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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01576-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01576-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de competencia, formuladas por el señor José Euler Luna Salcedo, acorde con las consideraciones expuestas en la presente providencia. los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia», que se estipulan, además, en el artículo 5.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, este principio impone que «sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental». Sentencia T-085 de 2012. 51 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil». 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76-001-23-33-000-2010-01576 01 (3394-2021) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Segundo: Confirmar la sentencia del 25 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad interpuso la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones contra el señor José Euler Luna Salcedo. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-01576-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

18 de agosto de 2022

Radicado: 76-001-23-33-000-2010-01576 01 (3394-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 76001-23-33-000-2010-01576-01 (3394-2021)
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES1 COMO
SUCESORA PROCESAL DEL ISS
Demandado: JOSÉ EULER LUNA SALCEDO

Temas: Requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez conforme
al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la
mencionada anualidad. Falta de jurisdicción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por parte demandada
contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones, por conducto de apoderado, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el
artículo 85 del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA) 2, en
su modalidad de lesividad, formuló las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de la Resolución 03494 del 11 de abril de 2003, expedida por
jefe de atención al pensional del extinto Instituto de Seguros Sociales, mediante la
cual se reconoció pensión de vejez al señor José Euler Luna Salcedo.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al señor Luna Salcedo o
a sus eventuales beneficiarios sobrevivientes de la prestación económica

1 En adelante Colpensiones.
2 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 14 de septiembre de 2010, según acta
individual de reparto visible a folio 96 del cuaderno principal. Sobre el particular, se destaca que la demanda se
radicó inicialmente en el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, no obstante, con ocasión del Acuerdo
PCSJA-19-11276 del 17 de mayo de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se adoptaron
medidas de descongestión, el proceso fue remitido al Tribunal del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (folios 154 a 158 del cuaderno principal.).
3 Folios 86 a 87, ídem.

1
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

reconocida, el reembolso del retroactivo que le fue pagado, así como de las
mesadas adicionales y demás prestaciones que percibió, con ocasión de la
pensión de vejez.

3. Conminar al demandado que la suma a reintegrar se actualice conforme lo
ordena la ley, desde la fecha del pago de los valores pagados hasta la data de
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

4. Ordenar el pago de intereses moratorios sobre el capital adeudado a partir del día
siguiente en que percibió la mesada pensional y los dineros recibidos como
retroactivo hasta cuando se verifique la devolución del total de las sumas
adeudadas. Condenar en costas.

Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda4

1. Al señor José Euler Luna Salcedo le fue reconocida pensión de vejez, por medio de
Resolución 03494 del 11 de abril de 2003, expedida por el jefe de atención al
pensionado del ISS, Seccional Valle, efectiva a partir del 22 de mayo de 2001, en
cuantía equivalente a $999.314, circunstancia que produjo el pago de un
retroactivo pensional a su favor, por valor de $28.958.120 el cual fue desembolsado
en el año 2003.

2. Posteriormente, con ocasión de una auditoría llevada a cabo por la Gerencia
Nacional del extinto ISS, se procedió a realizar un cotejo entre la historia laboral en
la cual se soportó el reconocimiento de la prestación y la reportada por la entidad,
por lo que se pudo establecer que el beneficiario solo contaba con 751 semanas y
no con 1116 como erradamente se indicó en el acto administrativo que concedió la
prestación.

3. Conforme a ello, es claro que la resolución mediante la cual se otorgó la pensión de
vejez es abiertamente ilegal, por tal motivo, se dispuso ordenar la respectiva
investigación administrativa a través de Oficio 15491 del 7 de septiembre de 2007,
ello, con el fin de verificar la legalidad del derecho conferido y de esta manera,
garantizar al señor Luna Salcedo el debido proceso y contradicción.

4. Durante el trámite de dicho procedimiento, se requirió al interesado con el fin de que
rindiera declaración y aclarara las inconsistencias en su historia laboral mediante
auto del 11 de septiembre de 2007, decisión que fue debidamente notificada, sin
que aquel aportara pruebas que justificaran la situación advertida.

5. En tal virtud, el ISS a través de Resolución 12756 del 3 de octubre de 2007,
procedió a revocar el acto administrativo mediante el cual se había reconocido la
pensión de vejez al señor Luna Salcedo.

6. Frente a la anterior decisión, el interesado instauró acción de tutela, la cual fue
decidida mediante sentencia del 22 de enero de 2008, por parte del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Cali que la declaró improcedente, fallo que
fue impugnado y en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, revocó la providencia objeto del recurso, y protegió los derechos

4 Folios 87 a 89, ídem.

2
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fundamentales del señor José Euler Luna Salcedo, en esta medida, ordenó al ISS
suspender los efectos de la Resolución 12756 de 2007.

7. En cumplimiento de la anterior orden judicial, la entidad demandante emitió la
Resolución 08487 del 14 de mayo de mayo de 2008, que dejó sin efectos la
Resolución 12756 de 2007.

Normas violadas y concepto de violación

Para la parte demandante, los actos administrativos acusados desconocieron, entre
otras, las siguientes normas: Acto Legislativo 01 de 2005; artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificada por el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003; literal b) del artículo 12
del Decreto 758 de 1990.

En síntesis, el concepto de violación lo formuló así:

La parte activa señaló que, con el reconocimiento de la pensión de vejez se vulneró
el ordenamiento jurídico, toda vez que se concedió la prestación sin cumplir con la
totalidad de los requisitos para ser beneficiario de aquella, pues solo contaba con
751 semanas y no con las 1116 que sirvieron de base para proferir el acto
administrativo que la concedió, éstas últimas que no fueron realmente las cotizadas
al sistema.

Solicitud de suspensión provisional

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos derivados de
los actos administrativos demandados5, la cual fue denegada mediante providencia
del 19 de octubre de 2010, expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al considerar que la medida cautelar no cumplía los requisitos esenciales de
procedencia previstos en las disposiciones legales, habida cuenta de que no se
sustentó en alguna confrontación del ordenamiento jurídico6.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada dentro de la oportunidad procesal pertinente no contestó la
demanda7.

SENTENCIA APELADA8

El a quo profirió sentencia escrita el 25 de octubre de 2019, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la entidad demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia inicialmente analizó el marco normativo del régimen
de transición regulado en la Ley 100 de 1993, con el fin de señalar que aquel
constituye una excepción al régimen común de vigencia de las normas en el tiempo
dado que, a pesar de no haberse causado el derecho a exigir pensión de jubilación,
los cambios que afecten las condiciones para acceder a ella y el monto de las

5 Folios 91 a 92, ídem.
6 Folios 98 a 102, ídem.
7 Folio 108, ídem.
8 Folios 163 a 177, ídem.

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mesadas, no tienen aplicación frente a quienes por estar en transición conservan su
derecho conforme a la normativa anterior.

