación de dicha labor a un tercero, razón por la cual no
era procedente que cada una de las partes nombrara su propio árbitro.
Consideró que el artículo 118.7 de la Ley 446 de 1998 –vigente al momento de
celebración del contrato– estableció que son las partes quienes en forma conjunta
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
deben nombrar a los árbitros, de modo que una parte de la cláusula 14.2 de la
oferta mercantil n°. ESSAG 02-2008 «viola» una norma imperativa.
Señaló que el artículo 116 de la Constitución Política prevé que los particulares
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en los
términos que determine la ley y no en los términos que cada una de las partes
hayan pactado. Asimismo, indicó que la postura de esta Corporación en casos
similares ha sido la de sostener que la nulidad de la cláusula compromisoria es
parcial, porque la ilegalidad solo se predica de la posibilidad que se adjudicó a
cada parte de nombrar su árbitro.
Frente a las excepciones de «falta de competencia» y «falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad», el Tribunal se remitió a las consideraciones del auto
del 30 de mayo de 2011 (fls. 192-201 c. 1), que resolvió el recurso de reposición
contra el auto admisorio de la demanda, en el que consideró que la ley estableció
un límite material al arbitraje consistente en que los puntos sometidos a este
mecanismo de solución de controversias deben ser susceptibles de transacción.
De ahí, entonces, que el juez institucional sea el competente para conocer de la
nulidad absoluta derivada de objeto o causa ilícitos, toda vez que se trata de un
asunto de orden público, que impide que las partes puedan disponer de él y, por
tanto, someterlo al conocimiento de los árbitros.
Recurso de apelación
Las partes interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el 7 de
mayo de 2014 (fls. 473-475 c. p.pal.).
Mayagüez S.A. esgrimió que el Tribunal, en la sentencia de primera instancia,
debió declarar «la nulidad total» de la cláusula compromisoria y no únicamente de
la parte relativa a la designación de los árbitros. Sostuvo que el pacto arbitral es
indivisible y, por ello, no es posible declarar la nulidad parcial de la cláusula.
Agregó que tampoco es correcto aplicar las normas supletivas para el
nombramiento de los árbitros, en tanto esto solo procede en aquellos casos en los
que las partes guardan silencio.
Por su parte, ESSA-E.S.P. insistió en la excepción de cláusula compromisoria y
reiteró que esta jurisdicción no es la competente para resolver las pretensiones de
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
la demanda, porque es al tribunal arbitral a quien corresponde preliminarmente
resolver si el pacto es nulo, al definir su competencia. Adujo que la excepción de
cláusula compromisoria se formuló como una excepción de fondo, por lo cual
debió ser resuelta en la sentencia, en los términos del artículo 164 del CCA.
Agregó que la jurisprudencia reconoció que los árbitros pueden conocer y decidir
cualquier causal de nulidad que se invoque. Asimismo, ratificó que se debió agotar
el trámite de conciliación prejudicial, en tanto resulta evidente que la forma de
designación de los árbitros es un asunto transigible.
Trámite de segunda instancia
El 6 de agosto de 2014, el Despacho admitió los recursos de apelación (f. 492 c.
p.pal.) y, el 4 de septiembre siguiente (f. 494 c. p.pal.), se corrió traslado para
alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El
Ministerio Público estimó que se configuró una nulidad procesal por falta de
jurisdicción y competencia, toda vez que las partes acordaron someter sus
diferencias a un tribunal arbitral y, por ello, no es la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la llamada a conocer los problemas derivados del pacto arbitral.
Precisó que la parte demandada insistió en la excepción de cláusula
compromisoria desde la contestación de la demanda y a lo largo de todo el
proceso. Agregó que la competencia del juez institucional surge con ocasión del
recurso extraordinario de anulación y no de manera previa (fls. 518-529 c. p.pal.).
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 16 de abril de 2010, el régimen aplicable es el
Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266
del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los
recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones
en curso, se regirán por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su
parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012–
prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la
vigencia de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del
CCA, en los aspectos no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil –
en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.
Las partes pactaron cláusula compromisoria en la cláusula decimocuarta (numeral
segundo) de la oferta mercantil n°. ESSAG-02-2008 (f. 14 c. 1). Mayagüez S.A.
presentó la demanda, ESSA-E.S.P. compareció al proceso y propuso la excepción
de falta de competencia, por existir cláusula compromisoria entre las partes (fls.
235-270 c. 1). También presentó recurso de reposición y en subsidio apelación
contra el auto admisorio de la demanda (fls. 93-115 c. 1) y alegó una nulidad
procesal, por ese mismo motivo (f. 269 c. 1).
El 30 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca confirmó el
auto admisorio de la demanda y rechazó por improcedente el recurso de apelación
(fls. 192-201 c. 1), al considerar que la nulidad absoluta proveniente de objeto o
causa ilícitos, que es lo que se pretende con la demanda frente a la legalidad de la
cláusula compromisoria, es un asunto de orden público, que impide que las partes
puedan disponer de él, por cuanto no es transigible, de manera que no es una
materia que pueda someterse al examen y decisión de los árbitros.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal se remitió a las consideraciones
de la providencia del 30 de mayo de 2011 –que resolvió el recurso de reposición
contra el auto admisorio de la demanda– para desestimar la excepción de cláusula
compromisoria (fls. 428-438 c. p.pal.). ESSA-E.S.P., en el recurso de apelación,
reiteró que esta jurisdicción no es competente para conocer de este asunto e
insistió en la excepción de cláusula compromisoria. Asimismo, esgrimió que el
Tribunal, en la sentencia de primera instancia, omitió resolver la excepción
formulada (fls. 448-463 c. p.pal.).
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
En tal sentido, conforme al artículo 164 del CCA que prescribe que la sentencia
debe decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso, corresponde a la
Sala determinar si está probada la excepción de cláusula compromisoria, toda vez
que, además de ser un asunto intrínsecamente relacionado con un presupuesto
procesal de la acción, fue uno de los aspectos discutidos en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia (art. 305 del CPC –hoy art. 281
del CGP–, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA)2.
3. En la cláusula decimocuarta (numeral segundo) de la oferta mercantil n°.
ESSAG-02-2008 para la compra de energía eléctrica de los excedentes de la
generación propia de Mayagüez S.A., al pactar la cláusula compromisoria, las
partes acordaron que:
14.2. Diferencias jurídicas: Todas las discrepancias de carácter jurídico que surjan
entre EL OFERENTE Y Mayagüez S.A. con respecto a la celebración,
interpretación, validez, ejecución, terminación y liquidación del negocio jurídico
originado en la presente oferta y su respectiva orden de venta o que se origine en
el mismo excepto los cobros ejecutivos, serán resueltas por un Tribunal de
Arbitramento que se reunirá en Bogotá y que decidirá en derecho. Por este mismo
medio también se decidirán las diferencias respecto a la existencia, validez,
aplicación e interpretación de esta cláusula compromisoria. El Tribunal estará
constituido por tres (3) Árbitros designado uno por cada una de las PARTES
y el tercero por estos dos. Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la designación de los Árbitros por cada una de las PARTES, éstos no han
designado el tercer Árbitro, lo hará la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal
operará de acuerdo a la legislación arbitral colombiana y funcionará en el Centro
de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las tarifas
de gastos y honorarios se regirán por el reglamento de este Centro y su
cancelación se hará por las partes de acuerdo a lo dispuesto por la ley colombiana
y a lo determinado en el laudo correspondiente. (f. 14 c. 1).
4. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y su fuerza
obligatoria solo desaparece por mutuo disenso o por causas legales (artículo 1602
del CC). Además, debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a
lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación o que, por ley, pertenecen a ella (artículos 1603 del CC
y 871 del C.Co).
