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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00666-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00666-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2010-00666-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.
Demandada: Ministerio de Salud y Protección Social 1 (actuando como sucesor
procesal de la Fiduciaria La Previsora S.A. y Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A.) y Reynel Fernando Bedoya Rodríguez.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: No es cierto que el agente liquidador de la E.S.E. Antonio Nariño cuestionara
la validez de los contratos suscritos entre esa empresa con la actora.
No son nulos, por vulneración de normas superiores, los actos administrativos
mediante los cuales se negó el reconocimiento de la acreencia presentada por la
actora dentro del trámite de liquidación de la E.S.E., cuando esta no aportó el
certificado de interventoría relativo a la ejecución de los contratos suscritos con
dicha entidad, a pesar de que dicho documento constituía un requisito pactado
expresamente en los contratos celebrados con la empresa liquidada.
No son nulos, por vulneración del debido proceso, los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la acreencia presentada por la actora dentro del
trámite de liquidación de la E.S.E., si no se probó la constancia del ingreso de los
suministros a los inventarios de esa entidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de noviembre de 2019, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Quindío – en descongestión negó las pretensiones de la
demanda.

1
Conforme auto que aprobó la sucesión procesal – Índice 00025 del expediente digital – SAMAI.

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

I. DEMANDA

1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Hospitrauma Ltda, presentó demanda contra la Fiduciaria La
Previsora S.A. (en adelante Fiduprevisora), la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A. (en adelante Fiduagraria), la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en
liquidación (en adelante E.S.E.), y los ciudadanos Reynel Fernando Bedoya
Rodríguez y Nelson Rodolfo Amaya Correa, solicitando lo siguiente a título de
pretensiones:

«II. DECLARACIONES

Mediante la presente acción se solicita las siguientes declaratorias

1. Que es nulo el acto administrativo contenido en la Circular APL 003-2008
noviembre de 2.008 sin notificación a los acreedores de la ESE Antonio Nariño
En Liquidación, mediante la cual se crearon las glosas que a juicio del
apoderado general del consorcio liquidador creyó podía oponer a los créditos
presentados por las entidades demandantes.

2. Que es nula la Resolución No. 000069 del 26 de febrero de 2.009 suscrita
por el apoderado general del consorcio liquidador, señor REYNEL FERNANDO
BEDOYA RODRIGUEZ, notificada por edicto en la cual se dispuso:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar las reclamaciones presentadas oportunamente,
relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y en el anexo dos (2) anexo
individualizado a cada acreedor, frente a las cuales el proceso de auditoría
integral no encontró motivos de glosa por cuanto cumplen íntegramente los
requisitos contractuales y legales; se reconoce frente a tales reclamaciones los
valores señalados en la columna Titulada "Valor Reconocido" en el anexo uno
(1) Y en el anexo dos (2) ya citados, que hacen parte integral de esta
Resolución, como obligaciones que se pagarán con cargo a la masa de la
liquidación como créditos de la quinta clase, y que no tienen privilegio legal
alguno, de conformidad con lo expuesto a la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar total o parcialmente los reclamaciones
presentadas oportunamente, relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y
en el anexo dos (2) anexo individualizado a cada acreedor, frente a las cuales
el proceso de auditoría integral encontró motivos de glosa que conducen al
rechazo total o parcial de dichas reclamaciones, correspondiente a los valores
señalados en la columna Titulada "Valor Rechazado" en el anexo uno (1) y en
el anexo dos (2) ya citados, que hacen parte integral de esta Resolución, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo,
en especial en los numerales 10.1 al 10.7.2

2

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

ARTICULO TERCERO: Rechazar las reclamaciones oportunas que pretenden
el reconocimiento y pago de conceptos que deben ser atendidos como gasto de
la administración, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución.

PARAGRAFO: Ordenar el traslado a las coordinaciones Internas competentes
de los reclamaciones presentadas oportunamente contenidas en los anexos de
la presente Resolución que hacen referencia a gastos de la administración, a
efectos de adelantar los trámites correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: El pago reconocido se realizará en las condiciones que
para ello han sido establecidas, en especial la disponibilidad de recursos, los
descuentos y deducciones a que se hace referencia en el capítulo sexto de la
parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente Resolución mediante edicto que se
fijará por el término de diez (10) días hábiles en la sede única de la ESE
ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION, ubicada en la Carrera 4 oeste No. 14-
89, Barrio Bellavista, Santiago de Cali (Valle del Cauca), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2211 de 2004, en concordancia con lo
previsto en el artículo 45 del CCA.

ARTICULO SEXTO: Publicar, por lo menos un aviso en un periódico de amplia
circulación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de fijación del edicto,
en el cual se informe la expedición de la presente Resolución, la fecha de
fijación y desfijación del edicto, el término para presentar el recurso de
reposición y el lugar en el cual podrá consultarse el texto completo de la
presente Resolución.

ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 28 del Decreto 2211 de
2004, contra la presente Resolución procede recurso de reposición, que se
deberá interponer ante el Apoderado General Liquidador, en la sede única de
la ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Carrera 4 oeste
No. 14-89, Barrio Bellavista, Santiago de Cali (Valle del Cauca), con el lleno de
los requisitos señalados en el artículo 52 del C CA., dentro de los cinco (5) días
siguientes a la desfijación del edicto por medio del cual se notifique esta
providencia, acreditando la calidad en que se actúa y aportando las pruebas
que se quieran hacer valer.

3. Que es nula la Resolución 000028 del 28 enero de 2.010, notificado
personalmente el 8 de febrero de 2.010, en la cual se dispuso:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada FRANCIA
ELENA AYALA COLLAZOS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.869.029 de Cali (Valle), portadora de la Tarjeta Profesional No. 26.413 del
Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada de
HOSPITRAUMA LIMITADA.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Resolución RCA No. 000069 del 26 de
febrero de 2009, en lo que corresponde a la calificación de la reclamación
radicada con el No.: 1066, presentada por HOSPITRAUMA, LIMITADA, por las
razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, tal como se
encuentra consignado en el Anexo No. 4 (individualizado por acreedor) que
hace parte integral de la presente Resolución

3

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente Resolución a la
abogada FRANCIA ELENA AYALA COLLAZOS, identificada con la cédula de
ciudadanía No: 31.869,029 de Cali (Valle), portadora de la Tarjeta Profesional
No. 26.413 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada de
HOSPITRAUMA LIMITADA, en la forma prevista en los artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún otro
recurso y en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

4. Como consecuencia de la nulidad solicitada, FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. "FIDUPREVISORA S.A." la FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. "FIDUAGRARIA S.A.", entidades conforman el
CONSORCIO LIQUIDADOR que tiene a cargo el trámite de liquidación forzosa
administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO, los
señores REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ, NELSON RODOLFO
AMAYA CORREA, están obligados al restablecimiento del derecho, ordenando
el reconocimiento, calificación, graduación del crédito presentado por mi
representada dentro del trámite de liquidación forzosa administrativa de la ESE
ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION.

5. Se condene a pagar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. "FIDUPREVISORA
S.A." la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
"FIDUAGRARIA S.A.", entidades conforman el CONSORCIO LIQUIDADOR
que tiene a cargo el trámite de liquidación forzosa administrativa de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO, los señores REYNEL
FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ, NELSON RODOLFO AMAYA CORREA,
a cancelar, el importe de los títulos valores y facturas cambiarias presentadas
por mi mandantes al trámite de liquidación, concretamente la suma de:
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($377′ 711.400.000) Mcte., a capital que no fue
reconocido, calificado y graduado por parte de las empresas que conforman el
consorcio liquidador.

6. Se condene a pagar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. "FIDUPREVISORA
S.A." la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
"FIDUAGRARIA S.A.", entidades conforman el CONSORCIO LIQUIDADOR
que tiene a cargo el trámite de liquidación forzosa administrativa de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTOΝΙΟ NARIÑO, los señores REYNEL
FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ, NELSON RODOLFO AMAYA CORREA,
a cancelar, los perjuicios ocasionados o derivados del acto administrativo
acusado, los cuales se traducen en reconocer intereses de mora sobre el capital
reclamado en tiempo oportuno.

7. Se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. "FIDUPREVISORA S.A." la
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. "FIDUAGRARIA S.A.",
entidades conforman el CONSORCIO LIQUIDADOR que tiene a cargo el
trámite de liquidación forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO ANTONIO NARIÑO, los señores REYNEL FERNANDO BEDOYA
RODRIGUEZ, NELSON RODOLFO AMAYA CORREA, a pagar los gastos,
costas y agencias en derecho que genere la presente acción.

4

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

8. La sentencia deberá ser cumplida conforme al artículo 16 del C.C.A»2.

1.2. Los actos demandados

2. Las decisiones objeto de impugnación judicial corresponden a la Circular APL
003-2008 de noviembre de 2008, la Resolución No. 00069 del 26 de febrero de 2009
y la Resolución 000028 del 28 enero de 2.010, emitidas por la E.S.E. Antonio Nariño
en Liquidación.

3. El primer acto prevé:

«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUIA PARA LA AUDITORIA
INTEGRAL DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS AL PROCESO
LIQUIDATORIO DE LA ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

ARTÍCULO PRIMERO: El catálogo de glosas está integrado por glosas
administrativas, jurídicas, médicas y contables, que van desde la glosa 1.1 a la
glosa 10.5, que se deben revisar y aplicar según la clase de crédito reclamado.

En la resolución que resuelva las reclamaciones y en los formatos de análisis
de las reclamaciones se debe indicar, cuando corresponda, que glosa debe
aplicarse de acuerdo con este catálogo y la naturaleza del crédito reclamado.