Seguidamente, señaló que de conformidad con el artículo 12 del Decreto 049 de
1990, para tener derecho a la pensión de vejez se debe acreditar 60 años de edad si
es varón y un mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años al cumplimiento
de la edad exigida o 1000 semanas en cualquier tiempo, exigencias que
obligatoriamente debían ser observados por el señor José Euler Luna Salcedo para
acceder al reconocimiento de dicha prestación.

A partir de los medios probatorios allegados al plenario, indicó que, se había
demostrado dentro del proceso que durante el período 1967 a 1994, el señor Luna
Salcedo aportó 751 semanas y no como erradamente quedó en el acto administrativo
que le concedió inicialmente la pensión por 1.116 semanas; inconsistencia que no
pudo justificar el beneficiario dentro del trámite administrativo que llevó a cabo el
extinto ISS en su momento.

Asimismo, sustentó que acorde con la sentencia de unificación del 8 de mayo de
2019, la Corte Constitucional explicó que el proceso de verificación es el principal
elemento de prueba que lleva a la entidad a concluir que algunas adiciones a la
historia laboral fueron fraudulentas, al no estar respaldadas por los registros oficiales
de, en este caso, el extinto Instituto de Seguros Sociales.

Bajo esa óptica, en el asunto específico del señor Luna Salcedo, el ISS encontró que
se adicionaron 365 semanas como trabajador en misión, sin que mediara un
respaldo probatorio en los registros de las empresas en que dichas semanas
supuestamente habían sido cotizadas, evidenciando que, de las 751 semanas
aportadas durante su vida laboral, solo 177 corresponden a los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad para tener derecho a la pensión.

En esta línea de intelección, el a quo puntualizó que el acto administrativo
demandado se encontraba viciado de falsa motivación, toda vez que se evidenciaba
una diferencia protuberante entre las 1.116 semanas que se tuvieron en cuenta para
el reconocimiento de la prestación y las que reflejó el ISS en su sistema -751-, razón
por la cual, es claro que el demandado no cumplió con el número mínimo exigido por
la ley.

No obstante ello, denegó la pretensión encaminada al reintegro de las sumas
percibidas por el beneficiario con ocasión del reconocimiento pensional, por cuanto
no se demostró que aquel empleó medios ilegales o fraudulentos para acreditar los
requisitos con los cuales pretendió su otorgamiento, tampoco se observaba prueba
que diera cuenta de que haya actuado de mala fe, pues al plenario solo se aportó la
noticia criminal que dio apertura a la instrucción penal sin los respectivos avances en
dicho proceso.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de la
Resolución 03494 del 11 de abril de 2003; ii) denegó las demás pretensiones
invocadas en la demanda; y iii) se abstuvo de condenar en costas.

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RECURSO DE APELACIÓN9

El señor José Euler Luna Salcedo formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada y en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda. Para tal fin, adujo que en el presente asunto no es
dable que la administración pública decida después de 18 años posteriores al
reconocimiento pensional «cercenar los derechos» que le asisten legítimamente a
una persona que es sujeto de especial protección constitucional con ocasión de su
avanzada edad.

Sobre el particular, sostuvo que los argumentos esgrimidos por la entidad
demandante son insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo que fue expedido por ella misma y que tuvo en su momento, la
oportunidad de analizar de fondo su decisión, circunstancia que atenta contra la
buena fe del señor Luna Salcedo, al optar por revisar la prestación sin tener
evidencia para alegar que es ilegal.

De otro lado, señaló que la falsa motivación argüida por el a quo no se demostró
dentro del proceso, pues Colpensiones pretende desconocer su propia actuación y
en contra de los derechos adquiridos de buena fe por parte del pensionado, los
cuales gozan de rango constitucional al tenor de lo regulado en el artículo 48
Superior.

Asimismo, afirmó que cuenta con 80 años de edad y su única fuente de ingresos
para mantener su vida en condiciones dignas, es la prestación que percibe, por lo
que peticionó que en virtud del principio pro homine y los tratados internacionales se
mantenga el reconocimiento inicial, protegiendo de esta forma su derecho a la
seguridad social.

Argumentó que no se encuentra legitimado por pasiva para ser parte dentro del
proceso, en la medida que no fue quien emitió el acto administrativo por medio del
cual se le reconoció la pensión de vejez, solo presentó una documentación para
acceder a la prestación, sin tener injerencia alguna para su expedición.

De igual forma, manifestó que en la sentencia recurrida se evidencia un «yerro en el
problema jurídico planteado», en tanto analizó si el acto demandado cumplía con los
requisitos de ley, «y después arbitrariamente admite su error», pero en ningún
momento se probó la «destrucción plena» e inequívoca de la presunción de legalidad
de que goza el acto enjuiciado.

Por último, arguyó que se presenta una «falta de competencia», acorde con lo
regulado en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social los conflictos derivados del Sistema de Seguridad Social, corresponden a la
jurisdicción ordinaria laboral, aunado a ello, el demandado no prestó sus servicios
para el sector público u oficial, siempre fue en el privado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

José Euler Luna Salcedo 10: reiteró las manifestaciones esgrimidas en el recurso de
apelación.
9 Índice 18 de la plataforma SAMAI.
10 Índice 12 de la plataforma SAMAI.

5
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CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 129 del CCA modificado por el artículo 37 de la Ley
446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en la respectiva alzada.

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala procederá a analizar las excepciones
previas planteadas por la parte demandante en el recurso de apelación, en atención a
que el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en el inciso segundo admite
que el fallador se pronuncie sobre las excepciones propuestas.

 De la legitimación en la causa del demandado

Sobre el punto, se observa que el señor José Euler Luna Salcedo en el escrito de
alzada esgrimió no debió ser parte en la presente litis, en la medida que no fue quien
emitió el acto administrativo por medio del cual se le reconoció la pensión de vejez,
solo presentó una documentación para acceder a la prestación, sin tener injerencia
alguna para su expedición.

Al respecto, la Subsección precisa que la legitimación en la causa hace referencia a
la posibilidad que tienen las partes de proponer o controvertir las pretensiones
planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales con interés, por activa o pasiva,
en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. En efecto, a la parte
pasiva de la litis le asiste una legitimación en la causa cuando se encuentra en una
relación directa con las pretensiones de la demanda.

A quien se le vincula en la calidad de demandado, le asiste la legitimación procesal
para intervenir en el trámite judicial con el objetivo de ejercer sus derechos de
contradicción y defensa, lo que hace parte de la denominada legitimación de hecho o
procesal. Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado otra
clase de legitimación denominada «material», que alude a la participación en los
hechos que originan la demanda, circunstancia que ha llevado a afirmar que esta es
una excepción «mixta» que debe abordarse necesariamente en el momento de
proferirse la sentencia, toda vez que es allí donde debe dilucidarse si existe esa
relación entre la parte demandante y demandada con respecto a la pretensión
formulada11.