Según el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998 (hoy artículo 3 de la Ley 1563 de
2012), el pacto arbitral es un negocio jurídico con fundamento en el cual las partes
2
Esta Corporación ha declarado probada la excepción de cláusula compromisoria en la sentencia en aquellos
casos en los que se trata de un asunto discutido en el recurso de apelación. Ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, rad. nº. 28507 [fundamento jurídico 1]. El juez
de segunda instancia está habilitado para declarar probada la excepción de cláusula compromisoria en la
sentencia con fundamento en el artículo 164 del CCA.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
se someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o
puedan surgir entre ellas. Esta norma reconoce expresamente que el pacto
arbitral, expresado mediante la fórmula de cláusula compromisoria o de
compromiso, implica la renuncia de las partes a acudir a los jueces estatales. En
su lugar, habilita a la justicia arbitral con el propósito de que sea esta la que
conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual.
Como resultado de un acuerdo de voluntades, la cláusula compromisoria debe
interpretarse según las reglas específicas de los contratos (artículos 1618 a 1624
del Código Civil) y no de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la
ley (artículos 25 a 32 del Código Civil, artículo 5 de la Ley 57 de 1887 y artículos 1
a 49 de la Ley 153 de 1887).
5. Se aprecia en la cláusula compromisoria de la oferta mercantil n°. ESSAG-02-
2008 la intención inequívoca de las partes de sustraerse de la jurisdicción
institucional para resolver los conflictos derivados de la ejecución del contrato y los
relativos a «la existencia, validez, aplicación e interpretación» de la misma
cláusula compromisoria.
Cuando las partes dispusieron que someterían a arbitraje aquellas diferencias o
discrepancias de carácter jurídico que no hubieran podido solucionar «de manera
directa» (cláusula 14.13), reconocieron que, en primer lugar, como es natural,
intentarían llegar a un arreglo mutuo y que en caso de no lograrlo acudirían a la
decisión de un tercero –árbitro– para su solución. La intención de las partes, que
aparece exteriorizada en esa cláusula, fue acordar que, ante una controversia,
acudirían al arbitraje y renunciarían a la justicia institucional como mecanismo para
resolverla.
En efecto, las partes no pactaron la libertad o la facultad de elegir el juez al que
acudirían, ante la posibilidad de un conflicto, sino que previeron y se obligaron a
acudir al arbitraje para resolver sus controversias contractuales. Al punto que
3
14.1. Solución directa de controversias: La parte que considere que existe un desacuerdo notificará de este
a la otra parte (…) con el fin de que dentro de los diez (10) días comunes siguientes al recibo de la
notificación, las partes se reúnan para resolver por vía directa, y dentro de un plazo de diez (10) días hábiles,
el desacuerdo en cuestión (…) surtido el trámite anterior, cualquiera de las PARTES podrá acudir dentro de
los veinte (20) días hábiles siguientes a los mecanismos de solución de controversias previstos en los
numerales siguientes de esta cláusula, si vencido este plazo la parte en desacuerdo no acude al Tribunal, o al
mecanismo previsto para las controversias contables y técnicas, se entenderá que desiste del mismo (…) (fls.
13 y 14 c. 1).
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
acordaron en la cláusula compromisoria que las controversias sometidas a
arbitraje serían aquellas surgidas dentro de la ejecución, terminación y liquidación
del negocio jurídico, así como las que surgieran en relación con la existencia,
validez, aplicación e interpretación de la cláusula compromisoria.
De manera que, cuando las partes acordaron una cláusula compromisoria tuvieron
la intención de sustraerse de la justicia institucional y someterse a la decisión de
los árbitros para definir la controversia (art. 1618 del CC), interpretación que da
eficacia a la estipulación pactada (artículo 1620 del CC). Esta interpretación,
entonces, implica favorecer los efectos de la cláusula compromisoria y reconoce la
intención de las partes de sustraer la controversia de la justicia institucional.
Con esta perspectiva y para resolver los argumentos de la apelación, la Sala se
referirá a los siguientes aspectos: i) la noción, evolución y naturaleza del concepto
de «arbitrabilidad» en el arbitraje nacional y, a partir de ello, ii) la facultad de los
árbitros para conocer y decidir sobre la nulidad de la cláusula compromisoria y a
los conceptos de iii) autonomía de la cláusula compromisoria y iv) Kompetenz-
Kompetenz, así como su relevancia en el caso concreto.
Evolución normativa del concepto de «arbitrabilidad» en el arbitraje nacional
6. Uno de los «principios» fundamentales de este mecanismo alternativo de
solución de conflictos es que las cuestiones que las partes someten a los árbitros
deben ser susceptibles de arbitraje. Este concepto, conocido como
«arbitrabilidad»4, está relacionado con la disponibilidad de los derechos en
disputa. La capacidad de disposición de un derecho es lo que lo hace susceptible
de transacción y renuncia. Si una persona puede disponer de un derecho, es
lógico que también pueda someterlo a la decisión de un tercero, aunque no sea un
juez institucional.
4
En el contexto del arbitraje internacional, la doctrina especializada sostiene que «(…) para que un acuerdo
arbitral sea efectivo, debe ser el resultado del consentimiento válido de las partes. Sin embargo, también debe
ser lícito. Esto quiere decir, en primer lugar, que el acuerdo debe referirse a un asunto de fondo que sea
susceptible de ser resuelto mediante arbitraje y, segundo, que el acuerdo debe haber sido celebrado por
partes con capacidad de someter sus disputas a arbitramento. Estas consideraciones se agrupan bajo la
categoría de arbitrabilidad, y se fundan en la protección del interés general. Lo anterior en oposición al
requisito de validez del consentimiento, que busca proteger los intereses privados de las partes al acuerdo
arbitral (…)» (traducción libre). Emmanuel Gaillard y John Savage (eds.): Fouchard Gaillard Goldman On
International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00466-01 (51.679)
Demandante: Mayagüez S.A.
Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.-ESSA
Asunto: Acción contractual
Aunque el arbitraje tiene antecedentes más remotos en la historia de Colombia5, la
Ley 105 de 1890, en los artículos 307 a 322, reguló el juicio por arbitramento como
un mecanismo al que podían acudir las «personas capaces de transigir» antes o
después de la iniciación del pleito. Posteriormente, la Ley 103 de 1923 y la Ley
105 de 1931 (antiguo Código de Procedimiento Civil) regularon el arbitraje en
términos similares a los de la Ley 105 de 1890 (título XLVII, artículos 1214 y ss.).
A su turno, el artículo 12 de la Ley 28 de 1931 autorizó a las Cámaras de
Comercio para «servir de tribunales del comercio para resolver como árbitro o
amigable componedor las diferencias que ocurran entre comerciantes».
En 1970 se expidió el Decreto 1400, Código de Procedimiento Civil vigente para la
época del contrato, el cual contenía una regulación sobre arbitraje que fue
reproducida por el Decreto 410 de 1971, actual Código de Comercio. A través de
estos códigos, se reguló en extenso el arbitraje y se estableció el recurso de
anulación contra laudos arbitrales, como un mecanismo de control judicial.
La Constitución de 1991 se ocupó de la institución arbitral, al señalar en el artículo
116 que «los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley».
En desarrollo de esta norma constitucional, el numeral 3º del artículo 13 de la Ley
270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia-LEAJ) dispuso –antes
de la modificación introducida por la Ley 1285 de 2009– que:
Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política: 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por
las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los
procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales
de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los
particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán
proferir sus fallos en derecho o en equidad. (Negrillas por fuera del texto).
5
En nuestra legislación las referencias al arbitraje son remotas, llegando incluso a mencionarse en los inicios
de la República como método de solución de conflictos. En efecto, el artículo 111 de la Ley 1ª del 14 de
octubre de 1821, sobre organización de los tribunales y juzgados, disponía que «no se podrá entablar pleito
alguno escrito en los negocios civiles, o por injurias, sin que se haga constar que se ha instaurado el medio de
la conciliación o arbitramento». Así mismo, en la redacción original de los artículos 2652 y 2661 del Código
Civil de 1873 se hizo referencia expresa a que las decisiones de los árbitros estarían sujetas a registro.
