Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00625-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00625-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2010-00625-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023
Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invias, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: reparación directa – responsabilidad extracontractual del Estado por obra pública –
régimen objetivo por trabajos públicos – perjuicios inmateriales por lesiones personales.
Síntesis: los demandantes solicitaron la declaratoria de la responsabilidad patrimonial por las
lesiones sufridas por un menor, como consecuencia de la caída de una roca, mientras se
adelantaba un trabajo de remoción y despeje de una vía pública.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, Sala de Descongestión, el 20 de agosto de 2015, que accedió a las
pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 24 de mayo de 2010, Olga Lucía Gallego Morales, quien actuó en nombre
propio y en representación de sus hijos Daniel Stiven (víctima directa), José Luis,
Paola Andrea, María Fernanda y María Valentina Castañeda Gallego,
presentaron una demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Consorcio Progres Buga2, el
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129
del Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 Conformado Por Cubides & Muñoz Limitada, Cadsa Gestiones Y Proyectos S.A., Lobo-Guerrero Constructores
Ltda., Concrearmado Ltda., Lavicon Ltda., Reyes Y Riveros Ltda., Geofundaciones S.A, Melo Y Álvarez Proyectistas Y
Constructores Asociados Ltda., Construimos Y Asesoramos Ltda. Construas Ltda., Constructora Castell Camel Ltda.,
Constructora Precomprimidos S.A., Consultores Civiles E Hidráulicos Ltda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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Consorcio Ingeniería de Proyectos José Guardo Polo, la Cooperativa de
Trabajo Asociado Loboguerrero Ltda. y la Compañía Aseguradora de Fianzas
S.A., con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones (se
trascribe):
“A. Declarar probado el daño antijurídico causado al menor Daniel Steeven
Castañeda Gallego.
B. Declarar probada la actividad peligrosa por parte de los demandados
[…] en el lugar, fecha y hora del siniestro.
C. Declara probado que la actividad peligrosa de los demandados […] ha
sido la causa del daño […]
E. Que por el daño surgido de la actividad peligrosa realizada por los
demandados, se declare la responsabilidad extracontractual del Instituto
Nacional de Vías y del Consorcio Progreso Buga, en aplicación del artículo
2356 del CC. […]”.
2. Los perjuicios reclamados se resumen así:
Tipo de perjuicio Valor
Materiales3 “reparación por esperanza de vida probable”.
Inmateriales $307’056.000 para la víctima directa
300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para la
víctima directa y su madre.
100 SLMV para cada uno de los hermanos.
3. En la demanda4, la parte actora fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:
4. 1) El 31 de marzo de 2008, en la carretera Buga-Buenaventura,
corregimiento El Naranjo, municipio de Dagua, durante la ejecución del
contrato de obra 1877-2004, suscrito entre el Invías y el Consorcio Progreso
Buga, y amparado por la Compañía Aseguradora de Fianzas, (Confianza), “se
encontraba personal que laboraba con el consorcio […] realizando una
actividad peligrosa, consistente en triturar y remover una gran piedra que se
encontraba obstruyendo la calzada izquierda y representaba peligro para los
usuarios del corredor vial”, actividad que se realizó sin las precauciones
necesarias ni la demarcación suficiente de la zona de trabajo.
5. 2) Según afirmó la parte actora, “200 metros más debajo de donde se
realizaban los trabajos” se encontraba el menor, víctima directa, junto con un
hermano y otras personas mayores de edad, “quienes esperaban transporte
para Dagua”. Mientras que la mayoría de las personas, “al escuchar el gran
ruido que se produjo y observar el derrumbe de piedras que se dirigía
amenazante hacia ellos lograron correr y evitar la tragedia”, el menor fue
alcanzado por una de las piedras, lo que le produjo la amputación traumática
de la pierna derecha.
