Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Derecho a la negociación colectiva de empleados públicos: improcedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2010-01320-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de julio de 2021
DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS – Improcedencia / EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI - Naturaleza jurídica de sus empleados
[E]l Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996, mediante el cual EMCALI se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal (artículo 4º), a partir del 1 de enero de 1997. Ello quiere decir que, desde ese momento, como regla general, la naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de trabajadores oficiales, salvo los cargos con funciones de dirección o confianza desempeñados por empleados públicos. El artículo 41 de la Ley 142 de 1994 puntualizó que aquellas personas que prestaran sus servicios en empresas que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ídem, y se transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirían por lo establecido en el artículo 5º del mencionado Decreto Ley 3135 de 1968, esto es, se considerarían trabajadores oficiales. En ese sentido, es claro que antes de la aludida transformación, los servidores de EMCALI eran considerados empleados públicos, dada la naturaleza de establecimiento público descentralizado de la entidad. En el caso del señor César Augusto Carabalí Sánchez, el reconocimiento de la pensión de jubilación se llevó a cabo a través de la Resolución 1053 de 28 de marzo de 1996, previo a la transformación de EMCALI de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado; es decir, que la naturaleza jurídica de la vinculación era legal y reglamentaria en calidad de empleado público, sometido al régimen de derecho público, sin posibilidad legal de negociar sus condiciones laborales, ni beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales a quienes les es aplicable, en el aspecto colectivo, el Código Sustantivo de Trabajo.
FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 41 / DECRETO LEY 3135 DE 1968 / DECRETO 2663 DE 1950
DERECHO PENSIONAL OTORGADO A TRABAJADOR DE EMCALI CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES DE ORDEN TERRITORIAL – Procedente hasta el 30 de junio de 1997 / CONVALIDACIÓN - Vigencia
[S]i bien desapareció del ordenamiento jurídico la disposición territorial que hizo extensivos a los empleados públicos de EMCALI, los beneficios extralegales existentes en la entidad, lo que generaría, en principio, el decaimiento de la resolución que reconoció la pensión de jubilación del accionado; no puede perderse de vista que los actos de reconocimiento pensional fundados en la Resolución 104 de 1983, proferidos antes de que dicha disposición fuera declarada nula, se mantuvieron en la vida jurídica, en virtud de la garantía prevista artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional. (…) [L]a situación jurídica de carácter individual frente a la pensión de jubilación del señor Carabalí Sánchez, quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en disposiciones del orden territorial, dado que fue concedida el 28 de marzo de 1996, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, así como los establecidos por la convención colectiva vigente para la época (…). [P]ese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor César Augusto Carabalí Sánchez, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo y antes de proferirse la sentencia a través de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983. NOTA DE RELATORIA: Referente a una de las excepciones al derecho a la negociación colectiva a que hace referencia el artículo 55 constitucional, que es el caso de los empleados públicos, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 1994. En cuanto a la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliego de condiciones, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-1235 de 2005. Frente a los efectos de la nulidad de la Resolución Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977 frente a las pensiones de jubilación reconocidas a los empleados públicos de EMCALI, ver C. de E, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de febrero de 2015, Rad. 3787-13.En relación a la declaratoria de nulidad del ordinal 3º del artículo 4° de la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, ver: C. de E, Sentencia de 2 de octubre de 1996, Rad. 11697, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 3135 DE 1968 / DECRETO 1848 DE 1969 / LEY 142 DE 1994 / LEY 4 DE 1992 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 150 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 48 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 146 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 45
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01320-02(5979-19)
Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E E.S.P
Demandado: CÉSAR AUGUSTO CARABALÍ SÁNCHEZ
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: Convalidación de pensión convencional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por parte de Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 85 del Código de Contencioso Administrativo, Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-. formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996, emitida por el gerente administrativo y el departamento de relaciones laborales de Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, por medio de la cual se reconoció al señor César Augusto Carabalí Sánchez una pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar la reliquidación, el pago y el reintegro a favor de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996, y; ii) condenar al demandado a la devolución de los valores que le fueron pagados con ocasión al reconocimiento realizado en el acto administrativo demandado, desde su firmeza hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que se profiera, en los términos del artículo 178 del C.C.A.
1.1.2. La solicitud de medida cautelar
La entidad demandante interpuso solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996, emitida por el gerente general de Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-
El 3 de septiembre de 2010 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió auto mediante el cual se negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto referido, y el 17 de marzo de 2011 esta Corporación, mediante auto de radicado N.º 76001-2331-000-2010-01320-01, confirmó el numeral 2.º de la providencia de 3 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la suspensión provisional solicitada.
