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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00647-02

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00647-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2010-00647-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de septiembre de 2025

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Radicado: 76001 23 31 000 2010 00647 02
Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 76001 23 31 000 2010 00647 02
Actor: Jorge Iván Vélez Calvo y Sintraemcali
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Tesis: Es cierto que en el fallo apelado no se analizaron los cargos relativos a que:
(a) no se garantizó el derecho preferente de los trabajadores y del sector solidario
para adquirir la participación estatal en la nueva empresa, (b) no se determinó con
claridad cuántas acciones del componente de telecomunicaciones serían objeto de
enajenación ni su valor, y tampoco se fijó un procedimiento para llevarlo a cabo y
(c) se incumplió el requisito determinado en el artículo 82 de la Ley 136 ya que no
se remitió copia de los acuerdos sancionados al gobernador del Valle del Cauca.
No es cierto que en los actos enjuiciados se autorizó la venta de acciones de
EMCALI.
No son nulos por vulneración de normas superiores, los acuerdos municipales en
los que se autorizó la creación de una empresa filial de una empresa de servicios
públicos, si no se remitió copia de ese acto sancionado al respectivo gobernador.

NULIDAD - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 21 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio
de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el señor Jorge Iván Vélez Calvo, en

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Radicado: 76001 23 31 000 2010 00647 02
Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

nombre propio y como representante legal de la Organización Sindical Sintraemcali,
interpuso demanda en contra del Municipio de Santiago de Cali1.

1.1.1. Pretensiones

«PRETENSIONES

“PRIMERO: Declarar la nulidad absoluta del Acuerdo Municipal No. 0275 de
2009, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago de Cali, mediante el
cual se otorga una autorización para la constitución de una filial de EMCALI
E.I.C.E. E.S.P, su transformación y, se dictan otras disposiciones.

SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta del Acuerdo Municipal No. 0284 de
2009, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago de Cali, mediante el
cual se modifica el artículo 9 del Acuerdo 0275 de octubre 26 de 2009.

TERCERO: Declarar la nulidad absoluta del Decreto 411.0.20.0618 del 29 de
octubre de 2009, expedido por la Alcaldía Municipio de Santiago de Cali,
mediante el cual se otorgan unas autorizaciones.»2.

1.2. Los actos acusados

1.2.1. Acuerdo nro. 0275 de 2009

«CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI
ACUERDO No. 0275 DE 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA LA
CONSTITUCION DE UNA FILIAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E E.S.P. SU TRANSFORMACION Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 313
numeral 3 de la Ley 489 de 1998, Ley 1341 de 2009 y el artículo 71 parágrafo
1 de la Ley 136 de 1994, y

ACUERDA

ARTÍCULO 1°: AUTORIZACION. Autorizar al Alcalde en su condición de
representante legal del Municipio de Santiago de Cali y a los Representantes
Legales de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P,
METROCALI S.A, FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA, EMPRESA MUNICIPAL
DE RENOVACION URBANA -EMRU-, para constituir una sociedad filial de
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P, organizada como
sociedad anónima, del orden municipal, con domicilio en la ciudad de Santiago
de Cali, que tendrá la razón social que su Asamblea determine y como término
de duración el máximo permitido por la ley. El régimen jurídico aplicable a la
sociedad cuya creación se autoriza en el presente artículo será el establecido
en la Ley 1341 de 2009 y las que la reglamenten, complementen, modifiquen o
sustituyan.

1 Visible a índice 84 del Sistema de Gestión Judicial Samai del expediente 76001 23 31 000 2010

00647 00 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2 Folios 282 a 286 ibidem. Escrito de reforma de la demanda.

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En esta empresa, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E
E.S.P. tendrá inicialmente una participación accionaria del 94.99% y el
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, METROCALI S.A, FONDO ESPECIAL
DE VIVIENDA, EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA -EMRU-,
cuyos representantes legales quedan autorizados por el presente Acuerdo para
concurrir a la constitución de la sociedad, conjuntamente tendrán una
participación inicial del 5.01%.

PARAGRAFO 1°: Autorizar al representante legal de EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P para aportar y/o transferir
mediante la figura jurídica que sea adoptada para tales efectos, los activos de
la unidad de negocio de telecomunicaciones de dicha entidad a la sociedad cuya
creación se autoriza mediante el presente acuerdo, así como los pasivos, que
a pesar de no corresponder a dicha unidad de negocios resulten convenientes
para los propósitos del presente Acuerdo; lo anterior siempre y cuando se
vincule al capital de esta sociedad un aliado estratégico de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5 siguiente del presente acuerdo.

PARAGRAFO 2°: En todo caso para la ejecución de estas facultades, en lo que
corresponda, se adelantarán con base en los procedimientos y requisitos
contemplados en las normas que regulan la materia, especialmente con
observancia de los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 2°: OBJETO SOCIAL. La sociedad filial tendrá por objeto social
principal la organización, operación, prestación y explotación de actividades y
servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las
comunicaciones -TICs-, servicios de información, como la prestación de
servicios de consultorio, asesoría y de asistencia técnica, así como las
actividades complementarias relacionadas y/o conexas con ellos, dentro del
territorio nacional y en el exterior, así como, los nuevos desarrollos en el sector
de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TICs-.

ARTICULO 3°: ORGANISMOS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION. La dirección, administración y representación de la
sociedad se ejercerá, dentro de sus respectivas competencias legales y
estatutarias, por los siguientes órganos principales:

1. Asamblea General de Accionistas
2. Junta Directiva
3. Gerente General, nombrado por la Junta Directiva

ARTICULO 4°: SUSTITUCION PATRONAL. Entre EMPRESA MUNICIPALES
DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P. y la sociedad que se crea, operará la figura
de la sustitución patronal de conformidad con las normas legales y
convencionales aplicables, para los trabajadores que se trasladen de
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E a ésta. El traslado de
trabajadores operaría siempre y cuando se vincule al capital de esta sociedad
un aliado estratégico de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 siguiente del
presente acuerdo.

Los nuevos trabajadores de la nueva sociedad se vincularán conforme a las
normas legales que resulten aplicables.

PARAGAFO: Todos los trabajadores oficiales actualmente vinculados a la
Unidad de Negocios de Telecomunicaciones de las Empresas Municipales de
Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P pasarán a la sociedad por acciones que por medio
de este Acuerdo se autoriza constituir, sin que se presente el fenómeno de
solución de continuidad laboral. En todo caso, para el citado personal, se

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respetarán todos los derechos adquiridos conforme a la Ley, haciéndose
extensiva la Convención Colectiva suscrita y vigente entre Empresas
Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P. y el sindicato de trabajadores
SINTRAEMCALI a la fecha de la sustitución patronal.

ARTICULO 5°: Autorizase a la nueva empresa conformada en los términos
previstos en las disposiciones anteriores de este Acuerdo y/o sus accionistas,
para que realicen procesos de convocatoria y selección de aliados estratégicos
que se vinculen al capital de esta sociedad en un porcentaje equivalente hasta
el 49% del capital. Para tales efectos, se autoriza la transformación, si ello fuere
necesario, en sociedad de carácter mixto, para lo cual se realizarán las
modificaciones estatutarias a que hubiere lugar. En el reglamento de vinculación
de capital que se adopte dentro del proceso de convocatoria y selección del
aliado estratégico, se establecerá que con posterioridad a la vinculación del
aliado estratégico, éste tendrá la obligación, de ofrecer acciones en la nueva
empresa a personas naturales y/o jurídicas que ostenten la calidad de usuarios
de servicios públicos de Empresas Municipales de Cali Emcali en un porcentaje
que represente hasta el 15% del capital de la sociedad cuya creación se autoriza
mediante el presente acuerdo. La anterior obligación se ejecutará en los
términos que para tal efecto se establezca en el reglamento de vinculación de
capital.

PARAGRAFO 1°: A la fecha de la vinculación del aliado estratégico en el capital
de la nueva compañía, EMPRESA MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E
E.S.P. y los otros accionistas fundadores deberán tener conjuntamente el 51%
de la participación en el total del capital.

PARAGRAFO 2°: La obligación referida en el segundo inciso del artículo 5,
deberá ser cumplida dentro de los 18 meses siguientes a la consecución del
socio estratégico.

ARTÍCULO 6°: Una vez sea constituida la nueva empresa e inicie la prestación
de los servicios de telecomunicaciones en virtud, del aporte o transferencia de
la unidad de negocio de telecomunicaciones, se entiende modificado el artículo
4o del Acuerdo 34 de 1999, expedido por el Concejo de Santiago de Cali, en el
sentido de suprimir del objeto social de las Empresas Municipales de Cali
EMCALI EICE ESP, la prestación del servicio de telefonía básica conmutada,
telefonía móvil y móvil rural y demás servicios de telecomunicaciones,
incluyendo los servicios agregados. En relación con los demás servicios que
constituyen el objeto social de EMCALI EICE ESP, el Acuerdo 34 de 1999
quedará vigente sin modificación alguna.

ARTICULO 7°: Autorizase al Alcalde y a los representantes legales de las
demás entidades descentralizadas del Municipio a los cuales se hace referencia
en el Artículo 1 del presente Acuerdo, para que de conformidad con lo indicado
en este Acuerdo, concurran en la creación de la sociedad por acciones, realicen
todas las actuaciones y operaciones necesarias para cumplir con las
autorizaciones que les han sido otorgadas.

ARTICULO 8°: REGIMEN DE TRANSICION. Mientras se constituye la nueva
sociedad y ésta inicia la prestación de los servicios respectivos EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P seguirá prestando los servicios
de telecomunicaciones, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación
de los mismos.

ARTICULO 9°: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali
hasta el 31 de Enero de 2010.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE»

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1.2.2. Acuerdo nro. 0284 de 2009

«CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No. 0284 DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DEL ACUERDO
0275 DE OCTUBRE 26 DE 2009 “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE UNA FILIAL DE EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P. SU TRANSFORMACION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 313 de
la Carta Política, concordante con la Ley 489 de 1998, Ley 1361 de 2009 y la
Ley 136 de 1994.

ACUERDA

ARTÍCULO 1°: MODIFICAR el artículo 9 del Acuerdo 275 de Octubre 26 de
2009, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTICULO 9: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a
partir de su expedición y será publicado en el boletín oficial del Municipio de
Santiago de Cali.

PARAGRAFO: Mientras esté vigente la autorización a que hace referencia el
presente artículo, el representante legal de EMCALI EICE ESP deberá el 30 de
Junio y el 30 de Enero de cada año presentar un informe de avance al Concejo
Municipal de Cali, sin que medie citación previa”.

ARTICULO 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
será publicado en el boletín oficial del Municipio.»

1.2.3. Decreto nro. 411.0.20.0618 del 29 de octubre de 2009

«MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DECRETO No. 411.0.20.0618 de 2009
(Octubre 29)
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN UNAS AUTORIZACIONES”

El Alcalde de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales en especial
las conferidas por el artículo 91 Numeral 6 de la Ley 136 de 1994, Artículo 49
Parágrafo de la Ley 489 de 1998 y las conferidas por el Concejo de la ciudad
de Santiago de Cali a través del Acuerdo Municipal 275 de 2009 “POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE
UNA FILIAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E ESP,
SU TRANSFORMACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y

CONSIDERANDO

Que el artículo 313 Numeral 6 de la Constitución Política otorga a los Concejos
la facultad de “Determinar la estructura de la Administración Municipal y las
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes
a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del Alcalde,

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establecimientos públicas y empresa industriales y comerciales y autorizar la
constitución de sociedades de economía mixta”.

Que mediante Acuerdo Municipal 275 de octubre 26 de 2009, “POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE
UNA FILIAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E ESP,
SU TRANSFORMACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el Concejo
de Santiago de Cali autorizó la constitución de una sociedad filial de
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P, organizada como
sociedad anónima, del orden municipal, con domicilio en la ciudad de Santiago
de Cali.

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del Artículo 49 de la Ley,
“las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta
se constituirán con arreglo a las disposiciones de la presente Ley y en todo
caso, previa autorización del gobierno nacional si se tratare de entidades de ese
orden, o del gobernador o del alcalde, en tratándose de entidades del orden
departamental o municipal”.