3 A los que hizo referencia en los hechos de la demanda y en el apartado de la estimación razonada de la cuantía.
4 Folios 86-102 del cuaderno principal 1.
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Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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6. 3) Luego del traslado inmediato del menor y la atención que recibió en un
hospital especializado, le fue amputada la pierna derecha “a nivel de tercio
superior de tibia”. Las lesiones le ocasionaron una discapacidad física
permanente, la alteración de otras funciones básicas y una afectación
estética, con un porcentaje de invalidez, certificado por la junta región de
calificación, del 39%.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El Consorcio Progreso Buga contestó la demanda5 y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos, afirmó que era
cierto que en el día del accidente el Consorcio había adelantado obras “a fin
de remover una roca que cayó sobre la vía y se encontraba obstruyendo la
calzada izquierda”, pero que no le constaba que el menor se encontrara en
el lugar, ni las condiciones descritas en la demanda, o que “hubiera sido
alcanzado por una piedra”.
8. Según afirmó, todas las actividades para la demolición y retiro de la roca se
hicieron siguiendo los protocolos exigidos, con el personal calificado y la
señalización de la zona. Indicó que no se estaba frente “a una conducta
omisiva, negligente o culposa” del Consorcio. Formuló las excepciones que
denominó “ausencia de los elementos que configuran la responsabilidad” y
“culpa de la víctima y/o fuerza mayor o caso fortuito”.
9. Confianza contestó la demanda6 y se opuso a las declaraciones y condenas
pedidas. Advirtió que en la demanda solo se reclamaron perjuicios
extrapatrimoniales, “los cuales no esta[ban] amparados en la póliza”. Presentó
las excepciones de caducidad de la acción, de “exclusiones”, “ausencia de
cobertura del lucro cesante”, y “máximo valor asegurable y deducible”.
10. La Cooperativa de Trabajo Asociado Loboguerrero contestó la demanda7
y señaló que no le constaban los hechos. Formuló las excepciones de
“inexistencia de la obligación de indemnizar”; “inepta demanda” y “carencia
de soporte probatorio para la reclamación”.
11. El Invias no contestó la demanda.
1.3. Sentencia recurrida
12. El 20 de agosto 2015 el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió
Sentencia de primera instancia8, en la que resolvió (se trascribe):
5 Folios 221-227 del cuaderno principal 1.
6 Folios 229-243 del cuaderno principal 1.
7 Folios 294-298 del cuaderno principal 1.
8 Folios 378-401 y 452-455del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las
entidades demandadas.
SEGUNDO: Declarar administrativamente responsable al Instituto Nacional de
Vías -INVIAS- en solidaridad por el Consorcio Progreso de Buga, con ocasión
de los hechos que tuvieron lugar el 31 de marzo de 2008, donde resultó
lesionado el menor Daniel Stiven Castañeda Gallego.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar en
solidaridad al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y al Consorcio Progreso de
Buga, al pago de los siguientes perjuicios causados a los integrantes de la
parte accionante, así:
Perjuicios materiales -lucro cesante-:
Indemnizado Valor a indemnizar
Daniel Stiven Castañeda 53.823.702
Gallego
Perjuicios morales […]”.
Indemnizado SMLMV
Daniel Stiven Castañeda 100
Gallego (lesionado)
Olga Lucía Gallego 60
Morales
José Luis Castañeda 30
Gallego
Paola Andrea Castañeda 30
Gallego
María Valentina 30
Castañeda Gallego
María Fernanda 30
Castañeda Gallego
Daño a la salud
Indemnizado SMLMV
Daniel Stiven Castañeda 145
Gallego
CUARTO. Condenar en abstracto al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- en
solidaridad con el Consorcio Progreso de Buga, al pago concerniente a la
prótesis y tratamiento de adecuación de la misma, la cual se liquidará
mediante incidente, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
QUINTO. Condenar a la Compañía Aseguradora de Fianzas -CONFIANZA S.A.-
a reintegrar los valores que pueda reconocer a título de perjuicios el Instituto
Nacional de Vías y el Consorcio Progreso de Buga hasta el limite del valor
asegurado en la póliza referenciada en la parte motiva de la presente
providencia, excepto la condena de perjuicios morales. […]”.