11
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Asunto: Acción contractual
El contenido de este artículo fue incorporado en el artículo 111 de la Ley 446 de
1998, que abordó el tema del arbitraje, de la siguiente manera:
El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un
conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el
cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia,
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. (Negrillas por fuera del texto).
El artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 compiló esta norma (art. 111 de la Ley
446 de 1998) para señalar –nuevamente– que el arbitraje únicamente podría
aplicarse para solucionar conflictos de carácter «transigible». Por ello, para ese
momento, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que surgieran
de la voluntad de las partes y cuyas decisiones tienen efectos de cosa juzgada,
como el arbitraje, estaban limitados al conocimiento de asuntos susceptibles de
transacción.
Sin embargo, con la reforma introducida en el año 2009, se eliminó la referencia
que traía la norma original (numeral 3º del artículo 13 de la Ley 270 de 1996),
según la cual, la competencia de los árbitros se limitaba a los asuntos
«susceptibles de transacción». En efecto, el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009,
que modificó el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estableció que «Ejercen función
jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política: (…) Los
particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en
los términos que señale la ley (…)»6.
Finalmente, fue proferida la Ley 1563 de 2012, que en su primer artículo definió la
«arbitrabilidad» –en el ámbito del arbitraje nacional– de la siguiente manera: «El
arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual
las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de
libre disposición o aquellos que la ley autorice» (negrillas por fuera del texto).
Nótese, entonces, que con la promulgación del actual estatuto arbitral se fijaron
dos límites al concepto de arbitrabilidad en el contexto del arbitraje nacional: i) los
árbitros solo pueden conocer conflictos relativos a asuntos de «libre disposición» y
6
La Corte Constitucional, en sentencia C-014 de 2010, señaló: «El que los asuntos susceptibles de
transacción sean los únicos que pueden someterse a la justicia arbitral es tema que le compete al legislador
determinar. Este puede decidir que ello sea así, o decidir que tal criterio desaparezca del ordenamiento
jurídico como delimitador de la competencia de la justicia arbitral, tal y como lo hizo en la Ley 1285 de 2009,
avalada en este punto por la Corte Constitucional. Y lo puede hacer de dos maneras: de forma general y
abstracta, como lo hizo en el artículo 6º de dicha Ley, o en casos puntuales, definiendo que un determinado
asunto es o no transigible» [fundamento jurídico 3.4.1].
12
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Asunto: Acción contractual
ii) el conocimiento de un asunto por parte de los árbitros puede estar autorizado
directamente por una ley.
No puede pasarse por alto la diferencia en la redacción del artículo 111 de la Ley
446 de 1998 arriba mencionada, que limitaba la competencia de los árbitros a la
resolución de conflictos de carácter «transigible», de aquella utilizada en la Ley
1563 de 2012 (arts. 1 y 40) que trae la expresión, como restricción a la
competencia arbitral, asuntos de «libre disposición».
Al consultar la historia fidedigna de la Ley 1563 de 2012, se encuentra que la
intención del legislador fue ampliar los asuntos que podrían llevarse al arbitraje,
«al someter a la decisión de los árbitros no solo aquellos asuntos que por su
naturaleza sean transigibles, sino también los que por ley se defina que puedan
ser dirimidos por el arbitraje, sean o no de carácter transigible»7. Pareciera,
entonces, ser más amplia y flexible esta última disposición («asuntos de libre
disposición») y se distancia un tanto de las estrictas disposiciones aplicables a la
transacción.
7. Dado que el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 –vigente cuando se perfeccionó
la oferta mercantil nº. ESSAG-02-2008– limitó el conocimiento de los árbitros a
aquellas materias «susceptibles de transacción», es conveniente hacer algunas
precisiones sobre este concepto. Además, para efectos de la existencia, validez,
aplicación e interpretación de la cláusula compromisoria, esta normativa (Ley 446
de 1998 y Decreto 1818 de 1998) es la aplicable, según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 153 de 1887.
Los asuntos «transigibles» y la nulidad absoluta de los contratos por objeto
o causa ilícitos
8. En el derecho comparado la mayoría de las legislaciones sobre arbitraje
definieron el ámbito de lo «arbitrable» refiriéndose a conceptos del derecho
común8 y, como acaba de verse, esto también sucedió en el derecho colombiano.
7
Informe de ponencia segundo (cuarto) debate proyecto de Ley 176 de 2011, Cámara de Representantes, 18
de 2011 y Senado de la República, Gaceta 321 de 2012.
8
A manera de ejemplo, pueden consultarse (algunas ya derogadas o modificadas): i) ley alemana de arbitraje
(Ley de 1998 que modificó el Código Procesal Civil; art. 1030.1); ii) ley boliviana de arbitraje de 1997 (art. 3);
iii) ley brasileña de arbitraje de 1996 (art. 1); iv) ley de arbitraje de la República Popular China de 1995 (art. 2);
v) ley de arbitraje de Costa Rica de 1998 (art. 18); vi) ley española de arbitraje de 1988 (art. 1); vii) Código
Civil francés (art. 2059) y viii) Ley inglesa de arbitraje de 1996 (art. 1.b), entre otras.
13
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La doctrina especializada ha explicado –en el contexto del arbitraje nacional– que
el concepto de «arbitrabilidad» –hasta antes de la expedición de la ley 1285 de
2009– se limitaba a los asuntos transigibles9. Así mismo, serían transigibles
aquellos derechos sobre los cuales su titular goza de la libre disposición10. Por lo
mismo, el concepto de «transigibilidad» –para el momento en que se celebró la
cláusula arbitral– suponía un límite al conocimiento de los árbitros.
La transacción es definida en el artículo 2469 del CC como «un contrato en que
las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio
eventual». La función principal de la transacción es la de resolver las controversias
reales y potenciales entre las partes. Consiste en un instrumento jurídico que
permite resolver una controversia actual o futura sin necesidad de recurrir a la
autoridad jurisdiccional11. Para que opere la transacción es necesario: «i) que haya
un derecho dudoso o una relación jurídica incierta; ii) que las partes tengan la
voluntad de modificar esa relación incierta, por una cierta y firme y iii) que las
partes hagan concesiones recíprocas»12.
Es por ello que desde la doctrina se ha indicado, frente al primer elemento de la
transacción, que «[u]n derecho dudoso y la certeza que las partes tienen de poder
balancear y arreglar sus intereses, son los caracteres que distinguen y que
constituyen la naturaleza de este contrato. Mejor es decir que son la esencia de la
transacción, pues si el derecho estuviera seguro, no habría motivo jurídico para
transigir, la transacción no tendría objeto; de donde se sigue que estaría fuera de
lugar, y en consecuencia resultaría inexistente».13 También señala la doctrina que
la certeza de un posible conflicto debe analizarse desde el punto de vista
subjetivo, esto es, a partir de la mera duda de alguna de las partes de que el
objeto de la transacción puede llegar a convertirse en una disputa14.
9. Las disposiciones que regulan el contrato de transacción establecen las
materias que no pueden ser objeto de este tipo de acuerdos jurídicos. Así, el
9
Bejarano Guzmán, Procesos declarativos, ejecutivos y arbitrales, Temis, quinta edición, 2011, p. 460.
10
Silva Romero, Eduardo, El arbitraje examinado a la luz del derecho de las obligaciones, en Silva Romero
Eduardo (editor) y Mantilla Espinosa, Fabricio (coordinador), El contrato de arbitraje, Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario y Legis, 2005, p. 23.