1.1.3. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad demandante señaló los siguientes:
i) El señor César Augusto Carabalí Sánchez se vinculó a las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P., el 30 de mayo de 1968, y ocupó como último cargo el de auxiliar de ingeniería I, categoría 073, código 021.005, code 18100620, sección interventoría equipos, departamento interventoría, gerencia de teléfonos.
ii) El Sindicato de Trabajadores SINTRAEMCALI y la entidad EMCALI celebraron la Convención Colectiva de Trabajo 1995.
iii) El 30 de noviembre de 1995, a través de la Resolución N.º 6283 expedida por las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P., se aceptó la renuncia del señor Carabalí Sánchez, en el cargo de auxiliar de ingeniería I, categoría 073, código 021,005, code 18100620, sección interventoría equipos, departamento interventoría, gerencia de teléfonos.
iv) El 28 de marzo de 1996 el gerente general de Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, expidió la Resolución N.º 1053, mediante la cual se reconoció pensión de jubilación al demandado, en cuantía de $1.759.000, tras acreditar más de 20 años de servicios, 50 años de edad y con una tasa de reemplazo del 90% del promedio de los salarios y primas devengadas en el último año de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la convención colectiva vigente y con la Resolución 0104 de 4 de octubre de 1983 la cual fue declarada nula por orden judicial.
1.1.4. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 48; 83 y 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 3, 4, 414, 416 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso los siguientes argumentos:
i) El acto censurado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, en la medida en que al reconocerse la pensión de jubilación las normas jurídicas aplicables eran las Leyes 33 y 62 de 1985, y no como erróneamente lo hizo la administración al extender beneficios superiores consagrados en la convención colectiva de trabajo 1995.
En este sentido, la naturaleza jurídica de EMCALI a partir del 1.º de enero de 1997, es de empresa industrial y comercial del Estado del Municipio, así, de acuerdo con el Decreto 3135 de 1968 la regla general es que quienes presten sus servicios en ministerios, departamentos administrativos, superintendencias o establecimientos públicos son servidores públicos, salvo quienes laboren en la construcción y sostenimiento de obras públicas; así mismo, estableció como premisa general que quienes presten sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado ostentan la categoría de trabajadores oficiales como regla general, de manera que la entidad infundadamente se atribuyó funciones que por mandato de la Constitución le corresponden al legislador, al otorgar beneficios superiores al momento de realizar el reconocimiento del derecho pensional, contrariando el principio de universalidad, unidad e integración que inspiran la seguridad social.
ii) La Resolución N.º 104 de 1983, expedida por Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, que sirvió como fundamento jurídico para la expedición del acto administrativo reprochado, es contraria a la Constitución Política y a la ley, razón por la cual el Consejo de Estado declaró su nulidad.
iii) El demandado no obró de conformidad al principio de buena fe, toda vez que se benefició de la decisión tomada por Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P., a través del acto censurado, el cual es contrario a la Constitución Política y a la ley.
1.2. Contestación de la demanda
El señor César Augusto Carabalí Sánchez, por intermedio de curador ad litem designado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
i) El señor César Augusto Carabalí Sánchez laboró con EMCALI E.I.C.E E.S.P., desde el 30 de mayo de 1968 hasta el 30 de noviembre de 1995, esto es, por un periodo de 27 años, 7 meses y 15 días; y ocupó como último cargo el de auxiliar de ingeniería I, categoría 073, código 021,005, code 18100620, sección interventoría equipos, departamento interventoría, gerencia de teléfonos.
ii) El 14 de octubre de 1983, la Junta Directiva de EMCALI expidió la Resolución N.º 104, por medio de la cual se hicieron extensivos los efectos de la convención colectiva a los empleados públicos de EMCALI.
El artículo 4 de la Resolución N.º 104 de 14 de octubre de 1983, creó un régimen más favorable a los servidores públicos de EMCALI, en cuanto al porcentaje de la prestación, «pues los requisitos de edad y tiempo de servicios los remitió a la ley que en cada caso fuere aplicable».
iii) El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en las disposiciones de orden territorial y en ese sentido protegió las situaciones jurídicas que se definieron con anticipación al 30 de junio de 1997.
Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C 410 de 1997 señaló que las situaciones que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997, quedaron protegidas.
iv) Si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución N.º 104 de 14 de octubre de 1983, mediante sentencia de sentencia de 2 de octubre de 1996, los efectos jurídicos de dicha nulidad no pueden afectar la situación del demandado habida cuenta que consolidó su derecho pensional antes de le expedición de la referida providencia.
v) Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2011 el Consejo de Estado sostuvo que la convalidación consagrada en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, también se predica respecto de las convenciones colectivas aplicadas a empleados públicos. Por lo tanto, se reconoce la validez de las disposiciones normativas territoriales sobre reconocimientos pensionales, incluidas las originadas en convenciones colectivas.
vi) Los argumentos del demandante, adicionalmente, carecen de veracidad pues se encuentran acreditadas las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, ineptitud sustantiva de la demanda, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 a su fecha de entrada en vigencia en el sector territorial, 30 de junio de 1995, dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas bajo el amparo de la legislación preexistente y aquellas que cumplieran los requisitos exigidos en disposiciones municipales o departamentales a la vigencia de dicho cuerpo normativo no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en vigencia de la nueva ley.
ii) La Corte Constitucional mediante sentencia C410 de 1997 realizó el estudio de del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y lo declaró ajustado a la Constitución a excepción del aparte «o cumplan dentro de los dos años siguientes». Por lo anterior, los servidores públicos que hubieren consolidado su situación jurídica pensional con anterioridad al 30 de junio de 1997, por los efectos de los fallos de constitucionalidad ex nunc, tienen derecho a que su pensión se pague o continúe pagando según las premisas de la norma de origen extralegal que sirvió de fundamento para adquirir el derecho.
iii) En cuanto a los efectos de la declaratoria de nulidad de la Resolución N.º 104 de 1983, expedida por EMCALI, contenida en la sentencia de 2 de octubre de 1996, el Consejo de Estado mediante providencia de 11 de febrero de 2015 señaló que «debe precisarse que al legalizar las pensiones atípicamente reconocidas, no aclaró el Legislador que algunos de los aspectos que involucran dichas pensiones quedaran al margen de los ordenamientos generales que eventualmente les resultaren aplicables, por el contrario la convalidación en comento se dio en integridad sin exclusión alguna respecto de los diferentes elementos de la pensión regulados también por las normas extralegales, tales como la edad, el tiempo de servicios, el monto y los factores base de liquidación pensional, razón por la que no es posible desmembrar el derecho reconocido y convalidado para examinar y restringir parte del mismo a la luz del régimen general que resultara aplicable.»
iv) En el acervo probatorio está acreditado que el señor Carabalí Sánchez prestó sus servicios a EMCALI por 27 años, esto es, desde el 30 de mayo de 1968 hasta el 30 de noviembre de 1995, y ocupando como último cargo el de auxiliar de ingeniería I. Así mismo, tuvo la calidad de empleado público porque durante este tiempo EMCALI era un establecimiento público.
Por su parte, el demandado nació el 20 de noviembre de 1945 y cumplió 50 años de edad el 20 de noviembre de 1995, de manera que el derecho a la pensión de jubilación le fue reconocido ajuste realizado a partir del 1.º de enero de 1996. Por lo tanto, sus derechos pensionales se consolidaron antes del 30 de junio de 1997 y, fueron reconocidos antes de la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución N.º 104 de 1983, expedida por EMCALI, la cual fue proferida el 2 de octubre de 1996.
En suma, el demandado si cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva suscrita por EMCALI y, en ese orden le es aplicable la prerrogativa del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, razón suficiente para afirmar que el acto enjuiciado goza de legalidad.
1.4. El recurso de apelación
Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE E.S.P., por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) El acto censurado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, en la medida en que al demandado no le era posible beneficiarse, en su calidad de empleado público de conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1968, de prebendas contenidas en la convención colectiva suscrita por EMCALI, pues la pensión de jubilación debió reconocerse de acuerdo con las Leyes 6 de 1945 y 33 de 1985.
ii) Los derechos pensionales reconocidos con fundamento en una convención colectiva, no se enmarcan dentro de los supuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el fundamento jurídico convencional en el cual se soportan, no tienen carácter de disposición territorial, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia de 27 de enero de 2011.
iii) El fundamento jurídico de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996 es la Resolución 0104 de 4 de octubre de 1983, la cual fue declarada nula por el Consejo de Estado, de modo que, el acto administrativo reprochado está inmerso en la causal descrita en el numeral 2.º del artículo 66 del C.C.A.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. Las partes demandante y demandada
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 632 de la Ley 1564 de 2012, las partes demandante y demandada guardaron silencio.
