Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-31-000-2010-01261-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-31-000-2010-01261-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-31-000-2010-01261-02
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01261-02 (29704)
Demandante: PROMOTORA HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE – CALI S.A Y
PROMOTORA APARTAMENTOS LOMAS DE MENGA LTDA
Demandada: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Temas: Contribución por valorización. Motivación en la individualización del
tributo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante 1 y
demandada2, contra la sentencia del 25 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución nro. 411.0.21.0169 de 4
de septiembre de 2009 proferida por el Alcalde de Santiago de Cali en lo que concierne a
la individualización de contribución de valorización de los predios de los demandantes.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución nro. 33759 del 17 de marzo de
20103 y del acto administrativo ficto negativo que se dio con ocasión al recurso de
reposición interpuesto por la sociedad Promotora Hotel Spiwak Chipichape S.A, a través
de las cuales se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra los actos
primigenios.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que las demandantes no
están obligadas a pagar las sumas liquidadas en los actos administrativos por concepto de
contribución de valorización por los predios relacionados en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al hoy Distrito Especial de
Santiago de Cali para que emita los oficios respectivos dirigidos a la Oficina de registro de
Instrumentos Públicos de Cali a fin de que sean canceladas las anotaciones que sobre los
predios objeto de esta litis pesan, en relación con la contribución de valorización.
QUINTO: Sin costas en esta instancia.
ANTECEDENTES
Mediante el Acuerdo 241 del 8 de septiembre de 2008, modificado por el Acuerdo 261
del 7 de mayo de 2009, el Concejo Municipal de Santiago de Cali autorizó el cobro de
la contribución de valorización prevista en el Acuerdo 0237 de 2008.
Previo agotamiento de las etapas preliminares, el alcalde municipal de Santiago de
Cali asignó y distribuyó la contribución de valorización por beneficio general, mediante
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Índice 152 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Índice 151 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Que resolvió el recurso interpuesto por Promotora Apartamento Lomas de Menga
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Demandante: PROMOTORA HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE – CALI S.A Y OTRO
la Resolución 411.021.0169 del 4 de septiembre de 20094, corregida a través de la
Resolución 411.021.0191 del 14 de septiembre de 20095.
Previa interposición del recurso de reposición por parte de la Promotora Apartamentos
Lomas de Menga, el municipio expidió la Resolución 33759 del 17 de marzo de 20106,
en la que decidió confirmar en todas sus partes la Resolución 4110210169 del 4 de
septiembre de 2009.
Frente al recurso de reposición presentado por la sociedad Promotora Hotel Spiwak,
el municipio no emitió respuesta alguna, por lo que se configuró un acto ficto negativo.
DEMANDA
La Promotora Hotel Spiwak Chipichape Cali S.A. y la Promotora Apartamentos Lomas
de Menga, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (en adelante, CCA), formularon las siguientes
pretensiones7:
PRINCIPAL
Se anulen las Resoluciones.
a. 411.0.21.0169 de septiembre 4/09
b. 411.0.21.0191 de septiembre 14/09
c. La Resolución No. 33.759/10 para el predio de Promotora Apartamentos Lomas de
Menga.
d. La Resolución ficta negativa que resuelve el recurso de reposición por el predio de
Promotora Hotel Spiwak Chipichape Cali S.A:
PRIMERA SUBSIDIARIA
Se anule el artículo PRIMERO de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4/09, en los
apartes que se refieren a las obras relacionadas como MG 06, MG 07, MG 12, MG 15, MG
16, MG 17, MG 18, MG 19, ordenando su exclusión de la distribución de la contribución de
valorización porque estas obras en nada se benefician a los predios de propiedad de los
actores.
SEGUNDA SUBSIDIARIA
Se fije la contribución de valorización acorde con el beneficio que reciban los predios de
mis mandantes según lo determine la prueba pericial.
La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 6, 29, 338 y 363
de la Constitución Política y 84 del Código Contencioso Administrativo. Como concepto
de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
-Violación del artículo 338 de la C.N. Excepción de inconstitucionalidad: De
conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política, la contribución de
valorización únicamente puede exigirse en función del beneficio particular que recibe
cada inmueble como consecuencia directa de la ejecución de una obra pública o de la
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NroActua 114. Páginas 19 a 30
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NroActua 114. Páginas 31 a 32
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NroActua 114. Páginas 44 a 49
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NroActua 114. Páginas 84 a 105
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prestación de un servicio. No obstante, el municipio gravó la totalidad de los bienes
inmuebles de la ciudad sin realizar una determinación individualizada del beneficio
obtenido por cada predio, por lo cual desconoció el principio de beneficio que
fundamentó este tributo. En consecuencia, propuso la excepción de
inconstitucionalidad respecto del acto que impuso el gravamen.
-Violación del artículo 363 de la C.N. principio de equidad: El municipio desconoció el
principio de equidad previsto en el artículo 363 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 95 ibídem, y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, al imponer la contribución de valorización a los propietarios de
inmuebles sin demostrar previamente el grado de beneficio que cada uno obtendría
con la ejecución de las obras públicas.
-Expedición irregular de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009 y
411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009: Los actos administrativos demandados
fueron expedidos con vulneración de requisitos sustanciales, en la medida en que
omitieron dar a conocer el contenido de los Anexos I y II, correspondientes a los
estudios de distribución de la contribución de valorización, lo cual configuró una
irregularidad.
-Desconocimiento del derecho de defensa: Si bien en los actos administrativos
demandados se indicó que los Anexos I y II hacían parte integral de estos, su contenido
no fue notificado ni publicado. Esta omisión impidió a los sujetos pasivos conocer los
fundamentos técnicos y metodológicos que sustentaron la determinación del
gravamen y vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.