11
Rozo Sordini, Paolo E. (2011). La novación objetiva y la transacción en el código Civil Italiano. En Revista
de Derecho Privado No. 20. Bogotá: Revistas Universidad Externado de Colombia. pp. 131-144
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de abril de 2023, rad. nº. 67563 [fundamento Jurídico 3].
13
Laurent, François. (1920). Principios de Derecho Civil, Segunda Edición. Habana: Editorial Juan Buxó. p.
348.
14
Rojina Villegas, Rafael. (2001). Compendio de Derecho Civil IV. Contratos. Vigésima Séptima edición.
México: Editoriales Porrúa. pp. 36-42.
14
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artículo 2472 del Código Civil establece que no se puede transigir sobre una
acción penal, pero sí sobre la acción civil derivada de un delito. El artículo 2473
prohíbe transigir sobre el estado civil de las personas. El artículo 2474 establece
limitaciones y requisitos para las transacciones sobre alimentos futuros que se
deban por ley. Además, el artículo 2475 invalida las transacciones sobre derechos
ajenos o inexistentes, lo que concuerda con el artículo 2470, que dispone que solo
puede transigir quien tenga capacidad de disponer de los objetos comprendidos
en la transacción.
Sobre este último punto, se suele repetir que la eventual nulidad de una
estipulación por objeto o causa ilícitos no puede someterse a arbitraje, ya que no
es una materia disponible para las partes. Sin embargo, valga precisar que el
artículo 2470 del Código Civil se refiere a la disposición de objetos, por lo que
requiere que la parte sea titular de los mismos y esté legalmente habilitada para
enajenarlos (arts. 1503 y 1504 del CC). Con lo cual no existe una verdadera
prohibición para que las partes puedan disponer de los mismos ni siquiera cuando
sobre ellos recaiga una nulidad por objeto o causa ilícitos.
Es importante observar que las normas que establecen los límites a la transacción
o que definen las materias que pueden someterse a este tipo de actos jurídicos no
prevén en ningún caso que las disputas relativas a la nulidad de los contratos
estén excluidas del ámbito de la transacción. Por el contrario, el legislador
estableció disposiciones que indican que los árbitros, al igual que los jueces
institucionales, pueden conocer de las nulidades de los negocios jurídicos,
inclusive aquellas generadas por objeto o causa ilícitos.
El artículo 20 del Decreto 2651 de 1991 –que inicialmente fue una norma
transitoria de descongestión judicial y que se convirtió en legislación permanente
con el artículo 162 de la Ley 446 de 199815–, ordenaba aplicar el inciso 3º del
artículo 306 del CPC en el laudo arbitral. A su vez, el referido numeral (3º del
artículo 306 del CPC) establecía que «cuando se proponga la excepción de
nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la
relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la
sentencia sobre tales figuras (…)». Como se puede ver, las normas transcritas
15
El artículo 162 de la Ley 446 de 1998 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
15
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otorgaron a los árbitros la facultad específica de decidir y examinar toda clase de
nulidades, sin ninguna excepción.
10. En la misma línea, la jurisprudencia se ha ocupado de las características del
arbitraje y, en particular, del concepto de «arbitrabilidad». Con fundamento en
argumentos como los aquí expuestos, sentencias judiciales, decisiones arbitrales,
y numerosa doctrina nacional ratificaron la competencia de los tribunales arbitrales
para conocer y decidir sobre nulidades absolutas por objeto o causa ilícitos, al
abordar el tema de la «transigibilidad».
La jurisprudencia constitucional ha definido claramente que el arbitramento tiene
límites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden someter a
la decisión de los árbitros. En términos generales, únicamente se pueden sujetar a
este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza «transigible», que pueden
ser objeto de libre disposición, negociación o renuncia por las partes en conflicto y,
en consecuencia, se incluyen dentro de la órbita de su voluntad16. Así, en
sentencia C-294 de 199517, al analizar el contenido del artículo 116 de la
Constitución, la Corte Constitucional reiteró la tendencia de la legislación nacional
sobre la materia y ratificó que la «arbitrabilidad» estaba condicionada a los
asuntos «susceptibles de transacción».
En esa misma dirección, esta Corporación ha indicado que el arbitraje constituye
un mecanismo que se deriva de la autorización constitucional y legal, que faculta a
las partes a diferir la solución de un conflicto a uno o varios particulares, investidos
transitoriamente de la función jurisdiccional (artículo 116 CN y artículo 115 del
Decreto 1818 de 1998 –hoy artículo 1 de Ley 1563 de 2012–)18.
16
Ver Corte Constitucional, sentencia C-431 de 1995 [fundamento jurídico 4.6]; sentencia C-242 de 1997
[fundamento jurídico 5]; sentencia C-098 de 2001 [fundamento jurídico 4] y sentencia SU-174 de 2007
[fundamento jurídico 3].
17
Corte Constitucional, sentencia C-294 de 1995 [fundamento jurídico 4]: «Lo dispuesto por los artículos 15 y
16 del Código Civil explica por qué el artículo 1º del decreto 2279 de 1989, establece: "Podrán someterse a
arbitramento las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir o
vinculadas con uno o varios fideicomisos mercantiles. El arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o
técnico". Esto excluye del pacto arbitral, que según el artículo 2º del mismo decreto comprende la cláusula
compromisoria y el compromiso, todas aquellas controversias que versen sobre cuestiones no susceptibles de
transacción, o entre incapaces. Conviene tener presente que, según el artículo 2470 del Código Civil "No
puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción". Y que, de
conformidad con el 2473 del mismo Código, "No se puede transigir sobre el estado civil de las personas"».
18
Sobre las características del arbitraje y el concepto de «arbitrabilidad», ver Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 8 de junio de 2006, rad. n°. 32398 [fundamento jurídico 2.1]. En similar sentido,
sentencia de 23 de febrero de 2000, rad. n°. 16394 [fundamento jurídico 3.2] y sentencia de 23 de agosto de
2001, rad. n°. 19090 [fundamento jurídico 3].
16
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Respecto de la facultad de los árbitros para pronunciarse sobre las nulidades
absolutas de los contratos, resulta relevante el tránsito jurisprudencial al interior de
esta Corporación. Inicialmente, el Consejo de Estado adoptó una posición
contraria, es decir, señaló que los árbitros no podían resolver sobre la nulidad o
legalidad del contrato, porque ello correspondía al juez del contrato19.
Posteriormente, con ocasión del artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 –
introducido por el artículo 111 la Ley 446 de 1998–, esta Sección cambió de
postura y reconoció que los árbitros podían pronunciarse sobre la nulidad de los
contratos20, criterio que desde entonces ha sido mayoritario.
En efecto, en cuanto a los límites de la justicia arbitral, esta Sección precisó que
«es posible concluir que el legislador estableció, por una parte, como regla
general, que pueden ser objeto de arbitramento los asuntos transigibles y, por
otra, como regla especial, que los tribunales de arbitramento pueden pronunciarse
sobre la validez y existencia de los contratos»21. Concluyó, entonces, que sería un
contrasentido establecer la autonomía de la cláusula compromisoria respecto de la
validez del contrato, si no se autoriza, al mismo tiempo, la posibilidad que tienen
los tribunales de arbitramento para decidir sobre ella. Al efecto, esta Sección se
pronunció de la siguiente manera:
Podría pensarse, en principio, que uno de los asuntos sobre los cuales carecen de
competencia los tribunales de arbitramento para pronunciarse, por tratarse de un
asunto no transigible, es la validez y existencia de los contratos; sin embargo, no
debe perderse de vista que, como se dijo, el Constituyente de 1991 prescribió que
"[l]os particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que
determine la ley".(Destaca la Sala).
Así las cosas, es necesario analizar la regulación que, sobre la materia específica,
existe.