En mérito de lo considerado,
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO.- El presente decreto tiene por objeto autorizar
a los representantes legales de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI
E.I.C.E E.S.P, METROCALI S.A, FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA,
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA -EMRU- para que
concurran a la constitución de una filial de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP, organizada como sociedad anónima, del orden municipal a
la cual se refiere el artículo 1 del Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE UNA FILIAL
DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E ESP, SU
TRANSFORMACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", de 2009 y para
efectuar todas las actuaciones y operaciones necesarias para cumplir con dicha
autorización.

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA - El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación.»

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostuvo que los actos demandados infringieron el preámbulo y los
artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 29, 40 numerales 5 y 6, 57, 58, 60, 61, 63,
72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95 numeral 8, 101, 102, 113, 122, 133, 150 numeral
9, 209, 287, 288, 311, 313 numerales 1 y 3, 315 numerales 1, 3,4 y 7, 333, 334, 365,
366, 367 y 369 de la Constitución Política y 1, 2, 3, 4, 5, 32 numeral 8, 41 numeral
3, 82, 91 literales A numeral 7 y D numeral 3 de la Ley 136 de 1994; el Decreto 863
del 16 de marzo de 2009, reglamentario parcialmente de la Ley 136 de 1994; los
artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 23 de la Ley 226 de 1995; los artículos 2,
3, 4, 5, 7, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 de la Ley 489 de 1998; los artículos 1, 2, 4, 6,

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16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 y 73 de la Ley 1341 de 2009 y los artículos 140, 141,
142, 143 del Régimen Político y Municipal.

1.3.1.1. En el acápite de hechos mencionó que el Gobierno Nacional a través
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD)
intervino en asuntos de la autonomía territorial del Municipio de Santiago de Cali,
para que el Concejo Municipal adoptara decisiones sobre el futuro de Emcali E.I.C.E
ESP (en adelante Emcali), estableciendo cronogramas y metas para cumplir con la
separación del componente de telecomunicaciones.

Indicó que, el 18 de junio de 2008, se llevó a cabo una reunión en la que el Gobierno
le solicitó a la Alcaldía de Cali presentar un proyecto de transformación de la citada
compañía.

Informó que la SSPD, el 16 de octubre de 2008, suscribió el contrato de consultoría
N.º 78-20-08 entre la Fiduciaria La Previsora, en calidad de vocera y administradora
del Fondo Empresarial de la citada superintendencia y el BBVA. Expuso que el
estudio realizado por dicho banco concluyó con la recomendación de desmembrar
el componente de telecomunicaciones, mediante la creación de una nueva
empresa.

Señaló que, el alcalde del municipio de Cali ejecutó el cronograma y presentó ante
el Concejo municipal de esa ciudad, la iniciativa para la aprobación de la
constitución de una filial de Emcali y su transformación.

1.3.1.2. En el cargo vulneración de normas superiores resaltó que los actos
acusados vulneraban el Preámbulo de la Constitución, así como los principios de
igualdad y libertad y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 29, 40-5, 40-6,
57, 58, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95-8, 101,102, 113, 122, 133, 150-
9, 209, 287, 288, 311, 313-1, 313-3, 315-1, 315-3, 315-4, 315-7, 333, 334, 365, 366,
367 y 369. al no tener en cuenta la voluntad participativa de la comunidad caleña.
En su criterio, se desconoció la decisión ciudadana de oponerse a la separación del
componente de telecomunicaciones de EMCALI, manifestada durante el trámite de
aprobación del Acuerdo No. 275 de 2009.

Sostuvo que se vulneraron el preámbulo y los artículos 2, 7 y 8 de la Constitución
Política, al ignorarse el carácter emblemático de EMCALI para la comunidad caleña.

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Agregó que se infringieron los artículos 90 y 91 de la Constitución Política, en tanto
se afectó el patrimonio público al disponer la privatización de Emcali, empresa que,
según afirmó, prestaba los servicios de manera eficiente y continua, y que contaba
con la posibilidad de mejorar su operación mediante la optimización de sus
procesos, conforme a lo previsto en la Ley 1341 de 2009.

Respecto de la infracción de los artículos 333, 334, 365, 366, 367 y 369 de la
Constitución, dijo que se estaba despojando a la comunidad del acceso al servicio
público de telecomunicaciones con enfoque social y con orientación redistributiva.
Por esa misma razón, adujo que se vulneró el numeral 8 del artículo 32 de la Ley
136 de 1994 y la Ley 226 de 1995.

1.3.1.2.1. Resaltó que los actos enjuiciados infringieron los principios de la
soberanía nacional, al territorio y a la inalienabilidad de sus recursos, previstos en
los artículos 63,72, 75, 76, 101, 102 y 109 Superiores. Ello como quiera que se
cedería el segmento de la órbita de satélites geoestacionarios, fundamentales para
la red nacional de telecomunicaciones, los cuales son intransferibles e inalienables
por pertenecer al Estado.

1.3.1.2.2. Manifestó que las decisiones acusadas vulneraron los artículos 13, 29,
57, 58, 60 y 61 de la Constitución Política, los artículos 2 y 3 y el numeral 1 del
artículo 10 de la Ley 226 de 1995, al omitir el proceso de democratización accionaria
y la transformación de la filial de EMCALI en una empresa de economía mixta. Lo
anterior, según indicó, implicó el desconocimiento del derecho preferente que
debían tener los trabajadores y el sector solidario para adquirir la participación
estatal en dicha sociedad, en detrimento de lo previsto en los artículos 32, 33, 34,
35 y 94 de la Ley 489 de 1998.

1.3.1.2.3. Manifestó que el Concejo de Cali infringió el numeral 3 del artículo 313
de la Constitución Política al expedir el Acuerdo nro. 284 de 2009 que modificó el
Acuerdo nro. 275 de 2009. Anotó que este último otorgaba autorizaciones al alcalde
de la ciudad hasta el 31 de enero de 2010 para la constitución de una nueva
empresa; sin embargo, la nueva disposición no contempló límite temporal alguno
para el ejercicio de dichas potestades pro tempore.

1.3.1.2.4. Argumentó que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (en adelante SSPD) vulneró los artículos 287, 288, 311, el numeral 1
del artículo 313 y los numerales 1, 3, 4 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política,

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al imponerle al municipio de Cali la aprobación del acuerdo mediante el cual se
autorizó la separación del componente de telecomunicaciones y su enajenación al
sector privado. Además, indicó que dicha entidad participó en la ejecución del
contrato celebrado con el BBVA para la valoración del mencionado servicio,
excediendo así sus competencias constitucionales y legales e interfiriendo en la
autonomía administrativa y presupuestal de la entidad territorial. Por estas mismas
razones, también consideró desconocidos los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16,
17, 23 de la Ley 226 de 1995; 1, 2, 3, 4, 5 y el artículo 91, literal d), numeral 3 de la
Ley 136 de 1994. Así como lo previsto en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 32, 33, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94 de la Ley 489 de 1998 y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 17,
18, 19 y 20 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 140, 141, 142 y 143 del Régimen
Político y Municipal y el Decreto 863 de 2009.

1.3.1.2.5. Dijo que el Concejo Municipal de Cali y el acalde de Cali
desconocieron el numeral 3 del artículo 41 y el numeral 3, literal d) del artículo 91
de la Ley 136, al exceder sus competencias cuando suprimió el objeto social de
telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Lo anterior, también implicó una
infracción del artículo 143 del Régimen Político y Municipal.

1.3.1.2.6. Indicó que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 82
de la Ley 136 de 1994, el cual impone al alcalde la obligación de remitir, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la sanción del acuerdo, copia de este al gobernador
del departamento del Valle de Cauca, con el fin de que este ejerza la función prevista
en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, relativa al control de
legalidad sobre los actos de las entidades territoriales.

1.3.1.2.7. Expresó que se desconocieron los artículos 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley 226
de 1995, al no determinarse con claridad cuántas acciones del componente de
telecomunicaciones de Emcali serían objeto de enajenación ni su valor. Tampoco
se previó un procedimiento específico para la venta, función que correspondía al
Concejo Municipal.

1.3.1.3. Como segundo cargo formuló el de expedición irregular. Sobre el
particular, dijo que Emcali se encontraba intervenida por la SSPD en sus
componentes de telecomunicaciones, acueducto y energía, por ser una compañía
multiservicios, lo cual fue verificado con la Resolución nro. 2536 de 2000, la cual fue
modificada en Resolución nro. 141 de 2003.

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Radicado: 76001 23 31 000 2010 00647 02
Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

Señaló que el 30 de julio de 2009 se expidió la Ley 1341, mediante la cual se
definieron los principios y conceptos orientadores de la información y la organización
del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con esta
norma se creó la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (en adelante, MinTIC). Resaltó que, en su
artículo 73 se dispuso que los servicios de telecomunicaciones dejarían de ser
considerados como servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual no les
resultaba aplicable el régimen contenido en la Ley 142 de 1994. En consecuencia,
enfatizó que, a partir de dicha modificación, la SSPD perdió competencia para
intervenir y ejercer funciones de vigilancia y control sobre Emcali en lo relacionado
con el servicio de telecomunicaciones, sin embargo, dicha entidad continuó
administrando a la aludida sociedad y ejerció presiones en el trámite de emisión de
los actos enjuiciados.

1.3.1.3.1. Sobre la vulneración del principio de unidad de materia, expuso que
era procedente la nulidad del artículo 6 del Acuerdo nro. 275 de 2009, en la medida
en que el Concejo Municipal de Cali incorporó en una norma orientada a la creación
de una empresa filial, la supresión del objeto social de Emcali mediante la
eliminación de su componente de telecomunicaciones. Destacó que ello también
implicó el desconocimiento del artículo 72 de la Ley 136 de 1994.

Sostuvo que, conforme a los numerales 4 y 7 del artículo 315 de la Constitución
Política, corresponde al alcalde suprimir o fusionar entidades y dependencias del
orden municipal, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos respectivos. No
obstante, en el presente caso, advirtió que la autoridad demandada no promovió ni
tramitó acto alguno, ni abrió discusión pública orientada a sustentar o deliberar
sobre la supresión del componente de telecomunicaciones del objeto social de
Emcali, lo cual desconoce los procedimientos exigidos constitucional y legalmente
para este tipo de decisiones.

1.3.1.3.2. Como cuarto aspecto indicó que «con los actos acusados se vulnera
las facultades constitucionales pro tempore y la obligación de remitir los acuerdos
aprobados al gobernador del departamento»3. Afirmó que se desconoció el numeral
3 del artículo 313 de la Constitución Política, en la medida en que, mediante el

3 Ibidem.

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Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

Acuerdo nro. 285 de 2009, se modificó el Acuerdo nro. 275 del mismo año,
eliminando el límite temporal de las autorizaciones otorgadas al alcalde. En ese
sentido, sostuvo que el Concejo Municipal excedió sus facultades, pues dichas
autorizaciones debían ser pro tempore, es decir, sujetas a un plazo determinado. La
ausencia de dicho límite vulnera los principios de transparencia, seguridad jurídica
y control democrático sobre las decisiones de la administración local.

1.3.1.4. La cuarta causal de nulidad fue «Desconocimiento del derecho
constitucional de audiencia y defensa»4, según el cual con las decisiones acusadas
se verían afectados los usuarios del servicio de telecomunicaciones de la ciudad de
Cali, pues este procedería a convertirse en un negocio comercial de carácter
rentable, que restringiría la voluntad y capacidad de elección de operadores.

Resaltó que los habitantes de Cali suscribieron un contrato de condiciones
uniformes con Emcali; sin embargo, no se les consultó si aceptaban las nuevas
condiciones derivadas del cambio de proveedor del servicio.

Aseguró que se desconoció el derecho de audiencia y defensa, al no considerar ni
analizar las propuestas formuladas por SINTRAEMCALI y la comunidad caleña,
quienes presentaron alternativas orientadas a adoptar decisiones distintas. En todo
momento manifestaron su oposición a la separación del componente de
telecomunicaciones y al cambio de operador.

