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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01815-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01815-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 76001 23 31 000 2010 01815 01 Actores: MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ Y OTROS.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01815-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 760012331000-2010-01815-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ACTORES: MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ Y OTROS.

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SE CONFIRMA LA SENTENCIA
APELADA, PERO POR CUANTO LOS ACTOS ACUSADOS, A TRAVÉS DE LOS
CUALES SE DISPUSO LA EXPULSIÓN DE MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ,
QUE CURSABA CUARTO SEMESTRE DEL PROGRAMA DE MEDICINA, SON
MERAMENTE ACADÉMICOS Y, POR LO MISMO, NO SUSCEPTIBLES DE CONTROL
JURISDICCIONAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,

contra la sentencia de 10 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca1, que declaró probada la excepción

de indebido agotamiento de la vía gubernativa y se inhibió para

pronunciarse de fondo.

1 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 76001 23 31 000 2010 01815 01
Actores: MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ Y OTROS.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Los señores MARCO ANTONIO, LINA ZORAYA y DIANA

VANESSA ESCOBAR GÓMEZ; DIÓGENES ESCOBAR BERÓN,

mediante apoderada, y ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO, en

nombre propio, y en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo2, presentaron demanda en contra de la

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA TULUÁ3,

tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los Acuerdos núms.

003 de 11 de diciembre de 2009 y 006 de 11 de marzo de 2010, por

medio de los cuales se decidió expulsar definitivamente de la

institución al señor MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ, quien

para esa época cursaba cuarto semestre de medicina.

En apoyo de sus pretensiones, formularon las siguientes:

“[…] 1.- Se declare la nulidad de lo dispuesto en los acuerdos
No.003 de diciembre 11 de 2009 (Acuerdo sin notificar) y el
No.006 de marzo 11 de 2010 y desfijación el día 13 de
abril/2010, emitidos por el CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD Y EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA – TULUA),
actos administrativos por medio de los cuales se estableció la

2 En adelante CCA
3 En adelante UCEVA

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expulsión definitiva de la institución, del estudiante de cuarto
semestre de medicina, MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título
de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se REVOQUE la sanción
que se le impuso al estudiante MARCO ANTONIO ESCOBAR
GÓMEZ, con la expulsión definitiva de la institución de Educación
Superior UCEVA.

3.- Declárese a la Unidad Central del Valle del Cauca - Tuluá
(UCEVA) administrativamente y extracontractualmente
responsable de los perjuicios materiales y morales que le
causaron al estudiante MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ a sus
padres DIÓGENES ESCOBAR BERÓN y ANA FRANCY GÓMEZ por
la irregular EXPULSIÓN DEFINITIVA de la Unidad Central del
Valle del Cauca (UCEVA).

4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones se
condene a la Unidad Central del Valle de Tuluá (UCEVA), a
reconocer y pagar al estudiante MARCO ANTONIO GÓMEZ, a sus
padres DIÓGENES ESCOBAR BERÓN y ANA FRANCY GÓMEZ, sus
hermanas LINA ZORAYA Y DIANA VANESSA ESCOBAR, o a quien
represente sus derechos, los siguientes:

PERJUICIOS MATERIALES: Los estimo en la suma de 700
SMLMV, en gastos de traslado, incremento de costo de
matrícula, del cuarto semestre pasó al primero debido al pénsum
académico, sostenimiento personal, otros que serán justificados.

PERJUICIOS MORALES: Los estimo en la suma de:

MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ 800 SMLMV
DIANA VANESSA ESCOBAR GÓMEZ 250 SMLMV
LINA ZORAYA ESCOBAR GÓMEZ 250 SMLMV
ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO 500 SMLMV
DIÓGENES ESCOBAR BERÓN 500 SMLMV

[…]

5.- La condena respectiva será actualizada de conformidad con
lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de
valor (indexación) desde la fecha de la expulsión definitiva hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

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6.- La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse
mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia,
y se actualizarán y ajustarán dichas condenas tomando como
base el índice de precios al consumidor, o al por mayor,
conforme a lo dispuesto por el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo.

7.- Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar
aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A. […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se extrae que el señor

MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ inició sus estudios de

educación superior en la UCEVA en el programa de medicina, en el

que se encontraba matriculado para el cuarto semestre y en el que,

por el cruce de horario, decidió ver la materia de bioquímica con

estudiantes de segundo semestre de enfermería, solicitud que fue

aprobada por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad.

