Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00761-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-00761-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2010-00761-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de junio de 2024
Radicación: 76001-23-31-000-2010-00761-01
Demandante: Motos Jialing S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2010-00761-01
Actor: MOTOS JIALING S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN
Tesis: No hay lugar a emitir un pronunciamiento en sede de
segunda instancia cuando el escrito contentivo del
recurso de apelación no guarda relación con las
consideraciones del fallo que se solicita se revoque y
carece de argumentos para cuestionar la decisión
adoptada, en tanto ello configura un incumplimiento de
la carga procesal que le asiste al recurrente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca el 30 de octubre de 2015, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Motos Jialing S.A., actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y
1
La demanda fue radicada el 16 de junio de 2010 y obra en los folios 157 a 187 del cuaderno principal de la
primera instancia.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00761-01
Demandante: Motos Jialing S.A.
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 del
2 de enero de 19842, en contra de la DIAN, en la cual formuló las
siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No 1-88-241-601-0229 del
5 de agosto de 2009 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, mediante la cual se declaró la presunta
violación del Artículo 7 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 proferida por la
Secretaría de la Junta Directiva del Banco de la República.
SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No 88-236-408-610-0008
del 9 de marzo de 2010 de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Aduanas de Cali de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN que
resolvió el Recurso de Reposición, la cual fue notificada el día 17 de marzo de
2.010, con lo cual quedó agotada en debida forma la vía gubernativa.
TERCERA: Que, como restablecimiento del derecho, se ordene dar cumplimiento
al fallo que le dé fin al proceso, dentro de los términos establecidos por la Ley.
Para tal efecto, una vez ejecutoriada la sentencia, se oficie a la autoridad
administrativa que profirió los actos administrativos demandados, para los
efectos legales consiguientes.
CUARTA: Que se condene a la entidad demandada a cancelar las costas del
proceso. […]”3
1.1.2. Hechos
La parte actora fundamentó la demanda en los siguientes hechos:
1.1.2.1. En el año 2006 la División de Fiscalización de la Administración
Local de Aduanas de Cali llevó a cabo una visita de control posterior en
las oficinas de Motos Jialing S.A. con el fin de realizar un estudio de valor
en aduana. Producto de dicha actuación, mediante la Resolución núm.
051 del 10 de julio de 2007, confirmada por Resolución 082-05-72601-
224- de 31 de diciembre de 2007, la DIAN expidió la Liquidación Oficial
de Revisión de Valor, tras concluir que el valor declarado de las
mercancías importadas a través de las declaraciones relacionadas en el
expediente VG 2004 2007 0033 era inferior al valor de éstas en aduana.
Los citados actos administrativos fueron objeto de demanda promovida
2
Por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA.
3
Página 158 del cuaderno principal de primera instancia.
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Demandante: Motos Jialing S.A.
por la aquí accionante, que cursó ante el Tribunal Administrativo del Valle
del cauca bajo radicado 2008-00286-00.
1.1.2.2. El 22 de Septiembre de 2008 la División de Control de Cambios
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali expidió el acto de
formulación de cargos núm. 8205073-301-559 en el cual propuso
formular cargos contra la demandante por presunta infracción a los
artículos 7 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República y con fundamento en el artículo 72 de la Ley
488 de 1998, esto es, por no canalizar a través del mercado cambiario el
mayor valor FOB de la mercancía establecido por la DIAN a través de la
resolución núm. 051 de 10 de julio de 2009. En dicho acto, propuso una
sanción por la suma de quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos
dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos ($583.418.846).
1.1.2.3. El 24 de noviembre de 2008, la representante Legal de MOTOS
JIALING S.A. presentó respuesta al pliego de cargos, argumentando la
improcedencia de la sanción propuesta por indebida aplicación de la
presunción de infracción cambiaria y solicitó la práctica de pruebas
documentales, la inspección con intervención de perito, y que se remitiera
copia del expediente 2008-00286-00 en el que discutía la legalidad del
acto administrativo que sancionó por la supuesta diferencia en el valor
FOB de la mercancía.
1.1.2.4. La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Cali dictó la Resolución de Pruebas núm. 1-88-241-605-
0014 de 22 de mayo de 2009, mediante la cual negó la solicitud de
pruebas por considerarlas improcedentes e inconducentes para el
desarrollo del proceso sancionatorio. Dicha decisión fue objeto de recurso
de reposición formulado por el representante legal de la demandante; sin
embargo, el acto fue confirmado a través de la resolución núm. 01-88-
241-603-003.
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1.1.2.5. La División de Gestión de Liquidación dictó la resolución núm. 1-
88-241-601-0229 de 5 de agosto de 2009, a través de la cual impuso a
la sociedad demandante una sanción por quinientos ochenta y tres
millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos
($583.418.846), con fundamento en el incumplimiento de la obligación
señalada en los artículos 7 y 10 de la Resolución Externa 08 de 2000 de
la Junta directiva del Banco de la República.
