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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01349-02

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01349-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por las Empresas Municipales de Cali (Emcali) contra la señora Luz Stella Ceballos Trejos, conforme a la parte motiva. 2º. Modifícase el ordinal segundo de la parte dispositiva del fallo de primera instancia, en el sentido de ordenar a Emcali reliquidar y pagar la pensión de jubilación a la demandada de conformidad con la Ley 33 de 1985, a partir del 20 de junio de 2005 (fecha en que cumplió 55 años de edad), equivalente al 75% del promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir su estatus jurídico de pensionada o durante todo el tiempo de trabajo, si este fuere superior, conforme al artículo 36 (inciso tercero) de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC), el cual deberá ser actualizado a la fecha del estatus pensional, como quedó indicado en las consideraciones. 3º. Reconócese personería a la abogada Carolina Ocampo Franco, con cédula de ciudadanía 1.130.617.507 y tarjeta profesional 206.061 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la parte accionante, en los términos del poder otorgado. 13 Obrante en el índice 14 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI. 19 Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020) Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos 4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-01349-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Demandante : Empresas Municipales de Cali (Emcali)
Demandada : Luz Stella Ceballos Trejos
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación extralegal

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes
accionada y actora contra la sentencia de 19 de junio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Acción (ff. 43 a 62 c. ppal.). Las Empresas Municipales de Cali (Emcali),
por intermedio de apoderada, ocurren ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho
conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra
la señora Luz Stella Ceballos Trejos, para que se acojan las súplicas que en el
apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 2705 de 17 de
noviembre de 1999, por la que se reconoce una pensión de jubilación extralegal
a la demandada.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene el reintegro de las sumas de dinero sufragadas, desde cuando se profirió
el acto atrás mencionado hasta el fallo que ponga fin a este proceso, con sus
respectivos intereses y ajustes monetarios, en los términos del artículo 178 del
CCA.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la parte demandante que la accionada prestó
sus servicios para Emcali durante 28 años y 5 días, y su último empleo fue el de
«SECRETARIA DE DEPARTAMENTO, Cargo 241 009 Code 2500000 […]»
(sic).

Que el 19 de abril de 1999, a través de Resolución 490, se le aceptó a la

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

demandada «la renuncia» a su cargo; y por Resolución 2705 de 17 de
noviembre siguiente, pese a su calidad de empleada pública, le fue concedida
pensión vitalicia de jubilación a partir del 30 de abril del mismo año, de acuerdo
con la convención colectiva de trabajo vigente, suscrita entre Emcali y el
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali),
con «[…] 20 años de servicios y 50 años de edad, con IBL de 90% y 75% según
el caso […]».

Dice que al concederse a la accionada la referida prestación, le fueron
reconocidos servicios al Estado por más de 28 años y tenía 49 de edad.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo censurado el preámbulo y los artículos 1º,
2º, 4º, 48, 83 y 150 (numeral 19, letras e y f) de la Constitución Política; 1º de
la Ley 33 de 1985; y 3, 4, 414, 416 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo
(CST).

En resumen, aduce que la demandada era una empleada pública, por lo que no
puede ser acreedora de beneficios extralegales y convencionales.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 153 a 158 vuelto c. ppal.). La accionada,
por intermedio de curador ad litem, se opone a las pretensiones de la demanda;
se refirió a los hechos de la acción, en el sentido de que algunos son ciertos,
otros deben probarse y los demás no constituyen situaciones fácticas.
Asimismo, formuló la excepción denominada cosa juzgada.

Que la pensión de jubilación fue otorgada por la demandante, en atención a la
«[…] transacción por acuerdo de voluntades y la entidad promotora del
proceso no busca la nulidad del acuerdo por la existencia de un vicio del
consentimiento, objeto o causa ilícitos, o una violación de derechos ciertos e
indiscutibles […]», lo que descarta que haya actuado con mala fe.

1.6 Medida cautelar (ff. 87 a 99 c. 2). Mediante providencia de 3 de marzo de
2011, esta subsección revocó el auto proferido el 26 de agosto de 2010 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar decretar «[…] la
suspensión provisional del acto acusado, únicamente en lo que se refiere al
pago de la pensión en porcentaje superior al 75% de los factores de liquidación
pensional legalmente autorizados».

