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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00639-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-00639-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30 de agosto de 2013, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-00639-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros
Demandada: Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama
Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados en la administración de Justicia.
Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004.
Subtema 2: Antijuricidad del daño no acreditada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Martín Alberto Riascos García fue capturado el 22 de junio de 2007, en virtud de la
orden expedida el 20 de mayo de 2007 por el Juzgado 13 Penal Municipal de Cali
en el trámite de la investigación penal iniciada por la denuncia anónima que daba
cuenta de que servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.)
pedían dinero a los usuarios interesados en programar una cita para la expedición
del certificado judicial y realizaban actuaciones irregulares con ese propósito. El
Juez Segundo Penal municipal de Cali con funciones de control de garantías, en
audiencia realizada el 23 de junio de 2007, declaró la legalidad de la captura del
señor Riascos García y le impuso medida aseguramiento consistente en detención
domiciliaria, por probablemente haber cometido, en su condición de detective 208-
07 en la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., los delitos de concierto para
delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por
acción, revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión,
cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento ,
público. El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 2 de septiembre de 2009,
por solicitud de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación penal
adelantada en contra del señor Riascos García por no existir medios de prueba
suficientes para expedir acusación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Martín Alberto Riascos Ga -cía, en su nombre y en representación de su hijo Martín
Sebastián Riascos Ceballos, Alberto Riascos Rojas y Fabiola Amparo García
Obando, quienes dicen ser padres del afectado directo con la privación, Blanca
Nubia Guarnizo Rojas, quien afirma actuar como compañera permanente del señor
Riascos García y en representación de Nicholle Vanessa Riascos Guarnizo y de

Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

Ana Sofia Riascos Guarnizo, hijas, y Sandra Rocío López García, Oscar Ricardo
Flórez García, Edwin Javier Riascos Mancera y l'ama Alberto Riascos Mancera,
quienes aducen ser hermanos de la víctima directa, presentaron demanda' en
ejercicio de la acción de reparación directa, el 26 de mayo de 2010, en contra de la
Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para que se les declare administrativamente responsables
por el daño derivado de la privación de la libertad sufrida por Martín Alberto Riascos
García.

Los hechos en los que la parte actora fundamentó sub pretensiones, en síntesis,
son los siguientes:

Martín Alberto Riascos García fue capturado el 22 de junio de 2007 por el grupo
anticorrupción del D.A.S., organismo en el que trabajaba desde 1997. Al día
siguiente, un juez de control de garantías legalizó la captura e impuso medida de
aseguramiento en contra del señor Riascos García por los delitos de concierto
para delinquir, falsedad ideológica y material en documento público, revelación de
secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión y por acción, cohecho
por dar u ofrecer y falsedad personal, conductas por las que también fueron
aprehendidos 16 funcionarios del DAS. El señor Riascos García estuvo privado de
la libertad bajo detención domiciliaria hasta el 14 de diciembre de 2007. El 2 de
septiembre de 2009, el juez de control de garantías precluyó la investigación penal
que cursaba en contra del procesado, por ausencia de prueba para proferir
acusación.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

Admitida la demanda2, notificado el auto admisorios, y corridos los traslados de
ley, el apoderado de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en el
que se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva4, habida cuenta de que, en á parecer, el verdadero
responsable del daño objeto de la pretensión de reparación fue la Fiscalía General
de la Nación. Afirmó, además, que la decisión de precluir la instrucción penal
adelantada en contra del señor Riascos García estuvo ajustada a la ley y a la
Constitución.

El Tribunal, por medio de auto dictado el 17 de marzo de 2011, ordenó la apertura
del periodo probatorio en el que dispuso tener como prueba los documentos
allegados con la demanda y expedir oficio al Juzgado Trece Penal del Circuito de
Cali, para que remitiera copia auténtica del expediente del proceso penal
adelantado en contra del señor Riascos García identificado bajo el número 2007-
02865. En auto posterior corrió traslado para que las partes presentaran alegatos
de conclusións, como en efecto ocurrió,7 y el Ministerio Público emitiera concepto,
el cual presentó en el sentido de solicitar la aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demandas.

I Demanda. Folios 222 a 248.Cuaderno 1.
2 Auto admisorio de la demanda. Folios 251 y 252. Cuaderno 1.
3 Diligencias de notificación. Folios 252, 255 y 256. Cuaderno 1.
4 Contestación a la demanda de la Nación — Rama Judicial. Folios 257 a 265. Cuaderno 1.
Folios 273 a 274 del cuaderno 1.
6 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 307. Cuaderno 1.
7 Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 310 a 318. Alegatos de
conclusión de la parte demandante. Folios 324 a 340. Alegatos de conclusión de la Nación — Rama Judicial.
Folios 410 a 412. Todos en el cuaderno 1.
8 Concepto del Ministerio Público. Folios 410 a 424. Cuaderno 1.