1.1.2.6. La demandante interpuso recurso de reposición en contra del
anterior acto, en el que argumentó la inexistencia de la presunción de
violación al régimen cambiario por falta de certeza en el hecho presunto,
solicitó la aplicación del principio de prejudicialidad y planteó la violación
al debido proceso.
1.1.2.7. Mediante resolución núm. 88-236-408-610-0008 de 17 de marzo
de 2009 la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali confirmó el acto recurrido.
1.1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte demandante indicó como normas vulneradas el artículo 29 de la
Constitución Política, el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 y los artículos
7 y 10 de la Resolución 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República. Fundamentó el concepto de la violación a partir de los
siguientes cargos:
1.1.3.1. Nulidad de los actos administrativos por violación al
debido proceso
Reprochó que la DIAN expidió las resoluciones impugnadas sin respetar
las respectivas normas de procedimiento, por lo que violó el derecho de
defensa y sancionó de plano a la demandante. Al respecto planteó que la
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controversia se suscitó a raíz de una investigación que parte de una
presunción, en la que resulta fundamental el aspecto probatorio respecto
de los hechos de los cuales se pretende inferir una consecuencia jurídica.
Por ello, afirmó que la decisión de la DIAN de no valorar las pruebas
documentales aportadas ni decretar las solicitadas, configuró una
violación de su derecho al debido proceso.
Explicó que, con la prueba pericial solicitada, pretendía demostrar que los
pagos realizados de la mercancía que ingresó al país con las declaraciones
de importación se encontraban ajustados, así como la efectiva
canalización de las divisas a través del mercado cambiario. No obstante,
la DIAN negó el decreto de la prueba aduciendo falta de conducencia y no
se pronunció sobre las pruebas documentales (formularios cambiarios)
aportadas oportunamente al expediente. A su juicio, la conducta de la
demandada pone de presente un prejuzgamiento en contra de Motos
Jialing S.A., evidencia que se le impidió ejercer plenamente su defensa y
que se le impuso una sanción de plano, al punto en el que, de haberse
practicado y valorado las pruebas, se habría archivado la actuación, pues
habría quedado demostrada la canalización de las divisas a través del
mercado cambiario para el pago de las operaciones de importación.
1.1.3.2. Indebida aplicación de la sanción por presunción de
violación del régimen cambiario
La demandante recordó que en los actos administrativos controvertidos
la DIAN invocó como fundamento principal de la sanción la presunción por
violación al régimen cambiario prevista en el artículo 6 de la Ley 383 de
1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 19984. Al respecto
manifestó que, para que se entienda configurado el supuesto de la norma,
4
“ARTÍCULO 72. Control cambiario en la introducción de mercancías. El artículo 6o. de la Ley 383 de 1997
quedará así: "ARTÍCULO 6. […] Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el
valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término
de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de
liquidación oficial de revisión de valor. || La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre
el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de
revisión de valor".
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se debía tener plenamente demostrado que el valor declarado por la
sociedad Motos Jialing S.A. en las declaraciones de importación objeto de
la controversia era inferior a su valor de aduana, tal como lo señala el
Concepto núm. 071 de 2002 dictado por la DIAN. Sin embargo, en el
presente caso no se verificó dicho presupuesto, porque la legalidad de la
liquidación oficial de revisión de valor núm. 051 de julio 10 de 2007 y de
la resolución núm. 224 de diciembre 31 de 2007, en los cuales se sustenta
el acto de formulación de cargos en el que se establece la presunta
infracción del régimen cambiario, se encuentra en discusión ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
En su criterio, el hecho de que se encuentre agotada la vía gubernativa
no es suficiente para tener por debidamente probado que la demandante
declaró una mercancía a un precio inferior de su valor en aduana, pues
dicho antecedente es objeto de controversia. Así, planteó que dicha
premisa solo se podrá tener como demostrada cuando se dicte la
providencia que resuelva de forma definitiva el litigio, de manera que solo
entonces se podrá establecer si es aplicable la presunción de violación del
régimen cambiario prevista en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, que
modificó el artículo 6 de la Ley 383 de 1997.
De otra parte, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
66 del Código Civil, es posible probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume. En ese sentido, citó la sentencia C-099 de 2003,
en la que la Corte Constitucional determinó que las presunciones de hecho
señaladas en el artículo 6 de la Ley 388 de 1997 conllevaban a la
imposición de sanción, siempre que el presunto infractor no demuestre
que las divisas con las que pagó las mercancías fueron giradas a través
de los intermediarios del mercado financiero. En ese orden, reiteró que,
con el fin de demostrar la inexistencia del hecho presunto, aportó las
declaraciones de cambio que dan cuenta de la debida canalización de las
divisas a través del mercado cambiario para el pago de las operaciones
de importación cuestionadas, así como las certificaciones expedidas por
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Demandante: Motos Jialing S.A.
los intermediarios del mercado cambiario a través de los cuales efectuó
las debidas canalizaciones y solicitó la práctica de una prueba pericial. Sin
embargo, reprochó nuevamente que dichas pruebas no hubieren sido
decretadas ni analizadas por la DIAN.