-Falsa motivación8: La Resolución 411.0.21.01169 del 4 de septiembre de 2009, por
medio de la cual se fijó el presupuesto y se aprobó la distribución de asignación
individual de la contribución de valorización, no determinó el valor atribuible a cada
predio ni incorporó los anexos técnicos anunciados en su texto. Por tanto, no se
acreditó la asignación de la contribución en función del beneficio que cada inmueble
recibiría, lo cual configuró un vicio de falsa motivación del acto administrativo.
-Incompetencia funcional: Los actos demandados confundieron el beneficio que
podían recibir determinados predios con el interés público que conllevó la obra, pues,
si bien las construcciones ejecutadas por las entidades públicas respondieron al
interés general, ello no implicó que todas generaran un beneficio directo y particular
que legitimara la imposición del gravamen, lo cual configuró una falta de competencia
funcional.
-La contribución no genera ningún beneficio a los predios: Las resoluciones que
decidieron los recursos se limitaron a transcribir los artículos 3 de la Ley 25 de 1921 y
1 del Decreto 1606 (sic) de 1966 para concluir que el beneficio no era local sino general
y que dichas normas ampliaron el concepto tradicional de beneficio de la propiedad.
No obstante, conforme al artículo 1 del Acuerdo 0190 de 2006, que definió la
contribución de valorización, esta se impone a los propietarios o poseedores de los
bienes que efectivamente se beneficiaran de la ejecución de las obras.
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Valga precisar que, si bien el vicio de falsa motivación difiere del de falta de motivación, en el presente caso la argumentación
de la parte actora se encaminó a demostrar la ausencia de soportes técnicos que sustentaran la asignación de la contribución de
valorización, lo cual, en realidad, corresponde a un supuesto de falta de motivación del acto administrativo, vicio que, además,
fue el analizado por el a quo.
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Finalmente, si bien el parágrafo 1 de dicha disposición estableció que el beneficio
debía entenderse en su concepto más amplio, sin limitarlo al mayor valor o plusvalía
ni calificarlo necesariamente con una connotación económica, lo cierto fue que esta
previsión desnaturalizó la estructura del sistema de la contribución de valorización, al
desvincular el gravamen del beneficio particular que deben recibir los inmuebles. Por
esta razón, se propuso la excepción de inconstitucionalidad respecto de dicha
disposición.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Municipio de Santiago de Cali, se opuso a las pretensiones de la demanda, así9:
La Resolución 411.0.21.0169 de 2009 constituyó un acto administrativo de carácter
mixto, razón por la cual fue publicada y notificada en los términos previstos en el
artículo 59 del Estatuto de Valorización Municipal de Cali. En ese contexto, los Anexos
I y II estuvieron a disposición de los contribuyentes en los puntos habilitados para la
notificación de los actos administrativos, y se entregaron a quienes acudieron a
notificarse personalmente de la respectiva resolución.
La notificación de los actos fue efectiva, como lo evidenció la interposición del recurso
de reposición por los demandantes. Ello demostró que ejercieron su derecho de
defensa y contradicción y que el debido proceso fue observado, en tanto las
notificaciones se surtieron conforme a la normativa aplicable.
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo 0190 de 2006, la
contribución discutida tiene carácter general y debe entenderse en los términos
definidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2003.
En el presente caso, la zona de influencia se determinó conforme a lo establecido en
el artículo 5 del Acuerdo 0178 de 2006, modificado por el artículo 5 del Acuerdo 0190
de 2006, pues cuando se tratara de valorización por beneficio general, el área de
influencia correspondería a la totalidad del área urbana y a la totalidad o parte del área
suburbana y rural beneficiada.
En el ordenamiento jurídico nacional y local no existe disposición que exija la
realización de estudios específicos para la definición del área de influencia cuando la
contribución de valorización se establece por beneficio general, como ocurrió en el
caso de las 21 Megaobras ejecutadas por el municipio. En estos eventos, el método
de imposición del gravamen se encuentra previsto en los artículos 1 y 2 del Acuerdo
0190 de 2006, los cuales establecen que la contribución se genera con ocasión del
beneficio general y que el monto a distribuir se limita al costo de las obras.
De acuerdo con la jurisprudencia, los criterios para definir los beneficios son amplios y
generales y no se limitan al mayor valor o plusvalía ni requieren una connotación
económica. La finalidad de esta concepción es distribuir de manera equitativa el costo
de las obras y evitar que estas se concentren únicamente en las zonas de mayor
valorización.
El Acuerdo 0190 de 2006 estableció que, para que una obra se calificara como de
beneficio general, se requería un conjunto de obras dispersas, sin identidad geográfica
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NroActua 114. Páginas 114 a 187
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o geométrica, cuya significación urbana generara impacto para la ciudad. En este caso,
todos estos elementos se configuraron, por lo cual los cargos de violación no
estuvieron llamados a prosperar.
Finalmente, el municipio tuvo en cuenta que el beneficio no superara el costo de las
obras y fijó incluso un valor inferior al correspondiente. El Acuerdo 0241 de 2008, que
modificó el Acuerdo 0190, estableció factores de diferenciación para la
individualización de los beneficios según la destinación de los predios —residencial,
industrial o comercial—, lo cual evidenció el cumplimiento de los principios de equidad y
progresividad.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad parcial de la
Resolución 411.021.0169 del 4 de septiembre de 2009 y la nulidad de la Resolución
33759 del 17 de marzo de 2010, así como del acto ficto negativo derivado del recurso
de reposición interpuesto. A título de restablecimiento del derecho, declaró que las
demandantes no estaban obligadas a pagar las sumas liquidadas por concepto de
contribución de valorización; y, no condenó en costas, por las siguientes
consideraciones10:
El a quo señaló que la contribución de valorización es una contribución especial que
grava a los propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician con la ejecución
de obras públicas. De acuerdo con el Decreto 1604 de 1966, su liquidación debe
considerar el costo de la obra, el beneficio que esta produce a los inmuebles y la
capacidad de pago de los contribuyentes.