De conformidad con lo expuesto, debe estudiarse cada asunto en particular para
determinar si la parte pasiva convocada al proceso, tiene participación en la
actuación administrativa y así mismo restablecer el derecho presuntamente
desconocido, y en caso de concluirse que no es la llamada a responder por las
pretensiones planteadas, puede declararse probada la excepción de falta de
legitimación en la causa que se propuso por alguna de las partes o incluso hacerlo
de oficio.

De acuerdo con lo anterior y para resolver el caso en concreto, se advierte que el
señor Luna Salcedo fue vinculado formalmente al presente asunto como demandado,

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 5 de julio

de 2018, rad. 05001-23-33-000-2016-01082-01(0900-18).
6
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por lo que la legitimación en la causa por pasiva que se discute frente a aquel es de
carácter material.

En esta medida y para dilucidar el caso en concreto, se advierte que la causal de
nulidad invocada por la entidad demandante es contra la Resolución 03494 del 11 de
abril de 2003, por medio del cual se le reconoció la pensión de vejez al señor José
Euler Luna Salcedo, por tal motivo es claro que aquel le asiste interés directo en la
relación jurídico sustancial que se ventila en el presente proceso, al ser el
beneficiario de la prestación que se pretende anular y hacer cesar sus efectos.

En atención a lo expuesto, no se acoge el argumento propuesto por el señor Luna
Salcedo y, en consecuencia, se declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva por él formulada.

 De la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
resolver la presente controversia

Sobre el particular, se encuentra que el demandado arguyó que en el sub lite se
presenta una falta de competencia, acorde con lo regulado en el artículo segundo del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues al tratarse de conflictos
derivados del Sistema de Seguridad Social, corresponden a la jurisdicción ordinaria
laboral, aunado a ello, el pensionado nunca prestó sus servicios para el sector
público u oficial, siempre fue en el privado.

Ahora, en relación con la competencia para conocer de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho contra un acto propio, la Corte Constitucional a través
de Auto 316 de 202112, en el cual analizó el conflicto negativo de competencias entre
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ordinaria laboral, al advertir que el
causante del beneficio pensional era trabajador privado y sus aportes no
correspondieron en ningún momento a un vínculo laboral con el Estado, indicó lo
siguiente:

«[…] 8.6. Regla de Decisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional precisa que cuando
la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.». (Negrillas del texto original).

Dicha tesis fue reiterada por el Alto Tribunal Constitucional por medio del Auto 385
de 202113, en el cual sostuvo:

«[…] 16. Segundo, los artículos 97 y 104 del CPACA disponen que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer todas las
acciones de lesividad contra actos administrativos que estén “sujetos al derecho
administrativo”, con independencia de la materia sobre la que estos actos versen. Esto es
así, dado que por medio de la acción de lesividad se debaten “intereses propios de la
administración”14, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo.

12 Corte Constitucional, Auto 316 de 17 de junio de 2021.Referencia: Expediente CJU-0000489.
13 Corte Constitucional, Auto 385 de 15 de julio de 2021. Referencia: Expediente CJU-488.
14 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia 110010102000202000952 00

(17697-40) de 2020.
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17. Tercero, la acción de lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que
para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad
y restablecimiento del derecho”15. La competencia para conocer de las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho es de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (art. 138 del CPACA).

Regla de decisión. De la jurisprudencia transcrita, particularmente, del Auto 316 de 2021,
la Sala Plena extrae la siguiente regla de decisión para el presente caso: los artículos 97 y
104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para
conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos
propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Los
jueces laborales carecen de competencia para conocer este tipo de demandas.».
(Cursivas conforme a la transcripción, resaltado de la Sala).

Finalmente, la Corte Constitucional por medio de Auto 1169 de 2021 16, dirimió un
conflicto de competencia entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y
ordinaria laboral, en el marco de un asunto en el que se discutía el reconocimiento de
la pensión de una trabajadora oficial. Para resolver aquel conflicto, replicó lo
sostenido en el Auto 316 de la citada anualidad.

Por otra parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en auto del 20 de febrero de 202017, precisó que en los casos en que la
administración demanda sus propios actos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la competencia para desatar la controversia
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al respecto, precisó:18

«[…] Como puede observarse, la acción de lesividad para obtener la anulación de un acto
administrativo mediante el cual se reconoce una pensión y se ordena su pago, no está
entre los asuntos exceptuados del conocimiento de la Jurisdicción Administrativa.
[…]

En consecuencia, como quiera que las pretensiones del demandante están enderezadas
a que se declare la nulidad del acto administrativo antes citado que fue expedido por ella
misma, en virtud de las atribuciones que le fueron conferidas habida su condición de
entidad pública, se considera que esta controversia sin dubitación alguna está sujeta al
derecho administrativo, pues la teoría del acto administrativo y del principio de legalidad,
sus causales de nulidad y la acción de lesividad misma, así como la medida cautelar de
suspensión provisional del acto administrativo, son estructuraciones conceptuales propias
y exclusivas de esta rama del derecho, razón suficiente para sostener que la controversia
debe ser ventilada ante la Jurisdicción Administrativa.».

Sobre el particular se destaca que, si bien el Decreto 01 de 1984 no consagraba la
acción de lesividad como autónoma e independiente, su ejercicio podía llevarse a
cabo mediante la acción de nulidad simple cuando no se buscaba el restablecimiento
del derecho o de nulidad y restablecimiento del derecho cuando sí se pretendía
aquel.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia 0005-11 de 2016.
16 Corte Constitucional, Auto 1169 de 9 de diciembre de 2021.
17 Consejo Superior de la Judicatura (sala jurisdiccional disciplinaria); expediente: 110010102000202000200 00);

M. P. Alejandro Meza Cardales.
18 En ese sentido pueden verse, entre otros, los autos de 5 de diciembre de 2019 (expediente

110010102000201902496 00); 15 de enero de 2020 (expediente 110010102000201902407 00); 5 de febrero de
2020 (expediente 110010102000201902785 00); y 4 de marzo de 2020 (expediente 110010102000201902577
00).
8
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En efecto, la administración podía hacer uso de ella cuando no podía revocar
directamente el acto que vulneraba el ordenamiento jurídico a través del mecanismo
de la revocatoria directa por no cumplirse los requisitos señalados para el efecto por
la norma, verbi gracia, como cuando en el caso de los actos de contenido particular,
no se logró el consentimiento del directamente afectado con la decisión, tal como lo
exigía el artículo 73 del CCA.