1.6. El ministerio público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si, de acuerdo a lo señalado en el escrito de apelación, con la expedición de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996, la entidad demandante vulneró la Ley 33 de 1985, al reconocer la pensión de jubilación al señor César Augusto Carabalí Sánchez, en su condición de empleado público, con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1995, suscrita entre la entidad demandante y su sindicato de trabajadores Sintraemcali. Es decir, si tras verificar el régimen pensional aplicable a la demandada, se incurrió en el vicio de nulidad denominado «infracción de las normas en que debía fundarse».
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Naturaleza jurídica de EMCALI y su régimen de personal
El Concejo Municipal de Cali, a través del Acuerdo 50 de 1961, constituyó a las Empresas Municipales de Cali- EMCALI, como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de asumir «la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las Empresas e instalaciones de propiedad del Municipio de Cali que constituyen el Acueducto Municipal, el Alcantarillado Municipal, la Empresa de Energía Eléctrica Municipal, el Empresa Telefónica Municipal, las Plazas de Mercado y de Ferias, y el Matadero Municipal.»
El Decreto Ley 3135 del 26 de diciembre de 1968 de manera general, estableció los criterios para determinar quiénes son servidores públicos y quienes trabajadores oficiales, al señalar:
Artículo 5º.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Texto subrayado declarado inexequible HYPERLINK "about:blank" \l "0" Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
Por su parte, el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, en el artículo 2º previó que los empleados públicos son las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales; mientras que en el artículo 3º definió que los trabajadores oficiales, son quienes laboran en las entidades referidas en el inciso 1º del artículo 1º de ese mismo decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas.
Posteriormente, la Ley 142 de 11 de julio de 1994, al determinar el régimen de los servicios públicos domiciliarios, dispuso en relación con las empresas que los prestan:
Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado.
Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta Ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta Ley.
En cumplimiento de lo anterior, el Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996, mediante el cual EMCALI se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal (artículo 4º), a partir del 1 de enero de 1997. Ello quiere decir que, desde ese momento, como regla general, la naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de trabajadores oficiales, salvo los cargos con funciones de dirección o confianza desempeñados por empleados públicos.
El artículo 41 de la Ley 142 de 1994 puntualizó que aquellas personas que prestaran sus servicios en empresas que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ídem, y se transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirían por lo establecido en el artículo 5º del mencionado Decreto Ley 3135 de 1968, esto es, se considerarían trabajadores oficiales.
En ese sentido, es claro que antes de la aludida transformación, los servidores de EMCALI eran considerados empleados públicos, dada la naturaleza de establecimiento público descentralizado de la entidad.
En el caso del señor César Augusto Carabalí Sánchez, el reconocimiento de la pensión de jubilación se llevó a cabo a través de la Resolución 1053 de 28 de marzo de 1996, previo a la transformación de EMCALI de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado; es decir, que la naturaleza jurídica de la vinculación era legal y reglamentaria en calidad de empleado público, sometido al régimen de derecho público, sin posibilidad legal de negociar sus condiciones laborales, ni beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales a quienes les es aplicable, en el aspecto colectivo, el Código Sustantivo de Trabajo.
Régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial
En vigencia de la Carta Política de 1886, el Acto Legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968, asignó al Congreso de la República la competencia exclusiva para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos y autorizó al presidente de la república para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional. A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen prestacional de los empleados del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley. Al respecto, señala el numeral 19, literal e) del artículo 150 superior:
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
...
e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
A su turno, la Ley 4.ª de 1992, dispone en sus artículos 10 y 12:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Se sigue de lo anterior que compete al Congreso de la República, dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; es decir que se presenta una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el Congreso de la República determina mediante la ley marco, los parámetros generales, conforme a los cuales, el Gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que las entidades del orden territorial carecen de competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
En cuanto al último aspecto mencionado, es del caso precisar que si bien el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dicha prerrogativa admite excepciones legales como la misma norma lo prevé. En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C 110 de 1994 consideró que una de las excepciones al derecho a la negociación colectiva a que hace referencia el referido artículo, es precisamente el caso de los empleados públicos, en virtud a la naturaleza legal y reglamentaria de su relación y a la trascendencia de su misión en la preservación de los intereses públicos.
Sobre el particular, manifestó lo siguiente:
La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa.