13. Para el Tribunal, con los testimonios se podía “colegir que las entidades
demandadas, previo a realizar la obra de demolición de roca, instalaron las
medidas preventivas para advertir a los usuarios de la vía sobre la obra que se
iba a realizar”, por lo que, la falla, relativa a la omisión de señalización o de
prevención, “no merec[ía] ser estudiada”.
14. Según advirtió (se trascribe): “empero lo anterior, la Sala encuentra que la
responsabilidad que pudiere ser atribuible a la administración […] se configura
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
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Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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no por la falta de señalización o previsión en la realización de la obra, sino por
la omisión de la misma de establecer todos los mecanismos posibles, a fin de
haber evitado el derrumbe en la vía que afectó al menor Castañeda, pues
era de conocimiento de la entidad que la misma presentaba constantes y
repetitivos deslizamientos de piedra, por lo que la omisión de la entidad
encargada del mantenimiento de la vía, va dirigida precisamente en esa falta
de prevención para los usuarios de la carretera de los posibles derrumbes que
pudieran haber, máxime cuando tenían pleno conocimiento de que para la
fecha de los hechos se estaban presentado”.
15. El Tribunal condenó al Consorcio Progreso Buga por ser el encargado del
mantenimiento integral del corredor vial en el que ocurrieron los hechos y al
Invías, “por tratarse de una vía nacional”, por lo que debían responder de
manera solidaria.
16. La Sentencia invocó la “Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de
noviembre de 1989”, para justificar la reparación integral y las indemnizaciones
relativas a la “implantación de la prótesis” y a los tratamientos y terapias
requeridos para la adaptación y recuperación del menor, condena que se
efectuó en abstracto.
1.4. Recurso de apelación
17. El 11 de septiembre de 2015 el Invías presentó un recurso de apelación9 en
el que afirmó que no debió haber sido declarado responsable porque era el
Consorcio Progreso quien debía velar por el mantenimiento y preservación del
estado de la vía. Afirmó que “no exist[ía] prueba que dem[ostrara] que la
causa eficiente del accidente e[ra] atribuible al Instituto Nacional de Vías”.
Añadió que el accidente se produjo por un caso fortuito o una fuerza mayor,
toda vez que el desprendimiento de la piedra obedeció a causas naturales,
atribuibles a la erosión e inestabilidad del terreno, así como al hecho de un
tercero, por el descuido de las personas que estaban a cargo del menor.
18. El Consorcio Progreso Buga también apeló la decisión de primera
instancia10. En su recurso indicó que el accidente no se había producido por
una acción u omisión del contratista a cargo de las obras, sino por un evento
fuera de su control, que no hacía parte de sus obligaciones. Dentro de las
obligaciones a su cargo no se encontraban las de detección o mitigación de
derrumbes, o el control de hechos como el que causó el accidente del menor.
Indicó que las conclusiones a las que llegó el Tribunal resultaban
contradictorias, pues, si, para el momento en que se produjo el accidente
estaban presentes todas las medidas de seguridad para la destrucción de la
roca, como lo reconoció el fallo, no habría razón para imputar algún tipo de
9 Folios 414-421 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folios 431-439 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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responsabilidad al Consorcio. Según advirtió (se trascribe): “cosa distinta
ocurre con la entidad [Invías], sobre la cual subsiste permanentemente la
obligación de prevenir las situaciones de riesgo que puedan presentarse en
las zonas aledañas a las vías”. Insistió en la configuración de una causal
eximente de responsabilidad, ya que había sido la conducta de la propia
víctima, “al no retirarse del sitio donde se ejecutaban los trabajos, a pesar de
las advertencias y medidas de seguridad”, la que dio lugar al accidente.
Finalmente, señaló que los perjuicios reconocidos “no consulta[ban] el
dictamen de invalidez obrante en el proceso como prueba de las lesiones
sufridas”.