A su turno, el artículo 82 del Decreto 01 de 198419 (modificado por las Leyes 446 de
1998 y 1107 de 2006), consagra una cláusula general de competencia y unos
criterios determinantes para fijar el objeto sobre el cual recae esta jurisdicción
especializada. La norma regula que la jurisdicción contenciosa está instituida para
conocer, las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades
públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los
distintos órganos del Estado.

En esa medida lo que buscaba la administración con la acción de lesividad, era
debatir la legalidad de sus propias decisiones, para poner fin a una situación que
consideraba irregular, y por tanto, hacer cesar sus efectos, circunstancia que ocurre
en el caso bajo estudio, pues lo pretendido por la entidad accionante es la
declaratoria de nulidad del acto administrativo a través del cual reconoció pensión de
vejez al señor José Euler Luna Salcedo.

Ahora bien, de los medios aportados al sub iudice se observa el reporte de semanas
cotizadas en el período 1967 a 1994 a favor del señor Luna Salcedo, expedido el 21
de junio de 2007 por el extinto ISS, por parte de los siguientes empleadores: i)
ALHACH N JULIÁN; ii) LITO DELFOR Y CIA LTDA; iii) CONURBANAS LTDA; iv)
CANDLE ELECTRÓNICA DE COLOMBIA; v) PROESVI LTDA; y vi) JIRO DE
OCCIDENTE S.A.20.

En esta medida, se advierte que el demandante durante toda su vinculación laboral
nunca ostentó la calidad de empleado público y que todas las cotizaciones
efectuadas al extinto ISS (hoy Colpensiones) provinieron de contratos de trabajo, no
obstante, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, con
ocasión de la cláusula especial y exclusiva de competencia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, le es dable conocer del medio de control de nulidad y
restablecimiento contra un acto propio, promovido por una entidad pública.

En consecuencia, sin perjuicio de la naturaleza del vínculo que ostentó el
demandado con el Instituto de Seguro Social, se colige que esta jurisdicción sí es
competente para conocer del asunto, en la medida en que la administración presentó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, contra su
propio acto administrativo, pretendiendo que se estudie en el fondo del asunto si al
accionado se le reconoció una pensión de vejez sin tener derecho a ello.

En esta línea de intelección de declarará no probado el medio exceptivo de falta de
competencia invocado por el señor José Euler Luna Salcedo y se procederá a
analizar el fondo del asunto de la siguiente manera:

19 Vigente para la época en que se presentó la presente acción, dado que fue invocada el 14 de septiembre de

2010, según acta individual de reparto visible a folio 96 del cuaderno principal.
20 Folios 21 a 27, ídem 23 a 26 del cuaderno de pruebas.

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Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la
siguiente pregunta:

¿El señor José Euler Luna Salcedo acreditó los requisitos exigidos por el artículo 12 del
Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de la citada anualidad, para ser
beneficiario de la pensión de vejez que le fue reconocida mediante Resolución 03494
del 11 de abril de 2003 por el extinto ISS (hoy Colpensiones)?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: el demandado no tiene derecho al
reconocimiento de la prestación en comento, en tanto no cumplió la totalidad de las
exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para ser beneficiario de aquella,
como erradamente se le otorgó, tal como se explica a continuación.

 Del régimen de transición

La Ley 100 de 1993 creó el sistema general de pensiones cuyo propósito era unificar
los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del
territorio nacional21. No obstante, la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación a
quienes fueran beneficiarios de un régimen especial22. La norma introdujo dos
regímenes a saber:

(i) El régimen de prima media con prestación definida, contemplado en el artículo 31
de la normativa en cita, en el cual los aportes de los afiliados van a un fondo común
de naturaleza pública y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos
para obtener este derecho en este régimen son los previstos en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 así: (a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a
partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas
cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en
adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.

(ii) El régimen de ahorro individual con solidaridad, consagrado en el artículo 59 de la
Ley 100 ejusdem, se basa en el capital proveniente de las cotizaciones y los
respectivos rendimientos financieros de las mismas, los cuales se consignan en una
cuenta individual pensional. Allí el monto de la pensión no es determinado
previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento cuando
hayan reunido en su cuenta individual la cantidad dineraria necesaria para financiarla
siempre y cuando su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario
mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad.

Igualmente, la norma previó un régimen de transición para aquellas personas que al
momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la
pensión de vejez con el propósito de proteger sus expectativas que podrían verse
afectadas con el tránsito legislativo. El mismo se fijó en el artículo 36 de dicha ley en
los siguientes términos:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la

21 Artículo 3 de la Ley 100 de 1993.
22 Artículo 279 Ley 100 de 1993.

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cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a
la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

[…]

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso
en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual
con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida […]».

Así, quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tuviesen 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años
de servicios cotizados, tienen derecho a que se les aplique el régimen pensional que
los venía rigiendo en lo que se refiere a la edad para acceder, el tiempo de servicio y
el monto de la prestación.

De esta forma, con el Sistema de Seguridad Social en Pensiones el legislador quiso
integrar en uno solo los distintos regímenes pensionales que existían en Colombia.
Sin embargo, ante la necesidad de proteger las expectativas legítimas de quienes se
encontraban afiliados a otros regímenes, en esta misma legislación se creó el
denominado régimen de transición.

La Corte Constitucional ha definido el régimen de transición como «un mecanismo de
protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten
desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no
haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del
tránsito legislativo23.».

Ahora bien, a efectos de verificar en primer lugar, si el señor Ismael Salar Losada es
beneficiario del régimen de transición, la Subsección advierte que:

i) nació el 28 de mayo de 194124, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 (1.° de abril de 1994), tenía 52 años de edad.

ii) respecto al tiempo de servicios o semanas de cotización, se encuentra que
efectuó sus aportes con destino a pensión de la siguiente forma, de acuerdo con el
reporte de semanas cotizadas fechado 21 de junio de 200725, en concordancia con el

23 Sentencia C-789 de 2002. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley 100 de

1993. Referencia: expediente D-3958.
24
Cédula de ciudadanía del archivo cd visible a folio 1.bis del cuaderno principal.
25 Folios 21 a 27, ídem 23 a 26 del cuaderno de pruebas.

