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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01598-03

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01598-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto ordenó a Emcali iniciar el cobro ejecutivo de lo pagado en exceso a partir del 15 de marzo de 2012, si no hizo efectiva la orden en firme de suspensión provisional que decretó el Consejo de Estado en este proceso. 57 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil». 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-31-000-2010-01598 03 (3319-2022) Demandante: Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad interpuso Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, contra la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-01598-03

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de noviembre de 2022

Radicado: 76001-23-31-000-2010-01598 03 (3319-2022)
Demandante: Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01598-03 (3319-2022)
Demandante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI1
Demandado: OFIR LILIANA TRUJILLO JORDAN

Temas: Reconocimiento pensión convencional. Posibilidad de los
servidores públicos de beneficiarse de las convenciones
colectivas del trabajo. Situaciones pensionales consolidadas que
ampara el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali EICE, ESP), por conducto de apoderado,
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el
artículo 85 del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA) 2, en
su modalidad de lesividad, formuló las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad del Oficio 800-GA-000049 del 17 de enero de 2008, expedido
por la entidad demandante, por medio del cual se reconoció y ordenó el pago de
la pensión de jubilación convencional a la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar el reconocimiento de
la pensión de jubilación a favor de la señora Trujillo Jordan en los términos de las
Leyes 33 y 62 de 1985, en aplicación del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) reintegrar las sumas pagadas por concepto

1 En adelante EMCALI EICE ESP.
2 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 16 de septiembre de 2010, según acta
individual de reparto visible a folio 86 del cuaderno principal.
3 Folios 60 a 61, del cuaderno principal.

1
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Demandante: Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP

del «reconocimiento irregular» resultantes de las operaciones aritméticas que se
deban efectuar con la nueva liquidación en comparación con el IBL en el acto
administrativo demandado, desde el momento de la efectividad del derecho y
hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al presente proceso con los intereses
y ajustes monetarios según lo regula el artículo 178 del CCA.

Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda4

1. La señora Ofir Liliana Trujillo Jordan prestó sus servicios de la siguiente manera:

i) Contraloría General de Santiago de Cali:4 años, 7 meses y 27 días;
ii) Contraloría General de la República: 3 años, 9 meses y 8 días;
iii) Municipio de Santiago de Cali: 4 meses y 15 días;
iv) Emcali: 14 años, 7 meses y 23 días.

2. Mediante Oficio 100-GG-001347 del 27 de diciembre de 2007, se le aceptó la
renuncia a partir de la mencionada fecha, en su calidad de jefe de la División de
Ejecuciones Fiscales.

3. Posteriormente, Emcali reconoció a favor de la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan
pensión de jubilación convencional a través de Oficio 800-GA-000049 del 17 de
enero de 2008, en cuantía de $5.993.800, efectiva a partir del 27 de diciembre de
2007, teniendo en cuenta en la liquidación además de la asignación básica, las
doceavas partes de todas las primas legales y extralegales devengadas por ella en
el último año de servicio.

4. Para efectos del reconocimiento de la anterior prestación, la entidad demandante
tuvo en cuenta 20 años de servicio y una tasa de reemplazo del 90%, de
conformidad con los beneficios regulados en la Convención Colectiva 1999-2000,
suscrita entre Emcali y Sintraemcali.

5. Las Empresas Municipales de Cali se constituyeron como establecimiento público
del orden municipal, naturaleza jurídica que mantuvo hasta el 30 de diciembre de
1996, cuando por disposición del Acuerdo Municipal 014 se transformaron en una
empresa industrial y comercial del Estado, motivo por el cual, a partir del 1.° de
enero de 1997, por regla general, las personas vinculadas a dicho ente son
trabajadores oficiales y, excepcionalmente empleados públicos.

6. Conforme a lo anterior, en el caso bajo estudio pese al cambio de la naturaleza de
la entidad demandante, la señora Trujillo Jordan era empleada pública, según las
funciones por ella desarrolladas y por ende no era dable que se beneficiara de la
convención colectiva celebrada por la empresa con Sintraemcali, tal como lo prevé
el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe expresamente la
negociación colectiva de aquellos trabajadores.

Normas violadas y concepto de violación

Para la parte demandante, el acto administrativo acusado desconoció, entre otras,
las siguientes normas:

4 Folios 52 a 55, ídem.

2
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• Preámbulo y artículos 1.°, 2.°, 4.°, 48, 53, 83 y 150 literales e) y f);
• Artículo 2.° del Código Contencioso Administrativo;
• Artículos 1.° y 3.° de la Ley 33 de 1985 y;
• Artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.

En síntesis, el concepto de violación lo formuló así:

La parte activa sostuvo que en el sub examine se vulneraron las normas
mencionadas, toda vez que la entidad para efectos de expedir el acto de
reconocimiento, no atendió lo reglado por las Leyes 33 y 62 de 1985, ello en virtud del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que le eran
aplicables en materia pensional a la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan, por cuanto la
prestación se liquidó en un valor superior y a una edad inferior a la que legalmente le
correspondía dado su carácter de servidora pública del orden territorial.

Asimismo, precisó que para la fecha de retiro del servicio y de adquisición del estatus
pensional la interesada tenía la condición de empleada pública, motivo por el cual no
podía ser beneficiaria de la convención colectiva de trabajo vigente, por lo que el acto
administrativo enjuiciado que le reconoció la pensión de jubilación convencional, se
profirió en contra del ordenamiento jurídico, en la medida en que omitió dar aplicación a
las normas legales vigentes al momento de concederse la pensión.

Adicionalmente y para referirse a la situación jurídica de sus servidores, expuso que
Emcali estuvo constituida como un establecimiento público del orden municipal hasta
el 30 de diciembre de 1996, cuando el Concejo Municipal de Santiago de Cali,
mediante Acuerdo 014 de 26 de diciembre de 1996, dispuso su transformación en
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, EICE, Empresa de Servicios
Públicos, ESP, y estableció que el régimen legal de los servidores de la entidad sería
el de trabajadores oficiales, no obstante, definió que en los estatutos internos de la
misma se precisaría qué actividades de dirección o confianza serían desempeñadas
por empleados públicos y en el artículo 16 enlistó los cargos que estarían sometidos
a dicho régimen.

En relación con lo anterior, aclaró que de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 17 y 41 de la Ley 142 de 11 de julio de 19945, Emcali acogió lo regulado por
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en cuanto a la naturaleza jurídica de las
empresas de servicios públicos y el régimen aplicable a sus trabajadores, y recordó
que el 13 de diciembre de 1979, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el
artículo 38 del Decreto Ley 3135 de 1968, que permitía a las juntas y consejos de las
entidades descentralizadas, determinar el régimen salarial y prestacional de dichas
entidades, bajo la consideración de que estos tópicos eran materia privativa del
Congreso de la República.

Finalmente, manifestó que, como consecuencia de los razonamientos expuestos,
cualquier efecto legal que se pretenda con fundamento en el acto administrativo por
el cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, contraría y
quebranta el ordenamiento constitucional, en cuanto se refiere al régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos.

5 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».

3
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Solicitud de suspensión provisional

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos derivados del
acto administrativo demandado6, la cual fue denegada mediante providencia del 22
de octubre de 2010, expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
discurrir que no se evidenciaba la vulneración planteada por la entidad demandante,
toda vez que se hacía necesario efectuar un estudio de fondo del acto acusado con
las normas que presuntamente infringió, razonamiento que solo era posible realizarlo
en la sentencia7.