2

Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

2.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el
30 de agosto de 20139, negó las pretensiones de la demanda, bajo la
consideración de que la parte actora no satisfizo la carga probatoria de que trata el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de acreditar el daño
antijurídico, a partir de un régimen de responsabilidad de falla en el servicio. Por el
contrario, encontró probado que la privación de la libertad padecida por Martín
Alberto Riascos García cumplió los requisitos legales y constitucionales, porque el
juez de control de garantías y la autoridad judicial en segunda instancia
expusieron las razones por las cuales era procedente imponer la medida de
aseguramiento en contra del sindicado y en atención a los criterios objetivos y
subjetivos exigidos en la ley para decretar la detención domiciliaria.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelaciónl° en contra de la decisión
de primera instancia, con la pretensión de que se revoque y, en su lugar, se
acceda a las súplicas de la demanda con el argumento de que en este caso
procede la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. Precisó,
además, que la controversia también se podría resolver conforme al título de
imputación de falla en el servicio, en atención a que la Fiscalía sindicó al señor
Riascos García de haber cometido unos delitos sin contar con los elementos
probatorios que desvirtuaran su presunción de inocencia. Además, solicitó tener
en cuenta tres fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(25 de febrero de 2014, expediente 76001-23-31-000-2010-01562-00; 29 de abril
de 2013, expediente 76001-23-31-000-2011-01229-00; y 15 de febrero de 2013,
expediente 76001-23-31-000-2011-00059-00), por medio de los cuales accedió a
las pretensiones solicitadas en casos que guardan identidad fáctica y jurídica con
el que ahora se analiza. Por último, precisó que los perjuicios inmateriales,
consistentes en la afectación de la calidad de vida y dignidad humana suyos y de
su familia, se encuentran acreditados con la prueba testimonial practicada en
este contencioso.

2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia

Esta Corporación, por medio de auto del 6 de agosto de 201411 admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante. En providencia posterior12, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo. La parte demandante", en sus
alegaciones conclusivas, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y en la demanda. A su turno, la Nación, Fiscalía General de la Nación,
aseveró que los actores no demostraron el carácter injusto de la detención
domiciliaria, que sus actuaciones estuvieron ajustadas a derecho y que no fue ese
organismo el que impuso la medida de aseguramiento14. La Nación, Rama Judicial,
y el Ministerio Público guardaron silencio.

9 Sentencia de primera instancia. Folios 426 a 442. Cuaderno principal.
1° Recurso de apelación. Folios 461 a 479. Cuaderno principal.
11 Au
to admisorio del recurso de apelación. Folio 551. Cuaderno principal.
12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 557. Cuaderno principal.
13 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 555 a 566. Cuaderno principal.
14 Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 567 a 586.
Cuaderno principal.

3

Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto !l'ascos García y otros

El magistrado sustanciador, por medio de auto fechada el 14 de enero de 2022",
dispuso no acumular al presente expediente los procesos identificados con los
números internos 51981, 51627, 51487 y 52268 al caso objeto de estudio y, (ii)
dejó sin efectos la providencia de 19 de abril de 2021'6, que había ordenado la
acumulación de los procesos radicados bajo los números internos 52652 y 52895,
para que continuaran el trámite por separado.

III. CONSIDERACIONES.

La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que
le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del
Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos
asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera
instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la
cuantía17.

A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado", porque: i)
la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Martín Alberto
Riascos García culminó con la decisión de preclusiCin dictada por el Juzgado
Trece Penal del Circuito de Cali, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de
2009, ii) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 16 de
diciembre de 2009", que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal como
consta en la certificación del procurador fechada el 14 de abril de 2010 y, iii) la
demanda fue presentada el 26 de mayo de 20102°.

En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el
expediente que Martín Alberto Riascos García fue la persona que debió soportar la
medida de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado,
por lo que se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes Martín
Sebastián Riascos Ceballos, Alberto Riascos Rojas, Fabiola Amparo García
Obando, Nicholle Vanessa Riascos Guarnizo, Ana Sofía Riascos Guarnizo, Edwin
Javier Riascos Mancera, Yannit Alberto Riascos Mancera, Sandra Rocío López
García y Oscar Ricardo Flórez García, las relaciones de parentesco como padres,
hijos y hermanos del afectado con la privación están debidamente acreditadas con

16 índice 47. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporáción "SAMAI: E4FF2211D6165D6A
D94794E235560E01 44C2C85A69ECC2FD 6006EF68F1021384C.
16 índice 33. Certificado del sistema de gestión judicial de esta Corporación "SAMAI: B386F8C51ABC6010
717E8C623A9C6C74 16F13056089D6349A 5B4D9A8B4545B3A9.
17 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de
manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los
asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en,e1 numeral 6 del artículo 152 de ese
código.
18 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización
de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el términd de caducidad de dos años previsto
en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión
de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un
daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación del 15 de agosto de 2018 y
18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En iguál sentido, Sección Tercera, auto del
19 de julio de 2010, expediente 37410).
19 En la constancia de la audiencia de conciliación prejudicial aparece qué la solicitud fue presentada el 16 de
diciembre de 2010, sin embrago, por el contenido del acta se entiende que se trata del año 2009, dado que la
audiencia de conciliación inició el 10 de marzo de 2010 y concluyo el 14 de.abril de 2010. Folio 219. Cuaderno
1.
20 Demanda. Folio 218. Cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