2
Visible a folios 273 a 274 del Cuaderno del Tribunal.
5

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

6

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

ARTICULO SEGUNDO: Corresponde a la Coordinación Técnica desarrollar los
procedimientos que se requieran para adelantar la auditoria integral y proyectar
las resoluciones que resuelven las reclamaciones; así como la socialización del
presente instructivo guía entre todos los coordinadores de área y en particular
entre los funcionarios y colaboradores que se asignen por el Apoderado General
Liquidador al proceso de auditoria de las reclamaciones.

ARTICULO TERCERO: El presente INSTRUCTIVO GUIA es de aplicación
inmediata, el control en su observancia y cumplimiento estará a cargo de la
Oficina de Control Interno de Gestión, que deberá incluir lo respectivo en sus
informes mensuales de Gestión al Apoderado General Liquidador, mediante
encuestas personales sobre el grado de socialización, y conocimiento de los
funcionarios asignados al proceso de reclamaciones.

ARTICULO CUARTO. El presente INSTRUCTIVO GUIA constituye un
procedimiento interno del proceso liquidatorio y por consiguiente, no procede
contra este actuación o recurso alguno»3.

4. La parte resolutiva de la Resolución No. 00069 del 26 de febrero de 2009, prevé:

3
Visible a folios 200 a 203 del Cuaderno del Tribunal.
7

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

«ARTICULO PRIMERO: Aceptar las reclamaciones presentadas
oportunamente, relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y en el anexo
dos (2) anexo individualizado a cada acreedor, frente a las cuales el proceso de
auditoría integral no encontró motivos de glosa por cuanto cumplen
íntegramente los requisitos contractuales y legales; se reconoce frente a tales
reclamaciones los valores señalados en la columna Titulada "Valor Reconocido"
en el anexo uno (1) Y en el anexo dos (2) ya citados, que hacen parte integral
de esta Resolución, como obligaciones que se pagarán con cargo a la masa de
la liquidación como créditos de la quinta clase, y que no tienen privilegio legal
alguno, de conformidad con lo expuesto a la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar total o parcialmente los reclamaciones
presentadas oportunamente, relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y
en el anexo dos (2) anexo individualizado a cada acreedor, frente a las cuales
el proceso de auditoría integral encontró motivos de glosa que conducen al
rechazo total o parcial de dichas reclamaciones, correspondiente a los valores
señalados en la columna Titulada "Valor Rechazado" en el anexo uno (1) y en
el anexo dos (2) ya citados, que hacen parte integral de esta Resolución, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo,
en especial en los numerales 10.1 al 10.7.2

ARTICULO TERCERO: Rechazar las reclamaciones oportunas que pretenden
el reconocimiento y pago de conceptos que deben ser atendidos como gasto de
la administración, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución.

PARAGRAFO: Ordenar el traslado a las coordinaciones Internas competentes
de los reclamaciones presentadas oportunamente contenidas en los anexos de
la presente Resolución que hacen referencia a gastos de la administración, a
efectos de adelantar los trámites correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: El pago reconocido se realizará en las condiciones que
para ello han sido establecidas, en especial la disponibilidad de recursos, los
descuentos y deducciones a que se hace referencia en el capítulo sexto de la
parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente Resolución mediante edicto que se
fijará por el término de diez (10) días hábiles en la sede única de la ESE
ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION, ubicada en la Carrera 4 oeste No. 14-
89, Barrio Bellavista, Santiago de Cali (Valle del Cauca), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2211 de 2004, en concordancia con lo
previsto en el artículo 45 del CCA.

ARTICULO SEXTO: Publicar, por lo menos un aviso en un periódico de amplia
circulación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de fijación del edicto,
en el cual se informe la expedición de la presente Resolución, la fecha de
fijación y desfijación del edicto, el término para presentar el recurso de
reposición y el lugar en el cual podrá consultarse el texto completo de la
presente Resolución.

ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 28 del Decreto 2211 de
2004, contra la presente Resolución procede recurso de reposición, que se
deberá interponer ante el Apoderado General Liquidador, en la sede única de

8

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

la ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Carrera 4 oeste
No. 14-89, Barrio Bellavista, Santiago de Cali (Valle del Cauca), con el lleno de
los requisitos señalados en el artículo 52 del C CA., dentro de los cinco (5) días
siguientes a la desfijación del edicto por medio del cual se notifique esta
providencia, acreditando la calidad en que se actúa y aportando las pruebas
que se quieran hacer valer»4.

5. La parte resolutiva de la Resolución 00028 del 28 de enero de 2010, prevé:

«RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada
FRANCIA ELENA AYALA COLLAZOS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31.869.029 de Cali (Valle), portadora de la Tarjeta
Profesional No. 26.413 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar
como apoderada de HOSPITRAUMA LIMITADA.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Resolución RCA No. 000069 del 26
de febrero de 2009, en lo que corresponde a la calificación de la
reclamación radicada con el No.: 1066, presentada por HOSPITRAUMA,
LIMITADA, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo, tal como se encuentra consignado en el Anexo No. 4
(individualizado por acreedor) que hace parte integral de la presente
Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente Resolución a
la abogada FRANCIA ELENA AYALA COLLAZOS, identificada con la
cédula de ciudadanía No: 31.869,029 de Cali (Valle), portadora de la
Tarjeta Profesional No. 26.413 del Consejo Superior de la Judicatura,
apoderada de HOSPITRAUMA LIMITADA, en la forma prevista en los
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. ARTICULO

CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún otro recurso
y en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa».

1.3. Supuestos fácticos

6. En el acápite de hechos señaló que suscribió contratos con la E.S.E., con el fin
de suministrar a dicha entidad artículos de uso médico y quirúrgico, en especial
prótesis requeridas para las cirugías de los usuarios de ese centro médico.

7. Alegó que dichos negocios jurídicos fueron ejecutados y cumplidos a cabalidad y
que, como consecuencia de ello, se expidieron las correspondientes facturas
cambiarias de compraventa, las cuales fueron entregadas a la entidad demandada.
Sin embargo, pese a estar dichos documentos en trámite de pago, el Ministerio de

4
Visible a folios 273 a 274 del Cuaderno del Tribunal.
9

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

la Protección Social mediante el Decreto 3870 de 2008, ordenó la intervención de
la mencionada E.S.E. para su liquidación.

8. Señaló que el 8 de julio de 2008, se pactó que Fiduagraria y la Fiduprevisora
serían las encargadas del proceso de liquidación de la mencionada E.S.E.

9. Anotó que pese a haber presentado la reclamación del crédito a su favor, el
Agente Liquidador de la E.S.E., expidió la Circular APL 003-2008 en la cual
relacionó las glosas o razones que a su juicio podían invocarse para negar el pago
de las acreencias. Indicó que de manera unilateral se establecieron requisitos
adicionales no previstos en la ley, algunos de los cuales resultaban de imposible
cumplimiento, como la exigencia de documentos de manejo interno de la propia
E.S.E., según lo consignado en la glosa 1.18 ibidem, entre otros.

10. Además reprochó que ese acto no fuera notificado a los acreedores, aun cuando
tenía consecuencias jurídicas sobre éstos.

11. Destacó que mediante Resolución 00069 de 2009, se rechazó el crédito
presentado por la parte actora, aduciendo razones que no fueron debidamente
motivadas, pues la decisión se limitó a remitir a un documento anexo en el que se
enunciaban las glosas contenidas en la Circular APL 003-2008, documento que
insistió, no había sido puesto en conocimiento de los acreedores.

12. En particular, indicó que sus acreencias fueron rechazadas con fundamento en
las siguientes glosas: (i) Glosa 1.18: «no existe certificación de la prestación del
servicio por parte del interventor del contrato u orden de servicio»; (ii) Glosa 4.11:
«la obligación reclamada posee un pago parcial»5; (iii) Glosa 1.2: «la prestación se
ejecutó por fuera del plazo establecido en el contrato» 6; (iv) Glosa 1.13: «no se
evidencia constancia de ingreso de los suministros al inventario, farmacia o
almacén, suscrita por el responsable de la E.S.E. Antonio Nariño en liquidación» 7;
y (v) Glosa 1.14: «no se aportó constancia del pago para la publicidad de la orden

5
Visible a folio 277 del Cuaderno del Tribunal.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
10

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

de servicios o contrato en el Diario Único de Contratación»8.

13. Alegó que contra ese acto interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado
desfavorablemente, en Resolución 414 de mayo de 2009, ya que el crédito fue
rechazado en su totalidad.

14. Refirió que como consecuencia de dichas arbitrariedades, interpuso junto con
otros acreedores acción de tutela, la cual fue resuelta en segunda instancia
mediante fallo del 15 de septiembre de 2009 por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali. En dicha providencia se amparó el derecho al debido
proceso de los acreedores y se ordenó al consorcio liquidador rehacer la actuación
administrativa a partir de la práctica de las pruebas que le habían sido negadas a la
actora en el trámite del recurso de reposición en contra del acto definitivo, entre ellas
una inspección judicial y varios testimonios.

15. Anotó que una vez practicada la inspección judicial y rendidos los testimonios
decretados, fue posible concluir que la E.S.E. sí recibió los bienes objeto de los
contratos los cuales se encuentran registrados en la contabilidad y tesorería de la
entidad, razón por la cual se acreditaron tanto la existencia como la cuantía del
crédito.

16. Sin embargo a pesar de las pruebas recaudadas, nuevamente fue denegado el
pago del crédito en Resolución 00028 del 28 de enero de 2010.

1.4. Concepto de violación

17. Como fundamento de lo anterior, invocó como desconocidos, el preámbulo y los
artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política, los artículos 3, 28, 34 y 35 del
Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), 85 del Código de Comercio
(en adelante Cco), el numeral 7 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
(en adelante CPC), 44 de la Ley 80 de 1993, 1502, 1519, 1521 y 1741 del Código
Civil (en adelante CC).