La anterior decisión fue objeto del recurso de apelación, al considerar la entidad
demandante que la señora Trujillo Jordan al tener la calidad de empleada pública no
podía beneficiarse de la convención colectiva a ella aplicada en el Oficio 800-GA-
000049 del 17 de enero de 2008 que reconoció la prestación, por lo cual es claro que
se contraría y quebranta los lineamientos constitucionales y legales8.

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de providencia del
21 de noviembre de 2011 revocó la decisión recurrida y ordenó la suspensión
provisional parcial del acto acusado que excede el 75% contemplado en la Ley 33 de
1985, al señalar que se le concedió la prestación a partir del 27 de diciembre de
2007, sin que la pensionada tuviera una situación jurídica consolidada al 30 de junio
de 1997, por lo que, al ser beneficiaria del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le era
aplicable lo consagrado en la Ley 33 de 1985, vulnerándose de esta forma el
ordenamiento superior9.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA10

La señora Ofir Liliana Trujillo Jordan se opuso a las pretensiones de la demanda e
indicó que la demanda es «temeraria», en la medida en que la jurisdicción ordinaria,
mediante sentencia judicial en firme que hizo tránsito a cosa juzgada, dejó
establecido que el cargo de asistente jurídico de la Secretaría General que
desempeñó era de trabajador oficial atendiendo a la regla general de que todos los
cargos de una empresa industrial y comercial del Estado ostentan dicha calidad y por
tanto legítimamente es beneficiaria de convenciones colectivas.

Sobre el punto, expuso que se vinculó el 29 de abril de 1993 como coordinadora de
auditoría interna y posteriormente fue incorporada a la planta de la entidad
demandante en el cargo de asistente de dirección jurídica, el cual desempeñó hasta
que fue retirada del servicio conforme se advierte en el acto administrativo que le
reconoció la pensión, por tanto, es claro que las funciones por ella ejercidas no eran
de manejo y confianza.

Bajo esa óptica aludió que la Resolución 1547 de 1999 es clara en indicar que el
empleo de asistente de dirección jurídica no se encuentra en el listado del anexo 2
que determina los cargos que tienen la condición de empleos públicos, circunstancia

6 Folios 81 a 85, del cuaderno principal.
7 Folios 88 a 91, ídem.
8 Folios 94 a 96, ídem.
9 Folios 116 a 122 del cuaderno de suspensión provisional.
10 Folios 295 a del cuaderno principal. Se destaca que el expediente tiene múltiple foliatura.

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que también se deduce de las Resoluciones 090 de 1999 y 0820 de 2004, motivo por
el cual la demanda a la luz de la afirmación de la calidad de la demandada es inocua.

SENTENCIA APELADA11

El a quo profirió sentencia escrita el 17 de noviembre de 2021, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la entidad demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia analizó inicialmente el marco normativo de la
naturaleza jurídica de las personas vinculadas a Emcali, con el fin de señalar que a
partir del 1.° de enero de 1997, los empleados que prestaban sus servicios a las
empresas industriales y comerciales del Estado se consideraban trabajadores
oficiales, según lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 142 de 1992, en
concordancia con el Acuerdo 014 de 1996.

A continuación, citó apartes de la sentencia del 16 de febrero de 2012 proferida por
el Consejo de Estado12 y concluyó que los empleados públicos que hubieran
consolidado su derecho a una pensión extralegal con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y hasta el 30 de junio de 1997, podrían pensionarse
bajo las previsiones de carácter convencional, en amparo de sus derechos
adquiridos.

A partir de los medios probatorios allegados al plenario, indicó que el 20 de mayo del
2004, Emcali expidió la Resolución 000820 mediante la cual dictó el estatuto interno,
estableció la estructura organizacional, adoptó la planta de cargos; calificó como
administrativo el cargo de asistente de gerencia, y clasificó el cargo de asistencia de
gerencia como empleado público (artículo 11) y autorizó suprimir los cargos de
empleado público que gozan de fuero sindical previa autorización de levantamiento
de fuero sindical, entre ellos el cargo de asistente de dirección jurídica de secretaria
general, por lo que se había demostrado dentro del proceso que la señora Ofir Liliana
Trujillo Jordan no era beneficiaria del régimen pensional convencional, por cuanto:

i) prestó sus servicios a entidades públicas por 23 años, 7 meses y 13 días,
acumulando sus últimos 14 años a EMCALI;
ii) siempre tuvo la calidad de empleada pública, más desde la expedición de la
Resolución 090 y los actos de posesión subsiguientes, desde el 2 de diciembre de
1999 hasta el 27 de diciembre de 2007;
iii) el Tribunal Superior no reconoció la calidad de trabajador oficial, pues limitó su
intervención jurisdiccional laboral a ordenar unos reajustes salariales basado en que
no encontró enlistado el cargo de asistente jurídico de secretaria general en el anexo
2, y no se produjo un efecto de cosa juzgada, ya que el juez laboral no debatió ni
falló la legalidad de las Resoluciones 3142 de 1999, 090 de 1999, 150 de 2000, 654
de 2000, ni mucho menos la legalidad del oficio que comunicó que accedía al disfrute
del beneficio de una pensión extralegal, dado que ello corresponde al juez
administrativo.

11 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Dar clic en documentos. Archivo (21_SENTENCIA(.pdf)

NroActua 87) del expediente digital.
12 Radicado: 76001-23-31-000-2003-02047-00 (2218-11).

5
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De otra parte, esgrimió que la devolución de los dineros percibidos por la demandada
con ocasión al reconocimiento de la pensión convencional sin derecho ni
convalidación, era improcedente de acuerdo con la valoración de los medios de
prueba que obran en el expediente y de la conducta procesal asumida por la señora
Trujillo Jordan, pues no se desvirtuó la presunción de buena fe y tampoco que la
beneficiaria haya obtenido el reconocimiento pensional por medios ilegales, sin
embargo, sí era procedente la devolución de lo pagado en exceso desde la ejecutoria
de la medida de suspensión provisional.

En cuanto a si subsistía la obligación pensional de origen legal a cargo de Emcali,
puntualizó que toda vez que a partir del 11 de marzo de 2015 Colpensiones
reconoció la prestación con base en los tiempos públicos, no hay lugar a hacer
efectivo el derecho pensional con base en la Ley 33 de 1985 y en todo caso a partir
de esa fecha, al desaparecer la pensión convencional, la entidad demandante no
tenía ninguna obligación pensional.

Por último, indicó que en el expediente no obraba prueba documental que
evidenciara el cumplimiento de la orden de suspensión provisional parcial del Oficio
800-GA-000049 del 17 de enero del 2008, por lo que ordenó la compulsa de copias
de este fallo judicial a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de establecer
responsabilidades de orden fiscal, disciplinaria y penal, si a ello hubiere lugar, de los
funcionarios o personas encargadas en la entidad demandante de: i) vigilar y realizar
seguimiento a la defensa jurídica de la entidad; ii) cumplir las órdenes de pago de
mesadas pensionales; iii) brindar información sobre la nómina de pensionados.

RECURSO DE APELACIÓN13

La señora Ofir Liliana Trujillo Jordan formuló recurso de apelación contra la
decisión reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada, para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda. Para tal fin, sostuvo que la entidad
demandante, en todo el desarrollo del proceso, no adujo, no presentó, ni solicitó
recepción de prueba alguna que demostrase su condición de empleada pública y
menos aún las funciones de dirección y confianza que supuestamente realizaba.

Sobre el particular, sostuvo que la interesada en su defensa probó que el empleo de
asistente de la dirección jurídica tenía la naturaleza jurídica de trabajador oficial y
presentó los actos estatutarios de Emcali que demuestran que la Junta Directiva no
incluyó el cargo de asistente jurídico, en el listado expreso de empleos públicos, tales
como Resoluciones 7447 de 1997, 1547 de 1999, 090 de 1999 y 0820 de mayo 20
de 2004.

