República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2010-01156-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de julio de 2021
FIJACIÓN DE REGÍMENES SALARIALES Y PRESTACIONALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES – Prohibición
Es dable concluir que las entidades del orden territorial carecen de competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS – Alcance / SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS – Prohibición de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas de trabajo
Los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, ni tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas; lo que no quiere decir que estén impedidos para hacer uso de otros medios de concertación, voluntaria y libre, que les permitan participar en la toma de las decisiones que los afectan, sin trasgredir la facultad exclusiva que ostentan el Congreso de la República y el Gobierno nacional para fijar las condiciones salariales y prestacionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de los sindicatos de empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas de trabajo, ver: Corte constitucional, sentencia C-1235 de 2005.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 55 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 150 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 10 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 12 / LEY 6 DE 1992 / DECRETO REGLAMENTARIO 2108 DE 1992 – ARTÍCULO 1
PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) / RECONOCIMIENTO PENSIONAL CON BASE EN CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO – Convalidación
La situación particular del demandado se encuentra convalidada por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, el cual dejó a salvo los derechos pensionales otorgados con fundamento en disposiciones de orden territorial, como la resolución expedida por la Junta Directiva de EMCALI el 30 de marzo de 1981, invocada en el acto de reconocimiento pensional, que creó condiciones más favorables para acceder a la prestación, pese a la ilegalidad de su fuente normativa. Quiere decir lo anterior, que pese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación del demandado, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida desde el 12 de mayo de 1982, esto es, antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo. Por consiguiente, como acertadamente lo advirtió el a quo, resulta irrelevante la declaratoria de nulidad la Resolución 0104 del 4 de octubre de 1983, comoquiera que el reconocimiento pensional del demandado fue anterior a su expedición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la convalidación de los reconocimientos pensionales efectuados con base en convenciones colectivas de trabajo, ver: C. de E., Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, radicación: 2434-10, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila. En cuanto a la presunción legal de desajuste de las pensiones que se reconozcan antes del 1 de enero de 1989, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 28 de marzo de 2019, radicación: 4993-16.
REAJUSTE PENSIÓN DE VEJEZ PARA LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1989 – Procedencia / REAJUSTE PENSIÓN DE VEJEZ – Carga de la prueba
Comoquiera que la norma, artículo 116 de la Ley 6 de 1992, que consagra el reajuste aquí pretendido, contiene la presunción de que las pensiones reconocidas antes de 1989 resultaron desajustadas, la Sección Segunda de esta Corporación, en sus dos Subsecciones, ha considerado que quien debe demostrar que la prestación no sufrió un desajuste, respecto del incremento salarial decretado, es la entidad que la reconoció. No obstante, la entidad demandada en ningún momento allegó al proceso prueba que demostrara que se realizó ajuste alguno a la mesada pensional que devenga el demandado, razón por la cual le asiste ese derecho, ya que, se itera, cumple con los requisitos consagrados en la norma antes descrita. Adicionalmente, las providencias citadas que definieron la inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y del Decreto 2108 de 1992, respectivamente, precisaron que los efectos de la salida del ordenamiento jurídico de las referidas normas no implicaba que las entidades de previsión o los organismos encargados del pago de las mesadas pudieran dejar de aplicar los incrementos pensionales que fueron otorgados por esa ley, que no habían sido efectivamente realizados al momento de notificarse esas decisiones. En ese orden, el hecho de que no se hubiera realizado el correspondiente ajuste a las mesadas pensionales durante el tiempo en que rigieron las normas en mención, no es responsabilidad del pensionado, sino que resulta imputable a la ineficiencia de las entidades de previsión; además no se puede desconocer que el derecho de acceder al referido reajuste es una situación jurídica consolidada que goza de protección constitucional. Por lo anterior, se reitera, el demandante tiene derecho al reajuste de su pensión, en el entendido de que, si bien el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 estuvo vigente hasta noviembre de 1995, sigue teniendo efectos para aquellos trabajadores que adquirieron su prestación pensional antes de 1989, tal como se explicó. En este sentido, también se confirmará la decisión del a quo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01156-02(5981-19)
Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI)
Demandado: JOSÉ EDUARDO BENITO MARTÍN
Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ―Empresas Municipales de Cali (EMCALI)― contra la sentencia del 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de EMCALI y accedió a las pretensiones de la demanda de reconvención presentada por el señor José Eduardo Benito Martín.
1. Antecedentes
La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A, Empresas Municipales de Cali (EMCALI), por conducto de apoderado, presentó demanda en la modalidad de lesividad, en orden a obtener la nulidad de la Resolución 284 del 12 de mayo de 1982, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al señor José Eduardo Benito Martín.