8
Ibidem.
11

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

18. En el acápite de fundamentos de derecho del libelo introductorio manifestó que,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de
1993, a los contratos celebrados por las E.S.E. les son aplicables las normas del
derecho privado. En ese sentido, sostuvo que los negocios jurídicos que suscribió
con la entidad demandada se encontraban sometidos a dicho régimen normativo.

19. Anotó que los créditos le fueron rechazados por el Agente Liquidador
cuestionando la validez, existencia o correcta ejecución del contrato celebrado con
la E.S.E., a pesar de que únicamente el juez contencioso administrativo es
competente para resolver las controversias relacionadas con la ejecución o validez
de un contrato estatal ya finalizado.

20. Sostuvo que, para efectos del reconocimiento del crédito dentro del proceso de
liquidación, solo era exigible la acreditación sumaria de su existencia y cuantía.

21. Adujo que en todo caso los negocios cuestionados sí cumplían los requisitos
para su existencia y validez previstos en el artículo 1502 del CC y en la Ley 80 de
1993. Además, arguyó que tampoco se cumplió alguno de los supuestos previstos
en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 para la declaratoria de
ilegalidad de los referidos contratos.

22. Reprochó que si no existía ninguna causal que invalidara el contrato, no era
posible desconocerlo o rechazar sus efectos, alegando un incumplimiento de las
reglas precontractuales, contractuales y poscontractuales.

23. Anotó que se vulneró el debido proceso con las decisiones adoptadas por el
Agente Liquidador, por cuanto: (i) se impusieron cargas procesales a los acreedores
que correspondían exclusivamente a la entidad deudora; (ii) se expusieron
argumentos carentes de lógica jurídica y sustento legal; (iii) se desconocieron
pruebas que reposaban en la misma entidad, tales como las actas de interventoría
levantadas en noviembre de 2009, la contabilidad de la empresa en liquidación —
en la que era evidente el pasivo a su cargo—, los pagos efectuados por concepto
de retención en la fuente sobre facturas no canceladas, la Resolución 2150 de 2005
expedida por la E.S.E. sobre reglas de contratación, el manual de contratación
12

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

vigente para esa entidad y los testimonios practicados por orden del juez
constitucional y (iv) se exigieron documentos que estaban en poder de la misma
ESE.

24. Alegó que se vulneró el principio de buena fe, por cuanto en la Circular APL 003-
2008 se exigió un certificado de interventoría sobre la ejecución de las obligaciones
contractuales, a pesar de que en el trámite administrativo aportó el contrato, la póliza
de cumplimiento y el respectivo registro presupuestal, documentos que acreditaban
la existencia y respaldo financiero de la obligación. Sostuvo que esta situación le ha
impedido recuperar los recursos a los que tiene derecho, lo cual podría configurar
un daño antijurídico, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y del
artículo 1080 del CCo.

25. Sostuvo que también se trasgredió el principio de confianza legítima, los
artículos 83 de la Constitución Política; 1502, 1519, 1521 y 1741 del CC, 44 de la
Ley 80 de 1993 y 835 del CCo, toda vez que durante los años en que prestó sus
servicios a la E.S.E. nunca se le exigió la constancia de interventoría como requisito
para efectuar los pagos. Añadió que incluso, dichos documentos debían ser
elaborados por la misma entidad cada 3 meses, conforme a lo dispuesto
internamente debido al volumen de compras realizadas, por lo que resultaba
imposible exigirle su presentación inmediata al momento de suministrar los bienes
o servicios.

26. Anotó que conforme al principio general del derecho según el cual nadie puede
alegar su propia culpa o dolo para eludir el cumplimiento de sus obligaciones, no
era procedente que el Agente Liquidador negara el pago de la acreencia
argumentando la ausencia de certificación de interventoría o auditoría, cuando dicha
carga correspondía a la propia entidad en liquidación.

27. Adujo que los actos administrativos demandados incurren en falsa motivación y
vulneran lo dispuesto en los artículos 3, 28, 34 y 35 (inciso primero) del CCA, por
cuanto se sustentan en hechos inexistentes, aparentes o que distorsionan la
realidad, lo cual desconoce el derecho sustancial. Agregó que tales decisiones
omitieron la aplicación de las normas que regulan la compraventa de bienes, las

13

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

reglas del derecho probatorio, el régimen de los títulos valores y lo previsto en la
Ley 80 de 1993.

28. Frente a este punto, afirmó que el proceso liquidatorio de una E.S.E. se
encuentra regulado por los Decretos 663 de 1993, 11 de 1996, 254 de 2000, 414 de
2001, 1015 de 2002, 226, 2160 y 2211 de 2004, 736 de 2005 y 4848 de 2007, así
como por las Leyes 100 de 1993 y 1105 de 2006, y, en lo no previsto en dichas
normas, por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No obstante, lo anterior,
sostuvo que en el presente caso el Agente Liquidador optó por adelantar auditorías
contractuales y al no encontrar certificaciones de interventoría ni constancias de
aprobación de las pólizas de cumplimiento, resolvió rechazar los pagos reclamados.
Lo anterior, pese a que dichas cargas correspondían a la misma E.S.E., la cual a
través de su oficina de control interno, debió en su momento supervisar y auditar los
negocios jurídicos celebrados, máxime cuando para el pago de las obligaciones,
únicamente era necesario allegar prueba sumaria de éstas al proceso concursal.

29. Anotó que tales exigencias fueron impuestas de manera posterior a las etapas
precontractual, contractual y poscontractual, por lo que los proveedores de la E.S.E.
nunca estuvieron en posibilidad ni tenían la carga de obtener dichos documentos
oportunamente para efectos del pago de sus acreencias.

30. Finalmente, sostuvo que Fiduagraria y la Fiduprevisora debían responder por
los perjuicios sufridos por su empresa, pues la liquidación de la E.S.E. Antonio
Nariño no obedeció a un hecho de fuerza mayor sino a una actuación premeditada.
Explicó que mientras se les aseguraba a los proveedores que dicha entidad no sería
intervenida con el fin de que continuaran suministrando insumos médicos,
simultáneamente el Ministerio de la Protección Social y las sociedades fiduciarias
mencionadas suscribían un acuerdo para adelantar su liquidación.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

31. La E.S.E. Antonio Nariño en Liquidación 9 contestó la demanda señalando
que la parte actora confunde el régimen jurídico aplicable a la entidad cuando se
encontraba en funcionamiento y desarrollaba su objeto social, con aquel propio del
proceso liquidatorio, el cual se rige por los Decretos 3780 de 2007 y 254 de 2000
(este último modificado por la Ley 1105 de 2006). Sostuvo además que en esta
etapa el agente liquidador no está facultado para subsanar las deficiencias
administrativas en que hubiesen incurrido tanto la entidad como sus contratistas.

32. Anotó que la auditoría de las reclamaciones presentadas dentro del proceso
liquidatorio de la E.S.E. se realizó conforme a criterios objetivos y uniformes. Agregó
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 26 del Decreto 2211 de 2004,
cuando el agente liquidador tenga dudas sobre la procedencia o validez de una
reclamación, está facultado para rechazarla.

33. Alegó que las causales de rechazo previstas en la Circular APL 003 de 2008 y
recogidas en el considerando 8.4 de la Resolución 069 de 2009, en particular, las
identificadas como glosas 1.18, 1.15, 4.10 y 4.11, tienen como finalidad sistematizar
los requisitos legales y contractuales exigidos para el reconocimiento de una
obligación. Añadió que dicha Circular tenía un carácter meramente informativo y su
propósito era orientar a los acreedores sobre los requisitos que debían cumplir sus
reclamaciones para que fueran admitidas dentro del proceso liquidatorio.

34. Anotó que conforme al artículo 60 de la Ley 190 de 1995, dentro de los requisitos
de legalización de los contratos estatales se encuentra su publicación en el Diario
Único de Contratación o en la gaceta o medio oficial correspondiente. Asimismo,
sostuvo que la exigencia del certificado de cumplimiento por parte del interventor no
constituía una creación del agente liquidador, sino que se encontraba prevista en el
mismo contrato suscrito con la E.S.E.

35. Precisó que el certificado del interventor constituía un documento esencial para
que el liquidador pudiera establecer, con certeza, que la cantidad y la idoneidad de
los bienes suministrados ingresaron efectivamente al patrimonio y activos de la

9
Visible a folios 512 a 527 del Cuaderno del Tribunal.
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Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

E.S.E., máxime cuando eran exigidos para el trámite de pagos de acuerdo con el
Manual de Cuentas Por Pagar, DF-DG-021 del 27 de julio de 2007 adoptado por la
anotada empresa, así como en el estatuto contractual aprobado mediante el
Acuerdo 007 de 2004 y la Resolución 3211 de 2005. Sin embargo, indicó que a
partir del inicio del proceso liquidatorio en septiembre de 2008 tales documentos no
existían. Añadió que pese a haberse agotado diferentes medios probatorios para
verificar la ejecución de los servicios contratados, no fue posible determinar con
certeza si los bienes entregados correspondían a los pedidos realizados, si se
encontraban en condiciones adecuadas de uso o si cumplían con las
especificaciones técnicas requeridas dada su naturaleza especializada.

36. Por ende, afirmó que los actos enjuiciados se encuentran debidamente
motivados y se encuentran ajustados a la Constitución Política, a la Ley y a los
contratos suscritos con la actora.

37. Señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 254
de 2000, las personas que se consideren con derecho a formular reclamaciones
dentro del proceso liquidatorio deben aportar las pruebas en que se fundamenten
sus créditos. En ese sentido, afirmó que recaía sobre los acreedores y no sobre la
entidad en liquidación, la obligación de allegar el certificado de cumplimiento
expedido por la interventoría que acreditara la ejecución del contrato, sin que la
presunción de buena fe relevara al acreedor del cumplimiento de esa obligación.

38. Anotó que la exigencia de los requisitos previstos en la ley y en el contrato
constituía un criterio jurídico válido, orientado a garantizar el respeto del principio de
igualdad entre los acreedores dentro del proceso liquidatorio.