No obstante lo anterior, dicha situación no fue analizada en la sentencia de primera
instancia y de manera sorpresiva, «sin siquiera una argumentación que justificase la
decisión o al menos la referencia de un soporte probatorio», señaló que el cargo de
asistente jurídico corresponde a la clasificación de empleado público y con ello
desvía la causa jurídica propuesta por las partes del proceso y peor aún, centra su
razonamiento en la aplicación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, norma que
convalidó los derechos adquiridos a pensiones extralegales proferidas por entidades
13 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Dar clic en documentos. Archivo
(42_RECIBEMEMORIALES_2RECURSODE APELAC(.pdf) NroActua 99) del expediente digital.

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territoriales, que no fue objeto de la demanda, que no tiene relación alguna con la
causa jurídica y que por tanto no tuvo ocasión de controvertir la demandada y que
configura el quebrantamiento del principio de consonancia de la sentencia y
determina la decisión contraria a derecho.

De otro lado, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura al decidir el conflicto de
competencias en el sub lite no cuestionó ni desvirtuó la condición de trabajadora
oficial de la señora Liliana Trujillo, ya determinada por el Consejo de Estado en el
auto del 15 de abril de 2016 y por tanto, no se entiende por qué este hecho tan
protuberante fue simplemente desconocido en la sentencia objeto de este recurso,
para dar por sentado, sin análisis alguno, que la demandada desempeño cargo de
empleada pública; ya que sin entrar a controvertir las razones del Consejo Superior
de la Judicatura, el estudio y la decisión sobre la naturaleza jurídica del cargo,
constituía el tema básico y forzoso a dilucidar por el a quo.

Por último, arguyó que la sentencia de primera instancia erró al ordenar el
adelantamiento en su contra de un proceso de ejecución para el pago de los
recursos pensionales que corresponden a la decisión contenida en la medida
cautelar, pues quebranta el derecho fundamental a la defensa y debido proceso, toda
vez que a los administrados no se les puede exigir la devolución de dineros que
recibieron de buena fe.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

EMCALI EICE, ESP14 reiteró los argumentos esbozados en la demanda e insistió en
que la señora Trujillo Jordan tenía la condición de empleada pública, por lo que no
podía favorecerse de un reconocimiento pensional fundamentado en una convención
colectiva.

Ofir Liliana Trujillo Jordan15: reprodujo las manifestaciones esgrimidas en el
recurso de apelación en insistió en que conforme con los actos estatutarios de
Emcali siempre ostentó la condición de trabajadora oficial, por lo que sí es
beneficiaria de la pensión convencional reconocida.

El ministerio público guardó silencio en desarrollo de esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 682 del cuaderno principal.

CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 129 del CCA modificado por el artículo 37 de la Ley
446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en la respectiva alzada.

14 Índice 14 de la plataforma SAMAI.
15 Índice 14 de la plataforma SAMAI.

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Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la
siguiente pregunta:

1. ¿Con la expedición del Oficio 800-GA-000049 del 17 de enero de 2008, se incurrió
en el vicio de nulidad denominado «infracción de las normas en que debía
fundarse», al reconocer la pensión de jubilación a la señora Ofir Liliana Trujillo
Jordan, con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000, suscrita
entre la entidad demandante y su sindicato de trabajadores Sintraemcali?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: el acto administrativo demandado
adolece del vicio endilgado, en la medida en que la demandada no tiene derecho al
reconocimiento prestacional concedido ni consolidó su situación jurídica antes del 30
de junio de 1997, al no demostrar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en
dicho instrumento convencional, tal como se explica a continuación.

• Naturaleza jurídica de Emcali y su régimen de personal

Con el fin de definir el contexto normativo que afectó la naturaleza jurídica de la
vinculación de la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan con las Empresas Municipales de
Cali, se realizarán las siguientes precisiones:

Mediante Acuerdo 50 de 196116 expedido por el Concejo Municipal de Cali, se
constituyó el establecimiento público denominado Empresas Municipales de Cali -
Emcali- como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería
jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera «la dirección, organización,
administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las Empresas e instalaciones
de propiedad del Municipio de Cali que constituyen el Acueducto Municipal, el Alcantarillado
Municipal, la Empresa de Energía Eléctrica Municipal, la Empresa Telefónica Municipal, las
Plazas de Mercado y de Ferias, y el Matadero Municipal.».

Posteriormente, el Decreto Ley 3135 del 26 de diciembre de 1968 17 de manera
general, estableció los criterios para determinar quiénes son servidores públicos y
quienes trabajadores oficiales, al señalar:

«[…] Artículo 5º.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que
prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos,
Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores
oficiales.

En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden
ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.18

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas

16 Folios 17 a 25 del cuaderno principal.
17 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el

régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
18Texto subrayado declarado inexequible Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.

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precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos. […]19.».

A su vez, el Decreto 1848 de 1969, en el artículo 2.° definió que los empleados
públicos son las personas que prestan sus servicios en los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales, mientras que en el artículo 3.° estableció que
los trabajadores oficiales, son quienes laboran en las entidades referidas en el inciso
1 del artículo 1 de ese mismo decreto20, en la construcción y sostenimiento de las
obras públicas, salvo el personal directivo y de confianza que labore en dichas obras,
así como aquellos que prestan sus servicios en establecimientos públicos con
carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado
y en sociedades de economía mixta.

En lo que respecta a la posibilidad de definir a través de los estatutos de los
establecimientos públicos, quienes tendrían la condición de trabajadores oficiales, es
importante precisar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-484 de 1995,
declaró inexequibles las expresiones «En los estatutos de los establecimientos públicos
se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante
contrato de trabajo» y «sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué
actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la
calidad de empleados públicos», contenidas en el Decreto Ley 3135 de 1968, por
considerar, en síntesis, que la autonomía de las entidades descentralizadas no llega
al punto de permitirles definir en sus estatutos las actividades que pueden ser
desarrolladas por trabajadores oficiales, pues ésta es una atribución del legislador, a
quien también le corresponde la clasificación de los empleos de la administración
nacional.

Ahora bien, la Ley 142 de 1994, previó el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, y en relación con las empresas de servicios públicos, en el artículo 17
dispuso lo siguiente:

«[…] Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.

Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional,
cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán
adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga
otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas.
En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel
territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la
Constitución, será el previsto en esta Ley. La Superintendencia de Servicios Públicos
podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que
presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a
lo dispuesto en esta Ley.

19 Texto subrayado declarado exequible en la misma Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
20 Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades
administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta,
definidos en los artículos 5, 6 y 8 del Decreto Legislativo 1050 de 1968.

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Parágrafo 2o. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el
ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los
sistemas. […]»21

En cumplimiento de lo anterior, el Concejo Municipal de Cali, expidió el Acuerdo 014
del 31 de diciembre de 199622, por medio del cual Emcali se transformó en una
Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal (artículo 4.°), a partir
del 1.° de enero de 1997, es decir que desde este momento, como regla general, la
naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de
trabajadores oficiales y de manera excepcional los estatutos de estas empresas
podrían definir los cargos con funciones de dirección o confianza que deban ser
desempeñados por empleados públicos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5.°
del Decreto Ley 3135 de 1968, antes transcrito.