1.7 La providencia apelada (ff. 235 a 243 c. ppal.). El Tribunal Administrativo
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Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

del Valle del Cauca, en sentencia de 19 de junio de 2019, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al considerar que el
régimen pensional aplicable a la accionada es el previsto en la Ley 33 de 1985,
y no «[…] la convención colectiva celebrada por Emcali entre el año 1999-
2000, dado que siendo empleada pública no alcanzó a consolidar un derecho
adquirido para el disfrute de una pensión extralegal […]» (sic), motivo por el
cual ordenó a la parte actora «[…] reconocer a favor de [aquella], si no estuvo
afiliada a un fondo pensiones público o privado, una pensión de jubilación con
base en la Ley 33 de 1985, bajo estricta interpretación y aplicación artículo 36
de la Ley 100 de 1993».

Por otra parte, negó la devolución de los valores pagados por el citado concepto,
puesto que Emcali no demostró que la demandada hubiera actuado de mala fe.

1.8 Los recursos de apelación:

1.8.1 Accionada (ff. 244 a 249 c. ppal.). Inconforme con el anterior fallo,
interpuso recurso de apelación, al estimar que una vez Emcali mutó de
establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, sus
empleados públicos pasaron a ser trabajadores oficiales, entre ellos, las
secretarias, cargos que no eran de dirección, confianza o manejo, condición que
incluso aceptó aquella al dar por terminado el «[…] CONTRATO DE
TRABAJO de mutuo acuerdo […]» (Resolución 490 de 129 de abril de 1999),
de lo que se colige que le asistía derecho a disfrutar de las prerrogativas
establecidas en la convención colectiva de trabajo 1999-2000.

1.8.2 Parte actora (ff. 254 y 255). Formula alzada (parcial) contra la decisión
de primera instancia, comoquiera que, a su juicio, no deviene congruente con
las pretensiones de la demanda el problema jurídico dirigido a establecer si la
accionada «[…] configuro los requisitos dispuestos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 para ser beneficiaria del Régimen de Transición, NO fue tema de
discusión […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 28 de enero
de 2020 (f. 269 c. ppal.) y admitidos por esta Corporación a través de auto 30
de noviembre de 2021 (f. 275 c. ppal.), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por estado, en
cumplimiento del artículo 212 del CCA.
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Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 18 de febrero de 2022 (f. 277 c. ppal.),
para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por la parte accionante, para reiterar lo expuesto en el escrito de
impugnación1.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si, en atención a la naturaleza de la vinculación de la accionada con la
Administración, resulta acorde con el ordenamiento jurídico el reconocimiento
de la pensión de jubilación en virtud de la convención colectiva celebrada entre
Emcali y el sindicato de sus trabajadores; o, por el contrario, a la demandada le
era aplicable el régimen contenido en la Ley 33 de 1985, como lo concluyó el a
quo.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Sea lo primero precisar que la naturaleza jurídica de Emcali y el régimen
jurídico aplicable a su personal no ha permanecido invariable. En efecto,
mediante Acuerdo 14 de 26 de diciembre de 1996 del concejo de Cali (ff. 24 a
33 vuelto c. ppal.), las Empresas Municipales de Cali fueron transformadas, a
partir del 1º de enero de 1997 (artículo 4), de establecimiento público a empresa
industrial y comercial del Estado, del orden municipal. Asimismo, respecto del
régimen legal de sus trabajadores, dispuso:

ART[Í]CULO 28. R[É]GIMEN LEGAL DE LOS
TRABAJADORES DE LAS ESP: El Régimen legal de los trabajadores
de las sociedades a que se refiere este Acuerdo, será el de los trabajadores
oficiales; sin embargo, los estatutos de cada ESP precisarán qué
actividades de dirección o confianza deberán ser desempeñadas por
Empleados Públicos, teniendo en cuenta el objeto y las funciones de la

1
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

respectiva ESP.
[…]

Ahora bien, la Ley 142 de 1994, «por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones», previó que
«[l]as entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional,
cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones,
deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado»
(artículo 17, parágrafo 1º), disposición que sirvió de soporte al precitado
Acuerdo.

De igual manera, dicha Ley, en lo pertinente a este asunto, preceptuó:

Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las
personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos
privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y
estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo
dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas
empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido
en el parágrafo del artículo 17o., se regirán por las normas establecidas
en el inciso primero del artículo 5o. del Decreto-Ley 3135 de 1968
[negrilla de la Sala].

En efecto, el artículo 5º del Decreto ley 3135 de 1968 prescribe que «[l]as
personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas
empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos»
(inciso 3°).