1.1.3.3. Inexistencia de violación del régimen cambiario por
la no canalización de las divisas
La demandante afirmó que no era procedente la imposición de la sanción
por la violación del artículo 7 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de
la Junta Directiva del Banco de la República, toda vez que la sociedad
Motos Jialing S.A. negoció a través del mercado cambiario y por conducto
del Banco BBVA y del Banco de Occidente la totalidad de las divisas
necesarias para efectuar el pago de las operaciones de importación
controvertidas, de lo cual dan cuenta las certificaciones bancarias
allegadas a la actuación administrativa. Asimismo, informó, diligenció y
presentó debidamente los formularios cambiarios: Informe de
endeudamiento externo de no residentes, "Formulario No 6", y la
Declaración de cambio por endeudamiento externo, "Formulario No 3".
Por tal motivo, adujo que todas las divisas necesarias para efectuar el
pago de las operaciones de importación controvertidas fueron canalizadas
a través del mercado cambiario colombiano, de manera que cumplió con
las obligaciones cambiarias inherentes a la importación de mercancías.
Para el efecto, presentó un cuadro en el que expuso las declaraciones de
importación controvertidas por la administración, las facturas del
proveedor del exterior y las declaraciones de cambio "Formulario No. 3"
que dan cuenta del giro de las divisas efectuadas por intermedio del
mercado cambiario (Banco BBVA y Banco de Occidente).
Finalmente, solicitó que, luego de agotadas las etapas procesales previas
a dictar sentencia, se suspendiera el proceso por prejudicialidad, hasta
tanto se emita sentencia definitiva en el proceso 2008-00286-00,
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teniendo en cuenta que la decisión sobre la supuesta violación al régimen
cambiario está soportada en un acto administrativo (Resolución 051 del
10 de julio de 2007) cuya legalidad se controvierte en el citado proceso.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo Del
Valle del Cauca, y mediante auto del 9 de julio de 2010 el despacho
sustanciador la admitió5 y, según lo ordenado, la DIAN6 fue notificada el
2 de septiembre de 2010.
2.2. De conformidad con la constancia secretarial de 2 de marzo de 2011,
durante el término de traslado la DIAN guardó silencio7.
2.3. El Ministerio Púbico no presentó contestación de la demanda, pese
haber sido debidamente notificado.
2.4. Mediante auto de 25 de abril de 20118, el Tribunal decretó como
pruebas las documentales presentadas por la parte demandante, así como
los oficios solicitados con la demanda encaminados a obtener copia del
expediente PRC 2007 2008 557 y de los informes de deuda de los
siguientes créditos: 02023504484, 02023504486, 02023504714,
02013004920.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto de 25 de agosto de 2011 el Tribunal ordenó correr traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión 9.
5
Folios 190 a 191 del cuaderno principal de primera instancia.
6
Folios 195 del cuaderno principal de primera instancia.
7
Folio 197 del cuaderno principal de la primera instancia.
8
Folio 199 del cuaderno principal de la primera instancia.
9
Folio 203 del cuaderno principal de la primera instancia.
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3.1. La parte demandante presentó oportunamente sus alegatos de
conclusión10, en los cuales reiteró los planteamientos de la demanda y
señaló que el hecho de que la DIAN no contestara la demanda se debía
tener como indicio grave en su contra.
3.2 La DIAN, presentó alegatos de conclusión en la oportunidad procesal
otorgada y en ellos manifestó lo siguiente11:
En primer lugar, adujo que no se configuró ninguna violación al debido
proceso en el trámite administrativo, pues el demandante hizo uso de
todos los recursos a que tenía derecho y la entidad resolvió la controversia
de conformidad con lo establecido en las normas aplicables al caso.
De otra parte, refirió que existe un acto administrativo ejecutoriado en el
que se concluyó que el valor declarado de las mercancías importadas
resultaba inferior a su valor en aduanas. Dicho supuesto es el sustento de
procedibilidad del proceso sancionatorio cambiario, que parte de la
presunción legal de violación al régimen cambiario cuando se introduce
mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado o sin declararla
ante las autoridades aduanera. Así, afirmó que la demandante no probó
la canalización a través del mercado cambiario de los pagos obligatorios
a su proveedor fundados en el valor real de las mercancías, por lo que,
en criterio de la administración, infringió los artículos 7 y 10 de la
Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República.