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la reliquidación, el pago y reintegro a su favor, de todas las sumas pagadas en exceso, por virtud del acto administrativo acusado, desde el momento en que se efectuó el reconocimiento pensional, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, con sus respectivos intereses y ajustes monetarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
1.1.2. Hechos
Para sustentar sus pretensiones, la parte actora expuso los siguientes hechos:
i) José Eduardo Benito Martín se vinculó a las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) mediante acto administrativo del 8 de enero de 1963, siendo su último cargo el de jefe de operación y control alcantarillado, categoría 100, cargo 456, código 68102.
ii) Por medio de la Resolución 284 del 12 de mayo de 1982, el gerente de la entidad le reconoció pensión de jubilación en cuantía de $ 86.304.21, conforme a la convención colectiva vigente suscrita entre EMCALI y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), que reconocía a sus trabajadores oficiales esa prestación con tiempos de 20 años de servicios, 50 de edad y con el ingreso base de liquidación del 75 % y el 90 %, según el caso, y el promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicios.
iii) El demandado se hizo beneficiario de la convención colectiva «bajo el falso y supuesto motivo de que se le había de aplicar una disposición inferior y de contera ineficaz para el ordenamiento legal, pues fue declarada nula por sentencia judicial», pero tal instrumento no puede hacerse extensivo a los empleados públicos como era su caso particular, porque en virtud de lo dispuesto en el artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo, no puede alegar esos beneficios ni discutir condiciones, sino adecuarse a la norma general consagrada en la Ley 33 de 1985.
1.1.3 Normas violadas y concepto de la violación
Como tales se citaron los artículos 1, 2, 4, 48, 83, 150 numeral 19 literales e) y f) de la Constitución Política; 1.º de la Ley 33 de 1985; y la Ley 6.ª de 1945. Al desarrollar el concepto de la violación de las normas invocadas, el apoderado de EMCALI, expuso las siguientes consideraciones:
i) El reconocimiento pensional se basó en disposiciones convencionales que no le eran aplicables al demandado en su calidad de empleado público, lo cual contraría preceptos de orden constitucional, pues no es viable modificar el régimen prestacional de tales empleados a través de convenciones colectivas, teniendo en cuenta que dicha facultad la reservó la Constitución Política para el legislador. Bajo ese entendido, dijo que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992, carece de eficacia todo régimen salarial o prestacional, que contravenga lo dispuesto en la misma norma.
ii) Si bien el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 protege las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones departamentales o municipales con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, ello no significa que si la pensión fue expedida contraviniendo la ley, dicho vicio pueda sanearse con fundamento en el citado precepto.
1.2. La contestación de la demanda
El señor José Eduardo Benito Martín, por medio de apoderado, contestó la demanda con sustento en las siguientes razones de defensa:
i) Si bien, en principio, no podía reconocerse y ordenarse el pago de la pensión de jubilación del demandado con fundamento en la convención colectiva de trabajo contenida en la Resolución del 30 de marzo 1981, esta, por disposición de la Junta Directiva de EMCALI, hizo extensivos a los empleados públicos todos los beneficios extralegales en la empresa.
ii) La irregularidad o violación a las disposiciones legales vigentes antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, fue convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, mediante el cual se otorgó rango legal a los reconocimientos pensionales hechos por fuera del ordenamiento jurídico. Por ende. la convención colectiva resulta aplicable al señor Benito Martín, ya que su pensión de jubilación fue reconocida a partir del 1.° de abril de 1982.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: a) ineptitud sustantiva de la demanda por no estar demandados todos los actos mediante los cuales se modificó el acto cuestionado; b) inexistencia del derecho; c) buena fe; d) prescripción; y e) innominada.
Demanda de reconvención
El señor José Eduardo Bento Martín presentó demanda de reconvención contra EMCALI, en orden a obtener la declaratoria de nulidad de los Oficios números 150000-GRH-2387 del 15 de agosto de 2000, expedido por el gerente de recursos humanos de EMCALI, y 830-DTH-000575 del 10 de febrero de 2006, suscrito por el jefe de talento humano de la entidad, por medio de los cuales se negó el reajuste de su pensión de jubilación, establecido en la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año.
A título de restablecimiento del derecho solicitó i) conceder el reajuste de su pensión de jubilación, de conformidad con lo establecido en la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año, el cual se debe hacer efectivo tres años atrás de la petición inicial, esto es, a partir del 15 de agosto de 1997; ii) ordenar a EMCALI continuar pagando su pensión de jubilación debidamente reajustada, con la inclusión de los ajustes anuales de ley; iii) ordenar el pago del retroactivo originado en el reajuste solicitado, causado desde el 15 de agosto de 1997 hasta la fecha en que este se haga efectivo; iv) ajustar la condena conforme a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.; y v) condenar a EMCALI a pagar las costas y agencias en derecho.
Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante relató los siguientes:
i) EMCALI, mediante Resolución 284 del 12 de mayo de 1982, le reconoció al señor Benito Martín pensión de jubilación, a partir del 1.° de abril de 1982.
iii) El Congreso de la República, mediante el artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992, ordenó el reajuste de las pensiones de jubilación del sector público, que se hubieran reconocido antes del 1.° de enero de 1989. En desarrollo de esta norma, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2108 de 1992, por el cual fijó las condiciones en que debían hacerse los reajustes a dichas prestaciones.
iv) Al comparar el porcentaje en el cual le fue aumentada la pensión del demandante, entre la fecha de la jubilación y el 31 de diciembre de 1988, con el porcentaje en el cual fue reajustado el salario mínimo, se encuentra que el reajuste de la pensión fue inferior al aumento de este.
Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 58, 83 y 230 de la Constitución Política y 116 de la Ley 6.ª de 1992; y el Decreto 2108 de 1992. También se citaron como desconocidas las sentencias C-531 de 1995 de la corte Constitucional y la del 11 de diciembre de 1997 del Consejo de Estado, dictada dentro del proceso 15723.
Al desarrollar el concepto de la violación de las normas invocadas, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:
Los actos acusados son violatorios de los derechos adquiridos y consolidados a favor del señor Benito Martín, en razón a que su pensión fue reconocida antes del año 1989 y, por consiguiente, su pensión debió ser reajustada de oficio por la demandada.