los respectivos registros civiles de nacimiento21. En lo que tiene que ver con la
legitimación en la causa de Blanca Nubia Guarnizo Rojas, constituye un hecho
indicador de la existencia de la relación marital que tiene hijos en común con
Martín Alberto Riascos. Además, los testimonios de Ana Rita Martínez, suegra del
hermano de Martín Riascos, de Octavio de Jesús Arias Arango y de Liz Ileana
Rojas, quienes aseveraron ser vecinos, y de Luz Esperanza Vargas Muñoz,
compañera de trabajo del señor Riascos García, corroboran la existencia de la
relación marital, pues coinciden al afirmar que Mario Alberto Riascos tenía una
relación afectiva estable con Blanca Guarnizo y procrearon dos hijas22. Así, la
señora Guarnizo Rojas está legitimada en la causa por activa.

La Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su
delegado, en cuanto fue el órgano que solicitó la medida privativa de la libertad, y
la Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial,
al ser el organismo que decretó la detención por medio del juez de control de
garantías, tienen legitimación en la causa por pasiva.

3.1. Problemas jurídicos

En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de
juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas
jurídicos:

¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Martín Alberto
Riascos García por el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de
control de garantías, en la audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de
2007, en el trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos
contra la administración pública imputados en su condición de detective 208-07 del
DAS, seccional Valle del Cauca, constituye un daño antijurídico por contrariar los
principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad?

En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la
medida de detención domiciliaria en contra Martín Alberto Riascos García resulta
imputable a la Nación, Rama Judicial? O la atribución ha de hacerse por causa de
la acción u omisión de la Nación, Fiscalía General de la Nación, o por la acción u
omisión atribuible a los dos organismos.

Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para
que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los
perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

21
copia del registro civil de nacimiento de Martin Alberto Riascos García, con indicativo serial 3331160 y con
fecha de inscripción 21 de abril de 1978 ante la Notaria Segunda de ipiales. Folio 9. Copia del registro civil de
nacimiento de Martin Sebastián Riascos Ceballos, con indicativo serial 21379393 y fecha de inscripción el 26
de diciembre de 1996 ante la Notaría Primera de 'piales. Folio 12. Copia del registro civil de nacimiento de
Nichole Vanessa Riascos García, con indicativo serial 30582276 y fecha de inscripción el 5 de diciembre de
2001. Folio 13. Copia del registro civil de nacimiento de Ana Sofía Riascos Guarnizo, con indicativo serial
33815220 y fecha de inscripción el 20 de noviembre de 2003. Folio 14. Copia del registro civil de nacimiento
de Oscar Ricardo Flórez García, con anotación del 30 de mayo de 1972. Folio 15. Copia del registro civil de
nacimiento de Sandra Rocío López García, con indicativo serial 14997847 y fecha de inscripción el 17 de julio
de 1990 ante la Notaría Segunda de 'piales. Folio 16. Copia del registro civil de nacimiento de Yamit Alberto
Riascos Mancera, con indicativo serial 14589123 y fecha de inscripción el 16 de noviembre de 1996 ante la
Notaría Primera de Santa Marta. Folio 17. Copia del registro civil de nacimiento de Edwin Javier Riascos
Mancera, con indicativo serial 7747267 y fecha de inscripción el 3 de agosto de 1983 ante la Notaría Primera
de Santa Marta (Magdalena). Folio 18. Todos en el Cuaderno 1.
22 Testimonios recibidos en el proceso contencioso. Cuaderno 2.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

3.2. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas
jurídicos enunciados

Al respecto, la Sala precisa que las grabaciones de las audiencias realizadas en el
proceso penal adelantado en contra del señor Riascos García y las copias de los
documentos simples que respaldan los hechos que se, relacionan a continuación,
estuvieron a disposición de las partes en este contendioso y no fueron tachadas
de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos23.

3.2.1. El grupo anticorrupción del DAS, en atención a una denuncia anónima
presentada por correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de la República",
que informaba sobre irregularidades en el trámite de expedición de
certificados judiciales cometidas por servidores públicos de la seccional del
Valle del Cauca del D.A.S., elaboró misión de trabajo fechada el 15 de agosto de
2006, para recaudar información sobre los hechos denunciados. En cumplimiento
de esa misión, los investigadores asignados identificaron comportamientos
irregulares al interior del DAS, seccional Valle del Cauca, relacionados con la
asignación de citas para la expedición del certificado judicial, con el sistema de
información conocido como "SIPDAS" y con la expedición de certificaciones falsas
de antecedentes judiciales. En la misión de trabajo, los investigadores recaudaron
las planillas de control de citas para la expedición de certificado judicial solicitadas
por la red telefónica (PBX) del D.A.S., suscritas por los servidores que debían
diligenciar el documento25.

3.2.2. Los encargados de la misión de trabajo al interior del D.A.S. solicitaron al
juez de control de garantías autorización para interceptar las líneas telefónicas
habilitadas por la entidad para la asignación de citas de expedición de certificados
judiciales, y los abonados celulares de uso personal de los servidores del DAS,
seccional Valle del Cauca, que tenían a su cargo él recibo de llamadas y la
expedición del certificado26. El juez de control de garantías declaró la legalidad de
la interceptación de comunicaciones27.