Trajo a colación pronunciamientos del Consejo de Estado en los que se estudió la
legalidad de las resoluciones demandadas, mediante las cuales el Municipio de Cali
asignó y distribuyó la contribución de valorización para financiar las megaobras del
plan de desarrollo 2008-2011. En ese contexto, reiteró que los actos administrativos
mediante los cuales se asigna y distribuye la contribución de valorización deben
exponer de manera clara los criterios técnicos y los factores utilizados para determinar
el monto a cargo de cada contribuyente, pues la ausencia de estos elementos impide
verificar el método de distribución del gravamen.
En el caso concreto, indicó que los Acuerdos 241 de 2008 y 178 de 2006 establecieron
criterios y métodos para determinar el valor de la contribución de valorización y medir
el beneficio que obtendrían los predios ubicados en la zona de influencia. Señaló que
la Resolución 411.0.21.0169 de 4 de septiembre de 2009 afirmó que la distribución de
la contribución se realizó mediante una metodología basada en áreas y factores de
ponderación, a partir de la clasificación catastral de los inmuebles.
No obstante, advirtió que el acto administrativo no fijó el monto de la contribución a
cargo de cada propietario o poseedor. En el expediente obra un dictamen pericial con
el que se aportó el Oficio 202441510300000471 del 26 de enero de 2024, por medio
del cual el Secretario de Infraestructura y Valorización de Cali remitió, previa solicitud
del demandante, las liquidaciones y la contribución a su cargo. Con base en esta
información, el Tribunal analizó los parámetros de liquidación del tributo respecto de
los predios objeto de controversia.
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Índice 2 de SAMAI. Carpeta 3_EXPEDIENTE_DESCARGADO_TRIBUNAL_ONEDRIVE(.zip) NroActua 2. Archivo
05SentenciaPrimeraInstancia
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Del análisis de dichas liquidaciones concluyó que no se identificaron los factores de
ponderación según el tipo de predio y estrato previstos en el artículo 4 del Acuerdo
241 de 2008, ni los factores de ponderación por área establecidos en el artículo 16 del
mismo acuerdo. Además, aunque las liquidaciones incluyeron factores numéricos,
estas no explicaron la operación aritmética ni los criterios técnicos que justificaron los
resultados. Tampoco la memoria técnica permitió individualizar los factores que
sustentaron la contribución.
El Tribunal también advirtió que no se evidenciaron los criterios utilizados para fijar el
monto del tributo ni la ponderación entre el costo de la obra y el beneficio que
obtuvieron los predios de los demandantes, pese a que la administración afirmó que
la contribución se estableció bajo el criterio de beneficio general.
En consecuencia, concluyó que no existió claridad sobre el sistema y el método de
distribución utilizados por el municipio de Santiago de Cali, por lo que los actos
demandados incurrieron en nulidad por falta de motivación. Esta conclusión se apoyó
en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ya había señalado que el municipio
omitió explicar los parámetros utilizados para fijar el tributo, lo que vulneró el derecho
de defensa y contradicción de los contribuyentes.
RECURSOS DE APELACIÓN
La demandante 11 señaló que, si bien el Tribunal concluyó que no estaba obligada a
pagar las sumas liquidadas por concepto de contribución de valorización respecto de
los predios objeto del proceso; la sentencia debió ordenar al Distrito de Santiago de
Cali la devolución de las sumas pagadas, debidamente indexadas o con el
reconocimiento de intereses moratorios, pues dichos pagos tuvieron fundamento en
actos administrativos posteriormente declarados nulos. La omisión de esta orden
impidió el restablecimiento pleno del derecho y permitió un enriquecimiento sin causa
del ente territorial.
En consecuencia, solicitó modificar parcialmente la sentencia para que el Distrito de
Santiago de Cali devolviera a las sociedades demandantes las sumas pagadas.
La demandada12, en primer lugar, cuestionó la fijación del litigio, al considerar evidente
que los predios resultaban sujetos a la contribución de valorización, dada su ubicación
geográfica y la aprobación del tributo mediante los acuerdos municipales del Concejo
de Santiago de Cali, en particular los Acuerdos 178 y 190 de 2006 y 241 y 261 de
2008, los cuales establecieron el beneficio general derivado del plan de obras.
En segundo lugar, refutó la presunta falta de motivación de los actos, pues el fallo
partió de dos premisas equivocadas, esto es, la ausencia de evaluación de los predios
dentro de una zona de influencia y de explicación sobre los métodos de distribución
del tributo.
Respecto de la zona de influencia, el sistema aplicado correspondió al de beneficio
general, previsto en los Acuerdos 178 y 190 de 2006 y desarrollado en el Acuerdo 241
de 2008, que ordenó el cobro de la valorización para financiar el plan de obras
denominado “21 Megaobras”. Bajo esta modalidad, el beneficio alcanzó a toda la
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ciudad, por lo que el área de influencia correspondió a la totalidad del área urbana y,
en algunos casos, a zonas suburbanas o rurales. Por tal razón no resultaba necesario
realizar estudios de delimitación predio por predio.
El Concejo Municipal actuó dentro de sus facultades constitucionales al establecer los
elementos del tributo y adoptar el concepto de beneficio general. Esta interpretación
contó con respaldo en jurisprudencia del Consejo de Estado, que reconoció que obras
de gran impacto generaron beneficios para todos los predios del municipio y
permitieron distribuir el gravamen mediante diversos factores que garantizaron los
principios de equidad y progresividad.
En relación con los métodos de distribución, sostuvo que la normativa aplicable sí
estableció criterios para individualizar la contribución, tales como la categoría del
predio, el beneficio general relativo y la absorción del monto distribuible. El Acuerdo
241 de 2008 fijó el factor de beneficio general relativo en 1, lo cual resolvió cualquier
discusión sobre niveles diferenciados de beneficio.