Posteriormente, en sentencia C 1235 de 2005 la Corte Constitucional señaló que la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no pugna con el orden constitucional, en tanto que el derecho a la negociación colectiva no se ciñe únicamente a la posibilidad de celebrar ese tipo de acuerdos, sino que comprende un mayor campo de acción a través de diversas figuras que sí pueden ser utilizadas por los empleados públicos. Adicionalmente, reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas para determinar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria y exhortó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el propósito de materializar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que comporta la naturaleza de su vinculación con el Estado (Convenios 151 y 154 de la OIT, adoptados como legislación por las leyes 411 de 1997 y 524 de 1998. Decreto 160 de 2014).
En todo caso, los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, ni tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas; lo que no quiere decir que estén impedidos para hacer uso de otros medios de concertación, voluntaria y libre, que les permitan participar en la toma de las decisiones que los afectan, sin trasgredir la facultad exclusiva que ostentan el Congreso de la República y el Gobierno nacional para fijar las condiciones salariales y prestacionales.
2.2.3. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
No obstante lo dicho con relación a la competencia privativa del Congreso de la República, compartida con el Gobierno nacional, para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior. Fue así como el legislador consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos.
En ese sentido, el artículo 146 de la ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas bajo el amparo de la legislación preexistente no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en vigencia de la nueva ley. Particularmente, el citado artículo, dejó a salvo las situaciones pensionales individuales definidas con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, en virtud de la intangibilidad de los derechos adquiridos. Al respecto, la aludida norma señala:
Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes) los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
Respecto a la constitucionalidad del artículo citado, se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia C 410 de 1997, en los siguientes términos:
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores».
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[...] Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, protegió los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímenes pensionales territoriales -con anterioridad a su vigencia-, pese a su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes previo a su entrada en rigor, cumplieran con los requisitos para pensionarse conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí determinadas.
La Sala considera importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las regulaciones de las convenciones colectivas de trabajo. En este sentido y para efectos de la convalidación de pensiones reconocidas con fundamento en aquellas, la Sala Plena de esta Sección sostuvo que las mismas se encuentran dentro de los supuestos establecidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues la convención colectiva que involucra a empleados públicos no puede ser tenida como un contrato, dado que aquellos no pueden regirse por estos instrumentos y tampoco pueden tener el carácter de una norma, en razón a que carece de las formalidades propias de una preceptiva, sin embargo, sí pueden ser tenidas como una disposición, puesto que lo que se buscó con ella fue dar protección y progresividad a los derechos de los trabajadores.
Sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, su artículo 151 estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995; en esas condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser respetadas. Sin embargo, el artículo 146 permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social en un aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia C 410 de 1997.
A pesar de lo anterior, esta Corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial. Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 2010:
[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.[…].
2.2.4. Efectos de la nulidad de la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia de 10 de febrero de 1995, declaró la nulidad de la Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977 y del numeral 3º del artículo 4.º de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983, ambas proferidas por EMCALI, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de octubre de 1996.
Posteriormente, esta Corporación en sentencia del 11 de febrero de 2015, se pronunció, concretamente, acerca de los efectos de dicha nulidad frente a las pensiones de jubilación reconocidas a los empleados públicos de EMCALI bajo el amparo de la aludida disposición territorial retirada del ordenamiento jurídico. Así, en razón a que en esa providencia se analizaron elementos jurídicos y fácticos análogos a los que son materia de litigio en este proceso, la Sala considera pertinente transcribir las consideraciones allí plasmadas:
[...] resulta claro que luego de quedar en firme la sentencia que declaró la nulidad del artículo 4.° numeral 3.° de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983 proferida por EMCALI, la disposición en que se fundaba el derecho desapareció del mundo jurídico, por lo que se reputa que tal previsión nunca existió.
Empero, no puede olvidarse el régimen de transición establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que dispuso el respeto a las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales, necesariamente cobijó aquellas situaciones similares en donde normas de orden territorial crearon condiciones especiales para acceder a la pensión de jubilación (por tiempo de servicio, edad y monto) apartándose de las competencias señaladas en la Constitución y en la ley.
Tales situaciones, fueron en su mayoría, contempladas por normas emitidas con falta de competencia de las entidades, situación que se configura en el sub lite, en donde la Junta Directiva de EMCALI señaló un tope pensional superior al contenido en el régimen pensional vigente. Para esos casos, es que el artículo 146 previó la convalidación en respeto de los derechos adquiridos, cuya aplicación se ha entendido, cobija aquellas situaciones configuradas hasta el 30 de junio de 1997, dependiendo de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 en las entidades territoriales.