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Oficio DHL YNP-0066 del 28 de marzo de 2011 signado por la jefe de departamento
de historia laboral y nómina de pensionados del extinto ISS (hoy Colpensiones)26:

No. Aportante Razón Social Desde – Hasta No. Días
04012300074 ALHACH N JULIÁN 1967/01/01-1967/03/15 74
04016102466 LITO DELFOR Y CIA LTDA 1967/10/01-1971/04/29 1.307
04016102466 LITO DELFOR Y CIA LTDA 1972/01/17-1972/03/21 66
04014001249 CONURBANAS LTDA 1972/09/28-1972/10/31 34
04013700093 CANDLE ELECTRÓNICA 1973/04/30-1974/09/30 519
04013700093 CANDLE ELECTRÓNICA 1974/10/01-1983/04/26 3.130
04328205076 PROESVI LTDA 1987/06/25-1987/07/15 21
04018206775 JIRO OCCIDENTE S.A. 1987/07/16-1987/10/31 108

TOTAL DÍAS COTIZADOS 5.259
TOTAL SEMANAS 751

De lo anterior, se tiene que en el momento en que entró en vigencia el Sistema de
Seguridad Social Integral consagrado en la Ley 100 de 1993, el señor Luna Salcedo
cumplía con el requisito de la edad (52 años) para ser beneficiario del ya mencionado
régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem. Pero también es evidente que
solo acumulaba un tiempo de servicios de 14 años, 4 meses y 26 días en el sector
privado, y en esa medida, cumplió con los requisitos indispensables para ser
beneficiario del régimen de transición porque acreditó más de 40 años de edad a la
entrada en vigencia de la mencionada normativa en el orden nacional.

Sobre el particular se destaca que, si bien el parágrafo 4.° del artículo 1.° del Acto
Legislativo 01 de 200527, delimitó bajo ciertas circunstancias la extensión del referido
régimen hasta el año 2014, lo cierto es que en caso bajo estudio no resulta aplicable,
por cuanto el señor Luna Salcedo no demostró haber efectuado más cotizaciones al
sistema, más aun cuando se le reconoció pensión de vejez mediante Resolución
3494 del 11 de abril de 2003, efectiva a partir del 28 de mayo de 2001 28.

En conclusión: el señor Ismael Salazar Losada es beneficiario de la transición de la
Ley 100 de 1993, toda vez que al 1.° de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia
de la mentada normativa), demostró haber cumplido más de 40 años de edad, motivo
por el cual tenía una expectativa legítima para pensionarse a la luz del régimen
anterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones al cual se
encontraba afiliado, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del año en comento, el cual fue aplicado por la entidad demandante al momento de
reconocer la prestación.

26 Folios 1 a 7, ídem.
27 «[…] El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en
dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el
año 2014".
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen". […]» (Negrita de la Sala).
28 Folios 5 a 6, del cuaderno principal. Se destaca que el expediente tiene múltiple foliatura.

12
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 Del régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado
mediante Decreto 758 de 1990)

Al respecto, el Decreto 758 de 199029, determinó para los afiliados del Seguro Social
los siguientes requisitos para beneficiarse de la pensión de vejez

«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un
número de un mil (1.0.00) (sic) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.».

Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigido por el artículo
12 ibidem, la Corte Suprema de Justicia había considerado que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto la norma referida, en armonía con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, preveía con suficiente claridad que esos tiempos
tenían que haber sido cotizados directamente a tal entidad previsional. Al respecto,
esa Corporación30 indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en ambos ataques,
esto es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados en el sector público a las semanas
cotizadas al ISS, para efectos de obtener un monto de pensión equivalente al 90% de IBL,
conforme al parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto de 2006 (rad.
27651), en donde se señaló, contrario a lo sostenido por el censor, que si el afiliado era
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
el número de semanas cotizado sería el establecido en el régimen anterior en donde se
encontrare afiliado, esto es, en el presente caso, al previsto en el Acuerdo 049 de 1990, y
a este régimen debía someterse íntegramente, sin que en él se establezca la
posibilidad de sumar cotizaciones realizadas a entidades diferentes al ISS. Se dijo
en esa oportunidad lo siguiente, que sirve para ilustrar el caso: [Resalta la Sala].

[…] Así las cosas, considera la Sala que la razón está de parte del juzgador de
segunda instancia, pues si la demandante es beneficiaria del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de semanas cotizadas
será el establecido en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada, esto es, al
I.S.S y por lo tanto dicho requisito, deberá regirse íntegramente por lo dispuesto en
el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de seguridad
social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita sumarle
otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público
o privado, como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en armonía con el
literal f de su artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella.».
(Resaltado del texto original).

De forma que para la aplicación del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049

29 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de

Seguros Sociales Obligatorios».
30 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611; del 23 de agosto de 2006 radicado 27651; del 19 de

noviembre de 2007 radicado 30187; y del 1.º de febrero de 2011 radicado 41703.
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de 1990, se exigía que el número de semanas requeridas en dicho régimen fueran
cotizadas de forma exclusiva al ISS hoy Colpensiones, por lo que no era posible la
acumulación con los aportes a otras entidades de previsión social, públicas o
privadas.

No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 31, en
reciente decisión modificó su postura al señalar que sí se pueden sumar las semanas
cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas, así como los aportes
por tiempos públicos o privados con fundamento en que la Ley 100 de 1993 dispone
que, para el reconocimiento pensional, se debe tener en cuenta la suma de las
semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja, fondo, o entidad del sector público o
privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público,
cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. Al respecto
señaló:

«[…] No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente
modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de
vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma
anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden
consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los
tiempos laborados a entidades públicas.
[…]

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en
el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos
ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de
condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de
1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de
transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las
semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del
artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen
expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así
éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión
social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de
las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad
del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de
servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el
mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la
validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993,
como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las
personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado,
indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de
que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente
realizado.

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación 70918

(SL1947-2020).

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Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas
pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace
parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita
tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en
últimas, lo que debe contar es el trabajo humano. La posibilidad de la sumatoria de
tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos
instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o
las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para
efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas
pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a
tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y
monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les
permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su
interpretación. […].». (Resaltado intencional).

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de
201432, al estudiar la negativa de Colpensiones que le negó al accionante la pensión
de vejez al considerar que había cumplido con el requisito de semanas requeridas,
por cuanto cotizó un total de 504.43 semanas, de las cuales solamente 387
correspondían a los aportes realizados al Seguro Social en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad para acceder a la pensión. Al respecto, en dicho fallo se
señaló: i) la posibilidad de acumular tiempo laborado en entidades públicas respecto
de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social, con las aportadas al ISS para acceder a la pensión prevista en el
Acuerdo 049 de 1990; ii) la viabilidad de acumular tiempos cotizados a entidades
públicas o fondos de previsión para contabilizar las semanas requeridas, en tanto
que el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan
efectuado de manera exclusiva al ISS; iii) la procedencia de acceder al
reconocimiento pensional sin que todas las cotizaciones se hayan realizado al ISS; y
iv) para el otorgamiento de la pensión de conformidad con el mentado acuerdo
aprobado por el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de la misma
anualidad, es posible la acumulación de tiempos cotizados en el sector público con
los aportes al sector privado.