Que el 12 de agosto de 2009 asistió a la clase de bioquímica y que

cuando se terminó, una de sus compañeras inició una riña

agrediéndolo física y verbalmente.

Que, como consecuencia de lo anterior, la Universidad inició una

investigación disciplinaria que culminó con la expulsión definitiva del

estudiante; y que su hoja de vida, al momento de los hechos, era de

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cabal cumplimiento de sus deberes, sin antecedentes disciplinarios y

con excelentes calificaciones.

I.3.- A juicio de la parte actora, los actos administrativos

demandados violaron las siguientes normas:

1. Constitución Política: artículos 12, 15, 21, 23 y 29.

2. Manual o Acuerdo Estudiantil núm.021 de 2007.

Explicaron el alcance del concepto de la violación en los siguientes

términos:

Violación de las normas superiores. A juicio de los demandantes, los

actos administrativos acusados vulneraron las normas citadas con

anterioridad, por cuanto desconocieron los derechos fundamentales

en ellas contenidos.

Que con la expedición de los actos acusados se vulneraron los

derechos al debido proceso y a la defensa, por cuanto la UCEVA no

prevé en su reglamento el procedimiento a seguir en materia

disciplinaria, resultando improcedente la aplicación de lo dispuesto

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en la Ley 734 de 5 de febrero de 2002, ya que éste es aplicable

únicamente a los empleados públicos.

Agregaron que el auto de cargos debió ser claro, preciso y específico,

incluyendo la descripción de la conducta o conductas que se le

imputaban al disciplinado, presupuesto que no se cumplió en el

presente caso, ya que el Consejo de la Facultad de la UCEVA no

señaló en cuál de las acciones establecidas en el Acuerdo 021 de

2007 se enmarcaba el comportamiento del encartado, vulnerando su

derecho a la defensa pues no se sabe cuál de las conductas

establecidas en los artículos 87, 88 y 89 del referido Acuerdo

infringió.

Añadieron que se omitió establecer la culpabilidad con la que se

cometió la conducta, en atención a que no se precisó si esta fue a

título de dolo o culpa grave.

Consideran que las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso

disciplinario son nulas, debido a que no se permitió el ejercicio del

derecho de contradicción del investigado, además de haber sido

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practicadas por una funcionaria incompetente para hacerlo, como lo

fue la asesora jurídica de la Universidad.

2.- Desviación de poder. A su juicio, dicha causal se configuró dada

la insuficiencia de motivos del acto administrativo, “en tanto que la

no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal

también de anulación del acto por vicio de forma”, por falsa

motivación.

3.- Falta de motivación, por cuanto no se especificó el concepto de

la violación del Manual o Acuerdo Estudiantil núm. 021 de 2007.

I.4.- La demanda fue admitida por auto de 29 de noviembre de

20104, en el que se ordenó la notificación a la entidad que expidió

4 Folios 71 y 72 C. 1.

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los actos acusados y al Procurador Judicial de lo Contencioso

Administrativo.

I.4.1.- La UCEVA, actuando por conducto de apoderada, contestó la

demanda en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones

aduciendo, en esencia, lo siguiente:

Que en el acto administrativo por medio del cual se precisaron los

cargos en que incurrió el disciplinado, esto es, el Acuerdo núm. 002

de 21 de agosto de 2009, quedó definida de manera específica la

conducta imputada, así como las circunstancias de tiempo, modo,

lugar y las disposiciones del reglamento estudiantil que tipificaban la

conducta; es decir, que se estableció de manera clara, precisa y

específica la conducta imputada y las consecuencias de esta.

Que, adicionalmente, el señor ESCOBAR GÓMEZ intervino

activamente en la investigación disciplinaria a través de apoderada

especial, en tanto fue escuchado, rindió descargos y tuvo la

posibilidad de contradecir las pruebas que se practicaron, lo que

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evidencia la no vulneración del derecho al debido proceso ni del

derecho de defensa.

Que, sumado a lo anterior, los actos administrativos demandados no

produjeron la desvinculación del señor MARCO ANTONIO

ESCOBAR GÓMEZ como alumno del programa de medicina, ya que

este formalizó su retiro voluntario de la Universidad el 4 de

septiembre de 2009, a través de apoderada, quien canceló la

matrícula académica aduciendo amenazas de dos estudiantes y

quebrantos de salud; que, por ello, cuando se expidió el Acuerdo

núm.006 de 2010, por medio del cual se le impuso la sanción de

expulsión al citado señor, éste ya no era estudiante de la institución.