En ese sentido, insistió en que el hecho de que se hubiere expedido una
liquidación oficial de revisión de valor, en la que se determinó un mayor
valor en aduanas para las declaraciones de importación, obliga a la
aplicación de la presunción de violación al régimen cambiario, pues
concurre uno de los presupuestos del artículo 72 de la Ley 488 de 1998,
10
Folios 204 a 217 del cuaderno principal de primera instancia
11
Folios 219 a 222 del cuaderno principal de primera instancia
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esto es, declarar las mercancías introducidas al país por un valor inferior
al determinado por las autoridades aduaneras.
3.3. El Ministerio Público no rindió concepto dentro del presente proceso.
IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 30 de octubre de 2015 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca accedió a las pretensiones del demandante, con base
en los siguientes argumentos12:
Con el fin de abordar el estudio de la legalidad de la Resolución 1-88-241-
601-0229 de 5 de agosto de 2009 acusada, el Tribunal determinó que el
problema jurídico consistía en establecer si la sanción impuesta se fundó
en pruebas recaudadas en el procedimiento administrativo, que
permitieran determinar con suficiente claridad, a partir de la presunción
del artículo 72 de la Ley 448 de 1998, que la demandante incurrió en una
infracción al régimen cambiario; o si, por el contrario, dicha sanción fue
producto de la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa
de la accionante, por ausencia de valoración de las pruebas allegadas con
el fin de desvirtuar los supuestos de la presunción.
Así, se refirió al régimen cambiario colombiano y, en particular, a los
artículos 6 y 7 de la Resolución núm. 8 de 2000, "Por la cual se compendia
el régimen de cambios internacionales", y al artículo 72 de la Ley 488 de
1998. Sobre este último explicó que allí se establece una presunción legal,
que admite prueba en contrario, de manera que la administración solo
debe probar los supuestos de hecho, esto es, que la DIAN haya dictado
una liquidación oficial de revisión porque el valor declarado de la
mercancía importada sea inferior a su valor en aduanas. Con todo, la
parte contra quien se aduce la presunción puede demostrar la inexistencia
12
Folios 287 a 319 del cuaderno principal de la primera instancia.
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del hecho que se presume, lo que se traduce en una garantía al derecho
fundamental al debido proceso.
En ese sentido, sobre el alegato de la demanda relativo a la
“prejudicialidad”, señaló que no era de recibo pretender ligar la
procedencia de la sanción por infracción cambiaria con la fecha de
ejecutoria de la sentencia que niegue la nulidad del acto de Liquidación
Oficial de Revisión de Valor, pues el procedimiento sancionatorio es una
actuación administrativa autónoma a la liquidación oficial de revisión de
valor aduanera, de acuerdo con el parágrafo 20 del artículo 3 del Decreto
1096 de 1996.
A continuación, el Tribunal efectuó un recuento de las actuaciones
surtidas en el trámite administrativo del asunto bajo examen, a partir de
lo cual advirtió que la entidad demandada le confirió a la presunción legal
establecida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 el alcance de una
presunción de pleno derecho, pues, a pesar de que en los actos
administrativos se indicó que el importador no desvirtuó los supuestos de
hecho que dieron origen a la presunción, lo cierto es que la DIAN no valoró
los documentos allegados como prueba por la parte actora y denegó las
pruebas solicitadas en el trámite administrativo sancionatorio durante el
traslado del acto de formulación de cargos.
Al respecto evidenció que en los actos acusados la DIAN sólo hizo un
recuento de los antecedentes administrativos que dieron origen a la
Liquidación Oficial de Revisión de Valor de las declaraciones de
importación cuestionadas en el trámite aduanero. Por ello, simplemente
se afirmó que, al haberse declarado un valor de las mercancías inferior al
determinado en aduana, automáticamente procedía la sanción por
infracción cambiaria en aplicación de la presunción del artículo 72 de la
Ley 488 de 1998. De esta forma, la demandada no efectuó ninguna
valoración probatoria y desconoció el derecho que tenía el presunto
infractor cambiario de demostrar la correcta canalización en el mercado
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de valores de las importaciones cuestionadas, respecto de la diferencia
alegada en la liquidación oficial de revisión de valor.
En ese orden, el Tribunal concluyó que se encontraba demostrada la
violación del derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo
sancionatorio, al no habérsele permitido a la demandante desvirtuar los
supuestos de hecho que dieron origen a la presunción y habida cuenta de
que la demandada no efectuó ninguna valoración probatoria, en orden a
imponer la sanción.
Por lo anterior, el Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, declaró que la demandante no está
obligada a pagar ninguna suma por la sanción impuesta en los actos
acusados. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas al no
encontrar acreditado la temeridad ni mala fe de la parte vencida en el
proceso.
V. EL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de la DIAN interpuso recurso de apelación13 contra la
sentencia proferida en primera instancia. En el documento trascribió en
su integridad el escrito de alegatos de conclusión que radicó ante el
Tribunal de primera instancia.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 12 de septiembre de
201614.