19. En la oportunidad para alegar de conclusión, Confianza insistió en que
debía ser absuelta de toda responsabilidad, “teniendo en cuenta que es clara
la improcedencia de la afectación de la póliza […] al no haber otorgado
cobertura para perjuicios de tipo extrapatrimonial y estar inmersos dentro del
deducible el valor de la eventual condena de perjuicios materiales”11. El
Consorcio Progreso Buga, en sus alegatos de conclusión, insistió en los
argumentos expuestos en el proceso y en que, en todo caso, la condena de
la primera instancia debía ajustarse “a los rangos establecidos por el Consejo
de Estado, de acuerdo al grado de afectación real evidenciado por la
víctima”. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio12.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales, síntesis del caso y decisiones que se adoptarán –
2.2. Análisis sustantivo – 2.2.1. Régimen de responsabilidad aplicable a los trabajos públicos
– 2.2.2. La responsabilidad patrimonial solidaria de la entidad pública y de su contratista –
2.3. Condena en costas
2.1. Presupuestos procesales, síntesis del caso y decisiones que se adoptarán
20. La Sala decidirá sobre el fondo de este asunto porque están dados los
presupuestos procesales. La acción fue ejercida dentro del término legal,
comoquiera que, mientras que los hechos que dieron origen al proceso
ocurrieron el 31 de marzo de 2008, la parte actora presentó la solicitud de
conciliación el 26 de marzo de 2010, que fue declarada fallida el 19 de mayo
de 2010, por lo que la demanda, presentada el 24 de mayo de 2010, estaba
dentro del término establecido.
21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia en lo relativo a la
declaratoria de la responsabilidad patrimonial de las personas condenadas,
porque están acreditados los elementos constitutivos del régimen objetivo de
la responsabilidad propia de la realización de trabajos públicos. Modificará lo
11 Folios 499 y 500 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folio 513 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
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Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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referente al reconocimiento de los perjuicios, para ajustarlos a la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
2.2. Análisis sustantivo
22. La Sala encontró acreditado el daño13 (elemento sobre el cual, en el
recurso de apelación, no se debatió su existencia). En el expediente obra
copia de la certificación de la junta regional de calificación de invalidez de
Valle del Cauca, en la que se acreditó una pérdida de capacidad laboral del
39%, así como el “trastorno depresivo y adaptativo”14. También está
acreditado que el daño ocurrió por el desprendimiento de una roca que
impactó al menor, mientras esperaba un medio de transporte en compañía
de otras personas, cerca del lugar donde se adelantaban trabajos de
remoción de otra roca que obstruía la vía Buga- Buenaventura, trabajos para
los que se usó una retroexcavadora que tenía un martillo neumático15.
23. Para el Invías, esta entidad no debía ser declarada responsable porque,
quien tenía el mantenimiento de la vía era el Consorcio Progreso, mientras
que, para este último, la responsabilidad estaría a cargo de la entidad
pública. En lo que coinciden ambos recurrentes es en endilgar el daño, de
igual manera, a un eventual hecho de la víctima o a una fuerza mayor, como
causal eximente de la responsabilidad. Las consideraciones que presentaron
los recurrentes serán contestadas y descartadas con fundamento en: 1) el
régimen de responsabilidad aplicable al caso por la ejecución de trabajos
públicos y 2) la responsabilidad solidaria entre la entidad pública contratante
y el contratista ejecutor de la obra, a quienes el daño les resulta atribuible.
2.2.1. Régimen de responsabilidad aplicable al caso por la ejecución
de trabajos públicos
24. En lo que respecta al régimen de responsabilidad al que hizo alusión la
parte actora, se advierte que, desde la demanda, y como una pretensión
declarativa, se indicó que el daño tuvo lugar mientras se adelantaba una
“actividad peligrosa por parte de los demandados”. Se identificó una
actividad peligrosa consistente en triturar y remover una gran piedra, con
ocasión de trabajos relacionados con una obra pública. El tipo de actividad
desplegada por las entidades demandadas en el momento en que se produjo
el daño no fue objeto de estudio en la primera instancia, a pesar de ser un
elemento central de análisis de la responsabilidad patrimonial que se
pretendió.