El aparte tachado del referido artículo 41 de la Ley 142 de 1994 fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-253 de 6 de junio de
1996, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, al sostener:

Estima la Corte que el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 al disponer que
el régimen de los servidores de las empresas de servicios públicos
domiciliarios que adopten la forma de empresas industriales y
comerciales del Estado, es el consagrado en el inciso primero del artículo
5o. del Decreto 3135 de 1968 relativo a los empleados públicos, y no al
inciso 2o. de la misma disposición que se refiere a los trabajadores
oficiales, resulta contrario a la Carta Política en el aparte acusado, por las
siguientes razones:

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Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

Con la remisión aludida se desconoce el principio constitucional de la
igualdad de quienes prestan sus servicios a las empresas industriales y
comerciales del Estado, por cuanto éstas por regla general vinculan a las
personas que laboran para ellas en calidad de trabajadores oficiales, como
lo señala el actor, y de manera excepcional de conformidad con sus
estatutos, a quienes desempeñen cargos de dirección y confianza se les
otorga la categoría de empleados públicos, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968.

Como lo señaló el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y
Servicio Civil, conforme a los antecedentes del artículo 41 de la Ley 142
de 1994 parcialmente acusado, el Congreso le dió la calidad de
trabajadores oficiales a quienes laboren en las citadas empresas
industriales y comerciales del Estado.

La circunstancia de que el aparte acusado del artículo 41 se remita al
inciso 1o. del Decreto 3135 de 1968 que alude a los empleados públicos,
implica que en las empresas mencionadas, si bien estas se encuentran
sometidas en su organización y actividad empresarial al régimen privado,
sus servidores ostentan la calidad de empleados públicos y por
consiguiente adolecen del derecho a la negociación colectiva consagrado
en el artículo 55 de la Carta Política, no pudiendo por lo tanto presentar
pliegos de peticiones. Así mismo, dichos servidores tendrían una
situación laboral diferente a la que corresponde a los demás trabajadores
oficiales vinculados por contrato de trabajo en el sector oficial.

Es evidente que el Legislador tiene facultad para fijar el régimen que
corresponda a quienes prestan sus servicios en las empresas industriales
y comerciales del Estado, pudiendo señalarles la calidad de empleados
públicos, pues la función encaminada a la prestación de los servicios
públicos permite que estén sometidos al marco jurídico “que fije la ley”
(artículo 365 C.P.)

Sin embargo, a juicio de esta Corporación no resulta razonable ni idóneo
sacrificar injustamente derechos constitucionales laborales propios de
esta clase de servidores como son los derivados del derecho de asociación
y de la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales.

Cabe observar que en estas circunstancias, los trabajadores de las
sociedades por acciones, privadas y mixtas que corresponden a la misma
categoría de empresas de servicios públicos de acuerdo con la Ley 142
de 1994, se encuentran con respecto a los servidores de las empresas
industriales y comerciales del Estado que prestan servicios públicos
domiciliarios, en una situación de desequilibrio, ya que los primeros, a
diferencia de éstos últimos, gozan plenamente del derecho de asociación
consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, así como del
derecho de negociación colectiva, de que trata el artículo 55 de la Carta
Fundamental.

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Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

Esta situación constituye una discriminación respecto de los servidores
de las empresas industriales y comerciales del Estado que presten
servicios públicos domiciliarios, lo cual riñe con el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, así como con los
artículos 39 y 55 de la misma, en cuanto hace referencia a los derechos
de negociación colectiva de otros trabajadores que se encuentran en igual
situación jurídica y laboral en el ejercicio de similares funciones.

Conviene recordar que en el Convenio 98 adoptado por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo OIT se estableció
en forma diáfana que “los trabajadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar
la libertad sindical en relación con su empleo”, lo que debe tenerse en
cuenta para los efectos de la decisión que aquí se adopta.

Desde esta perspectiva, no comparte la Corporación el criterio según el
cual el Legislador quiso otorgarles la categoría de empleados públicos a
los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado que
presten servicios públicos domiciliarios.

Lo expresado no significa que los estatutos de las empresas industriales
y comerciales del Estado que presten servicios públicos domiciliarios, no
puedan determinar cuáles de sus servidores se consideran empleados
públicos, en relación con las actividades de dirección o confianza que
desempeñen, de conformidad con el inciso 2o. del Decreto 3135 de 1968
al que repetidamente se ha hecho alusión, y respecto del cual, como ya
se anotó, la Corte Constitucional se pronunció mediante sentencia C-484
de 1995, anteriormente citada.