3.2.3. El Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de
garantías, el 20 de mayo de 2007, dictó orden de captura en contra de 17
servidores de la seccional del Valle del Cauca del D.A.S., entre los que se
encontraba Martín Alberto Riascos García28, decisión que se hizo efectiva por la
Policía Judicial el 22 de junio de 200729.

23 El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en *este caso, enuncia que las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. De las pruebas
documentales allegadas como medios de convicción a este proceso, Ips documentos aportados en copia
auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de
la sana critica; así mismo, las copias simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han
sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos
públicos, de conformidad con el articulo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las
declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal como lo
dispone el articulo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los* documentos públicos, ya sea entre
quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros.
24 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_2". Minutos
50:29 a 52:23. Folio 2. Cuaderno 3.
25 Escrito de acusación. Folio 145. Cuaderno 1.
26 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3.
27 Audiencias reservadas. Folios 92 a 126. Cuaderno 4.
28 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3.
28 Grabación de las audiencias preliminares. CD1. Folio 2. Cuaderno 3.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (5165E)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

3.2.4. El Juzgado Trece Pénal Municipal con funciones de control de garantías, en
audiencia reservada del 22 de junio de zopo, declaró la legalidad del
procedimiento de registro de la residencia del señor Riascos García, en el que se
incautaron dos teléfonos celulares.

3.2.5. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Cali con funciones de control de
garantías, en audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de 2007, declaró la
legalidad de la captura del señor Riascos García, por encontrarla ajustada a
derecho31; ii) escuchó al Fiscal 100 adscrito a la Unidad de Delitos contra la
Administración Pública, comunicar a Martín Alberto Riascos García su vinculación
a la investigación penal como coautor de los delitos de concierto para delinquir,
concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción,
revelación de secreto, abuso de función pública, prevaricato por omisión, cohecho
por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento público,
cometidos en su condición de servidor público del DAS, seccional Valle del
Cauca32 y, iii) a pesar de que la Fiscalía solicitó la imposición de medida privativa
de la libertad en un establecimiento earcelario33-34, decretó medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria, decisión que fue confirmada
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, el
26 de julio de 2007, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
Fiscalía35.

3.2.6. La Fiscalía sustentó la imputación de cargos en la evidencia recaudada en
la misión de trabajo, que dio cuenta de irregularidades acaecidas en la seccional
del Valle del Cauca del D.A.S. en el área de atención a usuarios, como: (i)
inconsistencias en el sistema de información y bases de datos reflejadas en las
planillas para la asignación de citas, (ii) omisión en la contestación de las líneas
telefónicas habilitadas para solicitud de certificado judicial, (iii) entrega irregular de
información de la base de datos de certificados judiciales del D.A.S. y (iv)
asignación de citas inobservando el procedimiento a cambio de dinero que
concertaban por medio de tramitadores, tal como se infirió de las interceptación. El
Fiscal precisó, además, que la interceptación de las líneas telefónicas de los
servidores vinculados al proceso mostró una actividad criminal organizada bajo la
coautoría impropia, porque cada uno de los involucrados realizaba distintos
comportamientos ilícitos, circunstancia que configura la conducta punible de
concierto para delinquir. En el caso de Martín Alberto Riascos García, el fiscal
afirmó que la interceptación de sus comunicaciones reveló que cometió el delito de
concusión, dado que, por solicitud de un tercero que se comunicó con él vía
telefónica el 8 de febrero de 2007, verificó la asignación de citas para la
expedición de los certificados judiciales de dos personas identificadas con los
nombres de Mabel Martínez y de Juan Jacobo Grajales, y las conductas punibles
de revelación de secreto y de abuso de función pública, porque entregó
información, por requerimiento de un intermediario, sobre antecedentes judiciales
de una persona que pretendía salir del país. Por último, manifestó que el 19 de
febrero de 2007, en una conversación telefónica con una persona identificada

3° Audiencia reservada de legalización de allanamientos y registros. Folio 77. Cuaderno 4.
31 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002 2". Minutos:
00:00 a 22:37; y Grabación "76001600019920060076000_760014088002_3". minutos 5:00 a 3132. Folio 2.
Cuaderno 3.
32 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_2".
Minutos
38:31 a 1:52:10. Folio 2. Cuaderno 3.
33 Acta de audiencias preliminares. Folios 49 a 53. Cuaderno 1.
34 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_5".
Minutos
15:46 a 17:23. Folio 2. Cuaderno 3.
33 Acta de audiencia en la que se resolvió el recurso de apelación contra la decisión que
ordenó la detención
domiciliaria. Folios 380 a 385. Cuaderno 3.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

como "Jesús Martín", habló de entregar información de antecedentes y
requerimientos judiciales36.

3.2.7. El juez de control de garantías, en la audiencia concentrada, consideró que
la medida de aseguramiento resultaba procedente en virtud de lo previsto en el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004, que habilita la imposición de detención
preventiva cuando se imputan delitos contra la administración pública, imputación
que en el caso del señor Riascos García se sustentó en las pruebas recopiladas
por la Fiscalía, conforme a las cuales se infirió razonablemente su responsabilidad
penal.