1.3.1.5. Respecto de la falsa motivación, manifestó que, los fundamentos de
los actos acusados no corresponden a la realidad económica de Emcali. Informó
que el presunto objetivo de las decisiones adoptadas por la administración era la
modernización e implementación de nuevas tecnologías; sin embargo, lo que
realmente se buscaba era la obtención de recursos para el pago de las deudas con
los acreedores, las cuales venían siendo atendidas oportunamente.

Afirmó que resultaba injustificado que el Acuerdo nro. 275 de 2009 aprobara la
eliminación y capitalización del componente de telecomunicaciones con base en el
esquema de solución empresarial presentado por el BBVA, cuyo objetivo era el
prepago de una deuda a largo plazo por un valor de tan solo cien millones de pesos
($100.000.000), obligación que, además, había sido respaldada y cumplida. Resaltó

4 Ibidem.

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que el servicio de telecomunicaciones reportaba activos por valor de uno coma siete
billones de pesos ($1.7 billones), lo cual evidencia que la verdadera intención era
solventar las deudas generales de Emcali, y no únicamente aquellas vinculadas al
componente de telecomunicaciones, situación que no fue analizada al momento de
adoptar las decisiones cuestionadas.

Sostuvo que la falsa motivación de los actos impugnados resulta evidente, en tanto
los recursos obtenidos no estarían destinados a la modernización tecnológica de la
compañía ni de su unidad de telecomunicaciones, ni mucho menos a programas
sociales o de universalización del servicio, sino exclusivamente al pago de
obligaciones financieras. Aseguró, además, que Emcali ya contaba con plataformas
tecnológicas avanzadas, prestaba el servicio de telefonía fija y era líder regional en
el servicio de banda ancha. En tal sentido, entre los años 2009 y 2012 se realizaron
inversiones superiores a cincuenta y siete millones de pesos ($57.000.000) en el
fortalecimiento de dichas plataformas.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Alcaldía de Cali, contestó la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos5:

2.1.1. Mencionó que, Emcali es una entidad descentralizada del orden municipal.
En un principio fue constituida como un establecimiento público mediante el Acuerdo
nro. 50 de 1961, y posteriormente, a través del Acuerdo nro. 14 de 1996, modificado
por el Acuerdo nro. 34 de 1999, se transformó en una empresa industrial y comercial
del Estado. Asimismo, explicó que la participación del alcalde en la junta directiva
de dicha empresa se entiende como una manifestación del control de tutela, lo cual
implica respeto por su autonomía administrativa y financiera, sin que exista una
relación de subordinación jerárquica.

Señaló que, conforme al artículo 313 de la Constitución Política, corresponde al
Concejo Municipal determinar la estructura de la administración territorial, crear
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, así
como autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y sus filiales. En el
mismo sentido, el artículo 69 de la Ley 489 de 1998 dispone que dicha corporación

5 Folios 1442 a 1471 ibídem.

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debe intervenir en la conformación de las entidades descentralizadas, las cuales
gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, así
como en la creación de sus filiales. Estas competencias se materializaron con la
expedición del Acuerdo N.º 275 de 2009.

Informó que el trámite para la expedición de los actos acusados se desarrolló
conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y al Reglamento
Interno del Concejo Municipal, contenido en el Acuerdo N.º 6 de 1994. Adujo que
el acuerdo fue discutido y aprobado de cara a la comunidad, con participación de la
ciudadanía, los gremios, los líderes comunales, los diputados departamentales, las
veedurías ciudadanas y los sindicatos, específicamente Sintraemcali, el cual
presentó estudios que fueron analizados y evaluados en su momento.

Sostuvo que los actos demandados no vulneraban el numeral 3 del artículo 313 de
la Constitución Política, toda vez que corresponde a los concejos determinar la
estructura de la administración municipal y autorizar la constitución de sociedades
de economía mixta.

Sobre el trámite de remisión de la copia de los actos al gobernador dentro del plazo
de cinco (5) días, indicó que no se había demostrado la omisión alegada. Sin
embargo, el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 prevé que ello no suspende los
efectos de los acuerdos, por lo que las actuaciones posteriores no están viciadas
de ilegalidad.

Mencionó que lo contemplado en el artículo 6 del Acuerdo 275 de 2009 sí guardaba
unidad de materia, pues el Concejo debía debatir sobre el objeto social de la filial
de Emcali para poder autorizar su constitución. Además, era necesario suprimir el
servicio de telecomunicaciones del Acuerdo 34 de 1999, ya que esa sería la función
que asumiría Telecali.

Expuso que la participación de la SSPD se limitó al aporte de la información
requerida, sin que ello implicara la sustitución de las competencias del Concejo
Municipal de Cali. Específicamente, se le solicitó el concepto relacionado con la
escisión de una empresa de servicios públicos.

Señaló que se lograron demostrar las amenazas que enfrentaba Emcali en torno a
su viabilidad como empresa y como operador de servicios públicos, así como la

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necesidad de innovar tecnológicamente. Esta situación obligó a las autoridades a
tomar medidas sobre el rumbo de la entidad, ya que no contaba con la capacidad
para competir con las grandes industrias que operan en Colombia, por lo que debía
mejorar anualmente sus ofertas e inversiones.

Manifestó que el proceso de capitalización de la filial no constituía una forma de
privatización, sino que respondía a la búsqueda de un socio estratégico. Explicó
que, con base en un análisis financiero, jurídico y técnico, se recomendó que Emcali
conservara más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital accionario, con el
fin de mantener el control de la empresa y, al mismo tiempo, aprovechar las ventajas
derivadas de dicha alianza, tales como el acceso a experiencia, financiación,
tecnología y economías de escala. Lo anterior permitiría fortalecer la infraestructura
de la compañía, diversificar sus fuentes de ingreso y asegurar su sostenibilidad
financiera, así como la protección del patrimonio de los accionistas.

2.2. Las empresas Emcali y Telecali contestaron la demanda formulando los
mismos argumentos que se proceden a sintetizar, así:

2.2.1. Frente a la vulneración de normas constitucionales y legales, expresaron que
no le asiste razón al actor al afirmar que los actos acusados desconocen la voluntad
de la comunidad caleña. En efecto, las decisiones cuestionadas fueron adoptadas
por el Concejo Municipal de Cali, órgano de representación democrática elegido por
voto popular. Por tanto, conforme al artículo 260 de la Constitución Política y a lo
previsto en la Ley 136 de 1994, las determinaciones tomadas por dicho cuerpo
colegiado se presumen representativas de la voluntad ciudadana, en tanto emanan
de una autoridad legítima y democráticamente constituida.

Sobre la supuesta amenaza a la soberanía nacional, territorial y la inalienabilidad
de los recursos, señalaron que dicha afirmación carece de fundamento jurídico, toda
vez que la protección de estos aspectos corresponde al presidente de la República,
en su calidad de Jefe de Estado, conforme a las competencias que le asigna la
Constitución Política. En ese sentido, no es posible atribuir a los actos
administrativos expedidos por el Concejo Municipal responsabilidad alguna en
relación con tales materias, máxime cuando lo que se decidió fue la separación del
componente de telecomunicaciones de Emcali. Agregaron que las empresas
industriales y comerciales del Estado, en especial aquellas que prestan servicios

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públicos domiciliarios, no ostentan el uso exclusivo de los bienes de uso público, lo
que refuerza la legalidad y viabilidad de la actuación adoptada.

Señalaron que el proceso de capitalización de Telecali no constituye una
enajenación de acciones, sino una operación de aporte de capital, razón por la cual
no le resulta aplicable la Ley 226 de 1995. En respaldo de lo anterior, citaron el
Oficio No. 220-000049 del 2 de enero de 2008, emitido por la Superintendencia de
Sociedades.

Argumentaron que, la intervención de la SSPD a Emcali se encontraba autorizada
por el legislador, tal como se encuentra plasmado en el artículo 370 de la
Constitución.

2.2.2. Sobre el cargo de expedición irregular, argumentaron que, la toma posesión
de Emcali por parte de la SSPD no tiene relación con los actos acusados, pues los
mismos fueron expedidos por el Concejo Municipal del Cali y la Alcaldía de ese
territorio, más no por la citada superintendencia. Además, lo que se busca es
conceder la autorización para la creación de una sociedad comercial y la
transformación de otra, lo cual se reguló en la Ley 489 de 1998 y nada tiene que ver
con la Ley 1341. Resaltó que, los acuerdos fueron emitidos por la entidad
competente.

2.2.3. Frente a la vulneración del principio de unidad de materia expusieron que, el
Concejo municipal tiene la función de delimitar el objeto de las autorizaciones, tal
como lo previó la Corte Constitucional en sentencia C 357 de 1994; por lo que no
procede la nulidad de los actos acusados.

2.2.4. Sobre la falsa motivación, alegaron que los actos administrativos acusados
respetaron el principio de planeación, toda vez que se fundamentaron en estudios
previos que sustentaron su conveniencia. Para el efecto, hicieron un recuento de
las distintas decisiones adoptadas para crear a Telecali y escindir en ella el
componente de telecomunicaciones de Emcali, lo cual condujo al desarrollo de un
proceso de capitalización de la nueva empresa. Asimismo, señalaron que se
analizaron las dinámicas del mercado en el que opera dicha compañía, identificando
la necesidad de vincular un inversionista estratégico que permitiera fortalecer su
competitividad y sostenibilidad financiera.

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A modo de conclusión, resaltaron que las normas invocadas como vulneradas no
guardan relación con la materia de las decisiones administrativas demandadas.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia calendada el 21 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
negó las pretensiones de la demanda.

3.1. Afirmó que las decisiones acusadas habían sido expedidas en ejercicio de
las funciones atribuidas por la Constitución y siguiendo el procedimiento señalado
en esta; por lo que no procedía el cargo sobre la vulneración de las normas
constitucionales.

Advirtió que no existía relación entre la vinculación de un socio estratégico en el
área de telecomunicaciones de Emcali y la supuesta vulneración de derechos
alegada en la demanda. En ese sentido, descartó la tesis según la cual el nuevo
operador generaría un monopolio que afectaría la soberanía nacional, dado que el
Estado conserva el control y la regulación del sector, sin importar si los prestadores
del servicio son públicos o privados. Por lo tanto, los señalamientos del demandante
carecían de sustento objetivo y se basaban en apreciaciones subjetivas.

Resaltó que la medida adoptada por la administración tenía como finalidad asegurar
la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía caleña, lo cual legitimaba
las actuaciones estatales, en particular las de la SSPD. Además, no se aportaron
pruebas que permitieran inferir que con dichas decisiones se hubiera defraudado el
patrimonio público o que se hubiera actuado en contravía de los principios que rigen
la función pública.

Afirmó que, con la capitalización del componente de telecomunicaciones, se
garantizaba que la empresa encargada del servicio no quedara bajo el control del
aliado estratégico, toda vez que el cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital
seguiría en cabeza de Emcali. Esta, como empresa pública, estaría obligada a velar
por el cumplimiento de los postulados de eficiencia, continuidad y oportunidad en la
prestación del servicio, sin que su inobservancia pueda justificarse por la
participación de un tercero con experiencia en el sector. En consecuencia, la
situación planteada no encuadra dentro de una vulneración de normas superiores.

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Ahora bien, en cuanto a las normas de rango legal, se efectuó un análisis sobre la
competencia del Concejo Municipal de Cali, señalando que el artículo 313 de la
Constitución Política le otorga la facultad para adoptar las decisiones cuestionadas.
En ese mismo sentido, se indicó que el alcalde actuó dentro del marco jurídico, en
ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998, así como aquellas que le fueron
otorgadas directamente por el Concejo a través del Acuerdo 275 de 2009.

Sobre la falta de competencia de la SSPD para intervenir en Emcali, se advirtió que
dicha compañía es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden
municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa, constituida como prestadora de servicios públicos domiciliarios.