Significa lo anterior que nos encontramos en un escenario en donde los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad de la Resolución 104 de 1983 se entrecruzan con los efectos protectores que quiso dar el legislador a través del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, situación que debe resolverse e interpretarse a la luz de los derechos fundamentales del accionado quien hoy cuenta con más de 69 años de edad, en tanto se discute su derecho a la seguridad social y al mínimo vital.
Como en reiteradas oportunidades se ha sostenido, esta determinación obedece a que el régimen jurídico de las nulidades respecto de los actos que reconocen pensiones ilegales, no puede compartir idénticas consecuencias con el esquema clásico de la nulidad, según el cual las cosas vuelven al estado anterior al de la expedición del acto retirado del ordenamiento jurídico, pues con una decisión semejante se pondrían en entredicho los derechos fundamentales señalados que encuentran abrigo por la Carta Política.
Fuerza concluir de lo anterior, que pese a que la Resolución 104 de 1983 fue declarada nula, es evidente que la situación pensional del actor ya había sido convalidada por el legislador atendiendo al artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que el reconocimiento pensional ocurrió el 22 de agosto de 1996, es decir antes de proferirse la sentencia del Consejo de Estado el 2 de octubre de 1996. En este sentido se convalidará la pensión pues el derecho se configuró antes del 30 de junio de 1997, pero también fue reconocido antes de emitirse el fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
Por ello, es viable considerar que los efectos jurídicos de los actos que reconocieron pensiones de jubilación con base en la Resolución 104 de 1983, proferidos antes de la declaratoria de nulidad de aquella, se mantuvieron en la vida jurídica por virtud de la Ley 100 de 1993, artículo 146.
En este orden de ideas y como quiera que la situación pensional del accionado se encontraba ya definida con antelación al pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se concluye que al demandado le asiste la garantía del respeto a sus derechos adquiridos.
Ahora bien, debe precisarse que al legalizar las pensiones atípicamente reconocidas, no aclaró el Legislador que algunos de los aspectos que involucran dichas pensiones quedaran al margen de los ordenamientos generales que eventualmente les resultaren aplicables, por el contrario la convalidación en comento se dio en integridad sin exclusión alguna respecto de los diferentes elementos de la pensión regulados también por las normas extralegales, tales como la edad, el tiempo de servicios, el monto y los factores base de liquidación pensional, razón por la que no es posible desmembrar el derecho reconocido y convalidado para examinar y restringir parte del mismo a la luz del régimen general que resultara aplicable.
Así las cosas, si bien desapareció del ordenamiento jurídico la disposición territorial que hizo extensivos a los empleados públicos de EMCALI, los beneficios extralegales existentes en la entidad, lo que generaría, en principio, el decaimiento de la resolución que reconoció la pensión de jubilación del accionado; no puede perderse de vista que los actos de reconocimiento pensional fundados en la Resolución 104 de 1983, proferidos antes de que dicha disposición fuera declarada nula, se mantuvieron en la vida jurídica, en virtud de la garantía prevista artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandado
El señor César Augusto Carabalí Sánchez prestó sus servicios a EMCALI desde el 30 de mayo de 1968 hasta el 30 de noviembre de 1995, desempeñando como último cargo el de auxiliar de ingeniería I, categoría 073, código 021.005, code 18100620, sección interventoría equipos, departamento interventoría, gerencia de teléfonos.
El 15 de noviembre de 1995 la entidad demandada aceptó la renuncia presentada por el señor Carabalí Sánchez, a partir del 30 de noviembre de 1995.
2.3.2. Sobre la actuación administrativa adelantada frente al reconocimiento de la pensión de jubilación
El 28 de marzo de 1996 el gerente general de Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, expidió la Resolución N.º 1053, mediante la cual se reconoció pensión de jubilación al demandado, en cuantía de $1.759.000, tras acreditar 20 años de servicios, 50 años de edad y con una tasa de reemplazo del 90% del promedio de los salarios y primas devengadas en el último año de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la convención colectiva vigente y con la Resolución 0104 de 4 de octubre de 1983.