3.2.8. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento,
el 26 de julio de 2007, confirmó la decisión apelada por la Fiscalía para que se
impusiera medida privativa en establecimiento carcelario, bajo la consideración de
que la gravedad de los delitos objeto de investigación repercutían negativamente
en la comunidad y que no existían medios de prueba que demostraran que el
investigado podía obstruir el normal desarrollo del proceso penal o que podía
continuar el actuar delictivo.

3.2.9. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Cali con funciones de control de
garantías, por medio de providencia fechada el 20 de noviembre de 2007,
desestimó la petición de los investigados de conceder libertad inmediata por
vencimiento de térnninos37, decisión que fue revocada por el Juzgado Catorce
Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, el 14 de diciembre de
2007 y, en consecuencia, ordenó la libertad inmediata de Martín Alberto Riascos
García38.

3.2.10. La Fiscalía General de la Nación, en audiencia celebrada el 22 de febrero
de 200839, acusó al señor Riascos García de haber cometido los delitos de
cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público.

3.2.11. La Fiscalía General de la Nación, el 31 de agosto de 2009, solicitó al juez
precluir la investigación penal en contra del señor Riascos García, porque no
contaba con elementos materiales probatorios que permitieran al juez de
conocimiento proferir sentencia condenatoria".

3.2.12. El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en audiencia del 2 de
septiembre de 200941, precluyó la investigación que cursaba en contra de Martín
Alberto Riascos García, porque no existían medios de prueba que acreditaran su
responsabilidad penal por las conductas delictivas que se le endilgaron. En
consecuencia, declaró la extinción de la acción penal y ordenó la revocación de
cualquier medida cautelar impuesta en contra del procesado.

38 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_3". Minutos 4:48
a 21:26. Folio 2. Cuaderno 3.
31 Acta de audiencia en la que se resolvió el recurso de apelación contra lá decisión de no conceder la libertad
por vencimiento de términos. Folio 33. Cuaderno 3.
38 Acta de audiencia en la que se resolvió el recurso de apelación contra la decisión de no conceder la libertad
por vencimiento de términos. Folios 32 y 33. Cuaderno 3.
39 Demanda. Folios 130 a 138. Cuaderno 1.
4° Anexos a la demanda. Folios 186 a 218. Cuaderno 1.
41 Anexos a la demanda. Folios 181 a 185. Cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

3.3. Consideraciones relativas al primer problema jurídico: antijuridicidad del
daño

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el
artículo 90 de la Constitución Política, establece que el Estado tiene la obligación
de responder "patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i)
el daño antijurídico42 y (ii) la imputabilidad al Estado, que se centra en constatar si
el menoscabo es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada. Esta
imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica
en función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que se verifica en
función de la carga obligacional del órgano demandado43.

Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que
el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un
bien jurídico tutelado que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico
o moral del titular, ii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de
soportarlo".

En los eventos en los que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en
virtud de las facultades de investigación de los delitos que están en cabeza del
Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva y
excepcional, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se
configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, bajo la consideración
que el término injusticia hace referencia a una actuación "abiertamente arbitraria,
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales"45.

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que
su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la
cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada
fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a
derecho"46. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente
46932.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014,
expediente 29195.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010 y del 25
de abril de 2012,
expediente 21861.
45 Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el
articulo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la
privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente
arbitraria".
46 Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la
libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso,
la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el
significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la
actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcioneda" y desconocedora de
los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el
sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de
prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple
juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68
de la Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcipnalidad y legalidadn47.

De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el
título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, como lo expone la
parte demandante en el recurso de apelación al solicitar la aplicación de un
régimen objetivo de responsabilidad, dado que, confdrme a lo dispuesto en la
sentencia de constitucionalidad citada, es necesario qüe en cada caso particular
se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de aseguramiento al
momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la; rigen, análisis que está
directamente relacionado con el estándar probatorio previsto en cada etapa del
proceso penal (principio de progresividad penal)48.

Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala Procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de Martín Alberto Riascos
García constituyó una detención razonable, proporcional y necesaria.

En el caso bajo estudio, las pruebas allegadas revelan que Martín Alberto Riascos
García fue capturado el 22 de junio de 2007 y al día siguiente un juez de control
de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria que se
mantuvo hasta el 14 de diciembre de 2007, cuando el Juzgado Catorce Penal del
Circuito de Cali con funciones de conocimiento, le concedió la libertad inmediata49.
Así, se encuentra acreditado que la parte demandgnte soportó una medida
restrictiva del bien jurídico fundamental de la libertad personal y física,
excepcional y preventiva, que generó padecimiento a él y a sus seres queridoss°,
por lo que honró la carga que le asistía de demostrar el daño o menoscabo a un
bien o interés jurídicamente tutelado.