Finalmente, es necesario subrayar que no es de recibo el argumento
según el cual la remisión que hace el artículo 41 de la Ley 142 de 1994
al inciso primero del artículo 5o. del Decreto 3135 de 1994 sea un
absurdo legal que obedece a error o mala fe del Congreso, como lo afirma
el actor, pues como ya se advirtió, la intención del Legislador fue
otorgarles la calidad de trabajadores oficiales, de acuerdo con el régimen
general de las empresas industriales y comerciales del Estado consagrado
en el artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, y además por cuanto la buena
fe, de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y
dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente.

Por las razones anteriormente señaladas, la Corte Constitucional
declarará inexequible el aparte acusado del artículo 41 de la Ley 142 de
1994, por vulnerar los preceptos constitucionales.

De acuerdo con la normativa citada y el anterior derrotero jurisprudencial, se
tiene que por regla general los servidores de las empresas industriales y
comerciales del Estado comportan la naturaleza de trabajadores oficiales, solo

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

los estatutos de dichas entidades deberán definir los empleos que impliquen
actividades de dirección o confianza que deban ser ejercidos por empleados de
carácter público, ello, además, en atención a que se debe propender a la igualdad
de condiciones laborales entre aquellos y los trabajadores de las empresas de
servicios públicos domiciliarios privadas y mixtas (quienes sí se rigen por el
régimen laboral privado), como es la posibilidad de suscribir convenciones
colectivas de trabajo.

En virtud de lo anotado, por medio de Resolución 90 de 24 de noviembre de
1997, el gerente de Emcali clasificó sus servidores, así:

A partir del 1 de enero de 1997, el personal vinculado laboralmente a las
Empresas Municipales de Cali serán trabajadores oficiales y por
excepción serán empleados públicos quienes realicen actividades de
dirección y o confianza, entendiéndose los que actúen en función no
simplemente de ejecución, sino de concepción, coordinación de políticas
empresariales que ostentan facultades jerárquicas usualmente superiores
a las del trabajador ordinario y que muchas veces lo coloquen en la
posibilidad de recibir delegación de quienes representan la dirección de
la Empresa, actúen en función creativa, posean facultades disciplinarias
y de mando y estén dotados de un determinado poder discrecional de
autodecisión, los cuales corresponden a los cargos que se relacionan a
continuación:
GERENTE
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIO TÉCNICO
DIRECTOR CENTRO DE INFORMÁTICA
DIRECTOR JURÍDICO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECTOR CONTROL DISCIPLINARIO
DIRECTOR DE ECONOMÍA
COORDINADOR DE UNIDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA DE SEGURIDAD

Por consiguiente, la Sala destaca que en virtud del cambio de naturaleza jurídica
de Emcali, los empleados públicos que no desempeñaban alguno de los cargos
reseñados o que implicara confianza y dirección, pasaron a ser trabajadores
oficiales a partir del 1º de enero de 1997, lo que involucró el cambio de
prerrogativas y régimen laboral que les permitió, entre otras cosas, celebrar
convenciones colectivas de trabajo con su empleador.

Ahora bien, sobre los derechos de jubilación extralegales de los trabajadores
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Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

oficiales de Emcali y en lo que dice relación con la presente controversia, cabe
precisar que entre el Sintraemcali y la aludida entidad fue celebrada convención
colectiva de trabajo el 9 de marzo de 1999, vigente entre 1999 y 2003, en la que
se pactó:

ARTÍCULO 98. CONDICIONES PARA JUBILACIÓN
EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. jubilará a los trabajadores oficiales que hayan
prestado servicios veinte (20) años continuos o discontinuos a entidades de
derecho público y cuando cumplieren cincuenta (50) años de edad.
[…]

ARTÍCULO 104. CUANTÍA DE LA PENSIÓN
EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. jubilará al personal que cumpla los requisitos
establecidos por la Ley y la Convención Colectiva de Trabajo vigente en
EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. con el 90% del promedio de los salarios y primas
de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio
[…].

ARTICULO TRANSITORIO DE JUBILACION:
EMCALI E.I.C.E.-E.S.P., reconocerá pensión mensual vitalicia de
jubilación al personal de trabajadores oficiales que el 15 de Marzo de 1999,
tenga cumplidos veinte (20) años o más de servicios continuos o
discontinuos al servicio de EMCALI E.I.C.E.-E.S.P., sin tener en cuenta la
edad.
[…]

El valor de la pensión será el equivalente al Noventa por ciento (90%) del
promedio de los salarios y primas de toda de toda especie devengados por
el trabajador en el último año de servicios. Esta pensión estará sujeta a los
incrementos determinados por la Ley en lo referente a las mesadas y
primas.