Resaltó que Emcali presta múltiples servicios, tales como acueducto, alcantarillado,
energía y telecomunicaciones, estos últimos no limitados únicamente a la telefonía
básica. En consecuencia, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009,
la empresa debía continuar siendo objeto de intervención y posesión por parte de la
SSPD en lo que respecta a los componentes de servicios públicos domiciliarios.
Afirmó que, con la sanción y promulgación de la mencionada ley, que reorganizó el
régimen de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Gobierno
Nacional conservaba la competencia que venía ejerciendo durante la intervención
de Emcali, en tanto esta ya estaba consolidada, y tenía como propósito proteger el
patrimonio de la empresa y facilitar su desempeño en el mercado. Por ello, se estimó
que la SSPD podía continuar ejerciendo funciones de control durante el proceso de
incorporación de capital, en coordinación con la autoridad municipal.

En relación con el principio de unidad de materia, se citó la sentencia del 18 de julio
de 2013 proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente número 7001-23-
31-000-2005-00832-01, con el fin de sustentar que los actos administrativos
demandados no lo vulneran. En efecto, se argumentó que las disposiciones
contenidas en los actos cuestionados guardan una relación de conexidad temática
y de causalidad con el título y el objeto general que persiguen, por lo cual se
encuentran dentro del marco competencial y material previsto para su expedición.

En cuanto a la facultad pro tempore, señaló que el Concejo Municipal, en
cumplimiento de las normas constitucionales, está facultado para autorizar al

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Alcalde en determinadas circunstancias y por el tiempo que estas lo requieran, lo
cual no implica que dichas autorizaciones deban ser necesariamente
indeterminadas. En consecuencia, el cargo formulado no está llamado a prosperar.

En cuanto al derecho de audiencia y defensa, sostuvo que existieron múltiples
pronunciamientos por parte de la comunidad y participación de diversos sectores
sociales en el trámite del proyecto del acuerdo.

Por último, respecto del cargo de falsa motivación, indicó que los Acuerdos números
275 y 284 de 2009 invocaron expresamente el artículo 313 de la Constitución
Política, concordante con la Ley 489 de 1998, la Ley 1341 de 2009 y el parágrafo 1°
del artículo 71 de la Ley 136 de 1994. De igual manera, el Decreto número
411.0.20.0618 de 2009 se fundamentó en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998, así como en las atribuciones
conferidas por el Concejo Municipal. En consecuencia, afirmó que dichos actos
cuentan con la motivación exigida para los actos administrativos de carácter
general, conforme a lo establecido por la jurisprudencia, al contener de forma clara
y precisa los fundamentos normativos que respaldaron su expedición.

Se abstuvo de condenar en costas, debido a que no encontró conducta que lo
ameritara, de conformidad con el artículo 171 del CCA modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora, formuló recurso de alzada en contra de la anterior decisión con
fundamento en lo que se sintetiza enseguida:

Alegó que, el fallo carece de análisis integral de todos los elementos y fundamentos
de violación que fueron sustentados en la demanda, en especial los relacionados
con los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 29, 40 numeral 5, 40 numeral 6,
57, 58, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95 numeral 8, 101,102, 113, 122,
133, 150-9, 209, 287, 288, 311, 313 numeral 1, 313 numeral 3, 315 numerales 1, 3,
4 y 7, 333, 334, 365, 366, 367 y 369 de la Constitución Política. Así como de los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 32 numeral 8, 41 numeral 3, 82 y 91 literal A) numeral 7 y
literal D) numeral 3 de la Ley 136 de 1994 y Decreto 863 del 16 de marzo de 2009,
reglamentario parcialmente de la Ley 136 de 1994; los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

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10, 11, 16, 17 y 23 de la Ley 226 de 1995; los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 32, 33, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93 y 94 de la Ley 489 de 1998, los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27,
28 y 73 de la Ley 1341 de 2009 y los artículos 140, 141, 142 y 143 del Régimen
Político y Municipal.

En consecuencia, procedió a reiterar los argumentos expuestos en la demanda a
efectos de indicar que dichos cargos no fueron estudiados en la sentencia.
Argumentó que, el fallo de primera instancia vulneró su derecho de acceso a la
administración de justica al no haber abordado cada uno de los fundamentos del
libelo introductorio.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. Mediante memoriales del 12 de febrero de 2025, la empresa Emcali
descorrió el traslado para alegar de conclusión, afirmando que los actos acusados
habían sido emitidos en cumplimiento de las funciones propias del Concejo
municipal de Cali y de la Alcaldía de dicho territorio. Asimismo, resaltó que el
demandante no logró probar la vulneración a la participación ciudadano, pues por
lo contrario se demostró que fue amplio el debate que acompaño a las decisiones
impugnadas6.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Por su parte el Procurador Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto
el 5 de marzo de 2025, indicando lo siguiente7:

Indicó que, al revisar las normas acusadas y los medios de prueba allegados al
proceso, se constató que el Acuerdo 275 de 2009 facultó al alcalde de Cali y a los
representantes legales de Emcali, Metrocali, el Fondo Especial de Vivienda y la
Empresa Municipal de Renovación Urbana, para constituir una sociedad filial de la
primera entidad en mención, la cual asumiría la operación del componente de
telecomunicaciones.

6 Visible a índice 15 ibidem.
7 Visible a índice 16 ibidem.

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Asimismo, el Acuerdo 284 de 2009, que modificó el artículo 9 del Acuerdo 275 del
mismo año, eliminó el límite temporal inicialmente previsto para la autorización
otorgada al Alcalde. Por su parte, el Decreto 411.0.20.0618 del 29 de octubre de
2009 autorizó formalmente a los representantes de Emcali para proceder con la
creación de la mencionada filial encargada del sector de telecomunicaciones.

Adujo que, conforme a lo establecido en los artículos 313 y 315 de la Constitución
Política, el concejo municipal y el alcalde de Cali contaban con las competencias
constitucionales necesarias para expedir los actos administrativos dirigidos a la
conformación de la filial, razón por la cual el cargo propuesto no estaba llamado a
prosperar.

Señaló que carecía de fundamento el argumento relacionado con la supuesta
enajenación de bienes públicos en favor de particulares, toda vez que el Acuerdo
275 de 2009 previó expresamente que la nueva sociedad tendría una participación
del sector privado limitada al cuarenta y nueve por ciento (49%), conservando el
municipio de Cali la mayoría accionaria con un cincuenta y un por ciento (51%). En
consecuencia, no puede afirmarse que se haya transferido un bien de uso público,
ni que se haya generado un detrimento patrimonial.

Respecto de la participación ciudadana en la nueva empresa, explicó que las
decisiones impugnadas contemplaron expresamente la posibilidad de que las
personas naturales y jurídicas que acreditaran ser usuarios de Emcali pudieran
adquirir acciones en la nueva sociedad.

Sostuvo que no se demostró de manera concreta cómo se habría ocasionado un
detrimento patrimonial en perjuicio del municipio de Cali, especialmente si se tiene
en cuenta que el aliado estratégico realizaría una inyección de capital en una
empresa que se encontraba bajo intervención de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, debido a sus dificultades financieras.

Concluyó que los señalamientos relacionados con una supuesta entrega de un
monopolio al sector privado eran infundados, puesto que el acuerdo de creación de
la filial tenía como propósito mejorar la prestación del servicio y permitir la
participación ciudadana mediante la adquisición de acciones. Por tanto, solicitó que
la sentencia sea confirmada en su integridad.

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Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36, de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto
de la referencia.

8.2. Hechos

8.2.1. Mediante la Resolución SSPD 002536 del 3 de abril de 2000, aclarada por la
Resolución SSPD 002651 del 5 de abril del mismo año, la SSPD tomó posesión de
EMCALI.

8.2.2. Por medio del Acuerdo nro. 275 de 2009, el Concejo de Santiago de Cali, le
otorgó una autorización al alcalde de dicho territorio para que constituyera una filial
de Emcali.

8.2.3. A través del Acuerdo nro. 284 de 2009, el Concejo de Santiago de Cali,
resolvió modificar el artículo 9 del citado acto administrativo, eliminando el límite
temporal de la vigencia de la decisión.

8.2.4. Mediante el Decreto nro. 411.0.20.0618 de 2009, el Municipio de Cali autorizó
a los representantes legales de Emcali, Metrocali, el Fondo especial de vivienda y
a la Empresa Municipal de Renovación Urbana para que constituyeran una filial de
la primera compañía.

8.2.5. En contra de dichos actos, la parte actora impetró la demanda de nulidad de
la referencia.

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Demandante: Jorge Iván Vélez Calvo y otro

8.2.6. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en fallo del 21 de mayo de 2024, resolvió negar las
pretensiones.

8.2.7. En contra la precitada decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación.

8.3. Planteamiento

A efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que los demandantes
discuten respecto a si en la sentencia recurrida existió un pronunciamiento sobre
los cargos de vulneración de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 29, 40
numeral 5, 40 numeral 6, 57, 58, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95 numeral
8, 101,102, 113, 122, 133, 150-9, 209, 287, 288, 311, 313 numeral 1, 313 numeral
3, 315 numerales 1, 3, 4 y 7, 333, 334, 365, 366, 367 y 369 de la Constitución
Política. Así como de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 32 numeral 8, 41 numeral 3, 82 y 91
literal A) numeral 7 y literal D numeral 3 de la Ley 136 de 1994 y Decreto 863 del 16
de marzo de 2009, reglamentario parcialmente de la Ley 136 de 1994; los artículos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17 y 23 de la Ley 226 de 1995; los artículos 2, 3, 4, 5,
7, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley 489 de 1998, los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 17,
18, 19, 20, 26, 27, 28 y 73 de la Ley 1341 de 2009 y los artículos 140, 141, 142, 143
del Régimen Político y Municipal.

8.4. La impugnación formulada por los demandantes

En este punto, se tendrá que determinar si es cierto que en el fallo apelado no se
analizaron los cargos de infracción de las normas invocadas como desconocidas en
la demanda.

Pues bien, en lo que hace a los cargos de vulneración de normas superiores y de
expedición irregular, lo que se advierte es que se invocaron como desconocidos el
preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 29, 40 numerales 5 y 6,
57, 58, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95 numeral 8, 101, 102, 109, 113,
122, 133, 150 numeral 9, 209, 287, 288, 305, 311, 313 numerales 1 y 3, 315
numerales 1, 3, 4 y 7, 333, 334, 365, 366, 367 y 369 de la Constitución Política; y 1,

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2, 3, 4, 5, 32 numeral 8, 41 numeral 3, 72, 82, 91 literales A y D y el artículo 94 de
la Ley 136 de 1994; el Decreto 863 del 16 de marzo de 2009, reglamentario
parcialmente de la Ley 136 de 1994; los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17
y 23 de la Ley 226 de 1995; los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94
de la Ley 489 de 1998; los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 y 73 de
la Ley 1341 de 2009; y los artículos 140, 141, 142, 143 del Régimen Político y
Municipal.