En efecto, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, definió que las personas que presten
sus servicios a empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter
de trabajadores particulares, y en tal virtud se les aplica el Código Sustantivo del
Trabajo, y en el caso de aquellas personas que prestaran sus servicios en empresas
que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ibidem, y se
transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirían por lo
establecido en el artículo 5.° del precitado Decreto Ley 3135 de 1968, esto es, se
considerarían trabajadores oficiales, tal y como lo consideró la Corte Constitucional
en la sentencia C-253 de 1996 al declarar la inexequibilidad de la expresión «inciso
primero del» contenida en dicho artículo, al razonar que ella implica que los
empleados públicos de estas empresas, que se encuentran sometidas en cuanto a
su actividad y organización al régimen privado, se ven limitados en su derecho de
negociación colectiva (artículo 55 de la Constitución Política), además de que
tendrían una situación laboral distinta a la de los demás trabajadores oficiales,
situación que es discriminatoria respecto de los servidores de las sociedades por
acciones, privadas y mixtas igualmente aludidas por la Ley 142 de 1994, que sí
cuentan con dichas garantías.

En este contexto, la Junta Directiva de EMCALI profirió la Resolución JD-0003 del 10
de enero de 199723, en la cual clasificó a sus servidores en empleados públicos y
trabajadores oficiales, en los artículos 26 y 27, contenidos normativos que fueron
declarados nulos por la Subsección B de esta Sección, en providencia del 1.° de julio
de 199924, toda vez que en su criterio desbordaban las previsiones legales sobre la
clasificación de los empleos de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Más adelante, la Junta Directiva de EMCALI delegó en el gerente de la entidad la
facultad de precisar que las actividades de dirección o confianza deben ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos, conforme
a las normas legales que regulan la materia y para modificar la estructura orgánica e
interna de la empresa, adecuando su organización a las necesidades del servicio,
21 Posteriormente la Ley 286 del 3 de julio de 1996 «Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de

1994 (sic) y la Ley 223 de 1995.» Estableció lo siguiente: «Artículo 2º.- Las entidades descentralizadas y demás
empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere la Ley 142 de 1994, se transformarán en
empresas de servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en un
plazo hasta de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente Ley.»
22 Folios 26 a 37 del cuaderno principal.
23 «Por la cual se dictan los estatutos de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, EMPRESAS

MUNICIPALES DE CALI, E.I.C.E.». Ver folios 371 a 401, ídem.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de julio de 1999, radicación 3164-98.

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por medio de la Resolución JD-081 del 13 de noviembre de 1997.

En desarrollo de lo anterior, el gerente de EMCALI expidió la Resolución GG-7447 de
24 de noviembre de 1997 «por medio del cual se clasifican los servidores públicos de las
Empresas Municipales de Cali» y en el artículo 1.° señaló:

«A partir del 1 de enero de 1997, el personal vinculado laboralmente a las Empresas
Municipales de Cali serán trabajadores oficiales y por excepción serán empleados
públicos quienes realicen actividades de dirección y o confianza, entendiéndose los que
actúen en función no simplemente de ejecución, sino de concepción, coordinación de
políticas empresariales que ostentan facultades jerárquicas usualmente superiores a las
del trabajador ordinario y que muchas veces lo coloquen en la posibilidad de recibir
delegación de quienes representan la dirección de la Empresa, actúen en función
creativa, posean facultades disciplinarias y de mando y estén dotados de un determinado
poder discrecional de autodecisión, los cuales corresponden a los cargos que se
relacionan a continuación:

GERENTE
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIO TÉCNICO
DIRECTOR CENTRO DE INFORMÁTICA
DIRECTOR JURÍDICO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECTOR CONTROL DISCIPLINARIO
DIRECTOR DE ECONOMÍA
COORDINADORES DE UNIDAD
JEFES DE DEPARTAMENTO
ANALISTA DE SEGURIDADES CDI.». (Mayúsculas del texto original).

En relación con la clasificación descrita, esta Corporación en sentencia del 23 de
mayo de 200225 definió que los cargos de jefe de departamento son de trabajador
oficial y no de empleado público, en atención a las funciones que le habían sido
atribuidas, las cuales no consistían en fijar las directrices de la entidad sino que se
contraen simplemente a las referidas a un área técnica como eran las que
correspondían a los departamentos.

Posteriormente, el Concejo Municipal de Santiago de Cali a través del Acuerdo 034
de 15 de enero de 199926 adoptó el estatuto orgánico para la Empresa Industrial y
Comercial de Cali EMCALI E.I.C.E. y en el artículo 16 señaló el régimen legal de los
trabajadores de la entidad en los siguientes términos:

«El régimen legal de los trabajadores de EMCALI E.I.C.E será el que le corresponde al
artículo 5º, inciso 2º, del Decreto 3135 de 1968. La regla general será la de trabajadores
oficiales y excepcionalmente ostentarán la calidad de empleados públicos quienes
desarrollen actividades de dirección confianza y manejo en los siguientes cargos:

Gerente General
Asistentes de Gerencia

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de mayo de 2002, radicación:
76001233100019981011 01 (2873-2001).
26 Folios 158 a 168, del cuaderno principal.

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Gerentes de Unidades Estratégicas de Negocios
Gerente de Área
Secretarios Generales
Director Centro de Informática
Director Administrativo y Financiero
Directores de Servicios
Subgerentes de Servicio
Jefe de Oficina de Control Interno
Jefes de Oficina de Control Disciplinario
Jefes de Departamento.»

La anterior previsión fue declarada parcialmente nula por el Consejo de Estado en
sentencia del 25 de marzo de 200427, por encontrar que quebrantaba el
ordenamiento jurídico, habida cuenta de que el Concejo Municipal no podía enlistar
los cargos que debían ser desempeñados por empleados públicos, puesto que tal
función estaba en cabeza de la Junta Directiva de la respectiva entidad.

Luego, por medio de la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999 28, la Junta
Directiva de EMCALI adoptó la estructura orgánica de la empresa, para lo cual, en el
Anexo 129, hizo un listado de los cargos clasificados como de trabajadores oficiales, y
en el Anexo 230 hizo lo propio respecto de los que correspondían a empleados
públicos. En el caso particular en relación con el cargo asistente de secretaria
general desempeñado por la aquí demandada, en el anexo 2 del mentado acto
administrativo se observa lo siguiente:

Asistente de gerencia general;
Asistente especializado;
Asistente de secretaria general; (Se destaca)
Asistente coordinador calis;
Director;
Director control interno;
Gerente área;
Gerente general;
Gerente ptar;
Jefe de departamento;
Jefe de oficina control disciplinario;
Secretaria privada de gerencia general;
Secretario general; y
Subgerentes.

Asimismo, a través de la Resolución 150 de 25 de enero de 2000 mediante la cual se
dispuso «incorporar como empleados públicos (NO TRABAJADORES OFICIALES) a la
planta de cargos de EMCALI establecida mediante resolución (sic) 090 del 28 de diciembre
de 1999 a los funcionarios que se relacionan a continuación: registro 8778 LILIANA
TRUJILLO JORDAN asistente de secretaria general», se indicó que el cargo quedó
dependiendo de la gerencia general y su condición de asistente no cambió, por tanto,
siendo asistente de gerencia, la naturaleza jurídica de empleado público no varió31.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2004, radicación:
76001233100019992135 02(3436-2002).
28 Folios 402 a 405 del cuaderno principal.
29 Folios 406 a 412, ídem.
30 Folio 413, ídem.
31 Página 27 archivo digital expediente digitalizado SHAREPOINT).