Quienes deseen acogerse a este régimen transitorio de jubilación, tendrán
plazo hasta el 1º. de Abril de 1999 […] para presentar ante la Gerencia de
Recursos Humanos, por escrito, su voluntad de acogerse a esta pensión
especial. La fecha de retiro definitivo […] en ningún caso podrá exceder
del Treinta (30) de Junio de 1999 [sic para toda la cita].

Esta Corporación ya se ha pronunciado acerca de este tipo de cláusulas
convencionales, en orden a establecer si tales condiciones más favorables de
jubilación son aplicables para el personal que acumule el tiempo de servicio allí
pactado únicamente en condición de trabajador oficial o si, por el contrario, es
factible reunir tal lapso con vinculaciones en calidad de empleado público y
trabajador oficial, en consideración al cambio de naturaleza jurídica de Emcali.

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Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
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Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

Sobre este tema, esta subsección, en sentencia de 5 de diciembre de 2019 2,
sostuvo:

En estos términos, corresponde a la Sala definir si el demandado tenía
derecho a beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo 1999-
2000, conforme la cual se reconoció una pensión de jubilación a su favor,
a través del acto administrativo acusado, contenido en la Resolución
001591 de 23 de octubre de 2003. Al respecto, se señala que dicha
pensión se fundamentó en lo previsto en los artículos 98 y 104 de la
Convención Colectiva 1999-2000, los cuales disponen:
[…]

En este orden de ideas, se precisa que según lo señala el artículo 98 antes
citado, el período de los 20 años exigidos para ser acreedor de los
beneficios convencionales, debían acreditarse bajo la condición
exclusiva de trabajador oficial, de modo que para efectos del
reconocimiento pensional, solo era posible contabilizar el tiempo
laborado bajo esa condición. En este mismo sentido se pronunció la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
proferida el 8 de noviembre de 2017, M.P. Martín Emilio Beltrán
Quintero:

“(…) En efecto, bien puede entenderse que cuando la disposición se
refiere a que «jubilará a los trabajadores oficiales que hayan
prestado servicios veinte (20) años…», lo que hicieron los
suscribientes fue establecer una relación inescindible entre la
condición de trabajador oficial y el tiempo de servicios exigido para
causar la pensión de jubilación, esto es, que el período requerido para
generar el derecho tenía que haberse cumplido bajo la condición
única y exclusiva de trabajador oficial. El uso de una expresión
especifica como lo es «trabajador oficial», permite entender
razonadamente, que solo es posible contabilizar el tiempo laborado
de esa manera y no, como lo propone el censor, bajo cualquier clase
de vinculación que prevé la ley, siempre y cuando sea en una entidad
de derecho público.

(…)

Así las cosas, carecería de toda lógica considerar que cuando en la
cláusula en comento se hace alusión a la condición de «trabajador
oficial», ello únicamente tuviera como finalidad delimitar a sus
destinatarios, cuando, como quedó visto, tal aspecto ya se encuentra
definido por la ley. Precisamente, si se utilizó esa expresión, bien
pudo ser, como lo infirió el Tribunal, para excluir el tiempo que no
fue servido en tal calidad, para efectos del cómputo del mínimo
requerido por la norma convencional para acceder al derecho.

2
Expediente 76001-23-31-000-2010-01327-02 (2586-15), C. P. César Palomino Cortés.
10

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

Dicho de otra forma, si la intención de las partes suscribientes del
acuerdo colectivo hubiese sido exactamente la que señala el
recurrente, esto es, permitir estructurar el derecho convencional con
tiempos servidos bajo cualquier condición laboral o como contratista,
carecería de sentido que incluyeran la expresión «trabajador oficial»
al momento de plasmar el tiempo de servicios exigido y debió
expresamente autorizarse en el texto convencional ésta habilitación
de tiempos servidos. (…)”3.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el señor Jairo Soto
Torres ostentó el carácter de trabajador oficial solo por el lapso de 1 año,
10 meses y 10 días (del 10 de octubre de 2001 al 20 de agosto de 2003),
se estima que no tenía derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación en los términos previstos en el artículo 98 de la Convención
Colectiva de Trabajo 1999-2000 suscrita por EMCALI y
SINTRAEMCALI.