Así las cosas, afirmó que la expulsión del estudiante se produjo como

consecuencia de la comprobación de su autoría y responsabilidad en

una falta disciplinaria previamente establecida y sancionada en el

reglamento de la institución, tal y como quedó establecido en el

proceso disciplinario, en el cual se respetaron los derechos al debido

proceso, a la defensa, publicidad y contradicción del disciplinado.

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Finalmente, con relación a lo solicitado por los demandantes a título

de restablecimiento del derecho, afirmó que los supuestos perjuicios

materiales y morales ocasionados porque el señor ESCOBAR

GÓMEZ no pudo seguir estudiando medicina en el municipio de

Tuluá, sino que tuvo que trasladarse a la ciudad de Cali, no atienden

a la realidad de los hechos, ya que, como quedó dicho en líneas

precedentes, desde antes de que se expidieran los actos

administrativos que decidieron la expulsión del estudiante, éste ya

se había retirado de manera voluntaria, evidenciándose así la

ausencia de fundamento legal y fáctico de lo pedido.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, en sentencia de 10 de marzo de 2014, declaró probada

de oficio la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa;

y, en consecuencia, se declaró inhibido para pronunciarse de fondo.

En esencia, adujo lo siguiente:

Que en el presente asunto no se dio el agotamiento de la vía

gubernativa al tenor de lo previsto en el artículo 135 del CCA, el cual

señala que para demandar la nulidad de un acto administrativo

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particular y obtener el consecuente restablecimiento del derecho,

debe agotarse previamente la vía gubernativa mediante acto expreso

o presunto por silencio administrativo negativo.

Precisó que contra el acto administrativo que sancionó al

demandante procedía el recurso de apelación ante el Consejo

Directivo; sin embargo, en el expediente no obra prueba al respecto,

siendo su presentación obligatoria para poder acudir ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y debatir la legalidad

del acto demandado conforme lo establecen los artículos 51 y 63 del

CCA, en los que se indica que solamente son facultativos los recursos

de reposición y queja; y que la vía gubernativa se entiende agotada

cuando contra los actos no proceden recursos o cuando una vez

interpuestos estos se hayan decidido o no se interpongan los

recursos de reposición y queja.

En conclusión, el Tribunal precisó que la parte actora no cumplió con

ese presupuesto sine qua non, pues no agotó la vía gubernativa al

no hacer uso del recurso de apelación que el propio acto

administrativo demandado previó de manera expresa como

procedente.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte actora solicitó la revocatoria de la sentencia de primera

instancia, por considerar que si bien en la demanda no se hizo

referencia al recurso de apelación que interpuso contra el acto

administrativo que impuso la sanción disciplinaria al estudiante, lo

cierto es que sí lo promovió pero que el Consejo Académico de la

UCEVA no le dio trámite, configurándose el silencio administrativo

negativo.

Que, sumado a lo anterior, la decisión del Tribunal contraría las

disposiciones legales que se refieren a la admisión, pues era deber

del Magistrado Ponente verificar los requisitos establecidos en el

artículo 171 del CCA y de esta manera percatarse de la supuesta

omisión de agotamiento de la vía gubernativa.

Señaló que siendo el agotamiento de la vía gubernativa un

presupuesto procesal ineludible para el ejercicio de la acción, la

demanda debió ser inadmitida para que, a través de auto susceptible

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de reposición, el accionante pudiera corregir los defectos de esta, so

pena de que fuera rechazada.

Que, por lo anterior, la sentencia impugnada le vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La parte demandante presentó alegatos de conclusión, en los

que insistió en el hecho de que sí se agotó la vía gubernativa; y que

al no dar respuesta la entidad demandada operó el silencio

administrativo negativo, previsto en el artículo 83 del CCA.

Adicionalmente, en cuanto al principio de la autonomía universitaria,

afirmó que en la sentencia C-1435 de 2000, se señaló que las

universidades ejercían su autonomía diseñando las reglas y los

principios a los cuales se han de someter los miembros de la

comunidad académica, dentro de los límites de la Constitución y la

Ley.