Contestación de la demanda
EMCALI no contestó la demanda de reconvención.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las súplicas de EMCALI y accedió a las pretensiones de la demanda de reconvención que presentó el señor José Eduardo Benito Martín. Para el efecto, estableció dos problemas jurídicos que debían resolverse, a saber: i) si la pensión reconocida por EMCALI al señor Benito Martín fue convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; y ii) si, pese a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992, es viable el reajuste de la pensión de jubilación reconocida, en el año 1982, al señor Benito Martín, en su condición de exservidor público territorial.
1.4.1. En cuanto al primer problema jurídico, consideró:
i) En principio, la pensión reconocida al señor José Eduardo Benito Martín, cuando tenía 51 años de edad y 24 de servicio, con una tasa de remplazo del 85 %, superior al 75 % previsto en la Ley 33 de 1985, fue ilegal en su origen. Sin embargo, la convalidación de reconocimientos pensionales de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, cobija por igual a los actos administrativos unilaterales de las entidades de ese nivel y aquellos por medio de los cuales se da aplicación a convenciones colectivas. Por esta razón, el derecho pensional del señor Benito Martín, otorgado en el año 1982, quedó amparado por el artículo 146 de este estatuto. En consecuencia, al ser convalidada su situación, el acto acusado en la demanda principal, por el cual se le reconoció la pensión de jubilación, conserva su presunción de legalidad.
ii) Contrario a lo afirmado por EMCALI, para este caso, resulta irrelevante la declaratoria de nulidad de la Resolución 0104 del 4 de octubre de 1983, pues el reconocimiento pensional se dio antes de dicho acto y con un fundamento en uno diferente, esto es, la Resolución de Junta Directiva del 30 de marzo de 1981. Así mismo, la sentencia de nulidad de aquella fue proferida por el Consejo de Estado, el 2 de octubre de 1996, con posterioridad a la fecha en que se consolidó el derecho del señor Benito Martín.
1.4.2. En relación con el segundo problema jurídico, expuso:
i) La pensión de jubilación del señor Benito Martín se reconoció el 12 de mayo de 1982, es decir, que la estaba percibiendo antes del 1.° de enero de 1989, fecha límite para conferir el beneficio del reajuste previsto en la Ley 6.ª de 1992. Por ende, el derecho a este se consolidó antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que lo ordenó. Por esta razón, carece de soporte el argumento de EMCALI sobre la imposibilidad de aplicarlo al derecho pensional del señor Benito Martín, pues la propia Corte Constitucional, al retirarlo del ordenamiento jurídico, previó que los derechos adquiridos bajo su vigencia, subsistían.
ii) Resulta pertinente precisar que, en primer lugar, el derecho al reajuste tiene lugar en virtud de la prestación otorgada por EMCALI en el año 1982 y no con ocasión de la pensión de vejez reconocida por el ISS al señor Benito Martín, mediante la Resolución 006679 de 1999, a partir del 10 de febrero de 1995. En segundo lugar, en la Resolución GRH-000287 de 1999, proferida por EMCALI, por la cual se ordenó compartir la pensión de jubilación, se precisó que a su cargo estaría el mayor valor entre la pensión que venía pagando y la reconocida por el ISS. Por lo tanto, el reajuste de la prestación debe ser asumido únicamente por la entidad demandada en reconvención.
iii) En conclusión, el señor Benito Martín tiene derecho a que su mesada pensional le sea reajustada en los términos dispuestos en la Ley 6.ª de 1992 y su decreto reglamentario, pues, antes de la declaratoria de inexequibilidad de su artículo 116, cumplió las condiciones exigidas y, por ende, su pensión debe incrementarse en el mismo porcentaje de aumento del salario mínimo, sumado el porcentaje dispuesto en el Decreto 2108 de 1992, para los años 1993 y 1994.
iv) Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda de reconvención, se ordenará el pago de las diferencias que resulten a partir del 19 de diciembre de 2008, por virtud de la prescripción trienal, dado que las peticiones de reajuste pensional que radicó en los años 2000 y 2006 interrumpieron el término por tres años, a partir de su presentación, pero no demandó dentro de dicho lapso.
Con fundamento en lo anterior, resolvió i) declarar infundadas las excepciones propuestas por el señor José Eduardo Benito Martín, frente a las pretensiones de EMCALI y la de caducidad de la acción, estudiada de oficio, frente a la demanda de reconvención; ii) denegó las pretensiones de EMCALI contra el señor Benito Martín; iii) declaró la nulidad de los actos acusados en la demanda de reconvención ― Oficios 150000-GRH-2387 del 15 de agosto de 2000 y 830-DTH-000575 del 10 de febrero de 2006; iv) ordenó a EMCALI reliquidar la pensión del señor José Eduardo Benito Martín, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 de 1992, para los años 1993 y 1994; en consecuencia, recalcular las mesadas pensionales causadas con posterioridad a dichas anualidades, solo para efectos de recalcular el importe que debieron tener a partir del año 2008, en virtud de la prescripción; v) declaró prescritas las diferencias de mesadas causadas antes del 18 de diciembre de 2008.