La administración utilizó diversos factores técnicos para calcular la contribución de
cada predio: área del predio, uso del suelo (residencial, comercial, industrial,
institucional o lote), estrato socioeconómico, relación frente-fondo, propiedad
horizontal, avalúo del inmueble, cercanía a las obras, impacto en corredores viales y
capacidad económica del suelo. A partir de estos elementos se determinó un área
virtual para cada predio y se distribuyó el monto total aprobado para financiar las obras.
El procedimiento permitió repartir el costo del plan entre aproximadamente 542.000
predios del municipio, mediante herramientas tecnológicas y modelos matemáticos
que garantizan una asignación proporcional y equitativa.
Finalmente, concluyó que los actos administrativos demandados fueron debidamente
motivados, por lo que solicitó revocar la decisión de primera instancia y negar las
pretensiones de la parte demandante.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante13 insistió en los argumentos de la demanda y solicitó adicionar la
sentencia, en el sentido de ordenar la devolución de los valores pagados por las
sociedades actoras, junto con los respectivos intereses.
La demandada14. reiteró que la sentencia apelada basó su decisión en un
entendimiento equivocado del beneficio general, confundiendo sus requisitos con los
del beneficio directo o local. Argumentó que la distribución del gravamen estaba
normada por acuerdos municipales y avalada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, que reconoció la validez de distribuir los costos mediante múltiples factores
sin necesidad de estudios individualizados de la zona de influencia, dado que el
beneficio abarcaba toda el área urbana y parte del área rural.
Destacó que los Acuerdos 178 de 2006 y 241 de 2008 establecieron que el área de
influencia comprendía toda la zona urbana, y que en la distribución se utilizó factores
como área, estrato, cercanía y potencialidad económica, con un coeficiente uniforme
de 1.0 para el beneficio general. La metodología técnica y los soportes tecnológicos
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Índice 20 de SAMAI
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Índice 19 de SAMAI
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utilizados garantizaron la objetividad y legalidad del proceso, sin incluir todos los
cálculos en la motivación.
Refutó la presunta violación del principio de equidad tributaria, indicando que los
acuerdos consideraron las distintas categorías de predios y factores de distribución,
haciendo proporcional y razonable la carga tributaria. Además, afirmó que la normativa
y la jurisprudencia validaron la distribución del beneficio general, que no desnaturalizó
la contribución, y que la destinación específica de los recursos reforzó su legalidad.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y confirmar la
legalidad de los actos administrativos demandados.
El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala decide la legalidad de la Resolución 411.0.21.0169 del 4 de septiembre de
2009, corregida por la Resolución 411.0.21.0191 del 14 de septiembre de 2009, a
través de las cuales el municipio de Santiago de Cali aprobó la distribución y
asignación individual de la contribución de valorización; de la Resolución 33759 del 17
de marzo de 2010 y del acto ficto negativo, a través de los cuales se resolvieron los
recursos de reposición interpuestos por las sociedades demandantes.
En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante
y demandada, corresponde establecer, sin limitación15: (i) si los actos administrativos
demandados incurrieron en nulidad por falta de motivación, por cuanto no se evaluó la
contribución correspondiente a los predios ubicados dentro de la zona de influencia y
no se expusieron los elementos de los métodos de distribución objetiva utilizados para
liquidar la contribución de valorización; y (ii) si procede la devolución de las sumas
pagadas por las actoras por concepto de contribución de valorización.
Para resolver el asunto, la Sala reitera, en lo pertinente, las sentencias proferidas por
la Sección16, en las que se pronunció sobre la expedición irregular por falta de
motivación de los actos de determinación de tributos, en particular respecto de los
actos administrativos mediante los cuales la Alcaldía de Cali asignó y distribuyó la
15
El segundo inciso del artículo 357 del CPC, al fijar la competencia en segunda instancia, estableció que, «… cuando ambas
partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
16
En efecto, en la providencia del 5 de noviembre de 2020 (Exp. 22470 C.P. Stella Jeannette Carvajal) la Sección precisó que la
Resolución 411.021.0169 del 4 de septiembre de 2009 no estableció el monto de la contribución a cargo de cada predio, pues
dicha información se remitió al anexo II, documento que no obró en el expediente. No obstante, a partir del dictamen pericial, que
incorporó las liquidaciones remitidas por la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Cali, se constató que las liquidaciones
no identificaron factores de ponderación como el tipo de predio, el estrato o el área, ni la absorción del monto distribuible, previstos
en la normativa aplicable. Además, aunque se incluyeron algunos factores numéricos, no se explicó la operación aritmética que
justificara los resultados ni se evidenció el cálculo del área virtual anunciado en el acto administrativo, e incluso se emplearon
factores adicionales no descritos en la resolución.
En sentencia del 29 de octubre de 2020 (Exp. 24615 C.P. Stella Jeannette Carvajal) la Sección consideró que los actos
administrativos que liquidaron la contribución de valorización no identificaron la categoría del predio ni los factores de ponderación
aplicables conforme al Acuerdo 241 de 2008, ni explicaron los métodos de distribución ni la operación aritmética que justificara el
monto asignado a cada inmueble. Asimismo, precisó que la memoria técnica allegada por la administración contenía información
general y abstracta, que no permitía individualizar los factores aplicables a los predios gravados ni hacía parte integral de los
actos acusados.
Y en sentencia del 29 de agosto de 2019 (Exp. 21695 C.P. Julio Roberto Piza) la Sección señaló que, aunque la Resolución
411.0.21.0169 de 2009 indicó que la distribución de la contribución se realizaría mediante áreas y factores, conforme al Estatuto
de Valorización y al Acuerdo 241 de 2008, no explicó los métodos ni los factores aplicados para individualizar el tributo en cada
predio. Tampoco describió la operación aritmética que justificara los valores asignados ni relacionó dichos factores con los
inmuebles de la demandante. Además, la memoria técnica allegada por la administración contenía información general y no
permitió individualizar los factores aplicables a cada predio. Por ello, la Sala concluyó que los actos administrativos carecieron de
motivación suficiente para sustentar la liquidación individual de la contribución y garantizar el ejercicio del derecho de defensa de
la contribuyente.