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Ahora bien, el 27 de enero del 2000, la señora Trujillo Jordan tomó posesión como
asistente secretaría general32 y el 4 de abril del 2000, mediante Resolución 654, la
Gerencia General de EMCALI, cambió la denominación del empleo público de
asistente de la secretaria general desempeñado por la interesada por el de asistente
jurídico de secretaria general al considerar que:

«(1) por Resolución 090 se creó el cargo de asistente de secretaria general, (ii) se
autorizó al gerente para adecuar la denominación del cargo; (2) que por Resolución 150
de 25 de enero de 2000 la señora Liliana se incorporó como asistente de secretaria
general; (3) que el apoyo que en aspectos jurídicos requiere la secretaria general es de
carácter permanente, se hace necesario cambiar la denominación del cargo asistente de
secretaria general por el de asistente jurídico de secretaria general».

Aunado a lo anterior, se observa que mediante resolución 1629 del 29 de agosto de
2000, expedida por el gerente de recursos humanos de la entidad demandante, se le
negó a la interesada la solicitud elevada por la demandante tendiente a que fuera
catalogada como trabajadora oficial, toda vez que se consideró que la inclusión en la
denominación del empleo de «jurídico» no modificó la calidad de empleada pública33.

Conforme lo expuesto es viable concluir que, hasta el 31 de diciembre de 1996, la
regla general que aplicaba en materia de régimen de personal de Emcali era la de los
empleados públicos y excepcionalmente sería la de trabajadores oficiales. Por el
contrario, a partir del 1.º de enero de 1997, con la transformación de su naturaleza
jurídica a la de empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, la
regla general de vinculación laboral pasó a ser de trabajadores oficiales y
excepcionalmente de empleados públicos de conformidad con lo que se estableciera
en sus estatutos, siempre que ello atendiera las previsiones legales que rigen la
materia.

• Competencia para la fijación del régimen pensional de empleados públicos

Es importante tener presente que la Constitución Política de 1886, dispuso en su
artículo 62 lo siguiente:

«[…] Artículo 62.- La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las
calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la
serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro
público. […].» (Se subraya)

El ordinal 9.° del artículo 76, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1968, estableció
que correspondía al Congreso hacer las leyes, y por medio de ellas ejercía las
siguientes atribuciones:

«[…] Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de
ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el
régimen de sus prestaciones sociales. […].» (Se subraya).

32 Página 599 archivo digital expediente digitalizado SHAREPOINT
33 Páginas 27 a 29 y 614 a 616 archivo digital expediente digitalizado SHAREPOINT.

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Por su parte, la Constitución Política de 1991, en el artículo 150 numeral 19 literal e),
facultó al Congreso de la República para expedir las leyes y a través de ellas señalar
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular
el régimen prestacional de los servidores públicos. Igualmente, de acuerdo con el
artículo 48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un
servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los
términos que establezca la ley.

A su vez la Ley 4.ª de 1992, prevé lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;

[…]

ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo; (subraya la Sala) […].»

El artículo 10 de esta misma norma determina: «[…] Todo régimen salarial o
prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente
Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos. […].»

Así pues, resulta evidente que el constituyente atribuyó la facultad para expedir
normas en materia prestacional al Legislador y de manera concurrente al Gobierno
Nacional, pero no otorgó dicha potestad a ninguna otra autoridad.

De ahí se concluye, que ni a la luz de la Constitución de 1886 ni de la Carta de 1991,
las entidades territoriales o del sector descentralizado, pueden proferir actos de
reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales, pues
no tenían facultades para ello34. En esas condiciones, resultan ilegales las
disposiciones que en esta materia se expidan a través de normas de carácter local
como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de
establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; así
como las contenidas en convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de
empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tópico35.

34 En este sentido ver Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, Corte Constitucional.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de septiembre de 2011. Radicación:

68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11).

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En consecuencia, son normas tales como las Leyes 6.ª de 1945, 33 de 1985, 62 de
1985 y la Ley 100 de 1993, para citar algunas, las aplicables en materia pensional a
los empleados públicos.

• La posibilidad de los empleados públicos de beneficiarse de convenciones
colectivas

En relación con este aspecto, el Convenio 151 de la Organización Internacional del
Trabajo, prevé:

«[…] Artículo 1

1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la
administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más
favorables de otros convenios internacionales del trabajo.

[…]

Artículo 7

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales
para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de
negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de
empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros
métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones. […].» (Negrillas fuera del texto)

Por su parte, el Convenio 154 de la misma Organización, se refiere al fomento de la
negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores y a
todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el
ejercicio del derecho a la negociación colectiva, limitado únicamente por las
excepciones que defina la ley.

A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la limitación de
las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los siguientes términos:

«[…] LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos no
pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los
sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros
sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos
términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga. […] »36. (Se
resalta).

Lo anterior tiene fundamento precisamente en la vinculación legal y reglamentaria de
los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de afectar la facultad de las
autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo37.

36 Declarada exequible por la sentencia C-201-02.
37 Corte constitucional, Sentencia C-201 de 2002

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Es importante señalar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de
1998, al examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio
151 antes citado, consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre
trabajadores oficiales y empleados públicos, en lo relacionado con el ejercicio del
derecho de negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce pleno del
derecho, y restringirlo para los segundos, bajo el argumento de que no se puede
afectar la facultad de las autoridades (Congreso, presidente en el plano nacional,
asambleas, concejos, gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes
territoriales), de fijar autónomamente las condiciones del empleo.

La mencionada Ley 411 de 1997, a su turno, fue reglamentada por el Decreto 160
del 5 de febrero de 201438 en el cual se reguló «el procedimiento para la negociación
exclusivamente de las condiciones de empleo, entre las entidades y autoridades públicas
competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos», aplicable a los todos
organismos excepto39:

«[…] a) Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político,
jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno,
representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción
de políticas públicas;

b) Los trabajadores oficiales;

c) Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o
corporaciones territoriales, y,

d) El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. […]».

En el mismo sentido, al referirse a los Convenios 151 y 154 de la OIT, en la
sentencia C-201 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo 416
del Código Sustantivo del Trabajo, así como en la sentencia C-1234 de 2005 que
declaró la exequibilidad condicionada de la expresión contenida en el mismo artículo
«Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni
celebrar convenciones colectivas», bajo el entendido de que para hacer efectivo el
derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución
Política, y de conformidad con los mencionados instrumentos, las organizaciones
sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la
concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto
formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el
procedimiento para el efecto.

Ahora bien, a través del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, el Gobierno Nacional
reglamentó la Ley 411 de 1997. Dicho acto reguló el procedimiento para la
negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones sindicales de
empleados públicos, limitado exclusivamente a las condiciones de empleo (artículo
1.°), dentro del cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención
colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo (artículo 13).

38 Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los

procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.
39 El campo de aplicación del Decreto 160 de 2014 se encuentra delimitado en el artículo 2.

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De todo lo expuesto, se concluye que los sindicatos de empleados públicos no
pueden presentar pliego de peticiones, ni pueden beneficiarse de los acuerdos
contenidos en las convenciones colectivas.

• Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993

El artículo 146 de la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:

«[…] Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o
departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con
anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales
en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores
públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus
organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o cumplan dentro de los
dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas normas.40

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley. […]».

De conformidad con el artículo transcrito, las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en
disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes;
asimismo, quienes antes de su entrada en vigor reunieran los requisitos para
pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las
condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997, declaró la exequibilidad
de este artículo y frente a las disposiciones municipales y departamentales en
relación con las pensiones, dijo:

«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos
comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y
definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal
forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

[…]

40 Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante

sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997.

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Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando
por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al
legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio
constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte Constitucional, Sentencia C-168
de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes [...]».