13 Folios 2-25 del cuaderno principal 3.
14 Folios 3-7 del del cuaderno principal 3.
15 Testimonios de trabajadores del Consorcio Progreso de Buga y testigos presenciales de los hechos, que afirmaron
que, además de la maquinaria, los trabajos se adelantaron con explosivos (fls. 115-125 y unidad de CD fl. 54) del
cuaderno principal 2.
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Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
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25. A propósito de la actividad desarrollada cuando el daño tuvo lugar y de
la pretensión declarativa de la parte actora, se debe tener presente que, en
la jurisprudencia del Consejo de Estado (se trascribe):
“La responsabilidad derivada de los trabajos públicos es objetiva en el
derecho colombiano. Por esa razón, causado el daño a un tercero la
entidad dueña de la obra deber resarcirlo, sin poderse exonerar alegando
la diligencia y cuidado en la ejecución de la obra. En otros términos, no
tendrá el perjudicado que probar la culpa o falla de la administración, el
daño y su relación de causalidad, sino únicamente los dos últimos extremos.
Se habla de responsabilidad en cabeza de la propietaria de la obra, sin que
con esto se excluya la responsabilidad de los ejecutores de la misma, como
se explicó atrás”16.
26. El carácter objetivo del régimen de la responsabilidad patrimonial que
puede tener lugar cuando se adelantan trabajos públicos ha sido advertido
por esta Corporación en varias ocasiones17.
27. El Tribunal, con fundamento en una afirmación que, según los recurrentes,
resultaba contradictoria, luego de descartar alguna omisión en la señalización
y demarcación de la zona de trabajos, atribuyó la responsabilidad patrimonial
a lo que calificó como “la omisión de la misma de establecer todos los
mecanismos posibles, a fin de haber evitado el derrumbe en la vía que afectó
al menor Castañeda, pues era de conocimiento de la entidad que la misma
presentaba constantes y repetitivos deslizamientos de piedra […] hubo una
omisión por parte de la administración de realizar todo lo que estuviera a su
alcance para evitar algún tipo de desastre”. Tal y como lo increparon los
recurrentes, en la sentencia reprochada no se advirtió en qué consistió el
deber omitido, en especial, luego de concluir que se habían adoptado las
medidas preventivas para informar a los usuarios de la vía sobre los trabajos
que se iban a realizar.
28. Aunque el reproche a la decisión resultaba justificado, habida cuenta de
que el fundamento de la obligación indemnizatoria de la primera instancia
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de julio de 1988, N5084.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 1999, exp.
13540 (se trascribe): “la actividad que tiene por objeto la construcción, remodelación, mantenimiento y mejora de
las vías públicas es una de las denominadas riesgosas o peligrosas en el entendimiento de que tal calificación supone
una potencialidad de daño para las personas o para las cosas”17.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de noviembre de 2002,
exp. 14397 (se trascribe): “[…] el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la
ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet
(donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de
peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara
directamente […] a los actores les bastaba acreditar que la actividad riesgosa les causó un daño, sin que tuvieran
que demostrar la falla del servicio, pues bajo el régimen de responsabilidad objetiva ésta no es elemento constitutivo
de la misma; en tanto que al demandado para exonerarse de responsabilidad le correspondía demostrar una causa
extraña”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de noviembre de 2007,
exp. 15967 (se trascribe): “Esta connotación de peligrosa que se predica de la actividad de la construcción, obedece
a la utilización en ella de elementos e instrumentos que representan riesgos para quienes laboran en esa actividad
como frente a terceros ajenos a la misma”. De igual manera, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 39901, Sentencia de 20 de noviembre de
2020, exp. 47750 y Sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 53448.
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pareciera apoyarse en una responsabilidad de pleno derecho, por la mera
ocurrencia del daño (pues si este ocurrió no quedaba otra opción que
concluir que la administración debió haber omitido algún deber); la referida
contradicción se resuelve cuando se advierte la innecesaria alusión, por parte
de las demandadas y del Tribunal Administrativo, a un deber u obligación
omitidos, dado el régimen objetivo aplicable a la responsabilidad patrimonial
derivada de la realización de trabajos públicos en el caso concreto.