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contribución de valorización por beneficio general, también discutidos en este proceso.
Sobre el tributo en discusión, el artículo 3º de la Ley 25 de 1921 estableció el impuesto
directo de valorización como un gravamen sobre los predios beneficiados con obras
de interés público local, destinado a financiar dichas obras y tasado según el beneficio
obtenido. Posteriormente, el Decreto Legislativo 868 de 195617, reguló la valorización
como un sistema fiscal para financiar planes de obras bajo el concepto de beneficio
general, cuya distribución podía atender a la capacidad económica de la tierra
mediante coeficientes aplicables a zonas de similar valor. Finalmente, el artículo 1º del
Decreto Legislativo 1604 de 196618, amplió la aplicación del gravamen a toda clase de
obras públicas ejecutadas por entidades estatales y sustituyó la denominación de
impuesto por la de contribución de valorización, acorde con la naturaleza del tributo.
En el caso del municipio de Santiago de Cali, a través del Acuerdo 178 de 200619 se
definió la contribución de valorización como el gravamen real obligatorio “destinado a
la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone
a los propietarios o poseedores de aquellos inmuebles que se beneficien con la
ejecución de las mismas”.
Posteriormente, dicha disposición fue adicionada y modificada por los Acuerdos 190
de 2006, 241 de 2008 y 261 de 2009, en estos se precisó que el beneficio se debe
entender “en su concepto más amplio y general, sin limitarlo al de mayor valor o
plusvalía y sin calificarlo necesariamente con una connotación económica”. En ese
marco, la contribución de valorización en el Municipio de Santiago de Cali puede
aplicarse por beneficio directo o local, cuando se trata de una obra pública puntual o
de un conjunto de obras con continuidad espacial y geográfica, o por beneficio general,
cuando se ejecuta un conjunto de obras ubicadas en distintos lugares del territorio
municipal que, por su localización y significado urbano, generan beneficio para toda la
ciudad.
Según los artículos 4 y 5 del Acuerdo 178 de 2006, la base de la contribución de
valorización corresponde al costo de la obra dentro de los límites del beneficio que
esta produzca, lo cual comprende las inversiones necesarias para su ejecución, un
porcentaje prudencial por imprevistos y hasta un 30% adicional por gastos de
distribución o recaudo. Para su distribución se toma como referencia el área de los
predios ubicados dentro de la zona de influencia del beneficio; y, cuando se trate de
valorización por beneficio general, dicha zona puede comprender la totalidad del área
urbana y la totalidad o parte del área suburbana o rural beneficiada.
El Estatuto de Valorización del municipio establece, entre otros aspectos, el
procedimiento para decretar, distribuir y asignar la contribución de valorización.
En lo que respecta al decreto, la realización de una obra, plan o conjunto de obras
financiadas mediante el sistema de valorización debe estar prevista en el Plan de
Desarrollo y en armonía con el POT, y antes del decreto de la obra, la administración
municipal debe realizar estudios de factibilidad técnicos, económicos, sociales y
ambientales, determinar la posible zona de influencia de la obra y elaborar el censo de
los inmuebles ubicados en dicha área, con su identificación catastral, dirección, áreas
y propietarios o poseedores. Con base en estos requisitos, el Concejo Municipal, a
iniciativa del alcalde, expide el acuerdo que ordena la obra o plan de obras y fija los
17
Adoptado como legislación permanente por la Ley 141 de 1961
18
Incorporado a la legislación permanente por la Ley 48 de 1968 y reiterado en el artículo 234 del Decreto 1333 de 1986,
19
Estatuto de Valorización del municipio de Santiago de Cali
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elementos del tributo.
La distribución corresponde al proceso mediante el cual la administración determina el
costo de la obra, plan o conjunto de obras, el monto total distribuible, el método de
reparto y las condiciones de pago de la contribución, previa elaboración de los
proyectos, identificación de los predios beneficiados y designación de representantes
de los propietarios.
El monto distribuible se calcula con base en el presupuesto total de la obra, que incluye
estudios, diseños, ejecución, financiación, adquisición de inmuebles, indemnizaciones,
interventorías, obras complementarias y demás gastos necesarios hasta su
terminación, adicionados con un porcentaje prudencial por imprevistos y hasta un 30%
adicional destinado a gastos de distribución y recaudo.
Para este proceso, el estatuto distingue entre métodos para determinar el beneficio
económico, como el doble avalúo para toda o parte de la zona, el método de analogía
y el doble avalúo simple; y métodos de distribución de la contribución, entre los cuales
se encuentran las zonas, áreas, frente, avalúos o factores de beneficio, que pueden
aplicarse de forma individual o combinada según las características de la obra y de los
predios beneficiados. La Secretaría de Infraestructura y Valorización debe conservar
la memoria de la distribución con la fundamentación legal, la delimitación de las zonas
beneficiadas y las operaciones de cálculo utilizadas.
Una vez surtidas las etapas anteriores y resueltas las objeciones formuladas por los
representantes de los propietarios, corresponde al alcalde del municipio expedir una
resolución motivada mediante la cual se aprueba la distribución y asignación individual
de la contribución de valorización. Sobre este acto, la Sección20 ha dicho:
Siguiendo estos lineamientos, la Administración, al momento de distribuir y asignar la
contribución de valorización, debe observar las pautas que prevé el artículo 55 del Estatuto
de Valorización. De acuerdo con esa norma, la imposición del tributo exige que la
resolución sea motivada, de tal forma que se incluyan estos aspectos:
(i) Constancia del trámite administrativo cumplido respecto del acto que autorizó la
contribución, el aviso de convocatoria de los propietarios o poseedores de los inmuebles
afectos al gravamen, para su intervención. Igualmente, la elección de los representantes
de estos y su participación en las etapas de formación del monto total distribuible, los
estudios técnicos para establecer el beneficio, el proyecto de liquidación de las
contribuciones, las objeciones de los representantes a dicha liquidación y las respectivas
decisiones.