La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado admitió que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron
incluidas las regulaciones de las convenciones colectivas de trabajo41. En este
sentido y para efectos de la convalidación de pensiones reconocidas con fundamento
en aquellas, la Sala Plena de esta Sección sostuvo que las mismas se encuentran
dentro de los supuestos establecidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues
la convención colectiva que involucra a empleados públicos no puede ser tenida
como un contrato, dado que aquellos no pueden regirse por estos instrumentos y
tampoco puede tener el carácter de una norma, en razón a que carece de las
formalidades propias de una preceptiva sin embargo, sí puede ser tenida como una
disposición, puesto que lo que se buscó con ella fue dar protección y progresividad a
los derechos de los trabajadores42.

Es relevante señalar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia
pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibidem estableció que entraría a regir a
partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones
particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser respetadas, sin
embargo el artículo 146, permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años
siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social, aparte que fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia C-410 de
1997 antes mencionada.

A pesar de lo anterior, esta Corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos
respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de
junio de 1995 y el 30 de junio de 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley
270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos
hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los
efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia
pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales
antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el
Sistema General en cada entidad territorial.

Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se

41 Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), , reiterado en las sentencias de la
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de septiembre de 2011, Radicación: 68001-23-15-000-2005-
02272-02(0013-11); de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación: 68001-23-31-000-
2005-02207-01(0200-13), y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación: 68001-
23-31-000-2005-02293-02(4597-13), entre otras.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-

2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico.

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consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento
en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad,
quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino
también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera,
estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada
con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.

• La demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos legales para
ser beneficiaria de la pensión convencional a ella reconocida ni contar con una
situación jurídica consolidada antes del 30 de junio de 1997

Bajo el contexto normativo y jurisprudencial anterior, es necesario analizar el acervo
probatorio recaudado y practicado en el presente proceso a fin de evidenciar si la
demandada demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos para determinar la
concreción del derecho en litigio bajo lo dispuesto en la Convención Colectiva 1999-
2000, suscrita entre dicha empresa y su sindicato Sintraemcali. En efecto, al
expediente fueron aportadas las siguientes pruebas relevantes:

 La señora Ofir Liliana Trujillo Jordan nació el 26 de noviembre de 195743 y prestó
sus servicios a las siguientes entidades conforme se relaciona a continuación

Entidades Periodos

Municipio de Santiago de Cali44 Del el 18 de junio de 1987 hasta el 03 de
noviembre de 1987.
Contraloría General de la Del 28 de septiembre de 1983 al 06 de julio de
Republica45 1987.
Contraloría General de Del 04 de noviembre de 1987 al 31 de agosto
Santiago de Cali46 de 1992
EMCALI EICE ESP47 Del 05 de mayo de 1993 al 27 de diciembre de
2007.

 En virtud de lo anterior, mediante Oficio 800-GA-000049 17 enero de 2008, la
gerente administrativa de EMCALI EICE ESP, reconoció pensión de jubilación a la
señora Ofir Liliana Trujillo Jordan, efectiva a partir del 28 de diciembre de 200748,
con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en
el último año de servicio, conforme los siguientes argumentos:

«[…] me permito comunicarle que por cumplir los requisitos de tiempo de servicio y
edad establecidos en el Articulo 48 Anexo 1 de la actual convención colectiva de 3
trabajo vigentes al momento del retiro (28 de diciembre de 2007); en el cargo de
Asistente de Dirección Jurídica, adquirió el derecho al beneficio de la jubilación a
partir del 28 de diciembre de 2007.

43 Según cédula de ciudadanía visible a folio 11 del cuaderno 8
44 Folio 285 del cuaderno 8
45 Folio 286, ídem.
46 Folios 287 al 288, ídem.
47 Folio 289 ídem
48 Folio 328, cuaderno principal.

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[…]

Igualmente me permito comunicarle que:

Cuando la Administradora de Pensiones asuma el riesgo de vejez, se pagará
únicamente el mayor valor si lo hubiere entre la pensión otorgada y la que se
encuentre reconociendo EMCALI E.I.C.E. E.S.P. […]». (Mayúsculas del texto
original).

De conformidad con los medios de pruebas referenciados, se desprende que:

i) la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan nació el 26 de noviembre de 1957 y acumuló
23 años, 7 meses y 13 días de servicios prestados en entidades de servicio público,
entre el 16 agosto 1978 al 27 de diciembre de 2007, como empleada pública, de la
siguiente manera:

Empleadores Tiempo de servicio Naturaleza del Cargo

Municipio de Santiago de 4 meses, 15 días: entre el Jefe División Ejecuciones
Cali 18 de junio de 1987 y el 3 de Fiscales.
noviembre de 1987:
Naturaleza del Cargo:
Empleada pública.
Contraloría General de la 3 años, 9 meses y 8 días: Por la naturaleza de la
República entre el 28 de septiembre de entidad pública.
1983 y el 6 de julio de 1987
Naturaleza del Cargo:
Empleada pública.
Contraloría General del 4 años, 9 meses y 27 días: Secretaria general
Municipio de Cali entre el 4 de noviembre de
1987 y el 31 de agosto de Naturaleza del Cargo:
1992 Empleada pública.
EMCALI EICE E.S.P. 14 años, 7 meses y 23 i) desde el 5 de mayo de
días: entre el 5 de mayo de 1993, como coordinadora
1993 hasta el 27 de auditoría interna – División
diciembre de 2007 de Gerencia Control de
gestión.

Conforme a la naturaleza de
la entidad (hasta el 31 de
diciembre de 1996).
Naturaleza del Cargo:
empleada pública.

ii) Desde 25 de marzo de
1999, jefe Oficina Control
Interno – Gerencia General.

iii) Desde el 2 de diciembre
de 199 como asistente
jurídico.

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iv) Desde el 25 de enero de
1999 como asistente
secretaría general

Conforme a la Resolución
0090 del 28 de diciembre de
1999 expedida por EMCALI.

Naturaleza del Cargo:
Empleada pública.
Total tiempo de servicio en
entidades de derecho
público: 23 años, 7 meses y
13 días

ii) entre Emcali y el sindicato de trabajadores de la empresa fue celebrada una
convención colectiva de trabajo, vigente entre 1999 y 2000, prorrogada hasta el 30
de junio de 2004, que estableció el derecho de los trabajadores oficiales a jubilarse al
contar con 50 años de edad y 20 de servicios continuos o discontinuos; y

iii) por medio de Oficio 800-GA-000049 del 17 de enero de 2008, la entidad
demandante concedió pensión de jubilación extralegal a la accionada, con
fundamento en la referida convención colectiva y con base en el tiempo laborado en
esa entidad, en el Municipio de Santiago de Cali, en la Contraloría General de la
República y en la Contraloría General de Santiago de Cali.

Con el fin de resolver el asunto litigioso, la Sala advierte que en virtud del cambio de
naturaleza jurídica de Emcali de establecimiento público a empresa industrial y
comercial del Estado adoptado por el Concejo de Cali mediante Acuerdo 014 de 26
de diciembre de 1996, sus entonces empleados públicos que no desempeñaban
alguno de los cargos reseñados en la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999
o que implicara confianza y dirección, pasaron a ser trabajadores oficiales, a partir
del 1.º de enero de 1997.

Sobre el particular, se destaca que en efecto en la Resolución 00090 del 28 de
diciembre de 199949, la Junta Directiva de Emcali al adoptar la estructura orgánica de
la empresa en el Anexo 2 de dicho acto administrativo precisó los cargos que tenían
la calidad de empleados públicos, entre ellos, el denominado asistente de secretaría
general, que ejercía la demandada.