39. El señor Reynel Fernando Bedoya Rodríguez, quien fue vinculado en su
calidad de representante legal de la E.S.E. aseveró que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, ya que sus actuaciones se dieron en cumplimiento de una
función pública transitoria como apoderado general del consorcio Fiduagraria y la
Fiduprevisora10.

10
Visible a folios 539 a 546 ibidem.
16

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

40. Fiduagraria y la Fiduprevisora guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. SENTENCIA APELADA

41. El Tribunal Administrativo del Quindío – en descongestión11 en sentencia
proferida el 14 de noviembre de 2019 12 , resolvió la controversia y decidió lo
siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA a favor del demandado señor
REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRÍGUEZ, conforme lo previamente
manifestado.

SEGUNDO: DENIÉGUENSE las súplicas de la demanda, por las
consideraciones previamente realizadas […]».

42. Señaló que el señor Reynel Fernando Bedoya Rodríguez no contaba con
legitimación en la causa por pasiva, pues únicamente cumplió funciones públicas
transitorias como apoderado general del consorcio liquidador de la E.S.E., sin que
tales labores lo hicieran responsable por la expedición del acto enjuiciado, el cual
fue emitido directamente por la E.S.E. en liquidación.

43. Posteriormente, aludió al trámite del proceso liquidatorio de la E.S.E. Antonio
Nariño, afirmando que como esa entidad no tiene régimen propio de liquidación,
dicho procedimiento debía adelantarse conforme a las previsiones especiales
contenidas en los Decretos 254 de 2000 y 2211 de 2004, así como a lo pertinente
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las del Código de Comercio y que
lo relativo al pago de las acreencias se encontraba regulado en el artículo 32 del
Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 18 de la Ley 1105 de 2006, así
como en los artículos 23 y 26 del Decreto 2211 de 2004.

44. En esa línea, concluyó que no eran de recibo las argumentaciones de la parte
actora, pues tal como lo señaló el agente liquidador en la Resolución RCA No. 0069

11
En cumplimiento de la medida de descongestión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura
en Acuerdo PCSJA19-11294 del 4 de junio de 2019.
12
Cuaderno No. 4, Folios 728 a 749.
17

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

de 2009, los acreedores estaban sujetos al deber legal de cumplir la carga procesal
de aportar las pruebas necesarias para acreditar la existencia y la cuantía de las
obligaciones cuya inclusión pretendían dentro del proceso liquidatorio, conforme a
las reglas previstas en la ley. Por tanto, la omisión en el cumplimiento de dicha carga
generaba las consecuencias desfavorables.

45. Resaltó que las obligaciones reclamadas por Hospitrauma no estaban
debidamente respaldadas, en la medida en que no se aportó el certificado de
cumplimiento de la interventoría, la publicación de los contratos en el Diario Único
de Contratación Pública ni se acreditó el pago de los aportes parafiscales. Por ello,
aseveró que resultaba procedente el rechazo de la reclamación presentada por la
actora.

46. Agregó que en desarrollo del proceso de liquidación, se creó una Unidad
Técnica Especializada conformada por profesionales con experiencia en auditoría,
encargada de analizar, clasificar y calificar las acreencias. Resaltó que dicho
examen se efectuó de manera general respecto de todas las reclamaciones
formuladas por los acreedores que concurrieron en el término legal, sin que resulte
cierto que tal análisis se hubiera realizado exclusivamente en el caso de
Hospitrauma Ltda.

47. Concluyó que por las mismas razones expuestas, la parte actora tampoco
acreditó la falta de competencia del Agente Liquidador ni la existencia de falsa
motivación o desviación de poder en el acto enjuiciado, de modo que denegó las
súplicas de la demanda.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

48. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia con base en los
argumentos que enseguida se exponen13.

13
Cuaderno No. 4, Folios 751 a 773.
18

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

49. Para el recurrente el Tribunal erró al denegar las pretensiones de la demanda,
pues respecto de la Glosa No. 1.2, relativa a la supuesta entrega tardía de los
elementos, no valoró adecuadamente las pruebas aportadas tanto en el proceso
liquidatorio como en el trámite judicial de primera instancia. Sostuvo que se
demostró que, aunque las órdenes de compra fijaban un término de entrega, éste
se entendía cumplido mientras subsistiera el presupuesto autorizado en la misma
orden o contrato. Agregó que por las necesidades del servicio, urgencias o
cumplimiento de fallos de tutela, debía realizar entregas antes o después del
período ordinario de ejecución contractual, circunstancia que fue explicada en el
testimonio rendido en sede administrativa por la exgerente administrativa Norma
Hurtado.

50. Agregó que el consorcio liquidador pasó por alto que en el contrato las partes
habían aceptado la posibilidad de realizar entregas por fuera de los términos
inicialmente previstos. Sostuvo que en todo caso, frente a eventuales
incumplimientos la consecuencia adecuada habría sido la imposición de sanciones
contractuales.

51. No compartió los argumentos del Tribunal de primera instancia, frente a lo
decidido en cuanto a la Glosa 1.1314, como quiera que cada una de las facturas
contaba con el sello de recibido de la empresa deudora, sin que el consorcio
liquidador haya demostrado que los productos hayan tenido devoluciones o
rechazos.

52. Indicó que el extremo demandado atacó el negocio que le dio origen a las
facturas y deslegitimó los contratos celebrados cuando no existía en ellos algún
vicio que afectara su validez y ejecución, pues contaban con las formalidades
previstas en la Ley y la Constitución. Expuso que ello se verificaba en el hecho de
que la E.S.E. no efectuó reparo alguno en su perfeccionamiento, ejecución y
liquidación, ni mucho menos hizo valer las cláusulas exorbitantes en cuanto a multas
o terminación anticipada del contrato, ni desplegó su facultad disciplinaria respecto
del desarrollo de su objeto social.

14
No se evidencia constancia de ingreso de los suministros al inventario, farmacia o almacén,
suscrita por el responsable de la ESE Antonio Nariño en Liquidación.
19

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

53. Afirmó en cuanto a la Glosa 1.14 que el manual de contratación de la extinta
E.S.E. no contemplaba la exigencia de aportar constancia del pago para la
publicación del contrato en el Diario Único de Contratación. Añadió que, dado que
el régimen contractual de la citada empresa liquidada era de naturaleza privada, sin
perjuicio de la aplicación de cláusulas exorbitantes, no era procedente que el agente
liquidador impusiera obligaciones novedosas con el único propósito de justificar la
negativa de pago a los acreedores.

54. Argumentó que la Glosa 4.11 que señala que la obligación reclamada posee un
pago parcial no tiene asidero legal ni probatorio, pues se relaciona con descuentos
de impuestos de retención en la fuente, lo cual pone en evidencia que las facturas
son idóneas, claras, transparentes y constituyen plena prueba de la validez y
existencia de los créditos reclamados.

55. En cuanto a la Glosa No. 1.15.215, sostuvo que el pago de aportes parafiscales
solo es exigible en el momento en que se va a efectuar el pago efectivo de la
obligación, mas no durante la etapa contractual, poscontractual ni en el trámite de
liquidación de la E.S.E. Resaltó además que el consorcio liquidador, mediante la
Resolución 00276 del 5 de mayo de 2009, levantó dicha glosa respecto de otros
acreedores, pero no frente a la sociedad Hospitrauma Ltda., configurándose, a su
juicio, un trato desigual e injustificado.

56. Aseguró frente a la Glosa 1.18, según la cual no existe certificación de la
prestación del servicio por parte del interventor del contrato, que el Tribunal no
analizó la contabilidad de la empresa, la circular expedida por la exgerente
administrativa, los testimonios y en general, las pruebas recaudadas durante la
reclamación administrativa.

57. En ese orden, indicó que la expedición del certificado del interventor era una
carga atribuible a la E.S.E. Antonio Nariño y no a los acreedores. Agregó que dicho
documento se emitía trimestralmente conforme a las instrucciones de la exgerente

15
No se acreditan los requisitos contractuales para el pago.
20

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

financiera. Concluyó que, a partir de la inspección judicial y de los testimonios
rendidos ante la Administración, quedó acreditada la existencia del crédito a favor
de Hospitrauma Ltda., el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la
inexistencia de irregularidades asociadas al crédito y la ausencia de acciones contra
los exadministradores relacionadas con la reclamación de los acreedores.

58. Como fundamento de la responsabilidad en la expedición del certificado del
interventor citó apartes de los testimonios de los siguientes exfuncionarios de la
E.S.E. extinta, recepcionados en el trámite administrativo: Fernando Gutiérrez
(exgerente), Norma Hurtado (exgerente financiera), María Eufemia Montaño
(profesional universitario I), Luz Stella Jiménez (Jefe de División de Odontología),
María Ludivia Sánchez Uribe (técnico de apoyo administrativo del área de compras),
de los cuales concluyó que nunca existió un certificado de interventor.

59. Adujo que para proveedores de la misma naturaleza se levantaban actas
trimestrales en un formato enviado por la entonces gerente administrativa, sin que
sea cierto que dicho documento no constituya un certificado, pues este era el
respaldo para el pago en tanto que contenía la certeza de cumplimiento del contrato,
por lo que el Liquidador debió acudir a las actas de interventoría para constatar el
cumplimiento. Agregó que se debió tener en cuenta por equidad, equilibrio e
imparcialidad las pruebas testimoniales y la contabilidad de la liquidada.

60. Expresó que sólo estaba a su cargo la presentación de la factura cambiaria de
compraventa con el respectivo sello y firma de recibido, la solicitud de compra
emitida por la E.S.E. y el certificado de la vigencia fiscal expedido por el coordinador
del presupuesto, por lo tanto, los requisitos exigidos por el consorcio liquidador
constituyeron hechos nuevos y desconocidos para el proveedor, los cuales debían
ser ubicados al interior de la E.S.E. en liquidación.