29. Como lo ha advertido esta Corporación, la realización de actividades
peligrosas tiene la potencialidad natural de lesionar porque su operación
correcta y normal puede alterar las fuerzas que de ordinario despliega una
persona respecto de otra. En el ejercicio de actividades peligrosas, el peligro
consustancial a la actividad lleva a que el daño causado resulte imputable a
la esfera del agente cuyo ejercicio creó la fuente de riesgo. El título de
imputación en estos casos es objetivo, lo que implica que quien demanda solo
debe probar la existencia del daño que concretó el riesgo creado, causado
por la actividad peligrosa que se despliega. Está eximido, en cambio, de
acreditar una falla en el servicio o una culpa.
30. En casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, los
demandados deberán ser declarados responsables cuando el daño sea el
resultado de la actividad peligrosa y concrete el riesgo creado por esa
actividad a su cargo. Estos no podrán liberarse de la declaratoria de la
responsabilidad salvo que demuestren la configuración de un elemento
eximente de responsabilidad, lo cual no ocurrió en esta ocasión.
31. Aunque los recurrentes se refirieron de manera indistinta a la fuerza mayor,
al caso fortuito y a un hecho de la víctima, centraron sus esfuerzos en señalar
que el daño se había producido por un hecho del menor, “por no retirarse del
lugar donde se adelantaban los trabajos” y por el descuido de las personas
que estaban a su cargo. Estas afirmaciones, desprovistas de pruebas, no
pueden configurar un elemento eximente de responsabilidad. Las fuerzas
provenientes de la actividad que desarrollaban las demandadas resultaban
superiores a lo que se podía exigir de la víctima, quien, por infortunio, no logró
esquivar las rocas, como lo hicieron otras personas. La conducta que los
recurrentes parecen pretender atribuirle al menor y a las personas a su cargo
no es de recibo, pues implicaría que su actuar debía ser superior a las fuerzas
derivabas de la actividad peligrosa. El que otras personas hubieran evitado ser
lesionadas no es un hecho que denote una conducta omisiva de la víctima o
que ella haya producido, con su propio actuar, su daño.
32. Por demás, si se observa que el desprendimiento de la roca ocurrió
mientras que el Consorcio adelantaba obras para destruir una roca que
obstaculizaba la vía, resulta evidente entonces que el riesgo creado por la
actividad peligrosa se concretó en el caso que se estudia, cuando una roca
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
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se desprendió y aplastó la pierna del menor, quien, además, como se afirmó
en la demanda y la contestación, no se encontraba al interior de la misma
zona que había sido demarcada. Consideraciones que resultan suficientes
para descartar la configuración de algún evento eximente de responsabilidad
(frente al que la parte demandada no desplegó un esfuerzo probatorio) y
confirmar la declaratoria de la responsabilidad patrimonial.
2.2.1. La responsabilidad patrimonial solidaria de la entidad pública y
de su contratista
33. En lo que respecta al reproche de ambos recurrentes, dirigido a endilgar
la responsabilidad a la otra parte demandada, se concluye que, tanto la
entidad como su contratista deben ser declarados responsables de manera
solidaria.
34. Desde la referida Sentencia de 198518, en respuesta a las consideraciones
de un Tribunal, quien, “para desechar las súplicas de la demanda estimó que
no existe disposición legal que consagre en forma expresa la responsabilidad
de la administración por hechos de sus contratistas”, el Consejo de Estado, en
lo que se ha constituido en una sólida posición jurisprudencial, afirmó (se
trascribe):
“[…] las construcciones doctrinarias y jurisprudenciales que se elaboraron en
torno a la figura de los trabajos públicos conservan aun su vigencia, sobre
todo en lo que tocan con la entidad pública dueña de la obra y con su
ejecución directa o a través de contratistas suyos.