Particularmente, la Sala observa que las razones de vulneración invocadas frente a
las normas constitucionales y legales pueden agruparse en los siguientes aspectos:
(i) para la expedición de los actos administrativos enjuiciados no se tuvo en cuenta
la voluntad de la comunidad caleña, que expresó su oposición a la supresión del
componente de telecomunicaciones de EMCALI, de modo que se habían infringido
los derechos de audiencia y defensa (el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
13, 16, 18, 20, 29, 40-5, 40-6, 57, 58, 60, 61, 63, 72, 75, 76, 78, 83, 88, 90, 91, 95-
8, 101,102, 113, 122, 133, 150-9, 209, 287, 288, 311, 313-1, 313-3, 315-1, 315-3,
315-4, 315-7, 333, 334, 365, 366, 367 y 369 de la Constitución Política; 32 numeral
8 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 226 de 1995); (ii) se desconocieron los principios
de soberanía y la inalienabilidad de los recursos del Estado, al presumirse que se
cedería a particulares el uso de segmentos de la órbita geoestacionaria, esenciales
para la red nacional de telecomunicaciones (artículos 63, 72, 75, 76, 101, 102 y 209
Superiores); (iii) se vulneró el derecho al patrimonio económico y público del
municipio de Cali, al disponerse la enajenación de una empresa pública
emblemática, pese a que contaba con potencial de recuperación y mejora operativa
(artículos 2, 6, 7, 8, 90 y 91 de la Carta Política); (iv) no se garantizó el ejercicio del
derecho preferente de los trabajadores y del sector solidario para adquirir la
participación estatal, conforme a lo previsto en la Ley 226 de 1995 (artículos 13, 29,
57, 58, 60 y 61 de la Constitución Política; 2 y 3 y el numeral 1 del artículo 10 de la
Ley 226 de 1995; 32, 33, 34, 35 y 94 de la Ley 489 de 1998); (v) en los acuerdos
demandados se omitió fijar un límite temporal a la autorización conferida al alcalde
de Cali para constituir una nueva empresa (numeral 3 del artículo 313 de la
Constitución Política); (vi) se transgredieron los principios de autonomía
administrativa y territorial, al haber intervenido la SSPD en la aprobación del
acuerdo mediante el cual se autorizó la escisión del componente de
telecomunicaciones de EMCALI (artículos 287, 288, 311, el numeral 1 del artículo
313 y los numerales 1, 3, 4 y 7 del artículo 315 de la Constitución Política; 1, 2, 3,

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4, 5 y el artículo 91, literal d), numeral 3 de la Ley 136 de 1994; 2, 3, 4, 5, 7, 32, 33,
34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94 de la Ley 489 de 1998; 1, 2, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 y
73 de la Ley 1341 de 2009; 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17 y 23 de la Ley 226 de 1995;
140, 141, 142 y 143 del Régimen Político y Municipal y el Decreto 863 de 2009);
(vii) el Concejo Municipal de Cali y el alcalde de Cali carecían de competencia para
proferir los actos acusados, al exceder sus atribuciones constitucionales y legales
(numeral 3 del artículo 41 y el numeral 3, literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de
1994 y el artículo 143 del Régimen Político y Municipal; (viii) se incumplió el requisito
contemplado en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 10 del artículo
305 de la Constitución Política, al no haberse remitido copia del acuerdo sancionado
al gobernador del Valle del Cauca; (ix) no se determinó con claridad cuántas
acciones del componente de telecomunicaciones serían objeto de enajenación ni su
valor, y tampoco se definió un procedimiento para llevar a cabo dicha operación
(artículos 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley 226 de 1995); (x) se desconoció el principio de
unidad de materia (numerales 4 y 7 del artículo 315 la Constitución Política y artículo
72 de la Ley 136 de 1994); (xi) con la emisión de la Ley 1341 de 2009, el componente
de telecomunicaciones dejó ser un servicio público de modo que no estaba
habilitada para continuar administrando a EMCALI, ni para presionar la emisión de
los actos censurados y (xii) se omitió fijar un plazo para el ejercicio de las facultades
pro tempore concedidas por el Concejo de Cali al alcalde de esa ciudad (numeral 3
del artículo 313 de la Constitución Política).

Finalmente, se expresó que las decisiones enjuiciadas adolecían de falsa
motivación.

8.4.1. En ese orden, se observa que, sobre los cargos relacionados con la
afectación a la seguridad nacional, soberanía y la inalienabilidad de los derechos
patrimoniales de la Nación, en la sentencia recurrida se expuso:

«Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados, esto es el Acuerdo
Municipal No. 0275 de 2009, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago
de Cali, mediante el cual se otorga una autorización para la constitución de una
filial de EMCALI E.I.C.E. E.S.P, su transformación y, se dictan otras
disposiciones, el Acuerdo Municipal No. 0284 de 2009, expedido por el Concejo
del Municipio de Santiago de Cali, mediante el cual se modifica el artículo 9 del
Acuerdo 0275 de octubre 26 de 2009 y el Decreto 411.0.20.0618 del 29 de
octubre de 2009, expedido por la Alcaldía Municipio de Santiago de Cali,
mediante el cual se otorgan unas autorizaciones (Sic).

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En primera medida se entrará a verificar si con la expedición de los actos de
violaron las normas Constitucionales, tal como señala el apoderado de la parte
demandante.

Al respecto encuentra la Sala que, los actos administrativos demandados,
fueron expedidos en ejercicio de una función atribuida directamente por la
Constitución, y siguiendo el procedimiento señalado en ella, lo que excluye la
vulneración de normas constitucionales.

Para esta Sala es dable señalar que, no se encuentra relación alguna entre el
proceso de vinculación de un socio estratégico para el componente de
telecomunicaciones de EMCALI y la vulneración de los derechos planteados en
la demanda, hallándose sin ningún fundamento tesis como que el nuevo
operador obtendría la conformación de un monopolio en el servicio de
telecomunicaciones afectando la soberanía nacional, olvidando la parte
demandante que en ejercicio de esa precisa facultad el Estado ejerce el control
del sector y regula la actividad de los prestadores del servicio sin hacer
distinción entre el origen público o privado, lo que convierte estos señalamientos
en apreciaciones subjetivas»8 (Subrayas de la Sala).

De los reproches concernientes al desconocimiento del patrimonio público y de los
principios que rigen la función pública por la intervención de la SSPD en el trámite
de emisión de los actos enjuiciados, se expuso:

«Asimismo, cabe señalar que, la medida adelantada por la administración
municipal tendiente a obtener un aliado estratégico tiene como fin legal
precisamente la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía en
general, propósito que se adelantó en desarrollo de las vías legales
establecidas para el efecto (expedición de un acuerdo municipal) lo cual legitima
la actuación estatal y las funciones adelantadas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, no existiendo prueba que dichas medidas
fueran tomadas con el propósito de defraudar el patrimonio estatal o con
intenciones contrarias a los principios que rigen a la función pública.

Asimismo, con la propuesta se buscaba la organización, operación, prestación
y explotación de actividades y servicios de telecomunicaciones, tecnología de
la información y las comunicaciones TIC.

Por otro lado, no puede perderse de vista que con la capitalización del
componente el control de la sociedad encargada de la prestación del servicio,
no quedará al arbitrio del aliado estratégico (quien necesariamente no debe ser
privado) pues el 51% del capital continuará siendo parte de EMCALI, entidad
que deberá garantizar igualmente el cumplimiento de los postulados de
eficiencia y oportunidad, no siendo justificable su incumplimiento por la entrada
de un socio experto en la prestación del servicio»9 (Subrayas de la Sala).

En cuanto a los cargos de falta de competencia del Concejo de Cali y del alcalde de
esa ciudad para emitir los actos enjuiciados se expuso:

«Para la Sala, el mencionado cargo no está llamado a prosperar porque en
virtud de las atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral

8 Visible a folio 33 de la sentencia recurrida
9 Visible a folio 34 ibidem.

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primero del artículo 313 superior el Concejo Municipal se encontraba habilitado
para emitir el mencionado acuerdo, el cual contempla:

“ARTICULO 313º—Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo
económico y social y de obras públicas. 3. Autorizar al alcalde para
celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Concejo. (…)”

Por lo tanto, en relación con los actos acusados, se advierte que los acuerdos
fueron expedidos por el Concejo Municipal de Santiago de Cali en uso de las
atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 313 de la
Constitución Política. A su vez, con el decreto acusado el alcalde municipal de
dicho ente territorial, en uso de las atribuciones legales, en especial las
conferidas por el artículo 91 numeral 6 de la Ley 136 de 1994, artículo 49
parágrafo de la Ley 489 de 1998 y las conferidas por el Concejo de la ciudad de
Santiago de Cali a través del Acuerdo Municipal 275 de 2009»10 (Subrayas de
la Sala).

Respecto con los cuestionamientos sobre la falta de competencia de la SSPD para
continuar con la administración de EMCALI tras la separación del componente de
telecomunicaciones de los servicios públicos domiciliarios, se expuso lo siguiente:

« Asimismo, respecto a la falta de competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para continuar con la intervención de EMCALI
y por tanto la expedición irregular de los acuerdos y decreto demandado luego
de la entrada en vigencia de la ley 1341 de 2009, se logra establecer que,
EMCALI es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal,
dotada de personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa, constituida como entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios.

Esta entidad agrupa en una sola persona jurídica la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones los cuales no todos
los servicios son de telefonía básica, tales como el acceso a internet. Por lo
tanto, es claro que EMCALI, independientemente de la entrada en vigencia de
la Ley 1341 de 2009 seguirá siendo objeto de intervención y posesión por parte
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en sus componentes
de acueducto, alcantarillado y energía, sin cambiar los procedimientos
establecidos en las normas especiales de intervención de este tipo de
empresas.

Además, es importante señalar que, no por el hecho del tránsito de legislación
desaparecieron las causales que motivaron la intervención y la toma de control
de la empresa en su componente de Telecomunicaciones, por cuanto continúa
prestando servicios públicos domiciliarios.

En consecuencia a partir de la sanción y publicación de la ley de tecnologías de
la información y las comunicaciones, el gobierno nacional no pierde la
competencia que ha venido ejerciendo durante el proceso de Intervención de
EMCALI, el cual puede continuarse ejecutando a través de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, pues es ampliamente conocido que el
proceso de intervención que es de tracto sucesivo ya se encuentra consolidado,
y es ejercido con el propósito de salvaguardar el patrimonio de la empresa y

10 Visible a folio 36 ibidem.

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brindarle condiciones tales que le permitan desempeñarse con éxito en el
mercado en el que desarrolla su actividad, razón por la cual el ente de control
no carece de competencia para continuar con el proceso de vinculación de
capital, previa labor conjunta con las autoridades Municipales»11 (Subrayas de
la Sala).

En lo que respecta al cargo relacionado con la vulneración del principio de unidad
de materia, se expuso lo siguiente:

« Por otra parte, el apoderado de la parte demandante señala que con los actos
acusados se vulnera el principio legal de unidad de materia, al respecto, el H.
Consejo de Estado en la sentencia de 18 de julio de 2013 (Expediente núm.
70001-23-31-000- 2005-00832-01, Actor: Enrique Carlos Román Estrada,
consejera ponente doctora María Elizabeth García González), se refirió a la
noción, aplicabilidad y cobertura del Principio de Unidad de Materia, de la
siguiente manera:

(…)

Del análisis precedente concluye la Sala que el Acuerdo Municipal No. 0275 de
2009, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago de Cali, mediante el
cual se otorga una autorización para la constitución de una filial de EMCALI
E.I.C.E. E.S.P, su transformación y, se dictan otras disposiciones, el Acuerdo
Municipal No. 0284 de 2009, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago
de Cali, mediante el cual se modifica el artículo 9 del Acuerdo 0275 de octubre
26 de 2009 y el Decreto 411.0.20.0618 del 29 de octubre de 2009, expedido por
la Alcaldía Municipio de Santiago de Cali, mediante el cual se otorgan unas
autorizaciones no viola el principio estudiado y, por el contrario, todas sus
disposiciones guardan una estrecha relación de causalidad y temática con el
título y propósito del mismo, razón por la cual este punto no procede»12
(Subrayas de la Sala).

Sobre la falta de un plazo para el ejercicio de las facultades pro tempore asignadas
al alcalde de Cali destacó:

«De igual forma, el apoderado de la parte demandante señala que con los actos
acusados se vulneran las facultades constitucionales pro tempore.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado que13:

“Precisado lo anterior se ha de verificar si esa facultad y autorización debe
sujetarse a las reglas del artículo 313, numeral 3, de la Constitución Política, el
cual dispone:

“Art. 313. Corresponde a los concejos:

(...) 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo”.

11 Visible a folio 37 ibidem.
12 Visible a folios 37 a 40 ibidem.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Primera, Consejero ponente:

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero del dos mil cuatro
(2004). Radicación número: 05001- 23-31-000-1998-02116-01(8921) Actor: CARLOS IVAN
FERNANDEZ HERNANDEZ Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)

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Según ese precepto, son dos los asuntos para los cuales puede ser autorizado
el alcalde por el concejo municipal: Uno, para celebrar contratos y el otro, para
ejercer pro tempore precisas funciones (..)