De conformidad con el derrotero de la subsección, quien pretenda beneficiarse
de las pensiones de jubilación extralegales de que tratan las convenciones
colectivas celebradas entre Emcali y sus trabajadores oficiales, deberá colmar
el requisito de tiempo de servicios de 20 años en tal calidad, sin que el lapso
prestado como empleados públicos sea homologable para el efecto.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Cédula de ciudadanía de la accionada, en la que figura que nació el 20 de
junio de 1950 (f. 77 c. 3).

b) Copia de los Acuerdos 50 de 1º de diciembre de 1961 y 14 de 26 de diciembre
de 1996, mediante los cuales el concejo de Cali, en su orden, creó las Empresas
Municipales de Cali (Emcali) como un establecimiento público y transformó su
naturaleza jurídica en empresa industrial y comercial del Estado a partir del 1º
de enero de 1997 (ff. 15 a 33 vuelto c. ppal.).

c) Resolución 490 de 19 de abril de 1999 del gerente de recursos humanos de
Emcali, por cuyo conducto se «Acepta […] la terminación del contrato de
trabajo […]» de la demandada en el empleo de «SECRETARIA DE
DEPARTAMENTO, código de cargo 241 009, posición 0001 […], code
25000000» (sic), desde el 30 de los mismos mes y año, «[…] por haberse

3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 18469-2017, de 8 de noviembre de 2017, M.P.
Martín Emilio Beltrán Quintero, expediente radicado número 53429. Actor: Amparo Juri Londoño.
11

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

acogido al plan de jubilación anticipada consagrado en el artículo transitorio
de la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000 […]» (f. 10 c. ppal.).

d) Resolución 2705 de 17 de noviembre de 1999 de la citada entidad, por la que
se reconoce y ordena el pago de la pensión «especial de jubilación anticipada»
a la accionada, en su calidad de «trabajador[a] oficial», por «reunir el requisito
de tiempo de servicio», con el 90% del promedio de los salarios y primas de
toda especie recibidos durante el año anterior al retiro definitivo, a partir del 30
de abril de 1999, de acuerdo con el artículo transitorio de la mencionada
convención colectiva de trabajo. Asimismo, se anota que la beneficiaria laboró
en Emcali del 19 de abril de 1971 al 29 de abril de 1999 (con una licencia de 5
días), esto es, durante 28 años y 6 días, y el último empleo desempeñado fue el
de secretaria de departamento (ff. 11 a 13 c. ppal.).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandada (i)
nació el 20 de junio de 1950 y acumuló 28 años y 6 días de servicio prestados a
Emcali, desde el 19 de abril de 1971 hasta el 29 de abril de 1999, período del
cual solo el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1997 y el 29 de abril de
1999 lo fue en calidad de trabajadora oficial, en consideración al cambio de
naturaleza jurídica y régimen laboral de esa institución.

Igualmente, se tiene que (ii) entre Emcali y el sindicato de trabajadores de la
empresa fue celebrada una convención colectiva de trabajo, vigente entre 1999
y 2000, que estableció el derecho de los trabajadores oficiales a jubilarse de
manera anticipada, siempre que al 15 de marzo de 1999 hubieran completado
veinte (20) o más años de servicios continuos o discontinuos, sin importar la
edad; y (iii) por medio de Resolución 2705 de 17 de noviembre de 1999, el
extremo demandante concedió pensión de jubilación extralegal a la accionada,
con fundamento en la referida convención colectiva y con base en el tiempo
laborado en esa entidad.

Previo a desatar el problema jurídico planteado, la Sala observa que la parte
actora, en el escrito de alzada, alega que el a quo desconoció el principio de
congruencia, puesto que analizó «[…] las normas legales [que] le eran
aplicables a la hoy demandada para efectos de reconocimientos pensionales
[…]», lo que no fue objeto de la presente acción, al paso que la beneficiaria no
hizo ninguna petición en tal sentido.