Fueron unánimes tanto la doctrina extranjera como la nacional, así como la
jurisprudencia, en sostener que el trabajo no dejaba de ser público por el
hecho de que lo ejecutara un contratista particular a nombre de la entidad
pública. En sentencia de 20 de marzo de 1956, esta Corporación destacó
entre los elementos tipificantes de esos trabajos públicos que éstos fueran
efectuados por cuenta del Estado, "ya directa o indirectamente" y que el
trabajo tuviera una finalidad de interés público o social.
No tendría sentido alguno la afirmación de que cuando esa indemnización
se refiera a daños en la propiedad inmueble o a su ocupación transitoria, la
persona responsable pueda ser la entidad pública así haya ejecutado
directamente el trabajo o a través de un contratista suyo, pero cuando la
lesión recaiga en otros derechos de mayor significación (la vida o la
integridad personal, por ejemplo) sólo responde por lo que haga
directamente. Lo planteado carecería de significación ética. Además,
donde existe la misma razón debe existir similar disposición, según enseña
una regla de interpretación racional.
Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es
como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago
afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a
razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con
personal vinculado a su servicio obedece, la más de las veces, a
insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de
equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la
18 Cfr. Antología. Jurisprudencia y conceptos. Consejo de Estado, 1817-2017, S. III, t. B, Bogotá, 2018.
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los
particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La
colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad,
como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado”19.
35. A propósito de los argumentos presentados por el Invías, esta Sala reitera
la jurisprudencia del Consejo de Estado, y recuerda (se trascribe):
“[…] en nada se modifica el régimen de responsabilidad aplicable en el sub
lite por la circunstancia de que la obra pública en cuestión estuviere siendo
realizada por contratistas y subcontratistas […] y no por servidores públicos
ligados con éste a través de un vínculo legal y reglamentario o contractual
laboral. Al ser la construcción […], un objeto contractual pactado por el
Municipio por encontrarse dentro de sus funciones y obligaciones como
entidad pública, para beneficio de la colectividad y en aras de la
satisfacción del interés general, el hecho de que esa tarea fuera acometida
por particulares y no directamente por servidores incluidos en la planta de
personal de la Entidad, no deja de hacer responsable al Estado por los daños
antijurídicos que se causen a raíz de la ejecución de las obras públicas en
dichas condiciones materializadas”20.
36. En igual sentido, se evidencia (se trascribe):
“Lo contrario sería admitir, en contra de la lógica y el buen sentido que, la
entidad demandada, que ha sido creada para tales menesteres, pueda
invocar la no ejecución directa de las obras como causal de exoneración
de los daños que aquellas han producido, lo cual desde luego es inadmisible
a la luz de los principios generales en materia de competencias de las
autoridades públicas y específicamente, desde la óptica de los principios
que gobiernan la contratación estatal de obras públicas, que impiden que
por la circunstancia de que la autoridad pública satisfaga el servicio público
a su cargo acudiendo para ello a la utilización del instrumento contractual,
se pueda exonerar de la responsabilidad patrimonial por los daños
antijurídicos causados a los administrados, como que frente a estos, la sola
titularidad de la función pública, es fundamento suficiente para asumir las
responsabilidades patrimoniales que tengan origen en el desarrollo o
ejecución de una obra pública, que por mandato legal le corresponde
ejecutar, se reitera, así lo haga por conducto de un contratista”21.
37. De manera más reciente la Corporación afirmó: “frente a la
responsabilidad extracontractual derivada del contrato estatal, la
jurisprudencia ha sostenido que se le puede imputar el daño al Estado, con
fundamento en que cuando la administración contrata una obra pública es
como si ella la ejecutara directamente. Además, es la dueña de la obra,
porque afecta el patrimonio público y su realización obedece a razones del
servicio público”22. En conclusión, como se reseñó más arriba, en este caso nos
encontramos frente la “responsabilidad en cabeza de la propietaria de la
obra, sin que con esto se excluya la responsabilidad de los ejecutores de la
misma”. En atención a estas consideraciones, resulta claro que, tanto la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de octubre de 1985,
N4556.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 7 de junio de 2007, exp.
16089.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 1999, exp.
13540
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2020,
exp. 47750.
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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entidad como el contratista deben responder, de manera solidaria, por el
daño.