Al respecto, si bien le corresponde al Concejo determinar la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias, se tiene que no
le corresponde crear sociedades, y menos por acciones, ya que ello no aparece
entre sus atribuciones, sino que su función para ese fin es la de autorizar la
constitución de sociedades de economía mixta, según el numeral 6 del artículo
313 de la Constitución Política, lo que permite colegir que también tiene esa
función para la creación de sociedades por acciones, pues las de economía
mixta usualmente lo son.

Por consiguiente, esa autorización no se encuentra sujeta a las reglas que
aduce el actor, ya que ellas se circunscriben sólo a autorización para ejercer pro
tempore precisas funciones del concejo.

En cuanto al alcance en el tiempo de esa autorización, se entiende que va hasta
cuando se realice o consuma el objeto de la misma, lo cual es sabido que
obedece a un proceso complejo, que comporta la consecución de los socios y
el acuerdo de voluntades entre los mismos, del que se puede saber cuándo
empieza, pero no cuando termina, para lo cual no está condicionada a la
verificación de condiciones técnicas específicas previas, como lo pretende el
actor, pues ninguna de las normas invocadas así lo exigen, sino que ello se
requiere justamente para lo contrario, esto es, para cuando los municipios optan
por prestar directamente tales servicios, ya que así lo establece el artículo 6 de
la Ley 142 de 1994, toda vez que, como se dijo, esa situación es excepcional.

Por lo tanto, es evidente para la Sala que, el Concejo del Municipio en
cumplimiento de las normas constitucionales le es dable autorizar al Alcalde en
circunstancias establecidas por el tiempo objeto de la misma, no queriendo decir
que este sea de manera indeterminada en el tiempo, por lo tanto, no está
llamada a prosperar este cargo»14 (Subrayas de la Sala).

En lo que hace a los derechos de audiencia y defensa anotó:

« Asimismo, el apoderado de la parte demandante señala que los acuerdos y el
decreto fueron expedidos con desconocimiento del derecho constitucional de
audiencia y defensa, por cuanto presuntamente omitió el íntegro de las múltiples
propuestas elevadas tanto por SINTRAEMCALI como por la sociedad caleña,
en el sentido de estudiar diversas alternativas que permitieran adoptar
decisiones diferentes, al respecto, encuentra la Sala que si bien se encontraron
diversos pronunciamientos de la comunidad, también se evidencian
participación de los sectores sociales en el trámite de los proyectos de acuerdo
que culminaron con la expedición de las normas acusadas. Por lo tanto, no está
llamado a prosperar este cargo» (Subrayas de la Sala).

Finalmente, en lo atinente la falsa motivación se señaló:

« La falsa motivación como vicio de nulidad del acto ocurre en aquellos eventos
en los cuales se presenta la inexistencia de los fundamentos de hecho o de
derecho en la manifestación de la voluntad de la administración; cuando los
supuestos de hecho resultan contrarios a la realidad, engañosos o fraudulentos;
cuando el autor le otorga al acto administrativo un alcance distinto que no tiene
y; cuando los motivos que sirven de fundamento no justifican la decisión.

14 Visible a folios 40 y 41 del Cuaderno del Tribunal.

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En el caso concreto se tiene que, los Acuerdos Municipales Nos. 0275 de 2009
“Por medio del cual se otorga una autorización para la Constitución de una filial
de empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P. su transformación y
se dictan otras disposiciones” y 0284 de 2009 “Por medio del cual se modifica
el artículo 9 del Acuerdo 0275 de octubre 26 de 2009 expedidos por el Concejo
del Municipio de Santiago de Cali, invocaron el artículo 313 numeral 3 de la
Constitución Política concordante con la Ley 489 de 1998, Ley 1341 de 2009 y
el artículo 71 parágrafo 1 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 411.0.20.0618 del
29 de octubre de 2009, expedido por la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali,
invoca el artículo 91 Numeral 6 de la Ley 136 de 1994, Artículo 49 Parágrafo de
la Ley 489 de 1998 y las conferidas por el Concejo de la ciudad de Santiago de
Cali a través del Acuerdo Municipal 275 de 2009.

En este orden de ideas, se considera los Acuerdos Municipales Nos. 0275 de
2009 “Por medio del cual se otorga una autorización para la Constitución de una
filial de empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P. su transformación
y se dictan otras disposiciones” y 0284 de 2009 “Por medio del cual se modifica
el artículo 9 del Acuerdo 0275 de octubre 26 de 2009 expedidos por el Concejo
del Municipio de Santiago de Cali y el Decreto 411.0.20.0618 del 29 de octubre
de 2009 goza de la motivación exigida para esta clase de actos administrativos
de contenido general, ya que el mismo indicó con precisión y claridad los
fundamentos legales que dieron origen a su expedición.

Así las cosas, el cargo de nulidad por falsa motivación, a juicio de esta Sala,
tampoco está llamado a prosperar»15 (Subrayas de la Sala).

En ese orden, es claro para la Sala que sí existió un pronunciamiento sobre los
citados reparos. Además, es menester precisar que la parte demandante, en la
alzada frente a dichos cargos, se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la
demanda inicial. Conforme con lo previsto en el artículo 320 del CGP, la apelación
tiene como finalidad controvertir de manera específica los fundamentos de la
providencia impugnada, de modo que no corresponde a esta instancia reabrir el
debate general de la causa, sino examinar únicamente los reproches concretos
formulados frente a la decisión del a quo.

8.4.1.1. De otro lado, la Sala no pasa por alto que el Tribunal no emitió ningún
pronunciamiento respecto a los cargos relativos a que: (a) no se garantizó el
derecho preferente de los trabajadores y del sector solidario para adquirir la
participación estatal en la nueva empresa, (b) no se determinó con claridad cuántas
acciones del componente de telecomunicaciones serían objeto de enajenación ni su
valor, y tampoco se fijó un procedimiento para llevarlo a cabo y (c) se incumplió el
requisito determinado en el artículo 82 de la Ley 136 ya que no se remitió copia de
los acuerdos sancionados al gobernador del Valle del Cauca.

15 Ibidem.

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En consecuencia, dado que la actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia recurrida y que la impugnación se sustenta, precisamente, en que se
dejaron de resolver acusaciones formuladas en la demanda al indicar que «se
evidencia la falta de análisis integral de todos los elementos y fundamentos de
violación que fueron debidamente sustentados en la demanda», resulta viable la
aplicación de lo previsto en el artículo 287 del CGP, el cual indica que «El juez de
segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado16», de tal forma que los aludidos
cargos, se analizarán enseguida.

8.5. De la controversia sobre el derecho preferente de los trabajadores y el
sector solidario

Tendrá que determinarse si son nulos por vulneración de normas superiores, los
actos administrativos por los cuales se autorizó la creación de una empresa filial de
EMCALI, que se encargue de la prestación de los servicios públicos, si se alega que
no se dio prioridad a los trabajadores y el sector solidario de esa empresa, para
comprar las acciones ofrecidas a los privados.

Al respecto se advierte que las siguientes normas fueron invocadas como
desconocidas:

A) De la Constitución Política

«Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

16 En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 1° de junio de 2023. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación
núm.: 13-001-23-31-000-2007-00795-01 y 13-001-23-31-000-2008-00032-00 [Acumulados]
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de
febrero de 2025. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicación núm. 85001 23 33 000
2016 00218 01.

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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».

«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso».

«Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los
trabajadores participen en la gestión de las empresas».

«Articulo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso
respecto del precio».

«Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las
medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá
a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores,
condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley
reglamentará la materia».

«Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley».

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B) De la Ley 226 de 1995

«Artículo 2o. Democratización. Todas las personas naturales o jurídicas,
podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. En
consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que
garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que
promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. La Ley 80 de
1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria.

Artículo 3o. Preferencia. Para garantizar el acceso efectivo a la propiedad del
Estado, se otorgarán condiciones especiales a los sectores indicados en el
siguiente inciso, encaminadas a facilitar la adquisición de la participación social
estatal ofrecida, de acuerdo al artículo 60 constitucional.

Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los trabajadores
activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades
donde esta última tenga participación mayoritaria; los extrabajadores de la
entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga
participación mayoritaria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con
justa causa por parte del patrono; las asociaciones de empleados o
exempleados de la entidad que se privatiza; sindicatos de trabajadores;
federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de
trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión: los
fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades cooperativas definidas, por
la legislación cooperativa.

Artículo 10. Además de lo establecido en las disposiciones legales, el
contenido del programa de enajenación, en cada caso particular, comprenderá
los siguientes aspectos:

1. Establecerá las etapas en que se realizará el procedimiento de enajenación,
teniendo en cuenta que, de manera privativa, la primera etapa estará orientada
a los destinatarios de las condiciones especiales indicados en el artículo 3o., de
la presente Ley»

C) Ley 489 de 1998

«Articulo 32. Democratización de la administración pública. Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencias públicas;
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas
encaminados a fortalecer la participación ciudadana;
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto
funcionamiento de la Administración Pública;
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de
intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función
administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de

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metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los
cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la
Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES
3654 de 2010

Artículo 33. Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere
conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales
se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación
de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de
por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de
audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias
tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán
a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada.
En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la
metodología que será utilizada.

Artículo 34. Ejercicio del control social de la administración. Cuando los
ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la
administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la
administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el
ejercicio de dicho control.

Artículo 35. Ejercicio de la veeduría ciudadana. Para garantizar el ejercicio
de las veedurías ciudadanas, las entidades y organismos de la administración
pública deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Eficacia de la acción de las veedurías. Cada entidad u organismo objeto de
vigilancia por parte de las veedurías deberá llevar un registro sistemático de sus
observaciones y evaluar en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan
de sus recomendaciones, con el fin de hacer eficaz la acción de las mismas. Lo
anterior sin perjuicio de las consecuencias de orden disciplinario, penal y de
cualquier naturaleza que se deriven del ejercicio de la vigilancia. Las distintas
autoridades de control y de carácter judicial prestarán todo su apoyo al
conocimiento y resolución en su respectivo ramo de los hechos que les sean
presentados por dichas veedurías;

b) Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables de
los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y
permitir a los veedores el acceso a la información para la vigilancia de todos los
asuntos que se les encomienda en la presente ley y que no constituyan materia
de reserva judicial o legal. El funcionario que obstaculice el acceso a la
información por parte del veedor incurrirá en causal de mala conducta;

c) Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la
Escuela Superior de Administración Pública, diseñará y promoverá un Plan
Nacional de Formación de Veedores en las áreas, objeto de intervención. En la
ejecución de dicho plan contribuirán, hasta el monto de sus disponibilidades
presupuestales, los organismos objeto de vigilancia por parte de las veedurías,
sin perjuicio de los recursos que al efecto destine el Ministerio del Interior a
través del Fondo para el Desarrollo Comunal

Artículo 94. Asociación de las empresas industriales y comerciales del
estado. Las empresas y sociedades que se creen con la participación exclusiva
de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre éstas y
otras entidades descentralizadas y entidades territoriales se rigen por las
disposiciones establecidas en los actos de creación, y las disposiciones del
Código de Comercio. Salvo las reglas siguientes:
1. Filiales de las Empresas Industriales y Comerciales

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Para los efectos de la presente ley se entiende por empresa filial de una
empresa industrial y comercial del Estado aquélla en que participe una empresa
industrial y comercial del Estado con un porcentaje superior al 51% del capital
total.
2. Características jurídicas
Cuando en el capital de las empresas filiales participen más de una empresa
industrial y comercial del Estado, entidad territorial u otra entidad
descentralizada, la empresa filial se organizará como sociedad comercial de
conformidad con las disposiciones del Código de Comercio.
3. Creación de filiales
Las empresas industriales y comerciales del Estado y las entidades territoriales
que concurran a la creación de una empresa filial actuarán previa autorización
de la ley, la ordenanza departamental o el acuerdo del respectivo Concejo
Distrital o Municipal, la cual podrá constar en norma especial o en el
correspondiente acto de creación y organización de la entidad o entidades
participantes.
4. Régimen jurídico El funcionamiento y en general el régimen jurídico de los
actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros se sujetarán a las
disposiciones del derecho privado, en especial las propias de las empresas y
sociedades previstas en el Código de Comercio y legislación complementaria.
5. Régimen especial de las filiales creadas con participación de particulares
Las empresas filiales en las cuales participen particulares se sujetarán a las
disposiciones previstas en esta ley para las sociedades de economía mixta.
6. Control administrativo sobre las empresas filiales
En el acto de constitución de una empresa filial, cualquiera sea la forma que
revista, deberán establecerse los instrumentos mediante los cuales la empresa
industrial y comercial del Estado que ostente la participación mayoritaria
asegure la conformidad de la gestión con los planes y programas y las políticas
del sector administrativo dentro del cual actúen».