(ii) En la parte considerativa, el resumen del presupuesto o cuadro de costos de la obra. El
monto total distribuible aprobado y, en síntesis, el método de distribución para la liquidación
de la contribución.
(iii) La distribución de la contribución de valorización se aprobará según los cuadros o
listados anexos a la resolución, pero estos deberán contener: nombre de los propietarios,
direcciones de los inmuebles, identificación catastral y/o folio de matrícula inmobiliaria,
cabida del predio o medida del frente, según sea el caso, y la contribución de valorización
que corresponda a cada predio. Se debe aclarar que los anexos hacen parte integral de la
resolución y también se deberá indicar las formas de pago y los intereses que se causen.
(iv) Los recursos procedentes.
Según esas directrices, la motivación de los actos administrativos que determinan la
contribución de valorización exige a la autoridad tributaria incluir todos los anteriores datos
20
Sentencia del 29 de agosto de 2019 Exp. 21695 C.P. Julio Roberto Piza.
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que servirán para sustentar los factores que, una vez aplicados, individualizarán el tributo
a cargo.
Desde luego, la complejidad para establecer la equivalencia entre el costo y el beneficio de
este tributo hace que los contribuyentes participen desde la aprobación del presupuesto de
la obra hasta el procedimiento de distribución y asignación de la contribución y, no obstante
de esa intervención preliminar, la normativa local también estableció que en los actos
definitivos que individualizan el tributo también se informe todas las actuaciones que los
antecedieron.
Sin perjuicio del artículo 55 del Estatuto de Valorización, la Sala advierte que los actos que
liquidan tributos, además de los datos previstos taxativamente en las normas que los
regulan, también deben discriminar el período del tributo o el momento de su causación, el
nombre del contribuyente, la explicación suficiente de las razones de hecho y de derecho
que fundamenten la expedición de los actos y las bases de cuantificación, a efectos de que
se brinden los criterios que tuvo en cuenta la autoridad fiscal al momento de determinar la
obligación tributaria. A este respecto, la Sala ha tenido la oportunidad de insistir en que el
acto que distribuye y asigna la contribución de valorización debe explicar los criterios
numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el tributo (sentencia del 30 de mayo de 2019,
exp. 23063, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
En suma, se colige que en la parte considerativa del acto debe dejarse constancia del
trámite administrativo adelantado, desde el acuerdo del Concejo que decretó la obra y
el cobro de la contribución, hasta la intervención de los propietarios, los estudios de
beneficio, el proyecto de liquidación, las objeciones presentadas y las decisiones
adoptadas por la administración. Asimismo, debe incluirse un resumen del
presupuesto o cuadro de costos de la obra, el monto total distribuible y la explicación
del método utilizado para la liquidación y distribución de las contribuciones, con
indicación de las bases de cuantificación y de los criterios numéricos empleados para
determinar la obligación tributaria. En la parte resolutiva se aprueba la distribución
mediante cuadros o listados anexos que identifican los predios y sus propietarios o
poseedores, la información catastral o matrícula inmobiliaria, el área o frente del
inmueble y el valor de la contribución asignada, así como las formas de pago, los
intereses aplicables y los recursos procedentes.
En consonancia con esas disposiciones, el municipio demandado expidió el Acuerdo
241 de 2008, mediante el cual estableció el cobro de la contribución de valorización
por beneficio general para financiar el plan de obras previsto en el Plan de Desarrollo
2008-2011, y fijó en $800.000.000.000 el monto total distribuible. El acuerdo dispuso
que el valor a cargo de cada predio se determinaría mediante un método de
distribución que tendría en cuenta, entre otros factores, el área del inmueble, el
beneficio general relativo, la estratificación socioeconómica y la capacidad económica,
con factores de ponderación diferenciados según el estrato y la categoría del predio
(residencial, comercial, industrial, institucional, lotes y suburbanos o rurales).
Asimismo, estableció porcentajes máximos de absorción del monto distribuible para
cada categoría de inmueble.
En el caso sub examine, el municipio de Santiago de Cali mediante la Resolución
411210169 del 4 de septiembre de 200921, corregida por la Resolución 4110210191
del 12 de septiembre de 200922, fijó el presupuesto del plan de obras23, aprobó la
21
“Por medio de la cual se fija el presupuesto y se aprueba la distribución y asignación individual de la contribución de valorización
por beneficio general para la construcción de un plan de obras autorizado mediante Acuerdo 0241 del 2008, modificado por el
Acuerdo 0261 de 2009”
22
La cual resolvió: “Corregir el artículo primero de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009, en mención,
estableciendo que el texto que prosigue al cuadro que fija el presupuesto del Plan de Obras aprobado en el Acuerdo 024 de 2008,
quedará así: $822.409.848.857.10, a cargo del cobro por valorización indexado al año 2009 y $137.899.818.152.84 para redes
húmedas y secas en convenio con Emcali”
23
Aprobado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 0241 del 2008
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distribución y asignación individual de las contribuciones de valorización, estableció
las formas de pago y el descuento por pronto pago, dispuso comunicar la decisión al
Registrador de Instrumentos Públicos del Circuito de Cali, indicó los recursos
procedentes contra el acto y ordenó su notificación de conformidad con los artículos
59 del Acuerdo 0178 de 2006 y 43, 44 y 45 del CCA.
