Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01596-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01596-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2010-01596-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984
Radicación : 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)
Demandante : Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. E.S.P.)
Demandado : Jaime Ocampo Mesa
Tema : Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (en adelante EMCALI)
presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución 00311 del 5 de abril de
2004, mediante la cual se reconoció a la parte demandada una pensión de jubilación con
fundamento en la convención colectiva de trabajo 1999-2000, suscrita el 9 de marzo de
1999.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985,
en el marco del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (ii) que se
imponga al demandado la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas con
ocasión del reconocimiento pensional irregular, conforme al nuevo cálculo que resulte de
la liquidación ajustada, y (iii) se condene al pago de intereses y ajustes monetarios, en
los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA).
3. Señaló que el demandado tuvo la condición de empleado público hasta el 30 de
diciembre de 1996, conforme a la naturaleza jurídica que revestía EMCALI en ese
momento. Sin embargo, a partir del 1.º de enero de 1997, cuando dicha entidad se
transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, el demandado habría
adquirido la calidad de trabajador oficial. No obstante, advirtió que esta clasificación no
puede derivarse únicamente del cambio formal en la naturaleza jurídica de la entidad ni
de la denominación del cargo desempeñado, pues ello desnaturalizaría el análisis del
derecho sustancial. En ese sentido, insistió en la aplicación del principio de primacía de
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Demandante: Empresas Municipales de Cali
la realidad sobre las formas en materia laboral, habida cuenta de que el accionado
cumplía con los elementos propios del vínculo legal y reglamentario, por lo cual debía
conservar la calidad de empleado público.
4. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el demandado no podía ser beneficiario
de una convención colectiva de trabajo, y que, en su lugar, el reconocimiento pensional
debía regirse por lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, en el marco del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En aplicación de dicho
régimen, afirmó que el accionado solo tenía derecho a una pensión equivalente al 75 %
del ingreso base de liquidación (en adelante IBL), determinado a partir de los factores
salariales previstos de manera expresa en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y
devengados durante el último año de servicio.
5. En consecuencia, cuestionó el reconocimiento pensional efectuado con fundamento
en la convención colectiva de trabajo 1999-2000, en virtud de la cual se concedió al
accionado una pensión equivalente al 90 % del promedio de salarios y primas de toda
índole —legales y extralegales— percibidas en el último año de servicios, con la precisión
de que, al asumir el riesgo por vejez el fondo de pensiones de seguridad social, este solo
pagaría el mayor valor si lo hubiere.
Contestación de la demanda.
6. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que el
acto administrativo acusado se ajustó a las disposiciones constitucionales, legales y
estatutarias que regulan la clasificación de los servidores de EMCALI, observando
estrictamente el régimen convencional aplicable en su calidad de trabajador oficial, en su
condición de titular del cargo de coordinador de gestión y desarrollo de proyectos, el cual
no ha sido clasificado como empleo público.
7. Añadió que no resulta procedente ordenar la devolución de las sumas percibidas, en
la medida en que no se ha desvirtuado la presunción de buena fe con la que recibió las
mesadas pensionales, las cuales fueron pagadas en virtud del acto administrativo
demandado.
II. SENTENCIA APELADA.
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, sin imponer condena en costas a la parte demandada. Concluyó que no
era procedente extender al accionado la protección contenida en el artículo 146 de la Ley
100 de 1993, dado que su situación pensional no se encontraba consolidada, razón por
la cual no tenía derecho al pago de la pensión de jubilación en los términos en que le fue
reconocida. En consecuencia, el Tribunal coligió que el acto administrativo demandado
vulneraba el ordenamiento jurídico, al contradecir las normas aplicables en la materia, y
por ello declaró su nulidad. No obstante, precisó que el accionado sí tenía derecho al
reconocimiento de una pensión en los términos legales correspondientes.
9. En ese sentido, el Tribunal estableció que el demandado era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, ordenó el
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reconocimiento de la pensión con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es,
equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios. Finalmente, negó las demás pretensiones, sin efectuar un
análisis de fondo respecto de estas.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
10. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandada, argumentando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 3135 de 1968, la regla general es que los servidores vinculados a empresas
industriales y comerciales del Estado ostentan la calidad de trabajadores oficiales, y
únicamente por excepción revisten el carácter de empleados públicos aquellos que
desempeñan funciones de dirección o confianza. En este último caso, dicha clasificación
debe estar expresamente prevista en los actos estatutarios expedidos por la respectiva
junta directiva.
11. Afirmó que el cargo que desempeñó —coordinador de gestión y desarrollo de
proyectos— corresponde al nivel profesional, el cual, de conformidad con el citado
artículo 5 y con lo dispuesto en las Resoluciones JD0015 de 1999, 1547 de 1999 y 0090
de 1999 expedidas por la Junta Directiva de EMCALI, no ha sido catalogado como
directivo, ni conlleva funciones de dirección o confianza. Por tanto, ese cargo debe ser
clasificado como propio de un trabajador oficial.
12. Añadió que desde el año 1997 EMCALI le otorgó tratamiento de trabajador oficial,
circunstancia corroborada por los descuentos realizados a su nómina a favor del sindicato
SINTRAEMCALI, por concepto de aportes sindicales, durante el periodo comprendido
entre enero de 1998 y enero de 2004. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el a
quo incurrió en un defecto material sustantivo, al aplicar un régimen pensional que
resultaba incompatible con su naturaleza jurídica como trabajador oficial.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
13. Mediante autos proferidos el 30 de junio de 2016 y del 1.° de diciembre del mismo
año, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se ordenó
correr traslado para la presentación de alegatos de conclusión, así como al Ministerio
Público para la emisión de su concepto, respectivamente.
14. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandada presentó
alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. La parte demandante guardó silencio.
15. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar
que no resulta procedente extender al demandado la protección prevista en el artículo
146 de la Ley 100 de 1993, toda vez que su situación pensional no se encontraba
consolidada al momento de entrar en vigor dicha norma. En consecuencia, concluyó que
no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión en los términos establecidos en la
convención colectiva de trabajo.
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V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
16. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA),
modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia,
corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada1.
Problema jurídico.
17. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso cuarto del
artículo 164 del CCA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de
caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.
Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 a los procesos que se encontraban en curso para la fecha en que entró en
vigor la norma.
18. El numeral 2 del artículo 136 del CCA establece como regla general que, cuando se
pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo. Ahora bien, en
tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la Ley 2381 de 20242 prevé
una regla especial de caducidad según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y
que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de esta ley.»
19. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas
disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de la norma,
1
La Corte Constitucional en Auto 316 de 2021 (Expediente CJU-0000489) dispuso «[…] 8.6. Regla de Decisión. Por lo expuesto, la
Corte Constitucional precisa que cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.». (Negrillas del texto original). Tesis que fue reiterada, entre otros,
en los Autos 385 y 1169 de 2021.
2
“Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan
otras disposiciones”.
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según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se
encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta cuestión,
esta Subsección se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida
disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo
de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada
norma3, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 20244.
20. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede
generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83
de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,
en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».
21. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de la Sala en el
sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de 5 años previsto
en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de
la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso desde
antes de esta modificación normativa.
22. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa
prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer
las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas y,
en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En
cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte
Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho
encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:
«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador,
• numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de
configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y
demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite
al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la
3
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-
2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre
de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4
“Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo
concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás
disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia
desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se
realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-
2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten
desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. […] el proceso
no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la
realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica
(Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la
doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29,
150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para
fijar tales formalidades procesales.»5 (Subrayado propio).
23. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el
legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al
no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico6.
24. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular
los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los
antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto original de la
norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las
actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 20037; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es
Ley de la República.
25. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad
fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que declaró la
inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y
tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite
temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y
la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en
la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229
C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):
«Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin
prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el
universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya
consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la
inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente
determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse
a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso
5
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones
reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”
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extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con
la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo
contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los
actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio
bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede
perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin
embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y
desproporcionada. […]
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29
C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de
Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que
desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al
legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la
integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las
personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la
Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»8 (Resaltado original,
subrayado propio)
26. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del
Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las
personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para
que dicho reconocimiento sea cuestionado:
«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las
pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión,
bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe,
es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en
cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y
una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo
adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que
en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver
revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento
de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones.
Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado
esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien al Estado o
han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan
seguridad de obtener una decisión definitiva.»9
27. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que
procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos
8
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.
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fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que
ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
jubilarse.
28. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso
en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una
tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra
reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los
derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala,
prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les
reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por
la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales
derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la
Constitución.
29. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
30. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea»10.
31. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad
concreto11, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el
presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma
hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad
competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea
ostensible.
32. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, Rad. 66001-
23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
11
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control
de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad
concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior
jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P.
Darío Quiñonez.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)
Demandante: Empresas Municipales de Cali
en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el
artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.
33. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente aplicable tanto
en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de
2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso,
aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de
algún delito.
34. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso cuarto del artículo 164
del CCA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la acción de encontrarse
probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en que se efectuó el
reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se encontraba en curso para la
fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto último, aun si el
demandado no la propuso como excepción.
Caso concreto.
35. Está probado que al demandado le fue reconocida una pensión de jubilación
mediante la Resolución 00311 del 5 de abril de 2004, con fundamento en la convención
colectiva de trabajo 1999-2000, acto administrativo cuya nulidad se pretende en el
presente proceso. La demanda de la referencia fue radicada ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 16 de septiembre de 2010.
36. Así las cosas, comoquiera que la demanda fue interpuesta después de transcurridos
más de 6 años desde la expedición del acto administrativo censurado, esta Subsección
revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar de oficio la
excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024.
Condena en costas.
37. El artículo 171 del CCA12 establecía que para la imposición de costas se debía
emplear un criterio subjetivo y, en consecuencia, debía analizarse la conducta de la parte
vencida en el proceso, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil
(hoy Código General del Proceso).
38. Descendiendo al caso concreto, se considera que la parte accionante no actuó con
temeridad o mala fe y, además, no puede perderse de vista que, si bien la sentencia de
primera instancia fue revocada en su totalidad en los términos del numeral 4 del artículo
365 del CGP, ello obedeció a la declaratoria de oficio de la excepción de caducidad
conforme a una norma que no existía para la fecha en que se presentó la demanda y por
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CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta
la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del
Código de Procedimiento Civil».
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)
Demandante: Empresas Municipales de Cali
ello no le era exigible tenerla en cuenta. Por lo expuesto, no se impondrá condena en
costas en ninguna instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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