61. Aseveró que carecía de sentido exigir verificaciones adicionales sobre la
cantidad o la calidad de los insumos, pues las prótesis se entregaban de inmediato
o ingresaban directamente mediante la factura correspondiente, dado que
elementos como rodillas, caderas y otros implantes se utilizaban en procedimientos
quirúrgicos urgentes para los usuarios. Por ende, alegó que dicha exigencia se
convirtió en un pretexto para negar el pago de la obligación.
21

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

62. Aseguró que las actuaciones de la entidad demandada rayan en el abuso del
derecho y de la posición dominante, porque las glosas estaban a cargo de quien
hoy cuestiona el pago, al exigir un requisito sin importar quien debía cumplirlo.

63. Sostuvo que no es posible para la accionada alegar su propia culpa o dolo en el
cumplimiento de sus obligaciones para así librarse de ellas y desconocer los pagos
a su favor.

64. Reprochó el desconocimiento del precedente horizontal sobre liquidaciones de
las Empresas Sociales del Estado, vulnerándose el debido proceso y citó como
respaldo de su dicho sentencia del Tribunal Administrativo de Yopal (Sic) con
radicado 2010-00196, en la cual se estableció la ausencia de tarifa legal y
solemnidades para acreditar el hecho de la aceptación del bien o servicio que el
proveedor debía entregar a la E.S.E., debiéndose dar por recibidos a satisfacción
por quien pretendiera enervar el valor probatorio de la evidencia.

65. Citó como respaldo de sus pretensiones, pronunciamientos de los Tribunales
Administrativos del Valle del Cauca y de Cundinamarca, resaltando que en los casos
con radicados 76001 33 31 702 201 000189 00 y 25000 23 24 000 2008 00302 01
respectivamente, se accedieron a las pretensiones de la demanda, al corroborar
que no existía duda sobre las obligaciones tanto de la E.S.E. como del contratista.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

66. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante auto de 14 de abril de
202116, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante.

67. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 2021 17 ,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

16
Índice 00066 del expediente digital, SAMAI (primera instancia).
17
Índice 00004 del expediente digital, SAMAI.
22

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

68. Posteriormente, en providencia del 5 de febrero de 202418 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.

69. El 12 de noviembre de 202519 el Despacho decidió tener al Ministerio de Salud
y Protección Social como sucesor procesal de las entidades demandadas.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

70. La parte demandante guardó silencio y no presentó alegatos de conclusión.

71. La Fiduprevisora S.A., presentó sus alegatos de conclusión20, indicando que
dejó de ser agente liquidador desde el 30 de septiembre de 2011, fecha en la que
el Ministro de la Protección Social y el apoderado general de la Fiduprevisora,
suscribieron el acta de liquidación y que lo informado fue omitido por el a quo quien
no se pronunció al momento de proferir el fallo que se cuestiona.

72. Expuso que por el solo hecho de haber actuado en el proceso liquidatorio, no
se convierte en parte y menos en sucesora o subrogataria de los derechos y
obligaciones de la extinta E.S.E.

73. Destacó que la E.S.E. Antonio Nariño difiere sustancial y materialmente de la
E.S.E. Antonio Nariño en Liquidación, sin que sea viable exigir al liquidador que
convalide situaciones irregulares en su administración ni que ejecute actos a cargo
de la empresa cuando esta desarrollaba su objeto social.

74. Señaló que la parte actora confundió el marco jurídico de una Empresa Social
del Estado cuando aún desarrolla su propio objeto social y otra muy diferente es la
del proceso liquidatorio de la entidad, sin que sea posible que el Liquidador subsane
deficiencias administrativas que llevaron a incumplir requisitos contractuales.

18
Índice 00016 del expediente digital, SAMAI.
19
Índice 00025 del expediente digital, SAMAI.
20
Índice 00020 del expediente digital, SAMAI.
23

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

75. Refirió que la parte actora confunde la buena fe y confianza legítima con el de
“prueba en que se fundamenta”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del
Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 12 de la Ley 1105 de 2006. Adujo
por tanto que era imposible realizar un reconocimiento sin el contenido completo de
los requisitos exigidos por la ley y el contrato, pues se traduciría en un manejo
irresponsable de los recursos públicos.

76. Manifestó que conforme el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004 aplicable por
remisión expresa del Decreto 254 de 2000, el Liquidador cuenta con la facultad de
rechazar la reclamación si duda de la procedencia o validez del propio acto que lo
pretende, la cual no fue ejercida arbitrariamente; por el contrario, se contó con un
equipo de auditoría y un Comité Técnico que analizaron, evaluaron y realizaron
seguimiento al proceso de calificación de las reclamaciones presentadas
oportunamente.

77. Agregó que una vez se adelanta el respectivo estudio y análisis de las glosas,
de no encontrarse documento o certificación que permita acreditar las condiciones
de calidad, cantidad e idoneidad, el Liquidador no procederá a reconocer suma
alguna, pues el lleno de los requisitos es una exigencia contractual.

78. Refirió que al tratarse de recursos públicos, era imperativo para el Liquidador
determinar las condiciones fácticas y jurídicas que le permitan tener certeza para
efectuar un reconocimiento.

79. Alegó que las causales de rechazo se establecieron en la Resolución 069 de
2009 y obedecieron a una sistematización de requisitos legales y contractuales
necesarios para obtener el reconocimiento del crédito y no, como lo sostiene la
demandante, a ideas superfluas o artificios para desestimarlo. Añadió que tales
exigencias no eran condiciones desconocidas para el reclamante antes de la orden
de liquidación, puesto que corresponden a obligaciones de naturaleza legal y
contractual, entre ellas la existencia de disponibilidad y registro presupuestal, la
suscripción y aprobación de pólizas, la constancia de pago de impuestos, la
publicación del contrato, la capacidad de las partes para contratar, la presentación

24

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

de copias auténticas de decisiones judiciales y el cumplimiento de los requisitos de
prescripción y caducidad, entre otras.

80. Atendiendo sus argumentos, solicitó se confirme el fallo de primera instancia y
se archiven las diligencias.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

81. El Ministerio Público mediante memorial del 22 de febrero de 202421, señaló que
de acuerdo con la normativa aplicable al presente caso se debe confirmar la
decisión adoptada en primera instancia.

82. Argumentó que la carga probatoria le correspondía al solicitante de la
reclamación o crédito dentro de un proceso liquidatorio de una entidad, ello
conforme el parágrafo del artículo 26 del Decreto 211 de 2004.

83. Adujo que la Sección Quinta de esta Corporación en un proceso similar al de
marras con radicado único 76001 23 31 000 2009 01068 01, determinó que el
liquidador no podía reconocer el pago de una obligación sin el lleno de los requisitos
contractuales previstos para tal fin, siendo carga del acreedor adjuntar la
documental necesaria para obtener el pago.

84. Concluyó que la motivación del liquidador no fue contraria a los hechos
debidamente probados y por el contrario se ciñó a las exigencias contractuales y
legales, además de las disposiciones normativas que gobernaban el proceso
liquidatorio.

85. Sostuvo que compartía las consideraciones de la sentencia impugnada, en
cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva del demandado Reynel
Fernando Bedoya Rodríguez.

VIII. CONSIDERACIONES

21
Índice 00021 del expediente digital, SAMAI.
25

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

86. De acuerdo con el 357 del CPC22, aplicable por remisión del artículo 267 del
CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la
Sala procederá a resolver la controversia.

8.1. Competencia

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201923, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

88. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

8.2. Cuestión previa

89. Advierte la Sala que la Fiduprevisora, en el escrito presentado en el traslado
para alegar de conclusión, informó que ya no ostenta la calidad de agente liquidador
de la E.S.E. Antonio Nariño, por cuanto dicho proceso concluyó el 30 de septiembre
de 2011. En consecuencia, y dada la petición de ese ente, mediante auto del 12 de
noviembre de 2025, el Despacho sustanciador declaró la sucesión procesal de esa
entidad y de Fiduagraria a favor del Ministerio de Salud y Protección Social,
providencia que al momento de esta sentencia se encuentra en firme.

8.3. De los cargos agregados en el recurso de alzada

90. De manera previa a plantear el problema jurídico que corresponde resolver, la
Sala observa que en el recurso de apelación se introdujeron cuestionamientos de
legalidad que no fueron propuestos en la demanda inicial. En particular, la parte

22
“[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que
no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]”
23
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
26

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

actora alegó que: (i) frente a la glosa 1.2., no es cierto que hubiera existido una
entrega tardía de los insumos contratados, pues aunque las órdenes de compra
fijaban un plazo de entrega, este se entendía cumplido mientras subsistiera el
presupuesto autorizado; (ii) respecto de la glosa 1.14., el manual de contratación de
la E.S.E. no exigía constancia de pago para la publicación del negocio jurídico en el
Diario Único de Contratación; (iii) en relación con la glosa 1.15.2., no se acreditó la
exigibilidad de los requisitos contractuales para el pago, dado que los aportes
parafiscales solo son requeridos cuando se va a efectuar el pago en efectivo de la
obligación; (iv) las actuaciones de la entidad accionada rayaron en el abuso del
derecho y en el ejercicio de una posición dominante; y (v) las verificaciones relativas
a la calidad de los insumos se convirtieron en un pretexto para negar el pago de las
obligaciones derivadas del contrato.

91. En ese orden, es menester resolver si es procedente que en el recurso de alzada
interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se agreguen cargos que
no fueron planteados en la demanda.

92. Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 137 y 208 del CCA24, la oportunidad que tiene el extremo activo de la litis
para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes para
atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo es en la demanda o en su reforma. Siendo ello así, y habida cuenta
de que los cargos a que se ha hecho referencia no fueron formulados en el momento
procesal oportuno, esto es, en el libelo introductorio ni se presentó reforma a ese

24
«Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá
dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista podrá
aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el
artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
27

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

escrito, no puede la Sala abordarlos, so pena de desconocer el derecho al debido
proceso, de contradicción y de defensa de que es titular la parte demandada al no
haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ellos en primera instancia.

93. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:

«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
negativamente, los límites de su potestad” 25 . En últimas, representa “un
principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente
relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida
coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la
decisión”26.

Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el
principio de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes
(petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará
contra él allí donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue
demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la
verificación de la congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo
decidido con lo reclamado por las partes. En materia de contencioso de
anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y
las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de
los cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su
fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no
puede fallar lo pedido desbordando los cargos formulados por la parte
actora»27. (Subrayas de la Sala).

94. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

25
Sentencia T-450 de 2001.
26
Sentencia T-592 de 2000.
27
Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
28

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación
hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la
demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el
estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso”»28 (Subrayas de la Sala).

95. De modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

8.4. Del reproche relativo al cuestionamiento de los contratos por parte de la
entidad accionada

96. Se verificará si son nulos, por desconocimiento de normas superiores, los actos
administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de unas acreencias
presentadas por la actora dentro del trámite de liquidación de la E.S.E. Antonio
Nariño; si alega que los contratos celebrados con dicha entidad cumplían con todas
las formalidades exigidas, de suerte que no era posible cuestionar la validez de lo
allí previsto.

97. A efectos de resolver ese reparo, es pertinente señalar que, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el pago
de las obligaciones a cargo de la masa de la liquidación solo puede ser efectuado
por el agente liquidador cuando dichas obligaciones se encuentren debidamente
comprobadas; veamos:

«Artículo 32. Pago de obligaciones. Corresponderá al liquidador cancelar las
obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa
disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para
ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Toda obligación a cargo de la entidad en liquidación deberá estar relacionada
en un inventario de pasivos y debidamente comprobada.

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
29

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

[…]» (Subrayas de la Sala).

98. Por su parte, en los artículos 23 y 26 del Decreto 2211 de 2004, se indicó:

«Artículo 23. Emplazamiento. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes
tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes
tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines
de su devolución y cancelación.

[…]

El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente:

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o
privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier
índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten
con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se
señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá
presentarse el original del título. Sin embargo, cuando sea necesaria la
presentación de un título valor en varios procesos liquidatorios a la vez, el
original del título valor se aportará en uno de los procesos liquidatorios y en los
demás se aportará copia del mismo con certificación del liquidador del proceso
en que se haya aportado el original, sobre la existencia del mismo. Si los
créditos constan en títulos valores que hayan sido depositados en depósitos
centralizados de valores la existencia del crédito se probará con los documentos
a que se refiere el artículo 26 de la Ley 27 de 1990. El depositante en el depósito
centralizado de valores podrá autorizar al liquidador para solicitar el certificado
a que se refiere dicho artículo;

(..)

Artículo 26. Pasivo a cargo de la entidad en liquidación. Para la determinación
de las sumas a cargo de la entidad en liquidación se tendrá en cuenta lo
siguiente:

(…)

Parágrafo. Si el Liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier
reclamación prevista en el presente decreto, la rechazará.» (Subrayas de la
Sala).

99. De la normativa transcrita se desprende que corresponde al acreedor acreditar
al momento de presentar su reclamación, la existencia y exigibilidad de la obligación
que pretende hacer valer dentro del proceso liquidatorio. En efecto, tanto el artículo
32 del Decreto 254 de 2000 como los artículos 23 y 26 del Decreto 2211 de 2004
requieren que toda acreencia sea acompañada, por lo menos, de prueba sumaria
que permita al agente liquidador verificar su procedencia y advierten que en caso
de duda sobre la validez o suficiencia de la reclamación, esta debe ser rechazada.
30

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

100. Bajo este panorama, la Sala advierte que el demandante confunde la etapa de
formación y validez de los contratos suscritos con la E.S.E. Antonio Nariño con los
requisitos que exige el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de acreencias
en el trámite de su liquidación. En efecto, aun cuando los contratos hubieren sido
formalmente perfeccionados, ello no exime al acreedor de probar en la actuación
liquidatoria la existencia, cuantía y exigibilidad de la obligación mediante los
documentos idóneos, pues solo así el agente liquidador puede verificar la
procedencia del crédito e incluirlo en el inventario de pasivos.

101. En otras palabras, la validez y el perfeccionamiento de un contrato no suponen,
por sí mismos la acreditación de la obligación cuyo pago se reclama en sede
liquidatoria, pues además ello conllevaría confundir la fuente de la obligación con la
obligación misma. En consecuencia, no asiste razón a la actora cuando afirma que,
por haber celebrado contratos válidos con la E.S.E., el agente liquidador carecía de
facultades para exigir soportes adicionales.

102. Al respecto de la facultad de los agentes liquidadores de exigir documentos
que prueben la existencia de una obligación, esta Sección manifestó en sentencia
del 5 de julio de 2019:

«Para resolver cada uno de los argumentos sobre los cuales descansa la
inconformidad del apelante, es del caso delimitar, en primer término, el
marco normativo sobre el cual se desarrolló el proceso de liquidación de la
ESE-Antonio Nariño, que se origina con la expedición por parte del
Presidente de la República del Decreto núm. 3870 de 2006, “por el cual se
suprime la Empresa del Estado Antonio Nariño y se ordena su Liquidación”.

En ese orden, dispuso la norma en comento, en su artículo segundo, frente
al régimen de liquidación aplicable, que por tratarse de una Empresa Social
del Estado del sector descentralizado, su liquidación se sujetaría a las
disposiciones del Decreto Ley 254 de 2000 y de la Ley 1105 de 2006, y
demás normas que los modificaran, sustituyeran o reglamentaran, así como
las especiales contenidas en el referido Decreto 3870.

Ahora bien, como quiera que el primer reparo efectuado por el apelante se
relaciona con las facultades conferidas al liquidador dentro del referido
proceso que, a su juicio, excedieron las disposiciones contenidas en las
normas regulatorias del mismo, es pertinente mencionar, en lo que tiene que
ver con las funciones del liquidador, que la norma que ordenó la supresión y
liquidación de la ESE-Antonio Nariño, señaló que el agente liquidador
adelantaría bajo su dirección y responsabilidad el proceso de liquidación de
la referida ESE, para lo cual ejercería, entre otras funciones, la de

31

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

“[…]Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o
extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro
de la liquidación, cuando sea del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación
de créditos que informan las disposiciones que regulan la liquidación […]”.

Igualmente, dispuso el aludido decreto que “[…] los actos del liquidador relativos
a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los
que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas,
constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo […]”.

Por su parte, el Decreto 254 de 200029, estableció frente al ámbito de aplicación
que:

“ARTICULO 1º-Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a las
entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya
ordenado su supresión o disolución.
En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo
pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero
y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de la entidad.
PARAGRAFO-Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza
tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales,
incluyendo las sociedades continuarán rigiéndose por ellas”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ESE Antonio Nariño no disponía de un
régimen propio de liquidación, resulta claro que para estos efectos y el
consecuente pago de las obligaciones adquiridas, estaba sometida a las
previsiones especiales de estos dos decretos, a las disposiciones pertinentes
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las del Código de Comercio,
entre otras normativas.

De acuerdo con lo transcrito, el reconocimiento de las facturas reclamadas por
el demandante estaba sometido a la legislación que regulaba el pago de las
obligaciones de los acreedores que fueron adquiridas por la ESE y reconocidas
dentro del respectivo procedimiento de disolución y liquidación de la entidad.

Por su parte, en relación con el tema específico del pago de las obligaciones, el
Decreto 254 de 2000 estableció en el artículo 32 modificado por el artículo 18
de la Ley 1105 de 2006, lo siguiente:

(…)

De igual manera, en vista de la habilitación legal dada por el Decreto Ley 254
de 2000, según la cual, el Liquidador de la ESE podía recurrir a normas del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contenidas en el Decreto 663 de abril
2 de 1993, en el proceso liquidatorio adelantado también era procedente que
invocara normas del Decreto 2211 de julio 8 de 2004 30, que en los artículos 23
y 26 estableció lo siguiente:

(…)

29
“Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”
30
“Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a
toma de posesión y liquidación forzosa administrativa”
32

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

Así las cosas, revisado el contenido del primero de los actos demandados, esto
es la Resolución núm. RCA 00069, se observa en el Anexo No. 1 que hace
parte integral de dicho acto, frente a la reclamación núm. 1053 presentada por
el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” por la suma de
$216.319.555.oo, que aquella fue rechazada en su totalidad; así mismo, en el
Anexo 2 que corresponde al “Resultado Individual Auditoría Integral
reclamación Oportuna”, se registran las glosas que fueron impuestas a cada
una de las facturas presentadas para su correspondiente pago por el Hospital
Universitario del Valle dentro del proceso de liquidación de la ESE-Antonio
Nariño.

En ese orden, se evidencia que las glosas efectuadas a la reclamación
presentada por el Hospital corresponden a las identificadas con los códigos
núms. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.18 y 4.4 dentro del “Catálogo
de glosas para adelantar la auditoría integral y calificación de las reclamaciones
de los acreedores del proceso liquidatorio” que se integró al referido acto
acusado, y que corresponden, en su orden, a las siguientes causales:

(…)

En virtud del recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la
demandante contra la Resolución núm. RCA 0069 citada, se expidió la
Resolución núm. RCA 00499 de 24 de junio de 2009, que si bien es cierto
dispuso modificar el acto recurrido en cuanto ordenó levantar determinadas
glosas impuestas frente a algunas de las facturas presentadas por el
demandante para el respectivo pago, concretamente las identificadas bajo los
códigos núms. 1.3, 1.5, 1.7, y 4.4 del catálogo antes señalado, no lo es menos
que en lo que tiene que ver con el rechazo en su totalidad de la reclamación
antes aludida, se mantuvo en la decisión inicialmente adoptada.