En cuanto a los requisitos para la imposición de la medida privativa de la libertad,
la Ley 906 de 2004, norma procesal penal vigente para la época de los hechos

la verificación de su conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos
contenidos en dicha norma exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos
en los cuales procede la detención preventiva tienen ínsito el juicio de rázonabilidad y proporcionalidad; por
ejemplo, en el Decreto Ley 2700 de 1991 se consagraba como preSupuesto para imponer medida de
aseguramiento que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en
las pruebas legalmente producidas en el proceso".
47 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
48 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021,
expediente 00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal
tiene dos vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácter
predusivo que lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en; tanto que la segunda apunta a la
definición progresiva y vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos
investigados. Por lo anterior, la queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado a juicio
(...) no es el mismo por el cual se le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del
debido proceso caracterizado por el principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado
de conocimiento del objeto de investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la
certeza".
49 Acta de la audiencia en que se concedió la libertad inmediata de los imputados. Folio 33. C. 3.
5° Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

que fundamentan la demanda, prevé que el fiscal debe solicitar al juez de control
de garantías el decreto de la medida de aseguramiento con exposición de la '
identificación de la persona contra quien recae, de la conducta delictiva que se le•
atribuye, de los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y
de su necesidad o urgencia. El juez de control de garantías, después de escuchar
los argumentos de los sujetos procesales, resuelve sobre la imposición de la
medida cautelar. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la
respectiva audiencia (art. 306). El juez de control de garantías decreta la medida
de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios permitan inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta
delictiva que se investiga (art. 308).

Bajo ese marco normativo, en el caso bajo estudio el Juez Segundo Penal
Municipal de Cali con funciones de control de garantías infirió razonablemente
que el imputado podía ser autor o participe de las conductas delictivas objeto
de investigación, porque los medios de prueba recaudados hasta ese momento
daban cuenta de irregularidades constitutivas de conductas punibles contra la
administración pública. Entre los elementos probatorios que soportaron la
decisión, se mencionó el resultado de una misión de trabajo expedida por el grupo
anticorrupción del D.A.S., relativo a la verificación de funcionamiento de las líneas,
telefónicas de atención al público interesado en la expedición del certificado
judicial, a la revisión de las planillas que consignaban el recibo de las llamadas y a
la interceptación de llamadas telefónicas a los abonados celulares de los
servidores del D.A.S., que tenían a su cargo funciones relacionadas con la
actualización y expedición del documento, y manejo de la base de datos de
antecedentes y requerimientos judiciales.

En la audiencia de formulación de cargos51, que coincide con el contenido del
escrito de acusación52, el Fiscal hizo referencia a la Misión de Trabajo número 331
del 15 de agosto de 2006 realizada por dos funcionarios del grupo anticorrupción
del D.A.S., en el sentido de indicar que esa labor previa reveló las irregularidades
cometidas al interior de la entidad, específicamente, la omisión en la
contestación de las líneas de atención a usuarios, anomalías en la planillas de
recibo de llamadas e interceptación de las comunicaciones de varios servidores
públicos que trabajaban en el área encargada de 'llevar los registros delictivos y
de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales con base en el
canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las
autoridades judiciales''53. En punto a la eficacia probatoria de la indagación
referida, es del caso precisar que la misión se enmarcó en la gestión
administrativa que le imponía al organismo de seguridad adelantar averiguaciones
sobre conductas corruptas puestas en conocimiento por una queja ciudadana,
ejercicio que los diferencia de los informes de policía rendidos en ejercicio de
funciones de policía judicia154, que "si bien muchas veces revelan situaciones

51 CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación "76001600019920060076000_760014088002_2". Minutos:
49:55 a 1:07:00. Folio 2. Cuaderno 3.
52 Escrito de acusación. Folio 145. Cuaderno 1.
53 Decreto 218 de 2000, "por el cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS:, artículo 3-13 (Funciones).
" Ley 906 de 2004. "Artículo 200. órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la
indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su
conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. II En
desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a la Fiscalia General de la Nación, por conducto del fiscal
director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-
cientifica de las actividades que desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en este código. JI Por
policía judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal
y, en el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados".

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Mailln Alberto (Vascos García y otros

objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones
con terceros, muchas veces indeterminados, que' estructuran conjeturas o
apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba'55.

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía también revela que en la fase
de indagación previa se realizó una labor investigativa encaminada a identificar los
titulares de dos abonados telefónicos de donde provenían las comunicaciones
intervenidas con la colaboración de las empresas prestadoras de servicios
celulares, investigación que dio cuenta de que el titular, de las líneas era el señor
Riascos García56.

Asimismo, se acreditó que el señor Riascos García que ejercía funciones en el
área de expedición de certificados judiciales y registros delictivos y que, como
resultado de la interceptación de comunicaciones, autorizada y legalizada por el
juez de control de garantías, se pudo interceptar una llamada que sostuvo con un
desconocido a quien le aseguró que las dos personas que le mencionó se
encontraban registradas en las planillas de asignación de citas para expedición del
certificado judicia157-55.

Por los motivos expuestos, la decisión de restringir el derecho a la libertad del
señor Riascos García resultó razonable59, porque contó con los elementos
materiales probatorios suficientes que daban cuenta de que el investigado podía
ser coautor de las conductas delictivas que eran objeto:de investigación.

La medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a que el
tiempo en que estuvo detenido el señor Riascos Garcja (cuatro meses y veintiún
días), no puede considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión
prevista para algunos hechos punibles contra la administración pública y el
concierto para delinquir5° que prevén penas de prisión superiores a cuatro (4)

55 Corte Constitucional, sentencia C-1315 del 26 de septiembre de 2000, que declaró estarse a lo resuelto en
sentencia C-392 del 6 de abril del mismo año, que decidió sobre la constitucionalidad de los artículos
demandados de la Ley 504 de 1999. En igual sentido, sentencia C-793 del 29 de junio de 2000.
56 "De acuerdo con las transcripciones de las interceptaciones autorizadas y mencionadas en informes
anteriores, se realizó un análisis de las llamadas captadas a través del celular 315541795 y 3012175342 que
siempre utiliza el funcionario público MARTIN ALBERTO RIASCOS GARCIA y que según inspección realizada
Telefónica Movistar corresponde a MARTIN ALBERTO RIASCOS GARCÍA C.C. 87.719.575 dirección Calle 62
A N° 2N-68 Alamos, teléfono 4382998 de Cali valle del Cauca, Fecha de activación 5 de diciembre de 2001,
plan prepago". Escrito de acusación. Folio 160. Cuaderno 1.
9 Escrito de acusación. Folio 160. Cuaderno 1.
58 La Fiscalía, en la audiencia de formulación de cargos, también hizo referencia a los reportes periodísticos
regionales que daban cuenta de varias denuncias por los abusos a los que eran sometidos los ciudadanos de
Cali, por personas inescrupulosas que, a cambio de sumas de dinero, ofrecían facilidades en el trámite de
asignación de citas para la expedición de certificados judiciales. CD 1. Carpeta "2006-007760-1". Grabación
"76001600019920060076000_760014088002 5". Minutos 56:34 a 57:27. Folio 2. Cuaderno 3.
56 La Subsección C de la Sección Tercera cl— el Consejo de estado, en la sentencia del 29 de noviembre de
2019 (exp. 48452) definió que la razonabilidad, por su parte, se verifica con la constatación del cumplimiento
del estándar probatorio que impone el legislador, en relación con la apariencia de responsabilidad, para la
adopción de la medida (artículos 308 de la Ley 906 de 2004). Esto porque la decisión de imponer la medida
de aseguramiento debe estar basada en la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, que permitan
establecer fehacientemente la participación del investigado en los hechos que se le imputan. La medida no
puede adoptarse con base en conjeturas y suposiciones.
55 Código Penal, artículo 404, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Concusión. "El servidor
público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzcá a alguien a dar o prometer al mismo
servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los sólicite, incurrirá en prisión de noventa
y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, [...1". Artículo 340, modificado pbr la Ley 890 de 2004 y la Ley 733
de 2002. Concierto para delinquir. "Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada
una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses".

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto fiascos García y otros

años, mínimo exigido por el artículo 313 de la Ley 906 de 2004 para que procede
la imposición de la medida de detención preventiva61.

Ahora, en relación con el presupuesto de necesidad de la medida de
aseguramiento, el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 establece que la detención
preventiva procede siempre que se imponga necesaria para evitar que el
imputado: i) obstruya el ejercicio de la justicia, ii) cuando constituya un peligro para
la comunidad o para la víctima y, iii) cuando resulte probable que no comparecerá
al proceso. Frente al segundo de los supuestos, el artículo 310 del Código
Procesal Penal, vigente al momento de la imposición de la detención domiciliaria
impuesta en contra del demandante (23 de junio de 2007)62, establecía que para
estimar si la libertad del imputado suponía un peligro para la comunidad, además '
de la gravedad del hecho y la pena imponible, debían atenderse algunas de las
siguientes circunstancias: i) la continuación de la actividad delictiva, ii) el número
de delitos imputados y su naturaleza, iii) estar acusado o sujeto a medida de
aseguramiento o disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena por delito
doloso o preterintencional y/o, iv) La existencia de sentencias condenatorias.
Adicional a lo anterior, en el caso bajo estudio, en el que la medida de,
aseguramiento consistió en detención domiciliaria, resulta relevante considerar•
que, conforme al artículo 314 de la norma en comento, el juez podía estimar
suficiente la reclusión en el lugar de residencia en atención a la vida personal,
laboral, familiar o social del imputado, siempre que encontrara acreditados los
requisitos generales de procedibilidad de la medida restrictiva de libertad, esto es,
que los elementos probatorios permitieran inferir razonablemente que el imputado•
podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva y que resultara necesaria por
alguno de los eventos descritos en precedencia.

En atención a la normativa referida, la Sala encuentra que la medida de detención
domiciliaria en este caso también se revelaba necesaria63, porque se fundamentó
en que los imputados constituían un peligro para la comunidad. Basó esta
percepción, en la gravedad de los hechos punibles revelados durante la
investigación, en el número de delitos que se le imputaban al sindicado, y en su
naturaleza, dado que en todos se encontraba comprometida la administración
pública (concierto para delinquir, concusión y prevaricato por omisión, entre otros).