(…) En desarrollo de la facultad mencionada, esto es, la de limitar la competencia
de los tribunales de arbitramento, el legislador estableció, en el art. 116 de la Ley
446 de 1998, lo siguiente (…)
La norma transcrita, de manera expresa, determinó algunas de las materias sobre
las cuales el legislador consideró que se podían pronunciar los Tribunales de
Arbitramento; en efecto, estableció que los tribunales de arbitramento pueden
conocer procesos en los cuales se debata la existencia y validez del contrato. Así,
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 1997, rad. nº. 12676 [fundamento jurídico 1]
con SV. El fundamento del auto es el siguiente: Si bien el contrato tiene cláusula compromisoria, su alcance
está bien definido, o sea para resolver las controversias que se susciten como consecuencia de las
obligaciones contenidas en el mismo; pero nunca para resolver sobre su legalidad o nulidad, porque este
aspecto es del conocimiento exclusivo del juez del contrato. No puede olvidarse que cuando los árbitros
actúan parten del supuesto de la validez del convenio que contiene la cláusula compromisoria (…). En tomo
copiador, mayo de 1997, pp. 399-406.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, rad. n°. 20356 [fundamento jurídico
c.3].
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 14 de agosto de 2003, rad. n°. 24344 [fundamento jurídico 1].
17
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Asunto: Acción contractual
la ley expresamente faculta a los árbitros para pronunciarse sobre las materias
mencionadas.
La disposición no admite inteligencia distinta; no solo porque sus términos son
absolutamente claros en el sentido de que "podrán someterse al procedimiento
arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del
contrato", sino porque sería un contrasentido consagrar la autonomía de la
cláusula compromisoria respecto de la validez del contrato, si no se autorizara, al
mismo tiempo, la posibilidad que tienen los tribunales de arbitramento para decidir
sobre ella.
(…) Luego, si es el legislador quien tiene la potestad para determinar cuáles son
las materias que pueden ser objeto de decisión arbitral, y es él quien, en el caso
de la validez de los contratos, decide impartir autorización a los tribunales de
arbitramento para que se pronuncien sobre su existencia y validez, no hay duda de
la competencia que ostentan sobre este aspecto concreto22.
11. Las decisiones arbitrales tampoco han sido ajenas a este asunto23 y, en
particular, como antecedente de la competencia de los árbitros resulta relevante la
decisión adoptada el 8 de noviembre de 2004 por un tribunal de arbitramento que
declaró la nulidad parcial de la cláusula compromisoria, por establecer una forma
«ilegal» de designar los árbitros. Al desatar el recurso interpuesto contra la
decisión de declarar la nulidad parcial de la cláusula compromisoria, los árbitros
confirmaron su decisión, para lo cual señalaron que:
El tribunal al asumir competencia provisional para los fines de su instalación,
queda investido de las facultades de juez con competencia para sanear cualquier
vicio que ab initio advierte la actuación. Sostener lo contrario conduciría al
equivocado camino de obligar al tribunal a que adoptara decisiones ilegales a
sabiendas de ello (…) sabido es que de acuerdo con el parágrafo del artículo
116 de la Ley 446 de 1998, los árbitros tienen facultad legal para
pronunciarse sobre la invalidez total o parcial de la cláusula compromisoria,
de manera independiente a la suerte que pueda correr el contrato que la contiene,
sin que la decisión adoptada merezca reproche alguno24.
En similar sentido, en laudo de 24 de septiembre de 2001, un tribunal arbitral
precisó que «la posibilidad de pronunciamiento del tribunal sobre esta materia
(nulidad absoluta) no se halla vedada con apoyo en el argumento de que la parte
final del antedicho artículo 1742 impide el saneamiento de la nulidad absoluta por
objeto o causa ilícitos, pues si bien ello es así, no significa que la controversia deje
de ser transigible y, por ende, no pueda someterse a arbitramento. Así, pues, el
concepto de posibilidad de transacción ha de analizarse en función de lo
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 14 de agosto de 2003, rad. n°. 24344 [fundamento jurídico 1].
23
Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitramento de Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
vs. Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P., laudo arbitral del 21 de octubre de 2004; Tribunal de
Arbitramento de Compañía de Servicios Funerarios vs. UCN Sociedad Fiduciaria S.A. y Daewoo Corporation,
laudo arbitral del 10 de abril de 2001 y Tribunal de Arbitramento de Arinco vs. Fondo Aeronáutico Nacional,
laudo arbitral del 17 de febrero de 1994.
24
Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitramento de Cursor Construcciones Ltda. en liquidación
vs. Gas Natural S.A., decisión del 8 de noviembre de 2004.
18
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Asunto: Acción contractual
comprendido por el objeto del pacto arbitral (arbitrabilidad) y no de las alegaciones
o defensas que se introduzcan con motivo de la controversia»25.
12. Por su parte, la doctrina26 ha explicado que «una reglamentación de orden
público no excluye, necesariamente, la arbitrabilidad de la materia, salvo norma
expresa en contrario (…) se pueden perfectamente someter al arbitraje asuntos
regulados por normas de orden público», dado que el juez, como el árbitro, es
«por disposición legal, el verdadero guardián del orden público»27.
13. A partir de este recuento normativo, y de la aceptación de su procedencia en
aquellos asuntos susceptibles de transacción o aquellos que la ley autorice, en
vigencia de la Ley 446 de 1998, se precisó el alcance del concepto de
«arbitrabilidad» teniendo en cuenta los parámetros señalados por la
jurisprudencia. Así las cosas, es viable aseverar que la facultad de los árbitros de
pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas con la eventual existencia de
nulidades, incluso por objeto o causa ilícitos, existe de tiempo atrás y no ha sido
derogada.
El artículo 20 del Decreto 2651 de 199128 ordenaba a los árbitros pronunciarse
sobre las nulidades planteadas ante ellos en los mismos términos que lo hacen los
jueces institucionales, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3º del artículo 306
del CPC29. Dicha facultad fue confirmada y precisada por el parágrafo del artículo
116 de la Ley 446 de 199830 y 14631 y 147.232 del Decreto 1818 de 1998 –vigentes
25
Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitramento de Fidubancoop vs. Compañía Urbanizadora
López y Suárez Ltda., laudo arbitral del 24 de septiembre de 2001.
26
Sobre la competencia de los árbitros para decidir nulidades absolutas ver: Palacio Jaramillo, María Teresa,
La competencia arbitral en materia de contratos estatales, en La práctica de litigio arbitral, Tomo II, Vol. I,
Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, pp. 254-257; Bejarano Guzmán, Ramiro, Procesos
declarativos, ejecutivos y arbitrales, quinta edición, Temis, Bogotá, 2011, p. 479 y Suescún Melo, Jorge, De
las facultades de los árbitros para interpretar y aplicar normas de orden público en Silva Romero Eduardo
(editor) y Mantilla Espinosa, Fabricio (coordinador), El contrato de arbitraje, Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario y Legis, 2005, p. 241.
27
Mantilla Espinosa, Fabricio, Los límites al consentimiento en el pacto arbitral, en Silva Romero Eduardo
(editor) y Mantilla Espinosa, Fabricio (coordinador), El contrato de arbitraje, Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario y Legis, 2005, p. 241.
28
ARTÍCULO 20. En el laudo se dará aplicación al inciso 3º., del artículo 306 del Código de Procedimiento
Civil.
29
ARTÍCULO 306. RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES. Cuando se proponga la excepción de nulidad o la
de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se
pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes
lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.
30
ARTÍCULO 116. CLÁUSULA COMPROMISORIA. PARÁGRAFO. La cláusula compromisoria es autónoma
con respecto de la existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán
cometerse <sic> al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del
contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente.