VI. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 12 de enero de
201815. Posteriormente, a través del auto de 5 de marzo de 2018, el
13
Folios 321 a 324 del cuaderno principal de primera instancia
14
Folios 329 del cuaderno 2 de primera instancia.
15
Folio 5 del cuaderno principal de segunda instancia.
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despacho sustanciador ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio
Público por el término de diez días para que presentaran sus alegatos de
conclusión. En dicha etapa se obtuvo lo siguiente:
6.1. La parte demandante no presentó alegatos en segunda instancia.
6.2. La DIAN presentó oportunamente su escrito de alegatos16 en el que
manifestó que “aparte de los argumentos ya expuestos con ocasión de la
apelación que contra la sentencia efectuó la entidad que represento,
quiero ser reiterativo en que la legalidad de los actos administrativos
demandados está plenamente demostrada conforme a los siguientes
argumentos:”. En ese sentido, planteó que el demandante no aportó
prueba alguna que demuestre la violación al debido proceso y su derecho
de defensa, por lo que luego de estudiado el recurso de apelación, debe
mantenerse incólume la presunción de legalidad de los actos
demandados.
Adujo que desde el acto de formulación de cargos núm. 8205073-301-
559 del 22 de septiembre de 2008 la DIAN propuso a la sociedad Motos
Jialing S.A una sanción por infracción cambiaria, con fundamento en el
material probatorio que hasta ese momento había recaudado la autoridad
aduanera. En ese acto se advirtió que la sociedad investigada declaró,
liquidó y pagó en las declaraciones de importación citadas un valor en
aduanas inferior al que legalmente correspondía, de acuerdo con lo
determinado por la división de liquidación aduanera en aplicación de los
métodos de valoración consagrados en el artículo 7 del Acuerdo de
Valoración de la OMC.
Refirió que la demandante presentó respuesta frente al acto de
formulación de cargos, con la cual aportó, como pruebas documentales,
las declaraciones de importación objeto de controversia con sus
correspondientes facturas; el formulario núm. 6 “información de
16
Folios 9 a 13 del cuaderno principal de segunda instancia.
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endeudamiento externo otorgado a residentes”; el formulario núm. 3
Declaración de cambio por endeudamiento externo”; los comprobantes de
pago de cada operación de importación expedidos por entidades
bancarias, y solicitó la práctica de una inspección pericial a la contabilidad
de la accionante con el fin de demostrar los pagos realizados en relación
con la mercancía ingresada al país con las declaraciones de importación
relacionadas en el pliego de cargos. A juicio de la demandada, ello
demuestra que la hoy demandante sí contó con todas las garantías
procesales para aportar pruebas y solicitar la práctica de otras que
estimaba útiles para desvirtuar la formulación de los cargos en su contra.
En línea con lo anterior, relató que la DIAN dictó la resolución núm. 1-88-
241-605-0014 del 22 de mayo de 2009, a través de la cual denegó la
práctica de algunas pruebas. En primer lugar, por ser inconducentes, pues
lo solicitado era un expediente de un proceso que se surtía ante la
jurisdicción, que no prestaba utilidad alguna en el trámite administrativo.
Y, en segundo lugar, negó la práctica de la inspección pericial porque el
debate consistía en determinar si se había canalizado o no a través de los
intermediarios del mercado cambiario la diferencia que existía entre el
valor de la mercancía nacionalizada en las declaraciones de importación,
y el determinado por la autoridad aduanera en la liquidación oficial de
revisión de valor. A partir de ello, la demandante destacó que sí hubo un
pronunciamiento expreso por parte de la autoridad aduanera en relación
con la improcedencia de decretar y practicar las pruebas solicitadas.
De otra parte, aseveró que la presunción legal de violación al régimen
cambiarlo se materializó porque la demandante no aportó prueba alguna
que demostrara que había realizado la canalización a través del mercado
cambiario del valor real de las mercancías importadas. Por el contrario,
solo aportó documentos que demostraban la canalización del valor que
registró en sus declaraciones de importación, pero no el valor real que
pudo establecer la DIAN, luego de aplicados los métodos de valoración
aduanera.
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Finalmente, indicó que los actos administrativos sancionatorios no sólo se
ocuparon de hacer un recuento de los antecedentes administrativos que
dieron origen a la liquidación oficial de revisión de valor de las
declaraciones de importación cuestionadas en el trámite aduanero. Por tal
motivo, manifestó que la actuación estuvo ajustada a derecho.
6.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA17 y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
7.2. Los actos administrativos acusados
En el presente asunto, la parte actora pretende la nulidad de los siguientes
actos administrativos:
(i) Resolución núm. 1-88-241-601-0229 del 5 de agosto de 2009.