1.5. La apelación
El apoderado de EMCALI interpuso recurso de apelación contra la sentencia y pidió que se revoque y se le absuelva de las pretensiones del señor Benito Martín. Expuso las siguientes razones de inconformidad:
i) Al señor José Eduardo Benito Martín le fue reconocida una pensión de jubilación con 20 años de servicio y 50 de edad, teniendo en cuenta una resolución que fue retirada del ordenamiento jurídico y una convención colectiva claramente inaplicable, dada la condición de empleado público del demandado.
ii) El régimen general de pensiones aplicable al demandado está contemplado en la Ley 33 de 1985, norma transgredida con la expedición de los actos acusados, la cual dispuso que se respetaría el régimen anterior en lo concerniente a edad y tiempos de servicios, mas no lo pertinente a factores y montos máximos de liquidación. Por otra parte, los derechos reconocidos con fundamento en una Convención Colectiva no se enmarcan dentro de los supuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el fundamento jurídico convencional en el cual se soportan, no tiene el carácter de disposición territorial.
iii) En cuanto a la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Benito Martin, con aplicación del reajuste previsto en al artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 y el Decreto Reglamentario 2108 de 1992, la sentencia no tuvo en cuenta que la pensión de jubilación fue reconocida por EMCALI, con un porcentaje mucho más alto que el legal del promedio de todas las primas, salarios y prestaciones sociales legales y extralegales devengados en su último año de servicio.
iv) Las normas citadas (Ley 6 de 1992, articulo 116 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992) buscaron compensar salarios y pensiones de jubilación que se encontraban por debajo del salario mínimo legal, situación que ocurre en el sub lite, por cuanto el salario mínimo de EMCALI, sus pensiones mínimas y la pensión del demandante siempre han estado por encima del salario mínimo legal vigente y de la pensión mínima del ISS, como también son mayores los porcentaje de los incrementos tanto de las pensiones mínimas de EMCALI como de la pensión del señor José Eduardo Benito Martin.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
EMCALI reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
1.6. El Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada no emitió concepto, según da cuenta la constancia secretarial del folio 229.
Surtido el trámite legal y al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con lo decidido por el a quo y los argumentos de la apelación, le corresponde a la sala determinar: i) si la situación pensional del señor José Eduardo Benito Martín, se encuentra amparada por lo dispuesto en artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en su condición de exempleado público de EMCALI, al habérsele reconocido su derecho con fundamento en lo dispuesto en la Resolución de Junta Directiva del 30 de marzo de 1981; y ii) si el señor Benito Martín tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez que devenga, en los términos del artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año.
2.2. Marco normativo
2.2.1. De las pensiones reconocidas con base en disposiciones municipales o departamentales
2.2.1.1. Naturaleza de la vinculación laboral que ostentó el pensionado
Empresas Municipales de Cali (EMCALI) se creó como un establecimiento público descentralizado, con patrimonio propio y autonomía administrativa, mediante el Acuerdo 050 del 1.º de diciembre de 1961, expedido por el Concejo Municipal de Cali. Posteriormente, y de conformidad con lo señalado por el Acuerdo 014 de 26 de diciembre de 1996, se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994. En ese sentido, es claro que antes de la aludida transformación, los servidores de EMCALI eran considerados empleados públicos, dada la naturaleza de establecimiento público descentralizado de la entidad.
En el caso del señor José Eduardo Benito Martín, el reconocimiento de la pensión de jubilación se llevó a cabo a través de la Resolución 284 del 12 de mayo de 1982, previo a la transformación de EMCALI de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado; es decir, que la naturaleza jurídica de la vinculación era legal y reglamentaria, en calidad de empleado público, sometido al régimen de derecho público, sin posibilidad legal de negociar sus condiciones laborales, ni beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales a quienes les es aplicable, en el aspecto colectivo, el Código Sustantivo de Trabajo.
2.2.1.2. Régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial
En vigencia de la Carta Política de 1886, el Acto Legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968 asignó al Congreso de la República la competencia exclusiva para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos y autorizó al presidente de la república para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional. A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen prestacional de los empleados del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley. Al respecto, señala el numeral 19, literal e) del artículo 150 superior:
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
...
e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
A su turno, la Ley 4.ª de 1992, dispone en sus artículos 10 y 12:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Se sigue de lo anterior, que compete al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; es decir, que se presenta una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros generales conforme a los cuales el Gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Congreso, mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que las entidades del orden territorial carecen de competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
En cuanto al último aspecto mencionado, es del caso precisar que si bien el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dicha prerrogativa admite excepciones legales como la misma norma lo prevé. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las excepciones al derecho a la negociación colectiva, a que hace referencia el referido artículo, es precisamente el caso de los empleados públicos, en virtud de la naturaleza legal y reglamentaria de su relación y la trascendencia de su misión en la preservación de los intereses públicos.
Sobre el particular, precisó lo siguiente:
La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa.
Posteriormente, en la sentencia C-1235 de 2005, la Corte Constitucional señaló que la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no pugna con el orden constitucional, en tanto que el derecho a la negociación colectiva no se ciñe únicamente a la posibilidad de celebrar ese tipo de acuerdos, sino que comprende un mayor campo de acción a través de diversas figuras que sí pueden ser utilizadas por los empleados públicos. Adicionalmente, reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas para determinar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria y exhortó al legislador para que regulara los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el propósito de materializar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que comporta la naturaleza de su vinculación con el Estado.