31
ARTÍCULO 146. Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la justicia ordinaria, el Tribunal
solicitará al respectivo despacho judicial, copia del expediente. Al aceptar su propia competencia, el Tribunal
informará, enviando las copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de que se
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al momento de la celebración del contrato–. Esas normas prescribieron
expresamente la autonomía de la cláusula arbitral y el principio de Kompetenz-
Kompetenz, despejando cualquier duda sobre la capacidad de los árbitros para
conocer de las pretensiones y de las excepciones relacionadas con la existencia y
validez de los contratos y de la misma cláusula compromisoria.
Ahora bien, como lo aquí expuesto encuentra sustento en los principios de la
autonomía de la cláusula arbitral y Kompetenz-Kompetenz, la Sala pasa a realizar
algunas precisiones sobre estas dos instituciones y su relevancia en el caso
concreto.
La autonomía de la cláusula compromisoria
14. En el contexto internacional, el reconocimiento y aceptación general de la
autonomía de la cláusula compromisoria se evidencia en el artículo 16 del parágrafo
1° de la Ley Modelo de la CNUDMI:
El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia,
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de
arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato
se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del
contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso
jure la nulidad de la cláusula compromisoria.
En esta misma línea, en el artículo 6.9 del Reglamento de Arbitraje de la ICC33; el
artículo 21.2 del Reglamento de la ICDR34 y el artículo 23.1 del Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI35 se reconoce expresamente la autonomía de la cláusula
compromisoria.
trate, el juez procederá a disponer la suspensión. El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia
arbitral no concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el Presidente del Tribunal comunicará al
despacho respectivo el resultado de la actuación.
32
ARTÍCULO 147. La primera audiencia de trámite se desarrollará así: 2. El Tribunal resolverá sobre su propia
competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición.
33
Salvo estipulación en contrario y siempre y cuando haya admitido la validez del acuerdo de arbitraje, el
tribunal arbitral no perderá su competencia por causa de pretendida nulidad o inexistencia del contrato. El
tribunal arbitral conservará su competencia, aun en caso de inexistencia o nulidad del contrato, para
determinar los respectivos derechos de las partes y decidir sobre sus pretensiones y alegaciones.
34
El Tribunal estará facultado para resolver sobre la existencia o validez del contrato del cual forme parte la
cláusula de arbitraje. Esa cláusula de arbitraje será tratada como un acuerdo independiente de los demás
términos del contrato. La decisión del tribunal que declara nulo el contrato no invalidará, por esa razón, la
cláusula de arbitraje.
35
El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, así como acerca de toda
excepción relativa a la existencia o a la validez de un acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la
nulidad de la cláusula compromisoria.
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15. En el contexto nacional, el parágrafo único del artículo 116 de la Ley 446 de
1998 –compilado por el parágrafo del artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 (hoy
artículo 5 de la Ley 1563 de 2012)– era claro en disponer que la inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria36. En
consecuencia, la autonomía de la cláusula compromisoria impone que el pacto
arbitral sea considerado de manera independiente al contrato que le dio origen37.
La Corte Constitucional, al declarar exequible el parágrafo del artículo 116 de la Ley
446 de 1998 –recopilado en el parágrafo del artículo 118 del Decreto 1818 de
1998– según el cual la cláusula compromisoria es autónoma con respecto a la
existencia y la validez del contrato del cual forma parte, subrayó que como el
legislador confirió un carácter autónomo a la cláusula compromisoria –al no tener un
carácter accesorio– no sigue la suerte de lo principal38.
16. Es importante destacar que la autonomía de la cláusula compromisoria se refleja
en situaciones en las cuales, aun si el contrato principal termina por mutuo acuerdo,
el pacto arbitral seguirá vigente, ya que el derecho de acción no se extingue mientras
subsistan derechos y obligaciones. En el mismo sentido, si el contrato principal
termina por novación, incluso el pacto arbitral podría subsistir, según los términos
específicos del acuerdo de novación, toda vez que, según lo dicho, el pacto arbitral
es independiente del contrato principal. De manera similar, si la terminación del
contrato ocurre por una transacción, subsistirá el pacto arbitral, a menos que se
renuncie expresamente al convenio arbitral.
Por ello, la autonomía de la cláusula compromisoria no solo habilita a los árbitros
para pronunciarse sobre la existencia y validez del contrato, sino que también
permite que, aun cuando se declare la nulidad del contrato, la cláusula
compromisoria conserve su validez. Se trata de dos negocios jurídicos distintos.
Dicha autonomía, reconocida expresamente en la normativa vigente al momento de
celebrarse el contrato, habilita a los árbitros para conocer y decidir cualquier causal
de nulidad que se invoque relativa al negocio jurídico o a la cláusula misma.
El principio Kompetenz-Kompetenz
36
La Corte Constitucional determinó la constitucionalidad de esa disposición (contenida en el artículo 116 de
la Ley 446 de 1998) mediante sentencia C-248 de 1999, reafirmando así la existencia de ese postulado en el
ordenamiento jurídico colombiano.
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2002, Rad. n°. 21.041 [fundamento
jurídico 3].
38
Corte Constitucional, sentencia C-248 de 1999 [fundamento jurídico 2].
21
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17. Ahora bien, el principio de Kompetenz-Kompetenz tiene su origen en la
doctrina alemana conocida como Kompetenz-Kompetenz Klausel, según la cual, el
árbitro resuelve su propia competencia sin intervención previa del juez
institucional.
En el ámbito internacional, el principio de Kompetenz-Kompetenz cuenta con un
amplio reconocimiento y aceptación. Es así, por ejemplo, que el artículo 23 del
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI dispone:
1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia
competencia, así como acerca de toda excepción relativa a la existencia o a la
validez de un acuerdo de arbitraje (…)
2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más
tardar en el momento de presentar la contestación o, con respecto a una
reconvención o a una demanda a efectos de compensación, en la réplica a esa
reconvención o a la demanda a efectos de compensación.
3. El tribunal arbitral podrá decidir sobre las excepciones a que se hace referencia
en el párrafo 2 como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo (…)
Así mismo, el principio de Kompetenz-Kompetenz se encuentra en el artículo 6
numeral 3 y 4 del Reglamento de Arbitraje de la ICC39; el artículo 21.1 del
Reglamento de la ICDR40 y el artículo 16.1 de la Ley Modelo de la CNUDMI en los
mismos términos ya transcritos. En la misma línea, el artículo 8.1 de la Ley Modelo
de Unictral41 reconoce el efecto negativo del principio de Kompetenz-Kompetenz.
18. En el contexto nacional, para la época en la que se celebró el contrato –
diciembre de 2008–, el postulado de Kompetenz-Kompetenz estaba previsto en
39
(…) 3. Si una parte contra la cual se haya formulado una demanda no presenta una Contestación, o si
cualquiera de las partes formula una o varias excepciones relativas a la existencia, validez o alcance del
acuerdo de arbitraje o a si todas las demandas formuladas en el arbitraje pueden ser determinadas
conjuntamente en un solo arbitraje, el arbitraje proseguirá y toda cuestión de jurisdicción o relativa a si las
demandas pueden ser determinadas conjuntamente en tal arbitraje serán decididas directamente por el
tribunal arbitral, a menos que el Secretario General refiera el asunto a la Corte para su decisión conforme al
Artículo 6.4.
(…) 4. En todos los casos referidos a la Corte bajo el Artículo 6(3), la Corte decidirá si y en qué medida el
arbitraje proseguirá. El arbitraje proseguirá si y en la medida en que la Corte estuviere convencida, prima
facie, de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad con el Reglamento (…).
40
El tribunal arbitral está facultado para decidir sobre su propia jurisdicción, incluyendo cualesquiera
objeciones con respecto a la arbitrabilidad, existencia, alcance o validez del (de los) acuerdo(s) de arbitraje, o
en relación con si todas las demandas, reconvenciones, y compensaciones pueden ser resueltas en un sólo
arbitraje, sin necesidad de que dicho asunto sea referido a un tribunal judicial previamente.