Lo anterior, halla sustento además en lo señalado en la Resolución 150 de 25 de
enero de 2000, por medio de la cual se incorporó como empleados públicos a la
planta de cargos de la entidad demandante establecida mediante Resolución 090 de
1999, entre ellos a la señora Trujillo Jordan como asistente de secretaria general.
Posteriormente, mediante Resolución 00654 del 04 de abril de 2000, se le cambió la
denominación de asistente de secretaria general por el de asistente jurídico de
secretaria general, cargo desempeñado por la demandada50, tal como se analizó en
acápites anteriores.

49 Folios 402 a 405 del cuaderno principal.
50 Folios 94 a 95 del cuaderno 8.

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De esta forma, se observa que la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan entre el 16
agosto 1978 y el 27 de diciembre de 2007, siempre ostentó el estatus de empleada
pública esto es, 23 años, 7 meses y 13 días de servicios, por lo que 20 años de
servicio los cumplió el 16 de agosto de 2003, empero, llegó a la edad de 50 años el
26 de noviembre de 2007 –que exigía la convención en comento-, por tanto el
instrumento convencional ya no podía surtir efectos ultractivos por disposición de la
Ley 100 de 1993 que vino a unificar el régimen pensional para los servidores
públicos, y por lo tanto, no puede efectuarse un reconocimiento pensional con
fundamento en una convención cuyos efectos legales cesaron por ministerio de la
ley (artículo 146 Ley 100 de 1993). En tal sentido, al no consolidar el derecho que le
otorgaba la convención colectiva, antes del 30 de junio de 1997, no es procedente la
aplicación de dicha convención, pues aquella pertenece al grupo poblacional al que
le es aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

De igual modo, para adquirir derecho a las pensiones extralegales de jubilación
previstas en la convención colectiva de trabajo 1999-2000 de Emcali, es necesario
acumular el tiempo de labor de 20 años en cargos cuya naturaleza sea de trabajador
oficial, sin que el desempeño en otros empleos públicos sea homologable para tal fin,
por tanto y en gracia de discusión se aceptara la tesis de la parte demandada en el
sentido de que a partir de 1999 ejerció como trabajadora oficial, no completó 20 años
en dicha calidad.

En efecto, tratándose de los derechos de jubilación extralegales de los trabajadores
oficiales de Emcali y en lo que señala en relación con la presente controversia, cabe
precisar que entre el Sintraemcali y la aludida entidad fue celebrada convención
colectiva de trabajo el 9 de marzo de 1999, vigente entre 1999 y 2000, prorrogada hasta
el 30 de junio de 2004, en la que fue pactado lo siguiente:

«ARTÍCULO 98. CONDICIONES PARA JUBILACIÓN

EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. jubilará a los trabajadores oficiales que hayan prestado servicios
veinte (20) años continuos o discontinuos a entidades de derecho público y cuando
cumplieren cincuenta (50) años de edad.

[…]

ARTÍCULO 104. CUANTÍA DE LA PENSIÓN
EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos por la
Ley y la Convención Colectiva de Trabajo vigente en EMCALI E.I.C.E.-E.S.P. con el 90% del
promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último
año de servicio […]».

Esta Corporación ya se ha pronunciado acerca de este tipo de cláusulas
convencionales, en orden a establecer si tales condiciones más favorables de jubilación
son aplicables para el personal que acumule el tiempo de servicio allí pactado
únicamente en condición de trabajador oficial o si, por el contrario, es factible reunir tal
lapso con vinculaciones en calidad de empleado público y trabajador oficial, en
consideración al cambio de naturaleza jurídica de Emcali.

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Sobre el punto, esta Corporación, en sentencia de 5 de diciembre de 201951, sostuvo:

«[…] En estos términos, corresponde a la Sala definir si el demandado tenía derecho a
beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000, conforme la cual se
reconoció una pensión de jubilación a su favor, a través del acto administrativo acusado,
contenido en la Resolución 001591 de 23 de octubre de 2003. Al respecto, se señala que
dicha pensión se fundamentó en lo previsto en los artículos 98 y 104 de la Convención
Colectiva 1999-2000, los cuales disponen:

[…]

En este orden de ideas, se precisa que según lo señala el artículo 98 antes citado, el
período de los 20 años exigidos para ser acreedor de los beneficios convencionales, debían
acreditarse bajo la condición exclusiva de trabajador oficial, de modo que para efectos del
reconocimiento pensional, solo era posible contabilizar el tiempo laborado bajo esa
condición. En este mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia proferida el 8 de noviembre de 2017, M.P. Martín Emilio
Beltrán Quintero:

“(…) En efecto, bien puede entenderse que cuando la disposición se refiere a que «jubilará
a los trabajadores oficiales que hayan prestado servicios veinte (20) años…», lo que
hicieron los suscribientes fue establecer una relación inescindible entre la condición de
trabajador oficial y el tiempo de servicios exigido para causar la pensión de jubilación, esto
es, que el período requerido para generar el derecho tenía que haberse cumplido bajo la
condición única y exclusiva de trabajador oficial. El uso de una expresión especifica como
lo es «trabajador oficial», permite entender razonadamente, que solo es posible
contabilizar el tiempo laborado de esa manera y no, como lo propone el censor, bajo
cualquier clase de vinculación que prevé la ley, siempre y cuando sea en una entidad de
derecho público.

(…)

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el señor Jairo Soto Torres ostentó el
carácter de trabajador oficial solo por el lapso de 1 año, 10 meses y 10 días (del 10 de
octubre de 2001 al 20 de agosto de 2003), se estima que no tenía derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación en los términos previstos en el artículo 98 de la
Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000 suscrita por EMCALI y SINTRAEMCALI. […]»
(Cursiva del texto original).

De conformidad con el derrotero de esta Sección, quien pretenda beneficiarse de las
pensiones de jubilación extralegales de que tratan las convenciones colectivas
celebradas entre Emcali y sus trabajadores oficiales, deberá colmar el requisito de
tiempo de servicios de 20 años en tal calidad, sin que el lapso prestado como
empleados públicos sea homologable para el efecto.

En esta línea de intelección, se encuentra demostrado que la señora Trujillo Jordan
siempre tuvo la calidad de empleada pública, más desde la expedición de la
Resolución 090 y los actos de posesión subsiguientes, desde el 2 de diciembre de
1999 hasta el 27 de diciembre de 2007, porque:

• su vínculo siempre fue legal y reglamentario, esto es, accedió al servicio por

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 76001-23-31-000-2010-01327-02 (2586-15).

Dicha tesis fue reiterada en reciente sentencia del 4 de febrero de 2021, radicado: 76001-23-31-000-2010-01603-
02(4080-17) de la misma Subsección.

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acto administrativo de nombramiento, no por contrato de trabajo;

• por el criterio orgánico, el cargo que ocupaba pertenecía a la parte
administrativa, y estaba clasificado como empleado público, así se denotó en
el anexo 2, independientemente que se haya agregado la palabra jurídico,
que, como se explicó en el acto, no cambiaba su naturaleza de empleado
público;

• por el criterio funcional, siempre ejecutó funciones del nivel administrativo, que
no estaban relacionadas con el mantenimiento, sostenimiento y construcción
de obras públicas, sino con la administración, la confianza y el manejo, ya que
se desempeñó como coordinadora de auditoría interna, jefe de oficina de
control interno, directora jurídica encargada de la gerencia de recursos
humanos y finalmente como asistente de la secretaria general.

Por consiguiente, al no tener tiempo como trabajadora oficial y mucho menos
consolidar el derecho que le otorgaba la convención colectiva, antes del 30 de junio
de 1997, es dable concluir que a la demandada no le asiste derecho a la pensión
extralegal que le fue concedida por Emcali a través del Oficio 800-GA-000049 del 17
de enero de 2008.