En todo caso, los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, ni tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas; lo que no quiere decir que estén impedidos para hacer uso de otros medios de concertación, voluntaria y libre, que les permitan participar en la toma de las decisiones que los afectan, sin trasgredir la facultad exclusiva que ostentan el Congreso de la República y el Gobierno nacional para fijar las condiciones salariales y prestacionales.
2.2.1.3. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
No obstante, lo dicho con relación a la competencia privativa del Congreso de la República, compartida con el Gobierno nacional, para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior. Fue así como el legislador, consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos.
En ese sentido, el artículo 146 de la ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual, consolidadas bajo el amparo de la legislación preexistente, no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en vigencia de la nueva ley. Particularmente, el citado artículo dejó a salvo las situaciones pensionales individuales definidas con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, en virtud de la intangibilidad de los derechos adquiridos. Al respecto, la aludida norma señala:
Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes) los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
Respecto de la constitucionalidad del artículo citado, se pronunció la Corte Constitucional, mediante sentencia C-410 de 1997, en los siguientes términos:
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores».
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[...]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 protegió los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímenes pensionales territoriales, con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes previo a su entrada en vigor, cumplieran con los requisitos para pensionarse conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí determinadas. Entonces, para el caso concreto, en consideración a que la Ley 100 de 1993 entró a regir en el sector territorial a partir del 30 de junio de 1995, la situación particular definida con anterioridad a esa fecha, debe ser respetada.
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, señaló:
En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos, que las disposiciones del orden territorial, como Decretos Ordenanzas, regulaban, sin competencia, el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la aplicación sólo para los trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador.
La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le correspondía al legislador.
[...]
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior.
Ajuste a las pensiones del sector público reconocidas con anterioridad al 1.° de enero de 1989.
La Ley 6.ª de 1992, «por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones», en su artículo 116, ordenó un ajuste para las pensiones del sector público nacional, en los siguientes términos:
Artículo 116. Ajuste a pensiones del sector público nacional. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 1989.
Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente y no producirán efecto retroactivo. (Negritas de la Sala).
No obstante, la anterior disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995, en cuanto tal previsión quebrantó el principio de unidad de materia, toda vez que trataba un tema que no guardaba conexidad razonable con el tema originario de la ley. No obstante, en garantía de los principios de buena fe y derechos adquiridos, consideró que esa decisión no implicaba el desconocimiento del reajuste pensional ordenado y que se causó durante la vigencia de la norma. En estricto sentido la Corte dispuso lo siguiente:
La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución. En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de la buena fé (CP art. 83) y protección de los derechos adquiridos (CP art. 58), la declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo. Esto significa, en particular, que la presente declaratoria de inexequibilidad no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108 de 1992, pero que no habían sido realizados al momento de notificarse esta sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias judiciales en caso de controversia. En efecto, de un lado el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (C.P. art. 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que goza de protección constitucional. De otro lado en virtud del principio de efectividad de los derechos (CP art. 2º) y eficacia y celeridad de la función pública (CP art. 209), la ineficiencia de las autoridades no puede ser razón válida para desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 como el Decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación oficiosa de aquellas pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir, con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento a aquellos pensionados que tengan derecho a ello. (Resalta la Sala)
Ahora bien, el Decreto 2108 de 1992, reglamentó el reajuste pensional ordenado en el artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992, para que este fuera aplicado en los términos que a continuación se transcriben:
Artículo 1º. Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995 así:
Año de causación del derecho a la pensión
1993
1994
1995
% de incremento aplicable a pensiones causadas a partir del 1º de enero del año 1981 y anteriores (28%)
12.0%
12.0%
4.0%
% de incremento aplicable a pensiones causadas a partir del 1º de enero del año 1982 y hasta 1988 (14%)
7%
7%
No obstante, a causa de la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6 de 1992, dicha norma fue anulada por el Consejo de Estado, en sentencia del 11 de junio de 1998. En dicha providencia se dejó claro que como la sentencia de la Corte Constitucional sobre el artículo 116 fijó los efectos de la inexequibilidad hacia el futuro, pero respetando las situaciones jurídicas consolidadas, al señalar que no se puede dejar de aplicar a los pensionados o a las personas que adquirieron dicho estatus antes de 1989 la nivelación oficiosa de sus pensiones, y como el Decreto 2108 de 1992 es reglamentario del referido artículo, ese pronunciamiento tendría igual alcance.
Así las cosas, según los efectos de los citados fallos, el artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 rigió desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995, fecha en que fue retirado del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes adquirieron, bajo su vigencia, el derecho a la reliquidación de su pensión. El decreto Reglamentario 2108 de 1992, corre igual suerte, es decir, rigió desde su expedición hasta la fecha de inexequibilidad del precepto que le dio origen y extiende sus efectos aún después para quienes bajo su amparo adquirieron el derecho al incremento pensional.
En ese orden, en garantía de los derechos adquiridos al reajuste pensional, en los términos descritos por la Corte Constitucional, esta jurisdicción ha considerado que se debe realizar de forma «oficiosa» y, por ende, lo ha ordenado respecto de todas aquellas pensiones concedidas con anterioridad al 1.° de enero de 1989, para aquellos que adquirieron el derecho durante la vigencia de la ley y el decreto declarados inexequible y nulo, respectivamente, en los términos en que fue ordenado, e, incluso, se ha hecho extensivo a las pensiones del orden territorial y no exclusivamente a las del nivel nacional, efecto para el cual se ha inaplicado la expresión «del orden nacional» contenida en el artículo 1.° del Decreto 2108 de 1992, en el entendido de que viola el derecho a la igualdad de los demás pensionados que también tenían desajustadas sus pensiones, es decir, que estaban en igualdad de condiciones con los pensionados a los que les fue concedido el aludido ajuste.
Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la sala encuentra acreditados los siguientes:
i) El 25 de noviembre de 1961, mediante el Acuerdo 50, publicado el 1.° de diciembre de la misma anualidad, el Concejo Municipal de Santiago de Cali creó EMCALI, como un Establecimiento Público, como organismo autónomo con personería jurídica y patrimonio propio.
ii) El 31 de marzo de 1982, la asistente de prestaciones sociales de EMCALI certificó que el señor Benito Martín devengó, durante el último año de servicio, comprendido entre el 1 de abril de 1981 y el 30 de marzo de 1982, sueldo, primas de junio y diciembre, de navidad, de vacaciones, de antigüedad y extralegal.
iii) El 12 de mayo de 1982, mediante la Resolución 284, EMCALI reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del demandante, por haber acreditado un total de 22 años, 4 meses y 7 días de servicio y 51 años de edad, con una tasa de remplazo del 85 %, de conformidad con la Resolución de Junta Directiva del 30 de marzo de 1981.
iv) El 8 de mayo de 1991, por medio de la Resolución 504, EMCALI autorizó a la Sección de Prestaciones Sociales y Beneficios para revisar y reliquidar la pensión de jubilación del señor Benito Martín e incluir la prima semestral proporcional de junio de 1982, extralegal proporcional de mayo de 1983, y la prima de navidad, a partir del 6 de marzo de 1988, los cuales no fueron tenidos en cuenta en el momento de efectuar la liquidación.
v) El 27 de octubre de 1999, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) por medio de la Resolución 006679 reconoció pensión de vejez al señor Benito Martín, a partir del 10 de febrero de 1995, en virtud de la prescripción que declaró.
vi) El 18 de febrero de 2000, mediante la Resolución GRH 000287, EMCALI EICE E.S.P, ordenó compartir la pensión de jubilación con el ISS e indicó que a cargo de la empresa estaría el pago del mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el ISS y la que le venía pagando.
vii) El 15 de agosto de 2000, por medio del Oficio 150000-GRH-2387, el gerente de recursos humanos de EMCALI, en respuesta a la solicitud del señor Benito Martín, negó el reajuste de su pensión de jubilación con fundamento en el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108/1992, con el argumento de que la sentencia C-531 de 1995 declaró inexequible el artículo invocado como sustento de la petición y, por ende, el Decreto 2108 de 1992 no podía aplicarse por pérdida de fuerza ejecutoria.
viii) El 26 de enero de 2006, el señor Benito Martín radicó petición de reajuste pensional, conforme a lo establecido en el artículo 116 de 1992 y su decreto reglamentario 2108.
ix) El 10 de febrero de 2016, mediante Oficio 830-DTH-000575, el jefe de talento humano de EMCALI EICE E.S.P., en respuesta a la nueva petición, se remitió a lo consignado en el oficio del año 2000 y le advirtió al interesado que con aquella quedó agotada la vía gubernativa.
x) El 1.° de octubre de 2013, el señor Benito Martín solicitó el reajuste de su pensión con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.
xi) El 8 de noviembre de 2013, por medio del Oficio 008044, la jefe del Departamento de Gestión Laboral de EMCALI, negó la petición con el argumento de que dicho reajuste no se refiere a un incremento en la pensión sino al de las cotizaciones en salud, y EMCALI EICE EPS ya lo viene cancelando.
Análisis de la sala
2.4.1. Primer problema jurídico
Consiste en determinar si la situación pensional del señor José Eduardo Benito Martín, se encuentra amparada por lo dispuesto en artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, la sala advierte lo siguiente:
Al señor José Eduardo Benito Martín le fue reconocida la pensión de jubilación mediante la Resolución 284 del 12 de mayo de 1982, a partir del 1.° de abril de 1982, en cuantía equivalente al 85 % del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios, tal como lo disponía el artículo 2 de la Resolución 021 del 30 de marzo de 1981, expedida por la Junta Directiva de EMCALI. En los considerandos de la resolución se lee:
[…]
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución de Junta Directiva de Marzo 30/81, a partir del 1.° de enero de 1981 se establece que Emcali jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos por la ley, con el 85 % del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos por el trabajador en el último año de servicio, lo cual de acuerdo con la liquidación efectuada para el reconocimiento de la cesantía y demás prestaciones sociales del peticionario, arrojó el siguiente resultado:
SUELDOS $ 708.750.00
PRIMAS $ 509.662.51
TOTAL $ 1.218.412.51
($ 1.218.412.51/12 = $ 101.534.37x85% = $ 86.304.21)
En efecto, la mencionada Resolución 021 de 30 de marzo de 1981, en el artículo segundo, dispuso:
Todos los empleados públicos de EMCALI contemplados en esta resolución, disfrutarán de las prestaciones sociales legales correspondientes y de los beneficios que a continuación se enumeran:
[…]
EMCALI jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos por la ley, con el 85 % del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos por el trabajador en el último año de servicio.