Mediante la cual la DIAN impuso a la sociedad Motos Jialing S.A. una
sanción administrativa cambiaria por valor de quinientos ochenta y tres
millones cuatrocientos diez y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos
($583.418.846), por incumplir con la obligación señalada en los artículos
7 y 10 de la Resolución Externa 08 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
17
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
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de la República, incumplimiento que se encontró configurado a partir de
la presunción establecida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998.
(ii) Resolución 1-88-236-408-610-0008 de 9 de marzo de 2010.
Por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por
la demandante en contra del acto antes enunciado, en el sentido de
confirmarlo en todas sus partes.
8.3. Problema jurídico
De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y en
atención al escrito presentado como recurso de apelación por la entidad
demandada, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si dicho
recurso fue debidamente sustentado, al punto en el que se encuentran
acreditados los presupuestos procesales para que se emita un
pronunciamiento en segunda instancia.
De ser afirmativa la respuesta a dicho interrogante, la Sala deberá
establecer si es cierto que los actos administrativos acusados fueron
expedidos con violación al derecho fundamental al debido proceso de la
demandante, en tanto en la actuación administrativa se le impidió
demostrar probatoriamente la correcta canalización en el mercado de
valores de las importaciones cuestionadas respecto de la diferencia
alegada en la liquidación oficial de revisión de valor. De acuerdo con la
respuesta a lo anterior, la Sala decidirá si son nulos los actos demandados
y, en caso afirmativo, si procede el restablecimiento del derecho en los
términos solicitados por la parte actora.
7.4. Análisis del asunto
7.4.1. De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso -CGP, aplicables por la remisión dispuesta en el artículo 267 del
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CCA18, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior
estudie el pronunciamiento realizado por el juez de primera instancia,
únicamente en relación con los específicos reparos formulados por el
apelante, a efectos de que, en definitiva, se confirme, revoque o
modifique la decisión adoptada.
La Ley establece que quien hace uso de este recurso debe tener interés,
pues debe interponerlo la parte a la que le fue desfavorable la decisión de
primer grado parcial o totalmente. Igualmente, exige que el recurrente
confronte los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia
con las razones que sustentan su inconformidad, en orden a determinar
si el sustento jurídico utilizado por el juez de instancia ha sido
correctamente aplicado al caso concreto y si las pruebas han sido
valoradas en debida forma.
En el mismo sentido, el artículo 212 del CCA, modificado por el artículo
67 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, impone al apelante el deber de
sustentar su recurso, esto es, la carga de exponer las razones de su
inconformidad con la decisión de primera instancia. Al respecto, la
jurisprudencia ha explicado que la carga procesal que le asiste al
recurrente no se satisface indicando simplemente que discrepa de la
decisión adoptada, “y menos aún, con la simple reiteración de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o
en la contestación, en tanto que aquellas ya fueron objeto de
comprobación y debate por parte del a quo. Lo que la ley impone es que
se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la decisión de primer grado en aquello que se considere
desfavorable, no solo por considerarla contraria a los intereses de quien
la impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que se
18
“ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”
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considere que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión
acertada.”19
Por tal motivo, la competencia del superior se limita al estudio de los
planteamientos expuestos por el apelante en contra de lo decidido por el
juez de primera instancia y de la argumentación realizada para llegar a la
decisión controvertida. En ese orden, si el apelante en su recurso no
argumenta ni plantea reparos contra la sentencia impugnada, no es dable
para el superior al momento de resolver la apelación efectuar un
pronunciamiento en dicho sentido, pues ello implicaría una vulneración al
debido proceso de la contraparte e incluso podría representar una nulidad
de la sentencia.
Así las cosas, en el evento en que se advierta la ausencia de sustentación
pertinente, suficiente y material del recurso de apelación, en tanto lo
dicho exponga afirmaciones genéricas que no se dirigen contra los
planteamientos específicos de la providencia cuya revocatoria se
pretende, se impone para el juez de segunda instancia confirmar la
sentencia apelada.
La tesis expuesta ha sido prohijada por esta Sala en las sentencias de 3
de julio y 4 de septiembre de 201420, en la cuales esta Sección consideró
lo siguiente:
“[…] Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta corporación
ha precisado lo siguiente:
“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una
decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de
la instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en el
inciso segundo del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.
La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los
fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio de la
decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente al
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 18 de marzo de 2024, radicado: 85001-
23-31-000-2011-00091-01 (51.209), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de fechas 3 de julio
y 4 de septiembre de 2014. Rad. 2004-00228 y 2007-90029, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.
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sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en
estudio.
Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que
puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer un
nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin incurrir
en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida
sustentación del recurso de apelación” (Sentencia de 6 de junio de 1987, Exp.
338, C.P. Dr. Samuel Buitrago Hurtado)
En otra oportunidad, señaló:
“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación
señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.
La competencia de éste queda pues limitada a confrontar la providencia
recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente.
No puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la
providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el
escrito de sustentación del recurso”. (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp.
1951, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
Posteriormente, manifestó:
De acuerdo con la jurisprudencia. “... el deber de sustentar este recurso (el
de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito
la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso,
o sea para expresar la idea con un criterio tautológico, presentar el
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la
providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y
alcanzar por ende su revocatoria o modificación.” (Corte Suprema de
Justicia, Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén,
Código de procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección Pequeño
Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P.
Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez). (Negritas de la Sala)
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto a
que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de
apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los
argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su
decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que
decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda
instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al
juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a
concluir si la sentencia merece ser o no confirmada.
Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie
la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o
reforme, es necesario que en dicho recurso se expongan las razones por
las cuales no se comparten las consideraciones del a quo, en orden a que
el juzgador confronte los fundamentos de la sentencia con los argumentos
que sustentan la inconformidad del apelante.
Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que se
limita a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda, tal y
como acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que confirmar
la decisión”. (Negrillas y subrayado fuera texto).
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Del mismo modo, en sentencia de 23 de enero de 202021 esta Sección se
refirió a la postura esbozada en el siguiente sentido:
“La anterior posición fue reiterada por la Sala de decisión de la Sección Primera en
sentencia de fecha 3 de diciembre de 201813-14 [22], tal y como se observa a
continuación:
Para el caso sub judice, luego de confrontar los argumentos expresados por el
apoderado de la sociedad demandante, la Sala observa que los argumentos
contenidos en el recurso de apelación, son exactamente los mismos
argumentos esgrimidos en el texto de la demanda sin diferencia alguna
salvo en el orden en que fueron relacionados por el apoderado de la
demandante, pero en todo caso lo cierto es que no formuló ningún
reproche, cuestionamiento, reparo o inconformidad respecto de los
argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los cuales se adoptaron las decisiones cuestionadas.
Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se está ante el mismo
supuesto fáctico del fallo que se está reiterando del pasado 16 de junio, en el que
se dijo lo siguiente:
“El recurrente no hace, en lo absoluto, motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el fallo recurrido, con lo cual
deja a esta Sala, desprovista de todo elemento que le permita revisar la
sentencia, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor
respecto del fallo objeto de apelación por lo que habrá de confirmarse la
sentencia del tribunal”.
En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los párrafos del
escrito de apelación, se verificó que corresponden de forma idéntica a los
del escrito de la demanda, por tanto quedó acreditado que el apoderado
de la demandante no expresó manifestación de inconformidad alguna
respecto de las razones por las cuales, el a quo declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, menos aún
controvirtió o manifestó su oposición por la decisión de la primera
instancia de inhibirse de pronunciar sobre la violación de varias
disposiciones legales invocadas como vulneradas, al advertir que carecían
de fundamentación respecto del concepto de la violación”. (Negrillas y
subrayado fuera texto).
7.4.2. A la luz de las anteriores consideraciones, y revisado el contenido
del escrito radicado por la DIAN, la Sala encuentra que el recurso de
apelación se encuentra desprovisto de una sustentación real y suficiente,
pues la entidad demandada realmente no adujo ningún argumento
21
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020).
Radicado: 25000 325 000 2012 90514 01, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
22
Notas originales de la providencia que se cita: [13] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad.: 2011 – 00171. Magistrada Ponente: doctora María
Claudia Rojas Lasso. [14] Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de junio de 2016, Radicación
25000-23-24-000-2003-00840-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 3 de julio de 2014, Radicación 25000-
23-24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 23 de julio de 2015, Radicación 73001-23-31-
000-2010-00082-01, C.P. María Elizabeth García González.
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20
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dirigido a atacar la decisión de instancia que dispuso conceder las
pretensiones de la demanda. Por el contrario, la simple lectura del escrito
radicado pone de presente que éste corresponde a la transcripción literal
de los alegatos de conclusión que radicó esa entidad ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en sede de primera instancia. Por
ende, es evidente que en dicho documento no se hace referencia a la
sentencia de 30 de octubre de 2015 ni a los argumentos que sustentaron
la decisión contraria a los intereses de la apelante.
En efecto si, como se ha explicado, el objeto del recurso de apelación es
que el superior analice la decisión adoptada en la sentencia objeto de
alzada, resultaba imperativo que el recurrente expusiera las razones por
las cuales no comparte las consideraciones que se tuvieron en cuenta por
el a-quo al momento de dictar la sentencia cuestionada. Con todo, al
revisar de manera detallada el memorial contentivo de la apelación, no
cabe duda de que carece de la exposición de argumentos que expliquen
el motivo por el cual la DIAN considera que la decisión de la primera
instancia es equivocada y debe ser revocada, situación que configura un
claro incumplimiento de la carga procesal que en este escenario le
correspondía como apelante.