En consecuencia, la demandada no tenía configurado un derecho adquirido o una
expectativa legítima para acceder a la prestación en la forma en que le fue concedida
al no haberse consolidado su situación pensional antes del 30 de junio de 1997, en
razón a que no quedó convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y, por lo
tanto, no tiene derecho a que se le reconozca y pague la prestación. Aunado a ello,
el tiempo como empleada pública no puede ser computado para tales efectos de
forma posterior a la mencionada fecha.

En este sentido se reitera, que los reconocimientos pensionales como el que en esta
oportunidad se analiza, solamente pueden quedar convalidados en los términos del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, sí y solo si, se consolidaron hasta el 30 de junio
de 1997, en consideración a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma en el
nivel territorial, esto es el 30 de junio de 1995 y en atención a que el aparte de la
norma que concedió el plazo adicional de dos años para extender sus efectos de
amparo, se declaró inexequible por la Corte Constitucional a través de una sentencia
con efectos hacia futuro, proferida el 28 de noviembre de la citada anualidad (C-410
de 1997)52.

De otro lado, se destaca que mediante fallo del 28 de febrero del 2007 el Tribunal
Superior de Cali, Sala Laboral decidió revocar la sentencia fechada 8 de mayo del
2003 y condenó a Emcali a reconocer por concepto de reajuste salarial
correspondiente al año 2000 prima de vacaciones y prima semestral, reajustar las
cesantías y primas legales y extralegales otorgadas en diciembre de 1999, al
considerar que el cargo de asistente jurídico de la secretaria general no estaba
incluido de manera específica ni el anexo 1 ni el anexo 2 de la Resolución 0090 de

52 En este mismo sentido, ver las sentencias del 21 de noviembre de 2013, radicación: 0884-13, demandante:

Universidad del Atlántico; 27 de febrero de 2013, radicación: 0327-12, Actor: Universidad del Atlántico; 15 de junio
de 2011, radicación: 2062-10, demandante: Universidad del Atlántico; 19 de febrero de 2015, radicación: 0321-
145, demandante: Universidad del Atlántico, entre otras.

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199953, lo cierto es que, contrario a aludido por la interesada en el recurso de alzada,
dicho organismo judicial no reconoció la calidad de trabajador oficial, pues limitó su
intervención jurisdiccional laboral a ordenar unos reajustes salariales basado en que
no encontró enlistado el cargo de asistente jurídico de secretaria general en el anexo
2.

Empero, se demostró en este proceso que ello ocurrió porque mediante una
Resolución 654 de 4 de abril de 2000 se le cambió la denominación al empleo para el
cual tomó posesión asistente de secretaria general a asistente jurídico de secretaria
general, pero sin mutar su naturaleza de empleado público. Ello se explica porque en
la planta de personal solo existía el cargo de asistente de gerencia general, asistente
especializado, asistente de secretaria general o asistente de dirección jurídica
secretaria general, cargos de empleado público, que de hecho en los artículos 11 y
14 de la Resolución 820 se clasifican como de empleado público.

Aunado a lo anterior, al juez ordinario de la especialidad laboral no le correspondía
declarar la legalidad de los actos administrativos de nombramiento, ni juzgar la
relación legal y reglamentaria, por tanto, no se produjo un efecto de cosa juzgada, ya
que el juez laboral no debatió ni falló la legalidad de las Resoluciones 3142 de 2 de
diciembre de 1999, 090 de 28 de diciembre de 1999, 150 de 25 de enero de 2000,
654 de 4 de abril de 2000, ni mucho menos la legalidad del oficio que comunicó que
accedía al disfrute del beneficio de una pensión extralegal, dado que ello
corresponde al juez administrativo, conforme lo expuso el tribunal de primera
instancia.

Por otra parte, esta Subsección observa que la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan
acreditó encontrarse amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 199554 tenía más de 35
años de edad55, razón por la cual es destinataria de la Ley 33 de 1985, a saber: i) el
26 de noviembre de 2012 cuando alcanzó los 55 años de edad; y ii) el 16 de agosto
de 2003 al completar 20 años de servicio, sin embargo, conforme se observa, la
entidad demandante le comunicó a la beneficiaria que por Resolución del 27 de
febrero de 2015 Colpensiones le reconoció pensión de jubilación a partir del 1.º de
marzo de 2016 por valor de $6.617.42756, por lo que no hay lugar a hacer efectivo el
derecho pensional con base en la citada normativa y en todo caso a partir de esa
fecha, al desaparecer la pensión convencional, Emcali no tiene ninguna obligación
pensional, tal como lo consideró el a quo, decisión que no fue objeto del recurso de
alzada.

Po último, se encuentra que la parte demandada adujo que la orden de adelantar en
su contra un proceso de ejecución para el pago de los recursos pensionales que
corresponden a la decisión contenida en la medida cautelar, quebranta el derecho
fundamental a la defensa, en este sentido, la Sala revocará esta orden, en la medida
en que de acuerdo con la valoración de los medios de prueba que obran en el
expediente, no se considera desvirtuada la presunción de buena fe, asimismo, de la
conducta procesal asumida por la señora Trujillo Jordan no se demostró que el
mayor valor que percibió con ocasión del reconocimiento de la prestación y que fue

53 Página 261 archivo digital expediente digitalizado SHAREPOINT.
54 Fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden territorial.
55 Dado que nació el 26 de noviembre de 1957 (folio 11 del cuaderno 8).
56 Página 949 archivo digital expediente digitalizado SHAREPOINT.

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suspendido por esta Corporación al decretar la suspensión provisional parcial del
Oficio 800-GA-000049 del 17 de enero de 2008, fue por medios fraudulentos.

Sumado a lo anterior, tal como quedó expuesto en el proceso de primera instancia se
evidenció que «la parte demandante y sus distintos funcionarios o representantes no
tuvieron un actuar diligente dentro del proceso, por cuanto, ante la gravedad del asunto, y la
reiterada solicitud de información sobre la fecha en que se cumplió la orden de medida
cautelar impuesta por el Consejo de Estado, brindaron respuestas dilatorias y transcurridos
más de diez años de la expedición de la medida cautelar no se tiene certeza sobre su
ejecución material», circunstancia que da cuenta de que el incumplimiento de la
medida suspensión provisional parcial fe con ocasión del actuar de Emcali y no de la
demandada.

Conclusión: la señora Ofir Liliana Trujillo Jordan no tiene derecho a beneficiarse de
la pensión de jubilación con fundamento en una convención colectiva de trabajo,
toda vez que su situación prestacional no quedó convalidada al tenor de lo señalado
por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por cuanto no acreditó la totalidad de los
requisitos para acceder a esta, antes del 30 de junio de 1997, aunado a ello, siempre
ostentó la calidad de empleada pública.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección revocará el ordinal segundo de la
sentencia del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en cuanto ordenó a Emcali iniciar el cobro ejecutivo de lo pagado en
exceso a partir del 15 de marzo de 2012, por si no se hizo efectiva la orden de
suspensión provisional que decretó el Consejo de Estado en este proceso. Se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

No hay lugar a condenar en costas por versar sobre un asunto de interés público
(acción de lesividad) y porque, en todo caso, no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA57 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 17 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto ordenó a
Emcali iniciar el cobro ejecutivo de lo pagado en exceso a partir del 15 de marzo de
2012, si no hizo efectiva la orden en firme de suspensión provisional que decretó el
Consejo de Estado en este proceso.

57 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el

juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».

26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2010-01598 03 (3319-2022)
Demandante: Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad interpuso
Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, contra la señora Ofir Liliana
Trujillo Jordan.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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