En ese sentido, el Juez de control de garantías manifestó que los hechos objeto
de investigación afectaban la honorabilidad de una entidad del Estado con

61 Ley 906 de 2004. artículo 313. "Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la
detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: II 1. En los delitos de
competencia de los jueces penales de circuito especializados. II 2. En los delitos investigables de oficio, ,
cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años".
62 Ley 906 de 2004, articulo 310. "Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la
seguridad
de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las
siguientes circunstancias: 1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El
hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando
un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La
existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.". Cabe precisar que el
artículo 310 de la Ley 906 de 2004 ha sido modificado por la Ley 1142 de 2007, la ley 1453 de 2011 y la ley
1760 de 2015".
63 Ley 906 de 2004, artículo 308. "Requisitos. El juez de control de garantías, a petición
del Fiscal General de
la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales
probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda
inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: I. Que la medida de aseguramiento se
muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el
II
imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. II 3. Que resulte probable que
el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia".

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto !Vascos García y otros

impacto social negativo, porque debido al comportamiento irregular de unos
servidores públicos los usuarios fueron sometidos a un injustificado sobrecosto en
el trámite y expedición de certificados judiciales. Además, señaló que los
investigados, valiéndose de sus actividades laborales al interior del DAS.,
alteraron de manera libre y voluntaria el orden jurídico al entregar información de
la base de datos de antecedentes y requerimientos judiciales a cambio dinero.
Bajo ese escenario, el juez consideró suficiente la 'imposición de la medida
aseguramiento bajo la modalidad de detención domiciliaria porque el sindicado: (i)
tenía la necesidad de resguardar la estabilidad de sus familias y especialmente la
de sus hijos menores y, (ii) podía representar un peligro para su seguridad
personal permanecer en un establecimiento carcelario. El Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, el 26 de julio de 2007,
confirmó la decisión apelada por la Fiscalía con el argumento de que la gravedad
de los delitos objeto de investigación repercutían negativamente en la comunidad.

Por lo expuesto, la Sala concluye que la medida de aseguramiento de detención
domiciliaria de la que fue objeto Martín Alberto Riascoi García fue sustentada en
un título jurídico que atendió las normas constitucionales y legales que justifican y
legitiman la limitación del derecho a la libertad de manera excepcional y
preventiva , bajo los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad.

Por último, la Sala precisa que la solicitud del apelante65, en el sentido de "tener
en cuenta" las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca allegadas a este contencioso para mostrar las decisiones favorables
proferidas en asuntos que guardan identidad fáctica 9 jurídica con el caso que
ahora se analiza, resulta improcedente porque no constituyen ni antecedente ni
precedente para resolver esta controversia66, en la medida en que no fueron
dictadas por esta Corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo67. Máxime, porque se trata de providencias expedidas

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente
46932.
66 Recurso de apelación. Folio 479. Cuaderno principal.
66 Conviene recordar que en cada proceso el funcionario judicial debe establecer la norma aplicable a una
controversia para brindar una solución a aquella, pero ese ejercicio, puede dar lugar a comprensiones
diferentes respecto del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella efectos distintos. En
respuesta a dicha circunstancia el sistema jurídico ha edificado la figura jurídica conocida como el precedente,
que, en términos de la Corte Constitucional, ha sido definida como "aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia". Sentencias T-762 de 2011 y SU-068 de 2018. Lo que se busca con el precedente es
garantizar que la independencia interpretativa de los jueces es un principio relevante pero que "se encuentra
vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales que fijan criterios para la interpretación del derecho". Esa Corporación ha entendido que el
precedente debe ser anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y que debe existir una semejanza
de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho.
En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente. Desconocer el
precedente puede constituir un defecto en la providencia, si la autoridad judicial no ofrece un mínimo
razonable de argumentación que permita una decisión diferente. (sentencias SU-567 de 2015 y SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional).
67 La jurisprudencia constitucional ha distinguido, adicionalmente, entre la figura del precedente horizontal,
que es aquél que debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro (a) de igual
jerarquía funcional, y la figura del precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporación
de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción
se desempeñan como órganos límite. En el escenario de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, el
precedente judicial vertical se configura cuando existen sentencias de unificación o decisiones reiteradas en el
mismo sentido proferidas por el Consejo de Estado. Estas providencias tendrán que ser acogidas por la
autoridad que resuelva posteriormente sobre el mismo tema para evitar la afectación de la seguridad jurídica,
la confianza legitima, el derecho a la igualdad y los esfuerzos realizados por el tribunal de cierre para unificar
la jurisprudencia. Ver Sentencias T-762 de 2011 y SU-068 de 2018.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-00639-01 (51658)
Demandantes: Martín Alberto Riascos García y otros

antes de la sentencia de unificación que fijó los parámetros de interpretación
constitucional del artículo 68 de la Ley 270 de 199668.

IV. CONDENA EN COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 30 de agosto de 2013, que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

,./
NICOL U OR /4(
Presiden e

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ bUQUE
Magistrado .-Mag1Titrff o
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
36.146-15 #1 y Rad 50.668-20

68 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018.

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