Por lo anterior, no resultan de recibo las argumentaciones expuestas por el
apelante, cuando manifiesta que el agente liquidador desbordó las facultades a
él conferidas en virtud del proceso de liquidación de la ESE, al exigirle pruebas
o documentos adicionales en orden a aceptar la reclamación presentada, y a
realizar auditorías solo frente a su caso, teniendo en cuenta que como ya se
advirtió, y así se dejó consignado en la parte motiva de la Resolución núm. RCA
0069, “por expresa disposición legal, los acreedores que concurren al proceso
universal y concursal de supresión y liquidación de la ESE ANTONIO NARIÑO
EN LIQUIDACION, tienen el deber legal de cumplir la carga procesal de aportar
las pruebas necesarias, siguiendo las reglas señaladas por la ley, los
documentos que acrediten la existencia y la cuantía de las obligaciones que
pretenden hacer valer dentro del proceso, so pena, de sufrir las consecuencias
desfavorables por la omisión o defecto en el cumplimiento de la mencionada
carga procesal»31.

103. Por ende, es evidente que el fundamento del cargo es erróneo, ya que no es
cierto que el agente liquidador hubiere cuestionado la validez de los contratos
suscritos entre la E.S.E. liquidada y la empresa recurrente, sino que se limitó a exigir

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 5 de
julio de 2019. Proceso radicado 76001 23 31 000 2010 00172 01. Consejera Ponente: Nubia Margoth
Peña Garzón.
33

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

el cumplimiento de la carga probatoria impuesta a la demandante para el
reconocimiento de acreencias.

104. Es del caso señalar que la normativa que regula el proceso de liquidación del
asunto es de carácter imperativo, motivo por el cual no es discrecional del agente
liquidador su observancia con independencia de los asuntos referidos a la
existencia, validez y eficacia de los negocios jurídicos celebrados por la persona
jurídica cuyo patrimonio es objeto del proceso liquidatorio.

8.5. Del reproche concerniente a la exigencia del certificado de interventoría

105. De otro lado, se evaluará si son nulos por vulneración al debido proceso, los
actos administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de la acreencia
presentada por la actora dentro del trámite de liquidación de la E.S.E., si dentro de
ese procedimiento se exigió el certificado de interventoría relativo a la ejecución de
los contratos suscritos con dicha entidad.

106. A efectos de resolver ese problema, la Sala advierte que en la cláusula
denominada “valor y forma de pago” de todas las órdenes de compra aportadas por
la parte actora32, se establecía como requisito para el desembolso del valor pactado
lo siguiente:

«[…] La EMPRESA cancelará dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la
entrega de los suministros, previa presentación de la factura e ingreso al
Almacén de cada entrega, disponibilidad del plan anual de caja (PAC) y
certificación a satisfacción de recibo de las entregas parciales o totales de los
suministros, expedida por los Directores, líderes de las clínicas o centros de
atención ambulatoria y el responsable del área solicitante […]»33 (Subrayas de
la Sala).

107. Se desprende de lo anotado que se exigía la certificación de satisfacción del
recibido por parte del interventor del contrato.

108. En otras palabras, la obtención y presentación de la certificación de
satisfacción expedida por el interventor constituía una obligación contractual

32
Cuaderno No. 1 folios 3 a 39.
33
Cuaderno No. 1, folios 3 a 4 (Orden de Compra SAF-CBS-G2-OC-239-2008).
34

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

asumida por la actora desde la suscripción de las órdenes de compra, de modo que
no era posible prescindir de dicho documento para efectos del pago, más aún
cuando las normas que disciplinan la liquidación así lo exigen. Sin perjuicio de lo
que pudiera discutirse en un debate sobre el cumplimiento del contrato ante el juez
del mismo, es claro que el liquidador, por el carácter vinculante de la normativa que
disciplina su gestión, debe asegurarse de la existencia de las obligaciones a cargo
del patrimonio a liquidar. De ahí y más allá de lo pactado en el contrato, nos
encontramos no solamente ante un requisito expresamente pactado como soporte
destinado a acreditar la ejecución de las entregas y habilitar el desembolso, sino
también ante un requisito emanado de ley imperativa, por lo que su exigencia no
puede considerarse sorpresiva ni sobreviniente, sino como un deber inherente al
cumplimiento de las normas que gobiernan la liquidación , cuya omisión impide, por
sí misma tener por comprobada la acreencia reclamada.

109. Además de lo expuesto, del estudio de los testimonios e inspección judicial
practicadas en el trámite administrativo, es evidente que ellos contienen lo
concerniente al manejo interno que se le daba a la presentación de las cuentas
cuando la E.S.E. aun desarrollaba su objeto social, sin que las omisiones en las que
pudo haber incurrido dicha institución puedan justificar las desatenciones del
acreedor que incumplió con los requisitos mínimos establecidos desde la
celebración del contrato.

110. En un caso similar al de objeto de estudio, esta Corporación se pronunció sobre
la exigencia del recibido a satisfacción por parte del interventor, considerando:

«[…] Además, aun cuando dicho certificado se expedía por la interventoría,
conformada por funcionarios de la ESE, esto es, el subdirector de Unidades
Hospitalarias y el jefe del área solicitante, lo cierto es que, la cláusula tercera
de los pluricitados contratos señalaba que el valor de cada uno de éstos, se
cancelaría dentro de los 60 días siguientes a las fechas de entrega parcial de
cada uno de los suministros “previa presentación de la factura e ingreso de
almacén, disponibilidad del plan anual de caja PAC y certificación del
subdirector de Unidades Hospitalarias, el jefe del área solicitante,
interventores del cumplimiento de las obligaciones del contrato”.

Como se lee, era un requisito contractual para el pago, que la demandante
presentara, junto con la factura correspondiente, la certificación de la
interventoría, relativa al cumplimiento de las obligaciones de suministro
pactadas.

35

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

[…]

En ese orden de ideas, el liquidador se allanó a lo probado en el expediente
administrativo y, en virtud de sus obligaciones legales, advirtió la falta de un
requisito como lo era el certificado de cumplimiento del interventor, para
reconocer la acreencia reclamada por Fresenius Medical Care.

[…]

Así, no se trata de un requisito meramente formal, como lo pretende hacer ver
la parte actora, pues con la certificación en comento, es que se acreditaba el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y, verificado éste, se procedía con
el pago del valor de los contratos de suministros celebrados»34 (Subrayas y
negrillas del texto original).

111. Ahora bien, no se pasa desapercibido que en criterio del recurrente era
obligación del agente liquidador aportar los documentos que demostraran que la
actora efectivamente prestó los servicios reclamados, por lo que no podía alegar su
propia culpa para desestimar las reclamaciones. No obstante, la Sala negará ese
reparo acogiendo la postura adoptada en la sentencia del 5 de julio de 2019, en la
cual esta Sección negó un cargo similar en los siguientes términos:

«Ahora, el siguiente planteamiento sobre el cual el apelante edifica su
inconformidad se relaciona con el hecho de que el liquidador de la ESE-Antonio
Nariño no le podía exigir que aportara algunos documentos que daban cuenta
de la relación contractual que sostuvo con la entidad en liquidación y de la
prestación efectiva de los servicios dispensados, como quiera que dichos
documentos reposaban en la entidad y por tal razón le correspondía al
liquidador aportarlos.

En relación con este aspecto y de acuerdo con las motivaciones de los actos
administrativos acusados, se observa que la auditoría integral creada al interior
de la entidad en liquidación, se encargó de analizar, clasificar y calificar las
acreencias presentadas al proceso liquidatario, con fundamento en la validación
y verificación de los soportes probatorios aportados por el respectivo acreedor,
confrontados con los documentos y bases de datos que reposaban en los
archivos de la entidad; situación distinta es la que pretende el apelante, al
advertir que toda la documentación exigida por el Agente Liquidador debía
encontrarse en la entidad cuando aquella aún cumplía su objeto social, por
cuanto esta carga probatoria recaía en quien pretendía constituirse acreedor de
la entidad liquidada, en este caso, era obligación del Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García”, hacerlo»35 (Subrayas de la Sala).

34
Consejo de Estado, Sección Quinta (actuando en descongestión), Consejero ponente: Carlos
Enrique Moreno Rubio, sentencia del 2 de agosto de 2018, Radicación número: 76001-23-31-000-
2009-01068-01.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 5 de
julio de 2019. Proceso radicado número 76001 23 31 000 2010 00172 1. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
36

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

112. A su vez en sentencia del 21 de enero de 2021 se expresó:

«Al respecto, esta Sección se ha referido a la carga probatoria que tiene el
solicitante de una reclamación o crédito en un proceso liquidatorio, así:

“[…] en cuanto a la carga probatoria que le incumbe al solicitante de una
reclamación o crédito dentro de un proceso liquidatorio de una entidad, la
normatividad fue clara al establecer en el parágrafo del artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004 ya citado, que en caso de que el liquidador tuviera
dudas acerca de la procedencia o validez de la reclamación, la podía
rechazar, tal y como aconteció en el sub lite.

Por las anteriores consideraciones, pierde solidez el argumento de
discrepancia del apelante según el cual el Hospital no estaba obligado a
aportar documentos adicionales a los que presentó con su reclamación
inicial, ya que las causales que dieron origen a las glosas efectuadas
sobre las facturas reclamadas, hacían referencia, entre otras, a la
ausencia del contrato en sí mismo, así como a la no acreditación de la
existencia del comprobante de registro presupuestal, la no presentación
de documentos como la constancia del pago de los derechos de
publicación del contrato núm. 778 de 2006 en el Diario Único de
Contratación Pública, la no acreditación del pago de los aportes
parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral, así
como la no presentación del certificado de recibido a satisfacción de los
servicios prestados por parte del Interventor o Supervisor del contrato,
documentos que resultaban necesarios para tener por acreditada dicha
reclamación.