Estos actos administrativos señalaron las normas que fundamentaron la imposición de
la contribución, el monto del presupuesto aprobado y la convocatoria a los propietarios
y poseedores de los inmuebles ubicados en la zona de influencia para su participación
en el proceso de distribución. Asimismo, conforme con la actualización realizada en
2009, se estableció que el monto total distribuible ascendía a $869.920.000.000, el
cual sería distribuido entre los predios ubicados en la zona urbana y en la zona
beneficiada de la parte rural incluida en el estudio de distribución, de conformidad con
el Anexo I.
Además, se precisó que: «para lograr una distribución justa y equitativa se utilizó la metodología
de las áreas y factores de la siguiente manera: para la absorción del beneficio por parte de los predios,
se usó como factor inicial el área de cada inmueble ponderada por sus factores respectivos, con base
en la clasificación existente que define los predios en: residenciales, comerciales, institucionales,
industriales y lotes». En ese marco, el monto total distribuible se repartió entre los predios
beneficiados, calculando para cada uno un área virtual resultante de aplicar factores
de ponderación al área real del inmueble según su destino económico, cuya
distribución individual quedó contenida en el Anexo II de la resolución.
Las sociedades demandantes interpusieron recurso de reposición frente a la
contribución de valorización impuesta respecto de los predios identificados con las
matrículas inmobiliarias 370-787283 y 370-99196, y con los folios J091305040901 y
J038600050000, respectivamente. Sin embargo, esta fue confirmada expresamente a
través de la Resolución 33759 del 17 de marzo de 2010 y el acto ficto negativo.
Análisis del caso concreto - falta de motivación
La entidad demandada cuestiona la conclusión del Tribunal según la cual los actos
administrativos demandados carecen de motivación suficiente. En particular, sostiene
que la sentencia parte de una premisa equivocada al considerar que no se evaluaron
los predios dentro de una zona de influencia, pues la contribución fue establecida bajo
el criterio de beneficio general, de modo que el área de influencia correspondía a la
totalidad del área urbana del municipio.
Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, el Tribunal reconoció que la contribución
de valorización fue decretada bajo el supuesto de un beneficio general. Sin embargo,
señaló que, aunque se partió de ese criterio, las obras que integran el plan financiado
con la contribución se encuentran localizadas en distintos sectores de la ciudad,
circunstancia que necesariamente debe reflejarse en la determinación de las tarifas
que corresponden a los contribuyentes.
En ese contexto, conviene precisar que el debate del presente asunto no se centra en
la existencia o extensión de la zona de influencia, pues el propio Estatuto de
Valorización del municipio de Santiago de Cali prevé que, tratándose de contribuciones
por beneficio general, dicha zona puede comprender la totalidad del área urbana.
En efecto, los artículos 28 y 29 del Estatuto de Valorización del municipio definen la
zona de influencia como el área territorial conformada por los predios que reciben el
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beneficio derivado de la ejecución de la obra o plan de obras, y disponen que la
contribución se liquidará sobre los predios ubicados dentro de dicha área. Asimismo,
establecen que la zona de influencia puede dividirse en sectores con fundamento en
el número de predios beneficiados, el monto de las contribuciones o en razones de
orden técnico, económico o ambiental que hagan aconsejable dicha división.
De estas disposiciones se desprende que, aun cuando la contribución se fundamente
en un beneficio general que abarque la totalidad del área urbana, la delimitación o
sectorización de la zona de influencia cumple una función relevante dentro del proceso
de liquidación del tributo, en la medida en que permite identificar y ponderar factores
técnicos que inciden en el método de distribución de la contribución.
Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la entidad apelante, la referencia que hizo el
Tribunal a la localización de las obras y a la distribución territorial del beneficio no
implicó desconocer la naturaleza general del gravamen, sino poner de presente que
tales elementos resultan relevantes para explicar la forma en que se aplicaron los
criterios de distribución del tributo.
En ese sentido, la Sala advierte que el problema identificado en la sentencia de primera
instancia no radica en la definición de la zona de influencia del tributo ni en el carácter
general del beneficio, sino en la insuficiente explicación de los parámetros y factores
que integran el método de distribución utilizado para determinar la contribución
individual a cargo de los predios de las sociedades demandantes.
Así las cosas, y en cuanto a los conceptos de “sistemas y métodos” para la contribución
de valorización, «se ha entendido por parte de la jurisprudencia, con base en una interpretación
coherente de la normatividad constitucional y la finalidad del precepto superior (art. 338), que los
“métodos” son pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia
en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa,
y “los sistemas”, como las formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de
los distintos factores que convergen en dicha determinación, es decir son directrices que obligan a la
autoridad administrativa encargada de fijar la tarifa, y constituyen a la vez una garantía del contribuyente
frente a la administración»24.
Por tanto y como se expuso en el marco jurídico de esta providencia y se ha reiterado
en los pronunciamientos de esta Sección, los actos administrativos que distribuyen y
asignan la contribución de valorización deben exponer de manera clara los criterios
técnicos y los factores numéricos que permiten determinar el valor del tributo para cada
predio, así como la forma en que dichos factores fueron aplicados en el caso concreto.
En el presente caso, la Administración no explicó ni relacionó los factores
correspondientes a los métodos de distribución empleados para determinar la
contribución liquidada respecto de los inmuebles de las sociedades demandantes. En
efecto, los factores previstos en la normativa local no fueron desarrollados en las
resoluciones acusadas, ni se expuso la operación aritmética que permitiera verificar la
forma en que se obtuvieron los valores de la contribución impuesta, atendiendo a las
particularidades de cada inmueble. Esto resulta relevante si se considera que tampoco
se acreditó haber puesto en conocimiento de las demandantes el contenido de los
Anexos I y II, en los cuales la entidad afirma haber consignado dicha información, tal
como lo exige el artículo 17 del Acuerdo 241 de 200825,.