De igual forma, se pronunció esta esta Subsección33 al señalar que es viable la
acumulación de tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social, o
que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron ser
cotizados, con las semanas aportadas al ISS a fin de acceder a una pensión de vejez
prevista con el Decreto 758 de 1990. En efecto, sostuvo:

«[…] Respecto a la aplicación de este régimen pensional para el reconocimiento de la
pensión de vejez, tanto la Corte Constitucional como esta Sección se han pronunciado
sobre la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizados a cajas o fondos de
previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y
debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales,
indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de

32 Sentencia SU-769 de 2014. Referencia: expediente T-4128630.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado: 25000-23-

42-000-2016-02417-01 (3351-2018).
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tiempo cotizadas en cualquier tiempo y (b) que las solicitudes de reconocimiento
pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse
computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado.
[…]

(ii). No le asiste razón a la entidad demandada al indicar que el Acuerdo 049 de 1990 no
era aplicable al caso concreto, al argumentar que dicha normatividad solo prevé la
posibilidad de computar tiempos cotizados exclusivamente al Instituto de Seguros
Sociales, pero no públicos con privados, como sí lo preceptúan las Leyes 71 de 1988 y
100 de 1993.

Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta
Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas
o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o
privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros
Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000
semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo.

En efecto, se encuentra acreditado en el proceso que, sumado el tiempo laborado por el
demandante a entidades del sector público y el cotizado al Instituto de Seguros Sociales
con empleadores del sector público alcanza un total de 10.591 días, que equivalen 1603,
correspondientes a 29 años, 2 meses y 29 días; en esa medida, cumplió con la
acreditación de las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier
tiempo.». (Negrillas y subrayas del texto original).

En tal pronunciamiento jurisprudencial, la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó que el régimen pensional de las personas beneficiarias de la transición
consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique el
Acuerdo 049 de 1990, incluye los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas
de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior; en cuanto al ingreso base
de liquidación, este se liquidará en los términos del inciso del artículo 36 o del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 con la inclusión de los factores sobre los cuales se
hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en el Decreto 1158 de 1994.

 El demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Decreto 758 de 1990

Bajo el contexto normativo y jurisprudencial anterior, es necesario analizar el acervo
probatorio recaudado y practicado en el presente proceso a fin de evidenciar si el
demandante demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos para determinar la
concreción del derecho en litigio bajo lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 758
de 1990, como inicialmente lo consideró la entidad demandada al momento de
reconocer la prestación. En efecto, al expediente fueron aportadas las siguientes
pruebas relevantes:

 El señor José Euler Luna Salcedo nació el 22 de mayo de 194134.

 Mediante Resolución 3494 del 11 de abril de 2003, el jefe del Departamento de
Atención al Pensional del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, reconoció

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pensión de vejez al señor Luna Salcedo, efectiva a partir del 28 de mayo de
200135, conforme los siguientes argumentos:

«[…] Que el 04 de junio de 2002, el asegurado JOSE (SIC) EULER LUNA
SALCEDO [...] presentó solicitud de pensión de vejez.

Que teniendo en cuenta lo previsto en el régimen de transición establecido por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el asegurado cumple con
los requisitos de edad y semanas exigidas para el derecho a la pensión de vejez.

En consecuencia, […]

La liquidación se basó en 1116 semanas cotizadas, con ingreso base de liquidación
de $1.233.721. […]». (Mayúsculas del texto original).

 Posteriormente, con ocasión de la auditoría de los expedientes administrativos a
través de los cuales dicha entidad reconoció prestaciones económicas, el ISS
procedió a revocar directamente el anterior acto administrativo a través de
Resolución 12756 del 3 de octubre de 200736, con base en lo que a continuación
se indica:

«[…] Que por lo anterior se procedió a la verificación de la información obrante en la
resolución por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez, cotejándola con la
historia laboral válidamente expedida por la GERENCIA NACIONAL DE HISTORIA
LABORAL Y NOMINA (SIC) DE PENSIONADOS de los periodos que se reportaron
como aportados por el señor JOSE (SIC) EULER LUNA SALCEDO, verificándose
tal y como consta en la certificación obrante en el expediente y de la cual se
concluye que cuenta con SETECIENTAS CINCUENTA Y UN semanas (751)
válidamente cotizadas al ISS.

Que por lo tanto se establece que el reconocimiento de la prestación se efectuó de
manera ilegal, por cuanto a la fecha de reconocimiento el asegurado no contaba con
la densidad mínima de semanas requeridas para acceder al derecho, y por ende,
desde la fecha de ingreso a nómina, mayo de 2003, hasta mayo de 2007, el señor
JOSE (SIC) EULER LUNA SALCEDO ha percibido una prestación a la cual no tiene
derecho, generando con ello un detrimento al Fondo Común de Naturaleza Pública
de la Administradora de Pensiones del ISS.
[…]

Que en orden a lo anterior, y de acuerdo al texto constitucional antes anotado,
resulta forzoso concluir que no es procedente reconocer pensiones y cancelar
mesadas pensionales que no cumplan los requisitos previstos en el Sistema
General de Pensiones.

Como consecuencia, atendiendo la expresa prohibición de índole constitucional, no
hay lugar a interpretaciones distintas a que sin el lleno de los requisitos exigidos por
las normas especiales que gobiernan el Sistema General de Pensiones, no era
posible el reconocimiento de la pensión de vejez a favor del señor (a) JOSE (SIC)
EULER LUNA SALCEDO, toda vez que no adquirió ni causó el derecho a la misma.
[…]». (Negrillas y mayúsculas conforme a la transcripción).

35 Folios 5 a 6, ídem. Se destaca que el expediente tiene múltiple foliatura.
36 Folios 7 a 12, ídem.

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 Para la expedición del acto administrativo de revocatoria, la entidad llevó a cabo
una investigación administrativa, tal como se observa en el auto de apertura de
investigación y auto de pruebas37.

 Contra la decisión de revocatoria directa, el señor Luna Salcedo interpuso acción
de tutela, la cual fue decida en primera instancia en sentencia del 22 de enero de
2008, por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali, que la
declaró improcedente38.

 Con ocasión de la impugnación invocada, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante fallo del 22 de febrero del 2008, revocó la providencia de primera
instancia y tuteló los derechos fundamentales del accionante, ordenando al extinto
ISS (hoy Colpensiones), suspender los efectos del acto administrativo de
revocatoria directa39.

 La entidad demandante dio cumplimiento al anterior fallo judicial, por medio de
Resolución 08487 del 14 de mayo de 2008, en la cual se dejó sin efectos la
Resolución 12756 del 3 de octubre de 200740.

 Acorde con lo anterior, se advierte el Formato de Noticia Criminal del 4 de julio de
2007, en el cual se plasmó la denuncia realizada por la jefe de historia laboral de
nómina de pensionados del extinto ISS, respecto de las irregularidades previstas
en varios reconocimientos de pensiones sin el lleno de los requisitos, entre ellos,
se encuentra el del señor Luna Salcedo41.