Al respecto, estima la Sala que, aunque no se ventiló esa pretensión durante el
curso del proceso, al hallarse involucrados derechos de linaje constitucional
12

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

fundamental (verbi gratia, a la seguridad social), ha de privilegiarse el principio
de iura novit curia4, en virtud del cual al juez le incumbe aplicar el derecho,
pese a que este sea diferente al invocado por las partes, pues es su deber estudiar
el asunto conforme a los hechos y la normativa vigente; además, lo anotado no
implica la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia
indispensable para lograr la efectividad y protección de los derechos del
trabajador a quien, a pesar de que se le reconoce una pensión de jubilación con
fundamento en una normativa que, en principio, no resulta aplicable, tampoco
puede verse afectado económica y socialmente cuando le asiste ese derecho con
base en otra norma, caso en el cual al funcionario judicial le corresponde
pronunciarse.

Ahora bien, con el fin de resolver el asunto litigioso, se advierte que en virtud
del cambio de naturaleza jurídica de Emcali de establecimiento público a
empresa industrial y comercial del Estado, adoptado por el concejo de Cali
mediante Acuerdo 14 de 26 de diciembre de 1996, sus entonces empleados
públicos que no desempeñaban alguno de los cargos reseñados en la Resolución
GG-7447 de 24 de noviembre de 19975 o que implicara confianza y dirección,
pasaron a ser trabajadores oficiales a partir del 1º de enero de 1997.

De igual modo, de conformidad con el análisis normativo y jurisprudencial
efectuado en el acápite anterior, para adquirir el derecho a las pensiones
extralegales de jubilación previstas en la convención colectiva de trabajo 1999-
2000 de Emcali, es necesario acumular el tiempo de labor de veinte (20) años
en cargos cuya naturaleza sea de trabajador oficial, sin que el desempeño en
otros empleos públicos sea homologable para tal propósito.

En el sub lite, se encuentra demostrado que la demandada laboró en Emcali en
calidad de empleada pública del 19 de abril de 1971 al 31 de diciembre de 1996,
forma jurídica de vinculación que varió a partir del 1º de enero de 1997, cuando
por cuenta del cambio de naturaleza jurídica de su empleador adquirió la
condición de trabajadora oficial, que tuvo hasta el 29 de abril de 1999.

Por consiguiente, como solo acumuló 2 años, 3 meses y 28 días de labor como
trabajadora oficial, es dable concluir que a la accionada no le asiste derecho a

4
«Los jueces dan el derecho. Para algunos autores surgió en forma de advertencia, casi diríamos de exabrupto
que un juez, fatigado por la exposición jurídica de un abogado, le dirigiría: Venite ad factum. Iura novit curia;
o lo que es lo mismo: ‘Abogado: pasad a los hechos; la corte conoce el derecho’…». CISNEROS FARÍAS,
Germán. Diccionario de frases y aforismos latinos: Una compilación sencilla de términos jurídicos. México,
primera edición, número 51, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: estudios jurídicos, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2003, p. 55.
5
Citada en el acápite anterior.
13

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

la pensión extralegal que le fue reconocida por Emcali a través del acto
administrativo censurado, por lo que procede la Sala a determinar el régimen
legal aplicable, asunto que, valga decir, omitió analizar el a quo de manera
integral.

Se halla acreditado que la demandada se encuentra amparada por el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el
30 de junio de 19956 tenía más de treinta y cinco (35) años de edad7 y quince
(15) de servicio oficial (24 años, 2 meses y 11 días), razón por la cual es
destinataria de la Ley 33 de 1985, que prevé:

Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Asimismo, se aclara que el artículo 16 del Decreto 758 de 1990 preceptuó que
«[a]l cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las
pensiones plenas o especiales en ella consagradas, [los trabajadores] podrán
exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha
pensión de jubilación, pero el patrono continuará cotizando en este seguro
hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el
mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que
venía cubriendo al pensionado», de manera que la accionada tenía derecho a
que Emcali le reconociera la pensión de jubilación al cumplimiento de sus 55
años de edad (20 de junio de 2005), momento en el que ya acumulaba más de
20 de labor oficial8.

Por otra parte, en lo concerniente al ingreso base de liquidación pensional, cabe
precisar, prima facie, que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante
todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la

6
Fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden territorial.
7
45 años y 10 días.
8
34 años.
14

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE». Acerca de esta norma, la Corte Constitucional9 dijo:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador
al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 199310, tal como se desprende
del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un
régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa
legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían
derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa
de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto
sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo
36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el
artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para
quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para
pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a
la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas
a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir
los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el
artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente
ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales
sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de
reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley
100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende
por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el

9
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
10
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
15

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de
las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación,
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador,
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250
semanas como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y
que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos
son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso
de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración,
fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de
unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar
la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime
teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias
décadas11.