Del mismo modo, la Sala advierte que, a pesar de que en el escrito de
alegatos de conclusión radicado por la DIAN en segunda instancia la
entidad amplió su exposición en torno a la tesis sobre la legalidad de los
actos acusados, lo cierto es que dichos planteamientos no pueden ser
tenidos en cuenta en orden a emitir un pronunciamiento sobre la decisión
adoptada por el Tribunal en primera instancia. Ello, por cuanto, por un
lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, la
oportunidad para sustentar el recurso de apelación corresponde a la
etapa en la que el proceso se encuentra ante el a quo, al punto en el que
la norma castiga la falta de sustentación con la consecuencia de declarar
desierto el recurso. En esa medida, admitir la posibilidad adicionar
reproches contra la decisión de primera instancia que no fueron
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presentados en la oportunidad procesal, esto es, en la sustentación de
la apelación, comprometería en este caso el derecho a la defensa de la
parte demandante, como quiera que frente a dichos planteamientos no
habría tenido oportunidad procesal para conocerlos y oponerse.
Por otro lado, lo cierto es que los planteamientos expuestos en los
alegatos de conclusión radicados por la DIAN en segunda instancia
reiteran el recuento de la actuación administrativa que fue expuesto por
la entidad demandada a lo largo de este proceso y no esgrimen razones
de defensa que estén encaminadas a desvirtuar la conclusión que
sustenta la decisión de primera instancia. En efecto, si bien en el referido
escrito de alegatos el apoderado de la demandada refirió la razón por la
cual fue negado el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la
demandante, no propuso ninguna razón de defensa frente a la tesis
conforme la cual la DIAN impuso la sanción cambiaria a la demandante
sin efectuar una valoración probatoria y desconociendo el derecho que
tenía el presunto infractor cambiario de demostrar la correcta canalización
en el mercado de valores de las importaciones cuestionadas, respecto de
la diferencia alegada en la liquidación oficial de revisión de valor.
En definitiva, lo cierto es que la Sala echa de menos algún tipo de
razonamiento en el recurso de apelación encaminado a debatir el
fundamento real y concreto de la sentencia de 30 de octubre de 2015.
Esta circunstancia pone de presente que el recurso no está encaminado a
cuestionar los razonamientos y conclusiones del Tribunal de primera
instancia, sino a que se estudie nuevamente el caso a partir de
transcripciones e ideas que no tienen directa relación con lo decidido en
el fallo supuestamente censurado.
Por lo anterior, la Sala reitera las consideraciones expuestas en las
sentencias citadas en cuanto que, advertida la ausencia de sustentación
idónea y pertinente del recurso de apelación, lo procedente es confirmar
la decisión de instancia que accedió a las pretensiones de la demanda,
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pero por las falencias argumentativas que presenta el recurso de alzada
y como quiera que no se han aducido motivos para desvirtuar sus
fundamentos.
7.4.3. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP, aplicables al
caso por la remisión del artículo 267 del CCA, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte vencida en segunda instancia, pues no se
evidencia una actuación temeraria y su conducta se enmarcó en los
principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
7.5. Otros pronunciamientos
7.5.1. A través del memorial que obra en el folio 14 del cuaderno de
segunda instancia se allegó poder conferido al abogado Augusto
Rodríguez Rincón, para que represente a la DIAN. Por reunir los requisitos
legales se reconocerá personería al enunciado abogado como apoderado
de la DIAN en los términos y para los fines del poder a él conferido.
Con todo, el despacho tendrá por terminado el poder conferido por la
DIAN al abogado Augusto Rodríguez Rincón, en aplicación de lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 76 del CGP, a cuyo tenor “El poder termina
con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o
designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado
para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.
7.5.2. En consonancia con lo anterior, se reconocerá al abogado Jaime
Enrique Cardoso Cáceres como apoderado de la DIAN, en los términos y
para los fines del poder a él conferido, visible en el índice 16 del historial
de actuaciones de proceso del aplicativo SAMAI. Con todo, igualmente se
tendrá por terminado el referido poder conferido por la DIAN al abogado
Cardoso Cáceres, en aplicación del inciso primero del artículo 76 del CGP.
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7.5.3. Finalmente, se reconocerá al abogado Juan Sebastián Oviedo
García como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines del
poder a él conferido, visible en el índice 21 del historial de actuaciones de
proceso del aplicativo SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 30 de octubre de 2015,
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Augusto Rodríguez
Rincón como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a él conferido.
CUARTO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la DIAN al
abogado Augusto Rodríguez Rincón, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Jaime Enrique Cardoso
Cáceres como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a él conferido.
SEXTO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la DIAN al
abogado Jaime Enrique Cardoso Cáceres, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.
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SÉPTIMO: RECONOCER personería al abogado Juan Sebastián Oviedo
García como apoderado de la Nación-U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en los términos y para los fines del poder a él
conferido.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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