[…]
Como se aprecia, la situación particular del demandado se encuentra convalidada por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, el cual dejó a salvo los derechos pensionales otorgados con fundamento en disposiciones de orden territorial, como la resolución expedida por la Junta Directiva de EMCALI el 30 de marzo de 1981, invocada en el acto de reconocimiento pensional, que creó condiciones más favorables para acceder a la prestación, pese a la ilegalidad de su fuente normativa.
Quiere decir lo anterior, que pese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor José Eduardo Benito Martín, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida desde el 12 de mayo de 1982, esto es, antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo.
Por consiguiente, como acertadamente lo advirtió el a quo, resulta irrelevante la declaratoria de nulidad la Resolución 0104 del 4 de octubre de 1983, comoquiera que el reconocimiento pensional del señor Benito Martín fue anterior a su expedición.
Segundo problema jurídico
Consiste en establecer si es viable el reconocimiento del ajuste de la pensión de vejez al que supone tener derecho el señor José Eduardo Benito Martín.
Tal como se señaló en el marco normativo de esta providencia, el reajuste pensional previsto en el artículo 116 de la Ley 6 de 1992, reglamentado por el Decreto 2108 de 1992, se fijó por el legislador con el objeto de que se produjera una nivelación oficiosa de aquellas pensiones reconocidas con anterioridad a 1989 «que presentaran diferencias con los aumentos de salarios».
Independiente de la declaratoria de inexequibilidad del mencionado artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 y de la consecuente nulidad del Decreto 2108 de 1992, no se puede perder de vista que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado fijaron los efectos de sus sentencias con el propósito de señalar que se debían respetar las situaciones consolidadas y los derechos adquiridos, en los precisos términos que señalaban las aludidas normas, en atención a lo reglado en el artículo 58 de la Constitución Política.
Siendo así, y en aplicación del criterio jurisprudencial fijado por esta Corporación, según el cual tal reajuste no solo opera respecto de las pensiones reconocidas por autoridades del orden nacional, sino también de las territoriales, es necesario que con el fin de conceder el aludido reajuste se verifiquen los siguientes aspectos: i) que la pensión hubiera sido reconocida con anterioridad al 1.° de enero de 1989; y ii) que esta hubiera sufrido un desajuste respecto de los incrementos salariales que se hayan decretado por parte del Gobierno nacional.
Respecto del primer punto, se tiene que el 12 de mayo de 1982 el gerente general de EMCALI expidió la Resolución 284, por la cual reconoció el derecho a la pensión de jubilación a favor del señor José Eduardo Benito Martín, a partir del 1.° de abril de 1982; luego, evidentemente, la prestación se concedió con anterioridad al 1.° de enero de 1989. Así las cosas, está acreditado que la pensión reconocida al demandante es de aquellas que, en principio, se rigen por el reajuste contenido en la Ley 6.ª de 1992 y en el Decreto 2108 de 1992.
Sobre el segundo punto, se advierte que por medio de oficio radicado en el año 2000, reiterado el 26 de enero de 2006, el señor Benito Martín solicitó el reajuste pensional, conforme a lo establecido en el artículo 116 de 1992 y su decreto reglamentario 2108. La solicitud fue negada por medio de los oficios acusados en la demanda de reconvención, con el argumento de que el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-531 de 1995 y, por ende, el Decreto 2108 de 1992 tampoco resultaba aplicable, por haber perdido su fuerza ejecutoria.
Pues bien, no se puede perder de vista que el enunciado del artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992, contiene una presunción legal según la cual las pensiones reconocidas antes del 1.° de enero de 1989, de por sí, están desajustadas. Dicha presunción admite prueba en contrario, la cual debe ser allegada por la parte en contra de quien se alega el hecho.
Sobre la posibilidad de desvirtuar una presunción legal en el desarrollo de un proceso judicial, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente:
Para una parte de la doctrina, la palabra presumir viene del término latino "praesumere" que significa "tomar antes, porque por la presunción toma o tiene por cierto un hecho, un derecho o una voluntad, antes de que la voluntad, el derecho o el hecho se prueben." También se ha dicho que el vocablo presumir se deriva del término “prae” y “mumere” y entonces la palabra presunción sería equivalente a “prejuicio sin prueba”. En este orden de cosas, presumir significaría dar una cosa por cierta “sin que esté probada sin que nos conste.”
Por medio de las presunciones ocurre una de dos posibilidades: o bien que quien alega la presunción para fundar su derecho desplace la carga de la prueba en cabeza de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre la no existencia del hecho decisivo.
De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo presumido por la ley. En virtud de la presunción legal, se tiene una prueba completa desde el punto de vista procesal y es esa exactamente la finalidad jurídica que cumplen las presunciones y sin la cual carecerían de sentido. (Se resalta).
Por tal razón y, comoquiera que la norma que consagra el reajuste aquí pretendido, contiene la presunción de que las pensiones reconocidas antes de 1989 resultaron desajustadas, la Sección Segunda de esta Corporación, en sus dos Subsecciones, ha considerado que quien debe demostrar que la prestación no sufrió un desajuste, respecto del incremento salarial decretado, es la entidad que la reconoció.
No obstante, la entidad demandada en ningún momento allegó al proceso prueba que demostrara que se realizó ajuste alguno a la mesada pensional que devenga el señor Benito Martín, razón por la cual le asiste ese derecho, ya que, se itera, cumple con los requisitos consagrados en la norma antes descrita.