Lo anterior, al margen de que el apelante insista en que dada la relación
contractual que existió entre las partes, se puedan dar por satisfechos los
requisitos que consagra tanto la ley al quedar insertos en el acuerdo de
voluntades suscrito por las partes, así como los manuales de
procedimientos internos de la entidad en liquidación, para proceder al
pago de las facturas presentadas por el demandante en el proceso
liquidatorio, y que corresponden a los servicios prestados en virtud del
contrato ya referido, teniendo en cuenta que de aceptar esa posición se
estaría desconociendo el hecho de que el contrato es ley para las partes,
así como la prevalencia de las exigencias legales en torno al tema, que
está dada por el marco normativo en precedencia analizado […]36”.

En el mismo sentido, esta Sección37 ha señalado que en el marco del proceso
de liquidación la carga de la prueba corresponde al acreedor, de tal forma que
el éxito de la reclamación depende de lo que logre probar, así:

“[…] Descendiendo al caso concreto, la Sala recuerda que, a partir de su
supresión, valga decir, el 27 de julio de 2007, la ESE Policarpa
Salavarrieta entró en proceso de liquidación, situación extraordinaria en
virtud de la cual dejó de cumplir su objeto social y se sometió a un proceso

36
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5
de julio de 2019; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 76001-23-31-000-
2010-00172-01[…]”
37
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12
de marzo de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000-23-24-
000-2008-00302-01[…]”
37

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

concursal y universal de liquidación para pagar las obligaciones
adquiridas en condiciones ordinarias, de conformidad con el régimen de
liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

En ese orden de ideas, es preciso anotar que el acto administrativo de
calificación de acreencias en un proceso de liquidación está reglamentado
por el Decreto 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y el artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004, de tal forma que es expedido por el liquidador en
virtud de funciones públicas especiales como director de un procedimiento
administrativo igualmente especial y no como representante legal de la
extinta empresa en liquidación, por lo que no debe confundirse con un
acto contractual.

Asimismo, de conformidad con las normas referidas, el liquidador está
facultado para establecer causales de glosa con la finalidad de absolver
las dudas sobre la procedencia o validez de las acreencias, y para definir
un procedimiento para el rechazo de las reclamaciones recibidas dentro
de la liquidación, caso en el cual la carga de la prueba corresponde al
acreedor.

Sobre el particular, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha
precisado que en el marco del proceso de liquidación obligatoria se
aplican normas especiales que determinan el procedimiento a seguir para
el reconocimiento de las acreencias de los reclamantes, considerando
que se trata de la terminación de la persona jurídica y el saneamiento de
las obligaciones monetarias contraídas durante su existencia, y ha
advertido que, en dicho trámite administrativo, la carga de la prueba de la
acreencia recae en el peticionario, de tal forma que el éxito o prosperidad
de su reclamación depende de lo que logre probar38[…]”.

De acuerdo con lo expuesto, la carga de la prueba en el proceso de liquidación
de una entidad recae en la parte solicitante la cual debe presentar los
documentos que resultaban necesarios para tener por acreditada dicha
reclamación, entre ellos, el certificado de interventoría que permite determinar
la entrega satisfactoria de los elementos médicos en términos cualitativos y
cuantitativos. Actuar de forma distinta como lo ha indicado la jurisprudencia de
la Sección sería desconocer que el contrato es ley para las partes.

En el evento de que el liquidador tenga dudas sobre la procedencia o la validez
de la reclamación se encuentra facultado para rechazarla según los señalado
en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. En ese orden, la
sociedad interesada debe acreditar ante el liquidador la existencia, titularidad,
validez y vigencia de las acreencias que reclama»39.

113. Por ende, el reproche no tiene vocación de prosperidad.

38
“[…] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Segunda, sentencia del
21 de noviembre de 2013; C.P Bertha Lucía Ramírez de Páez. Número único de radicación 13001-
23-31-000-2004-01051-01“[…].
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de
enero de 2021. Proceso radicado número: 76001 23 31 000 2010 00036 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
38

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

8.6. Del reproche concerniente a la constancia de ingreso de los suministros
a los inventarios de la E.S.E. Antonio Nariño

114. De otro lado, se debe verificar si son nulos, por vulneración del debido proceso,
los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la acreencia presentada
por la actora dentro del trámite de liquidación de la E.S.E., si dicha reclamación fue
rechazada bajo el argumento de que no existía constancia del ingreso de los
suministros a los inventarios de esa entidad, pese a que cada factura contaba con
el sello de recibido por parte de la empresa deudora.

115. Pues bien, el mencionado reparo fue formulado en relación con la glosa 1.13,
respecto del cual la Sala observa que en la Resolución 00028 del 28 de enero de
2010, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto
definitivo, se indicó que no se cumplió lo previsto en dicha glosa, por las razones
que se transcriben a continuación:

« En relación con la glosa 1.13, según la cual, "No se evidencia constancia de
ingreso de los suministros al inventario, farmacia o almacén, suscrita por el
responsable de la ESE ANTONIO NARIÑO en Liquidación", se impuso a la
factura No. 381 por cuanto, después de la búsqueda exhaustiva en los archivos
de la ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, incorporados al expediente
de la reclamación, no se encontraron los soportes que demostraran la entrega
de los suministros en almacén, a la vez que el reclamante no los aportó con la
reclamación, ni en el recurso, y sin otra prueba que demuestre su efectiva
entrega, se procede a confirmar dicha glosa 1.13 a la factura No. 381» 40
(Subrayas de la Sala).

116. De lo anterior se colige que el agente liquidador fundamentó el rechazo del
crédito en la ausencia total de soportes que acreditaran el ingreso de los suministros
al inventario o almacén de la E.S.E., pues aun después de efectuar una búsqueda
exhaustiva en los archivos institucionales, no encontró documento alguno que
demostrara la entrega. Asimismo, resaltó que la actora no aportó dichos soportes ni
con la reclamación ni con el recurso, lo que impedía constatar la efectiva recepción
de los bienes.

117. En ese contexto, y al no obrar en el expediente otra prueba que permitiera

40
Visible en el folio 107 del Cuaderno del Tribunal.
39

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

verificar la entrega material de los insumos, resultaba procedente confirmar la glosa
impuesta a la factura No. 381, dado que la acreditación de la recepción era un
presupuesto indispensable para la procedencia del reconocimiento.

118. En ese orden, advierte la Sala que la demandante se limitó a afirmar que las
facturas entregadas a la E.S.E. en liquidación contaban con sello de recibido por
parte de la entidad. No obstante, ello no resulta suficiente para acreditar la entrega
efectiva de los bienes contratados. En efecto, de las órdenes de compra aportadas
con la demanda se desprende que la accionante asumió, entre otras, las siguientes
obligaciones: entregar los elementos solicitados en condiciones óptimas, garantizar
que los productos no estuvieran próximos al vencimiento de su vida útil, cumplir las
normas técnicas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y aportar
los correspondientes registros INVIMA. Adicionalmente, se dispuso que la
verificación del cumplimiento de tales requisitos estaría a cargo de un interventor,
cuya certificación constituía el soporte idóneo para demostrar la efectiva entrega de
los insumos.

119. Lo anterior resulta relevante, pues evidencia que la demandante no demostró
en este trámite que los insumos relacionados en la factura No. 381 hubiesen sido
entregados en las condiciones pactadas contractualmente. De hecho, la ausencia
de la certificación del interventor, documento previsto precisamente para constatar
la entrega material, la calidad y conformidad de los bienes suministrados, impide
tener por satisfecha la carga mínima de acreditación exigida para el reconocimiento
del crédito dentro del proceso liquidatorio.

120. Por ende, el cargo no prospera.

8.7. Del cargo relacionado con el desconocimiento del precedente
horizontal

121. Se resolverá si debe revocarse la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, dirigidas a obtener la declaratoria de nulidad de los
actos que rechazaron el reconocimiento y pago de unas acreencias presentadas en
el proceso de liquidación de una E.S.E., por no encontrarse comprobada su
causación, si la parte actora sostiene que existe precedente horizontal según el cual

40

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

no se requieren solemnidades específicas para acreditar la existencia de la
obligación.

122. De entrada, la Sala advierte que este cargo no está llamado a prosperar, en la
medida en que, como se expuso a lo largo de esta providencia, existe una línea
jurisprudencial pacífica de esta Sección en torno a la carga probatoria que deben
satisfacer los acreedores en los procesos de liquidación de las E.S.E., así como
respecto de la facultad del liquidador para exigir la acreditación suficiente de dichas
obligaciones. En consecuencia, lo decidido en la sentencia de primera instancia se
encuentra plenamente respaldado por el precedente vertical de esta Corporación.

123. Es menester recordar que los criterios jurisprudenciales fijados el órgano de
cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben ser observados por
los jueces y magistrados de los Tribunales, en aplicación de los deberes de
coherencia y garantía de la igualdad de los administrados.

Aunado a lo expuesto, la Sala también advierte que el accionante no aportó copia
de las decisiones que estimó desconocidas, circunstancia que impide verificar si los
supuestos fácticos y jurídicos analizados en esos fallos son efectivamente
semejantes a los de este asunto. En ese orden, la recurrente incumplió el deber
señalado en el artículo 167 del CGP41, según el cual, las partes deben probar los
supuestos de hecho que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

124. En suma, el cargo no prospera.

41
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”

41

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

125. Conforme las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia del
14 de noviembre de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío
negó las pretensiones de la demanda.

8.8. Condena en costas

126. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”42.

127. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.

128. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

42
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
42

Número de radicación: 76001 23 31 000 2010 00666 01
Demandante: Hospitrauma Ltda.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

43

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