41
El tribunal al que se somete un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las
partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito
sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución
imposible (…).
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los artículos 146 y 147.2 del Decreto 1818 de 1998 (hoy en el artículo 29 de la Ley
1563 de 2012). El artículo 146 disponía que:
Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la justicia ordinaria, el
Tribunal solicitará al respectivo despacho judicial, copia del expediente.
Al aceptar su propia competencia, el Tribunal informará, enviando las copias
correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de que se trate,
el juez procederá a disponer la suspensión.
El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no concluye
con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el Presidente del Tribunal comunicará al
despacho respectivo el resultado de la actuación.
A su vez, de conformidad con el artículo 147.2 «El Tribunal resolverá sobre su
propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de
reposición».
19. En términos generales, el principio de Kompetenz-Kompetenz implica que la
justicia arbitral tiene una prioridad temporal respecto de la justicia estatal para
dirimir toda controversia relativa a la existencia, la validez y el alcance del contrato
de arbitraje42. Según lo expuesto, el principio de Kompetenz-Kompetenz tiene su
origen en la ley, con lo cual se trata de un asunto de legalidad43. No obstante, es
importante precisar que, aun cuando tiene fundamento legal, el principio de
Kompetenz-Kompetenz se deriva de la existencia de una cláusula compromisoria,
porque de lo contrario, es decir, en caso de no haberse pactado, tal principio no
resultaría aplicable.
La importancia que reviste este principio puede explicarse de distintas maneras,
toda vez que permite a los árbitros resolver cualquier diferencia relativa a la
cláusula compromisoria, inclusive, sobre la afirmación que realice alguna de las
partes acerca de la existencia o nulidad del pacto arbitral. Lo contrario, es decir, no
reconocer los efectos de este postulado, acarrearía inevitablemente restarle
eficacia al pacto entre las partes y al arbitraje como mecanismo de resolución de
conflictos.
Ahora bien, se ha reconocido que el principio de Kompetenz-Kompetenz se
42
Silva Romero, Eduardo, Breves observaciones sobre el principio “Kompetenz-Kompetenz”, El contrato de
arbitraje, Mantilla Espinosa, Fabricio y Silva Romero, Eduardo (editores), Colegio Mayor de nuestra Señora
del Rosario y Legis, 2005, Bogotá.
43
Figueroa Valdés Juan Eduardo, La autonomía de los árbitros y la intervención judicial, en Revista Arbitraje,
Pontifica Universidad Católica del Perú, 2014, pág. 76. En similar sentido, Park William, W. An Arbitrator’s
Jurisdiction to Determine Jurisdiction, report presented at 18 th, ICCA Congress, Montreal May-June 2006.
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compone de dos facetas44. Por una parte, el efecto positivo y, por otra, el efecto
negativo. El primero, es decir, el efecto positivo, significa que el árbitro tiene el
poder inherente para determinar su propia jurisdicción con fundamento en el
acuerdo de arbitraje. El efecto negativo, por su parte, supone que los jueces
institucionales deben declararse incompetentes para resolver las controversias
sobre la existencia, la validez y el alcance del contrato de arbitraje antes de que el
arbitro resuelva sobre su competencia o jurisdicción.
Sobre la extensión de la competencia del árbitro para decidir sobre su propia
jurisdicción, es decir, sobre el efecto positivo, la doctrina señala que consiste en
revisar: «i) Si existe un acuerdo de arbitraje válido, esto es, si cumple con los
requisitos de existencia y validez; ii) Si la extensión del acuerdo de arbitraje
incluye o cubre la disputa; iii) Si el acuerdo de arbitraje comprende a las personas
o sociedades involucradas en el conflicto; iv) Si el árbitro goza de ciertas
facultades, por ejemplo, para ordenar la acumulación o consolidación de las
causas si se trata de distintos contratos; y v) Si el conflicto es arbitrable, materia
cuyas limitaciones están dadas en el acuerdo arbitral y en las normas de orden
público aplicables»45.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que tiene relación con el efecto negativo, es usual
que se establezca la posibilidad del examen prima facie del pacto arbitral –por
parte del juez institucional– de acuerdo con las particularidades del caso. En
efecto, en el contexto nacional, la doctrina ha analizado la pregunta de cuál es el
control que debe hacer el juez institucional cuando en el proceso judicial se invoca
la excepción de cláusula compromisoria, es decir, si simplemente debe verificar
prima facie la existencia del pacto o si puede entrar a examinar su validez y
oponibilidad. Al respecto, precisó que es necesario desentrañar la verdadera
intención de las partes y determinar si existe una intención inequívoca de someter
las diferencias a arbitraje46. En efecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:
Como quiera que el juez está obligado a remitir a las partes a arbitraje si hay pacto
arbitral, en principio él debe verificar que el pacto exista. Por consiguiente, si ello
no es así, no hay obligación de remitir las partes al arbitraje. En todo caso, el juez
debe tener en cuenta si existe una voluntad de someter la controversia a arbitraje,
pues si ella existe, aunque haya deficiencias de redacción o patologías, salvo que
44
Figueroa Valdés Juan Eduardo, La autonomía de los árbitros y la intervención judicial, en Revista Arbitraje,
Pontifica Universidad Católica del Perú, 2014, págs. 71 y ss.
45
Ibídem, pág, 74.
46
Este problema jurídico fue abordado por la Corte Suprema de Justicia en fallo de 24 de mayo de 2023, rad.
nº. STC4826-2023 [fundamento jurídico 2.1].
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ellas sean insalvables, debería remitir a las partes a arbitraje. Por otra parte, si lo
que se invoca es que el pacto es nulo la nulidad debe ser declarada y el
competente para ello sería el tribunal arbitral, en la medida en que es uno de
los extremos que debe determinar para definir su competencia, por lo cual en
principio el juez debería remitir las partes al arbitraje. Igualmente, cuando
exista una discusión acerca del alcance del pacto arbitral, el juez debe remitir a las
partes al arbitraje, salvo que sea manifiesto que el pacto arbitral no incluye dicha
controversia. (negrilla por fuera del texto)4748.
20. De conformidad con lo expuesto, la autonomía de la cláusula compromisoria y
el principio de Kompetenz-Kompetenz son distintos y complementarios. Son
distintos porque el principio de la autonomía de la cláusula arbitral permite a los
árbitros resolver controversias relativas a la existencia y la validez del contrato
principal, mientras que el principio de Kompetenz-Kompetenz permite a los
árbitros conocer de las controversias relativas a la existencia y validez de la
cláusula compromisoria. Son complementarios porque la combinación de los dos
principios logra que cualquier argumento esgrimido por alguna de las partes
relativo a la existencia y validez del contrato principal o de la cláusula
compromisoria pueda ser dirimido, al menos en un primer momento, por los
árbitros.
En otras palabras, el principio de autonomía de la cláusula compromisoria supone
que los árbitros pueden decidir sobre sobre las disputas relacionadas con la
existencia o validez del contrato principal que contiene el convenio de arbitraje.
Por su parte, el principio de Kompetenz-Kompetenz implica que la justicia arbitral
tiene prioridad temporal respecto de los jueces institucionales para dirimir
controversias sobre la existencia, validez y alcance del contrato de arbitraje.
Si ellos no existieran, tratándose de la autonomía, la nulidad del contrato principal
acarrearía la nulidad de la cláusula compromisoria, al considerarse este como un
acuerdo accesorio. De igual forma, sin el principio de Kompetenz-Kompetenz,
cualquier controversia sobre la jurisdicción solo podría ser resuelta por la justicia
47
Cárdenas Mejía, Juan Pablo, Módulo Arbitraje Nacional e Internacional, Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio, 2019.