 De conformidad con el Oficio 50000-61393 del 19 de abril de 2012, la Fiscalía 90
Seccional la investigación por el delito de peculado por apropiación y otras
conductas, se declaró el cierre de la investigación y preclusión a favor del señor
Luna Salcedo, por auto del 27 de noviembre de 200942.

 Según el reporte de semanas cotizadas en el período 1967 y 1994, expedido el 21
de junio de 2007 por el extinto ISS, los empleadores que efectuaron cotizaciones a
favor del señor Luna Salcedo, son los siguientes: i) ALHACH N JULIÁN; ii) LITO
DELFOR Y CIA LTDA; iii) CONURBANAS LTDA; iv) CANDLE ELECTRÓNICA DE
COLOMBIA; v) PROESVI LTDA; vi) JIRO DE OCCIDENTE S.A.43.

 En igual sentido, y con ocasión del Oficio DHL YNP-0066 del 28 de marzo de 2011
signado por la jefe de departamento de historia laboral y nómina de pensionados
del extinto ISS (hoy Colpensiones)44, se certificó que el demandante solo había
cotizado 751 semanas y no 1.116 como erradamente se tuvo en cuenta para
efectos del reconocimiento pensional.

37 Folios 13 a 19 y 28 a 29, ídem.
38 Folios 45 a 56, ídem.
39 Folios 57 a 67, ídem.
40 Folios 30 a 32, ídem.
41 Folios 68 a 69, ídem.
42
Folio 120, ídem.
43 Folios 21 a 27, ídem 23 a 26 del cuaderno de pruebas.
44 Folios 1 a 7, ídem.

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 De ello también da cuenta el reporte de semanas cotizadas signado por
Colpensiones, actualizado al 9 de septiembre de 2014, en el cual se observa que
entre el 1.° de enero de 1967 y el 16 de julio de 1987, el señor Luna Salcedo
cotizó 751 semanas, sin que en otros períodos haya efectuado más aportes en
sistema de pensiones45.

De conformidad con los medios de pruebas aportados, en primer lugar, ha de
señalarse que el extinto ISS por medio de Resolución 3494 del 11 de abril de 2003,
el jefe del Departamento de Atención al Pensional del Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Valle, reconoció pensión de vejez al señor José Euler Luna Salcedo,
efectiva a partir del 28 de mayo de 2001, al considerar que contaba con 1.116
semanas cotizadas, tomando un IBL de $1.233.721, causándose un retroactivo que
ascendió a la suma de $28.958.120.

En segundo lugar se observa que, con ocasión de la auditoría de los expedientes
administrativos a través de los cuales la entidad demandante reconoció prestaciones
económicas, e iniciar el trámite administrativo respectivo, procedió a revocar
directamente el anterior acto administrativo a través de Resolución 12756 del 3 de
octubre de 2007, al evidenciar que de la confrontación de la historia laboral en la
base de datos que reflejó los períodos reportados como semanas cotizadas, y que
sirvió de base para otorgar la prestación con la historia laboral expedida por la
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, se observaba que
el señor Luna Salcedo solo contaba con 751 semanas, motivo por el cual concluyó
que el acto de reconocimiento se efectuó de manera ilegal.

Con ocasión del fallo de acción de tutela proferido el 22 de febrero del 2008, por
parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se tutelaron los derechos del
interesado y se ordenó al ISS dejar sin efectos el acto administrativo de revocatoria
en comento, decisión judicial a la cual se le dio cumplimento a través de Resolución
08487 del 14 de mayo de 2008.

Ahora bien, dentro del trámite administrativo llevado a cabo por la entidad
demandante, se observa que por medio de auto de pruebas 03691 del 11 de
septiembre de 2007, la Jefatura de Atención al Pensionado del ISS, Seccional Valle
del Cauca, convocó al señor José Euler Luna Salcedo a rendir declaración, con el fin
de establecer la causa de la inconsistencia detectada en la historia laboral y para
que, si a bien lo consideraba, aportara las pruebas pertinentes.

No obstante, acorde con lo señalado por el extinto ISS en el DHL YNP-0066 del 28
de marzo de 2011, al contestar prueba requerida por el a quo, se indicó que «al
presentarse a la oficinas del Seguro Social el señor José Euler Luna Salcedo manifestó el
nombre de las mismas empresas […] y solo mencionó la empresa BRILLANTINA que (sic) al
parecer laboró dos años entre el periodo 1983 a 1984, al verificar las planillas de aportes,
dicha empresa nunca realizó pagos de aportes por el señor José Euler Luna Salcedo.».

En efecto, al analizar el reporte de semanas cotizadas fechado 21 de junio de 2007 y
el Oficio DHL YNP-0066 del 28 de marzo de 2011 signado por la jefe de
departamento de historia laboral y nómina de pensionados del extinto ISS (hoy
Colpensiones), se observa claramente que en el período 1967 y 1994, el interesado
efectivamente aportó 751 semanas. Tampoco demostró haber realizado aportes a
otras cajas o fondos de previsión. Lo cual se acompasa con el reporte de semanas

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cotizadas signado por Colpensiones, actualizado al 9 de septiembre de 2014.

De igual forma, se observan los movimientos de la solicitud 986911 correspondiente
al peticionario Luna Salcedo, en la cual se constata que elevó solicitud de
reconocimiento pensional el 4 de junio de 2002, a la cual se le asignó la carpeta con
el número 365293 en el Centro de Atención Pensiones Norte –CAP NORTE-, y que
con posterioridad a la recepción del escrito, no se allegó complementación alguna
hasta la expedición de la Resolución 3494 de 200346.

Sobre el punto, cabe destacar que dicha omisión se mantuvo aún en el presente
trámite, habida cuenta de que el demandado no concurrió al presente proceso y por
tanto, no ejerció su derecho de contradicción, pues no aportó medios probatorios
siquiera sumarios que permitieran respaldar la legalidad del acto demandado, solo se
acudió al sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Los anteriores elementos probatorios son suficientes para demostrar que el
reconocimiento de la pensión de vejez efectuada por el extinto ISS a favor del señor
Luna Salcedo, por medio de Resolución 3394 de 2003, es abiertamente ilegal, en la
medida en que se evidencia una clara discrepancia entre las semanas que se
tuvieron en cuenta para tal fin, y las efectivamente cotizadas por el beneficiario de la
prestación, sin que se aportaran elementos probatorios que dieran cuenta que la
diferencia advertida.

Ahora bien, demostrado como se encuentra hasta esta intelección de que el
demandado solo acreditó para efectos del reconocimiento pensional 751 semanas y
que el acto de reconocimiento erradamente tuvo en cuenta 1.116, procederá esta
Sala de Decisión a verificar si el beneficiario cumplió con los requisitos necesarios
para ser beneficiario de la prestación con los aportes que realizó al extinto ISS.