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IV.2.- La Unidad Central del Valle del Cauca presentó alegatos de

conclusión, en los que reiteró que se encontraba probado que i) el

señor Escobar Gómez no cursaba estudios de medicina cuando fue

expulsado de la institución educativa; y ii) que el citado señor agredió

físicamente a “puños y patadas” a la estudiante Mayerli Osorio

Rodríguez. Que, además, el proceso disciplinario se adelantó

observando el debido respeto de los derechos del investigado y en

esa medida no existió violación al debido proceso y de defensa.

IV.3.- El Ministerio Público, guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Actos demandados

1. Acuerdo núm.003 de 11 de diciembre de 2009, por medio del cual

se declaró la conducta del señor MARCO ANTONIO ESCOBAR

GÓMEZ contraria al orden disciplinario de la UNIDAD CENTRAL

DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA y se consideró procedente su

expulsión.

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2. Acuerdo núm.006 de 11 de marzo de 2010, por medio del cual se

sancionó al señor MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ con la

expulsión definitiva de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL

CAUCA-UCEVA.

V.2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, la naturaleza de los

actos demandados, para así determinar si era posible o no

controvertirlos ante esta Jurisdicción.

En segundo lugar, y solo si la respuesta anterior es afirmativa, se

deberá determinar si le asiste razón a la parte actora en cuanto al

cumplimiento del presupuesto del debido agotamiento de la vía

gubernativa, para así analizar la legalidad de los actos demandados;

o si, por el contrario, hay lugar a confirmar la sentencia de primera

instancia que se inhibió para conocer de fondo el asunto, al encontrar

no satisfecho dicho presupuesto.

V.3.- Caso concreto

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Para efectos de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala

se referirá, en primer lugar, a la naturaleza de los actos demandados

ya que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección esa

circunstancia determina la posibilidad de controvertirlos ante esta

Jurisdicción, asunto relevante este frente a la necesidad o no de

exigir el presupuesto de procedibilidad de agotamiento de la vía

gubernativa.

Sobre el particular, cabe resaltar que ha sido reiterativo el criterio de

la Sección en el sentido de considerar que actos como los que evalúan

académicamente a un estudiante o deciden su expulsión, entre otros,

no tienen el carácter de administrativos pues son meramente

académicos, de ahí que la protección de los mismos se logre a través

de la tutela, lo que no ocurre con los actos académicos de tipo

administrativo, los cuales sí son pasibles de control judicial,

verbigracia los que dejan sin efecto la expedición de un título

universitario o los que imponen interdicción académica impidiendo el

otorgamiento del título, pues frente a ellos se ha considerado que

son la expresión de la función administrativa a cargo de las

instituciones de educación superior en materia de prestación del

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servicio público de educación. Ello, como una manifestación derivada

de la autonomía de que gozan este tipo de instituciones de acuerdo

con las claras previsiones que establece la Carta Política.

Es así como en sentencia de 17 de marzo de 20005, esta Sección

precisó:

“[…] Sea lo primero advertir que la jurisprudencia de esta
Corporación ha distinguido entre actos meramente
académicos, que escapan al control jurisdiccional, como
sería, por ejemplo, los relacionados con una evaluación
académica; y actos académicos, que tienen el carácter
de administrativos, por ser consecuencia del
cumplimiento de una función administrativa -la de
educación-, pues son expedidos por las instituciones de
educación superior, sean públicas o privadas, en virtud
de la delegación que el Estado les ha hecho de dicha
función, verbigracia, el acto acusado en este proceso, a
través del cual se le impuso a la actora la sanción de
interdicción académica definitiva, que le impidió
continuar con la presentación de exámenes
preparatorios para optar al título de abogada. (Sentencias
de 16 de diciembre de 1994, Expediente núm. 2710, consejero
ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; y de 30 de abril de
1996, Expediente núm. 1968, consejero ponente doctor
Libardo Rodríguez Rodríguez) […]”6.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

17 de marzo de 2000, Expediente núm. 5583, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
6 Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009.

Radicación No. 2009-01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla
Moreno. Actor: Jesús Castellanos Amador.

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En sentencia de 5 de octubre de 2009 (Expediente núm. 2009-

01120-01, Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno), se

reiteró el anterior criterio.