38. En lo que respecta a los perjuicios, que también fueron objeto de la
apelación para que fueran ajustados a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se constata que la sentencia de primera instancia reconoció perjuicios
inmateriales (morales y a la salud) que superaron los rangos reconocidos en
las sentencias de unificación de 201423.
39. Sobre el perjuicio moral, no se encuentra justificada una razón para que
así fuera, por lo que corresponde ajustarlo para concordar su reconocimiento
con el perjuicio moral acreditado y con los topes indemnizatorios
jurisprudenciales, que atienden al grado de la lesión sufrida por la víctima
directa, la cual, en el caso en estudio, corresponde a un reconocimiento de
60 SMLMV.
40. En lo que toca al “daño a la salud”, se ajustará la suma para reconocer
115 SMLMV. El monto que fue reconocido en la primera instancia (145 SMLVM)
estaba constituida por: 60 SMLMV por el porcentaje de la afectación por la
lesión; 30 SMLVM “por la depresión con ocasión de su pérdida”; 20 SMLMV en
atención a que la amputación permanente le impedirá a la víctima un
desempeño físico por la restricción a la movilidad y 35 SMLMV en
consideración a la edad de la víctima. De los 145 SMLMV se descontarán los
30 SMLMV soportados en la depresión ocasionada por la pérdida para evitar
una doble reparación por un mismo perjuicio (moral y a la salud)24 al tiempo
que se confirmará el resto de las sumas, porque está justificado “conforme al
acervo probatorio”, como lo exige la jurisprudencia unificada, que el perjuicio
a la salud tuvo una mayor intensidad, por la gravedad de la lesión y la edad
de la víctima. Asimismo, se confirmará la condena en abstracto25 y se
actualizará el valor de la condena a título de lucro cesante, lo que se hará de
conformidad con la fórmula aceptada por el Consejo de Estado26.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014,
exp. 31172
24 Comoquiera que no se acreditó, con un diagnóstico médico o por cualquier otro medio, el nivel de la afectación
sicofísica, diferente a la afectación misma que le sirvió a la junta de calificación para determinar la pérdida de
capacidad laboral.
25 Toda vez que el demandante, en el apartado titulado “reparación por esperanza de vida probable”, hizo
referencia a la reparación por el costo del tratamiento, de las prótesis y la pérdida de la capacidad laboral.
26 Va= Vh x IPC final
IPC inicial
En donde:
Va: valor actualizado.
Vh: valor histórico, que corresponde al valor a actualizar, esto es, $53.823.702.
IPC final: último índice de precios al consumidor, conocido al momento de la Sentencia.
IPC inicial: índice de precios al consumidor, al momento de sentencia de primera instancia.
Va = $53.823.702 x (136,45) = $ 86.082.396
(85.37)
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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2.3. Condena en costas
41. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Descongestión, de 20 de agosto
de 2015, el cual queda así:
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar en
solidaridad al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y al Consorcio Progreso de
Buga, al pago de los siguientes perjuicios causados a los integrantes de la
parte accionante, así:
Perjuicios materiales -lucro cesante-:
Indemnizado Valor a indemnizar
Daniel Stiven Castañeda $ 86.082.396
Gallego
Perjuicios morales […]”.
Indemnizado SMLMV
Daniel Stiven Castañeda 60
Gallego (lesionado)
Olga Lucía Gallego 60
Morales
José Luis Castañeda 30
Gallego
Paola Andrea Castañeda 30
Gallego
María Valentina 30
Castañeda Gallego
María Fernanda 30
Castañeda Gallego
Daño a la salud
Indemnizado SMLMV
Daniel Stiven Castañeda 115
Gallego
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Radicado: 76001-23-31-000-2010-00625-01 (59265)
Demandantes: Olga Lucía Gallego Morales y otros
Demandados: Invías, Consorcio Progreso y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: modificar la sentencia
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SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la Sentencia del Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, Sala de Descongestión, de 20 de agosto de 2015.
TERCERO: SIN CONDENA en costas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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