Bajo esa óptica, se tiene que de conformidad con el artículo 12 del Decreto 758 de
1990, para tener derecho a la pensión de vejez se tiene que se deben acreditar los
siguientes requisitos, a saber: i) 60 o más años de edad si se es varón, o 55 o más
años de edad si se es mujer; y ii) un mínimo de 500 semanas de cotización durante
los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o haber acreditado
1000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

En el presente caso, las condiciones anteriores no se cumplen, tal y como se
advierte a continuación:

• El señor Ismael Salazar Lozada nació el 28 de mayo de 1941, por lo que el 28
de mayo de 2001 cumplió los 60 años de edad;
• También se encuentra en el expediente que el solicitante contaba con un total
de 751 semanas cotizadas al extinto ISS (hoy Colpensiones), dada su
vinculación a diferentes empresas del sector privado. Ese tiempo laborado y
las cotizaciones corresponden al período comprendido entre 1967 a 1994 para
un total de 14 años, 4 meses y 26 días;
• De esta forma, se debe verificar si acreditó dentro de los veinte años
anteriores al cumplimiento de la edad, -28 de mayo de 1981 hasta el 28 de
mayo de 2001-, 500 semanas47, toda vez que la exigencia de 1.000 semanas
no la satisfizo:

46 Folios 6 a 9 el cuaderno de pruebas.
47 Folios 1 a 7 y 21 a 27, ídem 23 a 26 del cuaderno de pruebas.

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No. Aportante Razón Social Desde – Hasta No. Días
04012300074 ALHACH N JULIÁN 1967/01/01-1967/03/15 74
04016102466 LITO DELFOR Y CIA LTDA 1967/10/01-1971/04/29 1.307
04016102466 LITO DELFOR Y CIA LTDA 1972/01/17-1972/03/21 66
04014001249 CONURBANAS LTDA 1972/09/28-1972/10/31 34
04013700093 CANDLE ELECTRÓNICA 1973/04/30-1974/09/30 519
04013700093 CANDLE ELECTRÓNICA 1974/10/01-1983/04/26 3.130
04328205076 PROESVI LTDA 1987/06/25-1987/07/15 21
04018206775 JIRO OCCIDENTE S.A. 1987/07/16-1987/10/31 108

TOTAL DÍAS COTIZADOS 5.259
TOTAL SEMANAS 751

Acorde con las pruebas referenciadas, y específicamente la tabla contentiva de las
semanas cotizadas, se encuentra que en el lapso -28 de mayo de 1981 al 28 de
mayo de 2001-, solo realizó aportes por 117 semanas48. Aunado a ello, en el caso de
que se le sumara la vinculación con la empresa Brillantina entre los años 1983 y
1984, que declaró el beneficiario durante el trámite administrativo y que
supuestamente no fueron cotizados, sin perjuicio de la ausencia de prueba de dicha
circunstancia, tampoco sumaría las 500 semanas requeridas por la normativa.

Bajo esta línea de intelección, habida cuenta de que el señor José Euler Luna
Salcedo no acreditó la exigencia de servicio consagrado en el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990, es dable colegir que el acto administrativo
demandado se encuentra viciado de nulidad, conforme lo declaró el tribunal de
primera instancia y en esa medida, es claro que no tiene derecho a percibir la
pensión de vejez que le fue reconocida mediante Resolución 3494 de 2003.

Por otro lado, no es de recibo el argumento esgrimido por el apelante en el sentido
de que la pensión debe sostenerse, por cuanto tiene un derecho adquirido, ello, toda
vez que si bien dicha figura jurídica en tratándose de pensión de vejez o jubilación
constituye un beneficio intangible a quien ha cumplido los requisitos de edad y
tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas exigidas por la ley para
acceder a dichas prestaciones económicas, tiene un derecho adquirido a gozar de
las mismas, por cuanto se entienden incorporados de modo definitivo al patrimonio
del titular de tal manera que queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda
desconocerlo, pues la Constitución lo protege49; lo cierto es que, conforme quedó
analizado en precedencia el señor Luna Salcedo no acreditó las exigencias para ser
beneficiario de la prestación, por lo que no existen tales prerrogativas sobre
ilegalidades.

Tampoco puede accederse a la aplicación de principio pro homine conforme lo
solicita el apelante, canon interpretativo que se desprende de los artículos 1.°, 2.° y
93 de la Carta Política, que impone aquella interpretación de las normas jurídicas que
sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, aquella que propenda por el
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución Política50, toda vez que no existe en el presente asunto, norma

48 Ello es coincidente con lo señalado por el extinto ISS en la Resolución 08487 del 14 de mayo de 2008 (folios 30

a 32, ídem).
49 Corte Constitucional, sentencias C-168 de 1995 y C-475 de 2013.
50 Sentencia T-171 de 2009. Según la misma Corte Constitucional en sentencia C-438 de 2013 este es un criterio

de interpretación fundado en las obligaciones contenidas en los artículos 1.°, 2.º y 93.º de la Carta Política, bajo el
entendido que los «derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con
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que permita la continuación del pago de aquella, sin que no se contravenga el
ordenamiento jurídico, pues conforme quedó analizado el demandado no tiene
requisitos para su otorgamiento y no se observa disposición que prevea el
reconocimiento de la pensión con 751 semanas cotizadas.

Por último, contrario a lo deprecado por el interesado en el recurso de alzada de que
existió un «yerro en el problema jurídico planteado», al no desvirtuarse la presunción
de legalidad de que goza el acto enjuiciado, es claro que en efecto la Resolución
3494 del 11 de abril de 2003, al tener como base 1.116 semanas cotizadas y no las
571 que efectivamente aportó, y en virtud de ello, dar aplicación al Decreto 758 de
1990, se incurrió en el vicio de nulidad de infracción de las normas en que debía
fundarse.

En conclusión: el demandante no cumple los requisitos contenidos en el artículo 12
del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de la mencionada anualidad,
para ser beneficiario de la pensión de vejez, que le fue reconocida, en la medida en
que no acreditó más de 500 semanas de cotización anteriores al cumplimiento de la
edad, esto es, 28 de mayo de 1981 al 28 de mayo de 2001, ni 1000 semanas en
cualquier tiempo. En consecuencia, el acto administrativo demandado debe ser
declarado nulo, tal como lo consideró el a quo.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia apelada,
habida cuenta de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

Condena en costas

No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA51 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva y falta de competencia, formuladas por el señor José Euler Luna Salcedo,
acorde con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia», que se estipulan, además, en el artículo 5.° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Por lo tanto, este principio impone que «sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una
situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del
derecho fundamental». Sentencia T-085 de 2012.
51 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el

juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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Segundo: Confirmar la sentencia del 25 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
su modalidad de lesividad interpuso la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones contra el señor José Euler Luna Salcedo.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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