8.5.1. Así, en cuanto a los artículos 13, 29, 57, 58, y 61 de la Constitución Política,
así como los artículos 32, 33, 34, 35 y 94 de la Ley 489 de 1998, lo que se advierte
es que allí no se determinó un derecho de preferencia para la democratización de
las acciones de una entidad pública, por lo que es evidente que respecto a esas
disposiciones el cargo parte de un fundamento errado.

8.5.2. De otro lado, de manera previa a constatar la vulneración de los artículos 2,
3 y 10 de la Ley 226 de 1995, en primer lugar, se absolverá si es cierto que en los
actos enjuiciados se autorizó la venta de acciones del componente de
telecomunicaciones de EMCALI.

Pues bien, es pertinente indicar que, mediante la Resolución SSPD 002536 del 3
de abril de 2000, aclarada por la Resolución SSPD 002651 del 5 de abril del mismo
año, la SSPD tomó posesión de EMCALI. En el transcurso de dicho procedimiento,
a través de la Invitación Pública No. 0010-08 de 2008, esa entidad adelantó un
proceso para contratar una consultoría integral, financiera y técnica, orientada a la
estructuración y puesta en marcha de una solución que garantizara la continuidad y

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viabilidad de la prestación de los servicios ofrecidos por dicha empresa. Como
resultado, la consultoría fue adjudicada al banco BBVA Valores Colombia S.A.

En la anotada consultoría, el citado banco recomendó que EMCALI incorporara un
inversionista para el componente de telecomunicaciones que le permitiera aumentar
los ingresos de esa compañía. Veamos:

«6.1. Ingresos De La Compañía Para proyectar los ingresos de la compañía se
considera importante hacer la estimación de dos grandes escenarios:

Escenario 1:

El primer escenario consiste en que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. continúa con la
operación del negocio de telecomunicaciones manteniendo una estrategia
comercial similar a la que ha venido utilizando.

Escenario 2: El segundo escenario consiste en incorporar un inversionista para
la operación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y para ello se modelarán los ingresos
futuros de la compañía según el desempeño promedio de los operadores de
telecomunicaciones propio del mercado nacional, todo ello argumentado por
fuentes de información de alta confiabilidad como se verá más adelante.

(…)

Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL)
(…)

Ingresos para el escenario 1:

Dado el comportamiento decreciente observado del número de usuarios de
EMCALI EICE ESP GUENT a partir del año 2005 y de la creciente oferta de
este servicio por parte de fuertes competidores se estima un decrecimiento del
8,72% en la participación de mercado de EMCALI EICE ESP GUENT en el
primer año proyectado. En adelante, se estima un decrecimiento menos
pronunciado de la participación hasta lograr obtener un decrecimiento de 0% en
el quinto año de la proyección. Luego de ello, se estima una participación de
mercado constante hasta finalizar el horizonte de proyección. Este criterio de
proyección supone que el mercado de telecomunicaciones en el que EMCALI
EICE ESP GUENT opera, funciona de manera similar al mercado de
telecomunicaciones de Colombia y el mundo en el cual, la ganancia de mercado
de nuevos operadores (Fija y Móvil) tiende a estabilizarse en un periodo no
mayor a cinco años en el caso en que un nuevo operador ingresa a un nuevo
mercado. En el caso de EMCALI EICE ESP GUENT ocurren dos casos
diferentes. El primero es el caso de la TPBCL en el cual EMCALI EICE ESP
GUENT es el líder del mercado. En el ingreso de un nuevo operador lo que
ocurrirá muy seguramente es que dichos nuevos actores tomarán una
participación de mercado (nuevos usuarios y usuarios de otros operadores). El
segundo caso corresponde al caso de Internet Banda Ancha (del cual se hablará
en detalle más adelante). En este caso, que claramente es mucho más joven
que TPBCL, EMCALI EICE ESP GUENT y otros operadores compiten por la
captura del mercado. Dicha estabilización (al igual que la telefonía Móvil) tomará
un periodo promedio de alrededor de cinco años para estabilizarse. Se espera
que del quinto año en adelante, tanto el caso de TPBCL e Internet, la
participación de las compañías (ceteris paribus) será relativamente constante.

Ingresos para el escenario 2:

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La presencia de un nuevo inversionista de telecomunicaciones permite que el
mercado de la zona de influencia (Cali, Jamundí y Yumbo) se comporte según
los estándares básicos propios del mercado local e internacional de las
telecomunicaciones. De acuerdo a lo reportado por Pyramid Research Telecom
Colombia, el número de líneas crece hasta 2010 a una tasa de 4,3%. A partir
de 2011 y hasta 2013, el número de líneas fijas crece a una tasa menor. A partir
de 2013 la tendencia es decreciente y el número de líneas fijas decrece al -
1,6%. A partir de 2013 Pyramid Research Telecom Colombia muestra un
comportamiento estable sin tendencias.

(…)

Internet Banda Ancha:

Ingresos para el escenario 1: Según la información comercial suministrada por
EMCALI EICE ESP GUENT el mercado de Internet Banda Ancha es dominado
por seis actores:

• EMCALI EICE ESP EPM Telecomunicaciones
• TELMEX Telecomunicaciones S.A. ESP
• Colombia Telecomunicaciones S.A ESP
• UNITEL S.A. ESP
• Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P.

El 95% del mercado es capturado por los tres primeros operadores listados
antes. Pese a lo anterior, según lo muestran las tendencias del mercado en
Colombia, son tres los operadores de mayor participación y actividad en el
mercado Nacional. Estos son EPM Telecomunicaciones, TELMEX
Telecomunicaciones y Colombia Telecomunicaciones. Así las cosas, para
modelar el comportamiento de los ingresos de Internet Banda Ancha, se estima
que el mercado en el que actualmente EMCALI EICE ESP GUENT participa
será repartido en partes iguales a partir del quinto año de proyección (25%).
Esto quiere decir que EMCALI EICE ESP GUENT tendrá un decrecimiento de
su participación de mercado entre los años 1 y 5 de proyección, toda vez que
en la actualidad es el líder del mercado con una participación cercana al 65%.
El crecimiento del mercado de Internet Banda Ancha se simula según las
proyecciones de penetración sugeridas por Pyramid Research.

Ingresos para el escenario 2:

El número de usuarios de EMCALI EICE ESP GUENT (con la presencia de un
nuevo inversionista) crece en la misma proporción del crecimiento del mercado.
Es decir, la participación de mercado de la compañía permanece constante y
los ingresos en esta línea de negocio mostrarán una tendencia creciente. Se
aclara que las proyecciones del porcentaje de penetración estimado por
Pyramid Research son decrecientes en el tiempo. Esto no quiere decir que se
reduzca el número de usuarios, sino que el crecimiento de éstos cada vez es
menor»17 (Subrayas de la Sala).

Asimismo, se realizó la siguiente recomendación para la constitución de una filial de
EMCALI a efectos de que se tuviera un aliado estratégico en el sector de las
comunicaciones:

17 Visible a folios 330 a 343 del Cuaderno de Pruebas.

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«Se sugiere que la filial se constituya inicialmente 100 % pública y que se le
autorice a ella y/o sus accionistas para invitar mediante un proceso público y
concurrido a inversionistas conocedores del negocio de las telecomunicaciones
a capitalizarla desde el 34 % del capital social. El aporte al establecimiento de
comercio solamente se realizará una vez la filial sea efectivamente capitalizada
por un aliado estratégico. En todo caso, a la fecha de la vinculación del aliado
estratégico en el capital social de la filial, Emcali y los demás accionistas
públicos fundadores tendrán el 51% del capital social

Y una vez vinculado el aliado estratégico y aportado el establecimiento de
comercio por parte de Emcali, se realizaría el ofrecimiento a los usuarios hasta
por el 1500 del capital social. La obligación de ofrecer acciones a los usuarios
estaría en cabeza del aliado y se ejecutaría en los términos previstos en el
Reglamento de Vinculación de Capital» (Subrayas de la Sala).

Por su parte, en la exposición de motivos del Acuerdo No. 0275 de 2009,
demandado, la Alcaldía de Cali expuso:

«PROPUESTA

El Gobierno de Cali propone para EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. la creación de una filial, cuyo objeto social será la
organización, operación, prestación y explotación de actividades y servicios de
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones TIC,
servicios de información, así como las actividades complementarias
relacionadas y/o conexas con ellos, dentro del territorio nacional y en el exterior,
y en conexión con el exterior.

Actualmente, EMCALI tiene tres componentes en igualdad de condiciones
orgánicas: Acueducto-Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones, la
propuesta de creación de una filial coloca a EMCALI como propietaria con un
51% del paquete accionario de una nueva empresa de Telecomunicaciones, en
la que el resto del paquete se distribuye hasta el 15% en ciudadanos y
ciudadanas accionistas y desde el 34% en un Aliado Tecnológico.

La inversión del Aliado Tecnológico tiene carácter directo e indirecto:

• Inversión directa: representada en recursos que confluyen con recursos de
la capitalización por venta de otros activos hacia el fortalecimiento de Agua-
Alcantarillado y Energía; además, recursos financieros y tecnológicos derivados
de patentes y licencias para la ampliación y mejoramiento de los servicios.
• Inversión indirecta: representada en la instalación en la ciudad de talleres
para la manufactura y mantenimiento de componentes de soporte fisico y lógico
para las TIC's, y otros servicios que amplien las oportunidades de trabajo de las
caleñas y caleños, como son Call Center's, servicios de Televisión Digital,
procesos de comunicación y de transmisión de datos sobre la base IP
(protocolos de Internet), la Sede Administrativa Nacional del Aliado Tecnológico.

El Perfil exigido al Aliado Tecnológico considera, además del capital descrito,
dos elementos sustantivos:

• Experiencia en telefonía móvil, gestión de recaudo y cibercultura (procesos
Web e Internet).
• Soporte que permita conexión satelital, convergencia de servicios
(comunicaciones, datos y TV) y procesos informativos en tiempo real

(…)

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CONCLUSIÓN

El gobierno de la ciudad tiene la expectativa cierta de que los procedimientos
de legitimación y aprobación de la propuesta en el seno del Concejo de la
ciudad, inicien en el transcurso de las sesiones ordinarias de junio a julio del
presente año. Ello quiere decir, interpretando la voluntad del Presidente de la
República, que la ciudad se encuentra en un momento de transición en lo que
respecta a la devolución de EMCALI a su administración.

El gobierno de la ciudad encabezado y liderado por el Alcalde Jorge Iván Ospina
Gómez, solicita al Honorable Concejo de Cali la autorización para crear una filial
de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. con el
traslado de la totalidad del patrimonio de la componente de Telecomunicaciones
de EMCALI, segregando sus activos y pasivos a favor de la sociedad filial de
economía mixta que ofrecerá los servicios públicos de Telecomunicaciones y
tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC's-., servicios de
información, así como las actividades complementarias relacionadas y/o
conexas con ellos, bajo la legislación que sobre TIC's expida el gobierno
nacional.

Como expresión de la responsabilidad social y empresarial que anima al
gobierno municipal, especial mención merece el respeto y consideración de las
obligaciones laborales para quienes sean afectados por esta decisión. Para ello
el gobierno municipal propone la figura de sustitución patronal, en cuyo caso la
nueva empresa asume las obligaciones patronales de quienes laboran
actualmente en el componente de Telecomunicaciones de EMCALI, una vez se
constituya la empresa que habrá de operar el servicio.