Asimismo, a través de las sentencias de 16 de julio de 2015

(Expediente núm. 2010-00564-01) y de 21 de abril de 2016

(Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera ponente María

Elizabeth García González), en casos similares al asunto bajo análisis,

se reiteraron los criterios relativos a que si bien es cierto que

algunos actos académicos son susceptibles de ser

demandados ante esta Jurisdicción, también lo es que los

meramente académicos, como los concernientes a las

evaluaciones académicas o expulsión, no son pasibles de

control judicial, así:

“[…] La Resolución No. 002 de 20 de noviembre de 2009
dispuso imponer la sanción de expulsión, entre otras
estudiantes, a María Isabel Contreras Arévalo, con código
463207118, alumna del programa de Ingeniería Ambiental de
la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, a partir
del primer semestre de 2010.

La Resolución No. 001 de 5 de mayo de 2010, confirmó en
todas sus partes las Resoluciones 002 del 20 de noviembre de
2009 y 001 del 16 de febrero de 2010.
(…)

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Lo anterior pone en evidencia que, si bien es cierto que algunos
actos académicos son susceptibles de ser demandados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, también lo es
que los meramente académicos no tienen control
jurisdiccional como por ejemplo ocurre con una
evaluación académica o una expulsión.

En este caso, a través de los actos acusados la
Universidad de Cundinamarca impuso a la actora la
sanción de expulsión, que tiene el carácter de acto
meramente académico y, por ende, no es pasible de
control en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en tanto con ellos no se ejerce una
función administrativa, por lo cual no erró el Tribunal al
inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la demanda
presentada por la actora […]7 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

La Corte Constitucional, por su parte, ha sido reiterativa en el mismo

sentido abordado con anterioridad, así:

“[…] a. Los actos académicos frente a la tutela:

En un caso parecido la Corte Constitucional determinó
que los actos académicos son objeto de tutela porque no
son objeto de control por parte de la justicia
contencioso-administrativa, la Corte se remitió a esta
providencia del Consejo de Estado que no aceptó
examinar actos académicos:

“[…] 1. Que de lo contrario se desmororarían los centros
educativos oficiales, pues todos sus actos (fijación de
calendario estudiantil, exámenes de admisión, horario de
clases, llamamiento a lista, programas, cuestionario de
exámenes, calificaciones, grados, sanciones estudiantiles
etc. etc.) pasarían inmediatamente a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; esos planteles se verían

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de julio de 2015, número único de radicación 25000232400020100056401, consejera
ponente María Elizabeth García González.

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Actores: MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ Y OTROS.

cohibidos para el desarrollo de sus fines por temor a los
litigios, y tendrían que dedicar tiempo y esfuerzos
requeridos por dichos fines a la atención de los procesos;
de institutos educativos se tornarían en centro
querellantes, cambio que en parte alguna prevé la
legislación.
2. Que se implantaría una diferencia desprovista de
todo fundamento entre los planteles públicos, cuyas
sanciones académicas estarían sujetas a la
jurisdicción, y a los privados, cuyas sanciones
académicas escaparían a aquella, consecuencia de
lo cual sería mayor autoridad académica y mayor
orden en estos, menor en aquellos. En ninguna
norma legal se ha querido establecer tal desventaja.
3. Que los centros educativos tanto públicos como
privados, están sometidos a la inspección y vigilancia de
la Rama Ejecutiva del Estado, ante la cual pueden ejercer
los estudiantes cuando consideren injustas e ilegales las
sanciones que se les haya impuesto […]8

Por consiguiente, si no son susceptibles de control
contencioso-administrativo, el único medio de defensa
que tiene la persona frente a actos académicos será el
de control constitucional ante los casos de violación de
derechos fundamentales […]”9 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En este caso, resulta evidente que los actos que dispusieron la

expulsión del estudiante MARCO ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ,

tienen el carácter de actos meramente académicos y, por ende, no

son actos académicos de tipo administrativo susceptibles de control

8 Consejo de Estado, Expediente 4665, auto de 17 de marzo de 1984, Consejero Ponente

Samuel Buitrago Hurtado.
9 Corte Constitucional, sentencia T-314 de 11 de julio de 1994, magistrado ponente

Alejandro Martínez Caballero.

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ante esta Jurisdicción, razón por la cual no puede emitirse

pronunciamiento de mérito frente a legalidad de estos.

Así pues, debe confirmarse la sentencia apelada pero por la razón

anotada, según la cual los actos acusados no son demandables ante

esta Jurisdicción, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por

las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente en comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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