48
Valga precisar que la interpretación que sobre el artículo 8.1 de la Ley Modelo de Uncitral se ha dado en el
contexto internacional, en palabras del profesor Figueroa Valdés, es que la «revisión del convenio arbitral por
parte de las cortes debe ser prima facie, ya que los redactores suprimieron una primera propuesta que
establecía el control concurrente de las cortes». En Figueroa Valdés Juan Eduardo, La autonomía de los
árbitros y la intervención judicial, en Revista Arbitraje, Pontifica Universidad Católica del Perú, 2014, pág. 76,
citando a Gaillard, Emanuel, América Latina: De la negativa a la competencia, del tribunal arbitral al efecto
negativo del principio de competencia-competencia, artículo publicado en la obra Arbitraje Internacional
pasado, presente y futuro, libro en homenaje a Bernardo Cremades e Ives Derains, tomo II, año 2013,
Editorial Grández Gráficos S.A.C., Perú. p. 849.
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institucional, lo cual iría en contra de la voluntad de las partes de acudir al arbitraje
para dirimir sus controversias.
21. Así las cosas, debe concluirse que la jurisdicción y competencia de los árbitros
nacionales se encuentra dentro de los límites establecidos por la Constitución y la
ley, de manera general, y por la voluntad de las partes, de manera específica. La
autonomía de la voluntad es el fundamento sobre el cual se construye el arbitraje.
Dado que la institución arbitral surge de un acuerdo entre las partes, dicho
acuerdo no puede ser ignorado por el juez institucional. La Constitución y la ley
respaldan este origen convencional para que los árbitros puedan conocer y
resolver una controversia determinada.
En este orden de ideas, la arbitrabilidad es la norma general, siempre y cuando se
haya pactado una cláusula compromisoria. Las restricciones a la autonomía de la
voluntad, como las que se encuentran en el artículo 16 del Código Civil, son
excepcionales, tal como lo ha señalado la doctrina49 al analizar disposiciones
similares, como el artículo 6 del Código Civil Francés50 y el 21 del Código Civil
Argentino51. Es importante destacar que el propósito de las normas imperativas o
de orden público no es hacer que los derechos que confieren sean indisponibles,
sino evitar que sean derogados anticipadamente mediante acuerdos entre las
partes.
El hecho de que las normas de orden público sean imperativas y no disponibles no
implica que los derechos que de allí se derivan sean «intransigibles» ni que exista
una imposibilidad absoluta de someterlo a arbitraje. Al invocar la nulidad absoluta
de un contrato, no se está buscando ir en contra de las normas de orden público,
sino más bien garantizar su correcta aplicación dentro del marco de un arbitraje en
derecho. El árbitro no pierde su competencia simplemente porque el debate
involucre normas de orden público. En estos casos, surge la obligación para él de
observar y aplicar dichas normas, ya que las reglas de orden público se imponen
tanto al árbitro como al juez, lo que significa que aquel puede y debe hacerlas
valer en el proceso.
49
Belluscio, Augusto C. y Zanoni, Eduardo A. Código Civil anotado. Ed. Astrea, Cuarta reimpresión, Buenos
Aires, 1993, p. 102, con Cita de Capitant.
50
Art. 6. On ne peut déroger, par des Conventions Particulières, aux lois qui interessent l'ordre public et les
bonnes moeurs.
51
Art. 21. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén
interesados el orden público y las buenas costumbres.
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22. En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que se dan los presupuestos para
declarar probada la excepción de cláusula compromisoria. Por lo tanto, habrá de
revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declararse probada la
excepción52. Valga precisar que de las pruebas que obran en el expediente no es
posible determinar que se haya constituido un Tribunal Arbitral para dirimir las
controversias en torno a la cláusula compromisoria. En tal sentido, corresponderá
al Tribunal que se integre, de ser ello así, analizar la legalidad de la cláusula
compromisoria pactada por las partes.
23. Es preciso señalar que, en caso de que las partes decidan integrar un Tribunal
Arbitral para resolver las pretensiones aquí planteadas, se deberá tener en cuenta
la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción –16 de abril de
2010– para efectos de la caducidad de la acción, siempre que las partes acudan a
integrar el Tribunal dentro del «plazo razonable» que para el efecto haya señalado
el juez, tal como a continuación se explica:
El artículo 91.2 del CPC, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 200353,
dispuso que operaría la caducidad de la acción cuando el proceso hubiera
terminado con ocasión de alguna de las excepciones mencionadas en el artículo
99.754 del mismo estatuto procesal. A su vez, este último artículo remitía a la
excepción de compromiso o cláusula compromisoria (art. 97.3) y a las
excepciones previstas en los numerales 1, 4, 5, 6, 10 e inciso final del artículo 97.
Así, de conformidad con las disposiciones ya referidas, en caso de prosperar las
excepciones de falta de jurisdicción y de cláusula compromisoria en un proceso
(art. 97 núm. 1 y 3), no se entendería interrumpida la prescripción y operaría la
caducidad.
52
El artículo 164 del CCA dispone: “En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la
contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás
casos. En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.” Como la excepción de cláusula compromisoria fue invocada de fondo como vía
para enervar la pretensión de nulidad del pacto arbitral, correspondía, en sentencia, decidir sobre su
procedencia.
53
Art. 91 del CPC: No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes
casos: (…) 2. Cuando el proceso termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en
el numeral 7 del artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado.
54
Art. 99.7 del CPC: Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1., 3., 4., 5., 6.,
10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de
decidir sobre las demás, y declarará terminado el proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo
revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas.
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La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del artículo 91.2 del CPC
–modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003–, declaró inexequible la
norma (art. 91.2 del CPC), al considerar que suponía una carga desproporcionada
para la parte demandante en lo referente a las excepciones de falta de jurisdicción
y de cláusula compromisoria. En efecto, frente a la excepción de cláusula
compromisoria, dicha Corporación dispuso que «el juez señalar[ía] un plazo
judicial razonable para que las partes inici[aran] el trámite de integración del
correspondiente tribunal de arbitramento». De tal modo que, «si pasado el tiempo
prudencial fijado por el juez, y las partes, –esto es cualquiera de ellas o ambas–,
no convocan el tribunal de arbitramento como corresponde, es evidente que el
efecto interruptor de la prescripción y de la no operancia de la caducidad cesa
para el demandante, en beneficio del demandado»55.
Así las cosas, bajo el panorama expuesto, ante el vacío que existía en vigencia del
CPC56 frente al término del que disponían las partes para integrar el Tribunal de
Arbitramento, esta Corporación57 consideró como un «plazo razonable» el de 45
días hábiles, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 143 del CCA; 129 del
Decreto 1818 de 1998 y la sentencia C-662 de la Corte Constitucional.
En este orden de ideas, la Sala señalará que las partes cuentan con un término de
45 días hábiles para que, si a bien lo tienen, acudan a integrar el respectivo
Tribunal Arbitral para que dirima las pretensiones aquí planteadas, en cuyo caso,
se tendrá en cuenta, para todos los efectos legales, la fecha de presentación de la
demanda ante esta jurisdicción.
Costas
24. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que
la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
55
Corte Constitucional, sentencia C-662 de 2004 [fundamento jurídico párr. 42].
56
A diferencia de lo sucedido con el Código de Procedimiento Civil, el artículo 95 del CGP dispuso
expresamente un término de 20 días hábiles para que las partes acudan a integrar el Tribunal Arbitral.
57
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015,
rad. nº. 28507 [fundamento jurídico párr. 18].
28
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Asunto: Acción contractual
25. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia proferida el 15 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de cláusula compromisoria.
SEGUNDO: SEÑALAR el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes –si a bien lo tienen–
inicien el trámite de integración del correspondiente Tribunal Arbitral. SEÑALAR
que se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta
jurisdicción, es decir, el 16 de abril de 2010, siempre y cuando el Tribunal Arbitral
sea convocado para resolver las mismas pretensiones aquí planteadas.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
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