Adicionalmente, las providencias citadas que definieron la inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y del Decreto 2108 de 1992, respectivamente, precisaron que los efectos de la salida del ordenamiento jurídico de las referidas normas no implicaba que las entidades de previsión o los organismos encargados del pago de las mesadas pudieran dejar de aplicar los incrementos pensionales que fueron otorgados por esa ley, que no habían sido efectivamente realizados al momento de notificarse esas decisiones.
En ese orden, el hecho de que no se hubiera realizado el correspondiente ajuste a las mesadas pensionales durante el tiempo en que rigieron las normas en mención, no es responsabilidad del pensionado, sino que resulta imputable a la ineficiencia de las entidades de previsión; además no se puede desconocer que el derecho de acceder al referido reajuste es una situación jurídica consolidada que goza de protección constitucional.
Por lo anterior, se reitera, el demandante tiene derecho al reajuste de su pensión, en el entendido de que si bien el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 estuvo vigente hasta noviembre de 1995, sigue teniendo efectos para aquellos trabajadores que adquirieron su prestación pensional antes de 1989, tal como se explicó. En este sentido, también se confirmará la decisión del a quo.
Condena en costas
La Sala estima que no hay lugar a imponer condena en costas, por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1.998). Se sugiere agregar que se trata de una acción de lesividad y frente a este no habría condena en costas.
Conclusión
Con base en la perceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos, fáctica y jurídicamente, a los asuntos que fueron objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que:
3.1. El acto administrativo demandado, expedido y acusado por Empresas Municipales de Cali (EMCALI), no vulnera las normas invocadas como quebrantadas, lo que lleva a la Sala a sostener que la presunción de legalidad que lo cobija no ha sido desvirtuada, por lo cual se impone confirmar la sentencia apelada en este aspecto.
3.2. Las pretensiones de la demanda de reconvención deben despacharse favorablemente, toda vez que se acreditaron las circunstancias pertinentes para acceder al ajuste pensional previsto en la Ley 6.ª de 1992 y en el Decreto reglamentario 2108 de 1992 que se solicita, esto es, que la pensión del señor Benito Martín fue reconocida con anterioridad al 1.° de enero de 1989 y se presume que el valor de su mesada sufrió una diferencia con respecto del aumento de los salarios en el sector público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
Falla:
1. Confirmar la sentencia del 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de EMCALI y accedió a las pretensiones de la demanda de reconvención presentada por el señor José Eduardo Benito Martín.
Sin condena en costas.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones respectivas en el aplicativo SAMAI.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Folio 75
Folio 107 del cuaderno contentivo de la demanda de reconvención.
Folios 192 al 199
Folios 203 al 213
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
Folios 10 al 12
Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (subraya y resaltado fuera de texto).
Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, radicado 2434-10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Sentencia C-531 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 11636, consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
Lo anterior tomado de la sentencia del 7 de julio de 2005 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, Radicado 76001-23-31-000-2002-02601-01(3241-04), actora, Francia Gómez de Valencia, Demandado, Departamento del Valle Del Cauca y de la sentencia de junio 3 de 1999. expediente 1351 M. P. Humberto Cárdenas Gómez
Consejo de Estado, sentencias del 1 de enero de 1998, expediente: 652-CE-SEC2-EXP1998-N29-98, número interno: 245291, M.P. Clara Forero de Castro, del 6 de diciembre de 2001, expediente: 25000-23-25-000-1998-05929-01, número interno: 2423-2001, M.P. Alberto Arango Mantilla.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de diciembre de 1997, expediente: 937-CE-SEC2-EXP1997-N15723, radicación: 247247 M. P. Dolly Pedraza de Arenas, entre otras.
Folios 17 al 33.
Para ajustarse al marco de la Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, por medio del Acuerdo 14 del 26 de diciembre de 1996, transformó a EMCALI de Establecimiento Público a Empresa Industrial y Comercial del Estado EICE- E.S.P. (Folio 34).
Folio 69
Del tiempo de servicio, 3 años, 1 mes y 14 días fueron laborados al Ministerio de Obras Públicas; el resto, a EMCALI.
Folios 10 al 12
Folios 183 al 185
Folio 154 del cuaderno de la demanda de reconvención
Folio 182
No hay prueba de la fecha exacta en que se radicó la solicitud y en el acto acusado ―Oficio 150000-GRH-2387 del 15 de agosto de 2000― solo se menciona que se da respuesta a la petición de ajuste pensional.
Folios 26 y 27 de la demanda de reconvención.
Esta fecha está consignada en el acto acusado ―Oficio 830-DTH-000575 del 10 de febrero de 2006
Folio 195
Folio 157
Folios 157 al 159 del cuaderno de la demanda de reconvención
Sentencia del 11 de diciembre de 1995, expediente 15723, M. P. Dolly Pedraza de Arenas.
Corte Constitucional, Sentencia C-731 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Cita propia del texto transcrito: «Julio Gonzáles Velásquez, Manuel Práctico de la Prueba Civil, Librería Jurídica Ltda., Bogotá, 1951, p. 280».
Cita propia del texto transcrito: «Ibidem».
Cita propia del texto transcrito: «Jairo Parra Quijano, Tratado de la prueba judicial. Indicios y Presunciones, Librería del Profesional, Bogotá, 2001, p. 187.»
Cita propia del texto transcrito: «González Velásquez, ob. Cit. p.»
Cita propia del texto transcrito «Ibidem, p. 282»
Sentencia del 28 de marzo de 2019, radicado 05001233300020140093601 (4993-2016), M. P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.