En los considerandos de la resolución referida se sostuvo:
[…] Que según lo determinado por la Junta Directiva de EMCALI en Resolución No. 0104 de octubre 14 de 1983, numeral 3.° del artículo 4°., al personal de empleados públicos que cumpla los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos vigentes en EMCALI se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicio, lo cual de acuerdo con la liquidación de la cesantía y demás prestaciones sociales definitivas, arrojó el siguiente resultado:
SUELDOS $7.911.460
PRIMAS $8.678.404
HORAS EXTRAS $3.042.338
__________
$19.632.202
$19.632.202/12 = $1.636.017 x 90% = $1.472.415
$1.472.415 elevada a la cincuentena $1.472.450
Mesada Año 1996
$1.472.450 x 19.46% = $1.759.000 […]
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar que en el sub lite se encuentra demostrado que Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, mediante Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996 se reconoció pensión de jubilación al señor César Augusto Carabalí Sánchez, teniendo como fundamento la Resolución No. 0104 de octubre 14 de 1983, numeral 3.° del artículo 4°.
Ahora, la mencionada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, proferida por la Junta Directiva de EMCALI, «Por la cual se deroga la Resolución JD 100 de Octubre 3 de 1983 y se conceden unos beneficios extralegales a los Empleados Públicos de EMCALI», señaló:
ARTÍCULO CUARTO
Con retroactividad al 1.° de Enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los Empleados Públicos de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI:
[...]
3.- Al personal de Empleados Públicos que cumpla los requisitos establecidos por la Ley y los Reglamentos vigentes de EMCALI se pagará Jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el Empleado en el último año de servicios.
Del acervo probatorio allegado al proceso y con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial citado en precedencia, concluye la Sala que la situación jurídica de carácter individual frente a la pensión de jubilación del señor Carabalí Sánchez, quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en disposiciones del orden territorial, dado que fue concedida el 28 de marzo de 1996, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, así como los establecidos por la convención colectiva vigente para la época.
Como se aprecia, la situación particular del demandado se encuentra convalidada por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, según el cual dejó a salvo los derechos pensionales otorgados con fundamento en disposiciones de orden territorial, como la señalada en la Resolución 104 de 1983, que creó condiciones más favorables para acceder a la prestación, pese a la ilegalidad de su fuente normativa.
El ordinal 3º del artículo 4° de la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, fue demandada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Corporación que declaró su nulidad mediante sentencia de 10 de febrero de 1995, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia de 2 de octubre de 1996, expediente 11697, M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
En aquella oportunidad, se consideró que la competencia para crear o modificar prestaciones sociales de los servidores del Estado a nivel nacional, departamental o municipal, recaía solamente en el Congreso o el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias, para lo cual se fundamentó en anteriores pronunciamientos de la misma Corporación, por lo tanto se concluyó que varios actos fueron expedidos con falta de competencia por parte de la junta directiva, como los que establecían el pago de una mesada extra en el mes de diciembre a los jubilados de EMCALI y unas primas anuales de antigüedad y de continuidad, así como un tope para el reconocimiento de la pensión de jubilación del 90% del promedio de salarios y primas percibido en el último año, por ser emolumentos con carácter de prestación social.
En cuanto a los efectos que dicho pronunciamiento pueda tener sobre los derechos reconocidos en virtud del acto anulado, se recuerda que la Ley 100 de 1993 previó la protección de los derechos adquiridos de las personas que alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados al momento de su entrada en vigencia, protección que como se vio, se entiende extendida hasta el 30 de junio de 1997, motivo por el cual, los efectos de la nulidad del acto general no le son aplicables a los derechos pensionales consolidados con anterioridad, razón por la cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, tal y como lo consideró el a quo en la sentencia apelada.
Quiere decir lo anterior, que pese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor César Augusto Carabalí Sánchez, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo y antes de proferirse la sentencia a través de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
Sobre el asunto, esta Sala ante un caso similar al presente, en sentencia de 24 de octubre de 2019 sostuvo:
Como se aprecia, la situación particular del demandado se encuentra convalidada por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, según el cual dejó a salvo los derechos pensionales otorgados con fundamento en disposiciones de orden territorial, como la señalada en la Resolución 104 de 1983, que creó condiciones más favorables para acceder a la prestación, pese a la ilegalidad de su fuente normativa.
Desde luego, aunque la consecuencia de la nulidad es que las cosas vuelvan al estado anterior al de la expedición del acto retirado del ordenamiento jurídico, es preciso tener en cuenta que los actos que reconocen pensiones involucran derechos fundamentales amparados por la Carta Política, lo que implica que en este caso, deba darse prevalencia a los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del accionado que hoy cuenta con 77 años de edad.