11
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de
julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran
con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia
de dicho Acto Legislativo.
16

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio
no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si
bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen
anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando
con la confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que
los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder
conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza
y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse,
es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés
particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de
pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y
condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión,
por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar
de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente,
para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores,
podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con las anteriores normativas y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en
vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la
correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más
benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar
por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la
entrada en vigor de la Ley 100 y la adquisición del estatus pensional, si fuere
inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el
monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.

Para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar
cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la
Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de pensiones a los
servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del
Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
17

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la
República; en cuyo artículo 6º se estableció el salario mensual base para calcular
las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158
de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar
aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima
técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de
capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical
o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Por consiguiente, dado que al 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden territorial) a la accionada le
hacía falta un lapso menor a diez (10) años para adquirir su estatus jurídico de
pensionada, su pensión de jubilación le debería ser calculada con el 75% del
promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta para ello o durante
todo el tiempo de trabajo, si este fuere superior, conforme al artículo 36 (inciso
tercero) de la Ley 100 de 1993. En atención a los lineamientos jurisprudenciales
relacionados con la materia, en el IBL pensional se deberán incluir los factores
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los
previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización
(IBC), el cual deberá ser actualizado a la fecha del estatus pensional (20 de junio
de 2005), dado que su retiro tuvo lugar el 30 de abril de 199912.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda, y se modificará el ordinal
segundo de su parte decisoria, en el sentido de ordenar liquidar y pagar la
pensión de jubilación de la accionada de conformidad con la Ley 33 de 1985, a
partir del 20 de junio de 2005, equivalente al 75% del promedio de lo cotizado
durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus jurídico de

12
Si bien la normativa no contempla la actualización de la base salarial para el reconocimiento y pago de
pensiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en economías inestables como la nuestra el
mecanismo de la indexación de las obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia,
que permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento sin tener en cuenta el
aumento de valor del dinero, resulta inequitativo porque es indiscutible en algunos casos la pérdida del valor
adquisitivo que ocurre entre la fecha en que el pensionado se retira del servicio y la fecha en que adquiere el
estatus pensional y/o se reconoce la pensión, lo que hace que la prestación se liquide con montos empobrecidos.
Acerca de este tema, ver, de esta sala de decisión, sentencias de (i) 16 de agosto de 2018, expediente 23001-23-
33-000-2014-00158-01 (2888-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; (ii) 5 de junio de 2020, expediente 76001-
23-33-000-2016-01542-01 (1341-2018), C. P. César Palomino Cortés; y (iii) 10 de julio de 2020, expediente
18001-23-31-000-2010-00395-01 (2763-2018). C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

pensionada o durante todo el tiempo de trabajo, si este fuere superior, en los
términos del artículo 36 (inciso tercero) de la Ley 100 de 1993, con inclusión
de los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes,
además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como IBC, el cual
deberá ser actualizado a la fecha del estatus pensional.

Por último, en atención a que quien se halla legalmente habilitado para ello
confirió poder en nombre de Emcali, se reconocerá personería a la profesional
del derecho destinataria de aquel13.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de junio de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial
a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por las Empresas
Municipales de Cali (Emcali) contra la señora Luz Stella Ceballos Trejos,
conforme a la parte motiva.

2º. Modifícase el ordinal segundo de la parte dispositiva del fallo de primera
instancia, en el sentido de ordenar a Emcali reliquidar y pagar la pensión de
jubilación a la demandada de conformidad con la Ley 33 de 1985, a partir del 20
de junio de 2005 (fecha en que cumplió 55 años de edad), equivalente al 75% del
promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir su
estatus jurídico de pensionada o durante todo el tiempo de trabajo, si este fuere
superior, conforme al artículo 36 (inciso tercero) de la Ley 100 de 1993, con
inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes
aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso
base de cotización (IBC), el cual deberá ser actualizado a la fecha del estatus
pensional, como quedó indicado en las consideraciones.

3º. Reconócese personería a la abogada Carolina Ocampo Franco, con cédula
de ciudadanía 1.130.617.507 y tarjeta profesional 206.061 del Consejo Superior
de la Judicatura, para representar a la parte accionante, en los términos del poder
otorgado.

13
Obrante en el índice 14 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI.
19

Expediente: 76001-23-31-000-2010-01349-02 (2333-2020)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Emcali contra Luz Stella Ceballos Trejos

4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

20

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