De este modo se da cumplimiento al mandato consignado en el Acuerdo 0237
de 2008, Plan de Desarrollo de Santiago de Cali "Para vivir la vida dignamente"
en su Programa "Cali es una, transparente, autónoma y eficiente" en el
Macroproyecto "Modernización Administrativa" y en el Proyecto Movilizador
"Recuperación de las Empresas Municipales" que dice: "EMCALI es y seguirá
siendo una Empresa Industrial del Estado, EICE, y no podrá perder esta
condición como resultado de las transformaciones que puedan llevar a cabo".
Como consecuencia de esta propuesta tanto EMCALI como la filial continúan
siendo entidades públicas de mayoría accionaria estatal y bajo su control» 18
(Subrayas de la Sala).

Como consecuencia, en ese acto definitivo se resolvió:

« ARTÍCULO 1°: AUTORIZACION. Autorizar al Alcalde en su condición de
representante legal del Municipio de Santiago de Cali y a los Representantes
Legales de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P,
METROCALI S.A, FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA, EMPRESA MUNICIPAL
DE RENOVACION URBANA -EMRU-, para constituir una sociedad filial de
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P, organizada como
sociedad anónima, del orden municipal, con domicilio en la ciudad de Santiago
de Cali, que tendrá la razón social que su Asamblea determine y como término
de duración el máximo permitido por la ley. El régimen jurídico aplicable a la
sociedad cuya creación se autoriza en el presente artículo será el establecido
en la Ley 1341 de 2009 y las que la reglamenten, complementen, modifiquen o
sustituyan.

En esta empresa, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E
E.S.P. tendrá inicialmente una participación accionaria del 94.99% y el

18 Ibidem.

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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, METROCALI S.A, FONDO ESPECIAL
DE VIVIENDA, EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA -EMRU-,
cuyos representantes legales quedan autorizados por el presente Acuerdo para
concurrir a la constitución de la sociedad, conjuntamente tendrán una
participación inicial del 5.01%.

PARAGRAFO 1°: Autorizar al representante legal de EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P para aportar y/o transferir
mediante la figura jurídica que sea adoptada para tales efectos, los activos de
la unidad de negocio de telecomunicaciones de dicha entidad a la sociedad cuya
creación se autoriza mediante el presente acuerdo, así como los pasivos, que
a pesar de no corresponder a dicha unidad de negocios resulten convenientes
para los propósitos del presente Acuerdo; lo anterior siempre y cuando se
vincule al capital de esta sociedad un aliado estratégico de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5 siguiente del presente acuerdo.

PARAGRAFO 2°: En todo caso para la ejecución de estas facultades, en lo que
corresponda, se adelantarán con base en los procedimientos y requisitos
contemplados en las normas que regulan la materia, especialmente con
observancia de los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 2°: OBJETO SOCIAL. La sociedad filial tendrá por objeto social
principal la organización, operación, prestación y explotación de actividades y
servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las
comunicaciones -TICs-, servicios de información, como la prestación de
servicios de consultorio, asesoría y de asistencia técnica, así como las
actividades complementarias relacionadas y/o conexas con ellos, dentro del
territorio nacional y en el exterior, así como, los nuevos desarrollos en el sector
de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TICs-.

(…)

ARTICULO 5°: Autorizase a la nueva empresa conformada en los términos
previstos en las disposiciones anteriores de este Acuerdo y/o sus accionistas,
para que realicen procesos de convocatoria y selección de aliados estratégicos
que se vinculen al capital de esta sociedad en un porcentaje equivalente hasta
el 49% del capital. Para tales efectos, se autoriza la transformación, si ello fuere
necesario, en sociedad de carácter mixto, para lo cual se realizarán las
modificaciones estatutarias a que hubiere lugar. En el reglamento de vinculación
de capital que se adopte dentro del proceso de convocatoria y selección del
aliado estratégico, se establecerá que con posterioridad a la vinculación del
aliado estratégico, éste tendrá la obligación, de ofrecer acciones en la nueva
empresa a personas naturales y/o jurídicas que ostenten la calidad de usuarios
de servicios públicos de Empresas Municipales de Cali Emcali en un porcentaje
que represente hasta el 15% del capital de la sociedad cuya creación se autoriza
mediante el presente acuerdo. La anterior obligación se ejecutará en los
términos que para tal efecto se establezca en el reglamento de vinculación de
capital.

PARAGRAFO 1°: A la fecha de la vinculación del aliado estratégico en el capital
de la nueva compañía, EMPRESA MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E
E.S.P. y los otros accionistas fundadores deberán tener conjuntamente el 51%
de la participación en el total del capital.

PARAGRAFO 2°: La obligación referida en el segundo inciso del artículo 5,
deberá ser cumplida dentro de los 18 meses siguientes a la consecución del
socio estratégico.

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ARTÍCULO 6°: Una vez sea constituida la nueva empresa e inicie la prestación
de los servicios de telecomunicaciones en virtud, del aporte o transferencia de
la unidad de negocio de telecomunicaciones, se entiende modificado el artículo
4o del Acuerdo 34 de 1999, expedido por el Concejo de Santiago de Cali, en el
sentido de suprimir del objeto social de las Empresas Municipales de Cali
EMCALI EICE ESP, la prestación del servicio de telefonía básica conmutada,
telefonía móvil y móvil rural y demás servicios de telecomunicaciones,
incluyendo los servicios agregados. En relación con los demás servicios que
constituyen el objeto social de EMCALI EICE ESP, el Acuerdo 34 de 1999
quedará vigente sin modificación alguna» (Subrayas de la Sala).

De lo expuesto se advierte que, en los actos administrativos enjuiciados no se
dispuso la venta de acciones de EMCALI ni la enajenación del componente de
telecomunicaciones de esa empresa. Por el contrario, se observa que la finalidad
de dichos actos fue autorizar la constitución de una sociedad filial, bajo el control
mayoritario de EMCALI, a fin de incorporar un socio estratégico que permitiera su
capitalización.

En efecto, dicha medida respondió a las recomendaciones técnicas y financieras
efectuadas en la consultoría contratada por la SSPD, en el marco de la intervención
a dicha empresa, con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera,
modernizar la infraestructura y asegurar la eficiente prestación del servicio de
telecomunicaciones. En dicho estudio, se recomendó expresamente la necesidad
de incorporar un inversionista que permitiera detener la pérdida progresiva de
participación en el mercado y aprovechar las oportunidades tecnológicas del sector.

Es igualmente relevante anotar que, la incorporación de un socio estratégico no está
limitada exclusivamente a actores del sector privado. En efecto, el acto
administrativo se refiere a «aliados estratégicos conocedores del negocio», sin
calificar necesariamente su naturaleza jurídica, por lo que bien podría tratarse de
una entidad pública con experiencia en el sector de telecomunicaciones.

Ello es relevante, pues pone en evidencia que lo previsto en la Ley 226 de 1995 no
era aplicable para este asunto, ya que dicha norma cobija la enajenación total o
parcial a favor de particulares, sin que, se insista, se estén vendiendo acciones de
EMCALI ni que la capitalización de la nueva filial sea de forma obligatoria a favor de
privados. En efecto, el artículo 1º de esa norma dispone:

« Artículo 1o. Campo de aplicación. La presente ley se aplicará a la
enajenación, total o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Estado y, en
general, a su participación en el capital social de cualquier empresa.

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La titularidad de la participación estatal está determinada bien por el hecho de
que las acciones o participaciones sociales estén en cabeza de los órganos
públicos o de las personas jurídicas de la cual éstos hagan parte, o bien porque
fueron adquiridas con recursos públicos o del Tesoro Público.

Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a la propiedad
accionaria o a cualquier operación que sobre ella se mencione, se entenderán
incluidos los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, lo mismo que
cualquier forma de participación en el capital de una empresa» (Subrayas de la
Sala).

En todo caso, resulta igualmente relevante destacar que los actos enjuiciados
prevén expresamente un proceso de democratización accionaria en la nueva filial,
mediante el cual se garantiza la participación directa de la ciudadanía en la
estructura de propiedad de la empresa. En efecto, el Acuerdo 275 de 2009 establece
que, una vez incorporado el socio estratégico, este tendrá la obligación de ofrecer
hasta el quince por ciento (15 %) del capital social de la compañía a personas
naturales y jurídicas que ostenten la calidad de usuarios de los servicios públicos
prestados por EMCALI.

8.5.2.1. Asimismo, lo expuesto permite descartar el cargo relativo a que no se
determinaron cuántas acciones del componente de telecomunicaciones de EMCALI
serían vendidas ni su valor, en detrimento de los artículos 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley
226 de 1995, pues se insiste, en los actos enjuiciados no se está autorizando la
enajenación de estas.

8.5.3. Finalmente, se absolverá si son nulos por vulneración de normas superiores,
los acuerdos municipales en los que se autorizó la creación de una empresa filial de
una empresa de servicios públicos, si no se remitió copia de ese acto sancionado al
respectivo gobernador.

La norma que se invoca como infringida se transcribe enseguida:

« Artículo 82. Revisión por parte del gobernador. Dentro de los cinco (5) días
siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del
departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del
artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los
acuerdos» (Subrayas de la Sala).

Mientras que, el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política dispone:

«Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:

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(…)

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por
motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente
para que decida sobre su validez»

La Sala advierte que lo exigido en dicha norma no constituye un requisito de validez
del acto administrativo, sino que corresponde a una exigencia posterior al trámite
de su formación. Al respecto, esta Sección en proveído del 11 de marzo de 2021,
indicó que la omisión en el cumplimiento del anterior requisito no da lugar a declarar
la ilegalidad de un acto administrativo:

«En cuanto a la revisión por parte de la Gobernación, es un asunto que se
escapa al alcance de la causal de expedición irregular, puesto que la finalidad
de la norma consiste en que el Gobernador pueda remitir el acto al Tribunal
competente cuando considere que existen motivos de inconstitucionalidad o
ilegalidad, con el fin de que dicha jurisdicción decida sobre su validez, de tal
forma que la norma consagra que tal revisión ni siquiera suspende los efectos
de los Acuerdos publicados19». (Subrayas de la Sala)20.

Mientras que, en proveído del 3 de agosto del 2016, la Sección Cuarta de esta
Corporación expresó:

«El artículo 82 de la Ley 136 de 1994, por su parte, prevé que, en los cinco (5)
días siguientes a la sanción, los alcaldes deben enviar copia de los acuerdos
municipales al gobernador del departamento, con el fin de que ejerzan la
atribución señalada en el numeral diez del artículo 305 de la Constitución, esto
es, revisar y, si es del caso, objetar los acuerdos ante los tribunales
administrativos, por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o
inconveniencia.

Esa norma también establece que la revisión del gobernador no suspende los
efectos de los acuerdos. Es decir, el acuerdo no pierde vigencia por causa del
envío para revisión del gobernador ni con ocasión del eventual trámite de
objeción ante el tribunal administrativo.

Vale decir que el trámite de la observación u objeción del gobernador es el
señalado en el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986, que dice:

Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará
el siguiente trámite:

19 Cfr Ley 136 de 1994. ARTÍCULO 8 2.- Revisión por parte del Gobernador. Dentro de los cinco

(5) días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento
para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la Constitución. La
revisión no suspende los efectos de los acuerdos.
Constitución Política artículo 305. Son atribuciones del gobernador:
Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad
o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

marzo de 2021. Proceso radicado número: 05001 23 31 000 2006 01825 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López

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1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador
ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días
durante los cuales el Fiscal de la Corporación y cualquiera otra persona
podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o
legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas;

2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas
por el Gobernador y los demás intervinientes para la práctica de las
mismas se señalará un término no superior a diez (10) días;

3. Practicadas las pruebas pasarán el asunto al despacho para fallo, el
Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia
y el Tribunal de otros diez (10) para decidir. Contra esta decisión, que
produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos
constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno.»21
(Subrayas de la Sala).

En suma, el cargo no prospera.

8.6. Sobre la condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en consonancia con
el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas ya que el
presente asunto se trata de una acción pública.

8.7. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones señaladas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de

agosto de 2016. Proceso radicado número: 13001 23 31 000 2009 00087 01. Consejero Ponente:
Hugo Fernando Bastidas Barcenas.

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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
25 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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