Quiere decir lo anterior, que pese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Guillermo Gutiérrez Valencia, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida desde el 19 de abril de 1992, esto es, antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo y antes de proferirse la sentencia a través de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
Finalmente, la entidad demandante solicitó se revoque la sentencia proferida por el a quo, con el fin de que se ordene la devolución de los dineros pagados en exceso a la demandada. Al respecto, observa la Sala que no le asiste razón a la entidad demandante en solicitar la devolución de los dineros pagados a la demandada, pues al ser esta una pretensión accesoria a la súplica de nulidad del acto administrativo reprochado, no está llamada a prosperar porque ha quedado claro que la entidad demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Sala concluye que el acto administrativo demandado, expedido y acusado por Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, no vulnera las normas invocadas como quebrantadas, lo que conlleva a sostener que la presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, por lo cual se impone confirmar la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P.-, contra César Augusto Carabalí Sánchez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Folios 81 al 84 del cuaderno principal
Folios 85 al 88 del cuaderno principal
Folios 108 al 112 del cuaderno principal
Folios 153 al 159 del cuaderno 2
Folio 154 del cuaderno 2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 2 de octubre de 1996, dentro del proceso de radicado No. 11.697, declaró la nulidad del artículo 4.º, numerales 1 a 3 de la Resolución 0104 de 4 de octubre de 1983, proferida por la Junta Directiva de EMCALI.
Folios 185 al 191 del cuaderno 2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de febrero de 2015, radicado 76001233100020100130602 (3787-13)
Véase, Resolución N.º 1053 de 1996, folios 9 al 12 del cuaderno principal
Folios 192 al 202 del cuaderno 2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 2 de octubre de 1996, dentro del proceso de radicado No. 11.697, declaró la nulidad del artículo 4.º, numerales 1 a 3 de la Resolución 0104 de 4 de octubre de 1983, proferida por la Junta Directiva de EMCALI.
Constancia secretarial Folio 222 del cuaderno 2
Constancia secretarial Folio 222 del cuaderno 2
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
Texto subrayado declarado exequible en la HYPERLINK "about:blank" \l "0" Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, definidos en los artículos 5, 6 y 8 del Decreto Legislativo 1050 de 1968.
Posteriormente la Ley 286 de 3 de julio de 1996 «Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995».
Artículo 2º.- Las entidades descentralizadas y demás empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere la Ley 142 de 1994, se transformarán en empresas de servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en un plazo hasta de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente Ley”.
Ello, tal y como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 1996 al declarar la inexequibilidad de la expresión «inciso primero del» contenida en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, al razonar que ella implica que los empleados públicos de estas empresas, que se encuentran sometidas en cuanto a su actividad y organización al régimen privado, se ven limitados en su derecho de negociación colectiva (artículo 55 de la C.P.), además de que tendrían una situación laboral distinta a la de los demás trabajadores oficiales, situación que es discriminatoria respecto de los servidores de las sociedades por acciones, privadas y mixtas igualmente aludidas por la Ley 142 de 1994, que sí cuentan con dichas garantías.
Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (subraya y resaltado fuera de texto).
Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997.
Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterado en las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2011, Radicación: 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga – En Liquidación-; M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila; de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación: 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), Actor: E. S. E. Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga – En Liquidación-, C.P.: Alfonso Vargas Rincón y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación: 68001-23-31-000-2005-02293-02(4597-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga – En Liquidación-, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, Radicación: 1484-09 M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Por la cual decreta el pago de una mesada extra a los jubilados de EMCALI.
Por la cual se deroga la Resolución JD 100 de octubre 3 de 1983 y se conceden unos beneficios extralegales a los Empleados Públicos de EMCALI
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de octubre de 1996, expediente 11697
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de febrero de 2015, expediente 3787-13.
Corte Constitucional, sentencia C 410 de 1997
Como consta en la parte motiva de la Resolución N.º 1053 de 28 de marzo de 1996. Folio 10 del cuaderno principal
Tal como se acredita en la Resolución N.º 6283 de 15 de noviembre de 1995, por medio de la cual se acepta la renuncia presentada por el demandado. Folio 9 del cuaderno principal
Folio 9 del cuaderno principal
Folios 10 al 12 del cuaderno principal
Folios 10 al 12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2019, radicación 76001-23-31-000-2010-00984-02(0494-18)
Conforme a lo señalado en los antecedentes administrativos, el señor Guillermo Gutierrez Valencia nació el 19 de abril de 1942.
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