24
Sentencia del 23 de junio de 2005, Exp. 14365, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa. Reiterada en Sentencia del 30 de mayo de
2019 Exp. 23063 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
25
El artículo el artículo 17 del Acuerdo 241 del 8 de septiembre de 2008 fijó la fórmula para determinar la cuantía de la contribución,
teniendo en cuenta para el efecto al producto del área factor de cada predio por el factor de conversión así:
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Aunado a esto, si bien la memoria técnica allegada por la entidad demandada26
analiza, para cada categoría de inmuebles, los factores que inciden en la
determinación del tributo, dicha información es de carácter general y abstracto, en la
medida en que describe el esquema metodológico adoptado para la distribución del
monto total distribuible, pero no establece una correlación verificable entre esos
factores y la liquidación efectuada respecto de los predios de las sociedades
demandantes, ni permite individualizar los criterios específicos que sustentaron el valor
asignado a cada uno de ellos.
Igual situación se presenta respecto de la Resolución 33759 del 17 de marzo de 2010,
en la cual la entidad demandada se limitó a reiterar los argumentos expuestos en los
actos previamente citados y a invocar la normativa local aplicable, concluyendo que el
beneficio derivado de las obras era de carácter general, sin precisar con la debida
suficiencia el método implementado para la determinación de la contribución.
En suma, los actos demandados no expusieron de manera suficiente los criterios
técnicos y numéricos utilizados para determinar la contribución individual a cargo de
las sociedades demandantes, pues no explicaron los factores aplicados ni la operación
de cálculo que condujo al valor asignado a cada predio.
Esta omisión desconoce el deber de motivación previsto en los artículos 35 y 59 del
Código Contencioso Administrativo, en la medida en que impide conocer las razones
de hecho y de derecho que sustentan la determinación del tributo y limita el ejercicio
del derecho de defensa y contradicción de las contribuyentes.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación formulado por la entidad demandada.
Devolución del pago
En relación con el argumento de la parte demandante según el cual el a quo debió
ordenar la devolución de las sumas pagadas por concepto de la contribución de
valorización como consecuencia de la nulidad de los actos, la Sala advierte que de
conformidad con el principio de congruencia de la sentencia ( artículo 305 del CPC), el
juez debe decidir el litigio en armonía con los hechos, las pretensiones y las
excepciones planteadas por las partes dentro del proceso. En efecto, este principio
constituye una garantía del debido proceso, en cuanto asegura que el juez se
pronuncie únicamente sobre lo debatido en el proceso y que no profiera decisiones
sobre asuntos no solicitados por las partes o concediendo más de lo pedido 27.
Ahora bien, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho rige además el
principio dispositivo o de justicia rogada, según el cual corresponde al demandante
determinar el alcance del litigio mediante la formulación de sus pretensiones. En este
contexto, el juez contencioso administrativo debe ceñir su decisión a lo solicitado en la
demanda, sin que le sea dado reconocer oficiosamente un restablecimiento del
derecho que no fue reclamado. Sobre el particular, la Sección ha reiterado que una
Contribución= área factor x factor de conversión. En el mismo sentido, la reiterada sentencia del 29 de agosto de 2019, Exp.
21695, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Ci= Ai F bi [𝑀𝑛Σ Ai Fbi]
26
Índice 114 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf)
NroActua 114. Páginas 61 a 79
27
Sentencia de 3 de agosto de 2016, exp. 20865, CP Martha Teresa Briceño de Valencia. En igual sentido pueden consultarse
las sentencias del 16 de septiembre del 2010, exp. 16605, CP Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 30 de agosto de 2017, exp.
20778, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 30 de julio de 2020, Exp. 24179, CP Milton Chaves García y del 9 de abril de
2025, exp. 29498, CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
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sentencia que otorgue efectos o declaraciones no solicitadas vulnera el derecho de
defensa de la contraparte, y el principio de congruencia de la sentencia, configurando
una decisión extra petita28.
En el caso concreto, la Sala observa que las sociedades demandantes no solicitaron
dentro de las pretensiones de la demanda la devolución de las sumas pagadas por
concepto de la contribución de valorización, ni formularon una pretensión expresa de
restablecimiento del derecho en ese sentido. En consecuencia, el tribunal de primera
instancia no estaba habilitado para ordenar dicha devolución, pues hacerlo habría
implicado reconocer un restablecimiento no pedido y, por ende, proferir una decisión
extra petita, en contravención de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento
Civil —aplicables por remisión del artículo 267 del CCA—.
Así las cosas, se advierte que el a quo no incurrió en omisión alguna al no ordenar la
devolución de los valores pagados, puesto que su decisión se limitó a resolver las
pretensiones efectivamente formuladas en la demanda. En consecuencia, el cargo de
apelación no está llamado a prosperar29.
Condena en costas
No se realizará pronunciamiento sobre a la primera instancia, dado que no fue apelada
la decisión del tribunal de no imponerlas. Para la segunda instancia, se debe tener en
cuenta que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo establece que la
condena deberá tener en cuenta «la conducta asumida por las partes». En este caso,
no se observa que la demandante haya actuado de mala fe ni de forma temeraria, de
modo que no se impondrá condena en costas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 25 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
2. Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
28
Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 20865, CP Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver sentencias
del 16 de septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 30 de agosto de 2017, exp. 20778,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 CP Milton Chaves García,
del 14 de julio de 2022, exp. 26024, CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 9 de abril de 2025, exp. 29498, CP Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, entre otras.
29
Sin perjuicio del análisis de la Sala, se precisa que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que determinaron la
obligación tributaria acá discutida, comporta la desaparición de su fundamento jurídico, por lo que la presente decisión habilita a
las demandantes para acudir a la administración en procura del restablecimiento de su situación jurídica, en los términos de la
normativa aplicable, sin que ello implique el reconocimiento oficioso de un restablecimiento del derecho no solicitado en la
demanda ni torne inane la presente decisión.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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